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Las pensiones en Venezuela

Enviado por lucindoc



Partes: 1, 2

  1. Introducción
  2. El problema
  3. Marco teórico referencial
  4. Marco metodológico
  5. Lista de referencias

Introducción

La ciencia del Derecho es una creación del hombre, producto de su evolución; por tal razón, el derecho ha venido evolucionando en torno a aquél a través del tiempo, transformándose y engrandeciéndose con los hechos sociales, económicos e históricos que ha sufrido la humanidad.

Cabe señalar, que si el derecho se observa desde la óptica de la norma, se estará en presencia del derecho objetivo, entonces tendrá como base la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina. Desde esta perspectiva, el derecho objetivo es el conjunto de reglas establecidas para regir las relaciones en los hombres en sociedad y en el orden jerárquico formativo se distinguen: normas constitucionales, normas ordinarias, normas reglamentarias y normas individualizadas.

De acuerdo a ello, el derecho es algo por hacer, que nace a cada momento y debe ir manteniendo un perfecto equilibrio con los grandes cambios experimentados por la sociedad. De allí que referirse a la naturaleza social del derecho del trabajo, a la justicia social, al Estado de Derecho, y al progreso dentro de un marco jurídico, significa la adecuación de la norma que regula la prestación de servicio de una persona natural con una persona jurídica, dentro del marco del Derecho Positivo.

En este mundo moderno, en constante cambio y movimiento, el Derecho del Trabajo está cambiando al unísono con la tecnología, la cual crea nuevos campos de trabajo en esta gran aldea global, donde las comunicaciones acortan distancia y repercuten en un hemisferio del globo terráqueo, y por ende, los problemas de las cuestiones sociales y económicas de él, deben replantearse tomando en consideración su naturaleza las partes que lo componen y sus elementos básicos: trabajador, relación de trabajo, estabilidad en el empleo o precariedad de éste, condiciones de trabajo, patrón, obligaciones de las partes, de acuerdo a la competencia del trabajador y a lo contratado, así como la posibilidad de reconvención laboral de las funciones y su posibilidad de adecuación a las necesidades de la empresa por los requerimientos del mercado.

Es por ello, que la responsabilidad jurídico laboral de carácter prestacional en las relaciones triangulares, en el supuesto dogmático jurídico a partir del cual se construyó el modelo tradicional del trabajo subordinado y que se expresa en la denominada relación laboral normal, ha enfrentado desde hace algún tiempo una profunda crisis derivada de las transformaciones que han tenido lugar en el ámbito laboral y empresarial. Y es la subordinación el elemento característico del contrato de trabajo o de la relación laboral, el empleador durante la permanencia de la relación laboral, cuenta con un poder de autoridad sobre el empleado y es quien, al mismo tiempo recibe los beneficios y corre los riesgos económicos de la empresa.

Esta nueva realidad tiene innumerables repercusiones para el Derecho del Trabajo y genera la necesidad de replantear su función tradicional frente al desarrollo de formas de ocupación que se apartan del tipo tradicional.

En virtud de lo dicho supra, en este trabajo se va a conocer lo atinente al régimen prestacional de pensiones en el ordenamiento jurídico venezolano y su incidencia con los componentes que determinan su efectividad en otros países latinoamericanos, al mismo tiempo, esta tesis presenta un análisis general y sistemático de este proceso de transformación del trabajo y de la consecuente crisis de la relación laboral normal.

Para tal efecto, se organizó el estudio de la siguiente manera, por ser la misma de carácter dogmática-jurídica.

El Capitulo I: Está referido a la Introducción, Planteamiento del Problema, Objetivos de la Investigación, y Justificación de la misma.

El Capítulo II: Se encuentra estructurado por el desarrollo de la investigación el cual comprende el Marco Teórico, los Antecedentes Históricos y Bibliográficos, las Bases Teóricas, Referencias Legales y Doctrinarias.

El Capítulo III: Contiene la metodología aplicada de acuerdo con el tipo o modalidad de la investigación, técnica para la recolección de la información, técnicas de Análisis de las Fuentes Documentales, Técnicas Operacionales para el Manejo de las Fuentes Documentales, técnica de subrayado, técnica del fichaje, técnicas para la incorporación de citas, presentación resumida del texto, resumen analítico y análisis crítico, Técnicas para el análisis de la información.

Y finalmente se presenta el cuerpo de Conclusiones y Recomendaciones, como resultado final del estudio realizado.

CAPÍTULO I

El problema

Planteamiento del problema

La Seguridad Social como la conocemos en la actualidad tiene sus orígenes en Europa, específicamente en Alemania, como consecuencia del proceso de industrialización, las fuertes luchas de los trabajadores, la presión de las iglesias, de algunos grupos políticos y sectores académicos de la época. Es así como, primeramente los trabajadores se organizaron en asociaciones de auto-ayuda solidaria, destacando las mutuales de socorro mutuo, las cooperativas de consumo y los sindicatos.

Eran los tiempos en que Alemania era gobernada por el Káiser Guillermo II, quien como primer gran documento de compromiso social del Estado emite el mensaje imperial del día 17 de noviembre de 1821, en donde anuncia la protección al trabajador, en caso de perder su base existencial por enfermedad, accidente, vejez o invalidez total o parcial.

Posteriormente, impulsadas por el canciller Alemán Otto Von Bismarck (el Canciller de Hierro) son refrendadas y sancionadas tres leyes sociales de gran valía, que representan hasta nuestros días, la base del Sistema de Seguridad Social Universal, ellas son: Seguro contra Enfermedad del año 1883; Seguro contra Accidentes de Trabajo del año 1884 y Seguro contra la Invalidez y la Vejez del año 1889; tales leyes fueron tan innovadoras y beneficiosas para los trabajadores que en lo adelante se extendieron a toda Europa y en lo sucesivo a otras partes del mundo.

Seguidamente en el año 1889, en París, se creó la "Asociación Internacional de Seguros Sociales"; sus postulados pasaron a ser temas relevantes en congresos especiales sobre la materia celebrados: en Berna en 1891; en Bruselas en 1897; en París en 1900; en Dusseldorf en 1902; en Viena en 1905 y en Roma en 1908.

Luego en el Congreso de Roma se propuso además la creación de conferencias destinadas a conseguir la concertación de convenios internacionales, las primeras de las cuales tuvieron lugar en La Haya en 1910; en Dresden en 1911 y en Zurich en 1912.

En 1919, en tiempos de paz mediante el Tratado de Versalles, los líderes políticos del planeta ponen fin a la Primera Guerra Mundial denominada la Primera Gran Guerra; como consecuencia de tan histórico tratado, nace la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Preámbulo de la Constitución de la OIT es muy rico en contenidos de protección social y sirve como pilar doctrinal y de política de la Seguridad Social.

Sin embargo, un segundo gran componente de la Seguridad Social es introducido desde Inglaterra por Sir W. Beberidge en 1942; se conoce como el "Plan Beberidge", de su texto se colige que el mismo presenta una concepción mucho más amplia de la seguridad social, dado que tiende a contemplar las situaciones de necesidad producidas por cualquier contingencia y trata de remediarlas cualquiera que fuera su origen.

La premisa fundamental del citado plan, refiere que aliviar el estado de necesidad e impedir la pobreza es un objetivo que debe perseguir la sociedad moderna y que inspira el carácter de generalidad de la protección.

Este segundo gran componente fue adoptado o acogido por países europeos y se procuró extender a América Latina y otras partes del mundo como de hecho ocurrió.

Dos años después, en 1944, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) congregada en Filadelfia, Pennsylvania (EE.UU), presenta la Declaración de los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de los principios que debieran inspirar la política de sus miembros. Se reconoce además la obligación solemne de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de fomentar, entre todas las naciones del mundo, programas que permitan extender medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a quienes los necesiten y prestar asistencia médica completa. La Seguridad adquiere tal relevancia que aparece en 1948, como parte integrante de la Declaración de los Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas.

En Venezuela a partir de la década de los años 80, se fraguaron una serie de transformaciones en materia de seguridad social con el fin de ir ampliando el rango de acciones de las diversas contingencias que la protegen. Es así como gracias a la influencia global la tendencia en materia de seguridad social con los mencionados cambios se le dio prioridad legislativa a la Ley Orgánica de Seguridad Social, en la cual se incorporaron nuevos elementos que no estaban presentes en los cuerpos normativos anteriores. Pero es a finales de los años noventa cuando en el marco de una nueva política neo liberal comandada por el presidente Caldera, se redacta una nueva Ley Orgánica del Trabajo como producto de las conversaciones sostenidas entre el gobierno y la empresa privada.

Con posterioridad en esa nueva ola de cambios sociales, se promulga la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral (LOSSSI) en la cual de acuerdo a las influencias percibidas en otros países y organismos multilaterales se le otorgó un amplio margen de acción a las empresas privadas en cuanto al manejo y administración de la mayoría de los subsistemas previstos en su contenido. Con la llegada al poder del presidente Chávez en 1998, el cual posee una ideología más nacionalista y apegada a las responsabilidades que debía asumir el Estado venezolano, aunado a que la propia Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela así lo enmarcaba, se tuvo la iniciativa legislativa de redactar la nueva Ley marco de Seguridad Social que fue publicada en fecha 30 de diciembre de 2002, según la Gaceta Oficial Nº 37600.

La nueva Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social  tiene como premisa Integral como conjunto orgánico, interrelacionado e interdependiente de regímenes de protección social, la organización en subsistemas como servicios públicos de afiliación obligatoria para cada trabajador y de carácter contributivo.

Siendo que, el órgano de dirección del Sistema de Seguridad Social Integral es el Ministerio del Poder Popular para Trabajo y Seguridad Social, teniendo como marco legal la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y las leyes especiales que rigen los diferentes regimenes prestacionales, sin menoscabo de las competencias concurrentes de los Ministerios u otros entes de supervisión y control. Dentro de su contenido, se crean una gama de Institutos u órganos que tienen como norte darle ejecución a los principios previstos en el encabezado de la aludida Ley.

Así pues tenemos que a nivel normativo, el Sistema de Seguridad Social lo conforman los Sistemas Prestacionales siguientes: Salud, Previsión Social y Vivienda y Hábitat. Cada uno de los sistemas prestacionales tendrá a su cargo los regímenes prestacionales mediante los cuales se brindará protección ante las contingencias amparadas por el Sistema de Seguridad Social.

A su vez, el Sistema Prestacional de Previsión Social, tiene a su cargo los regímenes prestacionales siguientes: Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas; Empleo; Pensiones y Otras Asignaciones Económicas; y Seguridad y Salud en el trabajo.

Es de destacar, que el Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas, tiene por objeto garantizar a las personas contribuyentes, las prestaciones dinerarias que les correspondan, de acuerdo con las contingencias amparadas por la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y la Ley que regule el Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas, entre ellas las siguientes prestaciones:

1. Pensiones de vejez o jubilación, discapacidad parcial permanente, discapacidad total permanente, gran discapacidad, viudedad y orfandad.

2. Indemnizaciones por ausencia laboral debido a: enfermedades o accidentes de origen común, maternidad y paternidad.

3. Asignaciones por cargas derivadas de la vida familiar.

4. Los subsidios que establezca la ley que regule este Régimen.

Para este régimen de modo general se crean fondos de capitalización Individual, con el objeto de otorgar a los afiliados una pensión cuya cuantía dependerá del monto acumulado de los aportes en la cuenta individual del afiliado y del producto que le corresponda por el rendimiento de las inversiones realizadas. Los fondos de capitalización Individual son propiedad de los afiliados y su patrimonio es independiente y distinto del patrimonio de las Instituciones que los administran.

Pero es el caso que a la fecha, aún cuando según la aludida Ley su administración debe estar a cargo de las Instituciones que determine la Ley del Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas, cuyo objeto es complementar hasta la pensión mínima vital a quienes habiendo contribuido con el citado régimen, el acumulado de su cuenta, no alcanza el monto de aquélla; la misma no ha sido promulgada por el Poder Legislativo Nacional, por lo que a la fecha está siendo financiado por las cotizaciones de los empleadores y por los aportes del Ejecutivo nacional y estando a cargo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Como se ha comentado, la Ley especial de este régimen debe determinar en lo específico cómo debe ser su regulación y su potencial administración.

Por ello, como hoy en día, de acuerdo al texto de la propia Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, existe una mora pronunciada en la promulgación de la Ley que regule el Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas Subsistema de Pensiones donde los beneficiarios deben tener derecho a escoger libremente los entes administradores de los fondos y de los prestadores del servicio de salud, que podrán ser públicos, privados o mixtos. Éstos deben cumplir con los requisitos que les fijen las leyes Especiales.

Es de destacar que se tiene a la fecha una sistema anacrónico administrado por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) con un marco regulatorio inexistente por cuanto la Constitución Nacional le impuso al Poder Legislativo Nacional la tarea de promulgar una nueva ley que enmarque los cambios que deben materializarse en esa materia, sin que a la fecha se tenga una respuesta certera de lo planteado.

Contradictoriamente al caso Venezolano, en varios países latinoamericanos de similar idiosincrasia, se han implantado regimenes de pensiones que tienden a garantizarle al ciudadano su Derecho a la Pensión de Vejez, Jubilación, Viudedad o Discapacidad, puesto que, poseen una estructura legal acorde con tal propósito; es decir que independientemente del sistema de capitalización se permite la materialización en tiempo real de los aludidos Derechos.

Con bases en estas apreciaciones, se plantean las siguientes interrogantes:

¿Cuál el Sistema de Seguridad Social y su alcance doctrinal en la sociedad venezolana?

¿Cual es el marco jurídico del Régimen Prestacional de Pensiones de la República Bolivariana de Venezuela?

¿Que experiencias en este escenario existen en otros países latinoamericanos?

¿Cuáles componentes del Régimen Prestacional se destacan en Venezuela y en Latinoamérica?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General

Analizar el Régimen Prestacional de Pensiones en el ordenamiento jurídico venezolano y su incidencia con los componentes que determinan la efectividad en otros países latinoamericanos.

Objetivos Específicos

  • 1. Estudiar el Sistema de Seguridad Social y su alcance doctrinal en la sociedad venezolana

  • 2. Describir el marco jurídico del Régimen Prestacional de Pensiones de la República Bolivariana de Venezuela y destacar algunas experiencias de este escenario en países latinoamericanos.

  • 3. Establecer los componentes del Régimen Prestacional que se destaquen en Venezuela y en Latinoamerica.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación tiene su fundamento, en la necesidad de tener un conocimiento más amplio acerca del sistema de seguridad social que impera en la República Bolivariana de Venezuela y ciertos países latinoamericanos, con especial énfasis en el régimen prestacional de pensiones y el marco legal que regula su funcionamiento.

Para muchos no es un secreto que en la República Bolivariana de Venezuela existe un sistema de seguridad social que no se ha adaptado a los nuevas corrientes que respecto a ese asunto se han ido estatuyendo en otras naciones con igual idiosincrasia y realidades. Resulta paradójico que a la fecha aún tengamos un sistema que no termina de nacer y otro sistema que no termina de morir. A esto se suma el agravante que recientemente a escasos dos días de cumplirse con el periodo de transición que se pautó en la Ley inicial, en lo que se refiere al periodo de implantación del funcionamiento de la que para ese tiempo era la nueva institucionalidad en las Leyes del Sistema de Seguridad Social, se haya prolongado la misma para un nuevo lapso.

Dentro de esa transición infinita se encuentra aún en mora la promulgación de la nueva Ley que regulará lo ateniente a uno de los regimenes o subsistemas más sensibles, que se refiere al conjunto de prestaciones que cubren lo ateniente a las pensiones de vejez o jubilación, discapacidad parcial permanente, discapacidad total permanente, gran discapacidad, viudedad, ausencia laboral por enfermedad o accidente de origen común, entre otros, hasta la fecha, no se percibe que haya voluntad política para su promulgación.

Como corolario de lo anterior, se tiene una masa indefinida de personas cuyo sistema de seguridad social adolece de normas modernas que regulen, masifiquen y administren los fondos que se deberían destinarse para asegurar en forma actualizada y amplia el régimen prestacional de pensiones a todos los venezolanos.

Esta investigación de tipo documental desde el plano personal, pretende analizar desde el punto de vista jurídico el marco estructural que rige en la actualidad el mencionado régimen en la República Bolivariana de Venezuela así como en otras naciones latinoamericanas; a su vez pretende ser un aporte académico de gran valía para la rama de las ciencias sociales.

CAPÍTULO II

Marco teórico referencial

El marco teórico es un cuerpo de ideas explicativas coherentes, viables, conceptuales y exhaustivas, armadas lógica y sistemáticamente para proporcionar una explicación envolvente pero limitada, acerca de las causas que expliquen la fórmula del problema. La Teoría según Kerlinger, (1975), citado por Vallés (2006), la define de la siguiente manera: "Teoría es un conjunto de constructos (conceptos), definiciones y proposiciones relacionadas entre si, que representa un punto de vista sistemático de fenómenos especificando relaciones entre variables, con el objeto de explicar y predecir fenómenos". (p. 9)

El Marco Teórico o Marco Referencial comprende una revisión de los trabajos previos realizados sobre el problema en estudio y (o) de la realidad contextual en la que se ubica. Dependiendo de la naturaleza del Trabajo o la Tesis, el Marco Teórico o Marco Referencia puede comprender aspectos teóricos, conceptuales, legales, situaciones de la realidad objeto de la investigación y otros según convenga al caso.

Por otro lado, el marco teórico o marco referencial es el resultado de la selección de aquellos aspectos más relacionados del cuerpo teórico epistemológico que se asume, referidos al tema específico elegido para su estudio. De allí que su relacionalidad, estructura lógica y consistencia interna, va a permitir el análisis de los hechos conocidos, así como, orientar la búsqueda de otros datos relevantes.

Antecedentes de la Investigación

La investigación como todo proceso para solucionar problemas consta de un estudio minucioso de aquellos trabajos que de una u otra forma aportan elementos constructivos a la investigación o sirvan de referencia teórica a la misma; en este orden de ideas se señalan las investigaciones siguientes:

Chazarra, M. (2001). Los Delitos Contra la Seguridad Social. Trabajo de Grado para optar al Titulo de Doctor en Derecho Penal. Universidad de Alicante. Alicante, España. El objetivo primordial fue el análisis del problema que conllevan los delitos contra el patrimonio de la Seguridad Social y la razón de ser de estos mismos, interrogante que surge a partir de la tipificación de delitos de defraudación de la seguridad social en el ámbito administrativo, surgiendo la necesidad de extender dicha protección al ámbito penal relacionado con los delitos económicos cometidos, bien sea por empresas o por las propias entidades colectivas.

Así pues, se tiene que en el Código Penal Español regula tales ilícitos con la finalidad de diferenciarlo y a su vez limitarlo con los ilícitos de índole administrativa. De esta manera, la autora se pasea por un análisis minucioso sobre el tratamiento penal que han recibido los fraudes en materia de seguridad social enmarcándolos en ilícitos como la apropiación indebida, atendiendo a la falta de regulación que existía para la época, haciendo particular énfasis en aquellos que van contra la hacienda pública por presentar ciertas similitudes en sus caracteres con aquél.

Esto traía como consecuencia que se penara únicamente a las empresas por el delito de apropiación indebida, dejando fuera aquélla infracción en la incurrían los trabajadores al atrasarse en el pago de sus cuotas lo que vulneraba claramente el principio de legalidad, obligando al patrono a trasladar material del capital empresarial para cubrir el retraso por parte del trabajador con la finalidad de evitar cualquier tipo de condena ligada a delitos contra la seguridad social. Dentro de su análisis la autora destacó la importancia que significó incluir en el ordenamiento jurídico de España el fraude en las contribuciones sociales, ya sea no ingresando la cuota empresarial o la obrera o disfrutando indebidamente de deducciones o devoluciones por cualquier concepto. Así concluye, que el bien jurídico protegido de manera inmediata es el patrimonio de la seguridad social concretado en la función de recaudación.

En ese sentido el estudio narrado como antecedente a este trabajo es de gran ayuda, por cuanto permite visualizar el tratamiento e importancia que se le da a los delitos contra la seguridad social en países de la unión europea, más aun cuando los mismo se enmarcan en una categoría específica de delitos dentro de la ley marco que tipifica dichos delitos, como lo es el Código Penal Español.

Lagos, F. (2004). La Seguridad Social y la Elección Política Sobre la Edad del Retiro. Trabajo de Grado para optar al Titulo de Doctor en Economía Cuantitativa. Universidad de Alicante. Alicante, España. En esta investigación se determinó, que en debate político-económico actual, hay una corriente de opinión bastante generalizada que considera que las desfavorables tendencias demográficas que están sufriendo casi todos los países industrializados están afectando de manera negativa a la financiación de los sistemas de Seguridad Social.

En particular tal criterio se desarrolla, en vista que la población de los países del primer mundo está envejeciendo como producto del aumento de la calidad de vida, gracias a logros científicos en materia de salud, sanidad y alimentación, por ello se tiene que en la actualidad la pirámide poblacional se encuentra totalmente invertida, eso indudablemente acarrea un desequilibrio en el Sistema de Seguridad Social, dado que tal factor incide o coarta el sano desenvolvimiento inter-generacional que comporta, observándose que al disminuir la tasa de natalidad y al aumentar las cifras de ciudadanos ubicados en la tercera edad, mal podrían las nuevas generaciones como las únicas fuentes actuales de financiamiento de los que dejan de cotizar al régimen que ampara a los ciudadanos desde el punto de vista social, coadyuvarlos al sano goce de su juventud prolongada.

En ese orden de ideas, el autor se propone como objetivo esencial, diversas teorías para tratar de resolver el problema que se plantea en el desarrollo de su tesis, entre ellas el de aumentar la edad establecida en los cuerpos normativos para ser acreedor del derecho a la jubilación, así como aumentar la cuota u aporte que realizan los trabajadores activos al momento de efectuársele el pago de sus remuneraciones y, la última aunque la más drástica, reducir la cantidad de que se le eroga a cada jubilado como pensión a los fines de equilibrar el desbarajuste planteado, dejando en manos de la dirigencia política la escogencia en cuanto a la resolución del tema planteado.

Sin embargo, el investigador analiza la posibilidad o el grado de disponibilidad que tendría la fuerza de trabajo de dedicar parte de su dinero para contribuir solidariamente con la masa de individuos que en un futuro se encontrarían ubicados en el vértice de la pirámide poblacional. Lo anteriormente mencionado, hizo que el referido autor recomendara que de acuerdo a los experimentos realizados, que en todo caso los trabajadores activos estaban dispuestos a sacrificar sus propios pagos para incrementar o para reducir los pagos de otros y que además tal propósito tendría un efecto positivo dado que tal proceder sería recíproco para con ellos mismos.

La investigación citada de carácter documental es de vital utilidad, dado que permite conocer la realidad actual que presentan los países con alto nivel de desarrollo económico respecto al tema de las pensiones de vejez, y como en el presente se han planteando diversas teorías para reducir o minimizar el problema.

Devesa, M. (2007). El Desequilibrio Financiero-Actuarial del Sistema Contributivo de Pensiones de la Seguridad Social Española. Trabajo de Grado para optar al Titulo de Doctor en Economía. Universidad de Valencia. Valencia, España. La Investigación tomada como referencia analizó el tema de la deuda implícita de la Seguridad Social española; es decir, la cuantía de las obligaciones contraídas por el sistema de Seguridad Social con los partícipes en el mismo.

De acuerdo a lo descrito por la Autora desde el punto de vista financiero, una de las características más importantes de este sistema de reparto de prestación definida de la Seguridad Social, es que las prestaciones causadas no quedan financiadas totalmente en el momento en que se producen; sólo existen garantías financieras mientras existan personas activas que realicen las aportaciones necesarias.

Es decir que, palabras más palabras menos, existe un contrato intergeneracional implícito permanente, en virtud del cual, a cambio de las aportaciones que los trabajadores realicen durante su etapa activa, recibirán una pensión pagada por los que estén activos en cada momento.

De la misma forma destaca, que no se suele valorar o contabilizar la deuda contraída (ni con los activos, ni siquiera con los pasivos), de ahí que por eso se le denomine deuda implícita, en ese sentido refiere que, aparentemente, el sistema sólo se preocupa de realizar los pagos de las pensiones del año que se trate y no parece estar obligado a valorar los compromisos adquiridos.

En general, determinó en su investigación documental que sólo la Seguridad Social de los países que han pasado de un sistema de reparto a uno de capitalización por ejemplo, Chile y México, y alguno más como Estados Unidos o Suecia han llevado a cabo tal cuantificación, es decir, determinar a ciencia cierta la salud o viabilidad financiera del sistema de pensiones adoptado; ello conlleva un estudio económico para medir la brecha existente entre la cantidad de personas a los cuales se le sufraga su pensión con el número de personas que en la actualidad se encuentran cotizando al sistema y que no requieren a la fecha una prestación de las previstas en la Seguridad Social del país que se trate.

La tesis doctoral tomada como referencia se vincula directamente con la presente investigación, debido a que el tema estudiado permite observar como en España existe la duda razonable respecto a la viabilidad desde el punto de vista financiero del régimen de Seguridad Social que allí se desarrolla, y en ese sentido, como se trata de buscar posibles variantes para afrontar tal situación.

BASES TEÓRICAS

En el Marco Teórico Referencial se muestran las bases de las diversas teorías y conceptos relativos a la administración, que orienten el sentido del presente estudio. En este sentido, Balestrini, M. (2005) señala que "una vez que se ha reducido el problema a términos precisos y explícitos; (…), es necesario situar el marco de referencia teórica que orienta el estudio en todos sus aspectos".(p. 91).

En este orden de ideas, las teorías sustentadas con el ordenamiento jurídico venezolano vigente relacionados con la presente investigación se enfocan hacia el Régimen Prestacional de Pensiones en Venezuela y su incidencia con los componentes de otras legislaciones latinoamericanas

Origen de la Seguridad Social en Venezuela

La Seguridad Social en general es concebida y reconocida como un Derecho Humano Universal que le asiste a toda persona de acceder, por lo menos a una protección básica para satisfacer estados de necesidad.

Es así como la concepción universal respecto del tema ha llevado a cada nación a organizarse con el objeto de configurar variados modelos al servicio de este objetivo. En este contexto siempre se concibió al Estado como el principal, si no el único promotor de esta rama de la política socioeconómica puesto que los programas de seguridad social están incorporados en la planificación general de este.

Sin embargo, es destacar que aunque se señale lo contrario no siempre se consiguió a través de tales políticas desarrollar e implementar un sistema de seguridad social justo y equitativo que tomara en consideración a los más desvalidos. Se suma a ello el vertiginoso avance de la economía mundial. En otras palabras, no hubo un desarrollo paralelo de ambas áreas, condición vital para lograr un crecimiento equilibrado.

El Estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen y aseguren el bienestar de los ciudadanos en determinados marcos como el de la sanidad, la educación y en general todo el espectro posible de seguridad social. Estos programas gubernamentales, financiados con los presupuestos estatales, deben tener carácter gratuito, en tanto son posibles gracias a fondos procedentes del erario público, sufragado a partir de las imposiciones fiscales con que el Estado grava a los propios ciudadanos. En este sentido, el Estado de bienestar no hace sino generar un proceso de redistribución de la riqueza, pues en principio, las clases inferiores de una sociedad son las más beneficiadas por una cobertura social que no podrían alcanzar con sus propios ingresos.

En este Sistema se engloban temas como la salud pública, el subsidio al desempleo, o los planes de pensiones y jubilaciones y otras medidas que han ido surgiendo en muchos países tanto industrializados como en vías de desarrollo desde finales del siglo XIX para asegurar unos niveles mínimos de dignidad de vida a todos los ciudadanos e intentar corregir los desequilibrios de riqueza y oportunidades.

A su vez, el sistema de pensiones y jubilaciones con cierto nivel de consistencia, para el sector público venezolano, se promulgó en el año 1928, correspondiendo a una ley especial de pensiones civiles, jubilaciones y retiros militares. El beneficio de ésta ley se obtenía cumpliendo ciertos requisitos, como tener treinta años de servicio activo, consecutivos o no, siempre y cuando las interrupciones laborales no excedieran un año. No obstante, en este sistema no existía monto ni porcentaje preestablecido de las pensiones afín al salario, sino que estaba regido por el servicio que se había prestado a la patria.

Subsiguientemente en 1936 una vez terminado el gobierno de facto de Juan Vicente Gómez, se promulga la Ley del Trabajo y posteriormente se establecen en la Constitución Nacional algunos derechos sociales, entre ellos los de asociación y libertad de trabajo, disponiendo, a su vez, la reserva a la competencia del Poder Federal la legislación de sanidad, educación agraria, de trabajo y previsión social; cuatro (4) años después se promulgó la primera Ley de Seguro Social Obligatorio en Venezuela, resguardando también a los instructores que pasaran a situación de retiro. Sin embargo, es a partir del año 1944 cuando se constituye un ente en especifico para el área de la seguridad social como lo fue el Instituto Central del Seguro Social.

A la postre, en 1946 se reforma la Ley de 1944, dando origen al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), instituto con personalidad jurídica y patrimonio propio, dependiente del Gobierno Central. Podría afirmarse que a partir de la formalización del Instituto de Seguridad Social comenzó a estructurarse un Sistema de Seguridad Social orgánico, central y con carácter amplio.

En el año 1951 se deroga la Ley de 1940 y se sustituye por el Estatuto Orgánico del Seguro Social Obligatorio, luego, durante 1966 se promulga la nueva Ley de Seguro Social, totalmente reformada, comenzando su aplicación efectiva a partir de 1967. En la nueva Ley del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se funden los seguros de enfermedades, maternidad, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el seguro de asistencia médica. Además, se amplían los beneficios de asistencia médica integral, se establecen las prestaciones a largo plazo (pensiones) por conceptos de vejez, sobrevivencia, invalidez, incapacidad parcial, así como las asignaciones por nupcias y asistencia funeraria.

La ley moderniza la prestación de servicios y en tal sentido crea dos regímenes: el parcial que se refiere sólo a prestaciones a largo plazo, y el general que además de prestaciones a largo plazo, incluye asistencia médica. Asimismo, se prevé el establecimiento del Fondo de Pensiones y el Seguro Facultativo.

Para el año 1975 mediante Decreto Presidencial se extiende el Seguro de Prestaciones en Dinero (pensiones) a todo el territorio nacional, el cual comienza a ser efectivo a partir del 1 de octubre de 1978; posteriormente, en 1984 se estableció el régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública, a través del Estatuto del Fondo de Jubilaciones de los Empleados Públicos, sin embargo, el estatuto no uniformó el sistema de jubilaciones en la administración pública, por el contrario, no han dejado de proliferar sistemas que sustentan sus beneficios en el ingreso fiscal, básicamente, petrolero.

El deterioro del sistema de pensiones y la necesidad de reestructurarlo, obligó a múltiples decisiones políticas y financieras; sin embargo, el IVSS ha sido sometido a varias reformas, manteniéndose durante los años 1992-96 en permanente reestructuración con proyectos coordinados por organismos externos: CORDIPLAN, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda, y acuerdos de financiamiento y reforma institucional apoyados por organismos internacionales. En este último caso los compromisos nacionales incluían reformas integrales a la seguridad social; este proyecto y reforma tiene alrededor de diez (10) años en ejecución sin que se materialicen resultados. Adicionalmente, se han producido cerca de doce (12) proyectos de leyes en materia de seguridad social y pensiones, sin resultados concretos.

De este modo la discusión sobre la viabilidad y modernización del Seguro Social lleva más de una década, obligando a que desde 1998 sus compromisos financieros han debido ser atendidos con recursos provenientes del fisco nacional.

Bases Legales

Legislación Venezolana

Las pensiones como las conocemos hoy en día, derivó en una necesidad que aún es actual, el hombre desde finales del siglo XIX ha mejorado su calidad de vida por lo que puede decirse que esta envejeciendo; esta institución a nivel general tiene por objeto proporcionar a los trabajadores, durante su vejez, viudedad o incapacidad, un ingreso periódico que cubra las necesidades de subsistencia y que su titular tenga la misma o una mayor calidad de vida de la que tenia con la finalidad de asegurar una vejez o subsistencia cónsona con los principios de dignidad social de todo ser humano.

Las relaciones laborales y la administración del trabajo como veedores de la seguridad y el hecho social de los empleados u obreros no puede contentarse con ofrecer al hombre una existencia digna en tanto pueda trabajar, para olvidarse después. Las relaciones laborales y la administración del trabajo tienen hoy un fundamento distinto, el trabajo es un deber social pero es fuente del hecho social y este consiste en primer término, en el derecho a la existencia, por eso las mismas están en el deber de asegurar la existencia del hombre en el presente y el futuro.

La Real Academia Española (2001) define a la pensión como:

(Del lat. pensio, -onis). 1. f. la cantidad periódica, temporal o vitalicia, que la seguridad social paga por razón de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad. (p. 115).

Es decir que se puede inferir, que la pensión es un Derecho del trabajador o cualquier ciudadano al servicio o no de un ente público o privado, de percibir un pago fijo y periódico, equivalente en mayor o menor medida al sueldo que le correspondía durante el tiempo de su prestación, del tipo de incapacidad o del sueldo del causante, hasta la fecha de su muerte.

Es de destacar que el Derecho a la Seguridad Social está reconocido como derecho fundamental en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada como tal por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217-A de fecha 10 de diciembre de 1948, en su articulo 22 y en el artículo 9 del Pacto internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

No en vano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) esta facultada para procesar y decidir todas aquellas demandas que pueda presentar un administrado contra cualquier Estado que conforme la Organización, cuando sienta vulnerado su Derecho Humano de no ser integrado al Sistema de Seguridad Social de su país de origen, por considerar que todos los ciudadanos de cualquier nación americana deben gozar de los regimenes que le aseguren una existencia digna para afrontar su vejez e incapacidad entre otras situaciones.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) concibe a la Republica como un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, lo que significa que el Estado en todos sus niveles debe postular la defensa y el fortalecimiento de aquellos elementos que contribuyan a mantener el nivel de vida de todos los ciudadanos y de integrar a las clases sociales de escasos recursos económicos a la vida, para que participen como miembros plenos de la sociedad.

Es decir que con tal postulado que tiene su origen en Europa, específicamente en Alemania, el constituyente busca que se evite cualquier tipo de discriminación y la exclusión social con lo cual se indefectiblemente se pretende extinguir al máximo las grandes brechas existentes entre las clases altas, medias y bajas de la sociedad venezolana, que como toda las sociedades latinoamericanas están marcadas por amplios margenes de desigualdades.

Por otro lado, el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) establece que todos los venezolanos tienen Derecho a la Seguridad Social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social.

De la misma forma se esboza que el Estado Venezolano para darle cumplimiento a tal Derecho debe diseñar, organizar, constituir y estructurar un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas; destacando que, el administrado que no tenga recursos para contribuir directamente mediante aportes al Sistema de Seguridad Social no debe ser excluido del Sistema.

Partes: 1, 2

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