Los efectos de la deuda pública sobre el crecimiento económico (Colombia) (página 2)

Tabla 6: Resumen de la deuda
pública a 31 de diciembre de 1925 en pesos
corrientes

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Fuente: Departamento de Contraloría,
Prontuario de la deuda pública de Colombia y
situación en 31 de diciembre de 1925.

Para finales del siglo XIX la mayoría del saldo
de la deuda pública, según su uso,
correspondía al desarrollo ferrovial, los recursos
provenían de deuda interna como externa y los montos de
las mismas no diferían sustancialmente, lo que indica que
la deuda pública interna fue también un factor
fiscal importante a lo largo del siglo XIX. Por ello la siguiente
sección explicará su
origen.[5]

El origen de la deuda
pública interna

Los orígenes de la deuda pública interna
se remontan al año 1840 y están estrechamente
ligados, como en la actualidad, con la situación fiscal de
la nación. Desde el año 1840 los principales
ingresos de la nación se basaban en orden de importancia,
según Rojas (2007), en la renta de aduanas puesto que el
sector externo era muy dinámico y generaba la
mayoría de los impuestos; los monopolios fiscales: Tabaco,
Sal, Aguardiente, bienes nacionales y terrenos baldíos.
Los gastos de la nación en orden de importancia eran
principalmente el servicio de la deuda externa, que en esta
época era solo pública seguido de los gastos de
funcionamiento y gastos militares, el menor gasto y el menos
prioritario le pertenecía a las obras publicas, fue por
ello que el crédito interno tomó gran importancia y
se hacia a través de la emisión de
dinero.

Para ese entonces, la programación fiscal
materializada a través del presupuesto nacional, solo
contemplaba déficit primarios sin contar el servicio de la
deuda interna y así fue a lo largo del siglo XIX con
algunas excepciones en las épocas de bonanza cafetera, en
contraste con elevados montos de déficit y emisión
en los periodos de guerra.

Según Rojas (2007) en la época anterior a
1850 se vivió un periodo de estancamiento existente debido
a la carga de la deuda publica en general, hacia 1870 la
economía alcanzó un mayor nivel de ingresos lo que
favoreció el sostenimiento de la deuda interna y posterior
a 1880 se recurría menos a esta deuda debido a la
existencia de papel moneda.

La deuda interna era un reflejo de las guerras civiles y
el déficit operacional de la administración
pública, esta deuda se clasificaba en tres grandes
categorías; la deuda flotante para el cubrimiento de pagos
que no daban espera, la deuda consolidada constituida por
obligaciones que no exigían el pago de capital, se
cumplía una renta fija hasta que el gobierno cancelara el
compromiso y la deuda irredimible en la cual el capital no seria
devuelto, en su lugar se entregaría una renta a
perpetuidad.

Desde 1850 hasta mediados de 1880, el país tuvo
un régimen monetario de patrón metálico
consistente en monedas de plata de diversos tamaños y el
oro para las operaciones del sector externo y era por ello que la
variación de la base monetaria estaba sujeta a los flujos
de comercio internacional que traían consigo entrada o
salida de oro, dependiendo del caso, o a la producción en
las minas de metales preciosos dedicados a la circulación
interna, así las cosas, cuando la balanza comercial era
superavitaria se vivían periodos de inflación y en
el caso contrario de deflación, lo que según varios
teóricos tiene efectos sobre la actividad económica
a corto plazo.

Lo anterior persistió, sin embargo, no fue un
patrón metálico puro, puesto que debido a
externalidades tales como las guerras que iban de la mano con las
etapas de iliquidez fiscal, se expandía la masa monetaria
de manera irregular,[6] lo que explica porque los
precios internos de la época no presentan un
comportamiento paralelo al de los precios internacionales. La
expansión de la base monetaria irregular tenia
consecuencias tales como que el precio de los títulos de
deuda emitidos tenían un valor real que era inferior al
nominal y en contraste con ello el gobierno como emisor estaba en
la obligación de recibirlos también cuando
recaudaba impuestos y cuando vendía propiedades del
estado, lo que muestra claramente sus atributos monetarios como
medio de cambio, este mecanismo fue instaurado desde
1828.

Para el año 1881 tuvo lugar la creación
del Banco Nacional instaurándose el régimen de
papel moneda, puesto que era el banco el único que
podía emitir billetes.

Los vales de deuda pública interna a mediados del
siglo XIX eran exclusividad de banqueros y comerciantes en su
mayoría puesto que para la gente del común
representaba complejidad hacerlos efectivos, más tarde en
los centros urbanos más destacados de la época como
Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla surgen
intermediarios especializados en comprar vales de deuda
pública al público en general, luego los bancos
comerciales comienzan a demandar vales de deuda pública
debido a que sostienen operaciones con el gobierno o representan
comerciantes que importan y exportan.

Los gobiernos que continuaron modificaron la deuda
pública de la siguiente forma: la creación de un
documento de deuda consolidada, llamado Renta sobre el Tesoro al
6%, y su valor real fue alto hasta la llegada de los radicales al
poder en 1861, luego de ello en el periodo (1878-1890) los
gobiernos nacionales expidieron notas de corto plazo como pagares
del tesoro, libranzas del 25% sobre aduanas de salinas y bonos
colombianos.

A partir de 1881 con la creación del Banco
Nacional, comienza a circular el billete del Banco Nacional con
respaldo metálico el cual circuló con gran
aceptación hasta la guerra civil de 1885, lo que ocasiona
señoreaje y por ende cae su cotización al 15% y 20%
de su valor nominal. El gobierno de Núñez suspende
su convertibilidad y lo declara un documento mas de deuda
flotante, pero conciente de la imposibilidad fiscal de asumir tal
deuda, a través de la constitución de 1886 se
establece el billete como moneda nacional, en la practica el
billete carecía de convertibilidad y por ende no
existía tal respaldo metálico. Según Rojas
(2007) el gobierno superaba su capacidad de endeudamiento por
ello los tenedores de bonos sufrían de ilusión
monetaria.[7]

La primera emisión de deuda flotante desbordada
se da hacia 1856 en la cual Núñez en su calidad de
secretario de hacienda intervine ante los tenedores y logra un
acuerdo el cual es incumplido por el siguiente gobierno debido a
la amenaza de una guerra civil en 1858, la segunda crisis hacia
1876 en medio de un clima de hostilidad civil y política.
El embargo de más del 90% de la renta de aduanas y el 50%
de las salinas deja al gobierno sin liquidez para atender incluso
gastos de funcionamiento.

A raíz de la revolución liberal de 1861 el
gobierno encontró recursos en la riqueza del clero a
través de la desamortización de bienes de manos
muertas recibiendo a cambio notas de deuda pública a las
cuales se les reconocía el total de su valor nominal, ello
representó transferencia de riqueza de la iglesia hacia
aquellos que compraron vales depreciados, pues según
Núñez esta guerra de 1861 había resultado
muy costosa dado el aumento de la deuda flotante o emisión
forzosa.

Toda la década de 1860 estuvo marcada
políticamente por las luchas del liberalismo radical y
económicamente por la inflación. En épocas
de paz (1841-1881) la inflación promedio fue del 4 al 5% y
en periodos de guerra tales como (1856-1859), (1871-1874) su
nivel llego a ser del 20%. Para la década de 1880 debido a
la ya mencionada aparición del billete del Banco Nacional
y a través de este para el periodo (1883-1886) cuando se
presenta una de las crisis económicas más severas
en contraste con la guerra civil, el gobierno expande el gasto.
El cuadro 1 presenta una caracterización de la deuda
pública interna subdividida en seis periodos del siglo XIX
y en concordancia con lo expuesto por Rojas (2007).

Cuadro 1: Fuentes de liquidez para el
fisco en el siglo XIX

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Fuente Ángela Milena Rojas, Deuda publica
interna, Patrón metálico y guerras civiles,
interconexiones institucionales, la Colombia del siglo XIX,
2007.

De esta manera se explica como la historia de la deuda
pública interna estuvo ligada estrechamente a la
emisión monetaria y al cambio institucional del siglo
XIX.

La deuda
pública en Colombia en el siglo XX

Colombia enfrentó el inicio del siglo XX con una
deuda pública significativa que en pesos alcanzaba
28.703.793,48 como se muestra en la tabla 6 a nivel interno como
externo, a nivel interno por las obligaciones derivadas de la
colocación de bonos y a nivel externo por los
créditos contraídos desde la independencia, ello en
contraste con un largo periodo de moratoria desde el inicio de la
guerra de los mil días hasta 1911 cuando el gobierno
reconoció lo tratado en el convenio
Holguín-Averbury, negociado en 1905 y referente a la deuda
externa republicana, los antecedentes de este tratado se dieron a
finales del siglo XIX, sin embargo, el convenio
Holguín-Averbury fue la primera reestructuración
del siglo XX.

En la década de 1920, tanto al final como al
comienzo, se dio un proceso de endeudamiento interno
significativo, también se contrató deuda externa,
en los años treinta surgió una moratoria de la
misma, a partir de los años sesenta se caracteriza por la
contratación de crédito con las entidades
multilaterales de financiamiento externo y la banca comercial
internacional, en los años ochenta se da la crisis de la
deuda latinoamericana y finalmente en los años noventa con
el crecimiento sin precedentes de la deuda pública
colombiana.

La deuda pública registró una etapa de
crecimiento durante la segunda mitad de la década de 1920
que se prolongó durante todos los años treinta,
esto debido según Rincón y Junquito (2004) a la
decisión de no atender más las amortizaciones y
expandir el crédito interno a través de
préstamos del Banco Central al gobierno, posterior a ello
viene un periodo de reducción de la deuda pública
que va hasta finales de los años cincuenta, en contraste
con un auge en los años sesenta e inicios de los
setenta.

El ajuste del endeudamiento durante la
administración López Michelsen (1974-1978) fue
seguida por un aumento del endeudamiento en la
administración Turbay (1978-1982), ello generó una
nueva ola de endeudamiento publico. Posterior a ello vienen las
etapas de ajuste bajo las administraciones Betancour (1982-1986),
Barco (1986-1990) y Gaviria (1990-1994), cuando se inicia un
proceso de endeudamiento muy por encima de los dos siglos
pasados.

El cuadro 2 muestra el manejo que se dio a la deuda
pública a lo largo del siglo XX, Los gobiernos y las
medidas tomadas con respecto al manejo de la deuda
pública.

Cuadro 2: Manejo de la deuda publica en
el siglo XX.

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Fuente Hernán Rincón, Roberto
Junquito, La política fiscal en el siglo XX en Colombia.,
2004.

Para finales de 1914 el estado de guerra existente entre
las naciones de Europa trastornó los negocios alterando la
normalidad fiscal, el primer impacto inmediato fue la
caída de la renta de aduanas por la restricción a
las importaciones y por vía de estas se deterioró
la situación fiscal por las dificultades del comercio
internacional enmarcadas en la primera Guerra Mundial, cayeron
las importaciones y los términos de
intercambio.

Pasada la primera Guerra Mundial se da un periodo de
prosperidad económica y se abren los mercados
internacionales de capitales para los países
latinoamericanos, el comercio se dinamiza y Colombia vive un
periodo de calma interna tomando así importancia en el
mercado de capitales, sobreviene el periodo conocido como la
prosperidad al debe y la danza de los millones, que se
derivó de la indemnización por la perdida de
Panamá por parte de los Estados Unidos de
Norteamérica con un monto de U$25.000.000, de los cuales,
los primeros U$5.000.000 se recibieron en el segundo semestre de
1922, recién iniciaba la administración de Pedro
Nel Ospina, con esta cuantía de dinero se acumuló
una gran cantidad de reservas internacionales lo que
generó que el país pudiera contratar más
créditos externos.

Hacia 1928 comenzaron a destacarse los riesgos del
creciente endeudamiento externo, posterior a ello el país
y algunos de sus principales municipios obtienen recursos
internacionales e inician programas de obras públicas pero
de manera muy desordenada según Restrepo (2000) y esta
situación de fácil acceso al mercado internacional
de capitales finaliza con la crisis de 1929 que cambia el normal
funcionamiento de la economía mundial durante los
años treinta, el crédito externo del país se
suspende y el Gobierno de Enrique Olaya Herrera declara la
moratoria luego de múltiples esfuerzos por evitarla, esta
moratoria es la primera de Colombia en la época moderna y
se da en el año 1935.

Al finalizar la segunda Guerra Mundial las condiciones
de crédito comienzan a normalizarse, se crean
instituciones como el Fondo Monetario Internacional y Banco
Mundial el cual envía la primera misión de estudio
presidida por el profesor Lauchlin Currie en 1949, cabe resaltar
que ya habían existido un par de misiones pero estas no
fueron por parte del Banco Mundial, más adelante se
explicara cada una de las misiones a lo largo del siglo. A partir
de ese momento Colombia comienza a hacer menos uso de los
créditos externos provenientes de bancos comerciales y
desplaza su demanda de recursos internacionales a las entidades
multilaterales de crédito.

Para los años sesenta la anterior tendencia se
invierte debido a los excedentes petroleros que estaban
depositados en los bancos comerciales de Estados Unidos y Europa
y se habían generado por el incremento significativo de
las cotizaciones del petróleo que tienen lugar en esa
década, por lo que estos Bancos comerciales comienzan a
ofrecer recursos a los países en vía de desarrollo
como Colombia, según Restrepo (2000) esto denominó
"reciclaje de los recursos petroleros", es por ello que en esa
década el crédito en Colombia traslada su demanda
de las entidades multilaterales de financiamiento a los bancos
comerciales de Europa y Estados Unidos. Ello ocasionó la
conocida crisis de la deuda de los años ochenta la cual se
hizo evidente a partir de 1982 cuando México declara la
moratoria de la deuda externa.

Las causas básicas, además de lo ya
citado, obedecieron al mal uso de los recursos obtenidos, al
deterioro de los términos de intercambio de los
países deudores y a otras causas originadas en los
países dueños de los recursos como la necesidad de
los mismos por erradicar tendencias inflacionarias que
venían presentándose desde los años sesenta.
Colombia, aunque no declaró la moratoria, se vio obligado
a negociar en conjunto con los países de la región
en medio de un déficit fiscal y el cierre del mercado
internacional de capitales para los países de la
región, el país tuvo que aplicar un severo programa
de ajuste económico dirigido a estabilizar la
situación fiscal por vías de la disciplina de las
finanzas públicas.

El cuadro 3 describe las misiones internacionales que se
dieron a los largo del siglo XX, explica las recomendaciones y
objetivos de cada una de ellas.

Cuadro 3: Misiones en materia fiscal del
siglo XX.

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Fuente Hernán Rincón, Roberto
Junquito, La política fiscal en el siglo XX en Colombia.,
2004.

Las fluctuaciones de la deuda pública tanto
interna como externa, son muy similares a lo largo del siglo XX
con ciertas variaciones por parte del endeudamiento externo para
los años sesenta cuando se abre la Banca Multilateral a
los países Latinoamericanos.

En cuanto a la deuda interna cabe destacar que tiene
tres componentes principales, los créditos con
emisión del Banco Central que fueron significativos en la
guerra de los mil días y en periodos de dificultades para
acceder a crédito externo, bonos forzosos y subsidios y
colocación voluntaria de deuda interna. Desde comienzos de
los años noventa se abrió paso el crédito
interno con el desarrollo del mercado de títulos de
tesorería TES e inversionistas institucionales como bancos
y fondos de pensiones.

La deuda
pública en la Constitución de 1991

La nueva carta política de 1991 introdujo algunas
modificaciones al endeudamiento público tales como el
manejo del crédito público a través de las
leyes marcos en las que la densidad normativa es baja, dejando
así un marco más amplio lo que es conveniente por
tratarse de temas tan cambiantes como el crédito
público, otra modificación con el fin de evitar que
las entidades públicas sobrepasen su capacidad de
endeudamiento la ley determinara unos criterios generales para
establecer el nivel razonable de endeudamiento.

"Articulo 150. Corresponde al Congreso hacer las
leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes
funciones:

Numeral 19: Dictar las normas
generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a
los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes
efectos: a) Organizar el crédito
público".

El congreso dictara las normas generales y
señalara en ellas los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el gobierno para organizar el crédito
publico

"Articulo 364. El endeudamiento interno y externo de
la nación y de las entidades territoriales no podrá
exceder su capacidad de pago"

Los años noventa estuvieron marcados en cuanto al
manejo económico fiscal por la gigante expansión
del gasto público y el endeudamiento público en
contraste con una crisis financiera gestada a partir del
año 1998.

A continuación el capitulo dos muestra una
introducción a la estructura de las cuentas fiscales
colombianas, para tal fin se presenta una clasificación
del sector público no financiero y se describen sus
principales cuentas de gastos e ingresos, presentando una
evolución de las mismas para la década de los
años noventa y principios de siglo (1990-2005) en
contraste con la descripción evolutiva de la balanza
comercial puesto que como se verá más adelante, la
misma es también un determinante de la deuda
externa.

El comportamiento de
las cuentas fiscales y la balanza comercial

Conceptos de finanzas
públicas

Las corrientes del pensamiento económico han
destacado, entre algunas razones que justifican la
intervención de sector Público en la
economía, las siguientes: fracaso del mercado, referente a
la ausencia de competencia como el caso de los monopolios
naturales, Bienes públicos, que no son ofrecidos por el
mercado, o son ofertados en cantidades insuficientes, se dividen
en bienes públicos puros e impuros, las externalidades,
que subyacen de la producción y consumo de bienes y
servicios que generan efectos negativos y/o positivos al
bienestar social, la existencia de mercados incompletos,
referentes a mercados de productos que poseen nivel de riesgo e
incertidumbre muy altos por lo que el sector privado no los
ofrece, las fallas de información, el mercado por si mismo
ofrece poca información, por lo que corresponde ofrecerla
de manera confiable al sector público.

Lo anterior obedece a las limitaciones de una
economía de mercado, por ello se justifica la
intervención del sector público, para lograr
ciertos objetivos y corregir tendencias de corto, mediano y largo
plazo. Las actividades típicas de un sector público
donde se incluye al gobierno nacional central (GNC), tienen un
carácter social y por ende colectivo, por ello benefician
total o parcialmente los integrantes de una comunidad.

Gastos del sector público

Se clasifican en dos rubros que corresponden a gasto
corriente y gasto de capital o también denominado gasto no
corriente, dentro de los corrientes se pueden ubicar los gastos
por consumo, intereses y transferencias corrientes. A
través del gasto el sector público asigna recursos
tanto humanos como físicos, dentro del gasto en capital se
incluyen los que incrementan el patrimonio del Sector
Público no Financiero.

Financiamiento del gasto
público

El estado se financia a través de los ingresos
corrientes que se dividen en tributarios y no tributarios, estos
corresponden a impuestos y venta de servicios principalmente, los
ingresos no corrientes o extraordinarios son aquellos que se
generan aisladamente, como la deuda pública y la
emisión inorgánica.

El caso Colombiano

El gobierno central de un país como Colombia es
sin lugar a duda uno de los principales actores en una
economía de mercado, tal actor interviene de variadas
formas, simplificadas estas comúnmente en los textos de
Macroeconomía a través de dos canales: el gasto
público y los impuestos. En los textos
macroeconómicos se discute el efecto de estas dos
últimas variables sobre el nivel de actividad
económica.

La estructura del sector
público

Una clasificación del sector público
colombiano, siguiendo los estándares internacionales, de
acuerdo a estos últimos el sector público se divide
en financiero y no financiero[8]

El sector público financiero (SPF):
El (SPF) está compuesto por los organismos del estado que
intervienen en la base monetaria correspondiente a la cantidad de
dinero que circula y los depósitos del público en
general en las cuentas corrientes, a través de
emisión primaria o secundaria, lo que hace que corresponda
al Banco de la Republica y a las entidades financieras de
depósito y de no deposito. Su contabilidad es muy
semejante a la de las entidades financiera privadas y por lo
general no hacen parte de las cuentas fiscales, se destaca
también Fogafin y en Banco Agrario de Colombia.

El sector público no financiero
(SPNF): Está compuesto por la administración
pública que es el gobierno central y las empresas
públicas no financieras, la administración
pública es de carácter nacional o territorial que
incluye el nivel departamental o municipal, está integrada
por un conjunto de instituciones que se encargan de redistribuir
el ingreso y la riqueza nacional y proveer servicios como la
salud y otros. Suministra varios bienes y servicios en forma
gratuita lo que genera un gasto que es financiado con el cobro de
impuestos a empresas y hogares.

De acuerdo con sus funciones la administración
pública se puede catalogar como centralizada o
descentralizada, las primeras tienen autoridad política y
administrativa a nivel nacional por ejemplo la presidencia, los
ministerios y los departamentos administrativos, las entidades
descentralizadas se caracterizan por operar de manera
independiente pero con la asignación de recursos del
gobierno central, ejemplos de tales entidades son la
universidades públicas y las corporaciones
autónomas regionales.

Referente a las empresas públicas no financieras
obtienen su financiación a través de la venta de
bienes y servicios por lo que generan utilidades, por ejemplo
ECOPETROL, EPM, Carbacol entre otras. Según su área
de acción son de orden nacional, departamental o
municipal.

El gasto del sector público no
financiero

Para el gobierno poder cumplir con sus funciones
básicas descritas en la constitución, consistentes
en proveer bienes y servicios a la comunidad y redistribuir la
riqueza se debe incurrir en gastos que disminuyen el patrimonio
neto del estado. La clasificación de este gasto es la
siguiente.

• Gastos corrientes: dentro de los cuales se
  encuentran los gastos de funcionamiento y los intereses,
  dentro de los primeros se encuentran los servicios
  personales, bienes y servicios, transferencias y otros,
  dentro de los segundos se encuentran los intereses externos e
  internos.

• Gastos de capital: dentro del cual el más
  sobresaliente es el gasto en inversión.

Los gastos por concepto de servicios personales a los
salarios de los empleados del sector público ya sea
remuneración en efectivo o en especie. Los intereses van
por concepto de la deuda pública interna o externa y los
gastos de capital hacen referencia a la creación de
capital público fijo como la inversión en
carreteras, inmuebles y maquinaria, finalmente las transferencias
que corresponden al sistema general de participaciones (SGP),
asignándolas a departamentos y municipios.

El Sistema General de
Participaciones

Se creó como uno de los mecanismos que
contribuirían a la modernización del estado,
generando mayor eficiencia en la distribución de sus
gastos. Este mecanismo pretende darle una mayor autonomía
a las entidades departamentales, municipales y
distritales.[9]

Por lo que para atender los servicios a cargo de estas
entidades y de dar los recursos para financiar de manera adecuada
su prestación se creó el Sistema General de
Participaciones (SGP), en concordancia con lo estipulado en los
artículos 356 y 357 de la constitución de 1991, lo
que determina la participación de los anteriores entes
territoriales en los ingresos corrientes del gobierno nacional
central.

Según la ley el destino primordial de estos
recursos son los servicios a cargo de las entidades
territoriales, dentro de los cuales son prioritarios el servicio
de salud y los servicios de educación preescolar,
primaria, secundaria y media vocacional, el objetivo es
garantizar a través de las transferencias la
prestación de estos servicios y la ampliación en
cobertura de los mismos.

A continuación se presenta la
estructuración de las cuentas fiscales en el cuadro 4,
así como una evolución del gasto en el periodo de
estudio, según la clasificación efectuada
anteriormente, en la cual se evidencia que las cuentas fiscales
hacen parte del sector público no financiero.

Cuadro 4: Estructura de las cuentas
fiscales

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Fuente: DNP, CONFIS.

El gasto del sector PÚBLICO no
financiero en Colombia en el periodo (1990-2005)

A lo largo de la historia de las cuentas fiscales, el
gasto del sector público no financiero ha estado ligado a
diferentes cambios coyunturales y estructurales articulados por
la ley y otros factores al interior del país. La carta
constitucional de 1991 fue la causa del cambio estructural
más significativo e influyente en la evolución y
composición básica de los gastos del
(SPNF).

Según Alonso C. (2006), el gasto del sector
público no financiero llegaba apenas al 13% como
proporción del PIB, la siguiente tabla muestra su
comportamiento durante el periodo (1990-2005).

Tabla 7: Gasto total del sector publico
no financiero

(Millones de pesos
corrientes)

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Fuente: Contraloría General de la Republica,
anexos estadísticos, la situación de las finanzas
del estado 1999, 2000,2001,2002,2003,2004, 2005.

Gráfico 1: Gasto total del sector
publico no financiero

_____________________________________________________________

Fuente: Contraloría General de la Republica,
anexos estadísticos, la situación de las finanzas
del estado 1999, 2000,2001,2002,2003,2004, 2005.

Inicialmente se resalta el considerable aumento del
gasto público, en el grafico 1 que muestra los montos
absolutos del gasto en la década de los noventa y
principios de siglo, lo que como proporción del PIB
significo un incremento del gasto total del 36.55% en 1990 al
53.27% en el año 2005, el gasto corriente es el que
muestra mayor dinamismo de aumento mientras que el gasto en
capital se mantiene relativamente constante como
proporción de PIB.

En lo referente al incremento de los gastos corrientes
se argumenta el incremento de sus componentes los cuales son
gastos de funcionamiento y pago de intereses. Como se vera a
continuación los gastos de funcionamiento pasaron de
representar el 20.60% del PIB en el año 1990 a representar
el 40% en el año 2005, los gastos en pago de intereses
pasaron de ser de ser 805.632 millones en 1990 a ser 12.963.400
millones en el año 2005. La tabla 8 muestra los valores
exactos de la composición del gasto corriente y su
proporción con respecto al PIB.

Tabla 8: Gasto corriente del sector
publico no financiero

(Millones de pesos
corrientes)

_____________________________________________________________

Fuente: Contraloría General de la Republica,
anexos estadísticos, la situación de las finanzas
del estado 1999, 2000,2001,2002,2003,2004, 2005.

Gráfico 2: Gasto corriente como
proporción del PIB

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Fuente: Contraloría General de la Republica,
anexos estadísticos, la situación de las finanzas
del estado 1999, 2000,2001,2002,2003,2004, 2005.

La tabla 8 y el gráfico 2 muestran la
desagregación del gasto corriente, donde los gastos de
funcionamiento son los que más impulsan el crecimiento del
gasto.

A continuación se muestra una
desagregación del los gastos de funcionamiento para
observar la evolución de los servicios personales, gastos
generales, las transferencias, y gastos por otros conceptos como
los componentes de los gastos de funcionamiento.

Tabla 9: Gastos de funcionamiento
discriminados como proporción del PIB

_____________________________________________________________

Fuente: Contraloría General de la Republica,
anexos estadísticos, la situación de las finanzas
del estado 1999, 2000,2001,2002,2003,2004, 2005.

Las transferencias inician la década representado
el 5.92% del PIB, siendo la mayor proporción referente al
PIB de los rubros del gasto de funcionamiento, en términos
absolutos las transferencias pasan de 1.423.298 millones en 1990
a 70.864.700 millones en 2005 lo que supone un incremento de
más del 1000%, logrando para el año 2005 el 24.84%
como proporción del PIB.

Las transferencias han crecido hasta lograr una
proporción considerable dentro de el gasto corriente,
debido principalmente a los compromisos adquiridos por el
gobierno en los años noventa, uno de los ejemplos es el
Fondo Educativo de Compensación creado en 1995, con el
objeto de cubrir el alza en los salarios de los maestros
decretada por el Gobierno Nacional, además del Sistema
General de Participaciones, por medio del cual se transfieren
recursos a municipios y departamentos, guiados por un principio
de equidad que pretende ofrecer incentivos para mejorar la
calidad de su gestión.

Gráfico 3: Gastos de
funcionamiento discriminados como proporción del
PIB

_____________________________________________________________

Fuente: Contraloría General de la Republica,
anexos estadísticos, la situación de las finanzas
del estado 1999, 2000,2001,2002,2003,2004, 2005.

Las transferencias como ya se observó es el rubro
más grande de los gastos de funcionamiento, estas son a
las que hace referencia el sistema general de participaciones
(SGP), expuesto en la sección 2.7, en ese orden de ideas
las transferencias no corresponden a un gasto realizado por el
sector público o gobierno central en sus actividades
cotidianas, corresponden a la obligación constitucional
que implica la transferencia de recursos captados por el Gobierno
Nacional Central a los entes territoriales, sin embargo se
encuentran dentro de este rubro en el manual de
estadísticas de finanzas publicas del Fondo Monetario
Internacional.

Uno de los grandes cambios estructurales
implícitos en la constitución de 1991, fue la
búsqueda de eficiencia y modernidad del estado que
pretendía un cambio en el modelo de intervención
pública a través de una nueva estructura
institucional, hasta 1991 se seguía un régimen
centralista de acuerdo a la constitución de 1986 en el
cual se debía tener contacto constante y permiso del
gobierno central, no había capacidad propia de
decisión y solución.

El nuevo ordenamiento territorial otorgaba cierta
autonomía a las entidades territoriales en contraste con
nuevas responsabilidades, por lo que la constitución de
1991 le otorgo participación a dichos entes en los
ingresos corrientes del Gobierno Nacional Central y es la
adopción de estas medidas lo que explica el incremento en
el gasto de transferencias lo que a su vez aumentó los
gastos de funcionamiento y por ende los gastos corrientes y
totales.

Otro componente del gasto que incremento el mismo
corresponde al aumento de pago de intereses por concepto de deuda
interna y externa, donde el mayor monto de intereses
correspondió a la deuda interna debido a la
política de sustitución de deuda externa por deuda
interna iniciada a principios de los años
noventa.