¿Qué competencias necesita el auditor para enfrentar los retos del presente?

¿Qué competencias
necesita el auditor para enfrentar los retos del
presente?

Resulta cada vez más frecuente que se demande la
participación ciudadana en los procesos de
auditoría y fiscalización. Incluso se acepta que
esta colaboración le asigna un carácter de
imparcialidad, por ejemplo, el propio Secretario General de la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI) Dr. Josef Moser en las jornadas
ASOSAI-EUROSAI realizadas en septiembre del 2011, en Estambul,
Turquía, afirmó "la cooperación con el
público, en especial con los ciudadanos, representa
condición importante para el fortalecimiento de la
independencia en las Entidades Fiscalizadoras Superiores" (EFS).
Y del 13 al 15 de julio de 2011 en Viena, Austria, se
realizó el 21° Simposio NU/INTOSAI acerca del tema
"prácticas efectivas de la cooperación entre las
Entidades Fiscalizadoras Superiores y los ciudadanos para
aumentar la rendición de cuentas pública". Idea
fortalecida por el pensamiento académico e intelectual de
la accountability o rendición de cuentas. Sin embargo, lo
anterior refleja no solamente el demérito o
desvaloración de la función o papel del auditor
sino también una concepción que determina la
direccionalidad o sentido prevaleciente en la academia, entidades
de fiscalización, y organizaciones no gubernamentales, que
resulta equivocada.

Porque la participación ciudadana como supuesta
vigilancia de los vigilantes no garantiza la mejora de la
fiscalización, en tanto no se dote de nuevas competencias
al auditor. Que para pretender generar una política
integral y coherente de rendición de cuentas, se comienza
necesariamente por la rendición de cuentas del propio
Órgano Rector de la Fiscalización Internacional.
Por ello abordaremos tres de las prioridades definidas en el Plan
Estratégico de la INTOSAI 2011-2016, tales
como:

• 1. Fortalecer la creación de capacidades
  de las EFS.

Se ha establecido como meta estratégica la
creación de capacidades institucionales, señalando
que "debe reconocerse el considerable progreso que se ha
conseguido en los esfuerzos de creación de capacidades a
través de la INTOSAI, es necesario que exista un progreso
continuo" (www.intosai.org, p. 7). Y en julio 2011, el Banco
Mundial hospedó la tercera reunión del
Comité Rector de la Cooperación INTOSAI Donantes en
Washington, D.C. En ésta reunión se logró el
acuerdo de crear un fondo común para el desarrollo de
capacidades de las Entidades de Fiscalización y una
convocatoria para la presentación de propuestas de
Desarrollo de Capacidad Institucional. Cuando por otra parte,
Manuel Núñez, presidente del Tribunal de Cuentas de
España, en el IX Seminario de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, contextualiza la problemática de la capacidad
institucional (si esta se entiende por la capacidad de hacer,
entender, y hacer la mejor utilización de los
conocimientos para afrontar y saber solucionar los problemas del
entorno) al preguntarse: ¿Sirven los Tribunales de
Cuentas (EFS) de hoy para dar respuesta a los problemas que la
situación actual plantea?

Aunque un año antes, el asunto lo abordaba, la
letrada del mismo órgano rector, Pilar Jiménez
Rius, al lamentar que tanto los políticos como dirigentes
"nadie ha mencionado al Tribunal de Cuentas ni a sus
homólogos autonómicos. No se han preocupado de
analizar si dichos organismos responsables del control del gasto
están funcionando correctamente y cumpliendo la
misión que constitucional, estatutaria o legalmente tienen
atribuida" (expansión.com, 02/06/2010). Por ello en el
artículo de la letrada se resaltaba, "Los grandes
olvidados de esta crisis: las instituciones de control
externo"… y sigue cuesta abajo el deterioro de la
imagen de la profesión, al extremo de demandar, "O
apartamos a los contables del escenario o acabaremos como
víctimas de los números que sepultarán las
ideas y los discursos políticos" (Lluis Foix, La Europa de
los contables,lavanguardia.com,13/10/2011). No obstante, continua
la ortodoxia en la fiscalización, impasible e
imperturbable, declarando, el Auditor Superior de la
Federación (ASF) en México, que "entre los asuntos
que son prioritarios para el desarrollo del país, la
transparencia y la rendición de cuentas"[1]
y por ende, la fiscalización. Pero también en el
Plan Estratégico de la INTOSAI, se dice "La
auditoría gubernamental tal como la llevan a cabo las
EFS crea transparencia, hace visible el riesgo y crea
controles internos sólidos y eficaces para contribuir
específicamente a la prevención de la
corrupción, siguiendo el espíritu de la
Convención de las Naciones Unidas contra la
corrupción" (p.8). Cuando Jacqueline Peschard, comisionada
presidenta del Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos (IFAI), le "Llama
la atención que entre los principios que regulan la
fiscalización no se contemple el de la
transparencia"[2]. Luego, ¿Cómo
se crea transparencia en las Entidades de Fiscalización
Superior sino es su principio ni valor central?

Y, ¿Cómo se contribuye a prevenir la
corrupción si la auditoría carece del objeto y
método para su investigación? O, acaso no es una
falacia que la INTOSAI afirme que "las EFS crean controles
internos sólidos y eficaces para prevenir la
corrupción". Lo que nos conduce a la siguiente prioridad
de la INTOSAI:

• 2. Fomentar la lucha contra la
  corrupción.

El tema ha originado una profusa emisión de
lineamientos, como:

• Administración de Programas y Controles
  Antifraude.

• Convergencia Internacional de Medidas y Normas de
  Capital. Comité de Basilea.

• Declaración sobre Normas de Auditoría
  DNA(SAS)99, (AU-316) La consideración del fraude en
  los estados financieros.

• Ley Sarbanes-Oxley.

• Norma Internacional de Auditoría NIA-11,
  sección 240 A, Fraude y Error.

• Norma Internacional de Auditoría NIA (ISA),
  sección 240, Responsabilidad del auditor de considerar
  el fraude y error en una auditoría de estados
  financieros.

Las disposiciones anteriores tuvieron como objetivo
mejorar la confiabilidad y transparencia de la información
financiera, y sin embargo, se presentaron más
escándalos bancarios y financieros. Y no obstante se
continua aceptando y justificando que "los auditores no son parte
del problema, sino de la solución. Hemos sido capaces de
detectar fraudes y de valorar activos en momentos francamente
complicados" (Mario Alonso, vicepresidente primero del Instituto
de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Revista
Auditores, núm. 14, enero 2011, p.7). Pero en contra
posición, la información de la Asociación de
Examinadores de Fraudes de los Estados Unidos (ACFE) que
publicó en 2006 un estudio realizado mediante encuestas a
profesionales certificados acerca de: ¿Cómo se
descubre el fraude? La respuesta: Por la denuncia anónima,
seguido del descubrimiento accidental. Posteriormente, Lehman
Brothers y Madoff, entre otros casos, lo confirmaron.

Aunque también el presidente del Tribunal de
Cuentas de España ha señalado las múltiples
circunstancias que definen la situación actual, una de
ellas, "una determinada cultura proclive al
enriquecimiento rápido por procedimientos
descontrolados o ilícitos, tal como ha puesto de
relieve la crisis que padecemos" (fiscalizacion.es/2011/07/08).
O, expresado sin tanta vuelta, la cultura de la
corrupción. Pero se acepta generalmente que la
auditoría no se orienta a la detección de fraudes o
cualquier otra ilegalidad. Por ello el surgimiento de la
denominada "Auditoría forense", que ha intentado
complementar lo que no hace la auditoría tradicional, es
decir, enfocarse a la prevención y detección del
fraude. Más el problema no ha sido resuelto, dado la
indeterminación de su saber con respecto a la
independencia y objetividad (premisas centrales), adoptando los
mismos supuestos y mitos que pretendía superar.

España y México, integrantes de la
INTOSAI, han aceptado que los Entes de Fiscalización deben
guiar con el ejemplo la lucha contra la corrupción. Pero,
¿Cuál ejemplo? Si las EFS se encuentran sometidas a
la privacidad de la auditoría. Lo público y la
transparencia se han convertido en sólo discurso que se
diluye en la oscuridad. En consecuencia, no se satisface
adecuadamente la necesidad general de rendición de cuentas
y transparencia. Una rendición de cuentas que se
manifiesta en la Cuenta Pública, principal instrumento
institucional del sistema de rendición de cuentas,
reducido básicamente al cumplimiento de la entrega de
estados financieros. Por esto, la auditoría financiera no
examina múltiples actividades derivadas de la
gestión pública, que no son registradas ni
documentadas ni tampoco constituyen detrimentos o pérdidas
del patrimonio de la entidad pública, pero que se
convierten en actos de corrupción.

Si en México, Esthela Damián Peralta,
presidenta de la Comisión de Vigilancia de la ASF,
"informó que pedirá una auditoría a las
finanzas de Coahuila a fin de aclarar si hubo un mal
manejo de recursos públicos"[3]. Lo
anterior podría representar una concepción general
en la sociedad, pero que lo exprese la diputada del Congreso de
la Unión, responsable de la comisión legislativa
que vigila el uso de los recursos públicos, y que
además debiera de tener claro el objeto de las
auditorías contempladas en su Ley, resulta más una
declaración partidista que una expresión
responsable de quien tiene la función de coadyuvar con la
fiscalización y claridad. Porque apelar al mal nos remite
a un mundo maniqueo entre la lucha del bien y el mal. Sobre todo,
porque se ha planteado en las conclusiones del seminario de la
Red por la Rendición de Cuentas (RRC), realizado en agosto
de 2011, "para superar el déficit de rendición de
cuentas necesitamos objetivos bien definidos", y que es preciso,
"Diseñar el sentido y los contenidos de las instituciones
para que se fortalezcan las capacidades
institucionales".

Y, ¿Cómo se diseña el sentido y
contenidos de la Fiscalización, si se apela al mal? O, al
bien, o si los "objetivos están bien definidos". Pero la
cuestión no es, si los objetivos están bien o mal
definidos, el problema fundamental que los objetivos, sobre todo,
para combatir el fraude y la corrupción simplemente no
están definidos. En consonancia en las conclusiones del
seminario "Hacia una política de Rendición de
Cuentas", de la RRC, se afirma "es preciso conjurar la
simulación y la impunidad que cobija al servicio
público". Y por ende, la auditoría y la
rendición de cuentas pareciera un acto de exorcismo,
paradójicamente, proveniente del pensamiento de la
academia y de las instituciones de fiscalización, una
terminología oscura e indeterminada, que nos remite a la
contradicción, porque, ¿Cómo pretender
objetivos bien definidos si su conceptualización se
encuentra en la indefinición?

En el fondo se manifiesta una simbiosis teórica
entre la ASF y la RRC, que se muestra en la respuesta sobre la
causa que origina el déficit de la rendición de
cuentas en México: En la desvinculación de
la fiscalización, entre otras causas. Y, Juan Manuel
Portal, Auditor Superior de la Federación, en el VIII
Seminario Nacional de Transparencia, en septiembre de 2011,
afirmó "Desde una perspectiva crítica (sic),
podemos considerar que aún existe una
disgregación de esfuerzos, una
descoordinación de estrategias". Reiterando meses
antes, en discurso durante el diplomado Contraloría Social
y Rendición de Cuentas, en junio de 2011, "A pesar de que
contamos con las instancias de vigilancia necesarias, la
desvinculación entre las mismas; las diferencias en
cuanto a mandatos y marcos legales; así como aspectos
técnicos relativos a planeación de revisiones,
metodologías a aplicar o la disparidad en los calendarios
de entrega de resultados". Sin embargo, apelar a las nociones de,
desvinculación, disgregación o
descoordinación, nos remite al otro, a la falta de
relación o referencia con otro elemento, parte, o entidad.
Lo que indica que la respuesta se encuentra en la carencia de un
vínculo entre las Entidades de Fiscalización y
otras instituciones y normatividades. Luego, si la
responsabilidad acerca del déficit en la rendición
de cuentas se diluye en el entramado institucional, entonces,
cómo se:

• 3. Demuestra el valor y los beneficios de las
  EFS.

La INTOSAI demanda que las EFS evalúen su valor y
sus beneficios, tanto en términos de cómo llevan a
cabo e informan sobre sus propias operaciones, como en
términos de cómo agregan valor y mejoran la
administración financiera pública en el entorno en
que se desenvuelven.

Además, la INTOSAI ha formado un grupo de trabajo
sobre Deuda Pública que ha tenido las tareas siguientes:
Publicar directrices y otros materiales que las EFS puedan
utilizar para fomentar la información adecuada sobre la
deuda pública y la correcta gestión de ésta;
establecer los temas claves que deberán tratarse para el
desarrollo de las responsabilidades y los procedimientos
destinados a fiscalizar y evaluar los compromisos de la deuda
pública; elaborar documentos en los que se examinen las
cuestiones relacionadas con las definiciones, los informes y la
evaluación de la deuda pública; intercambio de
conocimientos con otras instituciones que se dedican a problemas
de la deuda pública; y, fomento de estudios especiales
dentro de la competencia del grupo de trabajo. Y por si fuera
poco, la INTOSAI afirma que "la auditoría gubernamental
que llevan a cabo las EFS hace visible el riesgo". Luego
entonces, ¿Cuál es el valor y beneficio de las EFS
en España, Irlanda, Italia, Grecia, y Portugal?

Porque la INTOSAI, a través de sus informes,
miembros o comisiones no ha rendido cuentas acerca de, qué
no ha servido en el grupo de trabajo de Deuda Pública. Su
presidente, Juan M. Portal, también debería de
informar públicamente sobre la gravedad de la deuda
pública en el país.

En consecuencia, los auditores sí somos parte del
problema, y lo grave es que no aparece en el presente, en el
mundo de la auditoría un punto de partida, y mucho menos,
un camino de solución. A pesar de que el trabajo se
encamine a garantizar los derechos fundamentales de todos, a
pesar de que se afirme que la ruta está planteada y
abierta con el propósito de generar una política
integral y coherente de rendición de cuentas. Y
ciertamente, cabe la pregunta: ¿Dónde
estamos?

En España, José Amengual, viceinterventor
de Baleares, ha expresado que existe un importante déficit
de control del gasto público. Y en México, la
comisionada presidenta del IFAI, reconoció que la
rendición de cuentas es deficiente. Y en el seminario
antes mencionado de la RRC, en el que participaron 43
organizaciones que forman parte de la Red para la
Rendición de Cuentas, la cual "nace de la confluencia
entre la investigación académica, el periodismo de
fondo, la acción de la sociedad civil y la
responsabilidad institucional". Por este último
concepto entiendo que se refiere a la participación de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF,
órgano rector de fiscalización) dado que forma
parte de la RRC. Lo que significa que las conclusiones del
seminario referido fueron avaladas por la ASF, y como ésta
ocupa la Presidencia del Comité Directivo de la INTOSAI
desde el año 2007, su compromiso es doble, es decir, tanto
para con las entidades de fiscalización como con la RRC. Y
sí la Red por la Rendición de Cuentas además
está conformada por instituciones tan prestigiadas, tales
como: Centro de Contraloría Social- CIESAS, Centro de
Investigación y Docencia Económicas, Centro
Universitario de Ciencias Económicas Administrativas,
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Instituto Nacional
de Administración Pública, Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y
Transparencia Mexicana, entre otros.

Por consiguiente, la deliberación surgida del
seminario sobre las causas que originan que México carezca
de una auténtica rendición de cuentas, así
como sus propuestas, se nos presentan como evidentes y ciertas,
dado que se afirma en su documento de conclusiones: "La ruta
está planteada y abierta". Luego, si en verdad está
abierta, se debería de reexaminar que antes de demandar la
ciudanización de la fiscalización se encuentra como
prioridad, la transformación de la herramienta
básica de la fiscalización, es decir, la
auditoría. Porque si su principal planteamiento se dirige
a "Determinar los contenidos mínimos que debería
tener una reforma constitucional y legal para garantizar la
rendición de cuentas en el país", entonces,
¿Se podría garantizar la rendición de
cuentas mediante la reforma constitucional, cuando la
auditoría carece de un método que demuestre en lo
concreto y específico que una auditoría ha sido
objetiva e imparcial?

Por lo que pretender que la colaboración
ciudadana por decreto legislativo o simplemente presencial, sea
condición sine qua non para fortalecer la independencia en
las EFS, resulta de una profunda ingenuidad acerca de la
problemática de la auditoría, y en especial, de la
aplicada en las entidades públicas. Pero no podía
ser de otra manera, la concepción que prevalece sobre los
auditores y contables, se reduce a la imagen fiel, de
técnicos expertos en sumas y restas, en declaraciones de
impuestos, opiniones sobre estados financieros, y también
en cómplices de hacer lo que les demanda quién les
paga, o de la obediencia derivada del poder institucional.
Más que profesionales independientes, si desde su origen
han sido servidores dóciles y diligentes en la
administración pública o privada, quedando
solamente como discurso su responsabilidad con el interés
público y social. Y no obstante en tiempo de crisis, el
vicepresidente del ICAC demanda que las firmas de
auditoría "deben reflexionar como auténticos
empresarios"
(www.marioalonso.com/efectos-de-la-crisis-en-las-firmas-de-servicios-profesionales).

De tal forma que antropólogos, abogados,
economistas, de la ciencia política, sociólogos,
periodistas, entre otros, dirijan el pensamiento de la
rendición de cuentas sin asumir la crítica y la
reflexión sobre la auditoría y
fiscalización. Sí, es la desvaloración
personal del auditor, pero también de las Entidades de
Fiscalización, supuestamente, Superior.

Pero, cómo se genera un cambio en las
competencias del auditor, si en lo próximo sus
asociaciones e instituciones de auditores y contadores no aceptan
que la auditoría y fiscalización actual, se
encuentran agotadas. Y el no reconocimiento se deriva de la
adversión al cambio, al conservadurismo o tradicionalismo,
pero también por la no compleja relación entre los
socios de las firmas de auditoría y los altos puestos
directivos de las instituciones de auditoría y
fiscalización. Observando en los hechos, que se antepone
más el interés privado que el interés
general.

La búsqueda de la independencia no solamente ha
sido el gran motor y justificación de la auditoría
y fiscalización, también representa la más
importante quimera o parodia, que ha convertido al auditor en
corredor incansable, tras la esperanza del ideal de
independencia.

Por todo lo anterior, la revista de Auditoría
Pública de los Organismos Autonómicos de
Control de Externo de España, quizá sea el sitio
más importante sobre la reflexión de la
auditoría pública en el mundo hispanoparlante,
sobre todo, porque existe verdaderamente apertura, de informar
nuevos enfoques o perspectivas, de otras formas de pensar y de
hacer la auditoría y la fiscalización. Por lo que
se promueve en los hechos, nuevos caminos que liberan el
pensamiento de los auditores para encontrarse con la actividad de
la investigación seria y rigurosa, y quizá
así, nos encontremos al voltear la página, con una
suma de auditores que demanden nuevas capacidades, derivadas de
la reflexión: ¿Para qué sirve la
auditoría hoy?

Autor:

Mario Alberto Gómez
Maldonado

Octubre 28, 2011.

[1] www.asf.gob.mx, Discurso del Auditor
Superior, Transparencia y Rendición de Cuentas,
9/06/2011.

[2] www.lasillarota.com, Deficiente,
rendición de cuentas: IFAI, 23/08/2011.

[3] El Universal, 24/08/2011.