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Chiapas: nuevos movimientos sociales y nuevos tipos de conflictos


    RASGOS DEL MARCO
    INTERNACIONAL

    Desde el 11 de septiembre de 2001 la hegemonía
    integral del gobierno y la
    economía
    norteamericanas pesan de una nueva manera en el mundo, reduciendo
    los márgenes en que las soberanías nacionales
    puedan generar alternativas. Los reclamos por un nuevo orden
    internacional, el fortalecimiento del derecho
    internacional y de las instituciones
    multilaterales para garantizar justicia y
    equilibrio,
    han quedado rebasados por una nueva situación que
    replantea todo.

    La guerra es
    ahora una realidad más visible, pues se refiere ya no
    sólo a las docenas de conflictos
    armados internos que proliferan por el mundo, sino a una nueva
    forma de combate frontal y no convencional contra los diferentes
    usando la coartada del terrorismo.
    Esta "nueva guerra" involucra en nuevas formas a los estados y a
    las alianzas del primer mundo, y está íntimamente
    ligada al despliegue de mecanismos políticos y financieros
    que consoliden los intereses de los poderosos. En este marco se
    han agudizado las resistencias y
    tensiones, acrecentado las diferencias, ahondado las
    polarizaciones y diversificando los conflictos sociales. Hoy por
    hoy la lucha principal de los afectados se ha trasladado al
    terreno de los derechos humanos,
    la cultura, la
    economía solidaria y la defensa de los recursos
    naturales. Allí es donde se resiste. La resistencia se ha
    convertido en estrategia y
    germen de las alternativas que generan los pueblos empobrecidos
    frente al neoliberalismo. Es a partir del rescate de la
    identidad y
    autonomía que se pretende redefinir el sentido de la
    globalización. La resistencia recurre, se fundamenta y
    alimenta de las propias raíces, sobre todo cuando el reto
    no es adaptarse para sobrevivir, sino defenderse para
    transformar. A partir del rescate de la identidad, de la
    recuperación y defensa de la cultura, del fortalecimiento
    de la lucha por los derechos humanos
    individuales y colectivos, así como de la
    generación de nuevas formas democráticas de
    participación en los asuntos públicos, se han
    encontrado las maneras de resistir y de sembrar alternativas a la
    matriz
    dominante. Por ello, detrás de la defensa de identidades,
    autonomías o alternativas, lo que se ha fortalecido y
    revitalizado es la lucha por la dignidad. En
    mi opinión, este enfoque es fundamental para entender
    actualmente a los movimientos sociales, los nuevos conflictos
    armados y el tipo de paz a construir. La paz es otra vez, con
    más urgencia y claridad, una prioritaria tarea mundial.
    Pero ¿cuál tipo de paz? La paz es hoy
    también un concepto
    polarizado que se disputa. Mientras para unos es la
    imposición y control de una
    fuerza y su
    proyecto sobre
    otros, en la lógica
    de los pueblos y de la solución a los problemas
    estructurales de injusticia, la paz es la construcción de condiciones de equidad que
    resuelvan las causas y no sólo ofrezcan salidas a los
    efectos y actores de los conflictos armados. La paz es un asunto
    de justicia, no sólo de fuerzas.

    NUEVOS
    CONFLICTOS

    La globalización enmarca y replantea, renueva
    o redimensiona a los viejos conflictos armados. Además,
    genera un nuevo tipo de conflictos. En todos los casos se
    requieren nuevos conceptos y criterios para comprenderlos y para
    resolver sus causas. Observando el tipo de movimientos y luchas
    sociales que se están presentando en el mundo, y
    más concretamente recorriendo los diversos conflictos
    armados internos, puede afirmarse que, si bien guardan entre
    sí enormes diferencias y peculiaridades, no dejan de tener
    constantes y elementos comunes para explicarlos y resolverlos.
    Los retos de la guerra y de la paz también se han
    globalizado.

    La paz no es más un problema local del
    país donde explota militarmente algún conflicto. La
    paz no es más la búsqueda de salidas políticas
    particulares para los actores militares o armados, sino la
    construcción de vías políticas ampliamente
    participativas para resolver las causas estructurales y
    políticas que explican que los excluidos sean base social
    de una rebelión armada. La paz no es la mera ausencia de
    rebeliones o el mantenimiento
    formal de la estabilidad política, sino la
    solución a los conflictos de fondo que se generan por la
    injusticia de una sociedad.

    El verdadero conflicto, cuyas causas deben ser eje de la
    paz, está detrás y debajo del conflicto armado
    concreto, y
    sus fronteras no son las nacionales. Tampoco la génesis y
    lógica de la violencia es
    solamente local, pues el uso de la fuerza se alimenta globalmente
    como derecho e industria de
    los poderosos. Aunque se exprese a través de conflictos
    internos, la paz es un problema central y articulado de la agenda
    mundial. Junto con viejos conflictos, activos aunque
    enraizados en etapas nacionales y mundiales que ya pasaron, ha
    aparecido también un nuevo tipo de conflictos, que ya no
    se refieren exclusivamente a problemáticas de nacionalidad,
    territorio, independencia
    o poder, ni
    solamente a la generación de condiciones revolucionarias
    para cambios nacionales. Estos nuevos conflictos, como el de
    Chiapas, se
    explican: por la problemática nacional, en el marco de la
    globalización neoliberal; por la problemática
    política, aunque no esté en juego la toma
    armada del poder; por la interacción de un nuevo tipo de actores y
    movimientos, tanto civiles como políticos; por el impulso
    de las viejas y nuevas causas nacionales, referidas a derechos
    colectivos, identidades culturales, crisis
    estructurales y nuevas metodologías y concepciones de la
    práctica política; y por la búsqueda de
    alternativas a los modelos
    globales dominantes. Las grandes causas trascienden y aglutinan
    de diversas maneras a sus múltiples actores concretos,
    configurándose así procesos
    plurales y democratizadores que reclaman el reconocimiento de
    identidades, autonomías y culturas como rasgos de nuevos
    estados y proyectos de
    nación,
    en cuyo diseño
    se realiza la difícil disputa económica y social.
    Respecto de estos nuevos conflictos, más complejos, en
    varios niveles desde lo local hasta lo global, y que abarcan
    elementos culturales, junto a los políticos,
    económicos y sociales, me temo que los actores
    latinoamericanos de la paz no hemos logrado suficiente
    claridad.

    No se trata de promover o defender las vías
    armadas, sino de reconocer que ante los conflictos objetivos
    ellas son aún viables mediante otras formas. Frente a este
    reto y riesgo, tampoco
    hemos valorado ni retomado cabalmente todas las lecciones y
    dolores de procesos previos, ni hemos reencontrado las causas y
    soluciones
    políticas comunes. En todo caso, viejos, renovados y
    nuevos conflictos en América
    Latina y el Caribe demuestran que, a pesar de la extrema
    pobreza y la
    exclusión, y después del inicio de la
    polarización y la violencia, el principal tipo de luchas y
    el factor principal que desencadena las rebeliones armadas sigue
    siendo de carácter político. Por ello,
    también la política sigue siendo la clave
    constructora de una solución negociada y procesual. Una
    salida política rápida limitada a los actores
    militares ya no es suficiente, pues la paz requiere que la
    política se desarrolle como un proceso de
    largo plazo que permita impulsar las tendencias de la
    reconciliación y la participación de otros actores
    en la disputa por los cambios de fondo relacionados con las
    diversas causas del conflicto.

    La paz es un proceso mucho más largo y
    complicado, cuya verdadera solución habrá de
    lograrse en tanto se convierta en un proceso de
    transformación nacional. Por ello, la pregunta por la
    solidez de la paz –basada en la democracia, la
    justicia y los derechos humanos– lleva a una respuesta en
    términos de Estado y de
    maduración de la sociedad misma. Así, para los
    nuevos conflictos, los organismos movilizados y concientes de la
    sociedad, con todas sus diversidades, son necesarios para dar
    rumbo y confluencia a los rasgos políticos, sociales y
    culturales que requieren la democracia, la justicia y la paz.
    Además, la participación civil es necesaria para
    detener las tendencias a la polarización y la violencia,
    que vive la sociedad por detrás y debajo del conflicto
    armado, impulsando en cambio las
    tendencias a la tolerancia y al
    diálogo.
    No cabe duda de que como realidad y concepto la sociedad civil es
    compleja en sí misma. No obstante, en tanto
    expresión orgánica de la sociedad amplia, sus
    organismos conforman un mosaico de voluntades, actores y procesos
    sociales y ciudadanos que viven una natural diversidad, desde la
    que es posible impulsar la voluntad política necesaria
    para realizar los cambios que resuelvan realmente las causas del
    conflicto. No se trata de sustituir a las partes o a la sociedad
    política, pero tampoco de limitar el papel civil al
    acompañamiento o la solidaridad. Al
    tomar posición en torno de la paz a
    construir, los movimientos y organismos sociales y civiles
    podrán desarrollar su interlocución, pero
    también consolidarán su autonomía respecto
    de las partes. Así, serán actores con voz propia,
    propositiva y comprometida, mientras la paz sea una tarea y
    proceso propio.

    Por todo lo anterior, es necesario entender el
    carácter, diagnóstico, estatus y actores de este
    nuevo tipo y carácter de los conflictos, a fin de lograr
    claridad sobre las concepciones, estrategias y
    procesos de paz y de negociación adecuados para resolver sus
    causas, incluyendo la problemática de la
    globalización, la democratización y la
    regeneración de las dimensiones éticas y
    culturales.

    CHIAPAS: NOVEDADES ACERCA DEL
    ACTOR SOCIAL Y EL CONFLICTO

    El conflicto mexicano es representativo de los nuevos
    conflictos mundiales y latinoamericanos, no tanto por que el
    Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
    sea un movimiento
    indígena armado distinto en sus planteamientos a las
    vanguardias armadas de Cuba o
    Centroamérica: es sabido que el EZLN no se presenta a
    sí mismo como quien ha de gobernar al país, ni
    siquiera plantea el programa
    alternativo en torno al cual luchar, sino que llama a un espacio
    común de generación de consensos y alternativas de
    donde surjan potentes propuestas civiles nacionales.
    Además, los zapatistas no están convocando a una
    insurrección general por la vía de las armas, sino a
    impulsar la articulación política necesaria para
    crear las condiciones de cambio sustantivo. El zapatismo es un
    actor político-militar novedoso porque, siendo un
    movimiento indígena armado, sus planteamientos
    están más allá de ellos mismos y sus
    derechos como pueblos indígenas, recogiendo una amplia
    gama de agendas y demandas de los movimientos sociales nacionales
    y mundiales. El conflicto planteado por los indígenas no
    se limita a la problemática indígena como tal,
    aunque ciertamente existe. Sin embargo, los reclamos
    indígenas por el reconocimiento de su carácter de
    pueblos y culturas plenos tampoco están planteando un
    rompimiento nacional, a diferencia de los llamados conflictos
    étnicos tipo ex Yugoslavia, sino una transformación
    de Estado y sociedad que les dé su lugar y permita su
    aporte como actores civiles específicos. En el fondo, la
    novedad la definen las causas del conflicto mexicano, que se
    refieren, a partir del reconocimiento de los pueblos indios, a la
    necesidad de cambios en el Estado, la
    sociedad y sus modelos económico, político y
    cultural, entendidos como alternativa ante la
    globalización. El actor no hace al conflicto, sino que
    éste en su gravedad genera las condiciones del actor
    armado. Constatamos por tanto que se trata de un tipo de
    conflicto repetible y multiplicable que puede expresarse a
    través de diversos movimientos sociales y nuevas formas de
    lucha armada.

    Así, dado el agravamiento de tensiones que
    generan las actuales hegemonías, debe asumirse que el
    conflicto chiapaneco representa un tipo de conflictos armados que
    se pueden reproducir en múltiples lugares y actores en las
    actuales circunstancias del mundo, y particularmente en América
    Latina y el Caribe. Ciertamente está cerrada la vía
    revolucionaria de las armas para tomar directamente el poder e
    implementar un programa radical de cambios. Sin embargo,
    habrá que reconocer que la exclusión y la crisis
    política no han cerrado la viabilidad, expectativas o
    condiciones de posibilidad para que los movimientos sociales
    sostengan otro tipo de movimientos armados. No estamos ante la
    llamada guerrilla clásica, sino ante la puerta que ha
    quedado abierta para que los excluidos, desde su dignidad y
    retaguardia, impulsen mediante cuerpos y acciones
    armadas algunas condiciones de defensa, articulación y
    movilización política que consideran que de otra
    manera no lograrían.

    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE
    CARACTERIZACIÓN

    La opción por una salida política al
    conflicto que atienda desde su raíz las causas y los
    efectos generados desde 1994 requiere como primer paso la
    comprensión de su naturaleza y
    de la situación actual, estableciendo el tipo de
    confrontación, sus motivaciones profundas, actores, las
    lógicas que determinan su desarrollo y
    sus amenazas implícitas. La consideración realista
    y plena de este conjunto de factores que caracterizan al
    conflicto es una condición necesaria para avanzar con
    mayor claridad, justeza y certeza en la identificación de
    las vías de solución.

    Durante el curso del conflicto se ha dado una fuerte
    disputa por su diagnóstico y caracterización, en la
    que las partes han asumido posiciones cada vez más
    cerradas y divergentes, las que también se reflejan en sus
    diferentes concepciones de negociación y de la paz a
    construir. La disputa ha sido tan fuerte que puso en crisis la
    negociación iniciada, y después al conjunto del
    proceso.

    En términos formales, se había logrado una
    convergencia básica de caracterización que
    permitió el inicio de los esfuerzos más serios
    aunque truncos de negociación, el de los llamados
    Diálogos de Catedral entre febrero y marzo de 1994, y el
    de la Mesa de San Andrés, del 9 de abril de 1995 hasta su
    suspensión en enero de 1997. La concepción oficial
    y vigente sobre el conflicto, su regulación y su
    solución, es lo que se establece en la Ley para el
    Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas,
    aprobada el 11 de marzo de 1995 como marco jurídico
    propiciatorio, en cuyo Artículo 1º se reconoce la
    existencia de un "conflicto armado", sin abundar en su
    definición, pero reconociendo su naturaleza
    político-militar. Esta ley establece que el EZLN como
    actor armado es una organización de ciudadanos mexicanos,
    mayoritariamente indígenas, que se inconformó por
    diversas causas. Aunque se le coloca en una dimensión
    estatal, se asume que sus causas, y por tanto las soluciones
    necesarias, son de orden político, social, cultural y
    económico.

    Sin embargo, el gobierno lo califica como "un conflicto
    de naturaleza política local que ya superó la fase
    de confrontación armada". Sostiene que su dimensión
    es regional e involucra múltiples actores locales, que
    obedece a una grave situación histórica de
    carencias sociales y marginación de las comunidades
    indígenas, así como a una intensa conflictividad
    extra, intra e inter-comunitaria derivada de motivos religiosos,
    ideológicos y políticos. Su estrategia se establece
    entonces en el impulso de programas de
    gasto social y de mecanismos de concertación comunitaria
    para atender la problemática local. Asimismo, explica la
    presencia militar como una garantía necesaria para
    asegurar el orden público, vigilar la frontera,
    combatir al narcotráfico y garantizar la seguridad
    nacional en tanto existe una declaración de guerra. En
    este marco, el conflicto con el EZLN es sólo uno de los
    componentes del problema.

    Para el EZLN, en cambio, se trata de un conflicto armado
    que ha derivado en una guerra de exterminio, dirigida contra las
    formas de vida y reproducción comunitarias y que opera bajo
    la forma de una guerra de baja intensidad, desde una
    visión de Estado que mantiene la lógica militar
    como factor dominante para imponer su solución. Frente a
    ésta, el movimiento zapatista define una estrategia de
    resistencia y de acumulación política de fuerzas,
    dirigiendo su discurso y
    acciones contra las fuentes de
    legitimidad del Estado. Sostiene que sus causas son estructurales
    y nacionales, y que para resolverlas se requiere de una profunda
    transformación del Estado y del modelo
    económico. Enfatiza la lucha por los derechos
    indígenas como elemento identitario fundamental del
    movimiento. Las diferencias son abismales. Además, el
    conflicto no es estático y ha vivido diversas etapas y
    transformaciones. Por ello, se hace necesario que otras fuerzas o
    propuestas distintas de las partes sean capaces de restablecer la
    convergencia en torno de una caracterización procesual
    básica para sustentar nuevos esfuerzos de
    negociación y de paz.

    En esta búsqueda de opciones se vuelve la vista a
    las experiencias en otros países y a las referencias del
    derecho internacional, que en otros casos ha dinamizado el
    proceso a partir de establecer el estatus de los conflictos. Se
    sabe que el gobierno mexicano se ha negado desde el principio a
    incorporar los criterios e instrumentos del derecho
    internacional, en buena parte por su negativa a aceptar las
    implicaciones del conflicto y reconocer la beligerancia del EZLN.
    El Protocolo II de
    los Convenios de Ginebra define desde 1977 como conflicto armado
    interno a "todo conflicto que se desarrolle en el territorio de
    un Estado, entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes
    o grupos armados
    organizados, que bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan
    sobre una parte de dicho territorio un control tal que les
    permita realizar operaciones
    militares sostenidas y concertadas, y aplicar el derecho
    internacional establecido para este tipo de conflicto". Si bien
    hay elementos de esta definición internacional que se
    ajustan a Chiapas y otros se han transformado en el curso del
    conflicto, no se recogen algunos rasgos distintivos derivados de
    su carácter de nuevo tipo de conflicto. En una etapa
    inicial el conflicto surge y se expresa correspondiendo con estos
    parámetros, operando prácticamente la lógica
    internacional para establecer el cese al fuego y las "zonas
    grises" de seguridad protegidas por el Comité
    Internacional de la Cruz Roja (CICR). Muy pronto la
    situación evoluciona hacia una rebelión social
    constreñida a un territorio y controlada militarmente, que
    bajo una situación de tregua indefinida, sin acciones
    bélicas o enfrentamientos militares directos, y a pesar de
    la aparición de nuevas formas de violencia local y
    paramilitar, adquirió su mayor fuerza e impacto en la
    incidencia política de alcance nacional e internacional.
    Luego de casi siete años, la trayectoria del conflicto ha
    ido revelando causas e incorporando dimensiones, actores e
    intereses, lo que hace cada vez más difícil su
    comprensión y su solución.

    Este desarrollo cada vez más complejo del proceso
    requiere construir una visión común del conflicto,
    identificando sus rasgos, etapas y dinámicas que lo
    determinan y definen. Este apartado recoge los elementos que se
    aportaron en este sentido.

    EN CHIAPAS, UN NUEVO TIPO DE
    CONFLICTO

    Aunque existe una percepción
    generalizada de que el conflicto entre el EZLN y el gobierno
    corresponde a un nuevo tipo de conflicto armado, se constata que
    no existe hasta hoy un marco
    teórico–metodológico que adecuadamente
    tipifique o categorice a esta nueva generación de
    conflictos. Por lo tanto, una tarea que se desprende de este
    reconocimiento es la necesidad de abundar en el análisis y sistematización de sus
    elementos característicos, con el fin de entender y
    definir correctamente su naturaleza. Se presentan a
    continuación los principales elementos o rasgos en
    análisis y reflexión.

    RASGOS DE DEFINICIÓN
    DEL CONFLICTO

    El conflicto en Chiapas puede caracterizarse como un
    conflicto armado interno de nuevo tipo, con base en los rasgos
    novedosos de definición vistos desde las causas y los
    actores en juego que se enuncian a continuación. La fuerza
    y peso del actor no se dan en función de
    su acción
    y capacidad militar, aunque la preservan, sino de la justeza de
    sus causas y el consenso social en torno a éstas. Desde su
    surgimiento, el gran poder referencial y comunicativo del actor
    insurgente permite ubicarlo de manera distinta a los actores
    armados de otros procesos.

    La magnitud, rapidez y amplitud de la
    articulación de esfuerzos y adhesiones en torno del
    reconocimiento de las causas justas del conflicto, así
    como la exigencia nacional del cese al fuego para buscar una
    vía de solución política, constituyen
    elementos novedosos de participación social para la
    configuración de las correlaciones, agendas y actores del
    proceso.

    En varios niveles, las causas se reconocen de
    carácter, alcance y solución histórica y
    nacional, en agudización enmarcada por la
    globalización. Se combinan diversas causas a partir de
    aquellas que se fundan en una problemática estructural de
    diversa naturaleza (económica, social, política y
    cultural), integrando las demandas y propuestas de otros actores
    a lo largo del proceso, e incluyendo los efectos de la violencia
    que se suman en el propio curso del conflicto.

    En torno del conflicto se expresa la disputa central por
    la legitimidad y transformación de las distintas
    dimensiones de la vida nacional: económica,
    política, social, cultural y militar. Sin embargo, el
    actor no plantea la destrucción del Estado, sino la
    transformación de éste a través de una
    profunda reforma política, jurídica, institucional
    y cultural. El actor tampoco se asume en la pugna por el poder
    político como vanguardia y
    portador del nuevo Estado, sino como el vehículo
    articulador de las aspiraciones y las exigencias sociales y
    políticas de distintos sectores nacionales.

    La acción y discurso del movimiento rebelde
    asumen e integran distintos elementos: identidad,
    autonomía y reclamos indígenas, resistencia a la
    conflictividad local, propuesta civil nacional, y crítica
    internacional. Así, incorporan diversos elementos
    identitarios que se expresan desde un movimiento indígena
    armado que es parte impulsora de un movimiento político
    amplio.

    Su proyecto y discurso sostienen elementos
    utópicos, pero también contienen propuestas de
    corte reformista para avanzar hacia la consecución de
    cambios sustantivos. Colocan como ejes de referencia la lucha por
    la dignidad, la inclusión, los derechos, particularmente
    de los pueblos indígenas, así como el rechazo al
    neoliberalismo, logrando incidir de manera significativa en el
    ámbito internacional.

    Sus estrategias implican elementos originales y
    novedosos que se distinguen de los conflictos tradicionales en
    América Latina, en tanto han evitado la
    confrontación armada, optando por una estrategia de
    resistencia y de acumulación de fuerzas para privilegiar
    su acción en la esfera política y de opinión
    pública.

    CARACTERÍSTICAS DEL
    CONFLICTO

    Sobre las características del conflicto se han
    formulado diversos aportes y elementos de análisis. Se
    trata de un conflicto multidimensional y multicausal.

    Desde su inicio, y a lo largo de varias etapas, el
    conflicto se manifiesta y se disputa en distintas esferas:
    política, social, económica, cultural y militar,
    con profundos impactos en cada una de ellas. Si bien su
    carácter multidimensional es claro, el factor militar
    predomina aún, sobre todo cuando ha sido el eje central
    sobre el que se han definido las condiciones, estrategias y
    posibilidades de acción de la parte gubernamental en los
    otros ámbitos. No obstante que para la mayoría de
    actores y analistas sociales es la lógica militar la que
    define la concepción y estrategia del Estado, algunos
    matizan ahora que aunque la lógica militar predomina,
    actúa determinada por la lógica política. En
    todo caso, se considera que al garantizar el control territorial
    y la destrucción del tejido comunitario, el
    ejército administra y canaliza la violencia
    –acelerando problemáticas locales y la
    paramilitarización– para producir la
    correlación político-social que da base al
    diseño de las estrategias gubernamentales para las
    diversas disputas relacionadas con el conflicto, incluidas la
    negociación, la incidencia en la opinión
    pública o la diplomacia.

    El conflicto incorpora los contenidos de la lucha social
    y política de diversos ámbitos –comunitario,
    municipal, regional, estatal, nacional e incluso
    internacional– siendo uno de sus rasgos más
    significativos la capacidad de engarzar esos diferentes
    ámbitos y contenidos en la expresión de los
    problemas y las alternativas frente a los mismos.

    La naturaleza específica del movimiento armado
    tiene una raíz histórica en anteriores rebeliones
    chiapanecas que, a pesar de no tener clara la concepción
    de lo indígena, habían asumido este componente como
    parte vital de su identidad y demandas. El conflicto expresa
    también la crisis de un sistema regional
    de dominio basado
    en la estructura
    agraria, el aplastamiento cultural, la pobreza
    extrema y el predominio de instituciones políticas
    autoritarias, represivas y excluyentes. Frente a ello, el
    conflicto expresa la reconstitución étnica y el
    desarrollo de los actores emergentes que se configuran desde
    diversos procesos organizativos y de conciencia para
    defenderse de los grupos locales integrados a las cadenas del
    poder político y económico. En esta
    dimensión se ubica una intensa pugna por las reglas de
    convivencia política y social, por la tierra, por
    los recursos
    públicos, por el ejercicio de derechos sociales y
    culturales, así como por el acceso a la justicia, la educación y el
    desarrollo.

    De igual manera el conflicto expresa la
    problemática nacional, producto de un
    sistema profundamente desigual e injusto. Hace visible y
    sensible, para el conjunto de la sociedad mexicana, la
    situación económica y política de los
    pueblos indígenas y de otros sectores excluidos. Al
    asumirse ésta como intolerable, se logra un amplio
    consenso social en torno a las causas. En este sentido, se
    alcanza desde el primer momento una proyección y dinámica nacional que vincula agendas y
    actores en torno a la necesidad de impulsar transformaciones de
    fondo que resuelvan esta condición de exclusión
    política, económica y cultural.

    En el vínculo de lo local y lo nacional es
    importante reconocer el hecho de que la oligarquía
    chiapaneca está fuertemente imbricada con sectores de la
    clase
    política nacional. Dicha alianza no permite pensar en una
    solución que prescinda de cambios que afecten las bases
    del apoyo político y del control sobre recursos que son
    pieza del enclave de poder político y económico
    regional. En este sentido, aún los problemas locales del
    conflicto tienen un impacto de carácter nacional en la
    medida en que están ligados a intereses
    estratégicos nacionales. Una solución real del
    conflicto tendría que asumir por lo menos el sacrificio
    del bloque conservador que se ha articulado en torno a un sistema
    regional de dominio útil a grupos de poder
    económico y político del país.

    Por otro lado, el zapatismo insiste siempre en que el
    conflicto tiene también raíz en el neoliberalismo y
    sus implicaciones políticas, éticas,
    económicas y culturales, afirmando que la creciente
    dependencia económica y política del Estado
    mexicano refleja el peso y control del modelo dominante mundial,
    al que debe confrontarse. Al hacerlo desde sus muy especiales
    capacidades discursivas y de comunicación, el zapatismo pudo convertirse
    rápidamente en una representación simbólica
    de esta lucha y en un referente para quienes desde otros
    países cuestionan los impactos de este modelo y plantean
    nuevas alternativas frente al mismo. Por ello, ha generado
    numerosos procesos de empatía y solidaridad en el
    ámbito internacional, sobre todo entre movimientos
    políticos y civiles del propio primer mundo.

    El conflicto es multicausal porque expresa un
    diversificado conjunto de factores de distinta naturaleza y nivel
    que logran una integralidad de causas de carácter
    estructural. Ello hace que sea difícil definir al
    conflicto mexicano, pues no sólo se refiere a la
    problemática nacional sino que está inscrito de
    frente a la globalización y el neoliberalismo. De acuerdo
    a algunas de las tipologías que se han elaborado para
    caracterizar a los nuevos conflictos en el mundo en
    función de sus causas, se pueden ubicar cinco tipos de
    conflictos que se corresponden y se combinan en el caso mexicano,
    según se detalla a continuación: – Conflicto de
    legitimidad: tiene como causa la crisis de legitimidad y
    representación del régimen. Surge como consecuencia
    de la crisis de legitimidad del Estado y de la ausencia de
    participación y representación políticas en
    las decisiones públicas y en la distribución del bienestar. Se ubica frente
    a un sistema
    político autoritario y excluyente, carente de espacios
    para la expresión e interlocución de actores
    políticos y sociales no institucionales, que vive una
    profunda crisis de credibilidad y representación. Plantea
    un cuestionamiento ético profundo a la estructura y
    dinámica institucional, así como a la ausencia de
    un proyecto colectivo sustentado en el bien común. Se
    establece como disputa por la responsabilidad y el derecho moral de
    gobernar para los excluidos.

    – Conflicto por el fracaso del Estado: tiene como
    causas las condiciones económicas y sociales
    profundamente desiguales y excluyentes para la mayoría
    de la población, así como la
    débil capacidad de respuesta social del Estado. Se trata
    de un conflicto estructural que tiene como base las relaciones
    de poder económico y político, cuyos rasgos de
    dominación, polarización y exclusión se
    han profundizado cada vez más. Esta situación
    constituye la base objetiva para el surgimiento del conflicto y
    de su amplio respaldo social. Los conflictos de este tipo han
    sido clasificados bajo distintas denominaciones, y a ellos
    corresponde una gran cantidad de las guerras
    internas que hoy vive el mundo: conflicto por la incapacidad
    del Estado, provocado por la ausencia de un ejercicio
    gubernamental socialmente efectivo y la incapacidad de
    proporcionar una seguridad humana mínima para todos los
    individuos y comunidades (pobreza, ausencia de estructuras
    estatales, proliferación de armas ligeras); conflicto de
    carácter socioeconómico, por la ausencia de
    democracia e igualdad en
    la distribución de tierra,
    recursos, servicios y
    beneficios; conflicto de desarrollo, como consecuencia del
    abismo integral entre los ricos y las mayorías
    empobrecidas.

    – Conflicto por identidad: tiene sus causas en la
    defensa de las identidades sociales y culturales de sectores
    excluidos de la población, que exigen tener un lugar
    digno en la sociedad. Como consecuencia de la búsqueda
    de la protección de la propia identidad, en sus
    raíces hay diferencias étnicas y
    culturales.

    – Conflicto por la formación del Estado:
    implica a regiones o naciones situadas en el territorio de un
    Estado que luchan para lograr un mayor grado de
    autonomía o una secesión. Dado que la etnicidad,
    la identidad comunitaria y la religión juegan un
    papel importante en este tipo de conflictos, se les llama
    también conflictos étnicos o culturales. Esta
    última caracterización, aunque la secesión
    no se corresponde con los planteamientos zapatistas, ha sido
    uno de los recursos argumentales del gobierno federal para
    sustentar su incumplimiento a los Acuerdos de San Andrés
    y el desmantelamiento de los municipios autónomos
    zapatistas. Igualmente, estos argumentos fueron retomados por
    el Congreso para aprobar una Reforma Constitucional que no
    recoge los acuerdos firmados. Por el otro lado, el zapatismo y
    los movimientos indígenas plantean una Reforma de Estado
    que redistribuya el poder político en el conjunto del
    territorio nacional y en las diferentes instancias de poder
    público, en la que las autonomías implican la
    fórmula de integración mediante el establecimiento
    de una nueva relación entre el Estado los pueblos
    indígenas y la sociedad en el marco del Estado nacional.
    Se sitúa aquí uno de los elementos centrales no
    resueltos del debate en
    torno al carácter de las causas y las rutas de
    solución.

    – Conflicto contra la globalización o contra el
    neoliberalismo, como se entiende a aquellas luchas y actores
    referidos y articulados a la exigencia de cambios en los
    modelos mundiales dominantes. En suma, el conflicto que vive
    México en Chiapas asume diversos tipos de
    causas y características que no se corresponden con la
    tipología tradicional ni en cuanto a la base objetiva
    que explica el surgimiento del conflicto ni en las exigencias
    planteadas a lo largo de la contienda. Sus planteamientos se
    refieren pues a la necesaria modificación de las
    relaciones de poder económico, político, social y
    cultural que hoy prevalecen en el país con esquemas
    profundamente desiguales e injustos impulsados por la
    globalización neoliberal, en que desde la vía de
    las armas se participa en la disputa por la legitimidad y la
    exigencia de una reforma del Estado para el pleno ejercicio de
    derechos individuales y colectivos, enarbolando la dignidad y
    la inclusión como los ejes orientadores del cambio
    necesario.

    Por su tipo actor el zapatismo se ha definido como una
    rebelión o sublevación
    étnica-política-social. El EZLN es actor de nuevo
    tipo que representa un complejo sistema de causas, identidades y
    medios con
    formas de movimiento político/militar–movimiento
    social/indígena– y movimiento político de
    proyecto alternativo, determinado recíprocamente entre las
    condiciones que generan al actor y el proceso que lo va
    redefiniendo en el curso del conflicto. El zapatismo no tiene un
    solo carácter. Dado su origen multicausal, ha ido
    adquiriendo diversos elementos identitarios. Es un nuevo modelo
    de proceso revolucionario que cruza y pasa por encima de la
    división clasista y de los gestores del bienestar
    inmediato, asumiendo un proyecto utópico que construye una
    gran cantidad de puentes y puntos de convergencia. Tiene una
    visión nacional y mundial que engarza lo local con lo
    global e incorpora la dimensión de lo moral y lo
    ético como un aspecto central, planteando desde ahí
    una disputa por la razón histórica, cultural y
    moral.

    Su identidad se va configurando centralmente por lo
    indígena, que si bien tiene sus peculiaridades, se da en
    el marco de una ola continental de movimientos indígenas
    que reclaman su ciudadanía con base en sus derechos como
    pueblos.

    De igual manera, el zapatismo se fue convirtiendo en un
    vehículo -reflejo, transmisión, símbolo- que
    expresa y articula diversas acciones y propuestas de sectores
    sociales y civiles, reconociendo en la sociedad civil un papel y
    peso significativo en la solución de las causas y del
    conflicto armado mismo. Estratégicamente el EZLN aparece
    como un movimiento diferente: no es guerrilla tradicional, no
    tiene un discurso marxista ortodoxo, surge como una
    combinación muy novedosa por sus planteamientos
    revolucionarios e indígenas y por su posición de
    optar muy pronto por la salida política. No plantea la
    destrucción, sino la transformación del Estado. El
    uso de las armas tiene un sentido político, y su eje no es
    la victoria militar o la toma del poder, sino la dignidad
    entendida como la lucha por los derechos sociales, la defensa de
    la identidad, la justicia y sobre todo la dignidad. La violencia
    que oponen al régimen se dirige más a desarticular
    los factores de la violencia estructural del sistema que a la
    aniquilación física del
    adversario. Ha convertido su representación
    simbólica y capacidades mediáticas en pieza
    fundamental de la disputa por la legitimidad entre el Estado y el
    movimiento.

    El EZLN reconoce en su propia definición la
    existencia de tres movimientos que conforman uno solo: un
    movimiento político-militar, un movimiento
    social-indígena y un movimiento civil zapatista, mucho
    más amplio, que incluye a grandes sectores de la sociedad
    civil en la perspectiva de los cambios necesarios en el
    país y en el mundo. Estos movimientos no se sustituyen
    entre sí, sino que se complementan y sintetizan,
    enfatizando alguno de los distintos elementos identitarios de
    acuerdo a las situaciones cambiantes del proceso.

    De acuerdo con el tipo de confrontación, el
    conflicto se determina por una lógica de poder que
    enfrenta dos concepciones y proyectos de nación.
    La manera en que las partes han acumulado y utilizado sus
    recursos políticos y de fuerza ha sido distinta en las
    diferentes etapas y fases del proceso.

    Las estrategias de confrontación, si bien abarcan
    distintas dimensiones sociales y políticas, tienen dos
    ejes centrales y constantes: la disputa nacional por el consenso
    social y la razón moral respecto a las causas, el
    carácter y alcance de las soluciones que se demandan y
    requieren; y la permanencia y dinámica de los aparatos
    duros del Estado para presionar al acotamiento
    político-militar del conflicto.

    Estas dos variables han
    sido fundamentales en el desarrollo de otros terrenos de
    confrontación: en la contienda política por
    representación e incidencia en las distintas coyunturas
    del proceso; en los diversos procesos de diálogo y
    negociación; en el ámbito de la opinión
    pública nacional e internacional; en las tareas de
    solidaridad y ayuda humanitaria; y en los esfuerzos por mantener
    un clima de respeto a los
    derechos humanos y a la justicia.

    Si bien la dimensión bélica ha sido el
    factor constante y el elemento determinante en el curso del
    conflicto, el centro primario de la confrontación ha sido
    la intensa pugna entre el Estado y el movimiento zapatista por la
    legitimidad. Ello ha evitado que el conflicto derive en nuevos
    enfrentamientos armados directos, pues iniciar abiertamente
    hostilidades tendría un alto costo
    político para ambas partes. Se plantea que el Estado no ha
    formulado un diagnóstico completo y realista del
    conflicto, del movimiento zapatista, de la problemática y
    aspiraciones que éste articula y sintetiza, ni ha
    construido una visión de solución final, y que esta
    carencia determina el resultado limitado y luego el fracaso del
    proceso de diálogo y negociación en sus distintos
    intentos. En tanto no asume el carácter estructural del
    conflicto, la dimensión nacional y profunda de sus causas,
    y la capacidad referencial del EZLN para diversos sectores de la
    sociedad mexicana y particularmente para los pueblos
    indígenas, el gobierno federal ha optado por un esquema de
    achicamiento y de desgaste, procurando imponer soluciones a
    partir de sus diversas estructuras de poder, particularmente el
    uso de la fuerza. La pretensión gubernamental de tratar al
    conflicto como un problema regional, de carácter
    político-social e incluso religioso, cuyas motivaciones
    obedecen a deficiencias en la distribución del bienestar y
    de los mecanismos de interlocución, mantiene al proceso en
    una ruta que sólo ha hecho más complejas y
    difíciles las posibilidades de una solución
    verdadera.

    El rápido viraje estratégico del EZLN
    hacia la ponderación de la lucha política e
    ideológica, dentro y fuera de los marcos políticos
    institucionales de cambio y manteniendo una resistencia armada
    sin enfrentamientos bélicos en los territorios bajo su
    influencia, así como el fortalecimiento de su capacidad
    discursiva y de comunicación contra las fuentes de
    legitimidad del Estado, establecen una disputa no sólo en
    términos de causas y proyectos, sino de modos de
    confrontación y vías de solución.

    DEBATE

    Resaltamos algunos de los aspectos centrales que forman
    parte del debate acerca del carácter del
    conflicto.

    Respecto del estatus militar y tipo de guerra, aunque
    hay consenso en cuanto al hecho de que el 1 de enero de 1994 se
    reveló en Chiapas la existencia de un conflicto armado
    interno de nuevo tipo, se abren diversas posturas acerca del
    actual estatus militar, las etapas y la manera en que ha operado
    la lógica militar. Aunque la mayoría de los
    analistas y actores civiles cercanos al conflicto consideran que
    todavía hay un estado de guerra, existen diferencias
    respecto a su caracterización y magnitud. Así,
    existen diversas definiciones de la situación: guerra de
    baja intensidad, guerra contra-insurgente, guerra de
    ocupación, guerra de exterminio, guerra irregular,
    genocidio, etc.

    En todo caso, los puntos de mayor convergencia se
    encuentran en la identificación de los medios y efectos de
    la estrategia militar. Ésta se reconoce por el proceso
    intensivo y extensivo de militarización; por la creciente
    paramilitarización que hoy actúa impunemente y
    abarca grandes zonas del estado; por la represión
    policíaca, tanto selectiva como masiva, dirigida
    particularmente contra bases civiles del zapatismo, del
    perredismo y de organizaciones
    sociales independientes; por el desmantelamiento de las
    condiciones sociales y económicas de las comunidades
    indígenas en tanto se consideran espacios de sustento y
    reproducción del movimiento. Esta estrategia tiene una
    expresión muy importante en la disputa por el territorio y
    las diversas maneras en que se asume el control del
    mismo.

    Los costos humanos se
    van dando en términos de importantes procesos de
    polarización y desplazamiento social, un alto nivel de
    conflictividad y tensión local, la ruptura del tejido
    social, la diversificación de la violencia y la
    creación de la inseguridad y
    del miedo mediante hostigamiento, persecución,
    retén, aprehensión y, en suma, pérdida de
    condiciones y vidas humanas.

    Se coincide de manera general en que la visión
    reduccionista del conflicto determina la selección
    de objetivos y medios estratégicos del Estado, y por tanto
    su incapacidad para construir hasta ahora una solución
    política de largo plazo, depositando en sus componentes de
    fuerza militar, paramilitar y policíaca la lógica
    de solución, completada en la fragmentación del
    conflicto y la aplicación de programas focales de gasto
    social.

    Finalmente, como hemos señalado, la
    mayoría de actores sociales y civiles piensan que lo
    militar ha sido el eje de la estrategia gubernamental orientada
    al control coercitivo y al acotamiento político del
    conflicto, desde donde se pretende establecer condiciones para
    imponer una salida que evite transformaciones sociales,
    económicas y políticas de fondo, reduciendo al
    máximo los costos al Estado. Sin embargo, otra interpretación reconoce que sí
    existe el conflicto armado, y aún una guerra sui generis,
    pero considera que ha pesado más lo civil y
    político por encima de lo militar. Queda establecido este
    debate de fondo.

    Respecto de las dimensiones, implicaciones y actores
    sociales del conflicto, en la trayectoria del conflicto y proceso
    de paz se han planteado diversas coyunturas y ámbitos de
    confrontación política.

    En la percepción de amplios sectores nacionales,
    desde el inicio del conflicto el EZLN logra constituirse como
    representación simbólica de múltiples
    elementos de descontento social, centralmente de los derechos
    indígenas, cuya rebelión descubre para la sociedad
    entera la situación de miseria y exclusión de los
    pueblos indios, así como de la pobreza estructural de
    millones de mexicanos, en ese momento oculta por el TLC y el
    triunfalismo gubernamental. Este impacto inicial propició
    un sentimiento de simpatía en la sociedad nacional, que
    ante la probada injusticia asumió el imperativo moral de
    corregirla y resolverla, llegando incluso a justificar como
    inevitable al propio alzamiento armado.

    Entonces, la correlación de fuerzas sociales y
    políticas tomó cuerpo en torno al tipo de
    solución, es decir, por una salida pacífica y
    pactada que atendiera las causas y evitara la continuación
    del enfrentamiento armado. Diversos movimientos sociales se
    adhieren al actor y sus causas, aunque el elemento catalizador
    más amplio fue la necesidad de detener la guerra y de
    generar un proceso serio de negociación.

    Este consenso social que legitimó causas y
    exigió soluciones mediante el diálogo se
    convirtió en el eje fundamental de una solución
    política, y por tanto en un elemento estratégico de
    disputa entre las partes. Esto explica que tanto el gobierno
    federal como el EZLN trasladaran sus visiones, expectativas y
    recursos estratégicos a la conquista del consenso social,
    dando lugar a una confrontación política compleja
    que se ha reflejado en la opinión pública, la
    colaboración internacional, las elecciones, las
    políticas de alianzas y relaciones, la acción
    local, etcétera. Las partes han disputado política
    y socialmente este consenso pero con muy distintas actitudes
    militares. Mientras que el EZLN frenó su actividad militar
    y convirtió sus armas en signo de dignidad y resistencia,
    el gobierno federal continuó, diversificó y
    amplificó la acción de las fuerzas armadas para
    desgastar al zapatismo, reducir la simpatía nacional a sus
    reclamos, y construir el tipo de solución limitada que
    actualmente ofrece.

    En un proceso tendiente a la acumulación de
    fuerzas en torno a la agenda y la vía de solución,
    el EZLN ha lanzado distintas convocatorias para constituir una
    gran alianza nacional; iniciativas para impulsar una
    organización amplia de carácter civil; foros
    temáticos nacionales e internacionales para discutir la
    postura de negociación hacia el proyecto de cambio
    necesario; y como propuestas a los movimientos indígenas,
    sociales o académicos, intelectuales,
    comunicadores y personalidades a fin de fortalecer el sustento
    del proyecto y la legitimidad de su movimiento.

    El gobierno ha disputado en todos los terrenos una mayor
    base social, opinión pública y apoyos
    internacionales, generando sus propias alianzas a todo nivel
    mediante el uso de una amplia gama de recursos que van desde la
    creación de nuevos interlocutores sobre la
    problemática, la distribución de fondos
    públicos en las comunidades y diversas campañas
    publicitarias, hasta la intensa información, cabildeo y diplomacia
    internacional.

    En cuanto a la lucha por el poder político y las
    contiendas electorales, el EZLN asume una postura
    estratégica que rechaza su participación directa en
    la pugna por los espacios institucionales de
    representación política y el ejercicio del
    gobierno, promoviendo la conformación de los municipios
    autónomos y otras estructuras de representación
    local alternativas. Ante la redefinición constante de sus
    relaciones y alianzas, en este transcurso se han dado encuentros
    y desencuentros del zapatismo con actores políticos,
    sociales y civiles afines.

    A lo largo del conflicto se han incorporado nuevos
    actores e intereses y se han generado conflictos secundarios y
    tensiones que lo hacen cada vez más difícil de
    abordar. La cuestión agraria, la distribución de
    recursos públicos, la conformación del mapa
    gubernamental en Chiapas tanto en el ejercicio del poder
    público local como en las legislaturas, la
    recomposición de representaciones e interlocuciones, la
    polarización comunitaria, las víctimas del
    conflicto, las nuevas modalidades de la violencia, son algunos de
    los elementos que se agregan y disputan, haciendo cada vez
    más compleja la situación y la construcción
    del proceso de paz.

    Esta confrontación expresa la lucha por las
    condiciones de sobrevivencia y reproducción,
    básicamente por el territorio, pero también por
    otros intereses económicos y políticos, entre una
    oligarquía local que se resiste a perder privilegios, y
    los actores civiles y sociales emergentes, que han elevado
    substantivamente sus aspiraciones y exigencias.

    En suma, el conflicto asume rasgos que establecen su
    carácter político-militar, y por tanto su
    tratamiento y visión tiene que considerar una
    solución que defina una salida política
    también a lo militar, en tanto esta lógica ha
    determinado el curso del proceso, producido los mayores
    obstáculos a una solución negociada, y provocado
    altos costos humanos y sociales.

    El conflicto tiene por sus causas y reivindicaciones un
    carácter estructural, que implica profundos cambios
    jurídicos, institucionales, económicos,
    políticos y culturales de definición nacional. Por
    tanto, el diseño de vías y soluciones
    políticas debe contemplar las transformaciones
    estructurales necesarias que respondan a estas causas y
    motivaciones.

    Su dimensión es nacional en tanto la
    expresión de los problemas, demandas y consensos tiene un
    alcance nacional. Si bien su expresión orgánica y
    militar está acotada localmente, su nivel de impacto y
    adhesión social se distribuye en todo el territorio del
    país.

    La identidad, discurso y estrategias del actor armado lo
    definen como un movimiento diferente al de otros actores
    insurgentes, estableciendo marcos de confrontación con
    peso y modalidades distintas a otros conflictos y procesos. De
    igual manera su relación con sectores civiles, sociales y
    políticos del país plantea un nuevo tipo de
    alianzas y métodos
    que lo constituyen en un actor referencial para múltiples
    actores y propuestas.

    En este sentido se plantea que se trata de un conflicto
    armado interno de nuevo tipo, y bajo esta concepción se
    hace necesario abundar en el diagnóstico que nos permita
    replantear las tareas estratégicas para la paz.

    En suma, la disyuntiva del caso mexicano es
    dramática. Atrincherado en los viejos esquemas
    contrainsurgentes y el derecho del poder para defender un modelo
    dominante, el actual Estado mexicano no quiere entender que se
    requiere adelantar la búsqueda de opciones
    políticas de fondo, comenzando por el reconocimiento a los
    pueblos indígenas y sus derechos colectivos, y propiciando
    la amplia participación de otros actores políticos
    y sociales. Si lo importante es la causa y el sujeto social en
    rebelión, y no el tamaño del accionar militar que
    la levanta, Chiapas es importante no sólo por su
    número de muertos, sino por sus graves rasgos e
    implicaciones para conflictos similares. El proceso mexicano es
    relevante exactamente por la disputa para vincular la paz con las
    agendas sociales, particularmente desde los pueblos
    indígenas en los marcos de la transición
    política y la economía global.

    LA PAZ COMO RETO Y TAREA DE
    LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

    Toda concepción de la negociación y de la
    paz responde a una previa caracterización y
    diagnóstico. Por ello, el nuevo tipo de conflictos no
    puede ser comprendido ni resuelto en la lógica de los
    conflictos orientados a la toma armada del poder.

    Simplificando, en muy diversos procesos
    explícitos de paz se han desarrollado dos grandes etapas:
    una primera de lógica militar en la que las partes
    construían escenarios deseables a partir de medir
    frontalmente sus capacidades militares; y una segunda en
    lógica de negociación política que
    cosecharía lo ganado militarmente, y que se podría
    abrir en la medida en que se agotara, madurara o empatara la
    lógica y etapa militar, es decir, una vez que para las
    partes la negociación política fuera ya la mejor
    vía para resolver favorablemente el conflicto. Sin
    embargo, la racionalidad de los nuevos conflictos no radica en
    las estrategias de confrontación, sino en sus causas. Por
    ello, la clave de su solución no puede ni debe estar en
    que se midan hasta agotarse las capacidades militares. Las causas
    no pueden depender del tamaño del actor militar que se
    levante, ni la negociación política debe quedar
    atrapada en la medición coyuntural de fuerzas y
    correlaciones. Esta es una limitación grave para la paz,
    sobre todo cuando en medio de la crisis de las estructuras y
    sociedades
    políticas los gobiernos y ejércitos nacionales como
    parte del conflicto actúan en lógica autoritaria de
    Estado desplegando su fuerza de manera desproporcionada. De otra
    manera, los estados democráticos habrían de
    promover en vez de obstaculizar los cambios necesarios, asumiendo
    que las causas justas y los movimientos sociales son materia y
    sujeto principal de paz. Más allá de las partes del
    conflicto armado, las claves están en las causas,
    pre-militares, y en los actores y procesos necesarios para
    resolverlas dentro de un proceso de construcción de nuevas
    condiciones políticas, post-militares. Además, se
    ha visto que, aún contando con acuerdos, los cambios
    más difíciles se definirán y
    disputarán en los terrenos de la lucha política
    institucional y legal, por lo que los procesos de paz y de
    negociación no deben diseñarse solamente como
    expresión de las capacidades militares de las partes, o
    sea del presente hacia el pasado, sino en función de esa
    nueva etapa de confrontación política en la que se
    define realmente el peso y grado de cambio que el país
    pueda vivir contando con la voluntad y los acuerdos de las
    partes. Por tanto, la naturaleza y solución de los nuevos
    conflictos armados están relacionadas con la
    solución a la crisis de las sociedades políticas, y
    están por tanto vinculadas a la participación y
    propuestas de los movimientos y actores sociales y civiles como
    actores plenos de la paz, como lo son ya de la democracia, los
    derechos humanos y la justicia.

    Si para los nuevos conflictos armados lo importante es
    la causa y no el tamaño militar, entonces los actores de
    la solución no son sólo los de la guerra, sino
    todos aquellos actores políticos, económicos,
    sociales, eclesiales, etc. necesarios para resolver precisamente
    las causas del conflicto. Así, los nuevos conflictos
    implican nuevas dinámicas y corresponsabilidades
    políticas, pues en adelante no se requerirá de
    tomar las armas en la medida en que la política sea
    vía eficaz de transformaciones. El problema es que al
    estar en crisis las sociedades políticas en
    términos de su débil credibilidad y
    representatividad, y siendo los actuales partidos
    políticos factores del modelo político a
    transformar, corresponderá a los movimientos y actores
    sociales y civiles la tarea de propiciar los elementos de una
    estrategia de paz con democracia, más allá de lo
    que pueda surgir de la disputa y equilibrio entre las partes
    armadas o los partidos.

    Las nuevas concepciones, estrategias y
    metodologías para el impulso del proceso de paz tienen
    como reto particular el lograr la gradual formación e
    incorporación de todos los movimientos y actores sociales
    y civiles, y con ellos de todas las fuerzas políticas,
    económicas y sociales necesarias para construir un nuevo
    Estado pluriétnico y pluricultural capaz de un nuevo pacto
    político, económico y social.

    Existe una enorme serie de retos teóricos y
    conceptuales, estratégicos y programáticos. El
    punto está en cómo vincular a la paz con las otras
    agendas y actores sociales y políticos que procuran la
    justicia. Los movimientos sociales, por su identidad,
    carácter y vínculo con las causas, son de nuevo hoy
    la fuerza de alternativa y articulación.

    NOTAS

    1. Agradezco al Consejo Latinoamericano de Ciencias
    Sociales la
    organización de este importante seminario
    regional en el que participé a partir del trabajo de paz
    en México, y particularmente con base en mi labor como
    Secretario Ejecutivo de la desaparecida Comisión Nacional
    de Intermediación, combinando reflexiones generales y
    nacionales.

    Este texto se
    encuentra bajo licencia Creative Commons

    Miguel Álvarez
    Gándara*

    * Director de SERAPAZ, México.

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