La Sociedad de la Información no es un momento histórico, ni una ideología, ni un movimiento social que haya surgido espontáneamente un año de estos. Más bien se trata de un conjunto de presiones que vienen aflorando en el mundo desde la crisis del petróleo del 73. A partir de este momento las economías se plantean argumentos de innovación que creen sinergias entre mercados y den lugar al nacimiento de industrias competitivas. La velocidad de desarrollo comienza a acelerarse hasta el punto de que la carrera no consiste sólo en ganar, sino también en sobrevivir participando. En el camino se dejan muchos rasgos y valores tradicionalmente asumidos por las sociedades. Esta necesidad económica y su traducción técnica da lugar a una serie de repercusiones sociales, entre ellas Internet, el gran mito de la relacionalidad, y los ordenadores personales, las ventanas de acceso a esta red. Es a partir de este momento cuando se popularizan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y entran en las vidas de las empresas, las instituciones y las familias. Una de estas instituciones es la Administración General del Estado, la que ha ejercido antes y después de la Constitución, y ha sentado precedente en muchas de sus características organizativas y su comportamiento frente a los ciudadanos. Esta organización tiene mucho que decir de los momentos que ha vivido en el contexto de la Sociedad de la Información y de la interacción que ha tenido con ella.

A partir de los años setenta tiene lugar la ‘Reforma del Estado y Modernización de las Administraciones Públicas’. En Estados Unidos la reforma de la Administración se produce durante la época de Clinton, y fue llevada a cabo por Al Gore de acuerdo con una fuerte campaña de marketing sobre la ‘Sociedad de la Información’ y sobre los cambios que iban a surgir en las economías norteamericanas a partir de ese momento.

En Europa, en 1987 la OCDE publica un documento titulado ‘La Administración al servicio del público’ en el que subrayaba la necesidad de un cambio del modelo tradicional de la Administración (predominante, centralizado y reglamentista) hacia un modelo centrado en un servicio de atención al ciudadano eficiente y flexible, susceptible de dar respuestas inmediatas a una problemática cada vez más compleja en las sociedades desarrolladas.

Las medidas incorporadas a este informe pasan por reducir cuantitativamente el tamaño de la Administración, y por redefinir cualitativamente el papel del Estado, que a partir de ahora contemplaría como tendencias la restricción de la participación en la prestación directa de servicios, la dedicación de más esfuerzos y recursos a aplicar un marco flexible en el que pueda desarrollarse la actividad económica, la mejor regulación –disponiendo de una información más completa sobre los efectos probables, la evaluación permanente de la eficacia de las políticas seguidas, el refuerzo de la capacidad de gestión previsora y de dirección para una mejor adaptación a los desafíos económicos y sociales futuros, y la dirección de los asuntos públicos de una manera más participativa.

En España, se conocen datos de la evolución de la Economía de la Información desde el año 1971, de la mano de una incipiente industria en el área de la electrónica y las comunicaciones (conductores, medios físicos de trasmisión...). Por estas fechas, la Subdirección de Informática del INI comienza la publicación de un estudio anual sobre la situación de la informática en las empresas del holding estatal. También se habla de ella en eventos como el discurso inaugural del SIMO, en el que el Ministro de Industria entre otras cosas afirma que la producción nacional cubre el 50% de las compras en electrónica de consumo e informática, que el software adquiere cada día una mayor importancia, y que se hace necesario impulsar la creación de un software español.

Hitos como la puesta en marcha, en 1971, de la primera Red Especial de Transmisión de Datos, por parte de Telefónica, habían llamado la atención a la sociedad española de que había una economía de las Telecomunicaciones. En 1974 había entrado en funcionamiento la fábrica de IBM en Valencia. En 1973 se había creado ANIEL, plataforma empresarial de los fabricantes de electrónica en España. En 1974 se había promulgado el Decreto en el que se declaraba a la electrónica industria de interés preferente.

A nivel político se va tomando conciencia de esta reivindicación de la industria española. Una primera propuesta incluye la creación de la Comisión para el Plan Informático Nacional (PIN), en 1978, que no prospera. Entre 1980 y 1981 se crea la División de Electrónica e Informática del INI, (se le da a este organismo una capacidad de inversión que conduce en un corto período de tiempo a una amplia diversificación, y se incorpora al organigrama del Ministerio de Industria una Dirección General de Electrónica e Informática.

En 1978 se celebra en Barcelona el Primer Congreso Mundial de Sociedades de Servicios lo que supuso un hito importante en la historia de la informática española. En el discurso inaugural el Ministro de la Presidencia, Otero Novas, habló de los proyectos de su gobierno para elaborar un Plan Informático. En la inauguración de la Conferencia Intergubernamental sobre Estrategias y Políticas en materia de Informática (SPIN), se anuncia el inicio de los trabajos de un Plan Informático Nacional (PIN). Se inaugura así el llamado espíritu de Torremolinos que dio optimismo al sector. También se crea la Comisión para el Plan Informático (COPIN) a instancias del Director General de Tecnología, que dos años más tarde concluirá su trabajo en un informe de más de mil páginas.

A nivel internacional, la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones, ITU) inicia la investigación sobre Las Telecomunicaciones para el desarrollo en colaboración con la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico), y en 1983 la FUINCA presenta su estudio Censo Iberoamericano de Recursos de Información Automatizada.

Por encargo del Ministerio de Educación y Ciencia, un grupo de expertos emite un informe en el que se hace un análisis de la situación de las Bases de Datos en España y las recomendaciones pertinentes para impulsar la incipiente industria española en este sector.

El primer PEIN consigue reactivar la economía nacional en tres frentes: la atracción de plantas productivas de multinacionales, la proliferación de pequeñas y medianas iniciativas empresariales, y la apuesta por la tecnología de los circuitos integrados, que se materializa en la puesta en marcha del Centro Nacional de Microelectrónica y en la instalación de una planta de ATT en Madrid, concretamente en la localidad de Tres Cantos, en Madrid.

El BOE publica el Real Decreto 2291/1983 de 28 de julio sobre órganos de elaboración y desarrollo de la política informática del Gobierno. Otra medida emprendida es la realización de una encuesta sobre los Recursos Informáticos de todo tipo de la Administración Pública (Proyecto REINA), por orden ministerial. Los objetivos específicos del Proyecto Reina son la descentralización de la explotación del sistema en los distintos Departamentos Ministeriales, la actualización de la información recogida en la Base de Datos, la simplificación de la obtención de datos, y el mejor aprovechamiento de la información.

En 1984, con el nombre de ATENEA, el Ministerio de Educación y Ciencia lanza un ambicioso proyecto para la introducción de la informática en los centros docentes no universitarios. La inversión prevista es de 4.777 millones de pesetas.

En 1984, la Real Academia de la Lengua incluye en su diccionario, por primera vez, la definición de informática:

En 1991 se incrementan las inversiones en el parque informático y en la potenciación de una serie de áreas funcionales, que incluyen tres cuerpos de funcionarios especializados en informática. También se impulsan diferentes proyectos en entornos interministeriales, que abarcan la formación del funcionariado y el desarrollo de proyectos de cooperación informática entre las diferentes Administraciones Públicas.

El Plan de Modernización de la Administración del Estado –tercera entrega, en 1992– incluye una serie de proyectos de los que cabe destacar la informatización integral de la Seguridad Social, la creación de un sistema de información integrado de ayudas a empresas en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Sistema Informático para la Gestión Consular (SIGECO), el sistema de telecomunicación de apoyo a los servicios de información y generales del Ministerio de Defensa, el proyecto de implantación de un sistema integrado de tecnología de información y desarrollo de bases de datos para la gestión externa de la Agencia Española de Cooperación Internacional, el aumento de la capacidad de tráfico y control de la navegación aérea, el proyecto de ahorro de energía y reducción de gastos por modernización de instalaciones, explotación y mantenimiento en los edificios de la Administración del Estado, o el proyecto de intercambio electrónico de datos entre el Secretariado del Gobierno y los Ministerios.

En el Balance Anual de Resultados de abril de 1993 del Plan de Modernización de la Administración del Estado, se citan entre como logros la implantación de un sistema automatizado de venta de entradas y difusión de espectáculos del Ministerio de Cultura, la instalación de nuevos servicios de acceso y consulta a los fondos de la Biblioteca Nacional y mejora de los ya existentes, la informatización de la gestión de personal en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y otros organismos apoyados por el Ministerio de Administraciones Públicas, la informatización de la gestión de las subvenciones del Ministerio de Asuntos Sociales, y la implantación, en el Ministerio de Asuntos Exteriores de un sistema informático de registro y seguimiento de documentos oficiales en sus servicios centrales.

En 1994 hay

En 1998 se publica el Informe sobre Recursos Informáticos de las Administraciones Públicas (IRIA) que retoma la actividad informativa del informe REINA presentando la situación del parque de recursos indicando parque informático y evolución. Es una iniciativa promovida por la Comisión Nacional para la Cooperación entre las Administraciones Públicas en el Campo de los Sistemas y Tecnologías de la Información.

En 1999 la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre celebra convenios para la prestación de los servicios de seguridad en las transacciones telemáticas de organismos como el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), el Ministerio de Economía y Hacienda (Agencia Estatal de Administración Tributaria), el Ministerio de Industria y Energía, el Ministerio de la Presidencia, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, la Comunidad Autónoma de Madrid, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Comunidad Autónoma de Galicia, la Diputación Provincial de La Coruña, el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Sabadell.

En el año 2001 se emprende una serie de acciones entre las que destaca la presentación por parte del Presidente del Gobierno del Plan de Acción de la iniciativa INFO XXI para el período 2001–2003, a través del Acuerdo de la Comisión Interministerial de la Sociedad de la Información (CISI). Este plan integra un conjunto de acciones y proyectos encaminados a impulsar el desarrollo de la sociedad de la información en España (concretamente 305 acciones), y sus medidas están perfectamente alineadas con las previstas en el Plan "e–Europe 2002", y con las propuestas para la labor de liberalización del sector de las telecomunicaciones.

En cuanto al apoyo al sector de la Tecnología de las Telecomunicaciones y de las infraestructuras avanzadas, cabe destacar, dentro de la acción "RedIRIS2", la conexión de la antigua RedIRIS a la red de investigación paneuropea de alta velocidad GEANT, con un acceso a 2,5 Gb/s.

En septiembre de 2001 entra en funcionamiento el Portal del Ciudadano, que pretende ser un sitio web donde el ciudadano pueda disponer de un acceso organizado y sencillo a los servicios en conjunto de la administración pública española. En una primera fase este Portal del Ciudadano da acceso a la tramitación de 53 procedimientos en línea y descarga de formularios. Incorpora además una herramienta de búsqueda y un directorio de unidades administrativas, junto a información sobre contratos de las Administraciones Públicas y ofertas de empleo Su puesta en marcha recibe un montón de críticas en concepto de ‘usabilidad’. El resultado es –a nuestro juicio– consecuencia de la imposibilidad de reflejar en una sola imagen, la realidad de los servicios de las Administraciones Públicas y los accesos a todas y cada una de las unidades que forman parte de la Administración.

En el 2002 la CISI presenta el Balance 2001 del Plan de Acción INFO XXI en el que han colaborado todos los vocales de los organismo. En este año se encuentran activos 147 de sus 305 programas, y 76 acciones están en fase de desarrollo y ejecución. En el Consejo de Ministros de Noviembre de 2002 se aprueba la denominada ‘Comisión Soto’, cuya función es estudiar el grado actual de implantación de la innovación tecnológico– digital en España, las barreras existentes para su desarrollo, las medidas que deben tomar las Administraciones Públicas, y la actitud del empresariado frente al impulso de la Sociedad de la Información.

El informe Soto ha pretendido ‘espabilar’ de alguna forma la situación de letargo en la que se encontraba la política de innovación tecnológica emprendida por la Iniciativa Info XXI. Sus principales críticas se centran en la falta de liderazgo político habida hasta ese momento, una cierta descoordinación habida en la participación de todas las Administraciones Públicas, y la falta de consenso para alcanzar un Pacto Nacional que garantizara la continuidad en el tiempo y la integración y no– redundancia de esfuerzos en el desarrollo de la Sociedad de la Información. Propone la institucionalización de un Comité de Expertos que periódicamente sirva de elemento crítico, asesorando al Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre el desarrollo del plan, y encarga al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la gestión del Plan, a través de un órgano de carácter técnico que persiga la coordinación entre las distintas Administraciones Públicas y que cuente con el apoyo de una entidad empresarial que agilice la ejecución de los programas. También propone el lanzamiento de un plan de comunicación que informe a la Sociedad con el plan definido.

Este plan de choque –denominado a partir de este momento ‘ESPAÑA.ES’– incluye medidas como el apoyo del acceso público a los usuarios (DNI electrónico, Puntos de acceso públicos y gratuitos a Internet en las oficinas de registro y atención al público de la Administración General del Estado, así como en las Oficinas en que esté constituida una Ventanilla Única Empresarial y en aquellos Ayuntamientos adheridos al Convenio de Ventanilla Única...), medidas para impulsar el desarrollo de servicios para los usuarios (servicios públicos electrónicos básicos de eEurope 2005, cartas de servicios electrónicos, utilización de las lenguas cooficiales en España y otros idiomas en las páginas web de la Administración General del Estado, uso de formularios en Internet y registros telemáticos.

Las prioridades son potenciar la formación, apostar por la Administración Electrónica, hacer valer una cultura social de equivalencia entre mundo físico y mundo virtual, dar acceso a todos los ciudadanos a Internet, impulsar el uso de las TIC en las empresas, integrar socialmente las tecnologías de forma que su uso no condicione la ‘brecha social’ –la desigualdad a través de su uso– eliminar las barreras para acceder a la Sociedad de la Información, aprovechar las oportunidades que se presentan en ámbitos como la educación o la sanidad.

Finalmente, da pie a la creación de un organismo ‘Red.es’ cuyo objetivo es la gestión de los nombres de dominio en Internet a nivel nacional, y la negociación de las relaciones existentes con otros organismos relacionados con la gestión de Internet.

Su dictamen ha sido concluyente a la hora de auditar la situación de la innovación tecnológica en las administraciones públicas en España: habla de un gran despliegue de equipamientos y servicios públicos que son infrautilizados a nivel interno y con un bajo uso de las transacciones online. Afirma que en general las TIC se han utilizado más para automatizar procesos previos que para realizar cambios en los procesos. Como datos que apoyan esta afirmación incluye la disponibilidad de equipamientos (número de ordenadores personales), pero el bajo acceso a Internet. En cuanto a los servicios online, afirma que las posibilidades que ofrece la Administración online son superiores a la media europea, pero que su uso es intensivo para la búsqueda de información, y bastante inferior para realizar formularios o realizar procesos.

En este epígrafe termina justificando la correlación existente entre resultados alcanzados y falta de órganos de coordinación a todos los niveles (central, autonómico y local):

Hasta aquí hemos enunciado la evolución de la Sociedad de la Información en España. Sin embargo, una parte de esta actuación ha tenido algo que ver o ha traido como consecuencia una actuación por parte de la Administración Pública Española, concretamente en el ámbito de la Administración General del Estado.

El importante vacío analítico el proceso de informatización se traducía en la inexistencia de soportes para la toma de decisiones, herramientas de trabajo para directivos, inexistencia de bancos de datos, etc.

Por otro lado Martínez Díaz insistía en las presiones del mercado tecnológico, primero por parte de las empresas de ordenadores –que habían fomentado una informatización ‘acrítica’ adquiriendo equipamiento sin control ni justificación– y por parte de las empresas financieras, que habían contribuido a la informatización de procesos irrelevantes, importantes únicamente a efectos de su propia reducción de costos. El equipamiento, en muchos casos, había sido adquirido por puro esnobismo, no por un argumento coherente de utilidad.

En esta época critica también el insuficiente esfuerzo de apoyo humano en el proceso, tanto desde el punto de vista especializado (cada Subdirección General ha contado con un equipo de informáticos cualificados, pero los ha empleado con fines particularistas para ‘mecanizar’ más que para informatizar las divisiones) como desde el punto de vista de conocimiento de tecnología por parte del funcionario.

Tampoco se percibe apoyo de tipo político: existen pocas e irrelevantes instituciones para intervenir y dirigir apropiadamente el proceso. Ya había una Comisión Interministerial de Informática, constituida por miembros de cada Ministerio. Sin embargo, esta Comisión no podía intervenir ya que su intervención se hacía a posteriori, y se limitaba a juzgar la corrección técnica de los proyectos.

En general, 1987 ya ha habido un antes y un después en este proceso de informatización. La percepción general es que hasta este momento la Administración no ha llevado a cabo un proceso de innovación tecnológica coherente: no se ha dado una mayor eficiencia económica, ni cambios procedimentales, ni cambios en las relaciones de poder.

1987 es solo una fecha en el conjunto de hitos que se han marcado este proceso, que ha de ser planteado de acuerdo con el contexto modernizador en el que se inscribe. Analizar este conjunto de eventos supone tener siempre presente que todo este esfuerzo modernizador ha surgido de una necesidad, y que esta necesidad se ha dado simultáneamente en varios niveles: el sector industrial, que pretende potenciar su mercado, el sector político, que pretende respaldar a través de diversas medidas al mercado industrial, y el económico, que va absorbiendo en forma de producto de consumo la innovación producida por el sector industrial. El acceso por parte de la Administración Pública a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones queda enmarcado en esta Economía Informacional.

Recordemos que en esta exposición nos hemos ceñido al ámbito de la Administración General del Estado, ámbito en el que se han producido más cambios, y que en su última etapa, ha sentado las bases y se ha convertido en modelo del resto de los procesos de innovación de las administraciones públicas regionales y locales.

El autor habla de antigüedad del parque instalado, indicando que los centros de proceso de datos más potentes y de última generación se encuentran en los Ministerios de Hacienda y Educación y Ciencia, éste segundo con mainframes con potencia suficiente para trabajar en teleproceso y tiempo compartido, con poca posibilidad de saturación debido al hecho de que este organismo no dispone de archivos mecanizados con anterioridad. Se trataba de uno de los primeros casos de red distribuida, constituida por un servidor Univac 1108 y unos 50 terminales Philips Office Computer, destinados a las delegaciones provinciales.

El caso del Ministerio de Hacienda es diferente ya que nació con la aparición de la segunda generación de ordenadores electrónicos allá por 1962. En esta época ya contaba con tres ordenadores de tercera generación (IBM 1401, IBM 360/ 20, IBM 360/ 25 e IBM 360/ 30, y estaba prevista la adquisición de un IBM 370/145). Por esta época este ministerio ya trababa grandes archivos, y tenía planificado un crecimiento basado en una demanda previamente analizada.

La reforma fiscal de 1978 hizo que se intensificara la actividad contributiva y la actividad de los administradores. Entre esta fecha y 1990 el número de declaraciones realizadas aumentó de 2 a 11 millones. Con el fin de establecer un control sobre la información tributaria coherente se había creado una red informática de teleprocesos con más de 400 líneas establecidas entre las oficinas distribuidas a nivel nacional.

En el Ministerio de Obras Públicas la Dirección General de Carreteras instaló un IBM 1620, y a continuación un IBM 360/ 40 (tercera generación). También había equipos en el Centro de Estudios y experimentación y en el Centro de Estudios Hidrográficos, y para servicios administrativos, dependiendo de la Subsecretaría, se había instalado un Siemens 4004.

Los Ministerios de Agricultura y Comercio, la Subsecretaría del Ministerio de Información y Turismo, y la Jefatura Central del Tráfico poseían configuraciones parecidas (un par de servidores de segunda y tercera generación que prestaban servicios administrativos y de gestión de las primeras bases de datos que se empezaron a crear por esta época (información parcelaria, taquillas de espectáculos, permisos de conducir...)

Uno de los centros de proceso de datos más antiguo es el del Instituto Nacional de Estadística, que ya contaba con precedentes de mecanización importantes antes de la aparición de ordenadores electrónicos. En 1970 había realizado el censo con un IBM 360/ 50 de última generación.

En cuanto a la Administración de Justicia en 1970 ya contaba con un servidor NCR Century 200, dedicado al control del proceso de los expedientes criminales y al Registro General de Penados y Rebeldes. En los ministerios de Industria, Vivienda y Trabajo los ordenadores no estaban en los servicios centrales sino en los organismos autónomos de ellos dependientes como la Junta de Energía Nuclear, el Instituto Nacional de la Vivienda, el Instituto Nacional de Previsión, las Mutualidades Laborales y el Instituto Social de la Marina.

Sin embargo, seguimos sin poder hablar de un acceso cómodo e intuitivo para acceder a la información. Hasta finales de la década de los 70 no surge el acceso generalizado de los usuarios a las ventajas de las por aquél entonces llamadas –con razón– "Nuevas Tecnologías".

Tampoco hablamos de conectividad de redes en el sentido en el que lo hacemos actualmente. En 1970 el BOE publica el Decreto 3586/1970 de Reordenación de los Servicios de Telecomunicaciones, por el que se encomienda a la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE en adelante) el Desarrollo y Explotación del Servicio Público de Transmisión de Datos y los generales y especiales de Transmisión de Información. Por esta época se conectan los primeros abonados con conexión a la red conmutada con acceso a un ordenador central.

En 1978 la Organización Internacional de Normalización (ISO) aprueba una arquitectura de red denominada internacionalmente como OSI (Open Systems Interconection), que reviste la forma de un modelo de siete capas o niveles. Sin embargo este estándar no es comúnmente aceptado hasta finales de los ochenta.

En 1985 el informe Reina señala un bajo predominio de conexiones punto a punto y de conexiones a la Red IBERPAC. Respecto a las aplicaciones, las que hacen mayor uso del teleproceso son las que pertenecen a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Interior, Economía y Hacienda y Cultura.

Comienza a hacerse un uso intensivo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, y concretamente en el acceso por parte del funcionario a los ordenadores personales y al empleo de paquetes ofimáticos. En esta etapa son los usuarios los que van encontrando mejoras al uso de máquinas aisladamente: nuevos programas como las herramientas de tratamiento de texto, las de bases de datos, comunicaciones a nivel local que permiten que pequeños grupos de usuarios puedan conectarse y compartir ficheros, inicios en el uso de Internet que permiten a determinados trabajadores tener buzones de correo en servidores externos...

Desde el punto de vista de la administración de los sistemas suele haber en cada Ministerio una persona o grupo de personas encargadas de satisfacer las demandas de los usuarios, que administran uno o varios servidores y les enseñan cómo utilizar los ordenadores. Su gestión es tanto administrativa (licencias, control de usuarios en su pequeña red, formulación de pequeños presupuestos que, poco a poco, van incluyendo más puestos y cada vez mayores mejoras...) como técnica (definición de puestos tanto en servidores como en clientes, configuración de puestos...

El paulatino uso de los ordenadores personales terminó por convencer a los usuarios de los beneficios de la innovación: a los directores departamentales de las infinitas capacidades de mejora en su trabajo que suponía; a las secretarias de departamento de la ventaja de emplear la tercera parte del tiempo que tradicionalmente tardaba en hacer una carta, amén de crear un formato para sucesivas cartas, almacenar el documento correspondiente y poder disponer de él cuando quisiera; a los responsables de los departamentos de organización, métodos y procesos, de la toma de conciencia de un nuevo mundo de control de tiempos y resultados. Los pulls de mecanógrafas comenzaron a descentralizarse otra vez y estos funcionarios volvieron a los despachos de sus jefes. Después cada uno de estos ordenadores personales fue teniendo comunicación en un contexto de pequeñas redes gobernadas por servidores.

Todo esto fue posible gracias a la evolución habida en el campo de los microprocesadores, y al aprovechamiento que de esta tecnología hicieron empresas como Microsoft e IBM. En la Administración General del Estado la adquisición de equipamiento informático se incrementa vertiginosamente, y da comienzo la actividad de reconstrucción y profesionalización de la actividad informática para el mantenimiento y la coordinación en la adopción de bienes y servicios informáticos.

La primera referencia oficial a un órgano de coordinación interministerial en materia informática dentro de la Administración española es el artículo 18 decreto 2764/ 1967, que da lugar al Servicio Interministerial de Mecanización. Se trata de un servicio vinculado a un cuadro de medidas de reducción del gasto público, incrementado de forma alarmante en el capítulo de sistemas de proceso de datos. Lo verdaderamente preocupante era la falta de información sobre el rendimiento y uso de los mismos.

A partir de este momento se crea una Comisión Interministerial, integrada por miembros de diferentes Ministerios, y cuya competencia es meramente de asesoramiento y de benchmarking a través de la comparación de experiencias de los diferentes organismos.

Sus funciones se definen inicialmente de forma vaga e imprecisa: información de los proyectos de mecanización de servicios, informe de compras y alquileres de equipos, elaboración de normas y disposiciones... También se esbozaba un servicio de ‘préstamo interministerial’ para aquellos organismos que no tuvieran ordenadores o los tuvieran saturados. Para ello se realizó el primer inventario de equipos por orden de Presidencia del Gobierno.

Con posterioridad a la creación de esta Comisión Interministerial se crearon la Comisión de Informática del Ministerio de Asuntos Exteriores (3 de Noviembre de 1970), la Comisión de Informática del Ministerio de Educación y Ciencia (adaptación de la Comisión creada en 1968, esta vez en 1971), y la Comisión de Informática del Ministerio de Agricultura (3 de Marzo de 1971).

Ante la saturación de este recién creado organismo –a pesar de lo inconcreto de sus funciones– se produce una reestructuración de la que surgieron un órgano colegiado, la Comisión Interministerial de Informática, y uno operativo, el Servicio Central de Informática. Las competencias de la primera son la aprobación de los proyectos previos a la realización de los contratos tanto de nueva instalación como de mantenimiento, alteración o ampliación. Otras competencias ya son de carácter consultivo, y se refieren a los pliegos particulares de cláusulas administrativas y técnicas y al estudio de las ofertas presentadas a concurso. También tiene atribuidas funciones de coordinación de los equipos de proceso de datos de la Administración (en el caso de los préstamos de apoyo a los que aludíamos en párrafos anteriores).

Las competencias del Servicio Central de Informática eran las de estudiar y proponer disposiciones legales en materia informática, elaborar e informar a los órganos competentes de los argumentos técnicos a considerar, supervisar y proponer estudios de métodos y procedimientos, asesorar en materia formativa a la función pública (temas específicos de informática), crear un fondo documental sobre informática y, además, prestar apoyo específico a la Comisión Interministerial.

De este Consejo Superior dependen las Comisiones Especializadas, que pueden ser Interministeriales o Nacionales, y que son la CIABSI (Comisión Interministerial de Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos), la COAXI (Comisión Nacional para la Cooperación entre las Administraciones Públicas en el Campo de los Sistemas y Tecnologías de la Información), el GTA (Grupo de Usuarios de Telecomunicaciones en la Administración), y los Comités Técnicos.

En 1992 el Real Decreto 533/ 1992 asignó más competencias a los órganos departamentales y a las Comisiones Ministeriales de Informática, y añadió a las competencias de la CIABSI una más: el informe técnico en los concursos referidos a la adquisición y firma de programas de mantenimiento de bienes informáticos.

Por otro lado, la Estrategia de Sistemas Abiertos en la Administración del Estado es el conjunto de recomendaciones a los centros dotados de infraestructuras propietarias para que elaboren planes de migración a sistemas abiertos y estandarizados. En el área de las telecomunicaciones es importante su labor en la definición de las normas OSI–ISO (TCP– IP) –los proyectos que impliquen el uso de sistemas de telecomunicación, así como la transportabilidad X/ OPEN para las adquisiciones de sistemas multiusuario. Como todo órgano tiene sus directrices publicadas en los correspondientes pliegos de condiciones de prescripciones técnicas tipo.

En cuanto a las Comisiones Ministeriales son el residuo de todas aquellas de las que hemos hablado en párrafos precedentes. Cada Ministerio tiene una.

A nivel supranacional el programa IDA I, cuyo objetivo principal es

se lanza en 1995. El primer programa se basaba en gran medida en la promoción de una política de estandarización que favoreciera la participación de la industria tecnológica europea, y comprendía una serie de proyectos sectoriales (aduanas e impuestos), y otros de carácter horizontal.

El programa IDA II se lanza en 1999, y sigue teniendo como objetivo el establecimiento de redes telemáticas transeuropeas integradas que contribuyan a la eliminación de obstáculos a la libre circulación de bienes y servicios, a la realización de la unión económica y monetaria, a la cooperación entre instituciones comunitarias, a la protección de intereses financieros comunitarios, a la ampliación de la Unión Europea, a la competitividad industrial y a las personas en general: ambicioso proyecto para un objetivo principal: definir las redes telemáticas de Europa.

Hasta aquí hemos expuesto –de acuerdo con un argumento eminentemente cronológico– la construcción tecnológica y humana de la Administración General del Estado: cómo sus usuarios han demandado esta tecnología, la han utilizado y su uso ha condicionado la creación de organismos de coordinación y el desarrollo de estándares. Podemos decir que una cultura necesitaba herramientas, y la organización se las ha suministrado.

Las características de la organización que ha llegado a la madurez –de acuerdo con este argumento de integración– son la integración de todas las aplicaciones de forma que reflejen los flujos de información, la estrategia en el uso de los recursos, y la relación que se establece entre usuarios e informáticos para ‘construir usando’.

Esta voluntad de construcción queda reflejada en la Intranet Administrativa, como medio de interacción entre organización y usuarios, y en el papel de los profesionales de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La integración de todas las aplicaciones se realiza en primer lugar a nivel físico, y está supeditada a la actuación de la Intranet Administrativa, que va a ser la infraestructura básica de comunicaciones y de servicios telemáticos que se va a utilizar para los intercambios de información entre los Departamentos de la Administración General del Estado Facilitará así la interconexión con las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y la Unión Europea. La idea de la Intranet surge en 1998 a partir de la experiencia de la Red Interministerial de Comunicaciones, operativa a nivel básico. A nivel funcional su objetivo es consolidar etapas previas como el Servicio de mensajería ISTMO (Sistema de Tratamiento de Mensajes para Soporte de la Organización), la información electrónica en el Hipercentro de Información Administrativa, la puesta en marcha de los proyectos Ventanilla Única y Licitación y Contratación electrónica.

Otro argumento para la creación de la Intranet es la disponibilidad real de medios de certificación de la autenticidad electrónica. El proyecto CERES –Certificación Española de Transacciones Electrónicas (CERES)– era el encargado de proporcionar los medios para identificar unívocamente al firmante de un documento electrónico, así como garantizar la integridad de éste, garantizando en todo momento la confidencialidad y la fecha de tratamiento de la información –elementos fundamentales de para considerar la validad de cualquier comunicación a través de un medio electrónico.

En cuanto a los profesionales de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las Administraciones Públicas se distinguen diversos perfiles. Por un lado existe una especialización funcional de directivos TIC, que tienen como función principal planificar su actuación de forma que esta integración quede garantizada y vaya paulatinamente consolidándose, al tiempo que garantice una gestión eficiente de sus recursos y sea capaz de prevenir las posibles contingencias que puedan surgir.

Por otro lado, hay un segundo tipo de gestores tecnológicos, los que tratan directamente con la tecnología: desarrolladores, técnicos de explotación de sistemas, integradores... Hay una cierta tendencia a externalizar los servicios de este segundo tipo de profesional recurriendo al lema ‘zapatero a tus zapatos’. El control del gasto público y en especial de los costes de personal especializado en TIC hacen que hoy en día, debido a la escasez de recursos cualificados y a su alto coste de contratación, se recurra a empresas que los subcontraten para proyectos concretos. En un futuro se podría considerar que la Administración Pública ya no recurriera a este tipo de externalizaciones y que decidiera dar cabida –dado lo específico de sus proyectos– a la profesionalización de funcionarios TIC no directivos. También existe la posibilidad alternativa de que estos proyectos sigan externalizándose ya que de esta manera quedaría garantizada la relación entre empresa tecnológica suministradora de bienes y servicios tecnológicos y Administración Pública. Precisamente esta perspectiva tiene que ver con el papel de generador y potenciador de aquellas sinergias características con otros mercados, a las que ya nos referíamos en párrafos anteriores.

La supervivencia de la Administración General del Estado en el terreno de la coordinación de la política tecnológica de la E– Administración depende de la orientación que políticamente se de a la prestación de sus servicios. Es decir, si se opta por la definición centralizada que tradicionalmente ha asumido, podrá seguir imprimiendo esa impronta de liderazgo en la gestión de los recursos que tanto la caracteriza.

Si por el contrario se opta por un modelo totalmente descentralizado, contará con ventajas como la flexibilidad que supone que cada órgano se autogestionase tecnológicamente –en los ámbitos local, provincial y autonómico– y su peor inconveniente sería la falta de coordinación y estrategia común, y la pérdida de esa identidad de integración de la que hablábamos en párrafos anteriores.

Naturalmente existen modelos híbridos de concentración/ desconcentración parcial, como la que propone el mismo Informe Soto, que apunta hacia un modelo organizativo de este tipo.

Sin embargo queda por definir un órgano que dé apoyo al conjunto de las unidades informáticas y que facilite las sinergias entre ellas tanto en el sentido de desarrollar proyectos de integración interdepartamental como en el de gestionar más eficientemente los recursos, facilitando el uso óptimo de éstos. ¿Podría estar estrechamente relacionado con los recursos actuales de la Administración General del Estado?

Este artículo es obra original de Elena Casarrubios y su publicación inicial procede del II Congreso Online del Observatorio para la CiberSociedad: http://www.cibersociedad.net/congres2004/index_es.html"