El gobierno municipal en Bayamo

El inicio de la Guerra de los Diez Años en Cuba,
trajo consigo múltiples cambios para Bayamo. La toma de la
ciudad, apenas unos días después del levantamiento,
trastocó significativamente la vida administrativa de la
jurisdicción. La organización y funcionamiento del
gobierno revolucionario liderado por Carlos Manuel de
Céspedes sustituyó, durante corto tiempo, al viejo
aparato gubernamental metropolitano.

Bayamo se convirtió en sede del Gobierno
Revolucionario, el cual adoptó medidas como la
organización del gobierno provisional donde estuvieron
representados diversos sectores que conformaban la
población local. Este gobierno mantuvo la estructura
administrativa colonial, compuesta por el Gobernador
político y militar, el alcalde municipal, 11 regidores, 1
comisario, el alcalde mayor, el fiscal, 3 escribanos, el colector
de rentas, 1 administrador de correos, y el vicario
eclesiástico. Además de los capitanes
pedáneos de los diferentes partidos judiciales, en ese
entonces Barrancas, El Dátil, Guisa, Casibacoa, Cauto
Embarcadero y Caureje. Se adoptaron otras medidas como la
creación de las milicias cívicas, la
declaración del carácter libre y popular de la
educación, la libertad de prensa y de palabra, se
decretó la abolición gradual y sin
indemnización de la esclavitud.

La quema de la ciudad por los propios bayameses, el 12
de enero de 1869, puso fin a 82 días de gobierno
revolucionario. A su llegada Blas de Villate, Conde de Valmaseda,
solo encontró cenizas y ruinas calcinadas. Cuatro meses
más tarde el Teniente Gobernador Político de
Bayamo, José Pascual y Bonanza, ante la necesidad de
reorganizar la vida administrativa de la jurisdicción,
nombró una Junta Municipal, que a través de las
comisiones de Ornato y fabricación, Policía,
cárcel y cementerio, Reparto interino de terrenos
distantes (a fin de que se fabricasen con prontitud) y
Beneficencia, debían encontrar soluciones a la
insólita situación
municipal.[1]

Como era de esperar las comisiones enfrentaron
disímiles dificultades en el cumplimiento de su labor. La
ciudad había quedado reducida prácticamente a
cenizas, las personas que retornaban se veían obligadas a
buscar amparo en inmuebles derruidos. La necesidad de
proporcionarse un techo donde vivir, hizo que aquellos que
regresaban se albergaran en solares, restos de muros y de
inmuebles incendiados. Para mejorar sus condiciones de vida
usaron materiales constructivos, sobre todo la madera, esparcidos
por toda la ciudad.

En las calles, patios y a orillas del río
yacían animales muertos cuyas carnes corrompidas afectaban
la salubridad. La convivencia con animales de corral
desató una epidemia de cólera. La junta municipal,
apoyada en los informes rendidos por las comisiones de trabajo,
se vio obligada a adoptar medidas urgentes para aliviar la
precaria situación del municipio. Se acordó la
compra de efectos indispensables para el saneamiento como
embases, depósitos de agua y cercas para los
cementerios.

La tétrica situación de la vivienda y las
arcas vacías del municipio, exigían una pronta
solución, por ello se acordó efectuar un
padrón general de las "casas habitadas" y se dispuso el
pago de un impuesto por los moradores en ausencia del propietario
real. Pero la solicitud de entrega de solares donde establecerse
se multiplicaba. Ello colocó al municipio ante la
disyuntiva de establecer legalmente quien tendría derecho
a la propiedad en caso de coincidencia del antiguo y el actual
morador. La comisión de Ornato, Salubridad y
Fabricación a cargo de arcadio Rocha, propuso y así
se acordó, establecer límites jurídicos
entre los derechos del nuevo inquilino y el antiguo propietario
ausente:

• 1. El derecho que le corresponde al propietario
  es el de reasumir la finca, siempre que satisfaga los gastos
  causados en la fabricación o reparación con
  exclusión del importe de los materiales que serian
  abonados por el municipio facilitándoles los de las
  casas abandonadas.

• 2. La única obligación del que
  haya reparado es la de abonar, al antiguo dueño un
  porciento del valor que tuviere en esos momentos el solar
  según tasación de peritos con
  intervención de los comisionados que entregaran a las
  partes un documento para acreditar su valor
  indemnizable.[2]

La propiedad de fincas y terrenos cultivables
también estuvo entre las preocupaciones del municipio, por
ello estableció el plazo de un año como periodo de
tiempo para que aquellos individuos dedicados al cultivo de
fincas de propiedad particular, tuvieran la garantía de
disfrutar de su labor agrícola antes de ser desalojados,
en caso de aparecer el dueño.

La extrema carencia de productos alimenticios dio al
traste con la especulación. Las autoridades municipales
alarmadas, establecieron un punto fijo de venta de viandas y
otros alimentos en la Plaza de Armas. El expendio se
extendería desde las primeras horas del día hasta
las 9 de la mañana, luego los vendedores podrían
mercar sus productos donde estimasen conveniente. Dadas las
circunstancias, las medidas trataban de no afectar a unos ni a
otros, en ese empeño no especificaba si después del
horario establecido se mantenía o no el precio fijo de las
mercancías. Tal ambigüedad y el corto espacio de
tiempo indicado dieron margen a los expendedores para mantener
fuera de la Plaza de Armas y pasadas las 9 de la mañana,
los precios altos. El fenómeno especulativo se
extendió a traves de los diez años de guerra y
abarcó, además de los alimentos, otros
artículos de primera necesidad. En el libre juego de la
oferta y la demanda, comerciantes y especuladores ponían
precios exorbitantes a las mercancías, inaccesibles a
buena parte de la población, lo cual obligó a la
Junta Municipal a fijar precios topes en más de una
ocasión.

Para enfrentar las necesidades del crecido número
de indigentes y pobres de solemnidad que deambulaban por las
calles de la ciudad, presa del hambre y las enfermedades, sin
poder emplear sus fuerzas en oficio útil que aliviara su
penosa situación, la administración municipal
decidió eximirles del impuesto por enterramiento en caso
de muerte y destinar raciones de carne para su
alimentación. Las mismas debían ser reguladas y
reajustadas sistemáticamente para evitar despilfarro,
contemplaciones de amistad, recomendaciones u otras
razones.

Situación
financiera

La Junta Municipal hacía todo lo posible por
restaurar las funciones administrativas cotidianas, pero
carecía del financiamiento necesario para el pago de los
salarios a empleados de los puestos públicos que
paulatinamente se iban restableciendo. Aun así, se
priorizó el pago de salarios de $25.00 a los
médicos Manuel Yero Rivero y Joaquín Espinosa por
atender a pobres y voluntarios. También al Secretario de
la Junta, al empleado del cementerio, entre otros. Pero la penosa
situación de los fondos públicos
imposibilitó muchas veces el cumplimiento de este
acuerdo.

Fue preciso adoptar de inmediato medidas de
carácter administrativo con miras a revertir tal estado de
cosas. El establecimiento de un impuesto sobre industria y
comercio se valoró como una buena alternativa, puesto que
poco a poco en la ciudad y partidos aledaños se
percibía cierta reanimación en este sentido. Con
tal propósito se efectúo una clasificación
de los establecimientos en dos categorías según los
capitales. Fueron relacionados en todo el término 110
establecimientos de comercio e industria. Los pertenecientes a la
primera categoría debían abonar una
contribución de 4 escudos mensuales, los de la segunda
categoría 2 escudos. En total el municipio
recibiría por este concepto 406 escudos
mensuales.

Pero el asunto no hacía más que empezar,
la clasificación era insuficiente para abarcar la variedad
de establecimientos y no se correspondía con la
proporción de los capitales. Por ello los establecimientos
fueron reagrupados nuevamente, esta vez en tres categorías
en orden ascendente de acuerdo a la cuantía del capital
con que giraban. Los de primera abonarían $1.00 mensual,
los de segunda $2.00 y los de tercera $3.00. Pero de hecho esto
no era suficiente para tratar de engrosar los escuálidos
fondos municipales, máxime cuando gran parte de los
contribuyentes evadían el pago de impuestos por razones
diversas.

Fue necesario poner en práctica otras
alternativas como el alquiler de casas abandonadas por los
insurrectos y que más o menos se conservaran en buen
estado, también se acordó el cobro de un escudo por
cabeza de ganado vacuno o mular extraído del municipio.
Esta última medida debía redundar en ganancias para
engrosar las arcas municipales, si tomamos en
consideración que el estallido de la guerra y el incendio
de la ciudad, provocaron el éxodo imprevisto de familias y
con ello la pérdida o abandono de los animales.

Siendo Bayamo una zona agropecuaria, es de suponer que
su número era crecido y al quedar abandonados debieron
dispersarse por los alrededores. Muchos de los vecinos que
retornaron debieron apropiarse del ganado que encontraron, fuera
o no de su pertenencia. La administración municipal
dispuso el establecimiento de un depósito de caballos en
el potrero de Juan Yargot, a donde debían ser conducidos
los animales que se encontraran sueltos y sin dueño.
Fueron adoptadas otras medidas como el cobro de 6 reales fuertes
por quintal de tabaco extraído del municipio, 8 reales
fuertes por quintal de cera y dos sencillos por el quintal de
cuero.[3]

A casi medio año del inicio de la guerra el
gobierno colonial, prácticamente ajeno a las
circunstancias especiales que vivía el municipio y al
estado de miseria que padecían sus habitantes,
constantemente exigía el saldo de las deudas pendientes y
la confección de los documentos de la contribución
territorial. No contentos con esto, el Gobierno Civil del
Departamento de Oriente amenazaba con imponer una multa de
$400.00 a todos los miembros de la Junta de Bayamo si no
cumplían con lo demandado.[4] Sin embargo
la imposibilidad real de hacer frente a los compromisos
pendientes hizo que Blas de Villate, Conde de Valmaseda y
Gobernador Civil del Departamento Oriental concediera permiso
para la creación de un impuesto municipal que se
reduciría solo a algunos productos de
exportación.

Al finalizar el año 1869, se habían dado
importantes pasos en la reorganización del municipio,
aunque aun era imposible saldar deudas atrasadas. La Junta
Municipal, siempre bajo la presión del Gobierno Superior,
hizo un análisis de las posibles contribuciones y su monto
anual, para la formación del presupuesto de 1869-1870. El
día 29 de noviembre fue convocada una reunión con
este objetivo, a la misma fueron invitados los mayores
contribuyentes. Así la administración municipal
estuvo en mejores condiciones de cumplir con el mandato del
Gobernador Superior Político, publicado en la Gaceta de La
Habana del 2 de febrero de 1870, donde se dieron a conocer las
reglas que regirían la vida de la jurisdicción y la
organización de la Hacienda Municipal.

El 5 de abril de 1873 se expidió una circular
disponiendo que con sujeción a las Reales Ordenes del 27
de enero de 1872 y 24 de enero de igual año, fuera
suspendida sin pretexto alguno la cobranza de cualquier tipo de
arbitrio por concepto de importación y exportación,
concedidos a la municipalidad. Esto puso a la junta en una
situación difícil, pues sus ingresos descansaban
casi exclusivamente en dichos arbitrios y al quedar suspendidos
restarían solo unos 300 pesos, recaudados a cuenta del
rastro, 2500 por Industria y comercio, cuya exacción se
haría en los dos primeros meses de cada semestre. No
existiendo entradas por este concepto el resto del año.
Por otro lado el impuesto de fincas urbanas aparece presupuestado
en 1 100 pesos, por que muchos eran cuartos arruinados, mientras
otros eran habitados por pobres de solemnidad.
[5]

Las fincas rurales no corrían mejor suerte,
según padrón formado ese mismo año. De las
estancias constituidas alrededor de algunos campamentos
militares, estas solo arrojaron 165 pesos al año, al 3 %
sobre la renta líquida. Pero al efectuar la
recaudación quedó reducido casi a la mitad. Debido
a las propias operaciones de guerra, algunos campamentos fueron
abandonados, sobre todo en el partido de Guisa, uno de los
más productivos. La municipalidad alegaba que era
imposible pretender algún recargo sobre los impuestos
existentes, pero en caso de ser suprimidos, solo quedarían
deudas de años anteriores, imposibles de cobrar, pues el
antiguo Mayordomo de propios, Jesús Fleites se
había unido a los infidentes. Por tanto quedaba claro que
la adopción de la mencionada medida obstaculizaría
en extremo el pago de sueldos a empleados como director de
escuela pública, policía, alumbrado, entre
otros.

Apertura del
Surgidero de Cauto Embarcadero

Encontrar vías para obtener arbitrios que
aumentaran los fondos municipales y permitieran asumir los
compromisos estatales, fue un desafío constante durante
los años de guerra. Por tal razón en varias
ocasiones se efectuaron ajustes en la cuantía de las
contribuciones por concepto de Industria y Comercio. De lo
recaudado dependía en gran medida la solución a
problemas urgentes del municipio, entre ellos la atención
a indigentes, la reparación de la Cárcel Municipal
y la construcción del Hospital de Caridad.

Una de las más importantes medidas adoptadas en
este período por la corporación municipal fue la
solicitud de apertura del Surgidero de Cauto Embarcadero, a
propuesta de Ángel Céspedes quien ofreció
argumentos irrebatibles, que junto a otros documentos de la
época muestran la imagen del municipio después de
dos años de guerra. La situación era bastante
compleja, los pobres y menesterosos alcanzaban la mitad de la
población y los $3000.00, aprobados por el Gobierno
Superior pero extraídos mensualmente de las arcas
municipales eran insuficientes para su
atención.

La total carencia de alimentos imprescindibles como el
arroz, utilizado en la confección de la sopa de pobres,
golpeaba duramente al municipio. Además la falta de harina
provocó el cierre de las panaderías. Las
campañas militares, las depredaciones de los insurrectos y
la falta de mano de obra en los campos, contribuyeron a la
desaparición de los sembrados, solo quedaba alguna que
otra estancia aislada. Los habitantes de la ciudad y sus
alrededores, más la población flotante que
salía diariamente del campo enfermos y hambrientos,
debían proveerse en los pocos establecimientos aun
abiertos, donde rara vez se encontraba lo que se buscaba y cuando
aparecía era a precios extremadamente altos, al alcance de
unos pocos.

Hasta ese momento las medidas adoptadas no habían
logrado evitar la escasez y carestía de productos de
primera necesidad. Entre las causas del alza de los precios
estaban las dificultades en el traslado de las mercancías
desde el puerto de Manzanillo hasta el municipio de Bayamo, baste
señalar el estado casi intransitable de los caminos, la
escasez de carretas y bueyes para el transporte de los productos
y las propias circunstancias de la
guerra.[6]

La apertura de Surgidero de Cauto Embarcadero
ofrecía múltiples ventajas, la distancia que lo
separaba de la ciudad de Bayamo era de 6 leguas, con solo
atravesar el río Bayamo, mientras de Bayamo a Manzanillo
había 14 leguas de terrenos cenagosos, ríos y
arroyos. La diferencia de fletes y la distancia podrían
abaratar el costo de las mercancías a la mitad. Hasta
tanto fuera dragado el río para el comercio de cabotaje,
podría utilizarse un vapor remolcado para facilitar la
entrada de las goletas de comercio.

Estas razones fueron más que suficientes para el
Gobierno Superior y pocos días después se
declaró habilitado el Surgidero de Cauto Embarcadero. Esta
decisión restaba preocupaciones financieras al municipio y
al propio Gobierno Superior. Sin embargo, no todo fue miel sobre
hojuelas, pronto los intereses de la administración
municipal chocaron con los de los comerciantes de Cauto
Embarcadero, quiénes protestaban airadamente por los
arbitrios impuestos por la municipalidad que los consideraba
favorecidos con la apertura del Surgidero.

La Junta Municipal, sin ceder un palmo, explicó
su posición, argumentando que para el aumento de los
arbitrios se tuvo en cuenta la opinión de los mayores
contribuyentes y el valor de la mercancía en el exterior,
sin desconocer la fluctuación de los precios en la oferta
y la demanda. Por tanto se tomó el término medio,
siendo el valor del serón 1 escudo 500 milésimas y
tres escudos la estera de yarey, el de cuero se mantenía a
igual precio que en 1869 y la demanda era alta.

Se aclaró que el impuesto cobrado en Manzanillo
ascendía a 100 milésimas y era por concepto de
exportación y nada tenía que ver con lo cobrado por
Bayamo. No obstante se elevó la queja de los comerciantes
de Cauto al gobierno superior. La administración municipal
solicitó además la suspensión del arbitrio
de Manzanillo, cuando las mercancías provenientes de
cualquier punto de la isla, con destino a Cauto, permaneciesen en
calidad de depósito hasta continuar camino.

La superioridad desestimó el pedido, teniendo en
cuenta la necesidad de Bayamo de crear nuevos recursos, incluso
"extraordinarios", para recuperarse. Por otra parte es de suponer
que consideraron improcedente la reducción del arbitrio de
Manzanillo, por que resultaba lesivo a sus propios fondos para
financiar la guerra.

Pero, como era de esperar, las contradicciones y
divergencias entre los intereses de los comerciantes y los
intereses gubernamentales continuaron. Meses después otro
grupo de comerciantes de Cauto enviaron una instancia a la Junta
Municipal protestando por la contribución de una peseta
que se exigía por cada carga recibida por el surgidero,
considerándola gravosa al no cobrársele al resto de
los comerciantes del territorio. Una vez más su solicitud
fue rechazada, las razones eran las siguientes: Con la apertura
del surgidero radicar en el territorio de Cauto representaba una
gran ventaja para los comerciantes que evitaban el traslado de
las mercancías, la preparación de convoyes, el
tránsito por caminos en malas condiciones y la tardanza en
la llegada de la mercancía a su destino, todo lo cual
encarecía su costo. [7]

Cárcel
municipal

A partir de de la reorganización político
administrativa, la Junta Municipal trabajó arduamente en
la recuperación de la cárcel, sensiblemente
afectada por las llamas del incendio. La imposibilidad de
culminar prontamente su reconstrucción conllevó a
medidas como el uso del antiguo hospital militar por ofrecer
mejores condiciones constructivas y de higiene. La propuesta no
prosperó, Sanidad militar reclamó el inmueble. El
proyecto de construcción de dos galeras en el mismo, hubo
de ser archivado.

Presumiblemente este obstáculo trajo consigo la
aceleración de las labores en la antigua cárcel. El
11 de enero de 1870 el Teniente Gobernador Superior que se
encontraba con toda urgencia reparando la cárcel municipal
donde estaban los presos civiles y militares, faltando para su
completa terminación solo una galera. La nueva
instalación contaba con un cuartelillo para guardias y una
enfermería que suplía las necesidades de hospital
en la ciudad. La situación era verdaderamente apremiante,
sobre el municipio continuaron lloviendo demandas sobre adeudos
por concepto de manutención de presos en otras localidades
y por la reconstrucción de una galera en la cárcel
de Manzanillo, adonde fueron trasladados los reclusos de la
jurisdicción cuando fue suspendida la alcaldía
mayor de Bayamo.

Para junio de 1870, la cárcel estaba
prácticamente concluida. Al mes siguiente se
procedió al establecimiento de las regularidades y el
régimen a seguir en le presidio. También se
reestructuró la junta inspectora de la cárcel.
Durante el año económico de 1873-1874, las
autoridades municipales acordaron instruir un expediente para
rematar el servicio de manutención de presos y alumbrado
de la cárcel de la ciudad, de acuerdo al articulo 57 del
10 de julio de de 1856 de formación de expediente de
remate, arbitrios y servicios municipales, lo cual incluía
agua, comida y alumbrado. [8]

Pero resultó extremadamente difícil
encontrar licitador. A pesar de que durante el año 1873 se
sacó a pública subasta, en varias ocasiones se
libraron las anuencias para su publicación en la Gaceta de
de La Habana y en el periódico local El Renacimiento
de Bayamo. Desde el inicio los miembros de la Junta
municipal estaban convencidos que dadas las condiciones del
municipio, era dudoso que se presentara algún
interesado.

Hospital de
Caridad

El Hospital de Caridad fue otra de las más
difíciles problemáticas afrontadas por el gobierno
municipal. Desde 1869 las gestiones para restaurar tan importante
servicio a la población descansaron prácticamente
en los trámites en torno a la herencia de Juana Tamayo de
Aguilera, madre de Francisco Vicente Aguilera, pues a
oídos de la Junta llegó que la misma dejó en
su testamento, 4 mil pesos al Hospital de Caridad.
Rápidamente se dieron a la tarea de averiguar sobre el
particular, al parecer confiados en que siendo Aguilera uno de
los principales cabecillas de la insurrección, no
sería difícil obtener la suma indicada a
través de los bienes que dejó.

Tras varias averiguaciones se supo que Doña
Juana, dispuso en su testamento donar en su testamento el 5% de
una de sus fincas. La Junta de Caridad reclamó el
cumplimiento de lo dispuesto a su hijo único y albacea, y
según comentarios, este eludió el pago de los
censos por carecer de numerario para abonar derechos fiscales. La
Junta acordó oficiar al Teniente gobernador de Manzanillo,
para que al instruir el expediente de confiscación de
bienes de Francisco Vicente Aguilera al municipio de Bayamo,
fuese considerado como acreedor de preferencia en
representación de los fondos de beneficencia por la suma
de 11 mil 46 escudos con 664 milésimas a que
ascendía la manda piadosa de 4 mil pesos con sus censos,
que Doña Juana Tamayo legara al hospital de Caridad de San
Roque.[9]

Al parecer las diligencias realizadas por la Junta no
dieron resultado alguno, por que en mayo de 1870, el municipio
optó por solicitar los materiales y la casa de Doña
Dolores Oduardo cita en la calle del Ángel, no. 105,
logrando obtener el remate del inmueble. Luego se acordó
formar presupuesto de albañilería y
carpintería para reconstruirla e instalar allí el
hospital de Caridad Dos meses más tarde, casi estaba
concluido el nuevo hospital. Sin embargo aun quedaban por
resolver otros importantes problemas como la indigencia. Los
pobres de solemnidad, que cada vez iban en aumento, de día
deambulaban por la ciudad y en la noche dormían entre las
ruinas del incendio.

La escasez de alimentos, provocaba que personas
provenientes del campo, mujeres, niños y ancianos en su
mayoría, se dirigieran a la ciudad en busca de de amparo y
sustento. Aunque desde 1869, el gobierno intentó
procurarles ocupación a estas familias para aliviar su
situación.

La visita de
Valmaseda

Los 3 mil pesos mensuales asignados por el Gobierno
Superior para atención a pobres e indigentes nunca
llegaron a Bayamo. Por tal razón estos gastos pesaban
sobre las arcas del municipio. Los pobres padecían hambre
y enfermedades a pesar de que el gobierno local les garantizaba
una sopa económica compuesta por arroz, carne y especias,
cuyos ingredientes eran tomados al fiado. En abril de 1870 se
adeudaban a los fondos de la junta 19 mil pesos por asignaciones
vencidas, la situación se tornaba insostenible, por ello
se determinó enviar una comisión a La Habana a
informarse acerca del paradero de los 3 mil pesos para pobres e
indigentes.

Antes de la salida de la comisión, la Junta
Municipal se reunió el 3 de mayo de 1871, para efectuar
una reunión extraordinaria en presencia del Gobernador
Superior Político de la isla y Capitán General,
Conde de Valmaseda, de visita en Bayamo por esos días. Se
aprovechó la ocasión para plantear a Valmaseda la
situación de los pobres en el municipio. El Gobernador
indicó repartir tierras a los hombres adultos que estaban
en la calle, y así evitar que fuesen gravosos al Estado.
También orientó concentrar los esfuerzos del
municipio en el fomento del Cauto, llamado a convertirse en el
centro comercial de la jurisdicción. Por tanto
creyó acertado llevar hacia aquel punto fuerza de trabajo
para el fomento de fincas, aumento de vecinos y todo lo necesario
para hacer prosperar la vida en la localidad.

Aunque esta proyección era realmente interesante
no colmaba las expectativas de la junta municipal, pues estimaban
que la única medida que podía aliviar de manera
inmediata la situación de los pobres eran los 3 mil pesos
asignados mensualmente y que nunca llegaron a su destino. El
Conde prometió dedicar más tiempo a examinar el
asunto, "hasta donde las circunstancias lo permitieran",
conciliándolo con "los preferentes gastos de guerra", toda
vez que los productos de bienes embargados, sobre los cuales
pesaba la asignación referida, estaban dados en
garantía al Banco español. La respuesta del
gobernador no consiguió desvanecer las inquietudes de la
junta.

La visita del conde de Valmaseda fue propicia para
tratar otros asuntos de interés para el municipio. Como
vía para obtener ingresos se le solicitó que los
esclavos que permanecían en Manzanillo fueran trasladados
a Bayamo con el propósito de arrendarlos a más bajo
precio, de este modo, aunque disminuyeran algo sus jornales y las
ganancias del Estado, esto traería grandes ganancias a la
jurisdicción. La solicitud fue desestimada, por considerar
que se verían afectados los fondos estatales.

Los pobres residentes en zonas rurales atravesaban por
difíciles circunstancias, carecían totalmente de
medios de subsistencia y el amparo del municipio no era
suficiente. Algunos procedentes de Caureje salían a cortar
yarey para tejer serones o a buscar mangos para vender, otros
debían conformarse con algunas viandas dispersas en lo
campos, aquellos que decidían ir a la ciudad debían
portar pases. El municipio diariamente se enfrentaba a la
disyuntiva de decidir si eran o no infidentes. Otras familias
eran hacinadas por la fuerza en los poblados para impedir
cualquier tipo de suministro a los alzados o facilitar las
maniobras de guerra.

Para los familiares de los infidentes la
situación era aun más penosa, pues le fueron
suspendidas las raciones destinadas a los pobres mediante una
comunicación del Capitán General fechada el 20 de
julio de 1870. A los que decidieran presentarse se les
daría el derecho de trabajar en los campos por cuenta
propia y a recibir la ración de alimentos para ellos y sus
parientes, siempre que estos últimos no pudieran trabajar
y viviesen en las Compañías españolas. Sin
embargo se decidió que en lo sucesivo las columnas no
recogerían familias en los campos ni se les
admitiría el amparo en los fuertes, si no contaban con
medios propios de subsistencia. Los presentados desde el recibo
de esta orden no tendrían derecho a ración ni
auxilio por parte del estado, pero se les proporcionaría
trabajo siempre que fuera posible.[10]

Aparte de los problemas urgentes que cotidianamente
debía resolver el municipio, nunca dejó de lado la
esperanza de recuperar el título de Ayuntamiento y la
visita de Valmaseda fue ocasión propicia para reiterar
esta solicitud. Argumentando entre otras cosas que a Tunas,
Holguín y Jiguaní se les había restituido.
Al parecer la Junta no confió en el buen ánimo del
Conde para resolver tal particular, días después de
la visita la comisión formada de antemano se
dirigió a La Habana con el objetivo de activar el pronto
despacho de todos los expedientes enviados al gobierno superior
relacionados con correo, instrucción pública,
titulo de ayuntamiento, limosna de pobres y otros.

Sin embargo Valmaseda cumplió con su palabra de
revisar el caso, el 3 de junio de 1871 le fue restablecido a
Bayamo el titulo de Ayuntamiento sin la intervención de la
Junta. También fueron depositados en el Banco
Español de La Habana diez mil pesos que debían
cubrir el saldo de asignaciones vencidas para socorrer a los
pobres, el estado no estaba en condiciones de abonar una suma
mayor.

El informe de los comisionados revelaba otras
halagüeñas noticias, entre ellas, había sido
aprobado el crédito extraordinario para el aumento de
alimentos a los presos, por otra parte cuando el estado se
recuperara económicamente podrían solicitar
nuevamente el abono del capital e intereses del legado de 8 mil
escudos que dejó Doña Juana Tamayo de
Aguilera.

Pero la felicidad duró poco, el 7 de octubre de
1871 se dio a conocer que por Real Orden de 11 de agosto de ese
año, su Majestad el Rey, enterado del asunto sobre
formación del Ayuntamiento en Bayamo, dispuso dejar sin
efecto el decreto expedido por el Gobierno Superior
Político de la Isla por el cual se creaba dicho
Ayuntamiento, hasta tanto se llevaran adelante las reformas
administrativas de la Isla. Esta era, al parecer, el real castigo
por la rebeldía de los bayameses. El recién
restituido Ayuntamiento, luego de acatar la disposición
dejó claro, con el debido respeto, un sencillo detalle
pasado por alto por su Majestad: el Consistorio no era de nueva
creación y había sido sancionado por el
Artículo 1 de Real Decreto Orgánico del 27 de julio
de 1859.[11]

Detrás de la aparente obediencia, hubo un velado
desacato a la disposición Real, en las actas de la Junta
Municipal y otros documentos legales, siguió constando el
título de Ayuntamiento.

Autor:

Liliana Alarcón
Vázquez.

Enviado por:

Damiana N. Pérez
Figueredo

[1] AHB (Archivo Histórico Bayamo)
Libro de Actas del Ayuntamiento, No1, 1869-1871, sesión
25 de agosto de 1871, p1.

[2] Ibídem, sesión 25 de mayo
de 1869, p4-5.

[3] Ibídem, sesión 18 de
septiembre de 1869, p34.

[4] Ibídem, sesión 4 de
septiembre de 1869, p27

[5] CNC (Casa de la Nacionalidad Cubana),
leg. 29, exp. 233, Cuadernos de Actas Municipales, año
1873.

[6] AHB Libro de Actas del Ayuntamiento, No.
1, 1869-1871, sesión 19 de dic. de 1870 p165. Para
apoyar sus planteamientos, Céspedes maneja datos
ilustrativos: Antes de la guerra una carreta con 20 quintales
de mercancía cobraba de $7.00 a $20.00 según el
estado de los caminos, en esos momentos el costo por la misma
cantidad de productos era de $120.00.

[7] Ibídem, sesión 25 de nov de
1871, p 350.

[8] AHB leg 14 exp. 256.

[9] AHB Libro de Actas de Ayuntamiento, No.
1, 1869-1871, sesión 18 de septiembre de 1869, p 33.

[10] AHB leg 12, exp. 228.

[11] AHB Libro de Actas del Ayuntamiento, No.
1, 1869-1871, sesión 7 de octubre de 1871, p
332-333.