Estado ecuatoriano ante discapacidades

Antecedentes
históricos

En el Ecuador, la atención específica a
personas con discapacidades inició aproximadamente hace
medio siglo por iniciativa de algunos padres de familia que en
búsqueda de soluciones para el problema de sus hijos,
encuentran en los países desarrollados nuevas alternativas
para su cuidado, las mismas que para ser aplicadas
requerían de la organización privada de estos. Es
más tarde, en los años 60, donde se registran las
primeras tentativas gubernamentales por cubrir éstas
necesidades y, se da paso a la intervención técnica
y sistematizada de algunas entidades gubernamentales que se
encargaron de la creación de las primeras Escuelas de
Educación Especial, en un intento por garantizar algunos
de los derechos de las personas discapacitadas, especialmente en
los ámbitos de educación, salud e inserción
laboral.

No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados en
éste sentido, no fue posible el que se alcanzaren notables
progresos en la materia, puesto que, si bien el Estado
había emprendido en éste tipo de acciones para
mejorar la situación de éstas personas, dichas
acciones carecían de sustento legal e institucional, en
vista de que Estado de esa época, no reconocía a
los discapacitados como un grupo vulnerable y, por ende, no
tenía como una de sus obligaciones y/o prioridades su
atención.

Es recién en la década de los años
70 en la que, gracias a las favorables condiciones
económicas relacionadas con el boom petrolero, el sector
público desarrolla importantes acciones en los campos de
la educación, salud y bienestar social de los
discapacitados, creándose varios servicios, organismos
administrativos y reglamentaciones a favor de éstas
personas. Ejemplo de ello es la creación en 1973 del
CONAREP -Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional-,
que se encargó por primera vez de la formación
ocupacional e inserción laboral de personas con
discapacidades. De igual manera, en 1977 se expide la "Ley
General de Educación", normativa en la que se
puntualizó como responsabilidad del Estado a la
Educación Especial para las personas con discapacidades.
Por otro lado, en abril de 1979 se crea la "Unidad de
Educación Especial"[1], con lo cual queda
completamente garantizado éste derecho. Nada de esto
hubiera sido posible, si en el ámbito constitucional no se
hubiera dado lugar a la garantía de ciertos derechos que
en constituciones anteriores no se mencionaban. En efecto, si
bien la Constitución Política del Ecuador del
año 1978 y su sucesora la de 1979, no hacen alusión
directa a la protección que debe brindársele a
éste grupo vulnerable de la población, en cambio si
garantizaban al menos en el papel, el acceso a la
educación y salud sin discriminación alguna de
todas las personas consideradas como
ecuatorianas[2]

No obstante, a pesar de registrarse un panorama
alentador, la carencia de una planificación integral por
medio de la cual, tanto instituciones públicas como
privadas, persiguieren objetivos en común y ejecutasen
acciones concretas encaminadas a la eliminación de las
barreras a las que históricamente debieron enfrentarse las
personas con discapacidades, impidieron que el efecto de las
acciones que anteriormente se mencionaron, haya sido totalmente
efectivo, pues aunque en efecto, las condiciones de vida de
éste grupo poblacional mejoraron, aún fueron sujeto
de discriminación social sobre todo en el ámbito
laboral y de movilización.

El 5 de agosto de 1982, se expide la "Ley de
Protección del Minusválido", mediante la cual se
crea el DINARIM –Dirección Nacional de
Rehabilitación Integral del Minusválido",
institución a la que se le asigna la rectoría y
coordinación nacional del trabajo que sobre discapacidades
se realizaba en el país bajo la administración del
CONAREP[3]Simultáneamente, en el sector
privado, también se llevaron a cabo nuevos esfuerzos en la
materia. Sin embargo, una vez más, los variados esfuerzos
realizados se caracterizaron por ser desordenados, con duplicidad
de acciones, dispersión de recursos y
desarticulación de acciones.

A pesar de ésta situación, ocurre un hecho
fundamental a finales de los 80`s y fue la creación del
CIASDE –Comisión Interinstitucional de
Análisis de las Discapacidades en el Ecuador-, que en 1989
por iniciativa del INNFA y los Ministerios de Salud,
Educación y Bienestar Social, promovió a
través de sus delegados un trabajo interdisciplinario e
interinstitucional que en 1991 dio a luz al "I Plan Nacional de
Discapacidades". Adicionalmente, el 10 de agosto de 1992, se
expide la "Ley 180 sobre Discapacidades", por medio de la cual
nace el CONADIS –Consejo Nacional de Discapacidades-,
entidad autónoma con el mandato legal de dictar
políticas, coordinar acciones e impulsar investigaciones
sobre la problemática de las personas con discapacidades
en el país.

Con soporte en estos hechos trascendentales, se da
inicio a una profunda transformación en la década
de los 90, en la que el CONADIS da paso a la formulación y
ejecución de acciones concretas a nivel nacional,
fundamentalmente en lo que se refiere a la expedición de
políticas y normativas[4]a la
organización y el fortalecimiento de las organizaciones de
personas con discapacidades[5]a la creación
de la Red Nacional de ONG"s del país, al establecimiento
de mecanismos de coordinación de las entidades
públicas y privadas, a capacitaciones, a la
recolección de información y a la
sensibilización comunitaria sobre éste tema. Como
complemento de estas acciones, la Constitución
Política del Ecuador de 1998 por primera vez reconoce a la
población discapacitada como un grupo vulnerable que
requiere de la atención del Estado, siendo éste el
avance más destacable de la época. Más en la
práctica, una inmensa mayoría de estas personas
vivía prácticamente en el olvido y sin
protección estatal de ningún tipo, pese a que en
2005, se llevó a cabo una nueva investigación sobre
el tema y se elaboró el "II Plan Nacional de
Discapacidades", cuyo principal objetivo fue hacer efectivas
todas aquellas medidas adoptadas en el país sobre
éste tema, lo cual jamás
sucedió[6]

En la actualidad, se ha dado un nuevo brío a las
políticas y acciones destinadas a mejorar efectivamente
las condiciones de vida de estas personas y, se ha reconocido
constitucionalmente a los discapacitados como un grupo de
atención prioritaria en donde se dedica una sección
entera que detalla sus derechos y las obligaciones del Estado
para con ellos[7]El gobierno ha declarado la
formulación de la política pública sobre
discapacidades como un eje transversal de la estructura del
sector público y, ha puesto en marcha políticas y
programas públicos en favor de la inclusión de las
personas con discapacidades en todas las esferas de la sociedad,
entre ellas el acceso al mercado
laboral[8]

En éste sentido, varios de los ejes del programa
"Ecuador sin Barreras", apuntan a la inserción laboral y a
la equiparación de oportunidades para las personas de
éste significativo grupo de la
población[9]mientras que por otro lado,
varias de las normativas recientemente instauradas como por
ejemplo la "Ley del 1×1", apuntan a garantizar algunas plazas de
trabajo fijas para estas personas. Estos hechos no hacen otra
cosa que poner de manifiesto, al menos por el momento, la clara
intención del actual gobierno de instaurar una verdadera
política de Estado a pro de la atención prioritaria
a las personas con discapacidades. No obstante, es aún
prematuro aventurarse a descartar o afirmar que efectivamente se
está logrando cumplir con éste cometido.

Situación
actual de la intervención gubernamental en pro de la
inclusión de las personas con discapacidades al mercado
laboral en el Ecuador y América latina

En la actualidad, se estima que existen alrededor de 600
millones de personas discapacitadas en todo el mundo que
conformar aproximadamente el 10% de la población mundial.
De éste porcentaje, alrededor del 80% de personas viven en
países en desarrollo en donde se enfrentan a una
situación de marginalización social,
económica y política aplastantes, sin que los
gobiernos, en general, hayan puesto real énfasis en
otorgarles las condiciones mínimas indispensables que les
permitiese alcanzar un desarrollo integral en un marco digno e
igualitario. En otras palabras, no se han hecho los esfuerzos
necesarios por pasar de la simple literatura al accionar
concreto.

En efecto, en América Latina, donde se estima que
existe una población que asciende a 300 millones de
personas, de las cuales al menos 30 millones tienen una
discapacidad[10]ha existido un accionar
gubernamental más bien paternalista que ha buscado dar
soluciones de corto plazo a los problemas que aquejan a
éste grupo de la población y, han descuidado la
formulación e implantación de soluciones concretas,
permanentes y sostenibles en el tiempo, como parte esencial de
una verdadera Política de Estado.

Resulta alarmante constatar que cerca del 20% de los
casos de pobreza que se registran en el América Latina
–caracterizados por condiciones de pobreza extrema y
violaciones a los derechos económicos, sociales y
culturales de las personas-, tienen relación directa con
la discapacidad, lo cual pone de manifiesto, la escasa
atención e incluso el abandono al que
históricamente ha sido sometido éste importante
grupo de la población, en lo que tiene que ver con la
formulación de leyes, normativas y políticas
públicas específicas cuya finalidad sea garantizar
sus derechos e inclusión en la
sociedad[11]Ésta situación puede
constatarse gracias a que, es precisamente, en las poblaciones
que viven en la línea de la pobreza, en donde como
consecuencia de la desnutrición, condiciones de vivienda
inapropiadas, condiciones de trabajo inferiores, carencia de
acceso a servicios de salud y agua potable y, la imposibilidad
del acceso a la instrucción y los recursos; el riesgo de
sufrir lesiones o malformaciones que deriven posteriormente en
discapacidades es muy elevado[12]

Enmarcándonos ya en lo que se refiere al acceso
de las personas discapacitadas al mercado laboral latinoamericano
y, considerando que el principal problema al que éstas
personas se enfrentan no es precisamente su deterioro particular,
sino más bien el estigma social, la discriminación
y la inexorable violación de sus derechos; éste es
quizá uno de los derechos socioeconómicos que hasta
antes de los años 90 menor atención y
promoción ha recibido por parte del Estado. A su vez, ha
sido uno de los derechos del trabajador que menos se ha cumplido
por parte de la empresa privada, a pesar de leyes y normativas
específicas sobre la contratación de personas con
discapacidades en varios países latinoamericanos y, la
obligación para con sus trabajadores en el sentido de
concederles salarios justos, el derecho y la garantía del
ascenso y la promoción, el reparto justo de las
utilidades, etc.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente,
ésta realidad ha dado un giro importante especialmente a
partir del año 2000, al menos con lo que tiene que ver con
el rol que debe cumplir el Estado en ésta materia. Si
bien, las leyes y normativas de las que se hace mención
fueron escazas e incluso incompletas, es en la última
década que se registra un impulso trascendental de las
mismas gracias al soporte constitucional que se les ha dado y a
los esfuerzos por lograr la cohesión entre éstas y
otros instrumentos de política a favor de la
formulación de una verdadera Política de Estado. No
obstante, es en varios países de América del Sur,
México y Costa Rica, en donde se registran
mayoritariamente dichos avances, no así en el resto de
países latinoamericanos, en donde dichos esfuerzos
aún no se encuentran totalmente articulados y carecen de
una adecuada coordinación lo que ocasiona muchas veces
duplicidad de funciones[13]

En efecto, es en ésta última década
en donde el Estado ha cumplido de manera mucho más
eficiente y efectiva su rol como ente regulador y formulador de
instrumentos, políticas y programas públicos
multisectoriales, con el objetivo de garantizar la
inclusión social y la suficiencia de oportunidades para
las personas discapacitadas. En la actualidad, a diferencia de
épocas pasadas, los estados han empezado a superar la
mentalidad paternalista que operaban, accionar con el que
buscaban apoyar el desarrollo de éste grupo de la
población en condiciones dignas, llegando en muchos de los
casos a confundir dignidad como gratuidad. Por citar un ejemplo,
en el Ecuador, por las condiciones de extrema pobreza en la que
se encontraban la gran mayoría de éstas personas,
el gobierno emprendió un programa por medio del cual les
otorgaba una subvención económica denominada "Bono
de Solidaridad". Sin embargo, éste era un programa aislado
que no formaba parte de ningún programa integral que
persiguiere mejorar sus condiciones de vida, peor aún fue
planificado como un programa que les garantizase un medio de
subsistencia temporal mientras encontraren una plaza de trabajo
bajo el soporte de la promoción de su inclusión en
el mercado laboral por parte del
Estado[14]Podría decirse que simplemente
fue una medida paliativa que le permitió al Estado "salir
del paso".

Hoy en día, a más del reconocimiento y la
garantía de los derechos de las personas discapacitadas
consagrados en las respectivas Constituciones Políticas de
cada uno de los países –especialmente los
sudamericanos-, los estados han realizado notables esfuerzos por
dotar de institucionalidad a éste sector, facilitando de
éste modo, la instauración de instrumentos,
políticas y programas que han hecho paulatinamente posible
un servicio mucho más eficiente y efectivo hacia
éste grupo de la población. Ejemplos de éste
tipo son: la conformación del Consejo Nacional de
Discapacidades (CONADIS), como órgano de
coordinación y ejecución a nivel nacional de
políticas específicas para discapacitados en el
Ecuador, así como la formulación del "Plan Nacional
de Discapacidades (1993 y 2005)" –por parte del CONADIS-,
respaldado por el "Plan Nacional del Buen Vivir (2007-2010)"
–elaborado por la Secretaria Nacional de
Planificación y Desarrollo (SENPLADES), órgano
rector de la planificación a nivel nacional-. Así
mismo está la instauración del Consejo Nacional
para la Integración de Personas con Discapacidades
(CONADIS), ente formulador y operador del "Plan Nacional de
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad
(2003-2007)" en el Perú y, la formulación e
implementación del "Plan Nacional de Intervención
en Discapacidad (2005-2007)" promovido por el "Programa de Apoyo
a la Discapacidad", éste último eje esencial de la
"Política Nacional de Discapacidades" en Colombia.
Está también la conformación de la
"Comisión Nacional Asesora para la Integración de
personas Discapacitadas" en Argentina y, el establecimiento del
"Servicio Nacional de la Discapacidad", rector del "Fondo
Nacional de Discapacidades (2010)" encargado de brindara
asistencia técnica a los discapacitados en Chile, entre
otros.

De manera que, en términos generales, es
responsabilidad de éstas instituciones la
formulación, ejecución y el seguimiento de las
políticas generales y sectoriales, así como de sus
respectivos programas públicos, en materia de la
garantía y promoción de la accesibilidad, la
inclusión e integración social, la atención
y prevención de las discapacidades, etc., con el
propósito de elevar la calidad de vida de éstas
personas. Así mismo, son las encargadas de coordinar las
acciones públicas y privadas a favor de éste grupo
de la población. Todo esto amparado bajo un paraguas legal
y político muy fuerte en cada uno de estos países
de los cuales se ha hecho mención.

En el ámbito laboral, estas instituciones y sus
respectivos gobiernos han estipulando que el trabajo es un
derecho y una obligación social que goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado, siendo
el llevar a cabo una política de previsión,
rehabilitación, promoción e integración
social, parte de sus responsabilidades para con los disminuidos.
Así mismo, es el Estado el llamado a prestarles la
atención especializada que requieran, ya sea en salud,
educación, accesibilidad, etc.[15]. Por
otro lado, existe un renovado compromiso por hacer efectivos
convenios regionales e internacionales tales como la
"Convención Interamericana para la Eliminación de
todas las formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad (1999)" y la "Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (2006-2008)" auspiciada
por el Programa de las Naciones Unidas[16]aunque
en países como Paraguay por ejemplo, los fondos destinados
a los planes nacionales de discapacidad apenas y llegan a
representar el 1% del presupuesto nacional
anual[17]

Sin embargo, aún existe un largo camino por
recorrer para que las iniciativas antes mencionadas se
efectivicen al ciento por ciento, pues aunque, en efecto, el
enfoque del manejo estatal ha mudado de aires y, hoy en
día, el Estado cumple un papel mucho más activo y
empieza a dejar de lado el paternalismo al que estuvo
acostumbrado en ésta materia; existen todavía
problemas estructurales que no han hallado solución. Por
citar un ejemplo, en Brasil, las personas con necesidades
especiales enfrentan aún muchas dificultades previo su
ingreso al mercado laboral, empezando por las penurias que deben
sobrellevar a la hora de emprender su preparación
académica. En estos centros educativos son aún
sujeto de discriminación por parte de profesores y
alumnos, así como de la imposibilidad de movilizarse pues
no existen facilidades técnicas en las instituciones para
aquello, a pesar de las reformas legales que en ese sentido se
han hecho. Esta realidad provoca muchas veces la deserción
escolar de estas personas y con ello el acrecentamiento de las
dificultades a las que se enfrentan a la hora de encontrar una
plaza de trabajo. De igual manera, la falta de información
y de conciencia social por parte de los potenciales empleadores,
son otros de los causales para que el insertarse al mercado
laboral sea aún una tarea difícil para estas
personas, a pesar de la política de sanciones y
obligaciones que les es impuesta a los empresarios por parte del
gobierno de ese país[18]

En éste contexto, Ecuador es quizá el
país latinoamericano que más avances ha alcanzado
particularmente en los últimos tres años. El Estado
ha abandonado el paternalismo al que se había acostumbrado
y, de a poco ha empezado a cumplir con su rol como ente regulador
y formulador de políticas públicas – por lo
menos esa ha sido la intención-. No obstante, los
resultados de las medidas adoptadas son aún inciertos,
debido a que, el período de tiempo que llevan
ejecución es de apenas 3 años, por lo que, es
improbable que se pueda realizar una adecuada evaluación
de sus efectos en tan corto plazo. Sin embargo, en
términos generales, puede señalarse que la
situación de estas personas es visiblemente mejor en
comparación a la que se registraba no muy atrás.
Por supuesto, aún persisten signos que evidencian lo
contrario sobretodo en el ámbito laboral en donde perduran
elementos como la discriminación social, la carencia de
oportunidades y el incumplimiento de leyes y normativas que
buscan garantizarles acceso y estabilidad laboral. A pesar de
esto, lo relevante de la situación ha sido la
erradicación de la "invisibilidad" a la que fueron
sometidos tiempo atrás y el empeño gubernamental
por dotarles de lo indispensable para hacerlos productivos y
competitivos en el mercado laboral tanto público como
privado[19]

Entre los avances más relevantes se encuentran:
La declaratoria de emergencia del "Sistema de Prevención
de Discapacidades"[20] en 208, por medio del cual,
el Gobierno Nacional a través de la Vicepresidencia de la
República toma a su cargo la formulación de la
política pública sobre discapacidades como uno de
los ejes transversales de la estructura del sector
público, desarrollando su gestión en
cooperación con instituciones como el Consejo Nacional de
Discapacidades (CONADIS), el Ministerio de Inclusión
Económica y Social, los Ministerios de Educación y
Salud Pública y, el Ministerio de Relaciones
Laborales.

Así mismo está la aprobación de la
"Nueva Constitución Política del Ecuador" en 2008,
instrumento mediante el cual se garantizaron derechos
específicos para las personas con discapacidades y
adicionalmente se decretaron leyes, normativas y regulaciones
tales como la "Ley sobre Discapacidades del
Ecuador[21]las "Regulaciones para el Registro de
las Personas con Discapacidad" y la "Ley Reformatoria del
Código Laboral[22]todas estas en favor de
la generación de nuevas plazas de trabajo, la
garantía del acceso y la estabilidad laboral y el
cumplimiento de normativas y leyes por parte de la empresa
privada y el sector público.

Por otro lado, debe destacarse la implementación
del programa gubernamental "Ecuador sin Barreras", cuya
misión fundamentalmente se centra en la inclusión
social de las personas discapacitadas, el control del
cumplimiento de los derechos de éstas personas en la
sociedad y generar las herramientas necesarias para mejorar su
condición de vida[23]El programa consta de
8 ejes fundamentales, cinco de ellos directamente relacionados
con la inclusión de estas personas al mercado
laboral[24]Finalmente, resulta pertinente el
destacar las acciones de los programas "Misión Solidaria
Manuela Espejo" y "Bono Joaquín Gallegos Lara", a
través de los cuales se han identificado y han comenzado a
atender a las personas con discapacidad en los rincones
más recónditos del país. Éste
último como una iniciativa de inversión en la
atención de personas con discapacidad intelectual o
física severa, mediante la entrega de un bono de USD 240 a
los familiares encargados de su cuidado, evitando que estos
salgan a trabajar y más bien dediquen todos sus esfuerzos
en su atención[25]

Planes y
programas vigentes

Entre los Planes y programas destinados a la
inclusión laboral de las personas con discapacidad se
pueden destacar los siguientes:

• "Primer Registro Nacional Sobre Inclusión
  Laboral De Personas Con Discapacidad": Este proyecto,
  impulsado por la Vicepresidencia de la República
  pretende realizar una investigación en 7077 empresas
  privadas que en su nómina sobrepasen los 25
  trabajadores, en las 24 provincias del Ecuador, con el
  objetivo de determinar el nivel de inclusión
  existente, en torno a la reforma de la ley de la
  República, que exige la inclusión laboral de
  personas con discapacidad en forma porcentual a las empresas
  públicas y privadas.

• II Plan Nacional de Discapacidades, el cual propone
  un Marco Normativo, políticas generales y sectoriales
  y normativas nacionales de accesibilidad, la
  consolidación del CONADIS como organismo principal en
  el sector de las discapacidades: Dentro de esta propuesta se
  incluyen políticas de: Comunicación Social,
  Información y Sensibilización,
  Capacitación y Asistencia Técnica, Defensa de
  Derechos, Accesibilidad al Medio Ambiente, Movilidad,
  Atención a personas con discapacidad en
  situación de pobreza.

• En cuanto al tema de género, se ha promovido
  la "Campaña de fortalecimiento de los Comités
  de Mujeres con Discapacidad Física" dentro de las
  asociaciones de FENEDIF (Federaciones Nacionales de y para la
  Discapacidad). La campaña se lo hizo en 20 provincias
  en donde se encuentran las 34 asociaciones de la
  FENEDIF.

• Con la colaboración de la empresa privada y
  el sector público, se llevó a cabo el proyecto
  "Jornadas Mujer Discapacidad – LA PRIMERA JORNADA SOBRE LA
  PROBLEMÁTICA BIO-PSICO – SOCIAL DE LA MUJER CON
  DISCAPACIDAD FÍSICA.

• De igual forma el proyecto "Creación de
  Tele-centros en el medio rural y Feria de Empleo "Cree en
  Mi", la Feria se convirtió en un espacio de
  visualización de colectivo de la, como un grupo humano
  que aporta al desarrollo del país.

Política y
normativas puntuales

Entre las más importantes se encuentran las
siguientes:

Es un requisito indispensable del capital físico
de una empresa, el que se invierta en la instalación de
fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de
trabajo, diseñados en base a medidas de prevención,
seguridad e higiene del trabajo, además de otras
disposiciones legales y reglamentarias particulares, tomando en
consideración, además, las normas que precautelan
el adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad,
así como las facilidades que deben dárseles para el
correcto desempeño de sus actividades.

El empleador público o privado que cuente con un
mínimo de veinte y cinco trabajadores, está
obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad,
en labores permanentes que se consideren apropiadas en
relación con sus conocimientos, condición
física y aptitudes individuales, observándose los
principios de equidad de género y diversidad de
discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley,
contado desde la fecha de su publicación en el Registro
Oficial. En el segundo año, la contratación
será del 1% del total de los trabajadores, en el tercer
año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al
quinto año en donde la contratación será del
4% del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo
que se aplicará en los sucesivos años.

El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito
en la Inspección del Trabajo correspondiente, que
mantendrá un registro específico para el caso. La
persona con discapacidad impedida para suscribir un contrato de
trabajo, lo realizará por medio de su representante legal
o tutor. Tal condición se demostrará con el
carné expedido por el Consejo Nacional de Discapacidades
(CONADIS).

Las empresas e instituciones, públicas o
privadas, para facilitar la inclusión de las personas con
discapacidad al empleo, harán las adaptaciones a los
puestos de trabajo de conformidad con las disposiciones de la Ley
de Discapacidades, normas INEN sobre accesibilidad al medio
físico y los convenios, acuerdos, declaraciones
internacionales legalmente suscritos por el país. Las
instituciones públicas y privadas, en un plazo no mayor a
seis meses, deberán realizar las adecuaciones respectivas
que garanticen a las personas con discapacidad, un ambiente de
trabajo de productividad y
permanencia[26]

El Estado garantizará la inclusión al
trabajo de las personas con discapacidad, en todas las
modalidades como empleo ordinario, empleo protegido o autoempleo
tanto en el sector público como privado y dentro de este
último en empresas nacionales y extranjeras, como
también en otras modalidades de producción a nivel
urbano y rural.

La principal finalidad se encuentra encaminada a
fortalecer a las Federaciones Nacionales de y para Personas con
Discapacidad y de la Red de Organizaciones No Gubernamentales,
para elevar su nivel de participación en la
solución de problemas de las personas con discapacidad del
país.

Discriminación laboral en
cifras

Lamentablemente, Ecuador no cuenta con
estadísticas que le permitan conocer con certeza los
niveles de inclusión laboral de las personas con
discapacidad en las empresas, y así dar un seguimiento
real a lo que establece la Constitución del
Ecuador.

La encuesta ENEMDUR (Encuesta de empleo, desempleo y
subempleo urbano y rural) no tiene una pregunta que aclare el
tipo de discapacidad que sufre una persona. En esta
circunstancia, la capacidad de un análisis
estadístico a mediano y largo plazo y la
elaboración de políticas específicas al tipo
de discapacidad es limitada.

Las estructuras y los programas "especiales", separados
o paralelos, en general, aún cuando son necesarios e
importantes, dan cobertura solamente a un 3 a 4% de las personas
con discapacidad.

Resultados

En cuanto a resultados se puede mencionar que 1.778
personas discapacitadas a nivel nacional han sido insertadas al
empleo regular en 2005. Y para el 2009 se lograron insertar y
reinsertar a 3000 personas con
discapacidad[27]

• Primer Registro Nacional Sobre Inclusión
  Laboral De Personas Con Discapacidad (Pichincha 6 de
  noviembre del 2009 al 15 de diciembre del
  2009)

Gráfico 1

Fuente: Vicepresidencia de la
República

Según las estadísticas, en la Provincia de
Pichincha la inclusión laboral de este sector social es
mínima, siendo el sector de los servicios el que
más acoge a personas con discapacidad.

Gráfico 2

Fuente: Vicepresidencia de la
República

Un limitante en cuestión de inclusión
laboral es el nivel de estudios de los individuos, ya que la
mayoría de ellos solo han terminado su educación
básica y secundaria, lo cual limita el campo laboral en el
que se pueden desempeñar, por lo que si se quiere llegar a
una mayor inclusión de este sector, se debe comenzar con
la capacitación de estas personas.

Gráfico 3

Fuente: Vicepresidencia de la
República

De igual manera se debe instituir normas de
capacitación dentro de las empresas
contratantes.

Gráfico 4

Fuente: Vicepresidencia de la
República

Otro limitante es la infraestructura, ya que es
importante facilitar a este sector su movilidad y acceso a sus
lugares de trabajo.

Conclusiones y
recomendaciones

• CONCLUSIONES.

• 1. El mercado laboral es discriminatorio frente
  a discapacitados, dada la limitada información
  estadística sobre este grupo no fue posible hacer un
  análisis más amplio.

• 2. En los últimos años, se han
  obtenido avances significativos en cuanto a inclusión
  de personas con discapacidades al mercado laboral, gracias al
  gran apoyo de instituciones que han logrado avances
  legislativos laborales importantes.

• 3. La manera más efectiva de promover la
  inclusión de las personas con discapacidad es remover
  las barreras que en la actualidad no les permiten tener tal
  participación. Estas barreras pueden ser
  físicas, sociales y culturales.

• 4. Muchos estudios (encuestas) dirigidos a
  personas activas de la PEA, no contienen preguntas sobre
  discapacidad. Esto hace particularmente difícil,
  además, un análisis en el tiempo que
  evalúe si su situación ha cambiado.

• RECOMENDACIONES.

• 1. En general es bien sabido que el trabajo
  siempre ha sido un bien escaso sobretodo en países en
  desarrollo como el Ecuador, y que son todavía
  más escasos los puestos de trabajo al alcance de las
  personas con discapacidad. En éste contexto, son las
  autoridades u organismos públicos los llamados a
  adoptar medidas orientadas a la óptima
  incorporación al mercado de trabajo de las personas
  con discapacidad, así como todas aquellas medidas
  necesarias para el mantenimiento de los puestos de trabajo
  ocupados por ellas.

De manera que, aquellos organismos encargados de la
formulación de políticas públicas
específicas sobre éste tema, requerirán de
una visión lo suficientemente clara como para poder
identificar aquellos problemas a los que se enfrentan día
a día estas personas, con la finalidad de poder tener
claro el objetivo de la política que se desee implementar,
los instrumentos que se desean manejar para efectivizar
éste objetivo, la temporalidad y la cobertura que
tendrá esta y, finalmente, el resultado que se espera de
ella.

• 2. Los hacedores de políticas
  públicas deben reflexionar sobre el hecho de que la
  discapacidad es una cuestión de derechos humanos
  más no una acción caritativa para con un grupo
  invisibilizado de la sociedad. Las personas con discapacidad
  desean la igualdad de oportunidades, por lo que, los viejos
  enfoques basados en gran medida en la compasión y en
  la indefensión deben empezar a considerarse como
  inaceptables. La acción debe girar hacia una
  concepción global que abogue por la
  modificación de la sociedad para incluir y acomodar
  las necesidades de todos los ciudadanos, incluidas las
  personas con discapacidad.

• 3. Uno de los fines fundamentales que debe
  perseguir cualquier política en favor de la
  inserción laboral y, en general, de la
  inserción de las personas con discapacidades a
  cualquiera de las esferas de la sociedad, es la
  concienciación sobre los derechos de protección
  contra la discriminación de las personas con
  discapacidad en el resto de la población, puesto que,
  si esta es escasa, poco o nada podrá lograrse a
  través de políticas desinadas a incentiven la
  inserción de estas personas.

• 4. Por otro lado, debe tenerse muy presente a
  la hora de formularse políticas públicas que
  como en todos los ámbitos de la sociedad, las personas
  con discapacidad forman un grupo muy variado de personas con
  necesidades específicas que no necesariamente son
  idénticas para unas y otras, por lo que,
  únicamente funcionarán aquellas
  políticas que respeten esta diversidad en el
  grupo.

• 5. Finalmente, debe reconocerse que para lograr
  la igualdad para las personas con discapacidad, el derecho a
  no ser discriminado debe ser complementado con el derecho a
  beneficiarse de medidas diseñadas para garantizar su
  independencia, integración y participación en
  la vida social.

Bibliografía

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS (CONADIS), "II Plan
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AGENCIA PÚBLICA DE NOTICIAS DE ECUADOR Y
SURAMÉRICA(2009) ,"Ecuador impulsa políticas
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MORENO, Lenin (2009), "Misión Manuela Espejo",
Vicepresidencia de la República del Ecuador, disponible
en:
http://www.vicepresidencia.gob.ec/programas/manuelaespejo/mision

Autor:

Edison F. Narváez T.

Luis Eduardo Totoy B.

[1] CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS
(CONADIS), “II Plan Nacional de Discapacidades”,
Gobierno Nacional del Ecuador, Quito, Noviembre 2005, p.
13.

[2] Tomado de los artículos 19 y 27 de
la Constitución de la República del Ecuador de
1978.

[3] Op.cit., p. 14.

[4] Constituye la definición de las
respectivas competencias sectoriales y promoción del
cumplimiento progresivo de las mismas.

[5] Esto se dio a través de la
conformación de 4 federaciones nacionales: FENEDIF,
FENCE, FENASEC y FEPAPDEM.

[6] Hecho que jamás se dio en la
práctica pues a toda política impulsada con ese
fin se le dio una prioridad minoritaria por sobre otras
políticas de Estado que quizá tenían menor
importancia desde el punto de vista social como lo es el pago
de la Deuda Externa.

[7] Estos derechos y deberes constan en los
articulados 47, 48 y 49 de la Constitución
Política del Ecuador de 2008.

[8] MORENO, L. (2007), “Programa
Ecuador sin Barreras”, disponible en:
http://www.vicepresidencia.gob.ec/programas/ecuadorsinbarreras/ecuador-sin-barreras

[9] En efecto, según
información estadística del CONADIS,
aproximadamente 12% de la población total del Ecuador
sufre de alguna discapacidad, ya sea ésta física,
mental, auditiva, etc.

[10] Banco Mundial (2004), “Population
Dynamics”, Washington D.C., disponible en:
http://worldbank.org/data/wdi2004/tables/table2-1.pdf; Latin
America and the Caribbean, Washington, 2004, en
http://www.developmentgoals.org/Latin_America_&_the_Caribbean.htm

[11] Op. cit., ref. 7.

[12] ABELL, H. (1999), "The poorest first:
Activities to help people in greatest need", World Health
Forum, pp. 182-187.

[13] MALDONADO, S. (2005),
“¿Exclusión o Discriminación? El
Caso de las Personas con Discapacidad en el Mercado Laboral
Peruano”, Observatorio de la Economía
Latinoamericana, pp.14.

[14] VOS, R. (2000), “Ecuador 1999:
Crisis económica y protección social”,
Estudios e informes del SIISE, Quito-Ecuador, p.48.

[15] GROCE N., GANNOTTI M. (2008),
“Marginados de la sociedad: los discapacitados de
América Latina”, The International Development
Research Centre, pp. 18-20.

[16] En América del Sur, llegado el
mes de agosto de 2010, la Convención había sido
ratificada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador,
Paraguay, Perú y Uruguay.

[17] ESCOBAR, Guillermo (2008),
“Situación de las Personas con Discapacidad en
Iberoamérica”, Federación Iberoamericana
del Ombudsman (FIO), p.53.

[18] PASTORE, J. (2008), “Oportunidades
laborales para las personas con discapacidad”,
Universidad de San Pablo, Río de Janeiro, disponible en:
http://www.disabilityworld.org/09-10_01/spanish/trabajo/brazil

[19] Esta realidad se refleja en las
políticas y estrategias adoptadas por el programa
“Ecuador sin Barreras” que se detalla más
adelante.

[20] Mediante Decreto Ejecutivo del 7 de
julio de 2008.

[21] Que entre otras cosas estipula la
obligatoriedad a la que deberán sujetarse las empresas
para la contratación de personas minusválidas en
el orden del 1% del total de trabajadores de la misma.

[22] AGENCIA PÚBLICA DE NOTICIAS DE
ECUADOR Y SURAMÉRICA(2009) ,”Ecuador impulsa
políticas públicas a favor de los
discapacitados”, disponible en:
http://andes.info.ec/sociedad/ecuador-impulsa-politicas-publicas-a-favor-de-discapacitados-192.html

[23] MORENO, Lenin (2007), “Programa
Ecuador sin Barreras”, Vicepresidencia de la
República del Ecuador, disponible en:
http://www.vicepresidencia.gob.ec/programas.

[24] Estos son: Equiparar oportunidades,
Registro de personas discapacitadas, Salud sin Barreras,
Educación sin Barreras y Empleo sin Barreras. Más
adelante se detalla cada uno de estos.

[25] MORENO, Lenin (2009),
“Misión Manuela Espejo”, Vicepresidencia de
la República del Ecuador, disponible en:
http://www.vicepresidencia.gob.ec/programas/manuelaespejo/mision

[26] www.mintrab.gov.ec

[27] CONSTITUCIÓN 2008