¿Qué pasó el 19 de Abril de 1810?

INTRODUCCIÓN

En torno al 19 de abril de 1810, los historiadores y
estudiosos de la materia han creado las más diversas y
controversiales interpretaciones acerca de lo que ocurrió
ese día. La más conocida y difundida, es aquella
que nos enseñan en las aulas de clase de los colegios: el
19 de abril de 1810 se inició el proceso de independencia
de Venezuela, razón por la cual cada año lo
celebramos como una fiesta nacional.

Más recientemente se han planteado nuevas
interpretaciones, las cuales señalan que, si bien es
cierto que los hechos que ocurrieron el 19 de abril de 1810
desencadenaron en un proceso que condujo a la declaración
de la independencia absoluta de España el 5 de julio de
1811, también es cierto que no se puede asegurar que este
haya sido el propósito inicial de los participantes en los
acontecimientos de aquel jueves santo.

Quienes así piensan, consideran que lo que se
planteó hace 200 años fue una vocación
autonomista frente a la crisis que vivió la
monarquía española a partir de 1808, producida por
el amenazador control de la península por parte de las
fuerzas militares francesas al mando de Napoleón
Bonaparte, la ilegitimidad del Consejo de Regencia y la desigual
representación de las Cortes Generales y Extraordinarias
de 1810, sin que ello representara o tuviese como
aspiración romper con los vínculos del rey
legítimo de España e Indias, Fernando
VII.

Esta interpretación no se refiere
únicamente a los hechos ocurridos en Caracas y las
principales ciudades de la Capitanía General de Venezuela,
sino que permitiría explicar el movimiento juntista y las
diferentes manifestaciones de adhesión y lealtad que se
expresaron en la mayoría de las provincias americanas
entre 1808 y 1810, como respuesta a la disolución de la
Junta Suprema Central – que contemplaba la
participación de representantes americanos– y al
establecimiento del Consejo de Regencia. Ideas que mantienen
además, una estrecha relación con el discurso
pactista que se había plasmado en 1808 y que se retoma
nuevamente dos años más tarde, según el
cual, en ausencia del Rey, la soberanía regresa a los
pueblos, de allí que las juntas americanas se declaran
defensoras de los derechos de Fernando VII.

El propósito de este trabajo, es brindar a los
jóvenes de nuestro país en el marco de la
conmemoración de los bicentenarios de la independencia
nacional, un libro de carácter informativo que complemente
y profundice aspectos desatendidos por la historiografía
tradicional, concerniente al 19 de abril de 1810, fecha en la
cual se constituyó un nuevo gobierno que buscaba controlar
a la provincia y satisfacer demandas de una mayor
participación política y libertades
económicas, pero en el contexto de una profunda crisis de
la monarquía española, de la cual formábamos
parte desde hacía 300 años, sin que ello, al menos
en ese momento, tuviese como propósito inmediato la
declaración de la independencia absoluta de España,
acontecimiento que ocurrió unos meses más adelante:
el 5 de julio de

1811.

Pero ¿Qué pasó el 19 de abril
de 1810?, esta interrogante será respondida a
través de un recorrido que haremos por los diferentes
sucesos previos, tanto los ocurridos en la península como
en la Capitanía General de Venezuela, a la vez que
detallaremos lo acaecido el propio día. Para ello
presentaremos dos capítulos: Crisis de la
monarquía española (1808-1810) y Del
juntismo a la independencia absoluta en Venezuela, en los
cuales desglosaremos de manera detallada los aspectos aquí
señalados.

CAPÍTULO I

CRISIS DE LA
MONARQUÍA ESPAÑOLA (1808-1810)

La desintegración de la monarquía
española a raíz de las abdicaciones reales que se
dieron en la ciudad francesa de Bayona en mayo de 1808,
desencadenaron una serie de acontecimientos que culminaron con el
establecimiento de nuevas formas de representación
política en el mundo ibérico. Una de ella fue la
formación de juntas de gobiernos locales en España,
así como sus intentos en los territorios de
América, las cuales invocaron el principio legal
según el cual, en ausencia del rey la soberanía
recaía en los pueblos. Tales formas de
representación llevaron a la creación de la Junta
Suprema Central y Gubernativa del Reino, instancia que
proporcionó una solución a la crisis de la
monarquía ante la invasión francesa, y que
reconoció los derechos de las provincias españolas
y americanas.

No obstante, ante el fracaso político y militar
que representó la Junta Suprema Central y Gubernativa del
Reino a principios de 1810, como consecuencia del avance
francés sobre Andalucía, se disolvió y se
estableció en su lugar el Consejo de Regencia, instancia
que no fue reconocida por buena parte de las provincias
españolas americanas, razón por la cual se dio paso
a su vez, a la conformación de juntas supremas
conservadoras de los derechos de Fernando VII, las cuales
asumirían la soberanía interina hasta el regreso
del monarca; sin embargo, meses más tarde estas
instituciones radicalizaron sus acciones políticas hasta
la declaración de independencia absoluta de España,
dándose inicio así, al largo y complejo proceso
emancipador de los americanos y el comienzo de la
construcción de los estados nacionales.

DOS REYES UNA MONARQUÍA. DE LA
INVASIÓN NAPOLEÓNICA A LAS ABDICACIONES DE
BAYONA.

1808 fue para España un año de gran
inestabilidad política, pues tuvieron lugar una serie de
acontecimientos que vinieron a poner en peligro el gobierno de la
monarquía española. El primero de esos sucesos se
produjo la noche del 17 de marzo, y es conocido como el
motín de Aranjuez; siete semanas más tarde tuvieron
lugar los levantamientos del 2 de mayo en la ciudad de Madrid; y
sólo tres días después se producen las
abdicaciones de Bayona.

Como mencionamos, el primer acontecimiento tuvo lugar en
una población española de nombre Aranjuez. Las
razones que hicieron desencadenar la revuelta fueron varias: una
de ellas tuvo que ver con las consecuencias de la derrota en la
batalla de Trafalgar (cabo de Trafalgar, provincia de
Cádiz–España), ofensiva que se llevo a cabo
en octubre de 1805, y que tenía como objeto la
invasión de las islas británicas por parte de
Napoleón Bonaparte. Este enfrentamiento se hizo entre los
aliados Francia–España y la armada británica.
Otra razón está relacionada con el descontento
popular y las intrigas de la Corte, donde se había creando
un núcleo opositor en torno al futuro Fernando VII,
formado por aristócratas recelosos del poder del primer
ministro Manuel Godoy, el Príncipe de la Paz, y
escandalizados por la supuesta relación que
mantenía éste con la reina María Luisa de
Parma.

Una tercera causa fue la presencia de tropas francesas
en la península, en virtud del Tratado de Fontainebleau, y
con el cual se fueron ocupando di versas localidades
españolas. Este convenio fue firmado entre España y
Francia el 27 de octubre de 1807, y con él,
Napoleón Bonaparte estableció la forma como
debía efectuarse la invasión y dominio de Portugal
y su posterior partición; sin embargo, para ello
necesitaba que el ejército francés entrara en
territorio español para que pudieran continuara su marcha
hacia Lisboa.

Este movimiento de tropas alarmó a Godoy, y en
marzo de 1808, temiéndose lo peor, sugirió a la
familia real que se retirara a Aranjuez para que en caso de
alguna necesidad, pudieran seguir camino hacia el sur y
embarcarse hacia América, como lo había hecho el
rey Juan VI de Portugal. El 17 de marzo, tras correr por las
calles de Aranjuez el rumor del viaje de los reyes, partidarios
del príncipe se aglomeraron frente al Palacio Real y
asaltaron la casa de Godoy, quien logró esconderse durante
dos días, luego de los cual fue encontrado y trasladado
hasta el Cuartel de la Guardias de Corps donde permaneció
prisionero por casi un mes, hasta que fue trasladado a Francia
por orden de Napoleón.

Los seguidores del príncipe Fernando, prolongaron
el motín de Aranjuez durante dos días, lo que llevo
a que el 19 de marzo el rey Carlos IV, tomara la decisión
de ceder el trono a su hijo; es así como en horas de la
tarde abdica y el príncipe de Asturias se convirtió
en el rey Fernando VII, quien volvió a la corte donde fue
aclamado por el pueblo de Madrid.

Unas semanas más tarde, tuvieron lugar los
levantamientos del 2 de mayo de 1808 en Madrid, surgidos por la
protesta popular ante la situación de incertidumbre
política generada tras el motín de Aranjuez. Estas
protestas, llevadas a cabo ante el Palacio Real, fueron
reprimidas por las fuerzas napoleónicas presentes en la
ciudad desde el 23 de marzo, bajo el mando de Joaquín
Murat, quien no conforme con haber calmado el levantamiento, se
planteó controlar la administración y el
ejército español, a la vez de aplicar un riguroso
castigo a los rebeldes para que sirviera de escarmiento a los
españoles. El mismo día del 2 de mayo firmó
un decreto con el cual creó una comisión militar
que sentenciaría a muerte a todos aquellos que
habían sido capturados en el alzamiento; y el Consejo de
Castilla publicó una proclama en la que se declaró
ilícita cualquier reunión en sitios públicos
y se ordenó la entrega de todas las armas, blancas o de
fuego.

Finalmente, entre el 5 y el 6 de mayo de 1808 en el
castillo de Marracq de la ciudad francesa de Bayona, tuvieron
lugar los acontecimientos conocidos como las abdicaciones de
Bayona, en las cuales se llevaron a cabo una serie de renuncias
sucesivas: en primer lugar el rey Fernando VII devuelve la corona
a su padre Carlos IV, éste lo hace a favor de
Napoleón, y por último, el emperador francés
la concede a su hermano José, quien reinaría con el
nombre de José I a partir del 7 de julio de 1808
después de jurar la nueva Constitución y de
recibir, acto seguido, el juramento de fidelidad de los
componentes de la junta española de Bayona. Llegó a
Madrid el 20 del mismo mes, y gobernó hasta junio de
1813.

La ausencia del monarca legítimo, la
imposición de una dinastía extranjera, la
sublevación popular contra Napoleón y la guerra que
siguió a ésta, llevaron a los españoles
peninsulares y americanos a plantearse como nunca antes una serie
de cuestiones políticas cruciales, de cuya solución
dependía la expulsión del ejército invasor y
más tarde, la recuperación de la nación. La
respuesta práctica que los españoles dieron a este
problema fue la creación de juntas, que empezaron a
formarse en cuanto se esparcieron las noticias de lo ocurrido en
Madrid y Bayona.

¿QUIÉN GOBIERNA ESPAÑA?
DE LA JUNTA SUPREMA CENTRAL A LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO
DE REGENCIA.

El juntismo marca el inicio de la nueva era
política que se abre para España y América
en 1808, ya que son ellas las que encarnan la soberanía
popular, concepto político que simboliza y contiene el
germen de los cambios que los liberales españoles
pretenderán instaurar un poco más adelante. Las
juntas se convirtieron en las instancias donde el poder
político español se reconstituyó, y en el
cual la doctrina de la soberanía del pueblo
encontró su única materialización
política.

A partir del desconocimiento del gobierno central de
Madrid por parte de la Junta General del Principado de Asturias
el 9 de mayo de 1808, y su declaración de guerra a Francia
dos semanas más tarde, el número de juntas
aumentó considerablemente; el discurso utilizado se mueve
dentro de un registro de tipo tradicional: obligación
política como compromiso personal con el rey Fernando VII,
defensa de la religión y de los usos y
costumbres.

Durante estos primeros meses de la crisis, las noticias
de lo sucedido en la península empezaron a llegar a las
diferentes regiones americanas. La distancia que las separaba de
la metrópoli determinó que algunas, dependiendo de
las novedades recibidas en un cierto momento, se vieran
más afectadas que otras. Además, sólo la
Junta de Sevilla fue capaz de enviar comisionados a todos los
territorios importantes, mientras que la de Oviedo los
envió únicamente al Virreinato de la Nueva
España; no obstante, el objeto de ambas era obtener la
lealtad de los americanos a Fernando VII a través de su
reconocimiento como representantes privilegiadas de las
demás juntas peninsulares.

Por otra parte, los emisarios de Napoleón
Bonaparte y su hermano José, estaban activos en toda la
América española recibiendo órdenes, tanto
del Consejo de Castilla como del Consejo de Indias, de acatar al
nuevo monarca. Esta situación contribuyó a crear un
ambiente sumamente confuso para los americanos y fomentó
la sensación de desamparo que manifiestan a partir de ese
momento.

Al poco tiempo de conocerse las noticias peninsulares,
los cabildos proponen la creación de juntas que asumieran
el gobierno interino en nombre del rey Fernando VII. El fidelismo
americano contenido en las propuestas para constituir juntas era
aparentemente tradicionalista, pero no lo resultaba tanto en sus
posibles consecuencias pues contenían los gérmenes
de una actitud autonomista y así lo percibieron las juntas
peninsulares, por lo que se opusieron a la formación de
juntas en América, argumentando, entre otras cosas, la
inexistencia de una situación de guerra.

El 25 de septiembre de 1808, se formó en Aranjuez
la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, integrada por dos
vocales de cada una de las dieciséis juntas locales
establecidas en las capitales de las provincias peninsulares
hasta ese momento. Su conformación constituyó el
primer paso institucional del gobierno que regirá los
destinos de España hasta 1810, fecha cuando se disuelve y
se constituye el Consejo de Regencia que supeditada a las Cortes
Generales y Extraordinarias, y que pasó a constituirse en
el gobierno que funcionó hasta el regreso del rey Fernando
VII.

La Junta Suprema Central Gubernativa representaba a toda
la nación, y a la vez representa también al rey, o
al menos a la permanencia de su poder. Se trata, en todo caso, de
una institución inédita en España por
diversos motivos: su origen (poder popular delegado), su forma
(35 miembros iguales entre sí) y sus fines (asumir la
totalidad de los poderes soberanos).

En lo que respecta a América, la Junta Suprema
Central Gubernativa representa el primer intento de llevar a los
territorios ultramarinos por una senda política que
rompía de manera radical con los moldes que habían
regido las relaciones entre la metrópoli y sus provincias
durante casi 300 años. El 22 de enero de 1809 la Junta
Suprema Central publicó el decreto mediante el cual
convocó a los americanos a elegir a los diputados que,
como representantes de América, formarían parte de
la misma. Las implicaciones de esta disposición fueron
múltiples, pero se trata sin duda de uno de los
acontecimientos claves del proceso revolucionario, ya que abre
por primera vez el debate de la igualdad política entre
los españoles peninsulares y americanos.

A raíz de este documento, el problema de la
representación, que en la península había
sido parcialmente resuelto con la instalación de la Junta
Suprema Central, se convirtió en América en el
punto alrededor del cual girarán todos los temas
políticos fundamentales, así como las diferencias
esenciales entre los españoles americanos y peninsulares.
El decreto es una declaración solemne de igualdad
política que, sin embargo, contenía algunos
elementos que la negaban: el tono empleado, la utilización
de los términos colonias y
factorías; además de la escasa
representación que se adjudicaba a los diputados
americanos (9 frente a

36 peninsulares), a pesar de que se estimaba que la
población americana era mayor a la peninsular.

La trascendencia del decreto es fundamental, no
sólo porque en términos teóricos abre el
debate sobre la igualdad entre España y América,
sino también porque en términos prácticos
dio origen a una serie de documentos, poderes e instrucciones,
que son de enorme valor para conocer y comprender la cultura
política de los territorios americanos en aquel momento y
sobre todo, porque desencadena por primera vez en el mundo
hispánico, una serie de procesos electorales. Pero
además, este decreto plantea otra cuestión de
singular importancia: la centralización política
que conllevaba la convocatoria a elecciones, privando al juntismo
americano de su razón de ser, al absorber la Junta Suprema
Central todo el poder que las juntas de este lado del
Atlántico intentaban asumir.

Durante buena parte de 1809 se realizaron las elecciones
de diputados en las provincias americanas que formarían
parte de la Junta Suprema Central. Aunque la gran mayoría
de los seleccionados no pudieron llegar a la península
como consecuencia de la disolución de esta instancia de
poder, este proceso eleccionario representó un
considerable paso en la formación de un gobierno
representativo moderno. A pesar de esta decisión de
ampliar la representación, siempre quedó la idea
entre los principales miembros de la Junta Suprema Central, que
la única manera de lograr una verdadera legitimidad era a
través de la convocatoria de Cortes Generales del Reino, y
sobre este tema discutieron reiteradamente hasta la fecha de su
disolución, en enero de 1810.

La profunda mutación ideológica que la
España peninsular vivió y transmitió de una
u otra manera a América entre 1808 y 1810
terminaría por distanciarlas. En el mismo momento en que
la España inició su transición de manera
abrupta y contradictoria en muchos sentidos hacia un
régimen distinto, América plantea una
relación con la metrópoli sobre bases completamente
diferentes a las que en la práctica, habían
imperado entre ellas durante casi trescientos años. Al
contacto con los principios que guiaban la transición
peninsular, poco después surgirán en los
territorios americanos, que eran en muchos aspectos
todavía más tradicionales, los primeros movimientos
autonomistas exitosos.

REACCIONES
AMERICANAS. LEALTAD FIDELIDAD Y PATRIOTISMO.

Al conocerse en los territorios americanos las noticias
de lo que ocurría en España, las reacciones no se
hicieron esperar: lealtad a Fernando VII y a la monarquía
española, y de rotundo rechazo a la usurpación
francesa dirigida por Napoleón Bonaparte, fue la respuesta
inmediata que dieron sus habitantes. Vale destacar que la
reacción que se produjo fue semejante a la que se dio en
la península, específicamente en lo que se refiere
al lenguaje, temas y valores de referencia que se discutieron en
las reuniones que se llevaron a cabo.

No obstante, a pesar del derrumbe de las instituciones y
del aparato político de la monarquía
española, de la situación de vacío de poder
que produjo la ausencia del rey, del desconocimiento generalizado
de las autoridades constituidas y la disgregación del
poder en numerosas juntas provinciales, en los territorios
americanos no ocurrió ningún movimiento sino hasta
mediados de 1808, y se dieron con el objeto principal de
demostrar fidelidad y patriotismo hacia el rey y la
monarquía española, lo que evidenció
además, la firme y arraigada tradición de lealtad a
la corona.

La exaltación patriótica que se desprende
de todos los impresos peninsulares y americanos, así como
de las ceremonias cívicas, está fundamentada
esencialmente en valores antiguos: fidelidad al rey, defensa de
la religión, de las costumbres y de la patria. En palabras
del historiador francés François-Xavier

Guerra: "los vínculos personales de vasallaje
para con el rey y la identificación del catolicismo a lo
español, que había sido durante siglos elementos
esenciales de la unidad de la Monarquía, continúan
siendo totalmente operativos". En cada caso, las manifestaciones
de lealtad se inscriben dentro de la tradición, y
recurrieron al sistema de representaciones del imaginario
político del Antiguo Régimen.

Las fuentes americanas muestran el mismo patriotismo
exaltado, representado en la figura del rey Fernando VII, y
la misma determinación de resistencia al invasor
francés que la península. Los temores de algunos
peninsulares de que América reconociera a Napoleón
Bonaparte, van a ser inmediatamente desmentidos, pues los
americanos rechazaron las abdicaciones y declararon su
condición de españoles y de patriotas, tal y como
lo demuestran los ejemplos que veremos a
continuación.

El Virreinato de la Nueva España conoce la
renuncia de Carlos IV el 9 de junio de 1808, y el 16 de julio
llegan las noticias que anuncian las abdicaciones de Bayona. Una
semana más tarde se conoció el levantamiento
producido en Madrid el 2 de mayo, la creación de las
juntas y el apoyo de los ingleses a la causa española.
Inmediatamente el pueblo manifestó su apoyo a Fernando
VII, así como su oposición al invasor; para ello en
la capital y en las ciudades principales, efectuaron
celebraciones en honor al rey y a la monarquía
española, a la vez que el retrato del monarca fue colocado
en el balcón y el pueblo solicitó pasearlo en
triunfo por las calles de la ciudad con el mayor
entusiasmo.

Reacción similar se dio en el Virreinato del
Río de la Plata una vez que llegaron en julio de 1810, las
noticias de la situación que se vivía
España. En tal sentido, el ayuntamiento de Buenos Aires y
el del resto de las ciudades que conformaban el virreinato,
propusieron el rechazo a Napoleón y que se gobernara en
nombre de Fernando VII; sin embargo, el virrey Santiago de
Liniers y Bremond, vaciló e insistió en que se
aguardara la llegada de más noticias provenientes de
España o de otras regiones de América.

A mediados de agosto llegó un representante de
Napoleón Bonaparte, quien fue despreciado por las
autoridades y por el pueblo de Buenos Aires. A finales del mismo
mes, la princesa Carlota Joaquina de Braganza, hermana de
Fernando VII y esposa del príncipe regente de Portugal,
lanzó una proclama desde Río de Janeiro en la que
aseguraba que era regente de España e Indias, y que
gobernaría en nombre de su encarcelado hermano. No
obstante, si se reconocía como regente el Río de la
Plata quedaría subordinado a la corona portuguesa, por lo
cual las autoridades decidieron realizar el 21 de agosto de 1808,
la jura de Fernando VII.

Por su parte, en el Virreinato del Perú las
noticias llegaron en los primeros días del mes de octubre.
La jura se llevó a cabo sin mayores debates ni
alteraciones el 13 del mismo mes. En Nueva Granada los informes
llegan de manos del enviado de la Junta de Sevilla, Juan
José de Sanllorente, quien había desembarcado en
Cartagena el 6 de agosto, y llegado a la ciudad de Santa Fe de
Bogotá a principios de septiembre. Su misión era la
de obtener el reconocimiento del monarca. En Santa Fe de
Bogotá la jura del rey Fernando VII se realizó con
el lujo y el ceremonial de rigor. Al recibir las noticias de la
Junta de Sevilla, se procedió a la jura, a recoger los
donativos y se publicó un bando donde se informaba las
últimas noticias. El 11 de septiembre se llevó a
cabo la ceremonia, se adornaron los balcones, puertas y ventanas
y se colocó el retrato del rey.

El ayuntamiento de Santiago de Chile hizo clara su
posición en septiembre de 1808 al declarar "la lealtad de
los habitantes de Chile en nada degenera de la de sus padres, que
a costa de su heroica sangre sacaron este país del estado
de barbarie en que se hallaba, y uniéndolo al imperio
español, lo civilizaron, poblaron e hicieron religioso
[…] sólo queremos ser españoles y la
dominación de nuestro incomparable rey".

En Chuquisaca el arzobispo promovió rogativas y
procesiones para orar por el rey cautivo, y se colocaron edictos
en las puertas de las iglesias solicitando limosnas por la
salvación del monarca. El 25 de septiembre de 1808 se
realizó la jura del monarca; dos días más
tarde se celebró una misa y las autoridades de la ciudad
mandaron a que se acuñara una moneda alusiva al acto de
jura. En Cochabamba la jura se realizó el 2 de octubre y
en la ciudad de La Paz el día 13 del mismo mes. Al
día siguiente se hicieron corridas de toros para celebrar
el natalicio del nuevo rey Fernando VII.

La homogeneidad de la respuesta americana evidencia la
fortaleza, coherencia y unidad del imperio español,
consolidado tras trescientos años de construcción y
arraigo de un sistema de prácticas y valores comunes que
abarcaban todas las instancias de la sociedad. Es así como
las ceremonias de la jura de Fernando VII, las representaciones
de los cabildos y los pronunciamientos en favor del monarca y
rechazo a la usurpación francesa, se inscriben dentro de
los códigos y fundamentos del Antiguo Régimen en
defensa de la religión, la patria y el rey. Estos actos y
pronunciamientos también fueron expresados por las
autoridades de la Capitanía General de Venezuela, tal y
como veremos en detalle en las páginas que siguen a
continuación.

CAPÍTULO II

DEL JUNTISMO A LA
INDEPENDENCIA ABSOLUTA EN VENEZUELA

Las primeras respuestas americanas ante los sucesos
peninsulares de 1808, estuvieron caracterizadas por sentimientos
y expresiones de lealtad al rey y a la monarquía
española; basadas en criterios políticos
tradicionales de la relación entre la persona del monarca
y el conjunto de reinos y provincias que la conformaban,
diferentes entre sí, pero iguales en derechos y
deberes.

La legitimidad del sistema prevaleció a pesar de
la invasión de Napoleón Bonaparte y las
abdicaciones de Bayona, es decir, permaneció la idea de la
monarquía en la figura simbólica del rey
cautivo. No obstante, aquella convulsión
política e institucional que sufría la
península, hizo emerger algunas tensiones acumuladas. Como
resultado de ello, los sectores privilegiados y
políticamente activos, peninsulares y criollos,
intensificaron sus recelos y desconfianzas, lo que llevo a tomar
posiciones y a dar respuestas efectivas para el control de la
situación en las provincias americanas.

En las páginas siguientes veremos que fue a
partir de 1810, cuando se incrementaron las manifestaciones
reivindicativas y autonomistas en las que la legitimidad de las
autoridades españolas quedó en entredicho. Desde
este momento además, el problema de la fidelidad y la
ruptura insurgente marcó la evolución
histórica de los territorios americanos, y la llevó
definitivamente hacia su propia identidad regional y
posteriormente nacional, esta última lograda con la
independencia absoluta de España.

Las declaraciones de lealtad y fidelidad al rey
manifestadas por las instituciones municipales, como
representantes de los pueblos, reflejan la idea de un
vínculo recíproco entre el monarca y el reino que
no puede romperse de forma unilateral. Las teorías
pactistas, según las cuales el pueblo era la fuente
primaria del poder y que su ejercicio lo delegaba en el rey
legítimo, hundían sus raíces en el
pensamiento desarrollado por la escuela española de
derecho natural y racionalista. Estas ideas estuvieron presentes
en la justificación de los levantamientos peninsulares, y
del mismo modo, persistieron en las manifestaciones de lealtad
que se dieron en la América española. En este
sentido, la cuestión estaba planteada en los siguientes
términos: ausente el rey, cesaban todas las autoridades
delegadas y era preciso crear juntas que asumieran la
soberanía de manera interina. Sobre estos fundamentos, la
doctrina absolutista del origen divino del poder real,
desaparecía y la soberanía volvía a los
pueblos, representados inicialmente en los cabildos y
ayuntamientos.

La existencia de estas instituciones y el
establecimiento de juntas en la Capitanía General de
Venezuela, revela hasta qué punto las doctrinas pactistas
fueron invocadas para afrontar la crisis peninsular de 1808,
derivada de la invasión napoleónica y de las
abdicaciones reales en Bayona. Por otra parte, reconocer que los
territorios americanos formaban parte de la monarquía
española, así como el otorgamiento de
representación dentro de las principales instituciones
peninsulares, animó a los españoles americanos a
demandar mayor autonomía.

Hasta 1810 las respuestas se caracterizaron por la
defensa de los derechos del rey Fernando VII, y en aquellos
lugares donde las posturas habían sido más
radicales, las autoridades pudieron sofocarlas. A partir de ese
momento, los cabildos llevaron la iniciativa y protagonismo,
convirtiéndose en los actores más importantes en la
vida política americana. En este contexto, lo más
importante radica en el hecho de que América tomó
conciencia de su realidad particular en el marco de la
monarquía, y de esta manera y ante la crisis,
inició el camino de reasumir su soberanía e
independencia.

Los movimientos iniciados en América en 1810,
surgieron sobre la base del establecimiento de juntas locales que
gobernaban en nombre del rey Fernando VII y que progresivamente
fueron derivando hacia posiciones claramente independentistas
sobre todo en 1811. El cabildo se apoderó del poder, y
como representes de la autoridad, depuso las principales
autoridades constituidas. Las juntas americanas fundamentaron sus
acciones en los mismos principios que habían defendido las
juntas peninsulares dos años antes, pero en este momento
se pensó que el gobierno soberano de España
había fracasado, asumiendo ante los acontecimientos la
reversión de los derechos de la soberanía interina.
Su negativa al reconocimiento del Consejo de Regencia estuvo
fundada en los mismos principios que animaron a la Junta de
Cádiz, y en gran medida, el proceder de ésta
sirvió de justificación a la decisión de
rechazar sucesivamente la autoridad de la Regencia y
posteriormente de las Cortes Generales y Extraordinarias mediante
el establecimiento de juntas locales.

En resumen, el análisis de la
documentación de la época evidencia que el ideario
de 1810, estuvo centrado fundamentalmente en la afirmación
del territorio como parte integrante y esencial de la
monarquía española, y en la convicción de
que en adelante no podía ser considerado como colonia, ni
ser objeto de una política absolutista y despótica.
El sentimiento de los ayuntamientos fue esencialmente
antibonapartistas y fernandistas; sin embargo, estos espacios
fueron utilizados para expresar las inquietudes de sus miembros y
sus demandas de reformas y cambios. Incógnitas como:
¿cuál era el pueblo titular de la
soberanía?, ¿Qué instituciones debían
ejercer el gobierno?, ¿cuál era la naturaleza de
dicho poder?, ¿cuál era la mejor manera de obtener
la representación de los territorios?, entre otras
interrogantes, centraron la atención y las discusiones de
los habitantes de estas tierras a partir de ese
momento.

¿QUÉ PASÓ EL 19 DE ABRIL
DE 1810 EN CARACAS?

Desde los primeros días de 1810, los habitantes
de la provincia de Venezuela se encontraban en una
situación de angustia e incertidumbre como consecuencia de
la falta de noticias peninsulares.

A finales del mes de febrero, desembarcaron en el puerto
de La Guaira los tripulantes de la goleta Rosa.
Inmediatamente se trasladaron a la capital para ofrecer sus
mercancías e informar sobre los últimos
acontecimientos: el avance de

las tropas francesas en Linares y Almadén, y el
manifiesto del gobierno español a los habitantes de
Sevilla, noticias muy poco alentadoras. Desde ese momento –
escribiría posteriormente el intendente de ejército
y Real Hacienda Vicente Basadre– "empezó en Caracas
un rumor sordo de que España estaba perdida y no dejaron
de esparcirse y propagarse estos rumores en todo el mes de marzo,
porque no llegaba ningún buque ni noticias de
España".

A mediados de marzo, la publicación oficial de la
provincia, denominada la Gazeta de Caracas,
anunció la reunión de las Cortes Generales y
Extraordinarias del Reino, y en entregas sucesivas la
Instrucción que debería seguirse para la
elección de diputados americanos. Para finales de ese mes,
el 29 de marzo de 1810, el capitán general Vicente Emparan
y el auditor de guerra José Vicente de Anca, publicaron un
bando denunciando las últimas maniobras del "tirano
Napoleón" contra la nación española "cuyas
armas y perfidia aumentan más y más cada día
en la metrópoli el valor y patriotismo". Asimismo
establecieron algunas medidas para identificar y detener los
espías franceses "provistos de papeles sediciosos y cartas
fingidas de nuestro amado monarca".

Una semana más tarde, el 7 de abril, Emparan
publicó nuevamente un manifiesto reconociendo que el
gobierno "ha llegado a entender que corren en esta capital
especies muy funestas sobre la suerte de la metrópoli",
pero asegura "que este silencio acredita que los existentes en
nuestra península están tranquilos sobre su
conservación y la de las América". Para culminar,
hizo un llamado a la calma y esperanza de mejores tiempos
"esperemos tranquilos ver la suerte que tiene destinada a nuestro
amado Fernando, y a la Madre Patria, que no dudo será
favorable, pues por lo que hemos experimentado vamos bien que
obra la mano del Todo Poderoso".

Entre el 12 y 14 de abril llegó a Puerto Cabello
el bergantín Palomo, que partió del puerto
peninsular español de Cádiz el 3 de marzo, y
traía noticias de la toma de Sevilla, del inminente ataque
a Cádiz –último bastión de la
resistencia española–, de la disolución de la
Junta Suprema Central y de la conformación del

Consejo de Regencia como autoridad soberana. Esta
información llegó a Caracas el 17 de abril y las
autoridades fijaron inmediatamente carteles en las calles de la
capital recomendando tranquilidad ante los rumores que generaron
las nuevas noticias.

El proceso de instalación de la Junta Suprema
Conservadora de los Derechos de Fernando VII, establecida el 19
de abril de 1810, se inició con la llegada a Caracas el
día anterior de dos emisarios de la recién
constituida Regencia, quienes habían sido enviados con el
fin de solicitar el reconocimiento de estas provincias. En una
ciudad llena de rumores y noticias contradictorias sobre el
verdadero estado de la España peninsular, este hecho vino
a desatar la presión de algunos jóvenes criollos
caraqueños que llevaron al alcalde del ayuntamiento
capitalino Martín Tovar Ponte y al regidor Nicolás
Anzola a presionar a su vez al vicepresidente del cabildo,
José de las Llamozas, para que convocara una sesión
extraordinaria para las primeras horas del 19 de abril de
1810.

Con esta situación, nuevamente los dos temas
más sensibles y complejos del debate que se había
producido en los territorios americanos, el de la
soberanía y el de la representación
política, se convierten en el centro de la discordia que
servirá de fundamento, entre muchos otros, a la final
decisión emancipadora de mediados de 1811. La
opinión generalizada con respecto al tema del ejercicio de
la soberanía, remite a cuestionar y rechazar la
legitimidad del Consejo de Regencia como depositaria de la
soberanía, y en relación con el tema de la
representación, será la desigualdad que se presenta
en las Cortes Generales y Extraordinarias.

El planteamiento era sencillo, pero al mismo tiempo
complejo por su impacto en buena parte de los americanos: si se
les había convocado para que participasen en la
máxima institución de la monarquía
española en calidad de diputados en 1809, proceso que pese
a las complicaciones se había realizado en varias
capitales de América, no podían informarles que no
existía la Junta Suprema Central y que en su lugar se
estableció la Regencia como depositaria del rey Fernando
VII.

Ante las nuevas noticias provenientes de España,
la respuesta de buena parte de los americanos fue el
desconocimiento de la autori dad y legitimidad del Consejo de
Regencia, y la creación de juntas supremas depositarias de
la soberanía y defensoras de los derechos de Fernando VII.
Las juntas que se constituyen en 1810 no reconocen a los
representantes del poder real, y desconocen la autoridad del
Consejo de Regencia; defienden el derecho de reasumir la
soberanía al tiempo que rechazan y condenan la desigual
representación que se ofrecía a los americanos para
participar en las Cortes Generales que se reunirían a
finales de ese año en Cádiz.

En la ciudad de Caracas, miembros de las familias
principales preocupados por la situación en España,
se reunieron en diversas casas durante todo el día 18,
mientras que otros recorrían la ciudad para alertar a sus
partidarios. Al día siguiente, el 19 de abril de 1810,
algunos integrantes del cabildo, entre ellos el alcalde
Martín Tovar Ponte, el alférez real Feliciano
Palacios Blanco, el síndico procurador Lino de Clemente y
los regidores Valentín de Ribas, Nicolás Anzola,
Isidoro Antonio López Méndez y Dionisio Palacios,
estaban de acuerdo en plantear la necesidad de formar una junta
inmediatamente. Otros, como el alcalde José de las
Llamozas y el regidor José Hilario Mora, no se
oponían abiertamente , pero mostraban cierta
inconformidad. El marqués del Toro, Francisco
Rodríguez del Toro, coronel de milicias y su hermano
Fernando, inspector general, apoyaron desde Valencia el
movimiento, al igual que buena parte de la oficialidad de los
cuerpos regulares y de las milicias.

No estaba comprometida la jerarquía
eclesiástica, pero algunos sacerdotes eran partidarios de
la conformación de la junta, como José
Cortés de Madariaga y el presbítero Francisco
José Ribas, hermano del regidor Valentín de Ribas,
y de uno de los más destacados promotores de la
revolución y ciudadano del pueblo de Chacao, José
Félix Ribas.

El 19 de abril de 1810, a tempranas horas de la
mañana, los miembros del Cabildo Municipal de Caracas se
reunieron en la sede del mismo. Hacia las 8, los regidores
Valentín de Ribas y Rafael González invitaron al
gobernador y capitán general Vicente Emparan a reunirse
con el ayuntamiento, la cual acepto el funcionario
español, y a la cual fue acompañado por su asesor
José Vicente de Anca. Allí se encontraron con la
celebración de un cabildo extraordinario que Emparan no
había convocado, y era él, el único que
legalmente podía hacerlo. Una vez en la reunión, se
le instó a formar una junta para hacer frente a la
terrible crisis que atravesaba la península, a lo cual
Emparan argumentó que la situación militar no era
crítica y que si la Junta Suprema Central había
cesado, la Regencia la había sustituido; pero se
replicó que este último cuerpo no era
legítimo, pues no había sido elegido por los
españoles, como sí había ocurrido con la
Junta Suprema Central de España e Indias.

En última instancia, decían los
cabildantes caraqueños, la provincia de Venezuela
tenía tanto derecho de crear su propia junta como las
provincias españolas. Todas reconocían por rey a
Fernando VII, pero la Regencia no tenía derecho a ejercer
soberanía sobre Venezuela en nombre de aquél. A las
9 de la mañana, Emparan cortó el debate, alegando
que era hora de asistir a los oficios de Semana Santa en la
catedral; acompañado del cabildo, cruzó la plaza en
medio de una inquieta multitud allí congregada. Al llegar
a las puertas del templo se oyeron voces de "¡a Cabildo, a
Cabildo!". Francisco Salias atajó enérgicamente a
Emparan, lo tomó por el brazo y le exigió volver al
Cabildo. Al ver este desacato a la primera autoridad civil y
militar, los granaderos que formaban la guardia ante el templo
aprestaron las armas, pero su jefe, el capitán Luís
de Ponte, les ordenó quedarse firmes. Emparan
accedió a regresar a la sede del cabildo, al igual que lo
hicieron los cabildantes y algunos vecinos de la ciudad de
Caracas.