Los llamados -contratistas- en la guerra contra las drogas

Los llamados "contratistas"
en la guerra contra las drogas

La política diferenciada del uso de
contratistas-mercenarios de empresas militares de seguridad
privada constituye otra amenaza construida a través de la
lucha contra el tráfico ilegal de drogas (TID).
Ciertamente el uso de contratistas por parte de los Estados
Unidos es una práctica política que se viene
extendiendo en el modus operandi de ese gobierno. En los
últimos años se ha apreciado cómo muchos de
los militares, políticos, diplomáticos y
contratistas utilizados en el Medio Oriente son "promovidos"
hacia América Latina y el Caribe.

La situación que vive la región, con el
auge de los cárteles de la droga, ha provocado un auge de
la violencia, llegando al punto del colapso en países como
México. La cruzada de Washington contra los
cárteles no se ha hecho esperar, y sus métodos cada
vez más violentos han devenido en altos índices de
muertes, a lo que se ha respondido con la proliferación de
la contratación de agencias privadas de seguridad militar
por parte del gobierno de los EE.UU.

Lo más preocupante es que ante la
extensión de las rutas de la droga por los países
del Cono Sur, las erróneas estrategias utilizadas en la
subregión andina, con el Plan Colombia, la fenecida
Iniciativa Regional Andina, IRA, y en el caso de México,
Centroamérica y algunos países del Caribe con la
Iniciativa Mérida, sea extendida a otros países de
la región. El paradigma político que
significó México por años, feneció
con la Iniciativa Mérida.

El sinnúmero de víctimas, la inestabilidad
político-institucional que vive esta nación,
el quebrantamiento de la seguridad ciudadana y el Estado de
Derecho, dan muestra de las fatídicas consecuencias de la
militarización de la lucha antidroga, aspecto que llega a
afectar además la paz y la seguridad
internacionales.

Pero la guerra es necesaria para las pretensiones
geoeconómicas y geopolíticas estadounidenses.
Avalados en esa contienda, se incrementan las necesidades
logísticas y de efectivos militares, que se solventan con
la participación de los contratistas-mercenarios en los
países latinoamericanos, obviando las leyes del derecho
internacional y la soberanía de los Estados
latinoamericanos, implicados en los problemas asociados al
TID.

La subcontratación de servicios de seguridad para
la cooperación en materia de lucha contra el TID, conlleva
a la extrapolación de otros conflictos, resquebrajando el
debilitado equilibrio político de las sociedades
latinoamericanas afectadas por el problema. Con ello no
sólo han penetrado en los conflictos internos de los
países (Colombia, Bolivia), sino que han influenciado en
estos en correspondencia con los intereses imperiales, en los
destinos de las luchas políticas internas. Un ejemplo
claro es el caso de Colombia, donde la cooperación de la
empresas militares de seguridad privadas se transformó de
apoyo a la lucha contra el TID en ayuda al gobierno de turno
contra las guerrillas (FARC y ELN).

La utilización de este servicio de mercenarios
produce una privatización de la guerra contra las drogas
y, a la vez, aunque de modo más paulatino, una
privatización de la seguridad ciudadana. El mundo
empresarial de la guerra perfila nuevas formas de
dominación o más bien, nuevas excusas para la
misma. Tomando como base las contrataciones con empresas
privadas, se adquieren mercenarios para la guerra, consultores
jurídicos para el fortalecimiento institucional y la
adecuación de las leyes internas de los países
implicados a los intereses hegemónicos de EE.UU.,
extendiendo el servicio de "colaboración" al asesoramiento
policial y servicios de defensa, que hacen cada día
más rentable la llamada guerra contra las drogas, para los
intereses del gobierno estadounidense y de las empresas privadas
vinculadas a estos servicios.

Las empresas de aparatos de defensa y otros servicios de
asesoría presentes en los países con conflictos,
necesitan de estos problemas, que ágilmente son alentados
por la CIA, el FBI, la USAID, la DEA, el Departamento de Estado y
el de Defensa , hostigando a aquellos gobiernos que no son
dóciles a su recetas imperiales, mediante la
demonización realizada a gobiernos contrarios, a
través de la construcción de consensos, lograda por
su hegemonía sobre los medios de comunicación y las
redes sociales informatizadas. Las agresiones que han estado
recibiendo el gobierno de Bolivia en los últimos meses son
un vivo ejemplo de ello.

Entretanto, las empresas privadas de seguridad se ven
beneficiadas por lucrativos contratos federales antidrogas que
ascienden a miles de millones de dólares, sin preocuparse
por la supervisión ni la rendición de cuentas. Para
ello "los contratistas estadounidenses en América Latina
reciben dinero de los departamentos de Defensa y Estado para
proveer servicios de inteligencia, vigilancia, reconocimiento,
entrenamiento y suministrar equipamiento"
[1]

Ahora bien, si se indaga sobre los antecedentes de la
lucha contra el TID en Latinoamérica, ciertamente el uso
de contratistas no es novedoso. "Conjuntamente a la
militarización, la lucha contra las drogas empezó a
privatizarse; aunque se menciona de la presencia de Dyncorp desde
el año 1988, se habla de sus actividades de forma
más concreta a partir del año
1994."[2] El ejemplo más conocido de su uso
ocurrió en 1995, cuando tres contratistas murieron cundo
prestaban servicios en avionetas de fumigación de cultivos
de coca. Ya en 2006 existían 26 agencias militares de
seguridad en Colombia. Para tener una idea de cuánto deja
atado a los Estados latinoamericanos la privatización de
la lucha antidroga por parte de los EE.UU., el actual presidente
de Colombia, Juan Manuel Santos, cuando ocupaba la Cartera de
Defensa reconoció públicamente: "dependemos de todo
lo que nos da Estados Unidos, sin Estados Unidos nos quedamos
miope" [3]

En la lucha antidroga participan diversas empresas
contratistas. Para el caso de América Latina las
más ganadoras son DynCorp Internacional, que
recaudó 1.100 millones de dólares, el 36% del total
del gasto en contratos antidrogas de la región efectuado
por los departamentos de Defensa y Estado, siguiéndole
Lockheed Martin, Raytheon, ITT y ARINC. [4]La
parte más lamentable de la historia es la inexistencia de
un sistema que controle si los fondos canalizados responden a los
"éxitos" en la guerra antidroga. De hecho una de las
excusas planteadas por estos departamentos es la carencia de
presupuesto que le permita crear un sistema de control más
efectivo.

La realidad es que el sentido del uso de las empresas
privadas de seguridad es el de disminuir el costo político
de las incursiones militares en territorios foráneos. Para
evitar escándalos como los de la época de Vietnam,
se usan nuevas tácticas que bajo el manto de la
contratación a empresas privadas, se recurre a todo tipo
de violaciones de los derechos humanos e, incluso, de lo normado
por la propia legislación de EE.UU. para lograr los
intereses geopolíticos y geoeconómicos que tienen
en Latinoamérica. Con esta tendencia a la
contratación de empresas de seguridad privada para la
guerra antidroga, la mayor cantidad de los fondos que se
canalizan para reducir este flagelo va hacia el pago de estas
empresas.

Lo preocupante es la tendencia a una expansión de
esta práctica que deja a los gobiernos de los
países afectados sin un control sobre las operaciones que
se realizan en su propio territorio. Un autor versado en estos
temas como Peter Singer alerta del riesgo de depender de agencias
privadas de seguridad en temas de inteligencia, que expone la
esencia de planes estratégicos gubernamentales en manos de
un actor privado. Con ello se hace entrega de la seguridad del
país a empresas privadas que, además, responden a
los intereses de los Estados Unidos. La falta de claridad en los
informes y la divergencia de los datos ofrecido por la DEA y el
Departamento de Defensa y el de Estado, confirma el tratamiento
irrespetuoso y oportunista que se le da a la lucha
antidroga.

Se calcula que EE.UU. ha gastado 3.000 millones de
dólares en la lucha contra el llamado narcotráfico
en América Latina desde 2005. Recientemente la senadora
demócrata Claire Mac Caskill, presidenta del
subcomité sobre la Supervisión de
Contratación reconoció: "Cada vez es más
claro que nuestros esfuerzos por frenar el comercio de
estupefacientes en América Latina, en especial en lo
relativo al uso de contratistas por parte del Gobierno, han
fracasado en gran medida."[5]

La investigación solicitada por Mac Caskill
revisó los contratos de 2005 a 2009 para operaciones
antinarcóticos en Colombia, México, Perú,
Bolivia, Ecuador, Haití, Guatemala y la República
Dominicana. Dicha pesquisa arrojó que el gobierno
estadounidense aumentó los contratos en un 32 por ciento,
elevando los fondos destinados de 482 millones de dólares
a 636 millones, todo ello sin que existiese un sistema que
regulase el uso de los fondos.

El Departamento de Estado, a conciencia de las
problemáticas que pueden traer las disparidades de los
controles, se comprometió a mejorar el sistema de rastreo
del dinero, señalando la debilidad de la
supervisión de los contratos y la concesión de
fondos por unos 840 millones de dólares. El
escándalo producido por las irregularidades de las
contrataciones respecto a la guerra antidroga y las funestas
consecuencias sociales que padecen los países implicados
llevó a que la Comisión Internacional de
Políticas sobre Drogas de la ONU, declara en su informe
del pasado 7 de junio de 2011, la guerra contra el
narcotráfico como un fracaso.
[6]

Sin embargo las firmas continúan desarrollando
sus contratos y servicios., las facilidades que otorgan son de
satisfacción para hábiles políticos que se
refugian en ellas, reconocidas –por el gobierno de los
EE.UU.– como el camino correcto para apartarse de las
molestias que pueda ocasionar el Congreso en relación a la
discusión sobre los costos políticos al interior de
la sociedad norteamericana, viendo en los conflictos más
que una amenaza internacional a enfrentar, una oportunidad
empresarial. Los otros Vietnam de la postguerra fría
llegaron pero sin movimientos hippies ni mayo francés, los
contratistas son el instrumento ideal para acallar la
opinión pública norteamericana y su
hegemonía sobre el cuarto poder (los medios de
comunicación) al no ver utilizado sus soldados en
territorio foráneo, sino que estos son sustituidos por los
contratistas-mercenarios.

Respecto a la ineficiencia del sistema de rastreo de los
fondos canalizados por el gobierno de EE.UU. parece más
una obra comercial que la inocencia de un grupo de
burócratas. Por solo mencionar un ejemplo, las empresas de
contratación privada estadounidense que actúan en
México, según datos del Senado de Estados Unidos,
han ganado en un período de cuatro años 170,6
millones de dólares a través de contratos con los
Departamentos de Defensa y Estado.

El paquete prometido de la Iniciativa Mérida,
1.400 millones de dólares de ayuda estadounidense a
México y Centroamérica en su lucha contra el crimen
y el narcotráfico, estaría gastándose,
asegura el relator, en la venta de tecnología de guerra y
en manos de los contratistas. Es decir que sobre la
canalización de fondos del gobierno estadounidense hacia
México, por concepto de lucha contra el
"narcotráfico", tiene un efecto bumerán, ya que se
recicla en manos de las empresas militares privadas de seguridad
y otros servicios.

En México, el gasto estadounidense en
contratistas alcanzó su máximo en 2008 de 64.4
millones de dólares, coincidiendo con el comienzo de la
Iniciativa Mérida. El informe sostiene que en todo el
continente EE.UU. ya ha pagado al menos 3 mil 100 millones de
dólares a contratistas en la lucha contra las drogas,
creciendo en un 32 por ciento en apenas cuatro
años.

Estas firmas, a diferencia de las fuerzas
multinacionales, no tienen ningún compromiso de
imparcialidad sino que, por el contrario, operan conforme a las
soluciones precisas que quiere su cliente, viendo en el terreno
no las formas de ayudar a la población, sino las de
solucionar el problema que afecta al cliente, independientemente
de que las vías que deban utilizar para lograrlo violen
los derechos humanos y las normas jurídicas del
país donde operan, incluso si las tácticas
engendran más violencia en la sociedad. El objetivo
concreto y predominante es proporcionarle a los EE.UU. cifras
alentadoras sobre la captura o asesinato de narcotraficantes y
sobre el control de territorios que considere
geoestratégicamente importante ese gobierno.

La lógica imperial de los EE.UU. encuentra en las
empresas de seguridad militar, el vínculo por donde
desviar los recursos asignados a la lucha antidroga para
América Latina y el Caribe, desviando el dinero hacia el
sector empresarial estadounidense. De este modo, lejos de
solucionar el problema del TID y otros delitos conexos en el
Hemisferio Occidental, estos recursos se encargan de apaliar las
deficiencias económicas de su sistema, con el incremento
de contrataciones al sector privado radicado en EE.UU.,
haciéndolo aliado de sus intereses geoeconómicos y
geopolíticos en la región.

La estrategia, por más crítica que
parezca, refleja la realidad de un sistema en crisis, que
aprovecha los problemas del TID en Latinoamérica para
consolidar su sistema de dominación, ante la emergencia de
otras potencias económicas y su creciente interés
en la región. Esa lógica imperial, resulta
pertinente apreciar los pilares militares económicos y
políticos como un complejo entramado de intereses a
considerar para entender las verdaderas pretensiones del gobierno
estadounidense con la guerra contra el "narcotráfico" en
la región.

Siguiendo esa línea de pensamiento, resulta
comprensible por qué no se concentren las políticas
antidrogas impulsadas EE.UU., enfrentando los problemas que
incitan en el negocio de las drogas, con la demanda del ferviente
mercado norteamericano y las dificultades que vive
Latinoamérica, con el índice de pobreza y
desigualdad social. Tampoco se ocupan de rastrear los
vínculos de los cárteles de la droga con empresas
legales transnacionales. Por el contrario, estas estrategias se
limitan a crear recetas para eliminar cultivos de plantas de las
que se obtiene materia prima para las drogas.

De esta forma, lejos de atender el tema de las drogas de
forma integral, se orientan hacia la cadena más
débil, que parte de los países pobres,
militarizando la guerra contra los cárteles de la
región, inyectando de armas a estos grupos, a la vez que
se acrecienta la permanencia de las empresas militares de
contratación privada en la región. De todo ello,
finalmente paga las consecuencias la sociedad civil. Las
experiencias de Colombia y México son un fatídico
ejemplo de lo que pudiera significar la extensión de esta
práctica la paz y la seguridad en la región. Con
ello se aprecia la verdadera amenaza: mercenarios y empresas
privadas de seguridad, haciendo dinero a costa de las calamidades
del tráfico ilícito de drogas en Nuestra
América.

Bibliografía:

Hernández Martínez, Jorge (2004). Los
Estados Unidos – América Latina: el contrapunteo
histórico entre la hegemonía y la "seguridad
nacional". Cuadernos de Nuestra América, XVI,
11-40.

Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (2001 al 2006). Informes de la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
correspondientes a los años 2001 al 2006. Nueva York:
Naciones Unidas.

Oliva Campos, Carlos (2004). América Latina y
el Caribe frente a la hegemonía global de los Estados
Unidos: los otros senderos del ALCA. Cuadernos de Nuestra
América, XVII, 135-191.

Padilla, René (1989) Principales efectos
políticos, económicos y sociales del tráfico
ilícito de drogas en las relaciones latinoamericanas
1980-1989 Tesis de Diploma. La Habana: Instituto de
Relaciones Internacionales. Texto Inédito.

Santa, Adalberto (2004). El Narcotráfico en
América Latina. México: Siglo XXI, Editores,
S.A.

Suárez Salazar, Luis (1992):
""Narcotráfico" y subdesarrollo en América Latina y
el Caribe: algunas reflexiones", en Drogas, sociedades adictas y
economía subterránea, Cochabamba, Bolivia,
1992.

Suárez Salazar, Luis (1987): "El
`narcotráfico' en las relaciones interamericanas: un
enfoque estructural", en Cuadernos de Nuestra América, La
Habana, julio-diciembre de 1987, No. 8.

Guerra antidrogas: muertes…, y
millones para los contratistas privados. En:
http://upsidedownworld.org/main/en-espatopmenu-81/3107-guerra-antidrogas-muertes-y-millones-para-los-contratistas-privados

Perret, Antoine. El uso de contratista en
Colombia: una política equivocada, Universidad Externado
de Colombia. Investigación de tesis de maestría
efectuada en la Universidad Externado de Colombia a
Bogotá.

Santos Calderon, Juan Manuel, Conferencia
pública, Hotel Tequendama 23 de agosto 2007. Y/o: Antoine
Perret. El uso de contratista en Colombia: una política
equivocada, Universidad Externado de Colombia.
Investigación de tesis de maestría efectuada en la
Universidad Externado de Colombia a Bogotá,
p.5.

Guerra antidrogas: muertes…, y
millones para los contratistas privados. En:
http://upsidedownworld.org/main/en-espatopmenu-81/3107-guerra-antidrogas-muertes-y-millones-para-los-contratistas-privados

New information about Counternarcotics
contracts in Latin America. En
http://mccaskill.senate.gov/files/documents/pdf/CNReportFINAL.pdf

Guerra antidrogas: muertes…, y
millones para los contratistas privados. En:
http://upsidedownworld.org/main/en-espatopmenu-81/3107-guerra-antidrogas-muertes-y-millones-para-los-contratistas-privados

Global Commissión on Drug Policy,
en: www.globalcommissionondrugs.org

Autor:

Alejandro L. Perdomo
Aguilera

[1] Véase: Guerra antidrogas:
muertes…, y millones para los contratistas privados. En:
http://upsidedownworld.org/main/en-espatopmenu-81/3107-guerra-antidrogas-muertes-y-millones-para-los-contratistas-privados

[2] Antoine Perret. El uso de contratista en
Colombia: una política equivocada, Universidad Externado
de Colombia. investigación de tesis de maestría
efectuada en la Universidad Externado de Colombia a
Bogotá.

[3] Véase: Santos Calderon, Juan
Manuel, Conferencia pública, Hotel Tequendama 23 de
agosto 2007. Y/o: Antoine Perret. El uso de contratista en
Colombia: una política equivocada, Universidad Externado
de Colombia. investigación de tesis de maestría
efectuada en la Universidad Externado de Colombia a
Bogotá, p. 5.

[4] Véase: Guerra antidrogas:
muertes…, y millones para los contratistas privados. En:
http://upsidedownworld.org/main/en-espatopmenu-81/3107-guerra-antidrogas-muertes-y-millones-para-los-contratistas-privados

[5] Véase: New information about
Counternarcotics contracts in Latin America. En
http://mccaskill.senate.gov/files/documents/pdf/CNReportFINAL.pdf
Véase: Guerra antidrogas: muertes…, y millones
para los contratistas privados. En:
http://upsidedownworld.org/main/en-espatopmenu-81/3107-guerra-antidrogas-muertes-y-millones-para-los-contratistas-privados

[6] Véase: Global Commissión on
Drug Policy, en: www.globalcommissionondrugs.org