Justicia social e igualdad real (página 2)

Es en esta parte de la elaboración del Proyecto
donde avanzamos al análisis de la problemática
escogida por la comunidad y abordada por el equipo
estudiantil.

2.2. Presentación del
diagnostico.

Para la realización del diagnostico se utilizaron
diversos instrumentos, entre los cuales se reseñaran los
dos (02) mas objetivos e influyentes para la elaboración
del proyecto "Justicia Social e Igualdad Real". Con la
aplicación de estos se logro recabar la información
pertinente para de esta manera realizar las conclusiones de esta
fase.

Uno de los instrumentos aplicados corresponde al
método "Investigación Acción Participante",
por medio del cual se aplicó como instrumento una
encuesta. El segundo método a mencionar corresponde al
método "Análisis Coyuntural Marxista", por medio
del cual se aplicaron como instrumentos la entrevista en grupos e
individual, el cuestionario, análisis de datos recogidos
en diarios de campo y conversatorios con los habitantes de la
comunidad.

En la última fase se aplicaron diversas
dinámicas grupales, visitas domiciliarias, charlas,
debates, conversatorios y para culminar la fase se cerró
con un Foro sobre la Función, Visión y
Misión de los Organismos y Entes de Estado Barinas,
(gubernamentales y dependientes) en cuanto a promoción y
garantía sobre los derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes.

Según información Obtenida mediante
diferentes reuniones celebradas con los Representantes del
Consejo Comunal e instrumentos aplicados a los habitantes de la
Urb. El Milagro, parroquia Corazón de Jesús,
municipio Barinas, Edo. Barinas, con la intención de
obtener información necesaria para la realización
del análisis de coyuntura y la aplicación del
método hermenéutico, donde el grupo investigador,
conjuntamente con la participación y colaboración
de los facilitadores del PFG: Estudios Jurídicos, de la
Aldea "Pio Tamayo", del VIII semestre, sección
única, fin de semana; realizó un minucioso y
detallado análisis de la influencia predominante del
dogmatismo jurídico, la justicia social y la igualdad real
y las causas de las fallas dentro de la estructura social,
económica, política y especialmente en lo que
respecta a los estudiantes del liceo Bolivariano "Rafael Medina
Jiménez" de la comunidad objeto de estudio. Partiendo
desde esta perspectiva, se logro conocer los diferentes
ámbitos y aspectos que influyen y convergen sobre los
diferentes conflictos sociales que se presentan, así como
sus causas y consecuencias.

Aportando de esta forma un conocimiento objetivo que
permite plantear soluciones enmarcadas en nuestra
legislación vigente. Debido a la complejidad del objetivo
de estudio, se hace necesario realizar un análisis
minucioso a cada uno de los componentes del Árbol Social
(método de investigación), para de esta manera
poder desglosar cada uno de los aspectos que integran al mismo,
con la finalidad de identificar los conflictos existente dentro
de este y así mismo poder identificar la disfuncionalidad
de sus partes o componentes.

Por tal motivo el equipo estudiantil, por acuerdo
unánime, decidió realizar el análisis en
orden ascendente comenzando por el ámbito local, este que
se abordara investigando los aspectos: Ideológico,
Socio-Jurídico, Político, Económico, que a
su vez contemplara el marco jurídico vigente así
como el dogmatismo jurídico causante del conflicto. En
igualdad de proporción se abordaron los ámbitos:
Estadal, Nacional e Internacional. Contemplándose en estos
los mismos aspectos que en el ámbito local pero con una
perspectiva basada en análisis de informaciones obtenidas
por diferentes métodos como (compilación de datos
procedentes de medios de comunicación: prensa, internet,
etc.). Así como también se realizaron: Foros,
Conversatorios, Ponencias, Charlas, asambleas comunitarias; para
de esta manera comenzar a incentivar la ideología objetiva
y cooperativista que reforzara en gran escala la alternativa que
representa la organización comunitaria, ante la
inseguridad e injusticia social.

Desde la décadas de los ochentas hasta la
presente, el termino desarrollo social ha tenido una
orientación sociopolítica de estado, sustentado por
la acción de la política pública como eje
central hacia la implementación de políticas
sociales para la sociedad venezolana tomando en cuenta un slogan
que es el de combatir la pobreza reflejada hacia sectores
populares.

Tales orientaciones cargadas de debilidades han generado
de una manera u otros impactos negativos hacia el desarrollo
humano y social del sistema político, jurídico,
social de la nación, contextos que mantienen un divorcio
real en el cumplimiento de metas especificas relacionadas con los
objetivos estratégicos del Plan Estratégico de la
Nación "Simón Bolívar".

Cabe destacar que parte de esta realidad que viven y
reinan en las instituciones públicas es por carencia de la
aplicabilidad metodológica que son ajustadas a paradigmas
contradictorios, que debilitan los procesos en función de
brindar un mejor apoyo para el desarrollo endógeno de las
comunidades, sin una verticalidad en la acción e
intervención por parte de los organismos gubernamentales,
donde la consolidación del modelo de gestión de las
políticas sociales, perturba el desarrollo sustentable y
sostenible de las mismas.

Por ello, el desafío forma parte de sistematizar
las realidades institucionales de las llamadas "desarrollo
social", permiten describir las contradicciones persistentes en
el manejo y la administración de los recursos
económicos, humanos hacia el cumplimiento de las
políticas sociales y los programas que la
conforman.

2.2.1. Antecedentes Teóricos.

El proyecto "Análisis Social de la Justicia"
surge de la voluntad grupal en cooperar con el Proyecto
País, (Proyecto Nacional Simón Bolívar);
tomando como base que: gracias a este se puede acceder al sistema
educativo del cual muchos individuos incluyendo a los que
conforman el grupo de investigación habían sido
excluidos por tantos años, y que ahora gracias a las
políticas del sistema educativo realizan estudios en una
Universidad (UBV), con principios políticos estrechamente
vinculados con el actual sistema de gobierno, y siendo
así, los integrantes del grupo se deben formar como
profesionales comunitarios, sensibles, integrales, con principios
y valores, comprometidos con el país y con el colectivo,
dispuestos a buscar y ofrecer soluciones competentes para cada
situación que así lo amerite y de esta forma
contribuir en comenzar a construir los caminos por donde los
sucesores de las generaciones actuales caminaran.

El 04 de Febrero de 1992, se conoció la "Agenda
Alternativa Bolivariana" "La propuesta de Hugo Chávez para
transformar a Venezuela" "Plan de Desarrollo Económico y
Social de la Nación 2000-2007", hoy se recogen dichos
fundamentos en las Siete Líneas Estratégicas del
Proyecto Nacional Simón Bolívar, que es el
núcleo de un modelo de acciones estratégicas
conocido como "Triangulo de la Victoria", este consiste en: 1)
¿El Qué? Lo político; 2) ¿El
Cómo? Lo estratégico; 3) ¿El Con Qué?
Los instrumentos.

En este orden lo político representa el gran
objetivo de la construcción del Socialismo en Venezuela,
el cómo, es a través de las Siete Líneas
Estratégicas del Proyecto Nacional Simón
Bolívar, y él con qué, los Cinco Motores de
la Revolución.

2.2.2. Marco referencial particular.

La esencia del proyecto "Análisis Social de la
Justicia" es compatible con la del "Proyecto Nacional
Simón Bolívar"; esta consiste en identificar
cómo lograr la Suprema Felicidad Social, partiendo de la
realidad concreta (el estado burgués heredado y el sistema
capitalista); este que ha causado las desproporciones y
desigualdades causantes de tantos sufrimientos, vicios y delitos
en el país y en otros, por muy subdesarrollados que estos
sean o, que aparenten ser. Hoy día se enfrenta un modelo
impuesto, tradicional y absurdo proveniente de los gobiernos
anteriores, y que, el actual sistema lucha por erradicar para
así poder lograr la igualdad entre todos los individuos.
Modelo este que, solo dejó como herencia los
índices de marginalidad, exclusión, pobreza,
miseria, entre otros que han caracterizado a la gran
mayoría de los individuos de esta sociedad y que por tanto
se traducen en la deformación de los valores y principios
que deben regir al ser humano.

Realizando trabajos de investigación (trabajo de
campo), en la comunidad, se logro observar un indicador
periódico, que caracteriza al principal problema existente
en la sociedad (la inseguridad). Pero cabe acotar que el concepto
etimológico no corresponde a la interpretación
popular del término; pues un porcentaje importante de los
individuos menos privilegiados social y económicamente,
asocian el término con: delincuencia, actos
vandálicos, vigilancia policial, alteraciones del orden
público, faltas a la moral, valores y buenos principios,
entre otros. Cabe resaltar que, las últimas encuestas
confirman que la "inseguridad" es uno de los grandes problemas de
América Latina.

Y no se trata solo de una sensación, el
índice de homicidios se ha duplicado desde 1980 hasta
alcanzar niveles que podrían calificarse de
epidémicos. La clásica respuesta se ha basado en
los enfoques policiales y represivos conocidos como "mano dura"
que, pese a su popularidad, no han dado los resultados esperados.
Por el contrario, este camino impide diferenciar entre la
delincuencia organizada y los actos delictivos de jóvenes
excluidos y entorpece la elaboración de políticas
capaces de enfrentar en profundidad la
cuestión.

Solo un enfoque integral, que ubique la "inseguridad" en
el contexto social y económico que atraviesa
América Latina, permitirá un acercamiento efectivo
al problema. Según los últimos datos del
Latinobarómetro, la inseguridad es, junto a la pobreza, la
falta de acceso a la salud y la educación, la
corrupción y el desempleo, una de las grandes
preocupaciones de la población. En la mayoría de
los países ocupa el primero o el segundo lugar del ranking
de preocupaciones. La percepción de inseguridad ha
crecido. Casi cuatro de cada 10 latinoamericanos dicen que ellos
o algún familiar ha sido asaltado, agredido o
víctima de un delito en el último año. La
percepción ya no es lejana sino parte de la propia
experiencia. Y sería un error subestimarla: vivir sin
miedo es un derecho absolutamente elemental; decir que no debe
ser visto como un problema simplemente no funciona.

No se trata solo de una sensación. La
evolución de la tasa de criminalidad en América
Latina es alarmante.

En 1980, el promedio de homicidios por cada 100.000
habitantes era de 12,5 al año. En 2006 fue de 25,1, lo que
significa que la criminalidad se ha duplicado en el último
cuarto de siglo. Los especialistas coinciden en que un escenario
de cinco homicidios cada 100.000 habitantes al año es
considerado normal, entre cinco y ocho homicidios es alarmante,
lo cual requiere repensar las políticas, y más de
ocho constituye una tasa epidémica, lo que significa que
el fenómeno es parte de estratos muy profundos de la
realidad social y exige un cambio de paradigmas.

Los países con criminalidad más aguda son
El Salvador (cinco veces la epidémica), Colombia (4,7
veces), Venezuela (4,25 veces) y Brasil (3,8 veces). Solo se
hallan debajo de la cota de ocho homicidios Costa Rica, Cuba,
Perú, Argentina, Chile y Uruguay. Comparativamente, la
tasa de homicidios en América Latina es 17 veces la de
Canadá (1,5) y 20 veces la de los países
nórdicos (1,1 o 1,2). Es difícil exagerar la
importancia de este problema. La criminalidad significa todo tipo
de daños para la sociedad. Actualmente, según la
comparecencia de los ministros pertenecientes al gobierno del
presidente Hugo Rafael Chávez, misma realizada en el mes
de febrero; El vicepresidente Elías Jaua, el ministro del
Interior Tareck El Aissami y el canciller Nicolás Maduro
asistieron a la Asamblea Nacional (AN) para ser interpelados por
miembros de la oposición que tras una ausencia de cinco
años volvió este año (2011) a la AN, y
diputados oficialistas.

El ministro del Interior de Venezuela (hoy día
Vice-presidente), Tareck El Aissami, reconoció que la tasa
de homicidios que hay en el país, de 48 por cada 100.000
habitantes durante 2010 "sigue siendo una tasa muy alta"
acotó. En primer término, por las vidas perdidas:
en algunos países, como Brasil y Colombia, se ha
transformado en la principal causa de muerte de los
jóvenes.

También por las pérdidas materiales que
ocasiona, porque distorsiona los presupuestos presionando a los
gobiernos a gastar en seguridad en lugar de realizar inversiones
prioritarias en desarrollo humano, y por los cuantiosos costos
intangibles, imposibles de medir, derivados del hecho de vivir
con miedo. ¿Cuál es el contexto económico y
social de América Latina en el que se está
produciendo el ascenso de la inseguridad? A continuación
se describe brevemente, y luego se analiza la respuesta
más obvia y común al problema.

(Las políticas de mano dura), así como los
resultados negativos que ha arrojado. Posteriormente se examinan
las verdaderas causas estructurales de este fenómeno y se
evalúan algunas experiencias exitosas, para concluir con
un planteo de respuesta integral al problema.

2.3. Situación Problemática Escogida
por la Comunidad

2.3.1. Identificación del problema. El
contexto de la inseguridad.

El crecimiento económico de América Latina
ha sido en los últimos cinco años de 4,7%, cifra
récord en las últimas tres décadas, en un
contexto de equilibrio macroeconómico, con el mejor nivel
de reservas internacionales y la mejor relación
exportación–PIB de las últimas
décadas.

Esto es resultado de los nuevos proyectos
políticos emprendidos y de los virajes económicos,
por supuesto, pero también de la revalorización de
los términos de intercambio gracias, entre otros factores
claves, al ascenso de los precios de las materias primas por el
crecimiento de China y la India, y las bajas tasas de
interés internacional. En México, los países
de Centroamérica y otros, ha sido muy importante el fuerte
incremento de las remesas migratorias, que hoy representan entre
17% y 40% del PIB. Estas son las buenas noticias: la
economía de América Latina tiene una oportunidad.
Sin embargo, las buenas noticias macroeconómicas no se
trasladan mecánicamente a la microeconomía. El
crecimiento ha sido importante pero la reducción de la
pobreza no siempre lo ha acompañado.

En la región más desigual del planeta, la
posibilidad de que el crecimiento se transforme en una mejora de
la vida diaria requiere de muchísimas mediaciones en
términos de políticas públicas. La tasa de
pobreza latinoamericana, que era de 40,5% en 1980, fue 35,1% en
2009. Aunque el porcentaje expresa una mejora, es en
términos absolutos como debe establecerse la
comparación, pues se trata de seres humanos y cada uno
importa. En 1980 había 136 millones de pobres; actualmente
son 190 millones. Esto significa que hay casi 54 millones
más de pobres y siete millones más de indigentes
(pasaron de 62 a 69 millones) que en 1980. La persistencia de las
desigualdades explica las altas tasas de pobreza a pesar del
crecimiento económico. No se trata solo de desigualdad de
ingresos sino también de desigualdad en el acceso a la
salud, la educación y el agua (América Latina tiene
33% de las aguas limpias del planeta, pero hay 120 millones de
personas sin instalaciones sanitarias y 60 millones sin agua
potable). Uno de los errores más importantes en la
estrategia para encarar estos temas es plantear que en
América Latina hay pobreza y hay desigualdad cuando, en
realidad, hay pobreza porque hay altos niveles de
desigualdad.

Estos altos niveles de desigualdad generan las "trampas
de la pobreza". Si un niño, en sus primeros años de
vida, se cría en un hogar de pobreza significativa, las
mediciones indican que ello va a incidir en un crecimiento
neuronal insuficiente.

Con el tiempo, esto va a implicar capacidades de
aprendizaje disminuidas, capacidades de utilización del
lenguaje reducidas y una dotación de recursos
biológicos deficitaria. Será difícil, en
esas condiciones, que algún día pueda salir de la
pobreza.

La extensión de la pobreza y las inequidades de
acceso llevan a que en América Latina la mortalidad
materna sea de 90 muertes (durante el embarazo o al dar a luz)
por cada 100.000 partos de nacidos vivos. La de Canadá es
seis. Pero hay que tener cuidado con lo que Mirta Roses,
directora de la OPS, llama acertadamente "la tiranía de
los promedios". La mortalidad materna en poblaciones
indígenas llega a 400 o 500 por cada 100.000. En cuanto a
la mortalidad infantil, la situación de pobreza hace que
30 de cada 1.000 niños no lleguen a cumplir los cinco
años de edad, contra tres en Suecia o Noruega. Del mismo
modo, en América Latina hay 220 millones de personas que
viven en tugurios (nombre genérico para pobreza, miserias
o ranchos), lo cual implica segregación residencial,
distancias importantes a los posibles lugares de trabajo y falta
de servicios básicos. Son "accidentes de nacimiento" que
marcan claramente el destino de una persona si las
políticas públicas no intervienen para superar
estos obstáculos.

En el aspecto estadal; las políticas
económicas y sociales del los anteriores gobernadores y
alcaldes han llevado al estado Barinas hacia la pobreza.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de
Estadísticas el estado Barinas está por arriba del
porcentaje nacional de hogares pobres y de pobreza extrema.
(Fuente:
http://www.abrebrecha.com/articulos.php?id=4756).

Los porcentajes nacionales de estos indicadores
señalan que el índice de hogares pobres en el
país se establece en un 31,7% y el de la pobreza extrema
se ubica nacionalmente en un 7,30%; mientras que estos
índices para el estado Barinas alcanzan el 52,4% y el
20,9% respectivamente. Desde el segundo semestre de 2006; hasta
la presente fecha: 2010, Barinas destronó a Sucre y Apure,
tradicionalmente los estados más depauperados del
país y, desde ese momento nadie le ha quitado el liderazgo
de pobreza en el país. En el mismo orden de idea, el
Gobierno Bolivariano en el marco de la Gran Misión
AgroVenezuela, en aras de fortalecer el desarrollo agroproductivo
del Poder Popular Campesino, entregó este lunes 27 de
junio de 2011, 20 unidades comunales de mecanización
socialista, que beneficiarán a los consejos comunales de
los municipios Obispos, Pedraza, Rojas, Barinas, Alberto Arvelo
Torrealba, Andrés Eloy Blanco, Antonio José de
Sucre, Sosa, del estado Barinas.

Cabe destacar que el monto entregado por la Banca Social
en este acto que se llevó a cabo en la sede del Fuerte
Tavacare, ubicada en el municipio Barinas, asciende a Bs.
19.779.762,76, para el desarrollo productivo de 13.180
hectáreas, en los rubros maíz blanco (consumo y
semilla), maíz amarillo (consumo) y arroz (invierno),
plátano, ají, lechosa, melón y
pastos.

Al respecto, Lidin Ramírez, miembro del consejo
comunal Hato Viejo 2, municipio Pedraza, dijo, "por primera vez
los pequeños productores son tomados en cuenta, gracias a
la Gran Misión AgroVenezuela para sembrar en colectivo los
alimentos de la economía familiar y para abastecer a los
sectores adyacentes al mencionado Hato"

De igual manera, Diego Hernández, del Consejo
Comunal Colinas de Sucre, municipio Antonio José de Sucre,
manifestó, "estamos muy contentos porque el Presidente
Chávez está apoyando a los campesinos a
través de esta Misión Socialista para que sigamos
trabajando las tierras y producir alimentos. Gracias a la
revolución, campesinos a los que nos decían pata en
el suelo, ahora estudiamos y tenemos hijos graduados en las
Misiones. Fuente:
http://www.abrebrecha.com/147423_Misión-AgroVenezuela-entregó-unidades-de-mecanización-en-Barinas.html.
Para la CEPAL la pobreza se define como un síndrome
situacional en el que se asocian el infraconsumo, la
desnutrición, las precarias condiciones de vivienda, los
bajos niveles educacionales, las malas condiciones sanitarias,
una inserción inestable en el aparato productivo o dentro
de los estratos primitivos del mismo, actitudes de desaliento y
anomia, poca participación en los mecanismos de
integración social.

Para el Pnud la pobreza desde la perspectiva del
desarrollo humano, significa que se privan de las oportunidades y
las opciones más fundamentales del desarrollo humano:
vivir una larga vida sana y creativa, disfrutar de un nivel de
vida decente, libertad política, social y
económica. Para los economistas, los niveles de pobreza,
por lo general, son determinados por los ingresos nominales, la
canasta de consumo y la distribución de los ingresos entre
los hogares.

Un hogar se ubica por debajo de la línea de
pobreza cuando sus ingresos no bastan para cubrir el costo de la
canasta normativa de consumo total que incluye la de alimentos.
Una canasta normativa de alimentos sólo incluye las
necesidades básicas de calorías y proteínas
de un hogar de mediano tamaño.

Una canasta normativa de consumo total, además de
la alimentación básica, también incluye
artículos como atención médica, vestido y
vivienda. Si los ingresos son menores al costo de la balanza
normativa de consumo total, entonces se considera que el hogar en
cuestión es pobre. Si los ingresos son menores que el
valor de la canasta normativa alimentaria, el hogar se cataloga
como críticamente pobre. Barinas, como lo señala el
INE, estos indicadores están por arriba de los nacionales,
indicando esto un bajo nivel de desarrollo económico y
social. Así mismo se aprecia el mismo impacto dentro de la
comunidad de la urbanización "El Milagro".

La posible solución de esta problemática,
como ya lo hemos señalado en otras ocasiones, es el buscar
el camino hacia el desarrollo sostenido de la producción y
el intercambio, camino que necesita de mentes frescas, creativas,
educadas e informadas de las alternativas posibles con base en
las potencialidades y restricciones de la entidad regional en
cuestión. Todo desde una perspectiva jurídica que
ofrezca a cada individuo la alternativa de poder ejercer sus
derechos consagrados en nuestra carta magna, mediante la
participación y protagonismo inherente y estrictamente
necesarios para alcanzar el bienestar social y por ende la
justicia.

La clave para superar la pobreza es poner el pie en la
escalera del desarrollo; que en síntesis, es la necesidad
de estimular la creación del capital humano, mejorar la
salud, la nutrición y las capacidades necesarias para que
las personas sean económicamente productivas, lograr
estimular el capital social, buscar una buena infraestructura
para la producción y el comercio, instalar un buen capital
institucional público: legislación comercial
estimulante de la producción, buenos sistemas judiciales y
de servicios; a la par de esto, incentivar el saber
práctico, científico y tecnológico que eleve
la productividad y, sobre todo, aprovechar con eficacia el
capital natural.

Barinas posee una diversidad, multiplicidad y abundancia
de recursos para emprender y sostener procesos de desarrollo
económico: su diversidad topográfica genera
diversos ecosistemas naturales donde coexisten una gran variedad
de suelos y climas propios para la agricultura y la
ganadería. Tiene buenas reservas forestales, que a pesar
de haber sido sometida a una explotación irracional, puede
con un manejo adecuado que rescate su potencial servir de base
para un desarrollo maderable.

La abundancia hídrica, pese a los efectos
erosivos, suministra la posibilidad de un elemento vital para lo
humano y lo productivo. Su ubicación geográfica
como encrucijada y punto de encuentro de la región andina
y de los llanos apureños, y su cercanía a Colombia
y Brasil generan grandes posibilidades para un desarrollo
comercial significativo, si también se sabe manejar el
modesto potencial petrolero con que cuenta Barinas y Apure y
desde estos aportes contribuir con el desarrollo endógeno
de la región.

Si a todo esto se une la potencialidad que le puede
generar una Universidad Innovadora como la UBV, pensada y
organizada para sustentar tecnológica,
científicamente el desarrollo agropecuario de la
economía regional, con una estructura complementaria entre
sus diferentes Programas de Formación de Grados, que
tienen las bases necesarias para el estudio del desarrollo social
y económico (endógeno), ya que fue pensada para
complementar y proponer soluciones a las posibilidades de
crecimiento y desarrollo de la región de los llanos
Occidentales, cuyos estados (Barinas, Apure, Portuguesa y
Cojedes) hoy día presentan, en general, bajos
índices de desarrollo y pobreza.

Si se hace un análisis de la Constitución
de 1961 y la de 1999 se puede observar dos modelos de Estado
totalmente diferentes, siendo la primera el soporte normativo de
una democracia representativa orientada a satisfacer los
intereses de las élites económicas y
políticas del país; mientras que la segunda es el
fundamento y guía de una Democracia Participativa y
Protagónica que atiende las necesidades y aspiraciones del
pueblo, sin exclusiones.

El Estado emergente de la Constitución de 1961
fungió como un agente de las élites
económicas, fundamentalmente representadas en
Fedecámaras; administrado políticamente por las
organizaciones AD y COPEI, con el apoyo vigilante de la Fuerza
Armada Nacional y bajo la bendición de la jerarquía
de la Iglesia Católica. Bajo este esquema político
representativo se desconoce la voluntad popular y, de manera
flagrante, se excluye al pueblo de la toma de decisiones, incluso
en los aspectos fundamentales de la vida nacional.

El Pacto de Punto Fijo, suscrito originalmente por AD,
COPEI y URD (este último se retiraría más
tarde del mismo), vino a reforzar esa función del Estado,
el cual instrumentó una política asistencialista
hacia los sectores medios y populares de la sociedad, que creaba
la ilusión de vivir en un país que perseguía
el bienestar de todos sus ciudadanos/as; no evidenciándose
la construcción de un nuevo país, ni muchos menos
ofreció horizonte alguno para concretar una duradera
transformación social; ni siquiera en los años 70,
época de la llamada "Venezuela Saudita", cuando el
país recibe ingentes recursos por la exportación de
petróleo.

¿Cómo explicar esta desidia estatal? Es
sencillo, el Estado estaba abocado a consentir las apetencias de
los reducidos grupos económicos del país a
través de las bondades del oro negro, mientras
mantenía instituciones públicas deficitarias que
estuvieron de espaldas al pueblo. Mientras existieron recursos
para costear las políticas asistencialistas sin afectar
los privilegios de la oligarquía, el Estado tuvo capacidad
de maniobra para desmovilizar cualquier presión popular;
pero, en los años 80 el país se ve enfrentado a una
crisis económica caracterizada por los altibajos de los
precios del petróleo, que hizo insostenible el papel del
Estado no sólo en la economía sino en lo social, y
esa capacidad de manejar la nación manteniendo la llamada
"Paz Social".

Para paliar esta crisis, el Estado, administrado por el
presidente Carlos Andrés Pérez iniciando su segundo
mandato en 1989, hizo marcado énfasis en la
capitalización de la economía nacional, cuya
recesión era creciente, y generó las condiciones
para la aplicación de medidas de ajuste de corte
neoliberal bajo los "nobles" auspicios del Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial. Pérez presentó en
cadena nacional su plan de gobierno denominado "El Gran Viraje",
conocido popularmente como el "Paquetazo Económico", el
cual imponía, una vez más, grandes sacrificios a la
población más desposeída con medidas como:
aumento de la gasolina, liberación de precios,
congelación de los sueldos y salarios del sector
público, creación de impuestos como el IVA, aumento
de las tarifas del transporte público en más de
100%, liberación de las tasas de interés,
disminución de los subsidios, flexibilización de
las políticas que protegían a los trabajadores,
protección del Estado a empresas privadas y
privatización de empresas públicas, entre otras.
Como era de esperarse, este paquete económico
provocó un descontento en la gente que se
materializó en la rebelión popular del 27 de
febrero de 1989, y días subsiguientes, conocida como "El
Caracazo", que se expresó en todo el
país.

Durante estos hechos, el ejército
arremetió contra los grupos marginados y discriminados que
irrumpieron en la escena política del país para
oponerse a las medidas de ajustes. Se suspendieron las
garantías durante 10 días y comenzó el toque
de queda más cruento de la historia. Las fuerzas militares
callaron con sus armas ciento de víctimas que bajaron de
los cerros a defender sus derechos.

Y es bueno hablar de cientos de personas porque, hasta
el momento, en Venezuela todavía se desconoce el
número de víctimas que se produjeron durante la
masacre de esos días y las cifras aportadas son parciales,
por lo que sería irresponsable especular sobre datos
específicos y fidedignos.

Como dice el coordinador general de la Red de Apoyo por
la Justicia y la Paz, Pablo Fernández, los familiares de
las víctimas del 27F no encontraron espacio para sus
denuncias, lo que generó una total impunidad en sus
demandas.

Esto se viene a zanjar en el año 99 con la
creación de la Defensoría del Pueblo, encargada de
velar y defender a los ciudadanos/as de este tipo de
arbitrariedades a raíz de estos hechos. De esta manera,
las "bondades" del Paquetazo no cristalizaron, y no sólo
por la efervescencia social que se generó, sino porque
este modelo económico desencadenó una crisis social
y de gobernabilidad que desembocó en las insurrecciones
del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, protagonizadas por
militares nacionalistas, quienes enarbolando el bolivarianismo
como fundamento ideológico y moral, insurgieron contra el
gobierno de CAP, socavando las bases de éste y
ganándose la simpatía popular. Uno de los
líderes más destacado de ese movimiento fue el
comandante Hugo Chávez Frías.

El viejo Estado: Esta insurgencia militar alertó
a los estamentos políticos y económicos del
país sobre los riesgos que corría su sistema,
iniciándose la decadencia de AD y COPEI como partidos
hegemónicos, y ascendiendo Rafael Caldera a la Presidencia
en el año 93. Sin embargo, tampoco Caldera satisfizo las
demandas populares: persistieron y se profundizaron el desempleo,
el deterioro de los salarios, la contracción del consumo y
la pobreza, que agudizaron la inequidad y la exclusión
social. La democracia mantenía su carácter
representativo, pero el Estado comenzó a debilitarse,
especialmente por exigencias de las oligarquías regionales
y partidos políticos emergentes, en consonancia con el
diseño formulado para los países de América
Latina, según los postulados del Consenso de Washington,
que preveían menos Estado y más mercado. De esta
forma, es obvio que el modelo neoliberal no dio respuesta a las
exigencias de las mayorías.

Por ello, en 1998 asistimos al último respiro de
un modelo político que vio asombrado cómo desde la
preferencia del electorado nacional ascendió
rápidamente el antiguo líder de la rebelión,
Hugo Chávez Frías, hasta convertirse en el
principal contendor de los partidos tradicionales.

Cabe señalar que es hasta este año 2011,
cuando se discute y aprueba Ley para sancionar las torturas,
desapariciones y violaciones de los derechos humanos (DDHH)
cometidos durante los gobiernos de la Cuarta República,
busca saldar una deuda política y social, e indemnizar a
los familiares de unas 3 mil víctimas de la
represión gubernamental que, bajo el antifaz de una
democracia representativa y en defensa de los intereses
imperialistas, dirigió los destinos de nuestro
país, desde 1958 hasta 1998. Como ejemplo se pueden citar
los casos de Noel Rodríguez, Luis Hernández, Felipe
Malaver; los hermanos Pasquier, Víctor Soto Rojas (hermano
del presidente de la AN, Fernando Soto Rojas) y Alberto Lovera,
para ilustrar que sus asesinatos no deben quedar impunes y que
sus deudos merecen y les corresponde por derecho la
indemnización del Estado.

Es indiscutible que la aplastante victoria de
Chávez abrió el compás para
democráticos episodios en la historia de Venezuela,
mientras el antiguo régimen pugnaba por mantener su
sistema de privilegios en contra de una propuesta de Estado que
contaba con el mayor respaldo popular. Dentro de este contexto,
en el año 1999 se llevó a cabo una Constituyente
que removió las bases de la organización
política y económica del país y que
garantizó profundas transformaciones de un modelo de
Estado signado por el desempleo, la pobreza y la
exclusión.

De esta forma, Venezuela edita un proceso de cambios en
su sistema democrático, en el cual destaca el
desplazamiento de los partidos tradicionales de la arena
política, que durante cuarenta años protegieron una
democracia que descargó en las espaldas de los sectores
más vulnerables toda su ineficiencia.

Así, el país dio un giro de 180 grados, y
el 15 diciembre de 1999 se presentó a la
consideración de todos los sectores de la sociedad
venezolana una Constitución cimentada en la Democracia
Participativa y Protagónica, donde el pueblo tiene la
posibilidad de conocer, debatir y tomar decisiones sobre diversos
aspectos que les atañen directamente, desde el nivel
comunal hasta nacional.

Esta nueva Constitución reivindicó los
derechos humanos hasta verlos materializados; trascendiendo el
plano del discurso retórico y con un alto grado de
responsabilidad en la construcción y el fortalecimiento de
la institucionalidad.

La Constitución de La República
Bolivariana de Venezuela de 1999 da prioridad a las necesidades
de todos/as los ciudadanos/as, quienes participan de forma activa
en el debate de diversos temas que les afectan directamente,
garantizando sus derechos humanos como el camino para la
consecución de una sociedad más justa y equitativa,
no sólo formalmente, sino en el hecho concreto, en el
marco de una Democracia Participativa y
Protagónica.

De esta manera, el nuevo Estado venezolano se fundamenta
en un Estado Democrático y Social de Derecho y de
Justicia; es decir, el Estado sometido a la legalidad. Un Estado
que defiende como valores superiores de su ordenamiento
jurídico y de su actuación el goce, el respeto y la
preeminencia de los derechos humanos como el respeto a la vida,
empleo, educación, salud, vivienda, servicios
públicos entre otros y que trabaja por la reducción
de las asimetrías de poder, acceso a la justicia, igualdad
de oportunidades, entre otros derechos fundamentales para
alcanzar una vida digna. 2.3.2. Instrumentos Jurídicos
que promueven la participación en Venezuela

Es imprescindible partir desde la misma
Constitución venezolana, donde se establece que el Estado
social es el "pueblo organizado", el asunto se trata entonces de
implementar los ajustes necesarios en las leyes o introducir los
elementos necesarios para hacerlo realidad.

La participación ciudadana se alinea a
desarrollar leyes que construyan los mecanismos de
participación, de control social, de fiscalización
técnica social, de la comunidad organizada en
atención al ordenamiento jurídico, económico
y social del Estado. De manera que permita verdaderamente poner
al Estado en manos de los ciudadanos. En el terreno de los
valores esenciales, tanto en la función pública
como privada, se han establecido normas que permitan extirpar la
terrible corrupción, reformando el procedimiento y
responsabilidad personal del funcionario.

En la esfera económica y social; se han elaborado
leyes para la construcción de un nuevo modelo
económico que ya está implícito en el texto
de la Constitución. Orientadas a admitir la
inclusión del colectivo en el desarrollo del país
para alcanzar la igualdad y la equitativa distribución de
las riquezas, en la búsqueda de mejorar la calidad de vida
de todos los ciudadanos; a tenor de lo dispuesto en la Carta
Magna.

Se plantea permitir diversas formas de propiedad, entre
ellas la de propiedad privada, propiedad colectiva, empresas
mixtas y las del Estado, donde la discusión se ha
centrando en la nacionalización de los recursos naturales
y ciertas áreas estratégicas como petróleo,
redes de agua, las telecomunicaciones o la
electricidad.

Muchas veces se habla, con ligereza, sólo de
propiedad colectiva de los medios de producción para
"construir el socialismo", pero lo que realmente importa es que
independientemente de quién sea el dueño, el Estado
deberá trabajar en la búsqueda de garantizar la
función social de esa propiedad.

En el país desde hace mucho tiempo que la
propiedad de las grandes empresas básicas han estado en
manos de un estado de "pensamiento capitalista", carente del
concepto de función social. "Sin duda alguna sigue y
seguirá existiendo la propiedad privada". De lo que se
trata, es de implementar leyes para que esa propiedad privada
pueda cumplir su importante rol al servicio de la
construcción de la sociedad y la República. Se
busca que la propiedad privada produzca en función de las
necesidades de la Nación, contribuyendo con que el
producto llegue a todos al mejor precio, estimulando una
corresponsabilidad con el Estado y los trabajadores en la
reinversión de los derechos de las masas trabajadora, con
justos salarios y el compromiso social del patrono con las
comunidades. Otras de las leyes, que poco a poco, se han ido
implementando paulatinamente, tienen que ver precisamente con los
ámbitos financieros y tributarios. Se puede afirmar, sin
temor a equivocarnos, que el sector bancario ha ganado en estos
años, más dinero que ningún otro.

Cuando se vuelve al problema de cómo revertir
esas ganancias en el país, cómo lograr que esa
ganancia signifiquen un servicio social de apoyo con
créditos de bajos intereses al sector agrícola,
ganadero, avícola, pesquero que redundaran en beneficio
del colectivo, no solo generando empleo, con la posibilidad de
reactivar el aparato productivo, sino significando la
producción de alimentos para todos y la reducción
de la importaciones. Fuertemente se desarrolla también el
área de economía social, el área
cooperativa, las empresas de producción social que
también pueden ser privadas, mixtas y del
estado.

La participación ciudadana en el control del
manejo y administración de los fondos públicos. Es
fundamental comprender que la corrupción se ha convertido
en la gran enfermedad mundial. Ya que no respeta fronteras
geográficas, económicas,
político-ideológicas, ni religiosas.
Manifestándose desde tiempos muy remotos, representa una
de las más terribles debilidades de la naturaleza
humana.

En su origen, avance y combate se encuentran envueltos
un cruce de enraizados intereses creados y fuertes poderes,
económicos y políticos, pretéritamente
establecidos. Picarescamente se manifiesta ante a la perversa
combinación de poder y dinero, cuando lo ajeno es
administrado "indebidamente", tanto en el sector público
como en el privado. Ejemplo de esto es demostrable mediante el
actual caso del Banco Federal; este que por medio de su
dueño (Sr. Mezerane) estafo a los usuarios y huyo del
país. Tristemente la impunidad le ha emparejado a la
corrupción, imprimiendo su compás y
nutriéndose no sólo desde el Poder Público,
como desea presentarse ante los ojos de la ciudadanía.
Para plantearse soluciones, es necesario reconocer que
también se encuentran involucradas muchas de las
organizaciones e instituciones fundamentales del área
privada o semi-privada como: partidos políticos,
sindicatos, gremios profesionales, grupos empresariales y
bancarios, entre otros. Lo que indica que nadie está
exento.

Se ha convertido en una sub-cultura que ha afectado al
sistema político en todas sus extensiones: en lo
económico, deteniendo el desarrollo, crecimiento e
inversiones nacionales o extranjeras; en la educación y
cultura, el individuo como persona humana, la Familia, la
Sociedad y sus Comunidades.

Atentando contra organización Democrática,
su estabilidad y su seguridad. Incluyendo la Soberanía
Nacional, paz de la República, el Estado y el Poder
Público todos sus ámbitos. Los antivalores de la
viveza, la manipulación, la inmoralidad, el amiguismo han
suplantado de manera vulgar a los méritos personales
tradicionales como: la honestidad, capacidad, esfuerzo y
autoestima que deben garantizar la obtención de cargos
importantes para el verdadero avance del país. Muchas de
las poblaciones son sacudidas, en lo actual, por una crisis
general, que indiscutiblemente, parte desde lo ético-moral
y educación. Agudizando peligrosamente conflicto en los
hogares, la familia y sociedad.

Afianzando una cultura pro-corrupción y una
educación con muy poca ética, incapaz de una real y
eficiente formación de valores. Que derivan o generan una
perjudicial situación, con sus amenazas de potencial
explosión social con las constantes: inflación,
especulación, carestía de la vida, con su
consecuente descenso del nivel de calidad, desempleo, inseguridad
personal, social y jurídica. Desencadenando en
carestía o deficiencia de los servicios públicos en
las comunidades. Por tanto, la corrupción debe
considerarse un problema del "Estado y de la Sociedad", donde
responsables o culpables somos todos, unos por acción y
otros por omisión.

Acertadamente ha sido consagrado en el Preámbulo
de la Constitución (…) con el fin supremo de refundar la
República para establecer una sociedad democrática,
participativa y protagónica, multiétnica y
puericultura en un estado de justicia (…) se debe reconocer que
se ha dado un paso al frente al pasar de una democracia
representativa a una protagónica y participativa. Ya que
se requiere mucho más que políticas de Estado, que
estén muy por encima de los intereses particulares o
grupales y de las coyunturas políticas.

Resulta interesante que se le permita al ciudadano creer
nuevamente en si mismo, que se colmen de esperanza y confianza
que iluminara el camino a seguir. Con seguridad se
encontraría que los seres honrados son más de los
que cuentan y los individuos corrompidos no son tantos, solo que
usan su poderío político-económico solo para
sus fines particulares. Sirviéndoles sus fuerzas para
magnificarse, generalizar, manipular, implantar disputas, caos y
confusión con el fin de lograr la dominación de la
masa e instaurar perverso clima de la "conformidad" que impide
todo desarrollo humano.

Logrando que entretanto esos "pocos" que tienen la
fuerza político-económica, con tan brillante
estrategia, los "muchos" acepten sumisamente carencias y
exclusiones económico-sociales, en lo relativo a
información, adiestramiento, capacitación,
educación para enfrentar los retos. Con el consecuente
riesgo de desmoralización y sucumbiendo ante la
tentación de la corrupción. De ahí que debe
asumirse la denuncia como herramienta legal de
participación.

La denuncia representa la emblemática figura
dentro del juego de "participación ciudadana
democrática". No se puede restar importancia a "la
investigación", como instrumento viable para transmitir la
verdad y hacer uso de la denuncia, tampoco permitir que con el
derecho a la réplica se pretenda distorsionar la
información, produciéndole daños irreparable
a la democracia, las instituciones y a la persona humana en
particular o como sociedad.

Todo ello amparado y establecido en el Título III
de los derechos humanos, garantías y deberes ciudadanos,
en la Constitución Nacional. Es de hecho el deber de
reafirmar el compromiso ciudadano, y estar en claro conocimiento
de lo que significa delinquir. Es delito el hurto de bienes y
patrimonios de la Nación, el tráfico de
influencias, soborno, halagos a funcionarios públicos para
usufructo y provecho personal o corporativo, halagos, pagos
ilegales a funcionarios públicos, para obtener beneficios,
en perjuicio de los derechos de los demás
ciudadanos.

El tener una función en el servicio
público y no cumplir los fines para los cuales ha sido
creado. El permitir, ignorar, amparar, ocultar o dejar que
ocurran algunas de las conductas indebidas e indeseables
señaladas anteriormente, sin tomar las medidas
correctivas, disciplinarias o administrativas, punitivas o de
denuncia ante los órganos competentes. Indistintamente
como ciudadanos comunes o periodistas nos corresponde con
obligatoriedad elevar la denuncia ante la opinión
pública para que sea canalizada por los organismos de
justicia.

Es importante destacar, que referente a los juicios,
tipificación de los delitos y sanciones solo le
corresponde a los tribunales de justicia competentes y no a los
medios de comunicación.

Se debe dar inicio a la lucha contra el círculo
vicioso de la corrupción, complicidad e impunidad, en lo
preventivo y formativo. Es deber impartir los principios
cívicos, morales, sociales y educacionales desde todo el
campo del sistema educativo venezolano, donde cumplen un rol
fundamental los medios de comunicación social, las
iglesias y las diversas organizaciones e instituciones que
interactúan en el proceso educativo. Todo encaminado al
logro esencial de una conducta recta y sana que contribuya
consigo mismo, como persona humana, con la familia, con el
Estado, con la sociedad y sus comunidades y con las distintas
instituciones públicas y privadas en la conquista de un
Nuevo Orden Ético nacional e internacional, con diferente
y contraria escala de valores, donde el dinero y el poder
económico pasen a ocupar su justo lugar y donde puedan en
el futuro menos lejano posible nacer y desarrollarse personas e
instituciones superiores.

Comenzando con el adiestramiento personal, en especial
al que se ocupa del control interno y del desarrollo de los
recursos humanos. Tendiendo una red comunicacional de
educación ciudadana, con base en el diseño de una
campaña masiva por parte de los medios de
comunicación social (prensa, radio, televisión,
cine y otros), que parta de la clara idea de ayudar al rescate de
la ética pública, como objetivo general, y a la
preparación del ciudadano para que conozca los
trámites elementales para la prestación del
obligante servicio público, que sepa ejercer debidamente
su derecho a la denuncia como figura democrática de
participación ciudadana, que no caiga en las tentaciones y
en el juego de los corruptos en cuanto a beneficios indebidos, en
fin, que su actuación frente a la Administración
Pública sea vigilante y sana moralmente.

Desde esta perspectiva el grupo investigador
planteará una propuesta de grado. De acción
educativa formal, en todos los niveles y modalidades de esta
expresión del sistema educativo, en lo público u
oficial y en lo privado, en lo civil y militar, en lo laico y
religioso, en lo local, municipal, estadal y nacional.

Este programa ha de estar orientado hacia el paradigma
en una escala deseable de valores y en función de
principios y criterios directrices, objetivos, mecanismos de
funcionamiento, seguimiento y evaluación, en procura de
una ética democrática.

Para continuar trabajando con lo correctivo: en la
gestión de acciones punitivas en forma progresiva, junto
con la acción preventiva de la educación, de la
necesaria simplificación administrativa y de los
instrumentos legales que se puedan ir armando en el escenario
legislativo, como el Código de Conducta y ética de
los Servidores Públicos. De participación
ciudadana, donde debieran interactuar, como expresión de
la sociedad civil, el Voluntariado Público contra la
Corrupción, que se viene promoviendo, estimulando y
creando, y las Organizaciones no gubernamentales ganadas para
esta causa, que tiene a su cargo el capítulo venezolano de
Transparencia Internacional. De fortalecimiento y
coordinación de la acción contralora en la
Administración Pública, en la búsqueda de un
eficaz control de gestión y de una correcta
administración de los fondos públicos.

La erosión de la confianza ciudadana en los
titulares de los oficios públicos es una cuestión
muy seria, por lo que un grado de austeridad, de respeto y las
buenas tradiciones y una severa conducta en la vida
pública no solamente es deseable, sino esencial. La
erosión en cuestión lleva un nombre, la
corrupción, que distorsiona la función del Estado y
tiene un alto costo para la sociedad, obtenida de la
conjunción de factores de carácter político,
económico, social y ético-moral, que ha afectado
negativamente la credibilidad de la población en los
valores del sistema democrático, cuya propia seguridad y
estabilidad se siente por ello amenazada.

Debemos tener presente que un Estado de Derecho es por
esencia un Estado Ético, conminado al ejercicio de sus
competencias bajo el respeto de los principios de la legalidad y
de la legitimidad ética. Entre los principales problemas
del país la corrupción impune es uno de los
más graves, pues carcome progresivamente los resortes
morales de la sociedad y de la familia, de los valores
ciudadanos, de la eficiencia del Estado, de la
recuperación económica, de la capacidad de
autodefensa de la Nación; y ella ha creado una especie de
subcultura o anti-cultura, donde se la tolera, se la acepta y a
veces hasta se la celebra.

Se soporta la acción permanente de factores que
han venido erosionando las bases éticas y los más
altos valores morales de la sociedad, dejándola campear
libremente. Lo valores morales no pueden dejarse al solo
albedrío de cada individuo, cuando se refiere a la vida en
sociedad y a la relación entre seres humanos. La moralidad
objetiva no ha sido transmitida con el mismo énfasis ni
con la misma claridad a todos los grupos sociales. Porque no
basta con cumplir con la Ley, que no siempre es moral, ya que
todo cuanto se hace en sociedad tiene implicaciones
éticas. Ser responsables significa que el estar aptos para
responder por las acciones que se realizan o por las que se dejan
de hacer, ya que la omisión de un deber ético es
igualmente dañina y sancionable. La justicia ha sido
definida a través de la historia como la virtud moral que
inclina a dar a cada cual lo que le pertenece como propio. El
objeto de esta virtud es el derecho objetivo, aquello que se debe
a otro por estarle vinculado en fuerza de unos títulos
naturales o adquiridos legítimamente.

Hay derechos primarios o fundamentales que son exigencia
indispensable de la misma naturaleza humana, derivan de la ley
natural pero no son primarios, otros en cambio, tienen como
razón de existir la voluntad positiva de Dios o del hombre
en cuanto representante de Dios. El hombre debe usarlos, haciendo
mención al derecho formal y subjetivo. Así como
también debe respetar a estos derechos, cumpliendo con el
acto propio de la justicia de dar a cada uno lo que le pertenece.
La justicia en consecuencia es la capacidad de vivir en la verdad
con el prójimo, siendo ésta una de las virtudes
más elevadas para la obtención de la paz
social.

Por otra parte, la justicia legal es entendida como el
medio a través del cual el Estado procura el bien
común a todos los que habitan en un determinado
territorio, mediante la promulgación de leyes justas y
sabias, y en la constitución de un poder público
capaz de darlas a conocer y de hacerlas cumplir; en tal sentido,
la administración o regencia de tan vasto principio, emana
de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, a través de
los órganos que conforman el Poder Judicial.

Ahora bien, en virtud de las nuevas tendencias
constitucionales que germinaron en Venezuela a finales del siglo
XX, se devienen una serie de cambios o transformaciones en todos
los estratos del Poder Judicial venezolano; cambios éstos
por demás interesantes, ya que los mismos se fraguan en
una sociedad donde más de las dos terceras partes de la
población venezolana vive en estado de pobreza, es decir,
sin la capacidad económica suficiente para al menos
satisfacer sus necesidades básicas; siendo esto
así, para ellos el acceso a un abogado y al sistema
judicial para hacer valer sus derechos luce como una quimera
inmensurable. Ciertamente en la actualidad venezolana, esta
credibilidad y presencia de ética se ha visto opacada, en
referencia a la "Justicia" y sus administradores. Los hechos
acaecidos recientemente en la cárcel del Rodeo II han
demostrado un elevado nivel de corrupción con fuentes muy
enquistadas en nuestro sistema penal y judicial.

De este modo, se puede conceptualizar la justicia social
de forma paralela a la inclusión social, por ende la
inclusión social significa que todas las venezolanas y
todos los venezolanos puedan desarrollarse integralmente,
cumpliendo con sus deberes y, sobretodo, ejerciendo sus derechos
a la educación, a la seguridad social, a la seguridad
ciudadana, a la sana alimentación, al trabajo, a la
vivienda digna y al pleno desarrollo de la personalidad del
individuo, entre otros, garantizando así la igualdad de
condiciones y de oportunidades que faciliten la justicia social y
que garanticen el desarrollo humano y la paz integral. La
justicia social se refiere a las nociones fundamentales de
igualdad y de derechos humanos, y ambas pueden negarse o
promoverse, a escala individual, local, nacional y mundial. Una
situación de justicia es imprescindible para que los
individuos puedan desarrollar sus capacidades por completo y para
que se pueda instaurar una paz duradera. En Venezuela este
concepto ha adquirido gran relevancia en lo social, lo
político y lo cultural extendiéndose a lo social,
sin embargo pareciera que la justicia está ligada
meramente a la parte formal del derecho, cosa que le corresponde
entenderla desde la perspectiva de la filosofía
jurídica, de allí que la justicia social siendo un
imperativo categórico para el Estado, no puede cubrir a
todos los ciudadanos sino a un determinado grupo social
vulnerable ante la justicia.

Justificación

Sustentados sobre las bases de nuestro ordenamiento
jurídico vigente (preámbulo de la
constitución de la República Bolivariana de
Venezuela) y comprometidos con la formación
ideológica que se construye bajo el actual proceso
político (socialismo del siglo XXI); se considera como
fundamentación jurídica de este proyecto
comunitario "Análisis Social de la Justicia", primeramente
las líneas generales del "Plan estratégico de la
Nación" y el "Proyecto Nacional Simón
Bolívar" (la mayor suma de felicidad posible). Así
mismo se considera como norma objetiva, pilar fundamental del
sustento jurídico, el artículo 299 (CRBV), el cual
establece:

El régimen socioeconómico de la
República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los
principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre
competencia, protección del ambiente, productividad y
solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano
integral y una existencia digna y provechosa para la
colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada,
promoverá el desarrollo armónico de la
economía nacional con el fin de generar fuentes de
trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de
la población y fortalecer la soberanía
económica del país, garantizando la seguridad
jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia
y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una
justa distribución de la riqueza mediante una
planificación estratégica democrática,
participativa y de consulta abierta.

Las funciones esenciales del Estado Social coinciden el
Estado de Derecho, los pactos, tratados y convenios suscritos por
Venezuela. Su finalidad radica en crear, conservar y
comprometerse a materializar esos derechos para satisfacer las
demandas y necesidades de sus habitantes para lograr el bienestar
general. Por ello, la justicia, la educación, la salud, la
seguridad social, el propender a un desarrollo integral de la
sociedad y del individuo, el establecimiento y la
protección de los derechos humanos, siendo funciones
indelegables del Estado. Aquellas que pueden acometer con mayor
eficacia y eficiencia en la medida en que podríamos decir
que son inherentes a la persona humana, es decir funciones que
cuadran al estado en virtud de los fines y medios que
estén a su alcance, así como la mejor
preparación de sus actores gubernamentales para ejecutar
las tareas que la Constitución y las leyes de la
República le emanan por mandato del pueblo
soberano.

Por lo tanto, el Estado venezolano en tiempos de la
modernidad, estimula a sus conciudadanos a fomentar el
espíritu de solidaridad, responsabilidad y
ponderación en sus acciones ante otros organismos que no
se inscriben en la función social. En este sentido, el
cumplimiento de su función debe avocarse a orientar y
apuntalar a la sociedad hacia la protección de los
derechos humanos.

No basta establecer bases teóricas y leyes para
el entendimiento de estos derechos, sino que debe ir más
allá, hasta llegar a la función de educar,
proteger, asistir y colaborar con aquellos ciudadanos y
ciudadanas a quienes les han sido conculcados sus derechos
humanos. Estado social de derecho en nuestros días, tiene
relación con el estado democrático, en efecto, el
estado social de derecho ha experimentado las luchas
ideológicas y políticas del siglo XIX. Sin embargo,
este concepto fue desarrollado en el siglo XX. El nacimiento del
concepto de Estado de Derecho según sus consecuencias es
producto de las críticas a la ideología liberal,
tal como se había impuesto a partir de la
revolución burguesa, y a su expresión
jurídico-constitucional, con las primeras Declaraciones de
Derecho (Virginia de 1776 y la Declaración Francesa de
1789), y las constituciones, norteamericana de 1787 y
revolucionaria francesas, a partir de 1791; es fundamentalmente
desde la segunda mitad del siglo XIX que surge el cuestionamiento
de la concepción liberal originaria.

La transición desde la formalización o
"positivación" del Estado de derecho, articulado al
positivismo imperante desde el siglo XX hasta el presente, se
identifica con la lógica formal (legalidad) producto de
los actos parlamentarios en forma de ley, descartando las
concepciones iusnaturalista que le habían definido los
paradigmas racionalista e iluministas. Al reinterpretar el
concepto de Estado de Derecho, en éste concurre una gama
de corrientes ideológicas, como el socialismo
pre-marxista, la social democracia clásica, el catolicismo
social, entre otras.

Hacia 1949 el Estado Social de Derecho, es prescrito por
la Constitución de la República Federal Alemana en
su Art. 20 y 28. De ese modo, el Art. 20 consagra que la R.F.A es
un Estado Federal, democrático y social. Es así
como la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (CRBV) de 1999, en el articulo 2 consagra que:
"Venezuela se constituye en un Estado democrático y social
de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de
su ordenamiento jurídico y de su actuación, la
vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la
democracia, la responsabilidad social y en general, la
preeminencia de los derechos humanos, la ética y el
pluralismo político". Esta constitución
democrática compromete su existencia axiológica en
el privilegio que le asigna a los derechos humanos como derechos
fundamentales caracterizados por la universalidad de sus
titulares.

Esta doctrina ha venido a sustituir al Estado Liberal de
derecho como estructura de la convivencia occidental, con un
nuevo contenido Estado Social de Derecho, esta vez positivo de la
libertad individual. El bienestar social y la realización
de la justicia, en su más alto y cabal sentido, aparecen,
junto a la planificación, como funciones del Estado. Y
esto no es incompatible con el mantenimiento del principio del
imperio de la ley. El Estado Social de Derecho: (sozialer
Rechtsstaat) se propone obtener la procura existencial
(Daseinvorsorge) a través de la llamada
administración "Prestacional" su nota definitoria es lo
social y sus objetivos se encaminan hacia el bien común y
la participación justa en la riqueza social. El
intervencionismo del Estado social de Derecho es positivo, el
Estado social de derecho fomenta la racionalidad del proceso
político-económico-social por medio del
Plan.

La idea de democratización debe incorporase al
Estado de Derecho, además de ser usado como método
de designación de gobernantes, debe materializarse en el
seno de la sociedad, es decir, la democratización
(democracia social), se convierte así en un componente
indispensable de la nueva concepción del Estado de
Derecho, el Estado Social de Derecho se transforma en un concepto
más extenso, al incorporar en su interior otras
líneas: política, ideológica,
jurídica.

En síntesis, el Estado es el garante de la
satisfacción de las necesidades básicas para una
vida digna (necesidades vitales) de todos los ciudadanos,
independientemente de las formas y modos de su relación
con la economía, más o menos intensa, directa o
indirecta (se incluye también la privatización de
las empresas industriales y de servicios) invariablemente es
imprescindible salvaguardar el rol del Estado como última
instancia de garantía de la ejecución de la procura
existencial, gracias a la protección y fomento de los
derechos sociales y económicos.

Es fácil entender que el Estado Social de
Derecho, es un concepto material, el cual demanda actos concretos
o hechos sociales con contenidos valorativos en la praxis social,
al asignarle obligaciones de hecho en el ámbito
legislativo y administrativo.

En la Constitución descansa la norma
jurídica, por lo tanto es el instrumento jurídico
preeminente al que se remite como principio de base y
razón de ser, en otras palabras es el complejo normativo
del Estado. Las transformaciones del Estado que muchos autores
identifican como el Estado en crisis, exige un poder capaz de
ejecutar con eficacia las reformas necesarias en donde ese Estado
se desempeñe en su verdadero rol para la sociedad actual,
en ese sentido, "a pesar que en el campo doctrinario algunos
consideran inútil la expresión o la
incorporación del Estado Social, por estar comprendido en
el término democrático".

De acuerdo a la posición de los autores,
éstos discurren sobre la incorporación de esta
acepción "Estado Social" ya que fortalece el principio
fundamental y la responsabilidad que tiene el Estado de brindar
respuestas concretas y objetivas a la población en
general, sobre asuntos que se vinculan con los elementos
axiológicos que se han convertido en reconocimiento de
esos derechos y que se incorporan a las normas jurídicas.
Sin embargo, estos derechos como se dijo anteriormente son
producto de las luchas y la búsqueda de estos para el
logro de reivindicaciones de tipo económico, social y
político. En este sentido, el fortalecimiento del Estado
Social de Derecho es fundamental para la plena inserción
de los países a la comunidad de naciones del mundo, como
para alcanzar la paz, proteger a la población, reforzar la
legitimidad del Estado, alcanzar un desarrollo humano sostenible,
y asegurar la eficacia de las políticas públicas en
general.

La responsabilidad del Estado en materia de derechos
humanos.

Referente a la responsabilidad del Estado en materia de
derechos humanos como lo afirma Meléndez Florentín
tiene su asiento como fuente el ámbito constitucional,
pero también tiene su fuente en el derecho internacional
público general y en el derecho internacional
público privado, es decir en el derecho internacional de
los derechos humanos, en el derecho internacional humanitario, en
el derecho internacional de los refugiados, en el derecho penal
internacional y el derecho internacional del trabajo.

Pactos, tratados y convenios suscritos por
Venezuela.

La Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, otorga a los Acuerdos, Convenios,
Tratados, entre otros, suscritos y ratificados por Venezuela, la
jerarquía constitucional, razón por la cual goza de
preeminencia respecto al Derecho Interno.

Al respecto, es importante señalar que el texto
constitucional contentivo a los artículos 152 al 155,
establecen los principios a considerar en esta disciplina
jurídica. En este orden de ideas el artículo 19, se
refiere a que el Estado garantizará a toda persona,
conforme al principio de progresividad sin discriminación
alguna, del mismo modo, le da el privilegio de que toda persona
debe gozar y ejercer de forma irrenunciable, indivisible e
interdependiente de los derechos humanos.

También alude al respeto y a las garantías
que son obligatorio cumplimiento para los órganos del
Poder Público venezolano, conforme a la
Constitución, a los tratados sobre derechos humanos
suscritos y ratificados por la República y de igual manera
leyes que salgan del seno de éstos y puedan ser
desarrolladas.

En cuanto al artículo 23 de la Carta Magna de
1999, establece que Venezuela se compromete a convenir tratados,
pactos y convenciones relativas a derechos humanos, que son
suscritos y ratificadas por la Nación venezolana, por lo
que éstos poseen jerarquía constitucional y en todo
caso, predomina sobre el ordenamiento jurídico interno del
país. Los instrumentos internacionales en esta materia,
muestran como se conforman y se materializan de forma profusa
cuando se le asigna la responsabilidad a los Estados para que
éstos cumplan de forma efectiva la ejecución de
estos derechos, y una forma de cumplirlos, consiste en
planificar, administrar, ejecutar y controlar las
políticas públicas donde se incluyen programas y
proyectos "tanto coyunturales como estructurales" a fin de
instrumentar y darle existencia a los principios
jurídicos, derechos y garantías que posibiliten en
la práctica social hacer efectivos estos derechos. Y
así de esta manera consolidar un mejor estilo de
vida.

Estas disposiciones serán cristalizadas en la
medida en que cada país haya convenido asumir como
obligación en su carta política y sea capaz de
adoptar las diferentes medidas conforme a su derecho interno; el
reconocimiento de este conjunto de derechos como de especial
importancia para el desarrollo del ser humano ha formado parte de
un proceso histórico que se inicia principalmente con la
aprobación en diversos Estados de una serie de documentos
en los cuales se establece una relación de determinados
derechos que son considerados como anteriores y superiores al
Estado, el que a su vez se encuentra obligado a garantizarlos y
protegerlos.

Entre las normas internacionales sobre derechos humanos
que Venezuela ha suscrito se encuentran:

a. Instrumentos del Sistema Universal de
Protección de los Derechos Humanos

b. Instrumentos del Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos

c. Ratificación y adhesión de tratados por
los países andinos

En este punto específico, resulta importante
recordar la reunión realizada en diciembre del año
2009; donde se pretendía "la conclusión de un
acuerdo jurídicamente vinculante sobre el clima,
válido en todo el mundo, que se aplicaría a partir
de 2012". Sobre dicha cumbre podemos acotar como
reflexión, que sacamos de esta cumbre, es la misma que
hemos sostenido sobre la OEA y la ONU, en el caso del presidente
hondureño Manuel Zelaya y que no es otra, que estos
organismos son entes creados por los imperios dominantes en el
mundo, para darle un marco legal a todas las fechorías,
que se le ocurren hacer por todo el mundo.

Ejemplos de lo anterior sobran, las armas de
destrucción masiva en Irak, la salida del hilo
constitucional de su país, por parte del presidente
Zelaya, la silenciosa invasión en Haití, la eterna
represión al pueblo palestino, la posible
intervención en el programa nuclear de Irán, la
guerra de Afganistán, las maniobra militares entre EEUU y
corea del sur para amedrentar a Corea del Norte (basados en la
falacia del hundimiento de la corbeta sur-coreana), las recientes
acusaciones (falsos positivos) por parte de funcionarios
Colombianos en contra de la integridad y soberanía de
nuestro país Venezuela, en fin, el actual bombardeo a
Libia, solo hemos mencionado los mas recientes, todos estos
ampliamente avalados, por estos entes supra-gubernamentales que
como dijimos al comienzo, solo sirven a los intereses del
imperio. Cláusulas sobre la protección nacional de
los derechos humanos.

El Art. 27º de la Constitución señala
que el proceso de amparo protege "los derechos y garantías
constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no
figuren expresamente en la Constitución o en los
instrumentos internacionales sobre derechos humanos"
Cláusulas que reconocen el derecho de la persona a la
protección internacional de los derechos
humanos.

Artículo 31º.- Toda persona tiene derecho,
en los términos establecidos por los tratados, pactos y
convenciones sobre derechos humanos ratificados por la
República, a dirigir peticiones o quejas ante los
órganos internacionales creados para tales fines, con el
objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.

El Estado adoptará, conforme a procedimientos
establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas
que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones
emanadas de los órganos internacionales previstos en este
artículo. Cláusulas sobre el cumplimiento de las
decisiones internacionales sobre derechos humanos.

Artículo 31º.- (…) El Estado
adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta
Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias
para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los
órganos internacionales previstos en este artículo.
Cláusulas sobre procedimiento de aprobación o
denuncia de tratados.

El Art.154º establece: "Los tratados celebrados por
la República deben ser aprobados por la Asamblea Nacional
antes de su ratificación por el Presidente o Presidenta de
la República, a excepción de aquellos mediante los
cuales se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones
preexistentes de la República, aplicar principios
expresamente reconocidos por ella, ejecutar actos ordinarios en
las relaciones internacionales o ejercer facultades que la ley
atribuya expresamente al Ejecutivo Nacional". Venezuela en el
gobierno actual, de manera fundamental, tiene una política
de estrecha y amena relación con los demás
países del globo terráqueo.

Derechos sociales fundamentales.

Venezuela, a finales del Siglo XX, se instituye desde la
praxiología jurídica como un Estado Social de
Derecho y de Justicia, además ha contado con una
tradición democrática a través de los
mecanismos de participación política,
económica, social y cultural, incorporando programas
sociales denominadas Misiones que en un momento se convirtieron
en programas coyunturales con la finalidad de solventar la deuda
social adquirida durante el siglo XX, y así tratar de
paliar los errores de los gobiernos anteriores que sumergieron al
país en un estado de desigualdad.

Estos programas alternativos enmarcados en la
política social, se convirtieron en mecanismos para
resolver los problemas de pobreza estructural, cuando se
formaliza el reconocimiento de los tratados y convenios para
hacer realidad esos derechos, se advierte una suerte de esperanza
para aquellos que antes eran excluidos y que ahora son
incorporados en proyectos y programas sociales que abarcan desde
el Art. 75 hasta el 111 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. Así, el Estado
venezolano muestra fortalezas, representadas en la
Constitución de la República y estabilidad
democrática, en una legitimidad institucional reforzada en
estos tiempos de dificultades, un aparato económico que ha
resistido el embate de la corrupción, el despilfarro y lo
más serio que antes de 1999 el Estado no había
cumplido con los derechos sociales fundamentales de los
ciudadanos.

La construcción del Estado social de derecho y de
justicia, que sea garante de la plena participación del
pueblo venezolano en los espacios de decisión de lo
público, constituye el fin último de esta
delegación legislativa, que además contempla el
fomento del elemento ético como valor de máxima
consideración al normar el manejo de la cosa
pública. Desde la axiología a la praxiología
socio jurídica (Artículo 26 de la OEA) –
(Art. 2 CRBV 1999) Elaboración propia (septiembre, 2007)
Cabe mencionar como ejemplo: la implementación o
activación de las nueve (9) bases militares estadounidense
en territorio colombiano; esta que representan una seria amenaza
contra Venezuela y Latinoamérica, pues es muy bien sabido,
que la principal intención de dichas bases es establecer
mecanismos de presión contra los gobiernos de izquierda
que resurgen en el continente. Así mismo pudimos conocer
como se utilizó la estrategia imperial en el dominio del
ex-presidente colombiano (Uribe) para buscar antes de la entrega
de la presidencia de Colombia al recientemente electo presidente
(Santos); un conflicto que pueda justificar la injerencia e
invasión del imperio americano a nuestro territorio.
Así como también la incursión militar en el
hermano pueblo de Haití; donde actualmente se encuentran
más de 20.000 soldados estadounidenses, con la supuesta
intención de garantizar el orden
público.

La misma estrategia se aplica en Libia, y en otros
países que difieren de la subordinación para con
los Estados Unidos. Al respecto, el Libertador Simón
Bolívar expreso. "(…) Los Estados Unidos, parecen
destinados por la providencia a plagar la América de
miseria en nombre de la Libertad (…)"

"Su genus proximum", los derechos sociales fundamentales
son derechos fundamentales, es decir derechos subjetivos con un
alto grado de importancia. Pero lo que distingue a los derechos
sociales fundamentales de otros de otros derechos fundamentales
(differentia specifica) es que son derechos de prestación
en su sentido estrecho, es decir, derechos generales positivos a
acciones fácticas del Estado.

En este orden de ideas, los derechos sociales
fundamentales son derechos generales, específicamente
derechos generales positivos, el carácter general de los
derechos sociales fundamentales se refleja en tres planos: el
plano del titular del derecho el de su objeto y el de su
justificación. En el plano del titular del derecho, todas
las personas son portadoras de derechos sociales fundamentales.
En el plano del objeto los derechos sociales fundamentales, son
derechos constitucionales (derechos legales).

En el plano de la fundamentación
filosófica, los derechos sociales fundamentales son
derechos humanos cuyo carácter ideal (validez moral) se ha
fortalecido mediante su positivización (validez
jurídica). Una consecuencia directa de esto es la
generalidad y la indeterminación de los derechos sociales
fundamentales en contraste con la universalidad y la
abstracción de los derechos sociales humanos. El concepto
de los derechos sociales fundamentales se distingue por cinco
características:

1. La norma jurídica

2. La obligación jurídica

3. La posición jurídica

4. El grado de importancia

5. El carácter general positivo

Bases conceptuales para la efectividad del acceso a la
justicia

La Equidad: Entre las múltiples relaciones
existentes entre la equidad y los derechos sociales se vinculan
al concepto integral de desarrollo. En este sentido, cuando se
ejercita y se activan los mecanismos de los derechos humanos, se
elevará el valor instrumental que el mismo posee, en
virtud de hacer sentir la voz de los excluidos reforzando las
reivindicaciones sociales, de modo tal que el pleno disfrute de
esos derechos constituyen en si mismo un elemento esencial y una
meta hacía el desarrollo.

La equidad viene a constituir un componente del
desarrollo humano, la igualdad en los bienes o servicios
necesarios permitirá gozar de una adecuada calidad de
vida. A este se le añade indudablemente una visión
integral de reconocer la condición de persona de cada ser
humano y de su dignidad, la cual se expresa principalmente en el
conjunto de los derechos humanos. Siendo estos derechos aquellos
que deben manejarse como libertades reales, tangibles y
accesibles para todos. Se considera como una tendencia a tratar
de manera desigual a los seres que forman parte de una misma
categoría esencial, ella se desarrolla acortando la
desigualdad debido a que se extiende hacia el establecimiento de
un paralelismo perfecto de la justicia formal.

Solidaridad: Se considera como el segundo principio
fundamental de las sociedades occidentales, en su esfuerzo por
construir una sociedad humana. En este orden de ideas, "la
solidaridad implica el reparto orgánico de la riqueza de
un país, con la intención de crear riqueza
común en materia de infraestructura de bienes y de
servicios considerados necesarios e indispensables para el buen
funcionamiento y el buen desarrollo de la solidaridad como seres
humanos racionales que somos".

De acuerdo a lo antes dicho, el autor plantea que la
solidaridad se enraíza desde un punto de vista mutualista,
de porvenir individual y colectivo. Se puede distinguir la
solidaridad mutualista de la solidaridad altruista en la medida
en que la acción solidaria no espera obtener beneficios o
retornos por aparte del o los beneficiarios de esa acción.
Traduciéndose esto, como una forma de gratuidad normativa
(acto a favor) de ó por los demás, sin esperar una
contrapartida.

Bien común: Se puede arribar a este
acepción considerando algunas reflexiones que
podrán develar la génesis del mismo, sin embargo
hay que cuidarse no caer en utopismos inocentes que pueden
desvirtuar las condiciones de su concepto practico. Entonces, se
debe repensar sobre la importancia de la existencia del otro que
posibilite la convivencia humana y social.

El objetivo del bien común, obedece al conjunto
de principios, reglas, instituciones y medios que permiten
promover y garantizar la existencia de todos los miembros de una
comunidad humana en el plano inmaterial, dicho de este modo. Para
que el bien común sea entendido como un elemento esencial,
debe verse a través de la trilogía: reconocimiento,
respeto, tolerancia en las relaciones con el otro. Por otro lado,
si nos ubicamos en el plano material, se puede evidenciar el bien
común como aquella materialización dé bienes
y servicios que se le proporcionan a los habitantes de una
sociedad, población comuna, entre otros, los cuales se
convierten en: alimentación, vivienda, energía,
educación, salud, transporte, información,
democracia y expresión artística. Para entender el
bien común en el contexto venezolano, es necesario
reconstruir lo inverosímil a lo verosímil de las
relaciones humanas entre los congéneres. Del mismo modo,
implica transformaciones de forma radical en el plano
político, económico y social.

La idea del bien común para la Venezuela consiste
en colocar en el sitial la urgencia de utilizar una nueva
fiscalización y un nuevo sistema económico socio
productivo para poner la economía y las leyes al servicio
del bien común.