Bolivia: un país de re?configuraciones por una cultura de pactos políticos y de conflictos
- Los movimientos
campesinos e indígenas en Bolivia - El estado y sus
reformas - El movimiento
cocalero - El abril y el septiembre:
dos movimientos sociales - A manera de
cierre - Notas
LOS MOVIMIENTOS CAMPESINOS E INDÍGENAS EN
BOLIVIA.
La participación de las comunidades campesinas e
indígenas en la política es asaz
importante en un país con tan bajo desarrollo y
tan alta proporción de población rural y nativa como Bolivia (1).
Desde el siglo XIX, esta participación acusa una dinámica vigorosa de alianza y conflicto. Son
conocidos los pactos establecidos por líderes
indígenas con los grupos en el
poder a lo
largo del siglo, que buscaron el respeto de
la tierra ante
el avance del despojo y el establecimiento de relaciones
serviles. Y son igualmente conocidas las revueltas
indígenas y las acciones
violentas de los gobiernos en su intento de
reprimirlas.
Además de esta característica importante,
que involucra a la vez la negación y la negociación, es importante señalar
que la participación masiva de los indígenas fue un
ingrediente indispensable en el cambio
histórico a lo largo de la historia republicana en
Bolivia. Así sucedió en la guerra civil
de 1899, cuando los ejércitos aymaras definieron la
victoria de sus aliados liberales. La Revolución
Nacional de 1952 habría sido sin duda distinta sin las
movilizaciones que concluyeron en la Reforma
Agraria y en la formación de milicias campesinas
armadas. De igual manera, los bloqueos campesinos de carreteras
contribuyeron decisivamente a la recuperación de la
democracia
entre 1979 y 1982 (2).
Actualmente, luego de una serie de reformas y
movilizaciones que condujeron a los resultados de las elecciones
nacionales de 2002 –en las que el candidato de un partido
campesino
obtuvo el segundo lugar y llegó a disputar el acceso a la
presidencia de la república–, los movimientos
campesinos se encuentran ya no solamente en las calles o caminos
sino también en el Parlamento y en los gobiernos
municipales. En este trabajo se
revisan los desafíos que entraña esta nueva
presencia del campesinado indígena en la política
boliviana institucionalizada. Haremos inicialmente una
revisión somera de algunos movimientos importantes en la
vida republicana. Ello nos permitirá establecer el lugar
de las acciones desarrolladas por los indígenas en los
distintos ciclos políticos de Bolivia. Posteriormente
diseñaremos el escenario en el que actualmente se
presentan los movimientos campesinos. Finalmente haremos un leve
énfasis en tres temas: el movimiento de
los productores de coca, las acciones de protesta llevadas a cabo
en abril y septiembre del año 2000, y las elecciones de
junio de 2002.
La participación de los ejércitos aymaras
liderados por el célebre Zárate Willka en alianza
con los liberales en la Guerra Civil Federal de 1899
modificó el destino del país durante el medio siglo
siguiente. La guerra civil, signada por la multitudinaria
revuelta aymara, dio a luz un
país en el que la ciudad de La Paz se consolidó
como la sede del gobierno, la
plata y sus magnates fueron sustituidos por el estaño y
sus barones, y, a pesar de las demandas indígenas, la
propiedad
terrateniente se extendió sin reparo sobre las tierras
comunales (3). De igual manera, las movilizaciones realizadas por
los colonos de hacienda contribuyeron notablemente a la
consecución de la Reforma Agraria, que se decretó
en 1953, y a la eliminación de la clase
terrateniente. El principal objeto de las demandas campesinas
durante esos dos períodos, y hasta la consolidación
de la reforma, era la tierra. Luego
de la Revolución Nacional que comandó el Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR) y de la Reforma Agraria, el eje
de la tierra se fue desplazando hacia la necesidad del
establecimiento de organizaciones
independientes. Los gobiernos del MNR (1952–1964), en su
intento de apuntalar un proceso
revolucionario controlado, impusieron la sindicalización
del área rural siguiendo el modelo minero,
y conformaron las milicias armadas campesinas, cuerpos firmemente
vinculados con el MNR que fueron utilizados para enfrentarse con
los poderosos sindicatos
mineros (4). En éste período, y durante la vigencia
del Pacto Militar–Campesino (1964–1978), que fue
suscrito durante la presidencia del general Barrientos y
ratificado por los distintos gobiernos militares, el área
rural careció de una organización independiente.
El ascenso de la tendencia katarista a partir de inicios
de la década del setenta es el principal esfuerzo
realizado por el movimiento campesino aymara por lograr esa
independencia,
que se plasmó en la creación de la
Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en 1979 (5). La
característica del período inaugurado en 1952, que
se extendió por más de tres décadas y en
Bolivia suele denominarse Estado del
‘52, fue el enfrentamiento constante entre las Fuerzas
Armadas y la Central Obrera Boliviana (COB). Los campesinos
fueron tomados como aliados de los militares y como base social
de las dictaduras (6).
La crisis de
recuperación de la democracia entre 1978 y 1982,
período en el que se produjo la más violenta
represión militar, fue también escenario de la
conformación de la CSUTCB y de las primeras protestas
coordinadas entre la COB y los campesinos. La paralización
del país a través de huelgas en los centros mineros
y las ciudades, y bloqueos de carreteras en el área rural,
en noviembre de 1979, logró la caída de un gobierno
militar que había llegado cruentamente al poder pocos
días antes. Movilizaciones posteriores aportaron
significativamente a la instauración de la democracia,
fase en la que las demandas de desarrollo rural se hicieron
más sólidas.
En 1982 se estableció uno de los dos rasgos
principales que continúan delineando la dinámica
política y económica en Bolivia: la democracia. El
otro rasgo es la economía de mercado. Una vez
recuperada la democracia, el gobierno de la Unidad
Democrática y Popular (UDP) no pudo lograr éxitos
en términos de gobernabilidad. Durante su administración, que duró hasta 1985,
se dieron una gran cantidad de protestas y conflictos, un
bloqueo parlamentario de las iniciativas del ejecutivo, y la
más alta de las inflaciones de la historia del
país. El siguiente gobierno, liderado por Víctor
Paz Estenssoro, decretó el inicio de una nueva política
económica de fuertes tintes neoliberales, y
empezó la dinámica de coaliciones parlamentarias
que respaldan las propuestas del gobierno y le brindan
estabilidad (7).
A partir de entonces los cambios propendieron, en
política, a la descentralización (administrativa en el
caso de los gobiernos departamentales, política y
administrativa en el caso de los gobiernos municipales) y a la
participación popular en la gestión
local del desarrollo. Igualmente, en el nivel nacional, se
realizaron con elección popular cinco cambios de administración sucesivos y los gobiernos se
vieron obligados a conformar coaliciones, dando lugar a una
democracia pactada, que respaldaran sus decisiones y propuestas
desde el Poder
Legislativo. Los partidos
políticos asumieron el papel mediador que las leyes les
reconocen y que antes ejercían los sindicatos encabezados
por la hoy débil Central Obrera Boliviana.
Entre algunos de los aspectos centrales de la nueva
política económica están la
eliminación de subvenciones estatales, el despido masivo
de trabajadores, en especial del sector minero, y la libre
contratación, entre otras. Este proceso se
acompañó con la proliferación de unidades
económicas familiares "informales" en algunas ciudades. La
promulgación del conocido Decreto Supremo 21060, en agosto
de 1985, suele citarse como hito de la reforma económica.
Ésta se profundizó posteriormente con la privatización de las principales empresas
estatales y la reforma del sistema de
pensiones (8).
A partir de este cambio, los campesinos se empobrecieron
más. La mayoría de los centros mineros, que
constituían una parte importante de su mercado, fueron
cerrados, y sus trabajadores fueron despedidos. La
liberalización del mercado facilitó la
internación de algunos alimentos
básicos más competitivos. A eso se sumó el
incremento del contrabando y
la caída de la productividad
agrícola por causas naturales –inundaciones, heladas
y sequías– y humanas –la
"minifundización" excesiva. Tampoco es despreciable la
ausencia de políticas
estatales en beneficio del sector rural. Por otro lado, el
movimiento obrero también sufrió un proceso de
debilitamiento y pérdida de su capacidad de convocatoria y
movilización.
Entre los hitos principales de los cambios en la
relación entre el Estado y
los pueblos indígenas en este período está
una marcha ejecutada por los indígenas de la zona
amazónica del país hacia La Paz, en 1990, conducida
por la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) con
la demanda de
reconocimiento de su territorio, sus usos y costumbres, y sobre
todo la propiedad colectiva de la tierra. Esta marcha
indígena produjo un viraje en cuanto al objeto de las
demandas campesinas, en tanto que incorporan un nuevo objeto, el
"territorio", con sus determinaciones económicas,
culturales y ambientales. Esa década, y sobre todo el
período entre 1994 y 1996, será la de mayores
cambios en el país.
Los años de 1994 a 1996 marcan con mayor fuerza los
cambios producidos, esta vez con la intención deliberada
de insertar el país en el concierto del mundo globalizado
(9) y con la conciencia de las
amplias desigualdades que existen en Bolivia. Durante la anterior
administración de Gonzalo Sánchez de Lozada con el
MNR (1993–1997), por primera vez en la historia del
país el vicepresidente, Víctor Hugo
Cárdenas, tuvo un reconocido origen aymara: era líder
de uno de los partidos kataristas, Movimiento Revolucionario
Túpaj Katari de Liberación, MRTKL. En ese lapso, el
país sufrió un sacudón, primero con la
Reforma de la Constitución Política (CPE) y luego
con un paquete de políticas como la Reforma Educativa, la
Ley de
Participación Popular, la Ley de Capitalización, la
Ley de Descentralización Administrativa y la Ley del
Servicio
Nacional de la Reforma Agraria (INRA), y la reforma de la Ley
Electoral, entre otras.
Los aspectos centrales de la Reforma de la
Constitución que interesan para los fines del presente
artículo están en el reconocimiento del país
en su condición multicultural y multilingüe (algunos
líderes campesinos sostuvieron que se debía
utilizarse el término "plurinacional"). Un segundo aspecto
es la incorporación del concepto de
"tierras comunitarias de origen" (Art. 171), que tiene un sentido
de inclusión puesto que reconoce los usos, recursos,
costumbres y formas de
gobierno interno de las comunidades originarias, garantizando
su identidad,
valores,
lenguas e instituciones.
Estos cambios introducen el reconocimiento de los derechos sociales,
económicos, culturales y políticos de los pueblos
indígenas del país. Son parte de un proyecto
tácito de construir ciudadanía activa de manera
mixta.
La Ley de Reforma educativa es consonante con el
reconocimiento a la heterogeneidad étnica, lingüística y regional, en tanto que
establece que la enseñanza debe ser bilingüe e
intercultural. Esto entraña el fortalecimiento en la
construcción de identidades de los diversos
grupos. Como expresó el ex vicepresidente, Víctor
H. Cárdenas, "la concepción de la pluriculturalidad
estaba inscrita en el marco de la educación
democrática y de la equidad de
género,
generación e interculturalidad, al dar igualdad de
oportunidades al conjunto de la población
boliviana".
Las leyes de descentralización y de
participación configuran un país con proceso de
descentralización. De ambas leyes, la última es la
que ha provocado modificaciones sustantivas en términos
políticos, ya que incorpora a los campesinos como actores
con posibilidad de ocupar cargos políticos en la administración
pública local, y elimina la frontera entre
asentamientos rurales y urbanos integrándolos en el
ámbito de la jurisdicción municipal. Por tanto,
amplía el espacio de la vida política y modifica
las relaciones sociedad–Estado, al otorgar a las sociedades
locales poder en la toma de
decisiones y de vigilancia ciudadana a través del
reconocimiento a las organizaciones territoriales, que en el caso
de la
organización indígena son las comunidades,
capitanías, etc., y, en el caso urbano, las juntas
vecinales.
La puesta en marcha de dicha ley abrió puertas
para que nuevos partidos políticos ingresen en los
gobiernos municipales. Así lo entendieron algunos
líderes campesinos que llegaron a conformar el Instrumento
Político de la CSUTCB en 1995. Este hecho resulta
importante, al haber sido el inicio de los cambios actuales del
sistema de representación política para el sector
campesino e indígena del país que han dado la nueva
cara que tiene hoy el Congreso Nacional. Como se
señaló, los campesinos perdieron importancia
efectiva para el modelo económico, en tanto que no
contaron más con el apoyo y la protección estatal,
que su productividad disminuyó por catástrofes de
origen natural y también por causas humanas como la
minifundización de la tierra y el uso de fertilizantes
químicos, entre otras. Sin embargo, su presencia
política es ahora más notable que en épocas
o coyunturas anteriores. ¿Cuál es la razón
de este fenómeno aparentemente contradictorio?
¿Cómo se han convertido los campesinos en el
núcleo del movimiento popular, supliendo a los sindicatos
mineros? Las respuestas tienen que ver, sin duda, con el hecho de
que estos movimientos exceden ampliamente la denominación
más bien económica de campesinos, e incluyen en sus
demandas y acciones elementos políticos y culturales que
convocan a otros segmentos de la población. Por otro lado,
debe tomarse en cuenta su notable capacidad de
movilización.
El movimiento cocalero está conformado por
campesinos que se trasladaron desde diversos puntos del
país a la región tropical amazónica del
departamento de Cochabamba, conocida como Chapare, en el centro
de Bolivia, con la intención de establecer colonias y
arraigar su modo de vida a los productos
tropicales. Uno de sus motores, sin
duda, es la presencia de algunos ex obreros de las minas y
campesinos de otras zonas con experiencia en la
organización sindical. Los colonizadores se organizaron en
sindicatos que se hicieron cargo colectivamente de las
principales decisiones que involucra la vida en comunidad: la
distribución de la tierra y la
instalación de servicios
básicos.
A inicios de la década del ochenta, coincidiendo
con la dictadura de
militares vinculados con el narcotráfico, se dio el boom de la producción de coca en el Chapare. Entre
1980 y 1981 la hoja de coca aumentó su precio en una
proporción muy considerable, cercana a las cien veces. El
trópico de Cochabamba atrajo entonces a una multitud de
nuevos campesinos provenientes de zonas en las que las
condiciones de producción se habían deteriorado por
problemas
climáticos o por la caída de la productividad
agrícola resultante de la minifundización en que
acabó la Reforma Agraria. Desde entonces, la coca se
convirtió en el cultivo más importante de la
región.
La presencia de colonizadores de culturas y ambientes
diversos, la dirección de ex mineros o campesinos con
experiencia en labores sindicales, la común tarea de
develar un difícil medio
ambiente, y la adopción
de la coca como cultivo básico a partir del boom del
narcotráfico, no alcanzan a explicar la importancia de las
organizaciones campesinas del Trópico de Cochabamba, que
llegaron a conformar un movimiento social de repercusiones de
escala nacional
(11). En este punto es importante la noción de afuera o
exterior constitutivo (12).
En 1988 se aprobó la ley del régimen de la
coca y sustancias controladas (conocida como Ley 1008). En ella,
el territorio boliviano se divide en tres grandes zonas: la zona
de cultivo tradicional de coca, la zona en transición, y
una tercera zona en la cual la producción es penalizada.
La zona tradicional corresponde a una parte del territorio del
departamento de La Paz, y en ella se acepta el cultivo con
caracteres irrestrictos. El Chapare es reconocido como zona en
transición, en la que el cultivo no está
inicialmente penado pero debe erradicarse. La tercera zona
corresponde al resto del país, en el que la
producción de coca está penada.
En realidad, la Ley 1008 penaliza la condición de
productor de coca. Desde su aplicación se ejecutaron
programas de
erradicación y sustitución de cultivos que no
carecieron de rasgos represivos. Los intentos de
"erradicación concertada y compensada" y "desarrollo
alternativo" fueron siempre acompañados por operativos de
"interdicción" en los que las víctimas eran los
campesinos. Aparte de este aspecto perverso, la Ley 1008
contradice preceptos constitucionales en tanto que presupone la
culpabilidad
de los portadores de sustancias controladas. En ese caso, la
prisión es inmediata sin juicio, y los presos deben
demostrar su inocencia. La población carcelaria inocente
se incrementó notablemente entre el año de
promulgación de esa ley y el año de su reforma, en
1996. Los organismos represivos empezaron a mostrar estadísticas de operativos y cantidades de
prisioneros que intentaban expresar que la lucha contra el
narcotráfico era seria y eficiente (13).
Las organizaciones cocaleras se cohesionaron con el fin
de resistir la represión y desarrollaron a partir de ello
acciones de política de la identidad. Su discurso se
centró en la defensa de los derechos humanos,
en la defensa de la coca como fuente de ingresos pero
también como "hoja sagrada", y por último en la
defensa de su propia condición de población pobre
estigmatizada por las autoridades estadounidenses.
Este tipo de acción
política, en el caso de los cocaleros, se desarrolla en
primera instancia con los enemigos fácilmente
identificables –policías, militares– pero
siempre en referencia a los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos,
de modo tal que, aún bloqueando una carretera en el
Trópico, el horizonte de la acción está en
La Paz: ahí se debe concentrar el impacto. Por ello los
cocaleros organizaron una serie de marchas a la ciudad de La Paz,
con el fin de negociar con el gobierno el respeto de los derechos
humanos y la finalización de la erradicación
forzosa de cocales.
Sin embargo, a pesar de esta determinación de
oposición y resistencia, los
cocaleros decidieron adscribirse a la institucionalidad
democrática vigente desde 1982 creando un partido
político para intentar llegar a los gobiernos municipales
en primera instancia, a representaciones nacionales en el
Parlamento en segunda instancia, y al gobierno nacional. La
iniciativa de crear un partido campesino surgió en el
Trópico, y fue planteada en 1995 a las principales
organizaciones campesinas e indígenas del país en
un congreso de la Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). El congreso se
llamó ‘Tierra, Territorio e Instrumento
Político de la CSUTCB’. En él se creó
el "instrumento político" denominado Asamblea por la
Soberanía de los Pueblos (ASP) y
posteriormente Instrumento Político por la
Soberanía de los Pueblos.
El instrumento adoptó las siglas de partidos
registrados en la Corte Nacional Electoral, primero de la
Izquierda Unida y luego del Movimiento al Socialismo (MAS),
con la que continúan actualmente. Participó dos
veces de elecciones nacionales y otras dos de elecciones
municipales. En las nacionales obtuvieron varias diputaciones; en
las municipales, el control de los
tres municipios del Trópico y otros del departamento de
Cochabamba.
A manera de hipótesis puede plantearse la siguiente
regularidad que tiene que ver con el "éxito"
político de las organizaciones de cocaleros en su
relación con la opinión
pública boliviana. El movimiento adquiere mayor
vitalidad mientras más duras son las amenazas del afuera
constitutivo. Cuanto más cerca estén los cocaleros
del carácter de víctimas, sus
movilizaciones serán tanto más vigorosas y
contarán con tanto mayor apoyo de la población.
Esto se da al menos en el combate al narcotráfico, en la
política parlamentaria y en las contiendas electorales.
Los operativos de represión del narcotráfico
criminalizan la condición de campesino, y de hecho algunos
se hacen solamente para amedrentar a los cocaleros, incrementar
su inseguridad y
desalentar la participación en las movilizaciones que
llevan a cabo las organizaciones. Pese a los actos que
acompañan estos operativos –detenciones injustas,
muertes y otras violaciones de los derechos humanos– los
campesinos continúan apoyándose en sus
organizaciones. En el caso de la política parlamentaria,
una alianza informal de los partidos más tradicionales
expulsó a Evo Morales de la Cámara de Diputados en
enero de 2002. Los diputados de estos partidos votaron su
desafuero dando validez a una acusación de
instigación al crimen. Morales salió del parlamento
e inmediatamente se dedicó a promover su candidatura a la
presidencia de la república. Al final de la campaña
electoral, el embajador estadounidense en Bolivia sugirió
públicamente no votar por Morales, ya que la ayuda
económica que Estados Unidos presta a Bolivia se
vería comprometida. La votación demostró que
la población no hizo caso de esa sugerencia: Evo Morales
obtuvo el segundo lugar en la elección nacional y estuvo
en posición de disputar la presidencia de la
República en la segunda vuelta en el
Parlamento.
La característica principal de la coyuntura
actual es la adopción de formas de acción
enmarcadas en la normatividad democrática. Los movimientos
indígenas y campesinos en Bolivia no plantean de entrada
una vía al margen de las reglas de la democracia en la
intención de satisfacer sus demandas. La lucha armada no
es vista como el camino hacia la consecución de sus
objetivos. En
cambio, su presencia en los gobiernos municipales, en los
Consejos Departamentales y en el Parlamento, expresa una
adscripción al ordenamiento formal del Estado.
La creación de un instrumento político de
expresión campesina subordina sin embargo la acción
de los representantes a las decisiones asumidas por las
organizaciones sindicales. Esta afirmación tiene sustento
en las formas de toma de decisiones de los líderes
sindicales que fueron elegidos como autoridades locales. Esto
plantea el problema de la relación entre un mandato
imperativo por parte en última instancia de las bases, y
de la libertad de
mandato que necesita la deliberación en los cuerpos
legislativos.
Luego de estas breves referencias del movimiento
cocalero, revisaremos dos momentos de su participación en
los conflictos que tuvieron lugar en Bolivia durante el
año 2000, en la
administración del fallecido general Hugo
Bánzer. En el primero, conocido como "la guerra del
agua" de la
ciudad de Cochabamba, tuvo una participación casi
tangencial. En el segundo, denominado comúnmente
"Septiembre negro", su papel fue algo más
protagónico.
EL ABRIL Y EL SEPTIEMBRE: DOS
MOVIMIENTOS SOCIALES
En el caso de la guerra del agua, diversos sectores
sociales urbanos y rurales conformaron esta acción
colectiva con un alto contenido de solidaridad14. A instancias de
varios segmentos sociales que advirtieron las dificultades que
conllevaría la concesión del servicio de agua potable
en una zona tan necesitada de este líquido como Cochabamba
surgió la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida
como el ente que aglutinaría a ese colectivo social
compuesto por campesinos regantes, fabriles, maestros,
profesionales, ambientalistas, universitarios, sectores pobres
urbanos y algunos segmentos de la clase media. También se
sumarían los campesinos productores de coca y
transportistas. Las diversas acciones colectivas llevadas a cabo
a lo largo de tres meses, marchas y bloqueos, no sólo
llegaron a paralizar la ciudad sino que también lograron
aislarla del resto del país, pues organizaciones
campesinas bloquearon las carreteras de interconexión con
otras regiones. El objetivo de
tales acciones fue evitar la mercantilización del agua con
un costo excesivo,
en razón de su carácter de bien indispensable y
escaso: "bajo esta premisa, luchó para eliminar la amenaza
de un contrato y una
ley retrógrada y atentatoria y para afirmar el
carácter social del agua" (Kruse y Vargas,
2000).
Con esta base el movimiento social interpeló al
Estado por una concesión oscura en favor de una empresa
trasnacional y por la legislación "acomodada" que
acompañó la concesión. Al margen de los
resultados de más largo plazo –inicialmente la empresa se
retiró y el servicio de dotación de agua
volvió a la administración pública con
control social– el movimiento logró que casi toda la
ciudad protestara unánimemente: por alzas injustificadas
de las tarifas, por la violencia de
la represión. Esta represión torpe, sobre todo la
que se dio en el mes de abril, encontró una cerrada
resistencia y contribuyó a la agregación de los
diversos segmentos de la sociedad local y regional y al
establecimiento de lazos de solidaridad entre
ellos.
Por otra parte, esta acción colectiva
debilitó aún más al gobierno y se
convirtió en un estímulo para otras acciones
realizadas por fuerzas sociales. Incluso hubo quienes
sostenían que había un acuerdo entre algunos
políticos oportunistas para que Bánzer dejara la
presidencia.
Así, mientras en Cochabamba crecía la
protesta, el departamento de La Paz también fue escenario
de otros movimientos. Un motín de los miembros de un
grupo de
seguridad de la
policía, y el líder de la CSUTCB, Felipe Quispe, el
"Mallku", también protagonizó movilizaciones con
campesinos aymaras en una acción de bloqueo de carreteras
como señal de apoyo al movimiento social de los
cochabambinos.
De otro lado, esa debilidad de los gobernantes, el
recuerdo de la dictadura de la década del setenta, y la
acción de masas de Cochabamba, abrieron un escenario de
confrontación potencial permanente en el que no
sólo se buscaba la satisfacción de demandas
sociales sino el ajuste de los liderazgos. Entre abril y
septiembre de 2000, tomando como premisa el carácter
endeble del gobierno, se dieron una serie de movilizaciones de
varios sectores: indígenas de las llanuras
amazónicas en reclamo del cumplimiento de ofertas
gubernamentales en cuanto a la titulación de tierras; la
Coordinadora de Defensa del Agua y la asociación de
regantes de Cochabamba que amenazaban con reeditar la Guerra del
Agua exigiendo la rescisión definitiva del contrato con la
empresa
concesionaria que había sido expulsada por la
movilización; administrativos de la educación, maestros y
padres de familia en contra
de reformas administrativas.
Fueron precisamente los maestros quienes iniciaron una
marcha desde la ciudad de Oruro hacia La Paz en defensa de sus
salarios. La
Federación de Maestros declaró entonces un paro nacional
indefinido, instalando piquetes de huelga de
hambre en las principales ciudades. La Coordinadora de
Movilizaciones Única Nacional (COMUNAL), formada poco
antes por la Coordinadora del Agua, las federaciones de
colonizadores del departamento de Cochabamba y otras
organizaciones, apoyó al magisterio y convocó al
bloqueo de carreteras en todo el país, intentando agregar
la mayor cantidad de sectores en movilización.
También iniciaron protestas la Central Obrera Boliviana y
la CSUTCB. Los dos núcleos duros del proceso fueron el
trópico de Cochabamba, donde el liderazgo de
Evo Morales es indiscutible, y la zona de Achacachi, en el
altiplano paceño, donde el discurso de los dirigentes de
la CSUTCB, sobre todo de Felipe Quispe, el "Mallku",
alcanzó posiciones extremas (15). En ambos lugares el
gobierno utilizó al ejército, que intentó
restablecer el orden y la libre circulación de carreteras
por la vía violenta.
Las movilizaciones lograron paralizar el país y
afectaron su economía, al punto que incluso algunos
empresarios privados realizaron acciones de protesta demandando
del gobierno y del movimiento social el cese de las acciones de
confrontación. Después de abril y septiembre, las
organizaciones campesinas adquirieron conciencia de su fuerza y
de sus posibilidades de acción política. Fue
también en ese escenario que se planteó la
necesidad de establecer el funcionamiento de una Asamblea
Constituyente con participación de las distintas
organizaciones sociales para "refundar el país". A partir
de ese año el país ya no podría ser el
mismo, lo cual se haría patente en el resultado de las
elecciones generales de junio de 2002.
Ya se conoce el resto de la historia. El MNR ganó
las elecciones con un margen muy escaso por encima del segundo.
El segundo fue precisamente el instrumento político de las
organizaciones cocaleras y campesinas. La bancada indígena
y campesina es mayor que en ningún otro momento de la
historia del poder legislativo boliviano. El momento plantea
varias dudas y desafíos que el país no podrá
soslayar: estabilizar un movimiento que no tiene garantías
de continuar con el éxito del respaldo popular masivo;
definir si éste es un paso hacia el cierre del ciclo
histórico que se abrió con la recuperación
de la democracia y la instauración de la nueva
política económica. ¿Qué se puede
esperar en los siguientes años? ¿Habrá mayor
inestabilidad? ¿O será más bien que la
representación de los sectores más amplios de la
sociedad boliviana en el Parlamento compensará con
legitimidad las dificultades que se planteen para la estabilidad?
Los parlamentarios campesinos e indígenas tienen clara la
idea de "refundar el país" a través de la
convocatoria de una Asamblea Constituyente. Sin embargo, deben
dar contenido a esta demanda, que fue manejada en muchos casos
como un mito
movilizador vacío con la intención de articular las
intenciones de la sociedad. En todo caso, al margen de este
contenido y de la manera en que se lleve la dinámica
oficialismo–oposición en el próximo lustro,
los cambios continúan dándose. Y, como
sucedió en toda la historia republicana, la presencia de
los campesinos e indígenas es indispensable en las grandes
modificaciones del país.
Líneas arriba se señaló que el
campesinado boliviano se había debilitado como
consecuencia de la apertura del mercado y el incremento del
contrabando de productos alimenticios. Sin embargo, la
promulgación de la Ley 1008, que orienta la lucha contra
el narcotráfico y penaliza la producción
excedentaria de hoja de coca, constituyó un fuerte
ingrediente para el crecimiento del movimiento de los campesinos
productores de coca al que se adscribirán las
organizaciones matrices
propias como la CSUTCB, por ejemplo.
Sin duda, el valor que
tiene la hoja de coca en la visión andina, pero sobre todo
su importancia en la relación de Bolivia con Estados
Unidos, es uno de los factores que aportó a la influencia
de las organizaciones campesinas. Por otra parte, la
inclusión del tema de la interculturalidad y otros
relacionados con los pueblos indígenas, como la
protección del medio ambiente, en
la agenda de discusión internacional, ha dado vigencia a
demandas de reconocimiento de las culturas
originarias.
Estos factores exógenos, sin embargo, no alcanzan
a explicar la importancia que hoy tienen en Bolivia los
movimientos campesinos. Las causas de este fenómeno deben
buscarse en las características mismas de la
heterogeneidad del país, en problemas y conflictos no
resueltos desde la época colonial, en las expectativas no
cumplidas por la revolución nacional de 1952, y en la
situación actual de pobreza y
exclusión
social que sufre la población rural. A esto deben
sumarse la capacidad organizativa y el denso tejido social
construido alrededor de la identidad étnica.
A lo largo del trabajo se enfatizó la importancia
de la presencia de los movimientos indígenas y campesinos
en la política nacional. La heterogeneidad de estos
movimientos impone cautela en esta generalización. En todo
caso, el proceso que se está viviendo en el país
constituye sin lugar a dudas un momento de incuestionable
importancia en tanto que el acceso al poder político en un
número significativo y a la vez representativo de la
diversidad cultural es un desafío en términos de
lograr las transformaciones estatales que posibiliten la
inclusión de un sector que, a pesar de su importancia
poblacional histórica, no logró el reconocimiento
del resto de la sociedad.
Las demandas de los movimientos indígenas
variaron con la historia boliviana. El respeto de las tierras
ante la expansión de la hacienda y las relaciones serviles
antes de 1952 cedió su lugar a la búsqueda de la
independencia organizativa en los períodos posteriores, y
a la recuperación de la democracia hacia finales de la
década del setenta. Actualmente, el discurso de los
líderes campesinos e indígenas se refiere a la
autonomía, a la integración y al respeto de las
diferencias. Expresa en algunos casos posturas milenaristas y
fundamentalistas que intentan recuperar la situación
precolonial, y en otros reclama el poder para los sectores
mayoritarios de la población nacional.
Las formas de acción de los movimientos
indígenas también cambiaron. La amenaza del cerco
de la ciudad de La Paz, que sería una repetición
del sitio realizado por los grupos aymaras liderados por
Túpaj Katari en 1871, siempre presente en la memoria
colectiva de los habitantes de la actual sede de gobierno,
permanece como la expresión simbólica de la
propiedad del espacio por parte de la multitud indígena y
del poder que confiere esta condición. Actualmente, a la
realización de bloqueos de carreteras, tan importante en
los momentos de la recuperación de la democracia, y de las
marchas hacia La Paz, que fueron características del
actual ciclo histórico, se suma la lucha política
dentro del Parlamento y en los gobiernos locales.
Esto sitúa al movimiento indígena y
campesino –hoy representado por dos partidos
políticos con líderes emergentes del sindicalismo y
que manifiestan diferencias sustantivas en términos de
convivencia intercultural, de visiones ideológicas y
también de caminos recorridos, pero comulgan en ciertas
formas de liderazgo– en una serie de desafíos en
tanto que ambos proclaman la necesidad de transformar el
país de manera que responda a visiones relativamente
distintas. Mientras uno plantea la exclusión de la
minoría blanca, el otro proclama cambios sin
exclusión, con el poder en manos de la mayoría. El
conjunto de las consideraciones anotadas a lo largo del trabajo
permiten entender que la coincidencia de ambos partidos en la
elección Presidencial en el Congreso (los diputados del
MIP votaron por el candidato del MAS) puede ser algo apenas
circunstancial, y no se sabe cuál será el comportamiento
futuro de ambos partidos como fuerzas de oposición a la
actual coalición gobernante. Ambos tienen un
desafío común: o cruzar la frontera del
sindicalismo a una política partidaria que no esté
supeditada a los mandatos de la organización, o plantear
otro desafío más profundo al sistema
político del país, en la medida que los
partidos políticos, y con ellos la democracia occidental,
podrían modificarse y admitir otras maneras de
acción.
- AA.VV. 2000 Las reformas estructurales en Bolivia (La
Paz: Fundación Milenio). Beck, Ulrich 1998
¿Qué es la
globalización? Falacias del globalismo, respuestas a
la globalización (Barcelona: Paidos).
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(México: IIS–UNAM). Wacquant, Loïc 2000 Las
cárceles de la miseria (Buenos Aires:
Manantial).
1. De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano del
PNUD (2001), Bolivia ocupa el último lugar entre los
países sudamericanos en cuanto a desarrollo, con un
Índice de Desarrollo Humano de 0,648. Según los
resultados del censo de 2001, el 38% de los 8,3 millones de
bolivianos empadronados viven en el área rural. Treinta y
nueve de cada 100 habitantes del área urbana son afectados
por la pobreza; en el
área rural esta proporción asciende a 91 por cada
100 (véase Instituto Nacional de Estadística,
2002). La autoidentificación de los bolivianos como
miembros de uno de los alrededor de cuarenta pueblos
indígenas alcanza una proporción del 62%. A lo
largo de la exposición
no haremos énfasis en la distinción entre lo
campesino y lo indígena. En Bolivia, ambos aspectos pueden
considerarse, en la mayoría de los casos, como posiciones
distintas de un mismo sujeto.
2. Estas afirmaciones no tienen el ánimo de hacer
simplificaciones o generalizaciones excesivas. Se refieren sobre
todo a los grupos quechuas y aymaras que en algún momento
tuvieron importancia en la política y la economía
de Bolivia. Históricamente los pueblos amazónicos y
chaqueños influyeron menos en los centros de poder
ubicados en la zona andina del país.
3. Ya en el poder, los liberales abandonaron sus
iniciales intenciones federalistas y propugnaron más bien
el centralismo de la
ciudad de La Paz; afectados por visiones racistas, abandonaron
también a sus anteriores aliados
indígenas.
4. La importancia de las milicias armadas llegó a
ser tal que algunos líderes campesinos las consideraban
como uno de los dos elementos que definían la identidad
del campesinado en el momento revolucionario. El dirigente
cochabambino Miguel Veizaga pudo afirmar: "La tierra es la madre
y el fusil es el padre".
5. El katarismo es una tendencia de
revalorización cultural que recupera la herencia de
Túpaj Katari, el líder aymara que sitió la
ciudad de La Paz en 1781 y luego fue condenado a morir
descuartizado por cuatro caballos.
6. El pacto no impidió que los gobiernos
militares llevaran a cabo acciones represivas violentas en contra
de los campesinos. Uno de los hitos de la ruptura del pacto,
según se señala habitualmente, es una masacre
ejecutada en 1974 en poblaciones rurales del valle de Cochabamba,
cuando una protesta campesina motivada por un decreto que
rebajaba los precios de los
productos agrícolas fue develada con el ingreso del
ejército nacional.
7. Un documento elaborado por R. Laserna y M. Villarroel
(1999) precisa que durante el gobierno de la UDP el país
vivió 1.820 situaciones de conflicto, y es el promedio por
mes (53,99) más alto de conflictos durante el
período de 1978 a 1998. Sin lugar a dudas la hiperinflación desatada, una de las
más altas, fue uno de los detonantes de estos
conflictos.
8. Para un examen de las transformaciones del Estado
entre 1985 y 1997, cf. los dos volúmenes de AA. VV.,
2000.
9. De acuerdo con Ulrich Beck (1998: 15), "el
término ‘globalización’, actualmente
omnipresente en toda manifestación pública, no
apunta precisamente al final de la política, sino
simplemente a una salida de lo político del marco
categorial del Estado nacional y del sistema de roles al uso de
eso que se ha dado en llamar el quehacer
‘político’ y
‘no–político’". Beck propone un esquema
sencillo que distingue los caracteres económicos
(globalismo), políticos (globalización) y sociales
(globalidad) del fenómeno de la
mundialización.
10. Entre los dos movimientos campesinos
indígenas más importantes de la Bolivia actual
preferimos dirigir las reflexiones hacia éste. El otro,
liderado por el dirigente Felipe Quispe, apodado el "Mallku", tal
como se denominan las principales autoridades de los pueblos
aymaras, expresa posiciones menos pluralistas que el de los
cocaleros y exige esfuerzos analíticos que, sumados al
interés
por el movimiento cocalero, exceden los márgenes estrechos
de este trabajo. Su líder fundó un partido, el
Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), después de una
trayectoria dirigencial que incluía la propuesta de
retorno a la situación precolonial, la
participación en un grupo armado (el Ejército
Guerrillero Túpaj Katari) y la dirección de la
CSUTCB.
11. Las definiciones de movimiento social son variadas.
Las que aquí se adoptan se distinguen por su sencillez, ya
que pueden hacerse operativas sin forzar analíticamente ni
las categorías ni la realidad que se estudia. Según
Touraine, se puede "definir los movimientos sociales,
básicamente, como conflictos organizados o como conflictos
entre actores organizados sobre el uso social de valores
culturales comunes" (Touraine, 2002: 90).
12. De acuerdo con Henry Staten (1984: 16), hay
elementos en el contexto que son indispensables para completar la
identidad de un grupo. El principio de oposición que
Touraine reconoce en los movimientos sociales se refiere a lo
mismo, aunque asigna menor importancia a lo externo: "Un
movimiento no se organiza más que si puede nombrar a su
adversario, pero su acción no presupone esta
identificación. El conflicto hace surgir al adversario,
forma la conciencia de los actores en presencia" (Touraine, 1995:
251).
13. Los caracteres adoptados por la lucha contra la
producción y el tráfico de drogas en
Bolivia guardan similitud con las nuevas tendencias represivas
del Estado penal del que habla Loïc Wacquant al referirse a
la criminalización de la miseria en los "barrios
sensibles" de las grandes ciudades de los países
desarrollados, Nueva York en primer lugar (Wacquant,
2000).
14. Sobre la noción de solidaridad en
vinculación con los movimientos sociales, cf. Melucci
(1991).
15. Un comunicado emitido en julio de 2000 por los
amautas y mallkus de Omasuyos, en Achacachi, señalaba:
"Bolivia no es ninguna solución para nuestros problemas,
su gobierno en vez de escuchar nuestras demandas, nos gasifica
sin compasión en las calles y en las carreteras y ahora ha
sacado todo su aparato bélico para amedrentarnos o
matarnos". El mismo Mallku propició y rehuyó el
diálogo
con el gobierno y llegó a compararse con Túpaj
Katari, al declarar que, al igual que al líder del siglo
XVIII, él esperaba ser descuartizado, no con caballos,
como en esa época, sino con tanques y
helicópteros.
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Humberto Vargas R.* y Eduardo Córdova
E.**
* Arquitecto. Investigador y ex director del Centro de
Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES). **
Sociólogo. Investigador del CERES.