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Informe preliminar de Contraloría Ciudadana

Enviado por Djamel Toudert

ABSTRACT

El objetivo del documento es presentar un informe de la Dirección Ejecutiva de la Contraloría Ciudadana de la Ciudad de México que sirva de marco referencial para reconocer las redes sociales y políticas y sus relaciones e implicaciones jurídicas así como sus probables alcances a partir de la revisión y conceptualización de sus orígenes y fundamentos basados en los documentos y resultados existentes de la propia dirección para que brinde elementos que incentiven el debate interno y fortalezca el debate de cara a su próximo establecimiento en la red. Para comenzar, este documento se divide en dos partes: en la primera se expone la definición de los conceptos de contraloría ciudadana, transparencia, rendición de cuentas, ciudadanía responsable, Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (DESCA); de igual forma se mencionan brevemente sus orígenes y el marco jurídico que sustenta al Programa. En la segunda parte, a partir de la revisión de los resultados del Programa se hará un esfuerzo por conceptualizarlo, mismo que nos dará un acercamiento al análisis político del mismo; finalmente se plantean posibles perspectivas del Programa, considerando los alcances del mismo, se toman en cuenta dos ámbitos: el gobierno y la sociedad civil. El documento finaliza con comentarios generales a modo de conclusiones. del Programa, considerando los alcances del mismo, se toman en cuenta dos ámbitos: el gobierno y la sociedad civil. El documento finaliza con comentarios generales a modo de conclusiones.

Palabras clave:

 · méxico

 · movimientos sociales

 · participación social/ciudadana

 · redes ciudadanas

 · sociedad civil

Introducción

A finales del 2003 y principios del 2004, a raíz de una denuncia ciudadana, contralores y contraloras ciudadanas realizaron un operativo anticorrupción en la Delegación Benito Juárez (1), referente a la extracción y venta clandestina de gasolina de vehículos públicos por funcionarios de la Dirección General de Servicios Urbanos (2). En coordinación con la Dirección General de Auditoría y con el apoyo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se logró la detención de 4 servidores públicos implicados y el proceso judicial contra otros veinte. Este tipo de actividades de combate y previsión de la corrupción son solo unas de las actividades que realizan los y las contraloras ciudadanas en la Ciudad de México para garantizar su ejercicio al derecho a la información, transparencia y rendición de cuentas en la Administración Pública.

Contraloría Ciudadana es la palabra que conceptualiza el ejercicio de vigilancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el gasto presupuestal del Gobierno del Distrito Federal por los y las contraloras ciudadanas. Los y las contraloras ciudadanas, como las define el Jefe de Gobierno, son "…ciudadanos (as) independientes y de inobjetable honestidad (que) serán miembros, con derecho a voz y voto, de los consejos de administración y de los comités de evaluación y adquisiciones, de las dependencias y empresas paraestatales…" (3) mismos que participan actualmente en la vigilancia de la transparencia y rendición de cuentas en las finanzas de la Administración Pública local, con el fin de participar activa, corresponsable y honoríficamente (es decir, sin recibir remuneración alguna) en el combate a la corrupción, generar ahorros e incidir en la orientación y toma de decisiones del ejercicio presupuestal. Evidentemente, estas acciones a las que se encaminan la acción de los y las contraloras, pueden enmarcarse en los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de los y las ciudadanas de la Ciudad de México, con el fin de garantizar participativa y corresponsablemente un entorno económico, social, cultural y ambiental adecuado y seguro en donde vivir, educar a sus hijos e hijas y desarrollarse familiar y personalmente como ciudadanas y ciudadanos.

El objetivo del documento es presentar un informe de la Dirección Ejecutiva de la Contraloría Ciudadana de la Ciudad de México que sirva de marco referencial para reconocer las redes sociales y políticas y sus relaciones e implicaciones jurídicas así como sus probables alcances a partir de la revisión y conceptualización de sus orígenes y fundamentos basados en los documentos y resultados existentes de la propia dirección para que brinde elementos que incentiven el debate interno y fortalezca el debate de cara a su próximo establecimiento en la red.

En la actualidad, el proyecto que desarrollo hace una revisión y evaluación de las redes sociales, económicas, políticas y virtuales que están implícitas en el programa, actividades, organizaciones, instituciones, grupos así como actores estratégicos con el fin de crear un entorno propicio para su "replica" en la red. Por una parte, un primer contexto me ayuda a delinear la estructura, los límites de acceso y participación reales mientras que, un segundo, reviso y evalúo la dinámica de la red para una probable configuración de acuerdo con las posibilidades que ofrece el entorno virtual.

Para comenzar, este documento se divide en dos partes: en la primera se expone la definición de los conceptos de contraloría ciudadana, transparencia, rendición de cuentas, ciudadanía responsable, Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (DESCA); de igual forma se mencionan brevemente sus orígenes y el marco jurídico que sustenta al Programa. En la segunda parte, a partir de la revisión de los resultados del Programa se hará un esfuerzo por conceptualizarlo, mismo que nos dará un acercamiento al análisis político del mismo; finalmente se plantean posibles perspectivas del Programa, considerando los alcances del mismo, se toman en cuenta dos ámbitos: el gobierno y la sociedad civil. El documento finaliza con comentarios generales a modo de conclusiones del Programa, considerando los alcances del mismo, se toman en cuenta dos ámbitos: el gobierno y la sociedad civil. El documento finaliza con comentarios generales a modo de conclusiones.

Antecedentes

A finales de la década de los noventas distintas organizaciones civiles y sociales presentaron, mediante la realización de foros, conferencias y documentos de debate, una iniciativa de Presupuesto Participativo que tenía como objeto incidir en las políticas públicas para participar en la orientación de la definición del presupuesto público federal. Distintas organizaciones de amplia experiencia, entre las que se encuentran DECA, Equipo Pueblo, RMALC, Movimiento Ciudadano por la Democracia, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, etcétera, fueron las principales promotoras de este proceso. Como tal, la iniciativa no fructificó, sin embargo sentó importantes antecedentes para que posteriormente se desarrollara contraloría ciudadana. La diferencia entre ambos conceptos es que contraloría ciudadana, en un principio, se enfoca básicamente en la vigilancia ciudadana de la transparencia y rendición de cuentas del ejercicio del presupuesto público, mientras que presupuesto participativo buscó desde sus inicios incidir directamente no en la vigilancia sino en la configuración y orientación del presupuesto público. Actualmente el Programa de Contraloría Ciudadana incorpora los objetivos originales de la iniciativa de Presupuesto Participativo de incidir en la configuración y orientación del gasto público con el objeto de promover el cumplimiento adecuado y fortalecimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) para las y los ciudadanos de la Ciudad de México.

El contexto y coyuntura política fueron favorables: la llegada al Gobierno del Distrito Federal de Andrés Manuel López Obrador en el 2000 con el Partido de la Revolución Democrática (un partido de izquierda) y consecuentemente la de Berta Elena Luján Uranga a la Contraloría General del Distrito Federal.

Andrés Manuel López Obrador proviene de una larga trayectoria político – partidista. Disidente durante la década de los 80 del Partido Revolucionario Institucional, fue fundador de un partido político de izquierda (lo que actualmente es el Partido de la Revolución Democrática). Llega al Gobierno de la Ciudad con una propuesta de gobierno que promueve priorizar el ejercicio del gasto para favorecer a sectores sociales desprotegidos como adultos mayores, mujeres embarazadas, desayunos escolares, etcétera; un elemento transversal en su Programa de Gobierno es la participación ciudadana, se observa como un elemento prioritario buscando fortalecer las organizaciones vecinales.

Berta Elena Luján Uranga, proviene de una larga trayectoria de organizaciones sociales, civiles y la lucha sindical democrática. Por muchos años, dirigente nacional del Frente Auténtico del trabajo y fundadora/directora de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio. Desligada políticamente a los intereses del PRD, por lo que las expectativas en torno a su nueva labor de vigilancia administrativa son esperanzadoras.

El Programa de Contraloría Ciudadana se implementó en el 2001 en la Contraloría general como un Programa pequeño, operado en un inicio por una coordinación a cargo de Martha Pérez Bejarano, actual Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal y una importante activista social, con una larga trayectoria en organizaciones civiles.

En el 2002, de ser solamente una Coordinación, el Programa de Contraloría Ciudadana se convierte en Dirección Ejecutiva, lo que le otorga más presupuesto, facultades y capacidad de incidencia administrativa y política. El Director del Programa es Andrés Peñaloza Méndez, analista económico con una larga trayectoria en las organizaciones sociales; las 11 mujeres y 5 hombres parte del equipo de la Dirección son personas que en la mayoría de los casos, su historia proviene también de la sociedad civil.

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

Concepto de Contraloría Ciudadana

 Contraloría Ciudadana es la palabra que conceptualiza el ejercicio de vigilancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el gasto presupuestal del Gobierno del Distrito Federal por los y las contraloras ciudadanas. Como se había comentado, los y las contraloras ciudadanas son ciudadanos (as) que buscan ejercer su derecho ciudadano a participar honorífica y activamente en la vigilancia de la transparencia y rendición de cuentas en las finanzas de la Administración Pública local con el fin de combatir la corrupción, participar en la orientación del ejercicio presupuestal y promover el gasto social. Al ejercer sus derechos como contralores y contraloras ciudadanas fortalecen y promueven la defensa de los derechos DESCA.

¿Quiénes son las y los contralores ciudadanos?

Son contralores y contraloras ciudadanas 177 ciudadanas y 123 ciudadanos de la Ciudad de México debidamente acreditados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal; ninguno recibe remuneración o apoyo alguno por parte del Gobierno del Distrito Federal y en promedio participan entre 5 y 10 horas semanales al Programa de Contraloría Ciudadana.

El Programa se ha caracterizado por su espíritu de inclusión y promoción de la diversidad. En cuanto a edades, de las 177 mujeres y 123 hombres contralores ciudadanos, el 33% tiene de 18 a 33 de edad, el 44% tiene de 31 a 51 años y el restante 23% más de 50 años. Referente al grado de estudios, por ejemplo, el 29% son estudiantes, 44% son profesionistas, 11% cuenta con maestrías, 5% con doctorados y el 11% restante concluyó por lo menos sus estudios de educación media. Otro dato interesante es que solamente el 11% pertenecen a alguna Institución Académica, el 15 % a alguna Organización Civil o Social y el resto son ciudadanos y ciudadanas independientes de las más distintas ocupaciones. Cabe señalar que a pesar de no haber un registro del dato, los y las contraloras ciudadanas han manifestado su preferencia por distintos partidos políticos.

Definición de transparencia

De acuerdo con algunos autores, la transparencia es un mecanismo que forma parte de un sistema de rendición de cuentas. El concepto de transparencia "es una característica que abre la información de las organizaciones políticas y burocráticas al escrutinio público, mediante sistemas de clasificación y difusión que reducen los costos de acceso a la información del gobierno. Sin embargo, la transparencia no implica un acto de rendir cuentas a un destinatario específico, sino la práctica de colocar la información en la vitrina (4) pública para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como un mecanismo para sancionar" (Ugalde, Luis Carlos,2002: 16-17) La transparencia, en el marco de un sistema de rendición de cuentas, facilita la vigilancia de las acciones de gobierno.

Actualmente pareciera haber un monopolio mediático del uso del término "transparencia" por la organización Transparencia Internacional, cuyo capítulo en nuestro país es Transparencia Mexicana puesto que esta organización cuenta con el respaldo del gobierno federal; aunado a que al Programa de Contraloría Ciudadana aún no ha podido posicionarse y visualizarse adecuadamente en el ámbito federal, estatal y local, es precisamente uno de los principales retos (5). Una clara diferencia de Transparencia Internacional con el Programa de Contraloría Ciudadana, además de la amplia diferencia presupuestal, consiste precisamente en la manera en que opera el Programa, es decir, el cargo de contralor ciudadano es honorífico y por lo tanto no recibe retribuciones ni del gobierno del sector empresarial, lo único que lo mueve es su voluntad y empeño de combatir la corrupción, construyendo una nueva relación entre el gobierno y la ciudadanía. A través del programa de Contraloría Ciudadana no se participa en la venta de entidades del sector público ni se avalan procesos del gobierno o las empresas participantes en licitaciones, se contribuye a fortalecer la capacidad del ciudadano para intervenir en los asuntos públicos y de interés general de la población. El contralor ciudadano participa por lo tanto con una alta dosis de ética y profesionalismo, verificando que, además de lo legal, las acciones de los funcionarios cumplan con el principio de honestidad y sean totalmente transparentes a juicio del o la ciudadana.

Definición de rendición de cuentas

El concepto o término de rendición de cuentas es la traducción al castellano el término anglosajón accountability, que en su acepción original significa ser sujeto a la obligación de reportar, explicar o justificar algo; ser responsable ante alguien de algo. (Ugalde, Luis Carlos,2002: 16-17) Esta traducción es considerada imprecisa por algunos autores pues se dice que tiene un significado limitado en nuestra lengua. El significado de la palabra rendición en el Diccionario de la Lengua Española tiene varias acepciones pero ninguna hace referencia a los pesos y contrapesos administrativos o políticos. No obstante, en el ámbito de la política, la rendición de cuentas significa la obligación de todos los servidores públicos de dar cuentas, explicar y justificar sus actos al ciudadano, que es el último depositario de la soberanía en una democracia. (Ugalde, Luis Carlos,2002: 16-17) Más aún, la rendición de cuentas, implica que los representantes respondan frente a los representados sobre el uso de sus poderes y responsabilidades, que actúen en respuesta a las críticas o requerimientos que les son señalados, que acepten su responsabilidad en caso de errores, incompetencia o engaño y que se tenga capacidad para imponer sanciones negativas a los funcionarios y representantes que violen ciertas normas de conducta. En éste último ámbito, ya se está hablando del derecho ciudadano de recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, aunque también implica contar con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno. Sin obligatoriedad, la rendición de cuentas carecería de sentido, esto quiere decir que se estaría disponible a ser requerido a informar y sufrir un castigo en caso de mala conducta, aunque también es válido recibir un premio por el buen desempeño en un cargo público. En resumen, podemos hablar de cinco características que permiten distinguir la rendición de cuentas de conceptos similares:

  • Delegación de autoridad y responsabilidad de un sujeto denominado mandante o principal a otro llamado mandatario o agente.
  • Representación. El agente o mandatario representa al principal, por lo que actúa en su nombre y debe rendirle cuentas de todo lo que decide y hace en su nombre.
  • Responsabilidad mutua. La responsabilidad del agente consiste en la obligación de ofrecer información detallada de sus actos al principal, mientras éste último debe contar con la capacidad y derecho para monitorear las acciones del agente, detectar posible incumplimiento y sancionarlo.
  • Sanciones. Cuando se demuestra que el agente incumplió sus responsabilidades, el principal cuenta con mecanismos para imponer castigos y sanciones.
  • Contrato, que puede ser de carácter informal (a través de acuerdos verbales o sociales) o formal (leyes y reglas escritas complementadas con leyes secundarias y reglamentos). Cada tipo de contrato tiene sus sanciones, en el primer caso estaríamos hablando de rechazo comunitario, pérdida de confianza, destierro social, etcétera. En el segundo se agruparían el desafuero, penas administrativas y/o penales, etcétera.

La rendición de cuentas es un instrumento de vigilancia para controlar el abuso poder y garantizar que los gobernantes cumplan adecuadamente el mandato hecho por la ciudadanía. En términos generales, dicha herramienta sirve para analizar las acciones de gobierno. Es decir, los y las contraloras ciudadanas, como sucede con la transparencia, ejercen la rendición de cuentas, no es para ellos una herramienta más, es el principio de su acción. Es cada vez mayor la demanda de información precisa y comprobable de la administración pública, tanto de sus recursos como de la toma de decisiones y de los resultados de la gestión gubernamental. Por tanto, la rendición de cuentas se constituye como una obligación para los representantes de los ciudadanos y un derecho para éstos últimos. A partir de 1997 inició el cambio democrático de las formas de gobierno en la ciudad, el reto ahora es profundizarlo a través de la participación basada en la diversidad, la tolerancia y el pluralismo que emergen desde la base misma de la sociedad porque todos los que la habitamos la Ciudad de México tenemos derecho a ella, y que ya se ejerce desde el Programa de Contraloría Ciudadana. Frente a un aparato administrativo centralizado, burocratizado, ineficaz y proclive a la corrupción, se ha estado practicando la transparencia, la rendición de cuentas, la eficacia y el control de las autoridades por parte de los ciudadanos, condiciones básicas para democratizar el gobierno de la ciudad. Aunque se tenía la visión de ejercer la rendición de cuentas, con la participación ciudadana, desde el gabinete de Gobierno y seguridad, no se contempló que desde la perspectiva de la administración y las finanzas se podía dar un impulso considerable a los temas de transparencia y rendición de cuentas, sin descartar la relación intrínseca que hay entre ambos gabinetes, con un proceso de transformación legal y cultural de los más diversos actores de la ciudad. Si bien la materia de trabajo del contralor ciudadano parecería reducirse al análisis del ejercicio del presupuesto, cabe señalar que éste se extiende a la toma de decisiones en los órganos de gobierno, de manera directa e indirecta en los otros órganos colegiados y se enmarca en el amplio contexto de la lucha contra la corrupción, cuyas manifestaciones son vastas. Sin embargo, el contralor ciudadano no sólo está en condiciones de acceder a la información gubernamental, sino cuenta con todos los mecanismos de sanción de la Contraloría General el Distrito Federal para echarlos a andar. Lo cual constituye un mecanismo de control preventivo que disuade a potenciales infractores de la ley y responde a las características que definen la rendición de cuentas. Existen dos características esenciales en la relación gobernante-gobernado: intereses divergentes y asimetría en la información (el primero tiene siempre más información que el segundo). Sin embargo, en el Distrito Federal, con el Programa de Contraloría Ciudadana como elemento específico de un sistema de rendición de cuentas, se está contribuyendo a reducir esa asimetría y a obligar a los servidores públicos a responder ante una posible toma de decisiones corrupta o que no favorezca a la sociedad.

Ciudadanía responsable

Cuando se habla de generar ciudadanía responsable se piensa en promover una actitud ciudadana corresponsable y participativa en los espacios ciudadanos del Gobierno del Distrito Federal, generando así cambios en la relación Gobierno-Ciudadanía. La ciudadanía responsable se enmarca en la promoción y defensa de los derechos DESCA, mediante la exigibilidad del cumplimiento de sus derechos, mismos que los convierten en sujetos políticos. La ciudadanía responsable no necesariamente tiene que ser las organizaciones civiles y/o sociales, de la misma manera pueden ser personas particulares, amas de casa, estudiantes, profesionistas, médicas, abogados, taxistas, investigadoras, entre otras.

En este contexto, la Documento de Trabajo de Contraloría Ciudadana (DECC) es la encargada de generar los objetivos y estrategias del Programa de Contraloría Ciudadana (PCC) para cumplir adecuadamente sus propósitos.

Objetivos, Estrategias, Desarrollo y Resultados

De acuerdo al Documento de Trabajo de Contraloría Ciudadana, el propósito de Contraloría Ciudadana es contribuir a que se ejerza el derecho ciudadano de participar en la definición, instrumentación, vigilancia, evaluación, control y exigibilidad en el manejo de las finanzas públicas para beneficio de las mayorías de la población. Para garantizar este propósito, el Plan de Trabajo presentan los siguientes objetivos:

Objetivo Número 1.

Provocar la formación y consolidación de una red de contraloría ciudadana que se inserte en el corto plazo en los cuerpos colegiados correspondientes a los Órganos de Gobierno, Comités y Subcomités de Adquisiciones y de Obra, para después extenderse al resto del Gobierno del Distrito Federal. Es importante señalar que en la actualidad los (as) contralores (as) ciudadanos (as) participan en 120 Órganos Colegiados: Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; Obras; Gobierno, Técnicos y los Comités de Control y Evaluación (COCOES) (6). Actualmente en el Programa se encuentran en activo 450 personas colaborando en el Programa. De ellas, 200 se encuentran sesionando en los Órganos Colegiados del Gobierno del Distrito Federal, el resto participa en grupos de apoyo y asesoría; así como, en los grupos especiales de contrataciones transparentes, control social de obra y operativos anticorrupción. Cabe señalar, que en un inicio, el Programa contó solamente con 68 contralores(as) ciudadanos(as).

Objetivo Número 2.

Impulsar la formación y consolidación de una red de instituciones y personalidades de elevada credibilidad social –como el Consejo para la transparencia- que funjan como asesores de las(os) contraloras(es) ciudadanas(os). Parte de esta red de asesores se fortalece con la elaboración de convenios con Instituciones y/u Organizaciones; en la actualidad se han pactado seis convenios, ninguno implica costo para el Erario Público:

  • Colegio de Contadores Públicos de México A.C. En el que en términos del convenio, esta respetable Institución ha otorgado un total de 24 becas para que contralores(as) ciudadanos(as) asistan a los cursos que éste brinda.
  • DECA Equipo, A.C. Existe una estrecha colaboración con la organización, directivos de DECA Equipo Pueblo, participan ordinariamente en el Programa como contralores(as) ciudadanos(as). Es importante comentar que se contó con la asesoría y apoyo de la organización, especialista en estas prácticas legislativas, durante el cabildeo realizado en la Asamblea para las modificaciones a la Ley de Adquisiciones, Ley de Obras y Participación Ciudadana para la incorporación de la figura de contralores(as) ciudadanos(as).
  • Comunicación Comunitaria A.C. Se editó un vídeo de Contraloría Ciudadana, donde se recupera la experiencia de tres jóvenes que participaron en la licitación de vales de despensa de fin de año del 2002, lo que coadyuvó a darle mayor transparencia y confiabilidad a la licitación anual más importante que tiene el GDF por su monto (1,300 millones de pesos), el cual cubre una obligación contractual del GDF con sus trabajadores.
  • Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. Se tiene contemplado la realización de talleres, seminarios y cursos sobre sistematización de experiencias para contralores(as) ciudadanos(as).
  • Fundación Roberto Oliveros Rivas – Centro de Estudios Filosóficos Porfirio Miranda. Se contempla la realización de talleres sobre ética ciudadana. La importancia de ello radica en fortalecer la conciencia ciudadana y la responsabilidad ética de los contralores(as) ciudadanos(as). Esto permitirá que éstos ubiquen la importancia "ética" de su labor en la vigilancia ciudadana del gasto público.
  • Federalismo y Descentralización S.C. Se tiene contemplado la realización (previo acuerdo de las partes) de talleres, seminarios y mesas redondas sobre descentralización administrativa, mismo para contralores(as) ciudadanos(as).

Objetivo Número 3.

Impulsar cambios en la normatividad y la práctica de gestión pública que favorezcan la transparencia y la simplificación administrativa y eficiencia a ella asociada. Se presentó e integró a la propuesta de Reforma al Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, lo relativo a los contralores ciudadanos, integrándose texto en los artículos referidos a la integración, funciones y derecho a voz y voto. De esta manera se fortalece más el marco jurídico de la actuación de los contralores ciudadanos. Se fortaleció la relación con la secretaría técnica de la Comisión de Participación Ciudadana rumbo a la adición en la Ley de Participación Ciudadana de la figura de contraloría ciudadana.

En el aspecto de la participación ciudadana, la reforma a la Ley relativa está en proceso y se impulsa la adición de un capítulo que despliega el concepto, los sujetos, los derechos y obligaciones de los integrantes de la Red de Contraloría Ciudadana en el título referido a los instrumentos de participación ciudadana. Además, se impulsa que el control ciudadano se instaure dentro de los órganos de representación vecinal con el fin de garantizar que las tareas que los vecinos encargan a sus representantes se cumplan y se cumplan bien; el objetivo es fortalecer en la ciudadanía la cultura de la rendición de cuentas y la transparencia.

En conjunto con Consejería Jurídica, se participó en la realización del Reglamento de Verificación Administrativa, resultando en la incorporación de la figura de contralores(as) ciudadanos(as) en el mismo. Es importante destacar que el contralor ciudadano Gustavo Velásquez de la Fuente fue electo Presidente del Consejo de Información Pública del Distrito Federal.

En lo correspondiente al primer objetivo, la selección e incorporación de contralores(as) ciudadanos(as) se realiza de forma directa por la Dirección Ejecutiva de Contraloría Ciudadana, con base en dos criterios:

a) Que su trayectoria de vida de cuenta de probidad y compromiso social,

b) Que el conjunto de contralores(as) ciudadanos(as), mantenga una estructura social y de intereses que refleje la diversidad de las mujeres y hombres habitantes del Distrito Federal.

Conforme evolucione el programa la selección será una responsabilidad compartida con las personas incorporadas. Se trata así, de provocar que los contralores(as) ciudadanos(as) sistematicen su propia participación al diseñar los mecanismos de selección, autorregulación y la reglamentación correspondiente al conjunto de valores éticos que representan. Y, a la vez, impulsar nuevas formas de operación de las distintas instancias del Gobierno del D. F. a partir de sus propuestas e iniciativas para mejorar la gestión pública.

De poco servirían los contralores(as) ciudadanos(as) si tuviesen que trabajar aislados, por ello, una tarea es vincular el Programa de Contraloría Ciudadana al resto de los programas de participación ciudadana del Gobierno del D.F., (como los que se desprenden desde la Coordinación de Enlace y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Secretarías y Delegaciones Políticas) y en una perspectiva más amplia, invitar de forma directa a las instituciones de elevada credibilidad social a participar como sus asesoras y en especial a los medios de comunicación, que tienen que cumplir un papel central en cualquier intento de transparencia.

En este sentido, es prioridad para el Programa, llevar a cabo una estrategia de formación, la cual es de fundamental importancia para incrementar el perfil participativo del y la contralora ciudadana; es decir, considerando que un gran porcentaje de los y las participantes son personas que desconocen la normatividad aplicable a la Administración Pública local, es necesario brindarles las herramientas adecuadas que permitan llevar a acabo de manera eficaz y eficiente el ejercicio de sus derechos. Es más, como se ha mencionado, las y los contralores participan con derecho a voto, lo que los hace corresponsables de las decisiones tomadas y ejecutadas desde el Comité o Subcomité en donde participen, por lo que es muy importante que cuenten con las herramientas normativas adecuadas. En esta actividad de formación y capacitación de contralores(as) ciudadanos(as), la Dirección Ejecutiva de Contraloría Ciudadana ha desarrollado un sistema de capacitación que comprende dos periodos semestrales de cursos sobre Administración Pública, Adquisiciones y Obra pública. La asistencia anual aproximada de contralores y contraloras se estima en 958. En este sentido también se han realizado conferencias sobre temas especializados, todos ellos petición de contralores(as) ciudadanos(as).

  • Segundo y tercer ciclo de conferencias sobre "Información y análisis para la vigilancia y transparencia de las finanzas públicas del Distrito Federal", con la participación de destacados Servidores Públicos y una asistencia de 100 y 360 contralores(as) ciudadanos(as) respectivamente.
  • En las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de Contraloría Ciudadana y la Universidad de la Ciudad de México, se realizaron tres mesas redondas sobre "Ley de Transparencia y Acceso a la Información ", contando con la participación de contralores(as) ciudadanos(as) involucrados en el estudio de este tema y con la asistencia promedio por sesión de 30 de ellos.
  • De la misma forma se realizó un ciclo de 3 mesas redondas sobre "Los impactos de las políticas de la Organización Mundial de Comercio en la economía del Distrito Federal", impartido por los propios contralores(as) ciudadanos(as) y contando con la asistencia promedio por sesión de 30 de ellos. Cabe destacar que la segunda de estas mesas se realizó en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, contando con la participación de miembros de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio y el Lic. Andrés Peñaloza Méndez, Director Ejecutivo de Contraloría Ciudadana.

La activa y constante participación de los contralores(as) ciudadanos(as) en los Órganos Colegiados del Gobierno del Distrito Federal ha generado cambios en la práctica de la gestión pública y en la normatividad, fortaleciendo de este modo, el ejercicio de libre acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas; siendo estos elementos centrales del proceso democrático y participativo que impulsa el Gobierno del Distrito Federal.

En este contexto, el Programa de Contraloría Ciudadana ha cumplido, con la misión de garantizar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición, instrumentación, vigilancia, evaluación, y control en el manejo de las finanzas públicas para beneficio de la mayoría de la población de la capital. A continuación, se observan algunos datos duros que permiten ubicar puntualmente los avances en el cumplimiento de sus objetivos.

Hasta diciembre del 2003, los contralores(as) ciudadanos(as) estuvieron pendientes de las 1,058 sesiones programadas de los comités y subcomités de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; obras públicas; consejos de administración, directivos y de financiamiento y comités de control y evaluación. El análisis de casos y de los programas anuales de obras, adquisiciones y operativos; la revisión de los manuales de integración y funcionamiento de los órganos colegiados; la preparación y documentación de opiniones y propuestas para conseguir una mayor eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, en un marco de transparencia y rendición de cuentas, es una labor cotidiana que realizan los contralores (as) en toda la administración pública local.

Contrataciones transparentes

Uno de los ejes de acción más importantes de las y los contralores (as) ciudadanos (as) es la participación en las compras públicas, mismas que pueden ser contrataciones, adquisiciones o arrendamientos. La vigilancia ciudadana en estos procesos ha sido de vital importancia en el posicionamiento del mismo frente a la Administración Pública local y ante los proveedores al otorgar mayos confianza de imparcialidad de los eventos de contrataciones públicas, así mismo, observan el apego normativo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y estrictamente vigilan la transparencia de estos eventos. Es decir, lo que las y los contraloras ciudadanas vigilan y aprueban o no en los Comités y Subcomités de Adquisiciones, se complementa con su participación en estos procesos debido a que en los Órganos Colegiados solamente se aprueban las adjudicaciones directas (lo que no se somete a concurso público y se le da el contrato a una empresa); las contrataciones públicas solamente se informan y no se presentan detalles. Hasta la fecha, contralores(as) ciudadanos(as) han participado en 160 licitaciones, cubriendo un monto aproximado de $10, 410, 000, 000. Tan solo en 2003, contralores(as) ciudadanos(as) asistieron a 117 procesos, cubriendo un monto de $5, 310, 134, 570 de en 15 Áreas de Gobierno. Cabe señalar que en el 2001, solamente Oficialía Mayor convocó a contralores(as) ciudadanos(as) a dos licitaciones, y en 2002, 4 Áreas convocaron, asistiendo éstos a 37 procesos de compra pública.

Es decir, ciudadanas y ciudadanos responsables, de forma voluntaria, han vigilado personalmente la transparencia en el ejercicio del 6.8% del presupuesto público de la Ciudad de México, tan solo en el 2003 y en el área de contrataciones transparentes. Contralores y contraloras ciudadanas, para asegurar el ejercicio de la vigilancia de la transparencia, han promovido cambios normativos en los procesos de convocatoria y selección en las convocatorias de las compras públicas, participando en los Comités Revisores de base, mismos que elaboran las bases antes de convocar públicamente a proveedores; en el caso del Fondo Mixto de Promoción Turística, un contralor ciudadano modificó las bases de las convocatorias para el resto de las contrataciones públicas que el FMPT realice. La participación de las y los contralores ciudadanos incluso ha promovido la disminución de recursos de inconformidad en estos eventos; es decir, que cada vez menos empresas presentan "quejas" por irregularidades en los procesos de contrataciones públicas.

Actualmente, son 17 las Áreas de Gobierno que han convocado a contralores(as) ciudadanos(as) 7 Dependencias: Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Obras y Servicios, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Cultura y Oficialía Mayor; 5 Entidades: Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación, el Fondo para el Desarrollo Social del Distrito Federal, el Fondo Mixto de Promoción Turística, la Red de Transportes para Pasajeros, el Sistema de Transporte Colectivo METRO y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial; y finalmente, 4 Delegaciones, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Milpa Alta y Tlalpan.

Algunas de las contrataciones públicas relevantes en que han participado contralores(as) ciudadanos(as) son:

  • Participación en la licitación para la Adquisición de insumos alimenticios, convocada por la Dirección General de Previsión y Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno, cuyo monto presupuestado fue de $35, 000, 000.00 de pesos. Finalmente se declaró desierta para dar paso a un proceso de Adjudicación Directa.
  • Participación de contralores(as) ciudadanos(as) en la adquisición de varilla de acero para la 2a etapa del distribuidor vial de San Antonio, convocada por FIMEVIC, con un monto máximo de $150,883,818.00 pesos. Generando un ahorro de 3,240,000.00 pesos.
  • Tres contralores(as) ciudadanos(as) participaron en el concurso abierto para la compra de 250,000m³ de cemento premezclado para aprovisionar las principales obras viales, convocado por FIMEVIC, cubriendo un monto de $249,000,000.00 pesos.
  • Participación en las compras consolidadas convocadas por Oficialía Mayor, incluyendo vales de despensa, alimentos, y aseguramiento de bienes; se realizaron a finales de diciembre del 2003 cubriendo un monto de $4, 659, 585, 624.00 de pesos.
  • Ya en este año, participaron en el Proyecto integral del Hospital Modular de Especialidades de Iztapalapa, cuyo monto asciende a más de $400, 000 000.00; y la
  • Adquisición de medicamentos nacionales e internacionales y gases medicinales por parte de la Secretaría de Salud, en donde aún no se presentan los fallos.

Almacenes, laboratorios, talleres y clínicas

Otra línea de trabajo iniciada en 2003, que rinde buenos frutos en este ejercicio, son las visitas a Almacenes, laboratorios, talleres y clínicas que realizan contralores(as) ciudadanos(as) para verificar físicamente algunos casos revisados en los Órganos de Gobierno.

En el STC Metro contralores(as) ciudadanos(as) han visitado: Se realizó una visita a la Planta de Ensamble de carros de ferrocarril de la empresa "Bombardier SA de CV" en Ciudad Sagún, Hidalgo; como seguimiento a la compra de 405 vagones de rodadura neumática efectuada en 2002, y dónde participó el contralor ciudadano Dr. Horacio Labastida Muñoz junto con otros siete destacados ciudadanos. El monto de esta compra asciende a $546, 750, 000.00 de dólares. Se verificaron los trabajos de reparación y mantenimiento de la Línea 5, cuyo presupuesto asciende a $113, 456, 000.00 de pesos. Visita a las cuatro clínicas propias del STC METRO, ubicadas en las estaciones de Cuauhtémoc, Zaragoza, Ticomán y Tasqueña; el monto del servicio anual de estas cuatro clínicas asciende a un total de $70, 575, 728.10 de pesos. Visita a laboratorios de pruebas materiales de los Talleres de Zaragoza, a los 2 laboratorios de pruebas de certificación de calidad, ubicados en la estación de Pantitlán, al Almacén Central No. 1 de Ticomán.

En el sector Salud, durante el mes de noviembre del 2003, contralores(as) ciudadanos(as) visitaron el Almacén General de la Secretaría de Salud, mismo que abastece a 35 Hospitales de la Dependencia. La visita se realizó con el apoyo de la Contraloría Interna y la asistencia de 8 contralores(as) ciudadanos(as). Por invitación de Contraloría Interna, durante marzo este año, un grupo de 10 contralores(as) ciudadanos(as) visitaron los Almacenes del Hospital General de XOCO para realizar una verificación de los medicamentos.

Control social de obra

Otra de las líneas más importantes de trabajo es el "control social de obra" que consiste en la verificación y revisión de la obra pública (en base a los catálogos de conceptos), para observar físicamente si se lleva o no acabo adecuadamente los procesos administrativos que observan en los comités y subcomités de obra pública. De igual forma, previenen posibles actos de corrupción entre empresas, autoridades y ciudadanos. Hasta la fecha se han realizado 220 visitas de obra, 157 de ellas durante el 2003 y 63 en este año, cubriendo un monto aproximado de más de 10 millones de pesos. Contralores(as) ciudadanos(as)s y personal de la Dirección Ejecutiva de Contraloría Ciudadana realizaron control social de obra en 13 de las 16 Delegaciones.

Se inicio un programa de visitas a la línea 5 del METRO dónde se realizan trabajos de reparación y mantenimiento con un monto de 113, 000, 000 de pesos.

En coordinación con la Dirección General de Contralorías Internas, durante el mes de febrero y marzo, 15 contralores(as) ciudadanos(as) y personal de la Dirección Ejecutiva de Contraloría Ciudadana realizaron visitas de verificación a 13 contratos de obra, cubriendo más de 50 frentes de obra, para apoyar el operativo de revisión de CLC’s desarrollado por la Dirección General.

Operativos anticorrupción

En abril del 2003, contralores(as) ciudadanos(as), en coordinación con la Dirección General de Contralorías Internas de la Contraloría General, participaron en los operativos anticorrupción instrumentados en las Administraciones Tributarias de la Secretaría de Finanzas en los módulos: Central, Mina, San Jerónimo, Centro Histórico y Acoxpa; se realizaron observaciones reflejadas en el llenado de cuatrocientos catorce formatos.

En 2004, a raíz de una denuncia ciudadana, contralores(as) ciudadanos(as) realizaron un operativo anticorrupción en la Delegación Benito Juárez, referente a la extracción y venta clandestina de gasolina de vehículos públicos por funcionarios de la Dirección General de Servicios Urbanos. En coordinación con la Dirección General de Auditoría y con el apoyo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se logró la detención de 4 servidores públicos implicados y el proceso judicial contra otros veinte. Estos operativos anticorrupción

Visualización del Programa

La Dirección Ejecutiva de Contraloría Ciudadana cuenta, institucionalmente, con recursos operativos (no implican que sean suficientes) para visualizar el trabajo de los y las contraloras ciudadanas; para el cumplimiento de ello, el 5 de diciembre del 2003, se realizó el primer seminario "Balance y perspectivas de la Contraloría Ciudadana", contando con la asistencia de 250 contralores(as) ciudadanos(as) y aspirantes; así como la participación de destacadas y destacados expositores. Este evento cumplió con el objetivo de que los propios contralores(as) ciudadanos(as) difundieran al resto de sus compañeros (as) los resultados, observaciones y recomendaciones que realizaron en el transcurso del año. De igual forma, en el cuarto trimestre, se realizó la campaña de difusión "Manos a la obra y ojos a las cuentas"; en este contexto se han realizado: 2 conferencias de prensa con medios de comunicación nacional, 8 programas de radio, 9 inserciones en el periódico "El M" que circula diaria y gratuitamente en el Sistema de Transporte Colectivo METRO y 2 banners en la página de internet del GDF y del periódico "La Jornada".

También se cuenta con un portal de Contraloría Ciudadana en la página de internet del Distrito Federal y la Contraloría General, en la que se han difundido las acciones, resultados y actividades del Programa de Contraloría Ciudadana.

Cambios normativos

Normativamente, en ninguna Ley local o nacional existe alguna definición de Contraloría Ciudadana o de contralores(as) ciudadanos(as), solamente se contempla su participación en los Órganos Colegiados de la Administración de la Ciudad de México. La figura de contralor(a) ciudadano(a),, surge en el Acuerdo del Jefe de Gobierno, donde se establecen los siguientes consideraciones. En todos los consejos de administración, en los comités y subcomités de obras y adquisiciones del gobierno, participarán con derecho a voz y voto, ciudadanos independientes de inobjetable honestidad para garantizar el buen uso de los recursos públicos.

  • Estos integrantes de la sociedad civil actuarán como contralores(as) ciudadanos(as) durante dos años y su participación será honorífica, por lo que no recibirán retribución alguna.
  • Los contralores(as) ciudadanos(as) tendrán como objetivos: vigilar la aplicación del presupuesto, emitir recomendaciones y denunciar actor de corrupción.

Sin embargo, existe un amplio marco jurídico que abriga la figura del contralor(a) ciudadano(a) en la participación ciudadana, a saber: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley de Participación Ciudadana, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Distrito Federal, Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; Programa de Gobierno 2001-2006 del Gobierno del Distrito Federal; Acuerdo del Jefe de Gobierno para la Vigilancia Ciudadana dentro de los Órganos Colegiados del Distrito Federal.

La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, mediante la Dirección Ejecutiva de Contraloría Ciudadana, es la encargada de garantizar e instrumentar el ejercicio de la contraloría ciudadana. Es esta Dirección la encargada de realizar la planeación para crear el Programa de Contraloría Ciudadana, en la cuál se describen los objetivos, estrategias y se delimitan las facultades y responsabilidades; en base a ello, la DECC, mediante el PCC, sistematiza el ejercicio del contralor(a) ciudadano(a), brindando apoyo, asesoría normativa y enlace con otras instancias de la Administración Pública Local.

Es Precisamente la DECC la encargada de generar los cambios normativos que permitan enmarcar adecuadamente y fortalecer el desarrollo institucional del Programa de Contraloría Ciudadana. En este contexto se presentó e integró a la propuesta de Reforma al Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, lo relativo a los contralores ciudadanos, integrándose texto en los artículos referidos a la integración, funciones y derecho a voz y voto. De esta manera se fortalece más el marco jurídico de la actuación de los contralores ciudadanos. Se fortaleció la relación con la secretaría técnica de la Comisión de Participación Ciudadana rumbo a la adición en la Ley de Participación Ciudadana de la figura de contraloría ciudadana.

En el aspecto de la participación ciudadana, la reforma a la Ley relativa está en proceso y se impulsa la adición de un capítulo que despliega el concepto, los sujetos, los derechos y obligaciones de los integrantes de la Red de Contraloría Ciudadana en el título referido a los instrumentos de participación ciudadana. Además, se impulsa que el control ciudadano se instaure dentro de los órganos de representación vecinal con el fin de garantizar que las tareas que los vecinos encargan a sus representantes se cumplan y se cumplan bien; el objetivo es fortalecer en la ciudadanía la cultura de la rendición de cuentas y la transparencia.

En conjunto con Consejería Jurídica, se participó en la realización del Reglamento de Verificación Administrativa, resultando en la incorporación de la figura de contralores(as) ciudadanos(as) en el mismo. Es importante destacar que el contralor ciudadano Gustavo Velázquez de la Fuente fue electo Presidente del Consejo de Información Pública del Distrito Federal.

CONTRALORÍA CIUDADANA Y GÉNERO

Existen varias maneras de poder abordar los esfuerzos y retos por incorporar el enfoque de género dentro del Programa de Contraloría Ciudadana. Proponemos dos líneas de trabajo:

La primera consiste en observar el ámbito administrativo – operativo del Programa, es decir, hacer una revisión de la composición por género de la DECC en términos de funciones, responsabilidades y presupuesto.

La segunda se deriva de una revisión de la composición de los contralores y contraloras ciudadanas por género en base a los siguientes indicadores: funciones y ocupaciones por área de importancia, incorporación de líneas de investigación y análisis sobre temas de género, y formación a contraloras y contralores ciudadanos sobre el concepto de democracia de género.

Será igualmente personal de la Dirección y contraloras y contralores ciudadanos los encargados de avanzar en el desarrollo de estas dos líneas de trabajo.

CONTRALORÍA CIUDADANA A TRES AÑOS

El programa tiene apenas 3 años de existencia, cuenta con un presupuesto anual de 2 millones de pesos, sin embargo cabe cuestionarnos si ¿ha logrado realmente disminuir la corrupción, transparentar el ejercicio presupuestal o incidir en la orientación del ejercicio presupuestal para favorecer el gasto social?

Las y los contralores ciudadanos han logrado transparentar el ejercicio presupuestal en un espacio determinado del Gobierno del Distrito Federal, no en toda la Administración Pública, evitando con su presencia que se presenten situaciones propicias para cometer actos ilícitos. Veamos como ejemplo su participación en las licitaciones., En el 2003 vigilaron las compras públicas en el 6.8% del total del presupuesto del Distrito Federal (7), con una clara tendencia al aumento, en donde se presenta además, una notable disminución de los recursos de inconformidad en las licitaciones en las que participaron. Un recurso de inconformidad es un mecanismo legal que una empresa - obviamente la que no ha ganado el concurso - utiliza en caso de que el fallo de un concurso público sospeche de corrupción, dude de la imparcialidad del veredicto o considere inapropiada técnicamente la decisión. De las 117 compras públicas a las que asistieron los y las contraloras ciudadanas solo se presentaron dos recursos de inconformidad (el 1.8%), de acuerdo a la Dirección de Normatividad y Responsabilidades de la Contraloría General, que es la instancia encargada de registrar, conducir y fallar en los recursos de inconformidad. Es decir, en este último año, el de más presencia ciudadana, se registro la disminución histórica más fuerte de estos mecanismos. Si bien estos datos dan una primera idea de la mayor transparencia generada en las prácticas administrativas, queda la pregunta si, ¿es suficiente el 6.8% de presupuesto transparente? Evidentemente no, puesto que se requeriría una transparencia total administrativa. Sin embargo, el hecho real de que ciudadanas y ciudadanos de los más diversos sectores sociales (8) participen voluntaria y comprometidamente en este ejercicio, implica que este pequeño sector ciudadano es por su propia cuenta participativo, esto es lo que puede llamarse ciudadanía responsable. Cuando se habla de generar ciudadanía responsable se piensa en promover una actitud ciudadana corresponsable y participativa en los espacios ciudadanos del Gobierno del Distrito Federal, generando así cambios en la relación Gobierno-Ciudadanía. La ciudadanía responsable se enmarca en la promoción y defensa de los derechos DESCA, mediante la exigibilidad del cumplimiento de sus derechos, mismos que los convierten en sujetos políticos. La ciudadanía responsable no necesariamente tiene que ser las organizaciones civiles y/o sociales, de la misma manera pueden ser personas particulares, amas de casa, estudiantes, profesionistas, médicas, abogados, taxistas, investigadoras, etcétera.

En materia de combate a la corrupción, ha habido avances importantes en donde algunos contralores y contraloras han tenido papeles importantes. Veamos brevemente un ejemplo muy ilustrativo de ¿qué puede hacer un o una contralora ciudadana frente a un caso de corrupción? En el mes de abril del 2002, Francisco Escamilla Echegaray, contralor ciudadano en el Subcomité de Obras de la Delegación Álvaro Obregón (9) (la Delegación en donde vive), encontró un caso de corrupción de una obra presentada y aprobada (pese a su voto en contra) en el Subcomité. Lo denunció en tiempo y forma, provocando como consecuencia de las investigaciones una auditoría al proceso, que implicaba un monto total de 7.2 millones de pesos. Finalmente el resultado fue el paro de la obra, sanciones administrativas a los funcionarios implicados, la renuncia de un funcionario de medio nivel, y fuertes sanciones económicas a las empresas. Casos como este aún hay pocos, pero es un indicador para las y los contralores ciudadanos pueden tener la certeza de que su ejercicio al derecho ciudadano a la transparencia y rendición de cuentas es real y efectivo.

Y finalmente, referente a la generación de ahorros y re-orientación del gasto público, uno de los primeros y más importantes logros que las y los contralores ciudadanos han logrado, es hacer su Programa "auto sostenible", es decir con el ahorro obtenido de su intervención en un caso que a continuación comentaremos, recuperaron (literalmente) el costo administrativo total de tres años del Programa. Durante el primer trimestre del 2004, el Gobierno de la Ciudad de México convocó a un concurso público para el diseño, construcción y equipamiento del "Hospital Modular de Especialidades de Iztapalapa (10)", en el cuál participaron activamente dos experimentados contralores ciudadanos. En las propuesta económica final de la empresa (440 millones de pesos) los contralores recomendaron, para promover ahorros, que todo el equipo e instrumentos médicos los adquiriera el propio Gobierno y no las empresas, como se tenía contemplado originalmente. El Gobierno aceptó la propuesta, y del costo final del Hospital se logró un ahorro de más de 6 millones de pesos. Este ahorro representa tres veces el presupuesto anual destinado a cubrir el total de la plantilla de honorarios de la Dirección Ejecutiva de Contraloría Ciudadana (2 millones de pesos por año). Sin embargo, cabe precisar (sumado a 32 millones más obtenido por negociaciones de la empresa con el Gobierno) que el ahorro obtenido se destinó a los programas sociales que favorecen a los sectores más desprotegidos de la Ciudad, como el programa "Primero los Pobres", en donde se le brinda ayuda asistencial a personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, desayunos escolares, etcétera.

Este sin duda es un buen indicador de que el Programa va por el camino correcto, en términos de promover el ahorro, además es coherente en el Programa mismo que ningún contralor o contralora ciudadana cobra por el tiempo que le destina al cumplimiento de sus derechos (11) y hasta está restituyendo el gasto administrativo generado para su apoyo, orientación y respaldo. Además de tener la certeza de que su ejercicio de participación ciudadana promueve el fortalecimiento de los DESCA de sus conciudadanos en el resto de la Ciudad de México.

Los tres ejemplos, citados nos permitieron observar los esfuerzos y algunos resultados que los y las ciudadanas han logrado para disminuir la corrupción, transparentar el ejercicio presupuestal e incidir en la orientación del ejercicio presupuestal para favorecer el gasto social.

No cabe duda de que "contraloría ciudadana" sea un programa muy interesante de participación ciudadana – desconocemos otro esfuerzo parecido en el panorama internacional. Tampoco puede negarse de que existen avances y logros importantes; sin embargo los retos son aún mayores. Lo más interesante/desafiante es que el esfuerzo por hacer perdurable el Programa a las transiciones políticas no es del Gobierno, más bien, lo tienen los y las propias ciudadanas. Como en todo sistema y/o mecanismo democrático, la responsabilidad de las decisiones es de los participantes, en este caso las y los contralores ciudadanos. El reto de fortalecer un mecanismo democrático que promueva la generación de ciudadanía responsable y participativa para el ejercicio de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales recae en la propia ciudadanía, en que los y las propias contraloras ciudadanas, tengan la capacidad y la visión prospectiva de ubicarse como una importante alternativa democrática que fortalezca, precisamente, un sistema político democrático que incluya, corresponsabilice y respete al diverso espectro social llamado ciudadanía. Habrá que observar con detenimiento el desarrollo de este Programa, la coyuntura política le pondrá pruebas muy duras pero cuentan con los elementos adecuados jurídicos que les den posibilidades para resolverlas. No hay que olvidar que, quienes son y deben ser responsables últimos de la durabilidad y cumplimiento del Programa de Contraloría Ciudadana son, a fin de cuentas, los beneficiarios últimos del mismo, los y las ciudadanas que habitan la ciudad de México.

COMENTARIOS FINALES

Comentarios al documento a manera de conclusión/ invitación al debate:

El objetivo del documento ha sido hacer un recuento de las actividades del programa y acercarse a partir de este recuento a una conceptualización del mismo sobre la base de los documentos existentes en la DECC, acercamiento que aporta al análisis político del Programa de Contraloría Ciudadana como tal. Esperamos que el documento brinde elementos que incentiven el debate interno con el objetivo de fortalecer conceptual- y por ende políticamente el programa, aspecto particularmente importante en la coyuntura política actual del país de cara a los nuevos retos de su inclusión virtual.

Los principios de construcción del programa parecen ser más amplios de lo que indican los documentos existentes. Tanto categorías como transparencia, rendición de cuenta, ejercicio del derecho a la participación ciudadana (que sí aparecen explícitamente) como categorías de Equidad de Género, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y eventualmente otros (qué no aparecen explícitamente) parecen fundamentar la actuación y las intervenciones de las y los contralores ciudadanos. Ejemplo:para las primeras categorías y desde una perspectiva estrictamente presupuestal, el criterio decisivo para la intervención de los contralores ciudadanos sería el "ahorro presupuestario generado para las arcas públicas" a raíz de su gestión. Sin embargo, el programa parece contemplar (implícitamente) un cambio político mayor: como es la reorientación de los recursos ahorrados para obra social o la intervención de los contralores ciudadanos sobre la base de criterios sociales o ambientales. Dicho de otra manera: parece válido la intervención de los contralores ciudadanos a favor de los sectores menos favorecidos o en contra de una obra u empresa por razones ambientales aunque esto no genere ahorro en el gasto.

  • Uno de los grandes valores radica en la implementación "radical" de lo que predican las teorías democráticas (o sea entregarle poder de decisión al soberano democrático), tanto en la administración pública como en el programa mismo. Este aspecto vale la pena ser visualizado con más claridad tanto hacia afuera como hacia adentro (capacitaciones con los contralores), así mismo se recomienda como desarrollar más a fondo y apropiarse de manera participativa con todo el equipo de la DECC de un concepto clave del Programa: ciudadanía responsable.

El tema de los indicadores, en el sentido de medir impacto político del programa, parece ser uno de los temas cruciales al debate. Se propone un ejercicio sistemático de identificación, discusión colectiva y sistematización de indicadores sobre la base de la experiencia acumulada. Resaltar aspectos cuantitativos como los montos totales de los proyectos que se discuten en los distintos gremios sí sirve de indicador en términos de disponibilidad del GDF de abrir la gestión pública a la vigilancia ciudadana. lo que no proporciona son datos sobre el impacto político de la presencia de los contralores en estos gremios. ¿Qué indicadores habría que plantear para medir el cambio en términos de dinámica de decisión, de procedimientos internos, de acceso a la información de la población en general, etcétera?

  • Por último: un ejercicio colectivo más sistemático de conceptualización del programa que busque describirlo desde el análisis del problema, desprendiendo de este análisis los objetivos del programa y precisando en función de sus objetivos la estrategia de intervención podría darle a este documento mayor coherencia aún. Sin lugar a duda contribuiría a la apropiación de esta discusión política conceptual, en un primer momento por el equipo, y en un segundo por las y los mismos contralores ciudadanos para que coadyuve en una visión más real acorde con los preceptos para una réplica vitual.

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Este artículo es obra original de Ruggero Flavio Garofalo Nieto y su publicación inicial procede del II Congreso Online del Observatorio para la CiberSociedad: http://www.cibersociedad.net/congres2004/index_es.html"

Ruggero Flavio Garofalo Nieto


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