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La necesidad de una ley de partidos políticos en México




Enviado por Jorge Ruiz



Partes: 1, 2

  1. Planteamiento del
    problema
  2. Justificación
  3. Delimitación
    del problema y precisión del
    objetivo
  4. Marco
    teórico
  5. Consideraciones
    generales
  6. Estudio de Pedro
    Aguirre Ramírez
  7. Artículo de
    Octaviano Moya Delgado
  8. Tratado de Manuel
    Larrosa y Yanelly Guerra
  9. Breve
    análisis a legislaciones partidistas de otros
    países
  10. Propuesta
  11. Medios para la
    investigación
  12. Bibliográfica

REFERENCIA: TELEOLÓGICA –
AXIOLÓGICA

"UNA VERDADERA DEMOCRACIA, TRANSPARENCIA y EQUIDAD EN
EL SISTEMA POLÍTICO-ELECTORAL DE NUESTRO
PAÍS"

"LA NECESIDAD DE UNA LEY DE PARTIDOS
POLÍTICOS"

Planteamiento del
problema

Es evidente que el régimen político en
nuestro País ha ingresado a la competitividad electoral,
ya que si se analiza la historia reciente respecto a éste
ramo de nuestro acervo jurídico, se observan varios
puntos: en efecto, desde la reforma electoral de 1986 con la
creación del denominado Tribunal de lo Contencioso
Electoral
, que en su momento constituyó un avance en
el perfeccionamiento del sistema electoral regido por el Derecho,
se iniciaba así la actualización del derecho
electoral mexicano, unos años más tarde y gracias a
la reforma de 1990 se realizaron modificaciones constitucionales
y legales, dando origen a un nuevo marco jurídico en
materia político-electoral, en cuyo contexto destaca la
creación del Tribunal Federal Electoral, que
sustituyo al Tribunal de lo Contencioso Electoral, el
nuevo Tribunal fue definido por la propia Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos como el
órgano jurisdiccional autónomo en materia
electoral, que se encargaba de garantizar que los actos y
resoluciones en la materia se sujetasen al principio de
legalidad; posteriormente la reforma a la Constitución
General aprobada en septiembre de 1993, trajo consigo cambios
importantes que guiaron a nuestro país a la vanguardia
jurídico-electoral, verbigracia la desaparición de
los Colegios Electorales de las Cámaras de
Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, y por
consiguiente, la sustitución del sistema de
autocalificación por el de heterocalificación
(facultades actuales del IFE), entre otras; además, el 22
de agosto de 1996 se publicaron en el Diario Oficial de la
Federación, las reformas y adiciones a la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en las que se decretó la incorporación
del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la
Federación, para crearse así nuestro actual
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
, el cual sustituyó al Tribunal
Federal Electoral
,[1] y finalmente mediante
las recientes reformas en materia electoral del año 2007,
es que se puede afirmar dicha competitividad electoral. No
obstante lo anterior, considero que el problema medular que nos
acaece en la actualidad y que no permite a los mexicanos acceder
cabalmente a una verdadera democracia, transparencia y equidad
político-electoral, es producto o resultado de una serie
de factores que aún no hemos podido superar, tales como:
El hecho de que la mayoría de nuestros partidos
políticos sean prácticamente propiedad de
dirigentes irresponsables, cínicos y a veces descarados
que hacen fabulosos negocios a costa de nuestro erario
público, provocando con ello que los mismos sean demasiado
onerosos y que la población haya perdido la confianza en
ellos; Otro factor digno de mencionar es el hecho de que en
materia electoral haya la necesidad constante de reformas a las
leyes de la materia, ello para tratar de frenar las ambiciones en
crecimiento de que somos víctimas los mexicanos merced de
quienes ostentan el poder, y no me refiero desde luego a que
dichas reformas sean perjudiciales, ya que por el contrario,
considero que ellas son el fruto del conocimiento empírico
que como sociedad nos han dejado los fracasos políticos,
porque como lo afirma el Dr. Alejandro de la Fuente
Alonso
, en su artículo "El Sistema electoral en
México" este se encuentra de alguna manera en debate
continuo en todos los países
,[2] a lo
que estoy en completo acuerdo, me refiero más bien, a que
la rotación periódica gubernamental a que hace
referencia el artículo 41 Constitucional en su segundo
párrafo, gira casi invariablemente en torno a un circulo
muy cerrado entre unas cuantas personas que velan en su
mayoría por intereses particulares, y no del pueblo
como debiera ser, porque, ¿de qué libertad
goza el pueblo cuando los partidos políticos le presentan
candidatos no aptos para ejercer el cargo, sobre todo en los
niveles de gobierno más bajos?, a menudo se observa que el
elector emite su sufragio por el candidato menos peor, eso es una
verdad sabida; además, si se analizan las cuestiones
presupuestales respecto a todos los partidos políticos, se
observan un sin número de irregularidades que van desde el
desvío exacerbado del subsidio público para
enriquecer el peculio particular de los dirigentes partidistas, o
para satisfacer intereses particulares, hasta el plano opuesto de
dicha irregularidad, cuando se advierte dilapidación
exacerbada de presupuestos en campañas ostentosas, que es
evidente la extralimitaron del financiamiento ilegal de la
iniciativa privada, violentando así lo que ordenan el
inciso a) del numeral 1 de los artículos 77 y 57 del
COFIPE y todas las leyes secundarias, en particular nuestra
Constitución local, solo basta observar los cierres de
campañas de la mayoría de los candidatos de
cualquier partido político, situación que resulta
pésima en todos los supuestos para los intereses de la
sociedad, ya que invariablemente quien resulta perdedor es el
gobernado. Por supuesto que problemas como los antes mencionados
existen muchos más que corroen al sistema
político-electoral mexicano, pero me limitare a mencionar
solo los anteriormente enunciados.

Justificación

En virtud a lo anterior es preciso mencionar la
importancia que tiene una verdadera reglamentación
integral de nuestro sistema político-electoral a nivel
tanto local como federal, considerando desde luego que aunque el
COFIPE y todas las Leyes o federals "incluyendo al Distrito
Federal", imponen ciertos derechos y obligaciones a los partidos
políticos, no obstante es evidente (que a menudo), dichas
obligaciones se ven violentadas en una u otra forma, gracias a la
ausencia de una "verdadera reglamentación en la materia
que se haga cumplir a nivel federal", cabe mencionar al
respecto, que los partidos políticos gozan en la
actualidad de una vasta autonomía y libertades, cuando
debiese ser a contrario sensu precisamente por funcionar
éstos con recursos de orden público, y sustento
desde luego mi postura en el hecho de que tanto el COFIPE, como
las Legislaciones Electorales para cada Entidad Federativa (que
en su parte medular son bastante similares), son muy
benévolas al momento de imponer obligaciones a las citadas
entidades, en efecto, es evidente constatar mi comentario cuando
tratándose verbigracia del COFIPE "que es de observancia
general", si se analizan los capítulos cuarto y quinto del
título segundo, libro segundo, (situación que se
repite de igual manera en nuestra Ley Electoral local), se
observa la carencia de obligaciones a que están sujetos
los mencionados organismos "de interés público",
además, no conforme con dicha libertad, los
artículos 22 numeral 5, y 21 último párrafo,
del COFIPE y Ley Electoral local respectivamente, les otorgan
amplia libertad estatutaria, la cual se ve pobremente restringida
solo por dos supuestos: primero, por la impugnación a los
estatutos exclusiva de los afiliados, según los
términos de los respectivos arábigos 2 de los
artículos 47 y 51, del COFIPE y de nuestra Ley Electoral
local respectivamente; y segundo, por la revisión de parte
de la autoridad electoral que establece el numeral cuatro de los
citados artículos, pero:

¿Por qué restringen los preceptos citados
en el primer supuesto, la impugnación al término de
14 días?, y

¿Por qué la impugnación es facultad
exclusiva de los afiliados?,

¡¡¡no sería más prudente
y "benéfico para la ciudadanía" que dicha
impugnación fuese perenne y la pudiera ejercer cualquier
persona¡¡¡,

¿Qué, acaso los partidos políticos
no son de interés público, como lo establece la
fracción I, en el segundo párrafo del
artículo 41 de la Constitución Política de
México?.

Por otro lado, considero un porcentaje muy bajo el
mínimo exigido por el artículo 58 numeral 2 de la
Ley Electoral local, ya que a nivel local no es poco el
presupuesto que se le otorga a cada partido político para
el ejercicio de sus funciones, de hecho considero excesivo el
mismo, esto en virtud a que por la seguridad que este porcentaje
2% otorga a cada partido político para tener acceso al
financiamiento público, los mismos no se ven obligados a
poner más énfasis en sus labores publicitarias y
promocionales de la participación del pueblo en la vida
democrática, que ordena el numeral primero del
artículo 36 de la Ley Electoral de nuestro Estado,
así como el segundo párrafo de la fracción
primera, del párrafo segundo del artículo 41
Constitucional; a más de lo anterior el artículo 24
del COFIPE, en el inciso b) del numeral primero, solo exige a los
partidos políticos para obtener su registro, "o bien para
conservarlo", contar con tres mil afiliados en por lo menos
veinte entidades federativas, o bien tener trescientos afiliados,
en por lo menos doscientos distritos electorales uninominales,
"siendo que somos millones de mexicanos", "esto "según mi
criterio" da pauta a los partidos políticos, para
desenvolverse con la mediocridad o poca acción que se
observa hasta hoy", y para prueba de que el costo del gasto
público partidista es excesivo, y de que los partidos
políticos no merecen el presupuesto que se les asigna, me
permito insertar la siguiente tabla de financiamiento, así
como su fundamentación legal Estatal, visibles en la
página del Instituto Estatal Electoral de nuestro
Estado:

La Constitución Política del Estado de
Chihuahua en su Artículo 27, prevé que los partidos
políticos recibirán recursos del erario
público para su sostenimiento y para que cuenten durante
los procesos electorales con apoyos para sus actividades
tendientes a la obtención del sufragio universal. A su
vez, la Ley Electoral del Estado en su Artículo 52,
numeral 3, establece entre las prerrogativas de los partidos
políticos, la de participar anualmente del financiamiento
público estatal, y, el Artículo 58 de la citada Ley
electoral, señala la forma de obtener la base para el
cálculo del financiamiento, así como su
distribución, tanto para el desarrollo de sus actividades
ordinarias permanentes, como para gastos de
campaña.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO  AUTORIZADO POR EL
H. CONGRESO DEL ESTADO[3]

FINANCIAMIENTO
PÚBLICO  AUTORIZADO  A LOS PARTIDOS
POLÍTICOS PARA

EL PROCESO ELECTORAL
2010

PARTIDO

GASTO ORDINARIO

GASTO DE CAMPAÑA

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

TOTAL

PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

30´830,417.00

21´581,292.00

924,913.00

53´336,622.00

PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

29´691,912.00

20´784,338.00

890,757.00

51´367,007.00

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

7´239,092

5´067,365.00

217,173.00

12´523,630.00

PARTIDO DEL
TRABAJO

5´656,782.00

3´959,747.00

169,703.00

9´786,232.00

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO

5´848.770.00

4´049,139.00

175,463.00

10´118,372.00

PARTIDO NUEVA
ALIANZA

8´709,656.00

6´096,759.00

261,290.00

15´067,705.00

CONVERGENCIA

1´724,342.00

1´207,039.00

51,730.00

2´983,112.00

TOTAL

89´700,971.00

62´790,679.00

2´691,029.00

155´182,680.00

De manera que la reciente campaña costó a
nuestros impuestos más de 155 millones de pesos, "solo
para el Estado de Chihuahua", según mi criterio estas
cifras dejan ver la necesidad imperante que ostenta en
México la regulación correspondiente.

Delimitación
del problema y precisión del objetivo

Es incongruente desde la perspectiva de la
obligación del Estado a realizar la renovación
periódica (de los poderes Ejecutivo y Legislativo), a
través de los partidos políticos, en una manera
libre y auténtica, mediante el ideal de democracia y
transparencia política asequibles para el ciudadano, que
prosperen en la práctica cuestiones como las enunciadas en
puntos precedentes, y peor aún, que dichas cuestiones
deriven del exceso de libertades otorgadas "como prerrogativas" a
las mencionadas entidades de interés social, que con
asiduidad operan soezmente con el gasto público nutrido
gracias a nuestros impuestos, y que a su vez dichas cuestiones
prosperan a causa de la parcialidad o mirada apacible de nuestros
gobernantes, provocando finalmente que esos vicios empañen
el claro avance que en materia político-electoral ha
venido dándose en la historia reciente de nuestro
país (en los términos esgrimidos en el primer punto
de la presente investigación), y consecuentemente la
pérdida de credibilidad por parte de la población
hacia las instituciones políticas, que a su vez se traduce
en el desinterés social y abstencionismo de la
población para emitir el sufragio, situación que es
aberrante ya que el Estado, al imponer a sus gobernados la
obligación a contribuir en el gasto público para
elegir a los gobernantes que ocupan los poderes Ejecutivo y
Legislativo, debe también proveer los medios
idóneos para la debida garantización de los
derechos fundamentales del ciudadano, que en la materia se
traducen en la libertad, autenticidad, periodicidad, democracia,
transparencia, y demás facultades que la
Constitución otorga a todo ciudadano para emitir su
sufragio efectivo, toda vez que como ya se mencionó, los
partidos políticos además de resultar demasiado
onerosos para el gasto público, no cumplen cabalmente con
sus obligaciones promocionales de participación ciudadana
en la vida política, por ello el Estado debe reglamentar
cabalmente su funcionamiento tal como sucede en otros
países, tales como la República de
Chile.

FORMULACIÓN DE
HIPÓTESIS:

"El Estado, en su Obligación de renovar
periódicamente los poderes Ejecutivo y Legislativo, debe
proveer los medios idóneos para salvaguardar los derechos
político-electorales del ciudadano".

Actualmente existen dichos medios como es el caso del
IFE, el IEE y los Tribunales Electorales de cada Entidad
Federativa, así como el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (a los que no es posible
restarles créditos dada su formidable labor
autónoma e imparcial que ejercen), e incluso los propios
partidos políticos, y aún la posibilidad de
creación de nuevos partidos, pero el presente trabajo se
enfoca al tema relativo a la ausencia de legislación que
reglamente la función integral de los partidos
políticos ya existentes y los de posible creación a
futuro, dado que estos en la mayoría de los casos
dilapidan el financiamiento público o en ocasiones reciben
aportaciones ilícitas inefables y exacerbables
provenientes del financiamiento privado, razones por las que
incumplen o no se adecúan a las exigencias del sistema
político-electoral actual de nuestro país, porque
la democracia que profesan es solo un anhelo que se ha visto
impedido en una y otra forma, en virtud a que hasta ahora el
pueblo mexicano no ha podido acceder al poder democrático,
según los términos que quedaron apuntados en puntos
precedentes, sin olvidar que los partidos políticos
debiesen ser organizaciones de ciudadanos reunidos en torno de
una ideología común con el firme propósito
de acceder al ejercicio del poder político, tal como lo
afirman José de Jesús Orozco Henríquez y
Carlos Vargas Baca, en su artículo Regulación
Jurídica de los Partidos Políticos en
México
[4]por ello al quedar este ideal
relegado a un simple juego de palabras sin que se lleve
cabalmente a la práctica, los partidos políticos
incumplen con la función para la que originalmente fueron
concebidos en nuestro haber político, teniendo en
consideración que una de las causas de la
revolución mexicana fuese precisamente la falta de
derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos
ante la inamovilidad del régimen
porfirista.[5]

DETERMINACIÓN DEL TEMA Y
SUBTEMA:

OBJETIVOS GENERALES:

  • Sustituir el actual sistema partidista por entidades
    políticas (partidos), que verdaderamente busquen
    satisfacer las necesidades democráticas de la sociedad
    actual, y que sean dignos de ostentar una verdadera
    democracia representativa.

  • La promulgación de una legislación
    federal de partidos políticos, que venga a reglamentar
    infaliblemente la vida y actuar de éstos partidos
    políticos renovados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

  • 1. Lograr el reconocimiento a nivel individual
    de la ciudadanía, respecto a que nuestros actuales
    partidos políticos no cumplen con la función
    para la que fueron heroicamente instituidos, gracias al
    derramamiento de sangre, y legado de la revolución
    mexicana.

  • 2. Presionar al sistema jurídico
    mexicano para la reglamentación adecuada del sistema
    político-electoral.

Marco
teórico

LEY GENERAL DE PARTIDOS
POLÍTICOS EN MÉXICO,

IMPLEMENTACIÓN
DE:

Ante la apremiante necesidad en México sobre la
exista de una Ley Federal de Partidos Políticos
independiente de los códigos electorales que se utilizan
ordinariamente para la organización y realización
de las elecciones (tanto en el ámbito federal como a nivel
local), la cual venga a regir cabalmente el funcionamiento de los
partidos políticos, varios autores se han pronunciado en
pro de ésta, tal es el caso de PEDRO AGUIRRE
RAMÍREZ quien expone:

en la actualidad, todas las regulaciones
correspondientes a la vida de los partidos están incluidas
en el texto del COFIPE, pero este hecho es completamente obsoleto
e inoperante
[6]

Por su parte MARÍA LAURA TORRES RUIZ, menciona lo
siguiente:

Si queremos mejorar nuestros partidos
políticos, hay que volver a revalorar su propósito
original: De intermediarios entre el estado y la sociedad civil;
buscar en su inicio histórico su plataforma, su
presentación, justificación y fundamentación
para constituirse como representantes de las distintas
ideologías de la
ciudadanía…[7]

Por ello, en el presente tema se tocarán
groso modo, puntos clave para la regulación o
legislación y aplicación de dicha norma a la vida
política actual de nuestro país, realizando para
ello un breve análisis al tratado de algunos autores, que
en ésta materia se han pronunciado desde diversas
perspectivas, realizando además, de un breve
análisis general a las legislaciones
político-electorales que imperan actualmente en
España, Perú y Chile, ello para visualizar con
mayor claridad el problema analizado en el presente trabajo y con
ello tratar de encausar la mejora de nuestros partidos
políticos.

Desde una perspectiva particular, considero que en
México los partidos políticos aún
están a tiempo de corregir el rumbo de su actuar, "si
desean seguir formando parte de nuestra vida política",
precisamente corrigiendo los excesos en que frecuentemente se ven
involucrados, siendo los ciudadanos quienes a través de su
participación comprometida con las exigencias de los
tiempos actuales, deben asumir su responsabilidad (exigiendo
entre otras cosas a los partidos políticos, procesos
internos limpios y transparentes), y emitir su voto de manera
consciente, con pleno conocimiento de que de ello depende el
porvenir de las nuevas generaciones.

CAPÍTULO I

Consideraciones
generales

  • 1. CONCEPTOS GENERALES:

Para ayudar al desarrollo de la problemática
analizada en el presente trabajo, me permitiré mencionar
brevemente los siguientes conceptos:

  • A. DERECHO ELECTORAL (significado).- Del
    artículo 41 Constitucional se desprende que el derecho
    electoral se vincula en forma estrecha con el sistema
    político, de manera que no se concibe el uno sin el
    otro, es más, el carácter del sufragio
    determina en buena medida, el carácter del sistema
    político, porque para que un sistema político
    sea reconocido como democrático es imprescindible en
    la actualidad que el sufragio ostente los atributos que
    ordena el aludido precepto Constitucional, así la
    democracia moderna es inconcebible sin su componente
    electoral, es decir, la extensión permanente del
    sufragio hasta materializarse el derecho electoral conforme a
    los principios clásicos, de esta forma el derecho
    electoral reglamenta el sufragio, y el sistema
    político lo hace posible.

El concepto de derecho electoral tiene dos sentidos:
un sentido amplio y uno estricto. En el sentido amplio contiene
las determinaciones jurídico-positivas y consuetudinarias
que regulan la elección de representantes o personas para
los cargos públicos. El derecho electoral es, en este
caso, el conjunto de normas jurídicas que regulan la
elección de órganos representativos. Este concepto
abarca todas las regulaciones jurídico-positivas y todas
las convenciones desde las candidaturas hasta la
verificación de la elección. Dentro de este
concepto es correcto considerar por ejemplo, cuestiones del
sistema electoral como cuestiones jurídicas electorales,
puesto que no hay duda de que se trata de regulaciones que se han
de determinar de modo legal. En sentido estricto de derecho
electoral alude únicamente a aquellas determinaciones
legales que afectan al derecho del individuo a participar en la
designación de los órganos representativos, este
concepto estricto concretiza el derecho de sufragio y se limita,
en su contenido, a establecer las condiciones jurídicas de
la participación de las personas en la elección y
de la configuración de este derecho de
participación.[8]

  • B. SISTEMA POLÍTICO.- Por su parte la
    enciclopedia WIKIPEDIA define al sistema
    político como la plasmación organizativa de
    un conjunto de interacciones estables a través de las
    cuales se ejerce la política en un contexto limitado.
    Este sistema viene formado por agentes, instituciones,
    organizaciones, comportamientos, creencias, normas,
    actitudes, ideales, valores y sus respectivas interacciones,
    que mantienen o modifican el orden del que resulta una
    determinada distribución de utilidades, conllevando a
    distintos procesos de decisión de los actores, que
    modifican la utilización del poder por parte de lo
    político a fin de obtener el objetivo
    deseado
    [9]

Por ello cabe destacar la importancia que tiene a nivel
individual, la comprensión cabal de las propuestas
políticas de cada candidato y la veracidad de sus lemas de
campaña, porque de nada sirve emitir nuestro sufragio a
algún candidato que propone una nutrida agenda de trabajo,
si la misma se encuentra fuera de contexto.

  • C. PARTIDOS POLÍTICOS.- Nuestra Carta
    Magna en la fracción primera del segundo
    párrafo de su artículo 41, los define como
    entidades de interés público, cuya finalidad es
    promover la participación del pueblo en la vida
    democrática, así como contribuir a la
    integración de la representación nacional y
    como organizaciones de ciudadanos, para hacer posible el
    acceso de los mismos al ejercicio del poder público de
    acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y
    mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, de
    manera que solo los ciudadanos podrán formar partidos
    políticos y afiliarse libre e individualmente a
    ellos.

  • D. DEMOCRACIA REPRESENTATIVA.- Según la
    enciclopedia Wikipedia,[10] el pueblo
    delega la soberanía en autoridades elegidas de forma
    periódica mediante elecciones libres. Estas
    autoridades en teoría deben actuar en
    representación de los intereses de la
    ciudadanía que los elige para
    representarlos.

Democracia representativa es una forma de gobierno
fundada en los principios de los representantes de la gente. Los
representantes forman un cuerpo predominante independiente (por
un período de la elección) cargado con la
responsabilidad de actuar en el interés de la gente, pero
no como su poder representativo, no necesariamente siempre
según sus deseos, pero con bastantes autoridad para
ejercitar iniciativa rápida y resuelta frente a
circunstancias que cambian. Se pone en contraste a menudo con
democracia directa, donde están ausentes o se limitan los
representantes en energía como representantes del
poder.[11]

En el particular me permito puntualizar, es una verdad
sabida que en la actualidad los mexicanos no elegimos a nuestros
gobernantes, en realidad los eligen los dirigentes de los
partidos políticos, o bien, los que ostentan el
poder.

  • 2. FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS
    POLÍTICOS

No voy a redundar más sobre los supuestos
regulados por el COFIPE, a los que la mayoría de los
tratadistas analizan en sus obras desde diversas perspectivas, me
limitaré a analizar temas actuales y de enorme
interés social:

El financiamiento de partidos y campañas, una
necesidad de las democracias modernas, es una de las puertas de
entrada para la corrupción en todos los países del
hemisferio
.[12] (Así lo establece la
página web TRANSPARENCY INTERNATIONAL, the global
coalition against corruption), continúa
diciendo:

¡Obras publicas cuestan más del doble
del presupuesto oficial!, ¿porque faltan hospitales y
sobran enfermos en las filas?, si es el voto de los ciudadanos el
que elige a los políticos, ¿Por qué los
políticos permiten que suceda esto con los ciudadanos?.
Para explicar esta cuestión, es preciso mencionar que
todos los partidos y candidatos precisan dinero para hacer su
campaña política ¡y no hay nada malo en
ello!, el problema empieza cuando algunos candidatos tienen
acceso a más recursos que otros, "como donaciones
millonarias de empresas o cuando los gobiernos movilizan recursos
del gasto público y hasta la propaganda oficial para
apoyar a sus candidatos", cuanto más dinero se tiene
existen más prensa, medios, viajes, comicios, regalos y en
consecuencia más votos, por ello, el que dona
también espera beneficios a cambio, y así los
políticos electos acaban actuando más a favor de
quienes los financian que de los votantes
(En México
no se ha podido erradicar éste problema), esto explica
porque a veces se construyen puentes u otras obras que en muchas
ocasiones son poco útiles, en lugar de hospitales donde
más se necesitan, y por que en ocasiones se cierran los
ojos ante obras sobre facturadas o ante la
corrupción.

Y propone como soluciones cuatro
medidas:

La 1ª, averiguando quienes financian los
candidatos, observando si tienen algo que esconder, algún
interés económico político particular o si
mueve ilegalmente recursos de Estado;

La 2ª manera, es incidiendo ante el
órgano electoral para que los partidos, candidatos y
donantes cumplan la legislación vigente;

La 3ª manera, es luchar por reformas que
reduzcan la enorme influencia de gobierno y del sector privado en
las elecciones; y

La 4ª forma, es abogar por un acceso sin
restricciones a la información sobre el origen y destino
del dinero en las campañas.

Para que un sistema de financiación de la
política sea considerado transparente debe proporcionar
información completa, revelando los recursos
públicos y privados, información detallada,
presentando valores y cuentas que identifiquen a los donantes,
información verdadera que sea controlada por los
órganos electorales y reciba sanciones en el caso de
fallas o imprecisiones, sobre todo debe tratarse de
información actualizada e información accesible que
haga uso de las posibilidades ofrecidas por los medios de
comunicación e internet, el elector precisa tener acceso a
informaciones claras y confiables antes de votar, la
información puede cambiar el resultado de una
elección o incluso puede funcionar como un elemento
poderoso para frenar la corrupción en un
país.[13]

Por ello, considero muy necesario para este estudio,
analizar la forma y vicios del financiamiento a los partidos
políticos de México en la actualidad, además
considero que éste tema debiese ser objeto de estudio y
tema de debate para todos los politólogos de la
nación.

En completo acuerdo con lo que expone EMILIO
CHUAYFFET CHEMOR, en su artículo ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE
EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN
MÉXICO
,[14] pocos asuntos son
más importantes en el ámbito electoral que el tema
del dinero, de dónde viene, a dónde se aplica, en
que montos y actividades puede gastarse, cómo se llevan a
cabo las cuentas y su publicidad respectiva, y fundamentalmente
cual es la relación que existe entre el dinero invertido
en un proceso electoral y las decisiones de los gobernantes
emanadas de él, que eventualmente puedan favorecer a los
aportantes.

Y agrega:

el encarecimiento progresivo de la
democracia, la influencia política de los donantes y los
escándalos por corrupción, ponen de manifiesto la
necesidad de mantener una revisión permanente de las
normas relativas al peculio que se aplica a los comicios, ya que
precisamente cuando el financiamiento se ha vuelto uno de los
grandes temas de la democracia, generalmente los partidos
políticos suelen haber alcanzado el punto más bajo
de reputación frente a los
ciudadanos
.[15]

En realidad espero que el particular sostenga tal
estatus, para que en virtud de tal situación se propicie
la anhelada reforma.

Al respecto FRANCISCO JOSÉ DE ANDREA
SÁNCHEZ, tilda de sospechosas las fuentes
tradicionales del financiamiento de los partidos, y con justa
razón
, al referir:

…dichas fuentes en tanto que dan
precisión a la razón de ser y a la
motivación de los actuales esquemas legislativos que en
gran medida están diseñados para combatir las
citadas fuentes que se caracterizan por su elevado grado de
corrupción
, referente a: las cuotas obligatorias
de los trabajadores al servicio del Estado; las cuotas de
legisladores y miembros a su propio partido; el soborno o
cohecho; y las contribuciones de la delincuencia
organizada
…[16]

Actuaciones que con frecuencia observamos en nuestros
procesos electorales, y que pese a estar reguladas por el COFIPE
(artículo 77 al 89) se ventilan en la actualidad, pues
para evidencia de lo ello basta observar las múltiples
notas periodísticas, verbigracia: CIUDAD DE
MÉXICO, México, mayo 20, 2004.- Según el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), en la campaña presidencial del 2000 que
ganó Vicente Fox, operó una red de financiamiento
ilegal
[17]ó, México, 13 de
enero.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) avaló la multa por más de
5.6 millones de pesos que el IFE impuso al Partido Acción
Nacional (PAN) por irregularidades en sus informes de ingresos y
egresos de 2008
,[18] etcétera,
supuestos que son claramente aportaciones inefables (lo que las
convierte en ilícitas), y por ende, provienen o del crimen
organizado, o bien, de la iniciativa privada que busca ser
privilegiada en el régimen gubernamental que apoyan, o de
cualquier otros supuestos en los que quienes resultan
invariablemente perjudicados, son los gobernados.

De manera que, según lo expone el mencionado
autor DE ANDREA SÁNCHEZ, FRANCISCO JOSÉ:

los escándalos políticos, los
crecientes gastos de las campañas políticas para
acceder a los cambios electorales, la influencia perniciosa de la
delincuencia organizada en las actividades políticas, y la
existencia de grandes capitales corporativos o individuales que
buscan favorecer sus intereses económicos mediante
contribuciones desproporcionadas a las campañas y partidos
políticos…
[19]

Son (entre otros) problemas, que propone regular y
controlar mediante los siguientes objetivos generales:

  • A. Limpieza y transparencia del proceso
    político-electoral y de las campañas
    electorales.

  • B. Detener y revertir la escalada de
    gastos.

  • C. Reducir la competencia desleal o injusta
    entre partidos y candidatos.

  • D. Disminuir cualquier influencia excesiva
    de los contribuyentes sobre los
    políticos.

  • E. Impedir la supeditación de los
    tres poderes constituidos a los intereses de la delincuencia
    organizada.

  • F. Salvaguardar la soberanía
    nacional
    .[20]

En completo acuerdo con éstas medidas, me adhiero
a las mismas para presentarlas en el capítulo respectivo
como objetivo del presente trabajo, y desde mi particular
perspectiva, no vislumbro más alternativa que la
elaboración de una Ley General de Partidos, que venga a
reglamentar los puntos controvertidos que nos ocupan, para
robustecer mi análisis me permito mencionar los tratados
de los brillantes analistas que a continuación me permito
mencionar.

CAPÍTULO II

Estudio de Pedro
Aguirre Ramírez

Uno de los principales artículos sujetos a
estudio en el presente, es el publicado por PEDRO AGUIRRE
RAMÌREZ, Hacia una Ley Federal de Partidos
Políticos en México
,[21] donde
en su introducción se pueden observar varios puntos
analizados con antelación, que en virtud a tales afirma el
autor, es urgente en México la promulgación de una
Ley Federal de Partidos Políticos, similar a las que
existen en la mayor parte de las democracias consolidadas
europeas y en varias naciones de democratización reciente
de América Latina, además menciona las regulaciones
correspondientes a la vida de los partidos políticos
incluidas en el COFIPE, a las cuales tacha de inoperantes, y
reitera la necesidad de una legislación que se consagre
exclusivamente a regular la vida de los partidos políticos
y procure garantizar, en la mayor medida posible, un sistema
fuerte y representativo, legislación que deberá
observar, por lo menos cinco grandes rubros, a saber:

  • 1. Registro escalonado de
    partidos;

  • 2. Regulación de las coaliciones y
    las candidaturas comunes;

  • 3. Prevalecimiento de la democracia interna
    en estas instituciones de interés
    público;

  • 4. Estricta fiscalización del uso de
    recursos públicos; y

  • 5. Cumplimiento de las obligaciones de los
    partidos políticos en la enorme tarea de la
    difusión de la cultura democrática en nuestro
    país.

En cuanto a la legislación sobre partidos
políticos, menciona que éstas cuando son
especiales, es decir, cuando regulan específicamente la
función partidista, han sido factor decisivo para la
institucionalización de sistemas de partidos tanto en
democracias consolidadas como en naciones de
democratización reciente, y explica:

…la vigencia de una ley partidista implica el
establecimiento de normas de derecho público, que regulan
las condiciones de participación, el funcionamiento, la
estructura, los sistemas de votación internos y el
financiamiento de los partidos
políticos
…[22]

Partes: 1, 2

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