Las regulaciones del trabajo de enseñar Vocación, Estado y Mercado en la configuración de la docencia (página 2)

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5. Funcionario de
Estado y
trabajador/a sindicalizado/a

Hemos visto cómo a fines del siglo pasado en la
Argentina el Estado tuvo
un papel central para la constitución de la Nación.
Avanzados los años 30 de este siglo, de la mano del
keynesianismo, el Estado fortaleció su intervención
en la economía a través de una planificación destinada a mejorar la
racionalidad económica y de un poderoso desarrollo del
sector
público en áreas estratégicas de la
producción y los servicios
(Filmus, 1996).

A partir de allí y en el contexto de la
expansión industrial por la sustitución de las
importaciones se
desarrolló el Estado de Bienestar, que puso en el centro
la cuestión social a través de un proceso de
redistribución de los recursos entre
los trabajadores. A diferencia de los países centrales,
los derechos sociales
se expandieron ligados a la constitución de la
categoría de trabajadores formales más que a
políticas asociadas directamente a la
expansión de la ciudadanía (Grassi y otros, 1994). Los
derechos sociales fueron vistos aquí como derechos
específicos de los trabajadores en un contexto de casi
pleno empleo y con
posibilidades de financiar un gasto público
creciente.

El Estado de Bienestar significó no sólo
una forma de expansión de los derechos y de la
protección social sino a la vez una forma de
contención política y social de
los trabajadores que permitió regular su capacidad de
acción
y reproducir las relaciones fundamentales del régimen de
acumulación vigente. El Estado aparecía como
equilibrador de las relaciones
laborales a través de mecanismos tales como la
negociación colectiva o la
legislación laboral.

Entre 1940 y mediados de los ´70 Argentina
conoció la fase de consolidación de un
régimen social de acumulación que hoy está
en severa crisis, como
se verá en el capítulo siguiente. Se trató
de un período de fuerte movilidad social y particular
expansión de los sectores medios
acompañados de un constante proceso de
salarización: en 1947 más de la mitad de los
miembros de la clase media
trabajaban en relación de dependencia; en 1980 ese
porcentaje había subido a casi las tres cuartas partes.
Los profesionales (especialmente en el sector público) y
los técnicos (sobre todo en la industria)
fueron las categorías de mayor crecimiento (Nun,
1987).

También desde la década del '50
aumentó progresivamente la participación de
la mujer en el
mercado de
trabajo,
producto de la
industrialización y modernización en el sector
terciario bajo condiciones de expansión económica y
movilidad ascendente. En ese contexto, las protagonistas fueron
mujeres de sectores medios con alta educación
(Cortés, 1993).

Desde fines de los '50 la concepción
desarrollista fue hegemónica en la región. De
acuerdo con esta posición desarrollada desde el seno de la
CEPAL, la prosperidad nacional dependía de adecuadas
conexiones entre economía, estructura
social y sistema
educativo. Si estas articulaciones
eran debidamente planificadas por el Estado, el resultado
necesariamente sería un desarrollo armónico, sin
conflictos. La
desigualdad
social pasó a ser explicada en base a
problemáticas individuales, medida en términos de
diferencias en la productividad
económica, que a su vez dependía de los años
de escolaridad (Gagliano y Cao, 1995).

La planificación centralizada de las
políticas fue la herramienta que privilegió el
Estado para garantizar la racionalidad y eficiencia del
proceso acorde con el discurso de
diferentes organismos internacionales (OEA,UNESCO,CEPAL). La educación
debía atender los requerimientos del desarrollo
económico a través de la formación de
recursos humanos calificados para el trabajo.
Así, la educación era vista como un canal
óptimo para la modernización (Sowtell, 1997). La
teoría
del capital humano
fue uno de los pilares de la expansión educativa en todos
los niveles, particularmente en el nivel medio.

En este contexto, se produjo la instauración de
una clara división técnica del trabajo escolar
basado en la relación entre objetivos y
medios, con fuerte confianza en la tecnología. La
enseñanza pasó a ser más un
problema técnico que pedagógico. A través de
administradores y equipos técnicos, se pautaron las
habilidades docentes
requeridas y se racionalizó el trabajo por medio de la
formación de docentes en dichas competencias y la
producción de materiales
(Apple, 1987). Los componentes vocacionistas se entretejieron con
el modelo
tecnocráticoeficientista que devino en "compromiso
técnico".

Se reguló el trabajo docente a través de
la restricción de la participación de los que
enseñaban en la concepción y planificación
del sistema
educativo, tarea para la cual se constituyeron equipos de
expertos a la par que se consolidó el sistema de control
burocrático sobre las escuelas. El docente normalista, que
tenía un fuerte lugar asignado en la construcción de los valores de lo
público, pasó a ser concebido como un agente
neutro, experto en técnicas,
que sólo debía pronunciar la palabra normativamente
prevista (Davini, 1995).

Se trataba entonces de un Estado planificador, que
"innovaba" porque planificaba y tecnificaba la tarea de
enseñar a través de una más eficiente
división del trabajo. A la par que se reforzaba esa
división del trabajo y como parte de ese movimiento, en
esta etapa se diseñaron sistemas de
perfeccionamiento docente y se terciarizó la
formación de maestras/os. Los sistemas de
perfeccionamiento fueron las instancias privilegiadas de
formación de docentes en ejercicio para la
implementación de los cambios planificados. Por su parte,
la terciarización tuvo el objetivo
explícito de profesionalizar la tarea y probablemente
también el de reducir la "superproducción" de
docentes. En los contenidos de los nuevos planes de
formación, se incorporaron como asignaturas y
orientaciones estructurantes las preocupaciones vinculadas con la
planificación y el desarrollo a nivel áulico (27)
(Davini, 1997).

El avance del discurso
tecnocrático/profesionalizante fue paralelo a la
consolidación de la sociedad
salarial que está en la base de la condición de
trabajador del docente. Justamente estos años marcaron la
consagración de nuevos dispositivos de regulación
del trabajo docente.

En esta regulación confluyeron por un lado las
tendencias tecnocráticas de división técnica
del trabajo y por el otro la consagración legal que
requiere la consolidación de la sociedad
salarial.

El Estatuto del Personal Docente
Nacional, sancionado en 1958 le daba a los docentes un
tratamiento específico, distinguiéndolos del resto
de los trabajadores. En particular, normando la estabilidad y el
ingreso, ascenso y destino de los maestros (28).

"Nos reuníamos los domingos para tratar los temas
gremiales. Por ejemplo: la calificación del maestro. Para
que el maestro pudiera ascender y ser trasladado por
mérito y no por apoyo político de algún
amigo. Ahora se habla de acoso sexual,
entonces se hablaba de "tirarse un lance". ¿Quiénes
se tiraban el lance? Los caudillos, naturalmente. Cualquier
infeliz que tuviera algún carguito y pudiera prometer un
puesto, quizás sin cumplirlo. Nosotros conseguimos la
evaluación y calificación del
trabajo de maestro, para el traslado. Fue una conquista gremial
que actualmente ni se valora! También el concurso de
oposición, antecedentes y título para el ascenso. Y
después de una lucha grande, el ingreso a la docencia por
concurso" (extraído de una entrevista a
Rosita Ziperovich).

Como señala Rosita Ziperovich, el estatuto del
´58 fue particularmente reivindicado porque eliminaba la
intervención arbritraria del poder
político y partidario. Para ello, sancionó un
modelo de inclusión en el gobierno escolar
de los propios docentes a través de las juntas de
clasificación. A la vez, el aparato burocrático
escolar (atravesado por el conductismo)
incorporó la medición del trabajo docente a
través de tecnologías específicas
(Batallán y otros, 1990).

Como parte de este fenómeno, y luego de arduos y
renovados debates, el sindicalismo
docente afirmó su identidad
frente al Estado a través de la construcción de una
organización gremial nacional , la
Confederación de Trabajadores de la Educación de la
República Argentina (CTERA) y su consecuente
incorporación a la Confederación General del
Trabajo (CGT) (29). Se puede señalar allí un punto
de inflexión en el que se produjo un desplazamiento en el
que el servidor/a
público/a dio lugar al trabajador/a
sindicalizado/a.

Hemos recuperado en este primer capítulo
elementos que constituyeron la matriz de
origen del trabajo de enseñar en nuestro país
porque consideramos que esta trayectoria ha sedimentado y dejado
huellas que retomaremos más adelante. En esta matriz
confluye el protagonismo de un Estado que visualizo en el sistema
educativo una tecnología disponible para la
construcción de la nación.
Para ello, transformó profundamente el trabajo de
enseñar construyendo regulaciones específicas en la
intersección de las dinámicas del Estado, el empleo
y el género que
hicieron de una profesión libre, una profesión de
Estado. En el capítulo siguiente analizaremos desde una
perspectiva sociológica los nuevos modos de
regulación que afectan hoy al trabajo docente.

CAPITULO II. El empleo
docente: una mirada desde/hacia un estado que cambia
(30)

El panorama que se despliega frente a este fin de siglo
muestra
significativas rupturas con los modos de regulación
reseñados en el capítulo anterior. Vivimos un
proceso de mutación del Estado que pone en cuestión
sus lógicas de intervención en lo social, en lo
económico, en lo político sobre las que se asentaba
el "consenso keynesiano" (Peñalva, 1996). Así, se
están construyendo nuevas regulaciones del trabajo
docente, nuevos modos en que los docentes y las instituciones
educativas se conducen a sí mismas disputando y negociando
con las tradiciones reseñadas.

Nos proponemos a lo largo de este capítulo
analizar las transformaciones haciendo hincapié en el
contexto de ajuste estructural y su incidencia en la docencia
como empleo recuperando herramientas
de la sociología del trabajo. Nos interesa
abordar analíticamente el mercado de trabajo
específico vinculándolo con el general,
entendiéndolo portador de relaciones con el conjunto de la
sociedad (Rojas y Proietti, 1996). Para ello, nos basaremos en la
información recogida en el trabajo de campo
realizado en 40 escuelas primarias y secundarias según se
detalla en el Anexo.

A lo largo de este capítulo, a partir de una
caracterización general del contexto global de ajuste,
profundizaremos en las dinámicas contemporáneas del
mercado de trabajo en Argentina.

Desde ese marco, analizaremos la docencia como empleo
público, sus características particulares, y las
dinámicas de género que la atraviesan.

Vamos a plantear por un lado, cómo la
situación del mercado de trabajo y la búsqueda o
preservación de un empleo estable sobredeterminan la
producción de estrategias de
los docentes y las instituciones educativas. Por el otro, como se
introducen y legitiman elementos propios de las lógicas de
mercado para el funcionamiento de lo estatal tales como la
competencia
interinstitucional, la marketización, etc. que irrumpen en
la cultura
escolar generando nuevos sentidos, constituyendo nuevas
regulaciones.

1. Las dinámicas del
mercado de trabajo y el Estado en la Argentina de
hoy.

Vivimos tiempos de transformaciones profundas: procesos de
globalización financiera creciente, de
desregulación de los mercados, de
reconversión productiva, de modificación de los
parámetros de representación política, de
circulación acelerada de la información. Se trata
de un mundo con fronteras permeables, intercomunicado,
interdependiente y a la vez fragmentado. En la economía
global, el
conocimiento y la información aparecen como recursos
fundamentales y de allí la centralidad que se le otorga a
la educación.

Simultáneamente se desarrolla un proceso de
polarización y exclusión
social a escala
planetaria, que registra uno de sus puntos más altos en
América
Latina (Kliksberg, B., 1994).

Uno de los signos es el
"crecimiento sin empleo" en el que se reducen los requerimientos
de mano de obra y crecen los niveles de desocupación. Se profundiza la crisis del
Estado Benefactor en su potencialidad incluyente.

Desde mediados de los '70 se desmanteló el modelo
de sustitución de importaciones por medio de un proceso
creciente de desindustrialización y simultánea
apertura. Argentina se abrió a los flujos internacionales
del comercio con
un tipo de cambio
bajo que, sumado a la caída de la tasa de
interés, generó una coyuntura que alentó
a ciertos grupos de
empresas a
comprar bienes de
capital
modernos que reemplazaron a los antiguos y a la mano de obra
asociada a ellos. Así, no sólo muchos trabajadores
quedaron desocupados sino también descalificados respecto
de las demandas técnicas de la producción moderna
(Gerchunoff, 1995).

A partir de los '90, la Argentina vive un proceso de
estabilización de la economía posterior a la crisis
hiperinflacionaria. En ella hicieron eclosión componentes
conflictivos que llevaban muchos años de presencia en la
economía
argentina, pero a la vez se crearon las condiciones
técnicas y políticas para una profunda
transformación del sistema institucional que regula las
relaciones entre el capital y el trabajo, ampliando el margen de
maniobra de la política
monetaria y fiscal y
controlando las demandas de los sectores más
débiles (Lo Vuolo, 1995). Se trata de un proceso de ajuste
estructural: en este marco se produce una reconversión
económica que implica una modificación de la
estructura del
empleo, afectando negativamente la demanda de
empleo formal y el poder adquisitivo de los trabajadores. Se
realizan ajustes polarizados, que recaen sobre un sector
particular de la sociedad, acentuando la distribución regresiva del
ingreso.

Al mismo tiempo,
también afectan la situación de los trabajadores
los cambios más generales en la
organización del trabajo. En el esquema fordismo-keynesianismo, se proponía el
desarrollo de la gran empresa al mismo
tiempo que el crecimiento del sector público y de la
gestión
estatal de la fuerza de
trabajo en un modelo de relaciones estables y expansivas. Con la
acumulación flexible, se rompen los muros de las
fábricas, se fragmentan los procesos de producción
y se rearticulan a través de redes más laxas,
basadas en nuevas
tecnologías (Alonso, 1997; Palacio, 1994). Se trata de
un contexto de complejización tecnológica y
organizativa del control de los procesos de trabajo en el
capitalismo
tardío. Esto sucede junto con la burocratización y
transformación del trabajo intelectual en
asalariado.

Desde la política
económica, la mejora de la competitividad
pasa a ser el supremo objetivo. Se argumenta que para poder
participar de la competencia externa hace falta disminuir
costos. Para
ello se plantea como imprescindible por un lado el ajuste de las
cuentas
públicas (entre otras cuestiones, la privatización de las empresas
públicas) y por el otro la reducción de los costos
laborales a través del incremento de la productividad y de
la disminución del costo de cada
trabajador (reducir salarios, otros
costos laborales no salariales, impuestos al
trabajo, etc.).

Todo esto se realiza en un contexto de debilidad y
desactivación de los sindicatos en
general (31). Tras la normalización institucional de la
década pasada, de cara al nuevo modelo de
acumulación, el deterioro estructural de las
prácticas sindicales junto al desmoronamiento de su
representatividad social, muestran la crisis del modelo sindical
creado a mediados de siglo (López y Lozano,
1993).

La otrora vigorosa presencia social y política
del sindicalismo organizado se desmorona.

La segmentación del mercado de trabajo, el
desempleo
masivo, la precarizacion jurídica tienden a degradar su
poder de negociación, su cohesión interna y su
propia identidad (Bisio y Tomada, 1993).

Las diferentes organizaciones
sociales (entre ellas, los gremios) están en proceso de
reconstitución como consecuencia de la redefinición
del Estado y su papel social, que desarticula los movimientos
reivindicativos de orden nacional. Este proceso incluye la
asunción de funciones
sociales (salud,
educación, saneamiento ambiental) lo que genera
tensión entre estructuras
diseñadas para otro tipo de acciones (que
tendían a asumir dimensiones de movimientos
político-sociales nacionales en su búsqueda de
eficacia
política) y los requerimientos de la gestión de
servicios (que supone la delimitación de ámbitos
locales de usuarios y plantea otras necesidades de
organización, otros criterios de representatividad y de
eficacia) (Coraggio, 1992).

Gran parte de las organizaciones gremiales, con
comportamientos diferenciales según el sector, han
modificado su rol confrontativo para adoptar uno conciliador. Sin
embargo, en los sectores de la administración
pública la situación es más
heterogénea y los conflictos no cesan.

Particularmente, las organizaciones sindicales docentes
resisten al ajuste por medio de variadas medidas de fuerza
(32).

Del otro lado, quienes hoy sostienen que la perspectiva
del ajuste y reconversión estructural es la única
salida a la crisis económica, esgrimen que el mercado de
trabajo debe adecuarse a un contexto cambiante y que para ello es
necesario modificar el sistema de regulación de las
relaciones de trabajo que es considerado anacrónico
(Marshall, 1990). En el contexto de la
globalización, que opera también a nivel del
mercado de trabajo, se plantea que las necesidades de
inserción competitiva modifican la organización del
trabajo en las empresas y desde allí apelan a la
retórica de la flexibilidad. Esta tendría el
valor,
además, de ser una estrategia de
atención al creciente desempleo
(33).

Según Meik y Zas, cuando se habla de flexibilidad
se alude con una palabra nueva a un viejo problema. La mayor
parte de las veces se la entiende como opuesta a rigidez y
dogmatismo y con ese sentido es invocada (34).

Otros autores sostienen que el término
flexibilidad ha adquirido valor de fetiche. En su proceso de
difusión, el concepto ha
tomado una fuerza importante en el lenguaje de
gobiernos y empresarios, pero también en las
prácticas de gestión y negociación laboral,
por lo cual es necesario reconocer su vigorosa influencia
ideológica, como medio de reducir el debate de la
reestructuración capitalista a un "problema" en el
despliegue de la mano de obra. Por debajo de la retórica
de la flexibilización, probablemente el principio
básico de la reestructuración sea la
subordinación a criterios fijados por rígidas
imposiciones presupuestarias de rentabilidad
en el corto plazo (Pollert, 1994).

Actualmente, las condiciones de trabajo se están
modificando fuertemente en nuestro país. En primer lugar,
a nivel del rol del Estado en la regulación de las
relaciones capital-trabajo.

En las sociedades
modernas, industrializadas y abiertas, la negociación
colectiva constituyó una pieza clave del sistema social.
Fue un instrumento idóneo para que las partes acordaran
distintos aspectos de las relaciones del trabajo, particularmente
los niveles salariales (Bisio y Tomada , 1993).

En nuestro país, desde la segunda mitad de los
años ´40, se pusieron en vigencia políticas
intervencionistas y protectoras de la fuerza de trabajo. Es la
época en que se crean, por ejemplo, los Tribunales de
Trabajo. Es ese modelo de protección social desarrollado
como universalismo social e históricamente restringido el
que se está transformando (Peñalva,
1996).

Hoy en la Argentina, se plantea la desregulación
de los mercados y el Estado recorta su protagonismo en la
resolución de los conflictos laborales.
Simultáneamente se produce una activa intervención
estatal para debilitar las estructuras protectoras del derecho
laboral y evitar los pactos colectivos.

Si bien el escenario es de globalización,
paradójicamente la discusión laboral se lleva a
niveles microsociales, cuando no individuales. Los cambios
actuales en las relaciones capitaltrabajo se expresan en los
derechos de los trabajadores: se trata de trabajadores que,
formalmente igualados, negocian privadamente sus condiciones de
contratación. Cuando el trabajador colectivo deja de
existir como categoría social, los derechos asociados a
aquella figura pierden sustento (Grassi y otras, 1994).
Así, los argumentos para la flexibilización se
focalizan en la descentralización de las negociaciones
colectivas y en la flexibilización de la
contratación.

En otro nivel, hay discusiones sobre qué
transformaciones incluye la "flexibilización laboral". La
incertidumbre del mercado de trabajo y los cambios en la
organización de la producción obligan hoy a los
trabajadores de todo el mundo a procesos de adaptación,
recalificación y nuevas capacidades vinculadas con la
gestión y la generación de iniciativas.

Pero el eje de las propuestas en Argentina está
focalizado en la llamada flexibilización laboral externa.
Se denominan así aquellas políticas que
permitirán disminuir o hacer desaparecer la "rigidez" del
mercado laboral para contratar y despedir personal, lo cual, a su
vez, permitiría disminuir costos laborales y por lo tanto
obtener mayor competitividad internacional y menor desempleo. Se
aplica para acelerar los movimientos de entrada y salida de la
fuerza de trabajo: contratos de
duración limitada, flexibilidad horaria y temporal
alterando uno de los núcleos del derecho social del
trabajo: el principio de estabilidad (Testa y Figari, 1997). De
este modo, los ajustes que provocan las variaciones del mercado
son soportados por los trabajadores.

También, aunque en menor medida, está
presente la propuesta de flexibilidad interna (para otros
autores, flexibilidad funcional) basada en un incremento de la
polivalencia de funciones y movilidad de los trabajadores al
interior de las empresas, en el contexto de modernización
de la producción. Se trata de cambiar la estabilidad en el
puesto de trabajo por la estabilidad en el empleo.

La flexibilidad interna implica la eliminación de
normas que
restringen la capacidad de la institución contratante para
generar movimientos internos de personal. Otros hablan de
movilización de recursos
humanos en la lucha por la calidad y
productividad teniendo en cuenta la estabilidad. En este sentido,
la movilidad permitiría reconocer el conjunto del proceso
productivo que realiza el colectivo, no para usarlos de
"comodines" por polivalencia de funciones sino en términos
de una habilitación profesional más compleja
(Lipietz, 1994).

Algunos autores también aluden a la
flexibilización interna cuando refieren a la
flexibilización salarial como la posibilidad de variar las
remuneraciones
según la situación de la empresa, del
mercado, etc.

Estas modificaciones avanzan en la
normativización. Existe una ofensiva gubernamental que se
plasma, no sin resistencias y
ambigüedades, en una serie de proyectos y
nuevas legislaciones que incluyen la flexibilización
laboral, la reforma de los regímenes de negociación
colectiva, la ley de obras
sociales y la ley de jubilación privada. La nueva ley de
empleo (24013/91) modifica las formas de contratación, la
reglamentación del derecho a huelga, la
modificación de las leyes de accidentes de
trabajo y los aumentos salariales por productividad.

Desde aquí claramente se plasma desde la
normativa y el Derecho un rol diferente para el Estado, que
aunque siga proporcionando el marco regulatorio, abdica de una
intervención directa en las relaciones de trabajo para dar
lugar a la autonomía de los convenios entre las
partes.

Una modificación reciente de la legislación
laboral puede ejemplificar estas transformaciones profundas
que están ocurriendo: cuando se altera la
legislación de accidentes de trabajo disminuyendo la
indemnización, por supuesto que se disminuyen costos
laborales.

Pero fundamentalmente se realiza un debilitamiento de
las estructuras protectoras del derecho laboral. En ese acto se
disminuye la responsabilidad del empleador, y se ubica en una
aparente paridad el vínculo empleador-empleado reduciendo
uno de los factores de riesgo de quien
obtiene las ganancias, como es hacerse cargo de una eventual
inhabilitación para el trabajo de sus empleados. Se
desdibuja la responsabilidad colectiva y se individualizan y
privatizan los riesgos (que
pasan a ser responsabilidad de cada uno).

Así, esta versión de la flexibilidad
parece venir de la mano de la precariedad. La organización
de la producción hoy se caracteriza por la
movilización de la productividad basada en el
endurecimiento del trabajo, la reducción de las reservas
de estabilización y la intensificación de los
ritmos de trabajo (Pollert, A. 1994). A partir de allí es
que se hace referencia a la precarización y vulnerabilidad
en el empleo.

La precarización laboral involucra la
pérdida no sólo de la estabilidad laboral sino
también de otras medidas protectoras de los trabajadores.
Se considera trabajo precario a todo aquel que se encuentre en
evasión total o parcial de la norma, asi como al trabajo
temporario y con deficiencias de protección (Torrado,
1992). Pero más allá de la legalidad, la
flexibilidad y la precarización laboral muestran la
vulnerabilidad creciente a la que están expuestos los
trabajadores. La mayor expresión de esta situación
es el desempleo.

1.1. Las nuevas condiciones
de trabajo y el impacto del desempleo

Como ya señaláramos, históricamente
el sujeto de los derechos sociales en nuestro país ha sido
el trabajador. Por las altas tasas de empleo, la mayor parte de
la PEA estaba incluida ya que hasta principios de los
setenta las tasas de desempleo abierto eran moderadas en el
sector urbano (oscilantes entre el 4 o 5%). También el
subempleo visible era relativamente reducido y no existían
indicios de un volumen
significativo de desempleo oculto (Beccaria y Orsatti,
1990).

El período 1976-1990 está marcado por los
cambios en la oferta de mano
de obra (disminuyó la migración
interna, aumentó la presencia femenina) y en los
requerimientos de fuerza de trabajo (reducción del empleo
industrial, crecimiento del empleo en la pequeña empresa).
Además, aumentó el desempleo y se precarizaron las
relaciones contractuales. El nivel de los salarios
descendió (afectado por las políticas salariales,
el aumento del desempleo, el debilitamiento de los sindicatos y
la inflación acelerada), lo cual se reflejó en la
desigualdad en la distribución del ingreso, que
alcanzó su punto máximo en 1989 (Marshall, A.
1994).

A partir de 1990 se inicia un programa
económico basado en el cambio fijo,
el control de la emisión monetaria, la apertura a las
importaciones y el control del déficit fiscal que
logró la estabilización de precios. El
año 90 decreta un punto de inflexión ente
economía y empleo en la Argentina. Hasta ese momento el
crecimiento del PBI era acompañado por el crecimiento de
las tasas de empleo. De ahí en más, el crecimiento
de la economía nacional es seguido por el aumento de la
desocupación (Feletti y Lozano, 1996). Justamente en el
período de estabilidad de precios, según A.
Marshall, se incrementa la oferta de fuerza de trabajo
disponible, así como disminuye la demanda de mano de obra.
Los bajos salarios, junto al bajo nivel de las jubilaciones y el
crecimiento del desempleo masculino provocaron la llegada de
nuevos sectores al mercado de trabajo: se incrementó la
tasa de participación femenina en la actividad
económica y se elevó la tasa de
participación de los grupos de edad más avanzada.
Por otra parte, la sobrevaluación del peso
incentivó la inmigración desde países
vecinos.

Pero los sustentos estructurales del desempleo son
otros: por un lado la desindustrialización por el
predominio de la valoración financiera y la apertura
importadora, por otro un aumento de la productividad por la
intensificación del trabajo y la incorporación de
tecnología y por último, la expulsión de
asalariados durante el proceso de privatización de
empresas estatales (Basualdo, 1996). Entre 1989 y 1993 el empleo
público nacional disminuyó a la mitad, así
como creció a nivel provincial por la transferencia de los
servicios educativos (Marshall, A. 1994).

Es así que grandes grupos han sido expulsados del
mercado de trabajo y la producción o han modificado su
empleo y sus condiciones de trabajo. Se gestan entonces nuevas
formas de asimetría social. Los indicadores
hoy muestran cambios muy significativos: entre 1990 y 1995 se
triplicó el índice de desempleo. Las últimas
cifras (octubre de 1996) ubican en el 17,6% la tasa de
desocupación a nivel nacional y en el 13,6% la de
subocupación, señalando un triste e
histórico record que no parece dar señales
de reversión en el corto plazo. Según el Instituto
para el Desarrollo Industrial de la UIA, los índices de
población activa con problemas de
inserción laboral en las provincias llegan a triplicar los
índices de desempleo. En la actualidad, la búsqueda
de empleo no proviene solo de los desocupados sino que los mismos
ocupados ejercen una presión
mayor sobre el mercado en la búsqueda por sumar otro
empleo (Pok, 1997).

Esta dinámica parece similar a la
segmentación del mercado de trabajo global que muestra una
polarización de la fuerza de trabajo. Su indicador
más claro es el nivel de protección: por un lado un
sector más formalizado y protegido y por el otro un sector
totalmente desprotegido, en el que se ubican los desempleados,
los subempleados y los que perciben ingresos
más bajos. A la vez, se produce un proceso de
masculinización de la desocupación que es
complementario a la feminización de la ocupación.
Hay un reingreso a la actividad económica de las mujeres
que se convirtieron en el sector menos protegido de la fuerza de
trabajo asalariada (Cortés, R., 1994).

En el contexto específico de nuestra modernidad
periférica, la desocupación y la marginación
pueden concebirse como factores de presión en el
desarrollo de la implicación y compromiso social. El
problema no es solo la desocupación sino también
las características de los empleos existentes. Hay un
nuevo mapa sociolaboral: la crisis del empleo es un
fenómeno nuevo, que ha emergido y transformado el mercado
de trabajo de modo convulsivo en el último lustro. Este
fenómeno no parece de reversión inmediata (35). En
una sociedad dualizada, la tendencia es hacia dos grandes grupos:
por un lado, los incluidos y por el otro, un grupo
constituido por desempleados y subempleados, jubilados y otros
sectores que conforman un bloque con pocas posibilidades de
movilidad social ascendente y trabajo estable. Así, la
presencia de desocupados tiene un fuerte efecto regulador:
funciona como una presión constante hacia la
aceptación de las nuevas condiciones laborales y la
pérdida de derechos históricos. A la vez, la
prolongación del tiempo de desocupación y la
desactualización técnica hace que grupos
significativos de desocupados no constituyan una amenaza como
"ejército de reserva", por una "pérdida gradual de
la empleabilidad" (Offe, 1997). Como veremos más adelante,
no es ésta aún la situación en la
docencia.

1.2. La reforma del Estado y
el empleo público

Otra transformación importante del mercado de
trabajo deviene de la reforma del Estado. El Estado argentino ha
desempeñado tradicionalmente un papel importante como
empleador. Desde su formación, ha ido incorporando mano de
obra paralelamente a su expansión en actividades
económicas y sociales como la producción de insumos
básicos y la nacionalización de servicios
públicos y sociales, entre otras (CEB,
1993).

Como señalamos en el capítulo anterior,
bajo el Estado de Bienestar el sector público nacional fue
creciendo por la progresiva expansión y
diversificación de funciones. Desde mediados de los '70,
comienza una transformación estructural en la que el
Estado declina su rol empleador, y se favorece la
descentralización administrativa (transfiriendo a las
provincias hospitales y escuelas primarias).

Pero a partir de la crisis hiperinflacionaria del '89 y
con el crecimiento de la opinión de la incidencia del
déficit fiscal en la misma, se inicia un drástico
retraimiento estatal en la producción y
distribución de bienes y servicios y en la
redistribución social (36). En este camino se va
construyendo un nuevo rol para el Estado, que implica nuevas
regulaciones de las relaciones estado y sociedad, estado y
mercado, sociedad y mercado (Marafioti, 1993).

A nivel nacional, se avanza en el proceso de
privatización de empresas públicas y desplazamiento
de la intervención en la actividad económica (37).
En dicho marco se diseña una reforma administrativa que
tiene entre sus ejes la reducción y reorientación
del gasto
público y el redimensionamiento de su estructura. Para
ello, se lleva a cabo una política de reducción del
personal por medio de "retiros voluntarios" indiscriminados, que
redunda en el éxodo del Estado de buena parte del personal
técnico más capacitado (Thwaites Rey,
1995).

Simultáneamente, se deteriora significativamente
la remuneración real de los empleados de la
administración pública. A la vez, se revisan
los convenios colectivos de las empresas estatales y se
reglamenta el derecho de huelga en los servicios públicos.
También se desmantela gran parte de los programas
sociales existentes con la consecuente reducción de
recursos y personal en esas áreas.

CUADRO N° 5:
PROMEDIO ANUAL DEL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO (Base
enero 1984=100)

Nota: El poder adquisitivo del salario
mide la capacidad de compra del salario en el momento en que se
percibe.
Fuente: Carta
Económica, citada en Las políticas sociales en la
Argentina, PRIES – Cono Sur, Agosto de 1994.

Dora Orlansky, en un balance de la composición
del sector público nacional en 1993, posterior a la
reorganización de la administración pública nacional y a
la privatización de las empresas estatales, analiza la
recomposición funcional de todo el sector público.
En su opinión, el aparato estatal nacional hoy es un
ámbito que ha intensificado su perfil político y
prácticamente ha eliminado las funciones sociales y
económicas. Esto tiene incidencia numérica en el
empleo público nacional: por un lado se restringe como
fuente de empleo en tanto tienden a desaparecer los programas
sociales de ejecución centralizada (que son intensivos en
personal), pero por el otro crece numéricamente el
personal en funciones políticas (Orlansky,
1994).

Por otra parte, en esta reconfiguración del
Estado, la descentralización es una de las estrategias en
juego.
Más allá de las potencialidades de las
políticas de descentralización en general, en la
Argentina y en el sistema educativo diversos estudios abonan la
hipótesis de enmarcarla como una
política vinculada con la desresponsabilización
financiera de la Nación a la vez que una estrategia de
gobernabilidad. Aparece así como un recaudo para diluir
los reclamos y para hacer más prolijas las cuentas de la
Nación. Se trataría de una fuerte decisión
de política central que procuraría descentralizar y
balcanizar los conflictos (Wainfeld, 1993; Weiler, 1992;
Kisilevsky, 1996).

Frente a la desestructuración de sus
economías regionales, las provincias no construyeron
estrategias de reconversión productiva. La Nación,
por su parte, para descargar de erogaciones al Fisco Nacional, no
solo realiza una transferencia directa de gastos a las
provincias sino que les agrega servicios públicos
esenciales no susceptibles de ser privatizados por no ser
rentables (algunos FFCC o Agua y
Energía). Este ajuste exige a las provincias la
asunción íntegra del rol social del Estado, tanto
en prestaciones
directas (como salud y educación) como en el subsidio de
los servicios públicos. Así se acentúan los
desequilibrios e inequidades regionales y con ellos avanza la
fragmentación.

Con las transferencias, la administración nacional flexibilizó
completamente su gasto, suprimiendo sus componentes
rígidos (privatización de empresas, transferencia,
racionalización del personal, etc.). Como contrapartida,
se rigidizó el gasto público provincial y se
redefinieron las relaciones tributarias Nación-Provincias
(Lozano y Feletti, 1996).

CUADRO N° 6:
VARIACION DEL NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS PROVINCIALES: Y SU
RELACION CON LA PEA, 1983-1993 – PROVINCIAS SELECCIONADAS
–

FUENTE: Elaboración propia en base
a datos del
Ministerio del Interior, Subsecretaría de Asistencia a las
Provincias:
Situación de las provincias argentinas, Enero-Marzo de
1997, Buenos
Aires.

Por otra parte, por los procesos de transferencias y
como paliativo de la crisis social, se expandió el empleo
público provincial (con salarios bajos), que pasó a
constituir un porcentaje importante de la PEA: así, en
algunas jurisdicciones se convirtió en un subsidio por
desempleo encubierto, tal como lo fue en otros tiempos el empleo
público nacional (Braslavsky, 1987).

Con déficits presupuestarios previos, la actual
recesión económica ha agudizado la situación
de las provincias (disminución de la recaudación,
ausencia de recursos extraordinarios, etc.) que se encuentran
frente a la "inevitabilidad" del ajuste y sus costos sociales.
Una de las áreas básicas para el ajuste será
el empleo público provincial, que es uno de los factores
claves de desequilibrio en un contexto donde se carece de
actividades productivas que puedan absorber la
desocupación (Lozano y Feletti, 1992).

El discurso del gobierno nacional, y fundamentalmente
del Ministerio de Economía, procura una traslación
del ajuste ya realizado en la Nación, a través de
condicionar sus aportes a las provincias en períodos de
ahogo financiero a la privatización de las empresas
públicas provinciales (bancos, empresas
de energía, etc.) y la transferencia de las Cajas
Previsionales a la Nación. La resistencia a
estas medidas que aún persiste en algunas gestiones
provinciales se vincula, fundamentalmente, al alto costo social y
político que las mismas implicarán en contextos con
fuerte dependencia del aparato estatal.

El avance en este proceso implicó instalar nuevos
sentidos en la sociedad civil y
para ello, desmontar un andamiaje construido junto al Estado
Benefactor. A la par del deterioro y descrédito del Estado
y de lo público en general, creció la
revalorización cultural del individualismo. El Estado
Benefactor fue perdiendo simultáneamente la legitimidad
ideológica y las bases de sustentación
político-económica que la hacían posible
(Wainfeld, 1993).

La nueva distribución de funciones entre la
nación y las jurisdicciones se instala sobre la
pérdida de confianza social en el centralismo
burocrático estatal como modalidad de gestión del
sistema educativo. Se construyen imágenes
que tienden a deslegitimar las instituciones públicas,
aludiendo al "gigantismo" de lo estatal y poniendo en
cuestión la calidad de los servicios y de sus agentes
desde esos argumentos (38). En el caso de las empresas estatales
de servicios públicos, el discurso oficial hizo
hincapié en su carácter intrínsecamente
ineficiente, señalando que los servicios públicos
sólo se desarrollan mejor por medio de la competencia
entre intereses privados. Esto abrió el camino para
políticas tales como las privatizaciones, el cierre de instituciones, la
imposición de aranceles,
etc. En algunos sectores operó luego una transferencia del
esquema de análisis a la cuestión educativa
(Gentili, 1997). Como parte de este proceso, la devaluación docente fue unida a la
devaluación del Estado.

Esta nueva distribución de funciones hace que la
responsabilidad financiera y administrativa, luego de las
transferencias educativas de 1978 y 1991, quede radicada en las
provincias que sólo tienen margen presupuestario para
sostener parcialmente los gastos corrientes. En esta
última etapa, la usina de producción de propuestas
está en la Nación, así como los
financiamientos adicionales en general vinculados con el
desarrollo de las innovaciones que ésta propone: capacitación, proyectos especiales,
infraestructura, etc. Opera entonces una creciente
fragmentación del sistema nacional por los recursos
básicos diferentes a los que está librada cada
jurisdicción y porque en esas diferencias se inscriben los
mandatos homogéneos de la Nación y sus recursos
específicos (Tiramonti, 1996).

Así, se construye una nueva representación
de la nación que repercute directamente en la percepción
y gestión de los conflictos. Veamos una escena: el 3 de
marzo de 1997, en la inauguración del ciclo lectivo, el
presidente Menem sostuvo:
"Pido a los gobernadores que renuncien a cualquier cosa, que
sacrifiquen cualquier aspecto de la vida de la comunidad de los
pueblos que conducen, pero jamás el salario de los
docentes".

Se visualiza aquí como se reformula y escinde la
dirección de las demandas: la
provisión de los recursos básicos tales como los
salarios corresponden a las provincias (y esto explicaría
la atomización inicial de las huelgas docentes) (39) y, en
la mayoría de las provincias, las propuestas de innovación se esperan de la Nación.
Pero no se trata de un proceso homogéneo: otras
jurisdicciones (MCBA, Córdoba o Bs.Aires), en general con
una trayectoria y margen mayor de recursos técnicos y
materiales propios y con proyectos políticos más
autónomo, han logrado imprimirle un perfil propio a la
reforma (40). En ellas, la "transformación educativa"
tiene también un fuerte referente
jurisdiccional.

En síntesis,
con la descentralización hay un desplazamiento de
responsabilidades, se intercalan filtros de aislamiento entre los
conflictos locales y el resto del sistema (Weiler, 1996) y se
regulan las expectativas de los sujetos a partir de redireccionar
sus demandas.

La docencia como trabajo (en particular, como empleo
público) está inserta en este contexto. Desde esta
perspectiva abordaremos en el próximo apartado cómo
impactan y se procesan estas transformaciones.

2. La docencia como empleo
público

Como se ha señalado, las transformaciones
económicas y culturales se sitúan en un contexto de
explosión tecnológica altamente competitivo, donde
el significado y las características del trabajo cambian.
Por un lado, hay transformaciones en la estructura y volumen del
empleo: se innova en los procesos productivos y de
organización del trabajo, surgen nuevas formas de
gestión y simultáneamente crece la
desocupación. Por otra parte, en el actual proceso de
ajuste estructural, la reforma del estado implica modificaciones
no sólo en sus funciones sino también en tanto
fuente de empleo. Pero esto es particularmente contradictorio con
el diseño
histórico del sistema educativo cuya
democratización dependía de su creciente
extensión y por lo tanto requería el incremento del
número de empleados/docentes para atender a los nuevos
incluidos/alumnos.

¿Cómo repercute el ajuste estructural en
el trabajo docente? La docencia es un empleo público en
tanto se trata de contratos en relación de dependencia con
el estado, sea éste nacional, provincial o municipal,
remunerados bajo la modalidad salarial. Cuenta con rasgos que
tienen una larga tradición en la administración
pública (como la estabilidad, incorporada desde 1958 en
sucesivas legislaciones) (41) además de rasgos
específicos sancionados por el Estatuto
Docente.

Como ya planteamos en el Capítulo I, el proceso
histórico de implantación del magisterio
corrió paralelo al progresivo desarrollo de la
burocratización de las funciones del Estado, aplicando a
la docencia un modelo semejante al que opera para el resto de los
empleados públicos (42).

En el pensamiento
hegemónico aparece como dato indiscutible que la crisis
fiscal del Estado requiere de la reducción del gasto
público. Así se empiezan a diseñar algunas
medidas tales como el despido y congelamiento del ingreso de
empleados públicos. Pero, ¿qué sucede si se
intenta aplicar estos criterios al sistema educativo y al empleo
docente, si se procura administrar el aparato estatal en base a
estos criterios de racionalidad y rentabilidad? Quizás no
resulte tan fácil congelar el ingreso a la docencia como
en otras ramas de la Administración Pública, pero
sí es posible alterar sus condiciones laborales para
cumplir el objetivo de disminución del gasto
público.

2.1. La búsqueda de un
empleo estable

Las características del mercado de trabajo en
general y las del empleo docente en particular se articulan en
dinámicas específicas. La incertidumbre del mercado
de trabajo ya reseñada, el deterioro de los salarios de
maestros/as y profesores/as y la tradición de estabilidad
confluyen en abandonos y retornos al empleo docente. La
trayectoria social de quienes ejercieron y ejercen la tarea de
enseñar tampoco es ajena a esta
dinámica.

Como se señaló en el capítulo
anterior, el origen social de las primeras generaciones que
asistieron y egresaron de las escuelas normales como maestras/os
fue heterogéneo, ya que provenían de distintos
sectores sociales. No fue así en el caso de quienes
enseñaban en los colegios nacionales, que eran
mayoritariamente universitarios y varones. Justamente, una de las
motivaciones para la inclusión de las mujeres en el
magisterio fue la perspectiva de movilidad social ascendente.
Como se observa en el Cuadro N° 7, estas tendencias
históricas de ascenso social y diferenciación entre
maestras primarias y profesores/as secundarios se mantienen
vigentes en la muestra de esta investigación y se manifiestan
particularmente por el nivel de estudios alcanzado por los
progenitores de los docentes.

CUADRO Nº 7:
NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES DE MAESTROS/AS Y
PROFESORES/AS

NOTA: (1) se consideran estudios
completos e incompletos.

Hoy pareciera que en las motivaciones para la
inclusión de las mujeres en la docencia, ocupa un lugar
importante el sostenimiento o completamiento básico de la
canasta familiar.

Justamente el incremento de la presencia femenina en la
PEA, paralelamente al aumento del desempleo de los jefes de hogar
(Cortés, 1990), muestran que este fenómeno
atraviesa el conjunto del mercado de empleo.

Al parecer, las dinámicas generales del mercado
de trabajo regulan los movimientos al interior del mercado de
trabajo docente. Ante el incremento de los desocupados y
subocupados, hay más ingresantes en la carrera docente y
un mayor retorno a ella de quienes hace años que no
ejercen porque ahora necesitan un aporte más al presupuesto
familiar, porque fueron despedidos de otro empleo, porque el
trabajo por cuenta propia se ha resentido. Así, la
docencia aparece como un puerto seguro. En
cambio, cuando hay otras perspectivas laborales, la docencia
tiende a abandonarse.

En el mercado de trabajo general, la incertidumbre
atraviesa tanto las condiciones de contratación como las
demandas del puesto de trabajo. En cambio, el trabajo docente con
su configuración laboral histórica, aún es
apetecible porque permite, frente a la falta de certezas que
caracteriza esta década, cierta estabilidad (43).
Todavía sostiene algunos rasgos característicos del
empleo público en el Estado de Bienestar.

En el sector docente (ya en ejercicio) se registran dos
tendencias sucesivas: en un contexto de estabilidad y "optimismo"
económico, con oportunidades de empleo (como el Plan Austral y el
inicio de la Convertibilidad), algunos sectores que
tradicionalmente aspiraban a la movilidad, ya no visualizan a la
docencia como posibilidad de ascenso social e intentan otras
alternativas. Por el contrario, en períodos de
restricción del mercado de trabajo (como la hiperinflacion
de 1989 o la recesión que se agudiza a partir de 1995) hay
sectores crecientes que, ante el temor de quedar excluidos del
mercado laboral, valorizan a la docencia como una alternativa
laboral estable, más allá de las
características específicas de la tarea.

En esos casos, puede señalarse la
resignificación de las motivaciones "vocacionales" en la
tarea docente (apostolado, voluntarismo, optimismo
pedagógico) y su adecuación a los parámetros
más generales que caracterizan cualquier trabajo. En este
caso también se encuentran tanto maestras/os como
profesoras/es que habían abandonado la docencia y vuelven
a ella en la búsqueda de la estabilidad perdida. Se activa
una "reserva laboral ante coyunturas apremiantes" (Ezpeleta,
1992). Una maestra contaba: "Trabajé de maestra de
jovencita, también cuando me casé. Pero ya con las
dos nenas era imposible. Así que dejé la escuela, hace ya
12 años. Mi marido trabajaba bien, como técnico
mecánico en una fábrica textil muy
grande.

Cuando las nenas entraron a la escuela, empecé a
atender un consultorio, dos veces por semana. Pero hace dos
años la fabrica cerró (si las telas importadas
están mucho más baratas!) y ahora mi marido tiene
trabajo de vez en cuando.

Así que decidimos que yo vuelva a la escuela.
Conseguí una cerca, es un trabajo que me agrada. Sobre
todo da tranquilidad que haya un sueldito todos los meses…"
(Maestra, Rosario).

CUADRO N° 8:
TITULO DE LOS PROFESORES DE NIVEL MEDIO, SEGUN SEXO, 1994 (en
porcentajes)

Nota: (1) Se incluyen las siguientes
categorías censales: maestros normales, egresados de
terciarios o universitarios
y distintas combinaciones que involucren formación
docente.
Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de
Docentes y Establecimientos Educativos '94.
Secretaría de Programación y Evaluación Educativa,
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación,
Buenos Aires, 1996.

Estas búsquedas también alcanzan a los/as
egresados/as universitarios en su recurrencia a la docencia.
Cuando egresan de una misma carrera universitaria, en general
mujeres y hombres toman caminos diferentes: la tendencia para las
mujeres es la administración pública y la docencia,
mientras que para los varones lo es la actividad privada o el
ejercicio independiente de la profesión. Como se observa
en el cuadro n° 8, para la mayor parte de los varones que
trabajan como profesores en el nivel medio hoy, no figuraba en
sus proyectos laborales la docencia cuando siguieron una carrera
terciaria o universitaria. Además, muestran, en general,
una permanencia discontinua en la enseñanza. Su
inclusión ha sido tardía en la docencia, producto
de la situación económica y la carencia de opciones
de desarrollo en su campo profesional.

"La competencia es desleal porque ahora cualquiera
quiere dar clase: competís con los que quieren "currar",
pero igual no es como en el comercio, que allí es la ley
de la selva… Cada vez son más los técnicos o
ingenieros que se presentan en cargos de materias técnicas
y también de Física y Matemática…No nos engañemos, hay
poco trabajo y algunos los absorben para mantenimiento
pero no hay tantas fábricas en la zona." (profesor,
Mendoza).

Por otra parte, la inflación de los
títulos no es excluyente de la docencia ni de nuestro
país. Se trata de una tendencia a nivel mundial. Se
podría pensar, al interior del sistema educativo, si el
empobrecimiento de las condiciones salariales e institucionales
del trabajo docente no contribuyen a una subutilización de
la formación de los sujetos que en ella
trabajan.

CUADRO N° 9:
DOCENTES VARONES EN NIVEL PRIMARIO Y MEDIO, Y HOGARES CON NBI POR
JURISDICCION

Fuente: Elaboración propia en base
a: (1) Censo Nacional de Docentes 1994, Red Federal de
Información Educativa, Ministerio de Cultura y
Educación de la Nación y (2) Anuario
Estadístico 1995, INDEC, Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos, Buenos Aires, 1995 (los datos
de NBI son de 1991).

Aunque la presencia de los varones ha sido
tradicionalmente significativa en el nivel medio de
enseñanza, se trataría de una tendencia en ascenso
en esta década (44).

Si se observa con detenimiento el cuadro N° 11, en
el caso de la enseñanza primaria la presencia de varones
muestra un rasgo particular: las jurisdicciones donde el
porcentaje de docentes varones está por encima de la media
nacional son aquellas donde los hogares con NBI también
superan la media nacional, y viceversa (a excepción de
Santa Cruz y Entre Ríos). Se podría hipotetizar
entonces, que la presencia de varones en el magisterio se
incrementa en regiones donde la pobreza
adquiere rasgos más dramáticos, vinculada
seguramente a la restricción de las oportunidades de
empleo (45.)

La última información censal da cuenta
que, en 1991 el peso del número de trabajadores de la
enseñanza en la PEA casi alcanzaba al 5%. Pero
fundamentalmente muestra las dinámicas de género y
de empleo hoy. Por un lado, el número de hombres que
componen la PEA se mantiene estable comparado con el incremento
del número de mujeres que han salido al mercado de trabajo
en la última década. Por otra parte, los datos
censales muestran que mientras para las mujeres la
enseñanza representa 1 de cada 11 opciones de trabajo,
para los hombres es 1 cada 100 (46).

CUADRO N° 10:
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN LA P.E.A.,
POR SEXO.
CENSOS 1895, 1914, 1980 Y 1991 (en valores absolutos y
porcentajes)

Fuente: INDEC, Censos
Nacionales.

La lucha es por permanecer dentro del mercado formal de
trabajo. Algunos autores refieren a la pelea de los trabajadores
por pertenecer e ingresar a las ramas que favorecen la
capacitación y la estabilidad, acrecentando la puja
intraclase entre los trabajadores y de éstos frente a los
marginados del mercado laboral (Dinerstein, A. 1994). Mientras en
el mercado de empleo se modifica la composición de la mano
de obra asalariada, registrándose un crecimiento del
trabajo asalariado transitorio (se formaliza la inestabilidad)
(47) (Gomez, 1997), el trabajo docente titular todavía
reúne ambas condiciones: salarización y
estabilidad. Trabajar de docente permite un nivel básico
de protección social por el acceso a los beneficios
sociales y a la vez no obtura el trabajo parcial e independiente
en otras áreas.

A la vez, esta necesidad de permanecer dentro del
mercado formal de trabajo ha modificado expectativas y
estrategias de los docentes que no se sienten satisfechos con su
trabajo. En una investigación que realizamos en 1993
encontramos un grupo considerable de maestras y maestros que
deseaban abandonar la docencia. En las entrevistas a
ex-maestras/os, aparecía que la estrategia que
habían desarrollado para abandonar la tarea de
enseñar partía de tomar un 2do. o 3er. empleo y
ponerse a prueba. En la medida en que este trabajo
permitía por lo menos "los mismos ingresos con menor
desgaste" y simultáneamente la docencia les brindaba pocas
gratificaciones, la abandonaban. No eran ajenas a los relatos las
conductas expulsivas del propio sistema (Braslavsky y Birgin,
1994).

El período transcurrido entre 1993 y 1996 permite
hipotetizar que esta tendencia se ha revertido. Del mismo modo
que con la matrícula de inscripción en las
instituciones de formación docente, ante el crecimiento
del desempleo y el subempleo, es decir ante la restricción
de otras oportunidades laborales, las expectativas de abandono de
la docencia han disminuido, como lo muestran los registros ya
mencionados. Sin embargo, no están ausentes de los
deseos.

Justamente en el cuadro siguiente se observa que un
porcentaje significativo de docentes de esta muestra manifiesta
que si volviera a empezar, optaría por otra
ocupación. Los motivos se vinculan fundamentalmente con la
devaluación simbólica y material de su tarea. Los
datos mostrarían una insatisfacción mayor en el
nivel primario que en el medio, tanto en la opción
profesional como en el desprestigio social que perciben las
maestras y maestros respecto de los profesores y
profesoras.

CUADRO N° 11:
DOCENTES QUE OPTARIAN POR OTRA OCUPACION Y MOTIVOS, POR
JURISDICCION

La deserción de los cuadros docentes no es un
fenómeno de los países subdesarrollados, sino que
ya había empezado a preocupar en Europa (Francia,
Suecia, España) a
comienzos de los '80, vinculado con el esfuerzo síquico
que demanda la tarea (Esteve, J. 1994) (48). En este sentido, y
más allá de las características agravadas
por el contexto actual, manifiesta una problemática
específica de este trabajo que es atendida en otros
países desde medidas estimulantes para el ingreso a la
carrera tales como el acceso a becas, el año
sabático, la flexibilización del período de
permanencia frente a alumnos, la rotación de funciones,
etc., y, por supuesto, un incremento en los niveles salariales.
No es ése el caso de la Argentina.

2.2. El salario de los
docentes: ¿escaso pero seguro?

Como parte del proceso de ajuste estructural, los
salarios de la administración pública sufren un
lento e "inexorable" deterioro respecto de otros salarios. Esto
adquiere ribetes particulares en la docencia, entre otras
cuestiones porque su peso relativo en el volumen del empleo
público provincial es muy alto, incrementado más
aún a partir de la transferencia de servicios de nivel
medio y superior (49). Como se ve en el cuadro N° 12, hoy la
docencia es el sector más numeroso en la planta de
personal público. Según datos del Censo Nacional
Docente de 1994, en la Argentina hay en actividad 560.443
docentes.

Visualizando esta situación, algunos documentos del
Banco Mundial
proponen contribuir a la reforma educativa haciendo
hincapié en un desplazamiento de la inversión hacia los insumos del proceso
educativo: producción de textos, curriculos regionales,
materiales didácticos. Una tecnología centrada en
el maestro implicaría alto costo en salarios para motivar
a los mejores y, si se elevase el salario, habría que
agregarle un costo indirecto por la presión salarial del
resto de los servidores
públicos (Coraggio, J. L. 1993). Este argumento se cruza
con otro: el salario docente ocuparía sólo el
octavo lugar como factor de incidencia en el mejoramiento de la
calidad de la educación (Coraggio, 1993; Torres,
1997).

CUADRO N° 12:
PLANTA DE PERSONAL PÚBLICO DE LAS PROVINCIAS DE BUENOS
AIRES, SANTA FE, Y MENDOZA. AÑOS 1987-1993.
ESCALAFONES: DOCENCIA, SEGURIDAD,
JUSTICIA Y
SALUD

(1) Para la provincia Buenos Aires,
corresponde a la planta ocupada en marzo de 1993; para Santa Fe,
a septiembre de 1992 ;
para Mendoza, los datos de 1993 y de 1992 corresponden a la
planta ocupada a junio de 1992.
Fuente: Elaboración propia en base a Dirección
Nacional de Coordinación Fiscal con las provincias,
citado en:
Ministerio del Interior, Secretaría de Asistencia para la
reforma económica provincial (1994):
Datos para el análisis del sector público de las
distintas jurisdicciones de la República Argentina, Buenos
Aires.

En el cuadro N° 13 se observa cómo el salario
de un/a maestro/a de grado es comparativamente el más bajo
respecto de otros salarios de la administración
pública con categorías "equivalentes", aunque no
tienen los mismos requisitos para el ejercicio (por ejemplo,
poseer por lo menos título de nivel medio como Maestra
Normal) (50).

Como se ha dicho, el deterioro del salario docente es
parte de un proceso que involucra a amplios sectores de la
población argentina que habían logrado posicionarse
como capas medias.

La reestructuración productiva ha generado
procesos de empobrecimiento que afectan a los sectores obreros y
penetran también en las capas medias: crecen los hogares
con necesidades básicas insatisfechas y a la vez se
incorporan nuevos sectores a este universo llevados
por la dificultad para alcanzar los consumos necesarios, pero no
afectados por las mismas carencias que los pobres estructurales.
Se trata de una extensión de la pobreza, un
fenómeno de emergencia de nuevos pobres y por lo tanto de
heterogeneización de la pobreza (Murmis y Feldman, 1992).
Entre 1980 y 1990 se cuadruplicó el grupo de los
considerados pobres por ingreso o nuevos pobres (Beccaria,
1993).

Los pauperizados en este proceso son trabajadores cuyas
condiciones personales y profesionales no son distintas de las de
quienes consiguen participar afirmándose en el proceso de
reestructuración. Los nuevos pobres no habían
registrado privaciones en sus necesidades
básicas.

Pero estos nuevos pobres no tienen en común con
los pobres estructurales la historia, y por ella cuentan
con una significativa acumulación previa de recursos en
términos educativos (certificación y
formación por acceso a la enseñanza), de
experiencias y en bienes materiales (barrio, vivienda, aparatos
domésticos). Ambos grupos comparten las tasas de
desocupación o subempleo, las dificultades para la
subsistencia básica, el sistema de salud
precario.

En el ajuste, los aportes del Estado en términos
de infraestructura y servicios sociales disminuyen notoriamente.
Esto implica un incremento de los costos de reproducción básica familiar: desde
la compra a cargo del usuario de elementos básicos para la
atención de su salud en un hospital (jeringas, placas
radiográficas, etc.) hasta la creciente importancia de la
contribución a la cooperadora escolar.

En este contexto la situación se torna más
compleja también en el marco familiar, en la medida en que
implica una participación simultánea de los
conyuges en el mercado de trabajo y en las tareas del hogar. La
unidad doméstica es sede del diseño de estrategias
adaptativas para amortiguar la caída. Desde esta
situación se instala la conciencia de una
gran vulnerabilidad y fragilidad. Aunque resistida, la
sensación de irreversibilidad puede ir demoliendo el
mito del
progreso permanente y la movilidad social ascendente (Karol, J.,
1992).

CUADRO N° 13:
REMUNERACION REAL DEVENGADA EN LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES,
SANTA FE, Y MENDOZA. SEPTIEMBRE 1991, 1992 Y 1993
(en pesos corrientes)

Fuente: Elaboración propia, en
base a C.F.I., citado en: Ministerio del Interior,
Secretaría de Asistencia para la reforma económica
provincial (1994):
Datos para el análisis del sector público de las
distintas jurisdicciones de la República Argentina, Buenos
Aires.

Si desde las condiciones de trabajo comparativamente
más estables la docencia vuelve a ser un trabajo buscado,
no lo es desde el punto de vista del salario. Más
aún, si la docencia fue una opción laboral que
facilitó la movilidad social ascendente, hoy por el
contrario se ubica a sus miembros en una dinámica social
descendente (Feijóo, 1992).

En el contexto de las políticas económicas
actuales, la falta de recursos aparece naturalizada. De
allí deviene la "imposibilidad" de un incremento salarial:
se esgrime que no hay otra manera de gestionar la crisis o que
hay un agotamiento de los fondos públicos. La
recuperación salarial aparece ligada al aumento de la
productividad (se caracterice como se caracterice en el empleo
docente), sin referencia a los derechos básicos a un
ingreso digno.

Al respecto, un estudio sobre la evolución de los salarios reales entre 1935
y 1990 muestra que en este último año, un maestro
de grado nacional cobraba el 21,4% de lo que cobraba en 1935
(Gurman y Lemos, 1991). Otro estudio, realizado por la OIT sobre
la evolución de los sueldos reales de los docentes del
sector público en los decenios 80 y 90 muestra que
Argentina está entre los tres países de América
Latina con un mayor deterioro en los salarios docentes. Para el
mismo período, todos los países de la OCDE muestran
un incremento en las remuneraciones (OIT, 1996). Por otro lado,
no se observa un ensanchamiento de la brecha salarial al interior
del sector (como en otras áreas) sino que el achatamiento
es generalizado.

El análisis de los salarios docentes
("congelados" desde 1992) muestra el ajuste también en su
composición: cuando hubo incrementos en los salarios de
bolsillo, estos fueron por adicionales no bonificables, por lo
cual no se computan sobre ellos la antigüedad, ni las cargas
sociales, ni la jubilación (51) (Maffei, 1997).

CUADRO N° 14:
SALARIO INICIAL DE MAESTROS Y MAESTRAS DE GRADO EN 1995 POR
JURISDICCION (en pesos)

(a) Fuente: datos oficiales de cada una
de las jurisdicciones. Corresponden a maestro de grado de jornada
simple.
A estos básicos deben agregársele las sumas fijas o
premios por presentismo. Los sueldos básicos no
varían desde 1992.
(b) Debido a los descuentos jubilatorios y de obra social, los
maestros reciben como sueldo de bolsillo, en promedio, un 17%
menos que el sueldo bruto.
A los afiliados a gremios se les descuenta, además, una
cuota sindical.
(c) A estos salarios no se les efectuó el descuento
vigente en algunas provincias (Véase cuadro N°
15).

Como se observa en el cuadro N° 14, el panorama
salarial es muy heterogéneo según las
jurisdicciones: varía tanto el monto como la
composición por adicionales del salario, llegando
éstos en algunos casos a más que triplicar el
sueldo básico.

Asimismo, cuando hay un incremento de recursos (por
ejemplo, el Plan Social de la Nación, el Fondo de
Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense o los
Programas Especiales desarrollados por Mendoza), se vincula a
destinos específicos: retribución por proyectos,
por capacitación, por presentismo. El salario en tanto
derecho, permanece incólume.

Estos incentivos son
efímeros: "Primero aprendimos a hacer los proyectos y
avanzamos un montón con el subsidio. Ahora nos sentimos
castigados: a medida que fuimos progresando, y eso en las horas
que nos pagaban, nos las quitan para dárselas a otras
escuelas" (maestra, Mendoza).

Como señala otra maestra mendocina entrevistada,
el salario es un índice inequívoco del valor
atribuido al trabajo y a los trabajadores. Así, para los
docentes, el desprecio por su función se
manifiesta también desde la remuneración que se le
otorga.

(La desvalorización social del magisterio)"es un
menosprecio, con razón o sin ella, desde las familias
hacia los docentes de sus hijos, que con sus críticas,
opiniones o actitudes
desmerecen la tarea de los docentes. Porque la mayoría no
toma en serio la educación. Desde el gobierno tampoco se
lo valoriza… eso lo dicen los sueldos" (maestra,
Mendoza).

La crisis de las economías provinciales en el
marco del incremento de sus responsabilidades financieras tiene
nuevos indicadores, cada vez más agudos. Al deterioro del
poder adquisitivo del salario se suman atrasos muy significativos
en el pago de los sueldos de los empleados públicos,
emisión de bonos
provinciales para el pago de una parte de los salarios (que
fluctúan su valor según el respaldo de las arcas
provinciales) (52), rebaja en los salarios de los empleados
públicos con porcentajes que varían por
jurisdicción según el monto que cobre cada
empleado, etc.

CUADRO N° 15:
MEDIDAS RESTRICTIVAS DEL GASTO DIRIGIDO AL SECTOR DOCENTE, POR
PROVINCIA, 1996

Fuente: Birgin, A. (1996) y CTERA (1996),
UNTER, UEPC, (1997).

La reducción salarial (que en algunos casos llega
al 29% del salario) es nombrada con distintos eufemismos por las
distintas gestiones provinciales. En Tucumán y Salta se
llama "aporte solidario reintegrable", en Rio Negro
"préstamo al gobierno", en Misiones "impuesto
solidario".

En este contexto, la noción de derecho adquirido
se pierde y se observan entonces situaciones inéditas que
ponen en cuestión la asociación básica
acerca de que el trabajo da derecho a un salario. Así lo
establece, por ejemplo, el siguiente decreto de la provincia de
Córdoba, que transcribimos in extenso por su elocuencia:
"art. 1: La designación de personal suplente o interino se
efectuará con carácter ad-honorem hasta el 29 de
diciembre de 1995 (…) art. 4: En caso de ausencia del director,
asumirá ad-honorem el vicedirector; si no lo hubiere,
asumirá con igual carácter (ad-honorem) el docente
de mayor antigüedad en el establecimiento(…) art. 7: Las
designaciones que se efectuaren en el marco de este
régimen deberán contar con la expresa conformidad
del docente, atento a su carácter voluntario y
honorífico, de la que no resulta derecho remuneratorio
alguno por ningún concepto." (Decreto Nº 1248 de
1995).

Hoy en Neuquén o en Río Negro los docentes
consideran una conquista laboral que se vuelva a cobrar el mismo
salario que se cobraba dos años atrás, antes de la
emergencia económica provincial. Es así que la
pelea por el incremento de un salario pobre se ha transformado en
la pelea por cobrarlo, y sin descuentos. Es en este sentido que
señalamos una fuerte regulación de las expectativas
(Bell, 1996): de aquellas que soñaban con el mejoramiento
del nivel de vida familiar a partir de un incremento salarial a
aquellas que sólo aspiran a mantenerlo.

Todas estas situaciones muestran el deterioro de la
condición asalariada y socavan el imaginario que delineaba
el empleo docente como un empleo seguro, estable a la vez que
importante para el desarrollo de la Nación.