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Informe preliminar de Contraloría Ciudadana




Enviado por Djamel Toudert


    ABSTRACT

    El objetivo del
    documento es presentar un informe de la
    Dirección Ejecutiva de la
    Contraloría Ciudadana de la Ciudad de México que
    sirva de marco referencial para reconocer las redes sociales y políticas
    y sus relaciones e implicaciones jurídicas así como
    sus probables alcances a partir de la revisión y
    conceptualización de sus orígenes y fundamentos
    basados en los documentos y
    resultados existentes de la propia dirección para que
    brinde elementos que incentiven el debate interno
    y fortalezca el debate de cara a su próximo
    establecimiento en la red. Para comenzar, este
    documento se divide en dos partes: en la primera se expone la
    definición de los conceptos de contraloría
    ciudadana, transparencia, rendición de cuentas, ciudadanía responsable, Derechos Económicos
    Sociales Culturales y Ambientales (DESCA); de igual forma se
    mencionan brevemente sus orígenes y el marco
    jurídico que sustenta al Programa. En la
    segunda parte, a partir de la revisión de los resultados
    del Programa se hará un esfuerzo por conceptualizarlo,
    mismo que nos dará un acercamiento al análisis
    político del mismo; finalmente se plantean posibles
    perspectivas del Programa, considerando los alcances del mismo,
    se toman en cuenta dos ámbitos: el gobierno y la
    sociedad
    civil. El documento finaliza con comentarios generales a modo
    de conclusiones. del Programa, considerando los alcances del
    mismo, se toman en cuenta dos ámbitos: el gobierno y la
    sociedad
    civil. El documento finaliza con comentarios generales a modo de
    conclusiones.

    Palabras clave:

     · méxico

     · movimientos
    sociales

     · participación
    social/ciudadana

     · redes
    ciudadanas

     · sociedad
    civil

    Introducción

    A finales del 2003 y principios del
    2004, a raíz de una denuncia ciudadana, contralores y
    contraloras ciudadanas realizaron un operativo
    anticorrupción en la Delegación Benito
    Juárez (1), referente a la extracción y
    venta clandestina
    de gasolina de vehículos públicos por funcionarios
    de la Dirección General de Servicios
    Urbanos (2). En coordinación con la Dirección
    General de Auditoría y con el apoyo de la
    Procuraduría General de Justicia del
    Distrito Federal, se logró la detención de 4
    servidores
    públicos implicados y el proceso
    judicial contra otros veinte. Este tipo de actividades de combate
    y previsión de la corrupción
    son solo unas de las actividades que realizan los y las
    contraloras ciudadanas en la Ciudad de México para
    garantizar su ejercicio al derecho a la información, transparencia y
    rendición de cuentas en la Administración
    Pública.

    Contraloría Ciudadana es la palabra que
    conceptualiza el ejercicio de vigilancia de la transparencia y la
    rendición de cuentas en el gasto presupuestal del Gobierno
    del Distrito Federal por los y las contraloras ciudadanas. Los y
    las contraloras ciudadanas, como las define el Jefe de Gobierno,
    son "…ciudadanos (as) independientes y de inobjetable
    honestidad (que)
    serán miembros, con derecho a voz y voto, de los consejos
    de administración y de los comités de
    evaluación y adquisiciones, de las
    dependencias y empresas
    paraestatales…" (3) mismos que participan
    actualmente en la vigilancia de la transparencia y
    rendición de cuentas en las finanzas de
    la
    Administración Pública local, con el fin de
    participar activa, corresponsable y honoríficamente (es
    decir, sin recibir remuneración alguna) en el combate a la
    corrupción, generar ahorros e incidir en la
    orientación y toma de
    decisiones del ejercicio presupuestal. Evidentemente, estas
    acciones a las
    que se encaminan la acción
    de los y las contraloras, pueden enmarcarse en los Derechos
    Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de
    los y las ciudadanas de la Ciudad de México, con el fin de
    garantizar participativa y corresponsablemente un entorno
    económico, social, cultural y ambiental adecuado y
    seguro en
    donde vivir, educar a sus hijos e hijas y desarrollarse familiar
    y personalmente como ciudadanas y ciudadanos.

    El objetivo del documento es presentar un informe
    de la Dirección Ejecutiva de la Contraloría
    Ciudadana de la Ciudad de México que sirva de marco
    referencial para reconocer las redes sociales y políticas
    y sus relaciones e implicaciones jurídicas así como
    sus probables alcances a partir de la revisión y
    conceptualización de sus orígenes y fundamentos
    basados en los documentos y resultados existentes de la propia
    dirección para que brinde elementos que incentiven el
    debate interno y fortalezca el debate de cara a su próximo
    establecimiento en la red.

    En la actualidad, el proyecto que
    desarrollo
    hace una revisión y evaluación de las redes
    sociales, económicas, políticas y virtuales que
    están implícitas en el programa, actividades,
    organizaciones, instituciones,
    grupos
    así como actores estratégicos con el fin de crear
    un entorno propicio para su "replica" en la red. Por una parte,
    un primer contexto me ayuda a delinear la estructura,
    los límites de
    acceso y participación reales mientras que, un segundo,
    reviso y evalúo la dinámica de la red para una probable
    configuración de acuerdo con las posibilidades que ofrece
    el entorno virtual.

    Para comenzar, este documento se divide en dos
    partes: en la primera se expone la definición de los
    conceptos de contraloría ciudadana, transparencia,
    rendición de cuentas, ciudadanía responsable,
    Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales
    (DESCA); de igual forma se mencionan brevemente sus
    orígenes y el marco jurídico que sustenta al
    Programa. En la segunda parte, a partir de la revisión de
    los resultados del Programa se hará un esfuerzo por
    conceptualizarlo, mismo que nos dará un acercamiento al
    análisis político del mismo;
    finalmente se plantean posibles perspectivas del Programa,
    considerando los alcances del mismo, se toman en cuenta dos
    ámbitos: el gobierno y la sociedad civil. El documento
    finaliza con comentarios generales a modo de conclusiones del
    Programa, considerando los alcances del mismo, se toman en cuenta
    dos ámbitos: el gobierno y la sociedad civil. El documento
    finaliza con comentarios generales a modo de
    conclusiones.

    Antecedentes

    A finales de la década de los noventas
    distintas organizaciones civiles y sociales presentaron, mediante
    la realización de foros, conferencias y documentos de
    debate, una iniciativa de Presupuesto
    Participativo que tenía como objeto incidir en las
    políticas públicas para participar en la
    orientación de la definición del presupuesto
    público federal. Distintas organizaciones de amplia
    experiencia, entre las que se encuentran DECA, Equipo Pueblo,
    RMALC, Movimiento
    Ciudadano por la Democracia,
    Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia,
    etcétera, fueron las principales promotoras de este
    proceso. Como tal, la iniciativa no fructificó, sin
    embargo sentó importantes antecedentes para que
    posteriormente se desarrollara contraloría ciudadana. La
    diferencia entre ambos conceptos es que contraloría
    ciudadana, en un principio, se enfoca básicamente en la
    vigilancia ciudadana de la transparencia y rendición de
    cuentas del ejercicio del presupuesto público, mientras
    que presupuesto participativo buscó desde sus inicios
    incidir directamente no en la vigilancia sino en la
    configuración y orientación del presupuesto
    público. Actualmente el Programa de Contraloría
    Ciudadana incorpora los objetivos
    originales de la iniciativa de Presupuesto Participativo de
    incidir en la configuración y orientación del
    gasto
    público con el objeto de promover el cumplimiento
    adecuado y fortalecimiento de los Derechos Económicos,
    Sociales, Culturales y Ambientales
    (DESCA) para las y los
    ciudadanos de la Ciudad de México.

    El contexto y coyuntura política fueron
    favorables: la llegada al Gobierno del Distrito Federal de
    Andrés Manuel López Obrador en el 2000 con el
    Partido de la Revolución
    Democrática (un partido de izquierda) y consecuentemente
    la de Berta Elena Luján Uranga a la Contraloría
    General del Distrito Federal.

    Andrés Manuel López Obrador proviene
    de una larga trayectoria político – partidista.
    Disidente durante la década de los 80 del Partido
    Revolucionario Institucional, fue fundador de un partido
    político de izquierda (lo que actualmente es el Partido de
    la Revolución Democrática). Llega al Gobierno de la
    Ciudad con una propuesta de gobierno que promueve priorizar el
    ejercicio del gasto para favorecer a sectores sociales
    desprotegidos como adultos mayores, mujeres embarazadas,
    desayunos escolares, etcétera; un elemento transversal en
    su Programa de Gobierno es la participación ciudadana, se observa como un
    elemento prioritario buscando fortalecer las organizaciones
    vecinales.

    Berta Elena Luján Uranga, proviene de una
    larga trayectoria de organizaciones sociales, civiles y la lucha
    sindical democrática. Por muchos años, dirigente
    nacional del Frente Auténtico del trabajo y
    fundadora/directora de la Red Mexicana de Acción frente al
    Libre
    Comercio. Desligada políticamente a los intereses del
    PRD, por lo que las expectativas en torno a su nueva
    labor de vigilancia administrativa son
    esperanzadoras.

    El Programa de Contraloría Ciudadana se
    implementó en el 2001 en la Contraloría general
    como un Programa pequeño, operado en un inicio por una
    coordinación a cargo de Martha Pérez Bejarano,
    actual Directora General del Sistema para el
    Desarrollo Integral de la Familia del
    Distrito Federal y una importante activista social, con una larga
    trayectoria en organizaciones civiles.

    En el 2002, de ser solamente una
    Coordinación, el Programa de Contraloría Ciudadana
    se convierte en Dirección Ejecutiva, lo que le otorga
    más presupuesto, facultades y capacidad de incidencia
    administrativa y política. El Director del Programa es
    Andrés Peñaloza Méndez, analista
    económico con una larga trayectoria en las organizaciones
    sociales; las 11 mujeres y 5 hombres parte del equipo de la
    Dirección son personas que en la mayoría de los
    casos, su historia proviene
    también de la sociedad civil.

    DEFINICIÓN DE
    CONCEPTOS

    Concepto de Contraloría
    Ciudadana

     Contraloría Ciudadana es la palabra
    que conceptualiza el ejercicio de vigilancia de la transparencia
    y la rendición de cuentas en el gasto presupuestal del
    Gobierno del Distrito Federal por los y las contraloras
    ciudadanas. Como se había comentado, los y las contraloras
    ciudadanas son ciudadanos (as) que buscan ejercer su derecho
    ciudadano a participar honorífica y activamente en la
    vigilancia de la transparencia y rendición de cuentas en
    las finanzas de la Administración Pública local con el
    fin de combatir la corrupción, participar en la
    orientación del ejercicio presupuestal y promover el gasto
    social. Al ejercer sus derechos como contralores y contraloras
    ciudadanas fortalecen y promueven la defensa de los derechos
    DESCA.

    ¿Quiénes son las y los
    contralores ciudadanos?

    Son contralores y contraloras ciudadanas 177
    ciudadanas y 123 ciudadanos de la Ciudad de México
    debidamente acreditados por el Jefe de Gobierno del Distrito
    Federal; ninguno recibe remuneración o apoyo alguno por
    parte del Gobierno del Distrito Federal y en promedio participan
    entre 5 y 10 horas semanales al Programa de Contraloría
    Ciudadana.

    El Programa se ha caracterizado por su
    espíritu de inclusión y promoción de la diversidad. En cuanto a
    edades, de las 177 mujeres y 123 hombres contralores ciudadanos,
    el 33% tiene de 18 a 33 de edad, el 44% tiene de 31 a 51
    años y el restante 23% más de 50 años.
    Referente al grado de estudios, por ejemplo, el 29% son
    estudiantes, 44% son profesionistas, 11% cuenta con
    maestrías, 5% con doctorados y el 11% restante
    concluyó por lo menos sus estudios de educación media. Otro
    dato interesante es que solamente el 11% pertenecen a alguna
    Institución Académica, el 15 % a alguna Organización Civil o Social y el resto son
    ciudadanos y ciudadanas independientes de las más
    distintas ocupaciones. Cabe señalar que a pesar de no
    haber un registro del
    dato, los y las contraloras ciudadanas han manifestado su
    preferencia por distintos partidos
    políticos.

    Definición de
    transparencia

    De acuerdo con algunos autores, la transparencia
    es un mecanismo que forma parte de un sistema de rendición
    de cuentas. El concepto de
    transparencia "es una característica que abre la
    información de las organizaciones políticas y
    burocráticas al escrutinio público, mediante
    sistemas de
    clasificación y difusión que reducen los costos de acceso
    a la información del gobierno. Sin embargo, la
    transparencia no implica un acto de rendir cuentas a un
    destinatario específico, sino la práctica de
    colocar la información en la vitrina (4)
    pública para que aquellos interesados puedan revisarla,
    analizarla y, en su caso, usarla como un mecanismo para
    sancionar
    " (Ugalde, Luis Carlos,2002: 16-17) La
    transparencia, en el marco de un sistema de rendición de
    cuentas, facilita la vigilancia de las acciones de
    gobierno.

    Actualmente pareciera haber un monopolio
    mediático del uso del término "transparencia" por
    la
    organización Transparencia Internacional, cuyo
    capítulo en nuestro país es Transparencia Mexicana
    puesto que esta organización cuenta con el respaldo del
    gobierno federal; aunado a que al Programa de Contraloría
    Ciudadana aún no ha podido posicionarse y visualizarse
    adecuadamente en el ámbito federal, estatal y local, es
    precisamente uno de los principales retos (5). Una clara
    diferencia de Transparencia Internacional con el Programa de
    Contraloría Ciudadana, además de la amplia
    diferencia presupuestal, consiste precisamente en la manera en
    que opera el Programa, es decir, el cargo de contralor ciudadano
    es honorífico y por lo tanto no recibe retribuciones ni
    del gobierno del sector empresarial, lo único que lo mueve
    es su voluntad y empeño de combatir la corrupción,
    construyendo una nueva relación entre el gobierno y la
    ciudadanía. A través del programa de
    Contraloría Ciudadana no se participa en la venta de
    entidades del sector
    público ni se avalan procesos del
    gobierno o las empresas participantes en licitaciones, se
    contribuye a fortalecer la capacidad del ciudadano para
    intervenir en los asuntos públicos y de interés
    general de la población. El contralor ciudadano participa
    por lo tanto con una alta dosis de ética y
    profesionalismo, verificando que, además de lo legal, las
    acciones de los funcionarios cumplan con el principio de
    honestidad y sean totalmente transparentes a juicio del o la
    ciudadana.

    Definición de rendición de
    cuentas

    El concepto o término de rendición
    de cuentas es la traducción al castellano el
    término anglosajón accountability, que en su
    acepción original significa ser sujeto a la
    obligación de reportar, explicar o justificar algo; ser
    responsable ante alguien de algo. (Ugalde, Luis Carlos,2002:
    16-17) Esta traducción es considerada imprecisa por
    algunos autores pues se dice que tiene un significado limitado en
    nuestra lengua. El
    significado de la palabra rendición en el Diccionario de
    la Lengua Española tiene varias acepciones pero ninguna
    hace referencia a los pesos y contrapesos administrativos o
    políticos. No obstante, en el ámbito de la
    política, la rendición de cuentas significa la
    obligación de todos los servidores públicos de dar
    cuentas, explicar y justificar sus actos al ciudadano, que es el
    último depositario de la soberanía en una democracia. (Ugalde, Luis
    Carlos,2002: 16-17) Más aún, la rendición de
    cuentas, implica que los representantes respondan frente a los
    representados sobre el uso de sus poderes y responsabilidades,
    que actúen en respuesta a las críticas o
    requerimientos que les son señalados, que acepten su
    responsabilidad en caso de errores, incompetencia
    o engaño y que se tenga capacidad para imponer sanciones
    negativas a los funcionarios y representantes que violen ciertas
    normas de
    conducta. En
    éste último ámbito, ya se está
    hablando del derecho ciudadano de recibir información y la
    obligación de los funcionarios de proveerla, aunque
    también implica contar con los mecanismos para supervisar
    los actos de gobierno. Sin obligatoriedad, la rendición de
    cuentas carecería de sentido, esto quiere decir que se
    estaría disponible a ser requerido a informar y sufrir un
    castigo en caso de mala conducta, aunque también es
    válido recibir un premio por el buen desempeño en un cargo público. En
    resumen, podemos hablar de cinco características que
    permiten distinguir la rendición de cuentas de conceptos
    similares:

    • Delegación de autoridad y
      responsabilidad de un sujeto denominado mandante o principal a
      otro llamado mandatario o agente.
    • Representación. El agente o mandatario
      representa al principal, por lo que actúa en su nombre y
      debe rendirle cuentas de todo lo que decide y hace en su
      nombre.
    • Responsabilidad mutua. La responsabilidad del
      agente consiste en la obligación de ofrecer
      información detallada de sus actos al principal,
      mientras éste último debe contar con la capacidad
      y derecho para monitorear las acciones del agente, detectar
      posible incumplimiento y sancionarlo.
    • Sanciones. Cuando se demuestra que el agente
      incumplió sus responsabilidades, el principal cuenta con
      mecanismos para imponer castigos y
      sanciones.
    • Contrato, que puede ser de carácter informal (a través de
      acuerdos verbales o sociales) o formal (leyes y reglas
      escritas complementadas con leyes secundarias y reglamentos).
      Cada tipo de contrato tiene
      sus sanciones, en el primer caso estaríamos hablando de
      rechazo comunitario, pérdida de confianza, destierro
      social, etcétera. En el segundo se agruparían el
      desafuero, penas administrativas y/o penales,
      etcétera.

    La rendición de cuentas es un instrumento
    de vigilancia para controlar el abuso poder y
    garantizar que los gobernantes cumplan adecuadamente el mandato
    hecho por la ciudadanía. En términos generales,
    dicha herramienta sirve para analizar las acciones de gobierno.
    Es decir, los y las contraloras ciudadanas, como sucede con la
    transparencia, ejercen la rendición de cuentas, no es para
    ellos una herramienta más, es el principio de su
    acción. Es cada vez mayor la demanda de
    información precisa y comprobable de la
    administración pública, tanto de sus recursos como de
    la toma de decisiones y de los resultados de la gestión
    gubernamental. Por tanto, la rendición de cuentas se
    constituye como una obligación para los representantes de
    los ciudadanos y un derecho para éstos últimos. A
    partir de 1997 inició el cambio
    democrático de las formas de
    gobierno en la ciudad, el reto ahora es profundizarlo a
    través de la participación basada en la diversidad,
    la tolerancia y el
    pluralismo que emergen desde la base misma de la sociedad porque
    todos los que la habitamos la Ciudad de México tenemos
    derecho a ella, y que ya se ejerce desde el Programa de
    Contraloría Ciudadana. Frente a un aparato administrativo
    centralizado, burocratizado, ineficaz y proclive a la
    corrupción, se ha estado
    practicando la transparencia, la rendición de cuentas, la
    eficacia y el
    control de las
    autoridades por parte de los ciudadanos, condiciones
    básicas para democratizar el gobierno de la ciudad. Aunque
    se tenía la visión de ejercer la rendición
    de cuentas, con la participación ciudadana, desde el
    gabinete de Gobierno y seguridad, no se
    contempló que desde la perspectiva de la
    administración y las finanzas se podía dar un
    impulso considerable a los temas de transparencia y
    rendición de cuentas, sin descartar la relación
    intrínseca que hay entre ambos gabinetes, con un proceso
    de transformación legal y cultural de los más
    diversos actores de la ciudad. Si bien la materia de
    trabajo del contralor ciudadano parecería reducirse al
    análisis del ejercicio del presupuesto, cabe
    señalar que éste se extiende a la toma de
    decisiones en los órganos de gobierno, de manera directa e
    indirecta en los otros órganos colegiados y se enmarca en
    el amplio contexto de la lucha contra la corrupción, cuyas
    manifestaciones son vastas. Sin embargo, el contralor ciudadano
    no sólo está en condiciones de acceder a la
    información gubernamental, sino cuenta con todos los
    mecanismos de sanción de la Contraloría General el
    Distrito Federal para echarlos a andar. Lo cual constituye un
    mecanismo de control preventivo que disuade a potenciales
    infractores de la ley y responde a
    las características que definen la rendición de
    cuentas. Existen dos características esenciales en la
    relación gobernante-gobernado: intereses divergentes y
    asimetría en la información (el primero tiene
    siempre más información que el segundo). Sin
    embargo, en el Distrito Federal, con el Programa de
    Contraloría Ciudadana como elemento específico de
    un sistema de rendición de cuentas, se está
    contribuyendo a reducir esa asimetría y a obligar a los
    servidores públicos a responder ante una posible toma de
    decisiones corrupta o que no favorezca a la
    sociedad.

    Ciudadanía
    responsable

    Cuando se habla de generar ciudadanía
    responsable se piensa en promover una actitud
    ciudadana corresponsable y participativa en los espacios
    ciudadanos del Gobierno del Distrito Federal, generando
    así cambios en la relación
    Gobierno-Ciudadanía. La ciudadanía responsable se
    enmarca en la promoción y defensa de los derechos DESCA,
    mediante la exigibilidad del cumplimiento de sus derechos, mismos
    que los convierten en sujetos políticos. La
    ciudadanía responsable no necesariamente tiene que ser las
    organizaciones civiles y/o sociales, de la misma manera pueden
    ser personas particulares, amas de casa, estudiantes,
    profesionistas, médicas, abogados, taxistas,
    investigadoras, entre otras.

    En este contexto, la Documento de Trabajo de
    Contraloría Ciudadana (DECC) es la encargada de generar
    los objetivos y estrategias del
    Programa de Contraloría Ciudadana (PCC) para cumplir
    adecuadamente sus propósitos.

    Objetivos, Estrategias,
    Desarrollo y Resultados

    De acuerdo al Documento de Trabajo de
    Contraloría Ciudadana, el propósito de
    Contraloría Ciudadana es contribuir a que se ejerza el
    derecho ciudadano de participar en la definición, instrumentación, vigilancia,
    evaluación, control y exigibilidad en el manejo de las
    finanzas
    públicas para beneficio de las mayorías de la
    población. Para garantizar este propósito, el
    Plan de
    Trabajo presentan los siguientes objetivos:

    Objetivo Número 1.

    Provocar la formación y
    consolidación de una red de
    contraloría ciudadana que se inserte en el corto plazo en
    los cuerpos colegiados correspondientes a los Órganos de
    Gobierno, Comités y Subcomités de Adquisiciones y
    de Obra, para después extenderse al resto del Gobierno del
    Distrito Federal. Es importante señalar que en la
    actualidad los (as) contralores (as) ciudadanos (as) participan
    en 120 Órganos Colegiados: Adquisiciones, Arrendamientos y
    Prestación de Servicios; Obras; Gobierno, Técnicos
    y los Comités de Control y Evaluación (COCOES)
    (6). Actualmente en el Programa se encuentran en activo
    450 personas colaborando en el Programa. De ellas, 200 se
    encuentran sesionando en los Órganos Colegiados del
    Gobierno del Distrito Federal, el resto participa en grupos de
    apoyo y asesoría; así como, en los grupos
    especiales de contrataciones transparentes, control social de
    obra y operativos anticorrupción. Cabe señalar, que
    en un inicio, el Programa contó solamente con 68
    contralores(as) ciudadanos(as).

    Objetivo Número 2.

    Impulsar la formación y
    consolidación de una red de instituciones y personalidades
    de elevada credibilidad social –como el Consejo para la
    transparencia- que funjan como asesores de las(os)
    contraloras(es) ciudadanas(os). Parte de esta red de asesores se
    fortalece con la elaboración de convenios con
    Instituciones y/u Organizaciones; en la actualidad se han pactado
    seis convenios, ninguno implica costo para el
    Erario Público:

    • Colegio de Contadores Públicos de
      México A.C. En el que en términos del convenio,
      esta respetable Institución ha otorgado un total de 24
      becas para que contralores(as) ciudadanos(as) asistan a los
      cursos que éste brinda.
    • DECA Equipo, A.C. Existe una estrecha
      colaboración con la organización, directivos de
      DECA Equipo Pueblo, participan ordinariamente en el Programa
      como contralores(as) ciudadanos(as). Es importante comentar que
      se contó con la asesoría y apoyo de la
      organización, especialista en estas prácticas
      legislativas, durante el cabildeo realizado en la Asamblea para
      las modificaciones a la Ley de Adquisiciones, Ley de Obras y
      Participación Ciudadana para la incorporación de
      la figura de contralores(as) ciudadanos(as).
    • Comunicación Comunitaria A.C. Se
      editó un vídeo de Contraloría Ciudadana,
      donde se recupera la experiencia de tres jóvenes que
      participaron en la licitación de vales de despensa de
      fin de año del 2002, lo que coadyuvó a darle
      mayor transparencia y confiabilidad a la licitación
      anual más importante que tiene el GDF por su monto
      (1,300 millones de pesos), el cual cubre una obligación
      contractual del GDF con sus trabajadores.
    • Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara
      A.C. Se tiene contemplado la realización de talleres,
      seminarios y cursos sobre sistematización de
      experiencias para contralores(as)
      ciudadanos(as).
    • Fundación Roberto Oliveros Rivas –
      Centro de Estudios Filosóficos Porfirio Miranda. Se
      contempla la realización de talleres sobre ética
      ciudadana. La importancia de ello radica en fortalecer la
      conciencia
      ciudadana y la responsabilidad ética de los
      contralores(as) ciudadanos(as). Esto permitirá que
      éstos ubiquen la importancia "ética" de su labor
      en la vigilancia ciudadana del gasto
      público.
    • Federalismo y Descentralización S.C. Se tiene
      contemplado la realización (previo acuerdo de las
      partes) de talleres, seminarios y mesas redondas sobre
      descentralización administrativa, mismo para
      contralores(as) ciudadanos(as).

    Objetivo Número 3.

    Impulsar cambios en la normatividad y la
    práctica de gestión pública que favorezcan
    la transparencia y la simplificación administrativa y
    eficiencia a
    ella asociada. Se presentó e integró a la propuesta
    de Reforma al Reglamento de la Ley de Obras Públicas del
    Distrito Federal, lo relativo a los contralores ciudadanos,
    integrándose texto en los
    artículos referidos a la integración, funciones y
    derecho a voz y voto. De esta manera se fortalece más el
    marco jurídico de la actuación de los contralores
    ciudadanos. Se fortaleció la relación con la
    secretaría técnica de la Comisión de
    Participación Ciudadana rumbo a la adición en la
    Ley de Participación Ciudadana de la figura de
    contraloría ciudadana.

    En el aspecto de la participación
    ciudadana, la reforma a la Ley relativa está en proceso y
    se impulsa la adición de un capítulo que despliega
    el concepto, los sujetos, los derechos y obligaciones
    de los integrantes de la Red de Contraloría Ciudadana en
    el título referido a los instrumentos de
    participación ciudadana. Además, se impulsa que el
    control ciudadano se instaure dentro de los órganos de
    representación vecinal con el fin de garantizar que las
    tareas que los vecinos encargan a sus representantes se cumplan y
    se cumplan bien; el objetivo es fortalecer en la
    ciudadanía la cultura de la
    rendición de cuentas y la transparencia.

    En conjunto con Consejería Jurídica,
    se participó en la realización del Reglamento de
    Verificación Administrativa, resultando en la
    incorporación de la figura de contralores(as)
    ciudadanos(as) en el mismo. Es importante destacar que el
    contralor ciudadano Gustavo Velásquez de la Fuente fue
    electo Presidente del Consejo de Información
    Pública del Distrito Federal.

    En lo correspondiente al primer objetivo, la
    selección e incorporación de
    contralores(as) ciudadanos(as) se realiza de forma directa por la
    Dirección Ejecutiva de Contraloría Ciudadana, con
    base en dos criterios:

    a) Que su trayectoria de vida de cuenta de
    probidad y compromiso social,

    b) Que el conjunto de contralores(as)
    ciudadanos(as), mantenga una estructura
    social y de intereses que refleje la diversidad de las
    mujeres y hombres habitantes del Distrito
    Federal.

    Conforme evolucione el programa la
    selección será una responsabilidad compartida con
    las personas incorporadas. Se trata así, de provocar que
    los contralores(as) ciudadanos(as) sistematicen su propia
    participación al diseñar los mecanismos de
    selección, autorregulación y la
    reglamentación correspondiente al conjunto de valores
    éticos que representan. Y, a la vez, impulsar nuevas
    formas de operación de las distintas instancias del
    Gobierno del D. F. a partir de sus propuestas e iniciativas para
    mejorar la gestión pública.

    De poco servirían los contralores(as)
    ciudadanos(as) si tuviesen que trabajar aislados, por ello, una
    tarea es vincular el Programa de Contraloría Ciudadana al
    resto de los programas de
    participación ciudadana del Gobierno del D.F., (como los
    que se desprenden desde la Coordinación de Enlace y
    Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Secretarías y
    Delegaciones Políticas) y en una perspectiva más
    amplia, invitar de forma directa a las instituciones de elevada
    credibilidad social a participar como sus asesoras y en especial
    a los medios de
    comunicación, que tienen que cumplir un papel central
    en cualquier intento de transparencia.

    En este sentido, es prioridad para el Programa,
    llevar a cabo una estrategia de
    formación, la cual es de fundamental importancia para
    incrementar el perfil participativo del y la contralora
    ciudadana; es decir, considerando que un gran porcentaje de los y
    las participantes son personas que desconocen la normatividad
    aplicable a la Administración Pública local, es
    necesario brindarles las herramientas
    adecuadas que permitan llevar a acabo de manera eficaz y
    eficiente el ejercicio de sus derechos. Es más, como se ha
    mencionado, las y los contralores participan con derecho a voto,
    lo que los hace corresponsables de las decisiones tomadas y
    ejecutadas desde el Comité o Subcomité en donde
    participen, por lo que es muy importante que cuenten con las
    herramientas normativas adecuadas. En esta actividad de
    formación y capacitación de contralores(as)
    ciudadanos(as), la Dirección Ejecutiva de
    Contraloría Ciudadana ha desarrollado un sistema de
    capacitación que comprende dos periodos semestrales de
    cursos sobre Administración Pública, Adquisiciones
    y Obra pública. La asistencia anual aproximada de
    contralores y contraloras se estima en 958. En este sentido
    también se han realizado conferencias sobre temas
    especializados, todos ellos petición de contralores(as)
    ciudadanos(as).

    • Segundo y tercer ciclo de conferencias sobre
      "Información y análisis para la vigilancia y
      transparencia de las finanzas públicas del Distrito
      Federal", con la participación de destacados Servidores
      Públicos y una asistencia de 100 y 360 contralores(as)
      ciudadanos(as) respectivamente.
    • En las instalaciones de la Dirección
      Ejecutiva de Contraloría Ciudadana y la Universidad
      de la Ciudad de México, se realizaron tres mesas
      redondas sobre "Ley de Transparencia y Acceso a la
      Información ", contando con la participación de
      contralores(as) ciudadanos(as) involucrados en el estudio de
      este tema y con la asistencia promedio por sesión de 30
      de ellos.
    • De la misma forma se realizó un ciclo de
      3 mesas redondas sobre "Los impactos de las políticas de
      la Organización Mundial de Comercio en la
      economía
      del Distrito Federal", impartido por los propios
      contralores(as) ciudadanos(as) y contando con la asistencia
      promedio por sesión de 30 de ellos. Cabe destacar que la
      segunda de estas mesas se realizó en el Centro de
      Derechos
      Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, contando
      con la participación de miembros de la Red Mexicana de
      Acción Frente al Libre Comercio y
      el Lic. Andrés Peñaloza Méndez, Director
      Ejecutivo de Contraloría Ciudadana.

    La activa y constante participación de los
    contralores(as) ciudadanos(as) en los Órganos Colegiados
    del Gobierno del Distrito Federal ha generado cambios en la
    práctica de la gestión pública y en la
    normatividad, fortaleciendo de este modo, el ejercicio de libre
    acceso a la información pública, la transparencia y
    la rendición de cuentas; siendo estos elementos centrales
    del proceso democrático y participativo que impulsa el
    Gobierno del Distrito Federal.

    En este contexto, el Programa de
    Contraloría Ciudadana ha cumplido, con la misión de
    garantizar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la
    definición, instrumentación, vigilancia,
    evaluación, y control en el manejo de las finanzas
    públicas para beneficio de la mayoría de la
    población de la capital. A
    continuación, se observan algunos datos duros que
    permiten ubicar puntualmente los avances en el cumplimiento de
    sus objetivos.

    Hasta diciembre del 2003, los contralores(as)
    ciudadanos(as) estuvieron pendientes de las 1,058 sesiones
    programadas de los comités y subcomités de
    adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios;
    obras públicas; consejos de administración,
    directivos y de financiamiento
    y comités de control y evaluación. El
    análisis de casos y de los programas anuales de obras,
    adquisiciones y operativos; la revisión de los manuales de
    integración y funcionamiento de los órganos
    colegiados; la preparación y documentación de opiniones y propuestas
    para conseguir una mayor eficacia y eficiencia en el uso de los
    recursos públicos, en un marco de transparencia y
    rendición de cuentas, es una labor cotidiana que realizan
    los contralores (as) en toda la administración
    pública local.

    Contrataciones
    transparentes

    Uno de los ejes de acción más
    importantes de las y los contralores (as) ciudadanos (as) es la
    participación en las compras
    públicas, mismas que pueden ser contrataciones,
    adquisiciones o arrendamientos. La vigilancia ciudadana en estos
    procesos ha sido de vital importancia en el posicionamiento
    del mismo frente a la Administración Pública local
    y ante los proveedores al
    otorgar mayos confianza de imparcialidad de los eventos de
    contrataciones públicas, así mismo, observan el
    apego normativo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
    Prestación de Servicios y estrictamente vigilan la
    transparencia de estos eventos. Es decir, lo que las y los
    contraloras ciudadanas vigilan y aprueban o no en los
    Comités y Subcomités de Adquisiciones, se
    complementa con su participación en estos procesos debido
    a que en los Órganos Colegiados solamente se aprueban las
    adjudicaciones directas (lo que no se somete a concurso
    público y se le da el contrato a una empresa); las
    contrataciones públicas solamente se informan y no se
    presentan detalles. Hasta la fecha, contralores(as)
    ciudadanos(as) han participado en 160 licitaciones, cubriendo un
    monto aproximado de $10, 410, 000, 000. Tan solo en 2003,
    contralores(as) ciudadanos(as) asistieron a 117 procesos,
    cubriendo un monto de $5, 310, 134, 570 de en 15 Áreas de
    Gobierno. Cabe señalar que en el 2001, solamente
    Oficialía Mayor convocó a contralores(as)
    ciudadanos(as) a dos licitaciones, y en 2002, 4 Áreas
    convocaron, asistiendo éstos a 37 procesos de compra
    pública.

    Es decir, ciudadanas y ciudadanos responsables, de
    forma voluntaria, han vigilado personalmente la transparencia en
    el ejercicio del 6.8% del presupuesto público de la Ciudad
    de México, tan solo en el 2003 y en el área de
    contrataciones transparentes. Contralores y contraloras
    ciudadanas, para asegurar el ejercicio de la vigilancia de la
    transparencia, han promovido cambios normativos en los procesos
    de convocatoria y selección en las convocatorias de las
    compras públicas, participando en los Comités
    Revisores de base, mismos que elaboran las bases antes de
    convocar públicamente a proveedores; en el caso del Fondo
    Mixto de Promoción Turística, un contralor
    ciudadano modificó las bases de las convocatorias para el
    resto de las contrataciones públicas que el FMPT realice.
    La participación de las y los contralores ciudadanos
    incluso ha promovido la disminución de recursos de
    inconformidad en estos eventos; es decir, que cada vez menos
    empresas presentan "quejas" por irregularidades en los procesos
    de contrataciones públicas.

    Actualmente, son 17 las Áreas de Gobierno
    que han convocado a contralores(as) ciudadanos(as) 7
    Dependencias: Secretaría de Seguridad Pública,
    Secretaría de Salud, Secretaría de
    Obras y Servicios, Secretaría de Medio
    Ambiente, Secretaría de Gobierno, Secretaría de
    Cultura y Oficialía Mayor; 5 Entidades: Fideicomiso
    para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación, el Fondo para el Desarrollo Social
    del Distrito Federal, el Fondo Mixto de Promoción
    Turística, la Red de Transportes para Pasajeros, el
    Sistema de Transporte
    Colectivo METRO y la Procuraduría Ambiental y de
    Ordenamiento Territorial; y finalmente, 4 Delegaciones,
    Coyoacán, Gustavo A. Madero, Milpa Alta y
    Tlalpan.

    Algunas de las contrataciones públicas
    relevantes en que han participado contralores(as) ciudadanos(as)
    son:

    • Participación en la licitación
      para la Adquisición de insumos alimenticios, convocada
      por la Dirección General de Previsión y
      Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno,
      cuyo monto presupuestado fue de $35, 000, 000.00 de pesos.
      Finalmente se declaró desierta para dar paso a un
      proceso de Adjudicación Directa.
    • Participación de contralores(as)
      ciudadanos(as) en la adquisición de varilla de acero para
      la 2a etapa del distribuidor vial de San Antonio,
      convocada por FIMEVIC, con un monto máximo de
      $150,883,818.00 pesos. Generando un ahorro de
      3,240,000.00 pesos.
    • Tres contralores(as) ciudadanos(as)
      participaron en el concurso abierto para la compra de
      250,000m³ de cemento
      premezclado para aprovisionar las principales obras viales,
      convocado por FIMEVIC, cubriendo un monto de $249,000,000.00
      pesos.
    • Participación en las compras
      consolidadas convocadas por Oficialía Mayor, incluyendo
      vales de despensa, alimentos, y
      aseguramiento de bienes; se
      realizaron a finales de diciembre del 2003 cubriendo un monto
      de $4, 659, 585, 624.00 de pesos.
    • Ya en este año, participaron en el
      Proyecto integral del Hospital Modular de Especialidades de
      Iztapalapa, cuyo monto asciende a más de $400, 000
      000.00; y la
    • Adquisición de medicamentos nacionales e
      internacionales y gases
      medicinales por parte de la Secretaría de Salud, en
      donde aún no se presentan los fallos.

    Almacenes, laboratorios, talleres y
    clínicas

    Otra línea de trabajo iniciada en 2003, que
    rinde buenos frutos en este ejercicio, son las visitas a Almacenes,
    laboratorios, talleres y clínicas que realizan
    contralores(as) ciudadanos(as) para verificar físicamente
    algunos casos revisados en los Órganos de
    Gobierno.

    En el STC Metro contralores(as) ciudadanos(as) han
    visitado: Se realizó una visita a la Planta de Ensamble de
    carros de ferrocarril de la empresa
    "Bombardier SA de CV" en Ciudad Sagún, Hidalgo; como
    seguimiento a la compra de 405 vagones de rodadura neumática efectuada en 2002, y dónde
    participó el contralor ciudadano Dr. Horacio Labastida
    Muñoz junto con otros siete destacados ciudadanos. El
    monto de esta compra asciende a $546, 750, 000.00 de
    dólares. Se verificaron los trabajos de reparación
    y mantenimiento
    de la Línea 5, cuyo presupuesto asciende a $113, 456,
    000.00 de pesos. Visita a las cuatro clínicas propias del
    STC METRO, ubicadas en las estaciones de Cuauhtémoc,
    Zaragoza, Ticomán y Tasqueña; el monto del servicio anual
    de estas cuatro clínicas asciende a un total de $70, 575,
    728.10 de pesos. Visita a laboratorios de pruebas
    materiales de
    los Talleres de Zaragoza, a los 2 laboratorios de pruebas de
    certificación de calidad, ubicados
    en la estación de Pantitlán, al Almacén
    Central No. 1 de Ticomán.

    En el sector Salud, durante el mes de noviembre
    del 2003, contralores(as) ciudadanos(as) visitaron el
    Almacén General de la Secretaría de Salud, mismo
    que abastece a 35 Hospitales de la Dependencia. La visita se
    realizó con el apoyo de la Contraloría Interna y la
    asistencia de 8 contralores(as) ciudadanos(as). Por
    invitación de Contraloría Interna, durante marzo
    este año, un grupo de 10
    contralores(as) ciudadanos(as) visitaron los Almacenes del
    Hospital General de XOCO para realizar una verificación de
    los medicamentos.

    Control social de obra

    Otra de las líneas más importantes
    de trabajo es el "control social de obra" que consiste en la
    verificación y revisión de la obra pública
    (en base a los catálogos de conceptos), para observar
    físicamente si se lleva o no acabo adecuadamente los
    procesos
    administrativos que observan en los comités y
    subcomités de obra pública. De igual forma,
    previenen posibles actos de corrupción entre empresas,
    autoridades y ciudadanos. Hasta la fecha se han realizado 220
    visitas de obra, 157 de ellas durante el 2003 y 63 en este
    año, cubriendo un monto aproximado de más de 10
    millones de pesos. Contralores(as) ciudadanos(as)s y personal de la
    Dirección Ejecutiva de Contraloría Ciudadana
    realizaron control social de obra en 13 de las 16
    Delegaciones.

    Se inicio un programa de visitas a la línea
    5 del METRO dónde se realizan trabajos de
    reparación y mantenimiento con un monto de 113, 000, 000
    de pesos.

    En coordinación con la Dirección
    General de Contralorías Internas, durante el mes de
    febrero y marzo, 15 contralores(as) ciudadanos(as) y personal de
    la Dirección Ejecutiva de Contraloría Ciudadana
    realizaron visitas de verificación a 13 contratos de
    obra, cubriendo más de 50 frentes de obra, para apoyar el
    operativo de revisión de CLC’s desarrollado por la
    Dirección General.

    Operativos
    anticorrupción

    En abril del 2003, contralores(as) ciudadanos(as),
    en coordinación con la Dirección General de
    Contralorías Internas de la Contraloría General,
    participaron en los operativos anticorrupción
    instrumentados en las Administraciones Tributarias de la
    Secretaría de Finanzas en los módulos: Central,
    Mina, San Jerónimo, Centro Histórico y Acoxpa; se
    realizaron observaciones reflejadas en el llenado de
    cuatrocientos catorce formatos.

    En 2004, a raíz de una denuncia ciudadana,
    contralores(as) ciudadanos(as) realizaron un operativo
    anticorrupción en la Delegación Benito
    Juárez, referente a la extracción y venta
    clandestina de gasolina de vehículos públicos por
    funcionarios de la Dirección General de Servicios Urbanos.
    En coordinación con la Dirección General de
    Auditoría y con el apoyo de la Procuraduría General
    de Justicia del Distrito Federal, se logró la
    detención de 4 servidores públicos implicados y el
    proceso judicial contra otros veinte. Estos operativos
    anticorrupción

    Visualización del
    Programa

    La Dirección Ejecutiva de
    Contraloría Ciudadana cuenta, institucionalmente, con
    recursos operativos (no implican que sean suficientes) para
    visualizar el trabajo de
    los y las contraloras ciudadanas; para el cumplimiento de ello,
    el 5 de diciembre del 2003, se realizó el primer seminario
    "Balance y perspectivas de la Contraloría Ciudadana",
    contando con la asistencia de 250 contralores(as) ciudadanos(as)
    y aspirantes; así como la participación de
    destacadas y destacados expositores. Este evento cumplió
    con el objetivo de que los propios contralores(as) ciudadanos(as)
    difundieran al resto de sus compañeros (as) los
    resultados, observaciones y recomendaciones que realizaron en el
    transcurso del año. De igual forma, en el cuarto
    trimestre, se realizó la campaña de difusión
    "Manos a la obra y ojos a las cuentas"; en este contexto se han
    realizado: 2 conferencias de prensa con
    medios de
    comunicación nacional, 8 programas de radio, 9
    inserciones en el
    periódico "El M" que circula diaria y gratuitamente en
    el Sistema de Transporte Colectivo METRO y 2 banners en la
    página de internet del GDF y del
    periódico "La Jornada".

    También se cuenta con un portal de
    Contraloría Ciudadana en la página de internet del
    Distrito Federal y la Contraloría General, en la que se
    han difundido las acciones, resultados y actividades del Programa
    de Contraloría Ciudadana.

    Cambios normativos

    Normativamente, en ninguna Ley local o nacional
    existe alguna definición de Contraloría Ciudadana o
    de contralores(as) ciudadanos(as), solamente se contempla su
    participación en los Órganos Colegiados de la
    Administración de la Ciudad de México. La figura de
    contralor(a) ciudadano(a),, surge en el Acuerdo del Jefe de
    Gobierno, donde se establecen los siguientes consideraciones. En
    todos los consejos de administración, en los
    comités y subcomités de obras y adquisiciones del
    gobierno, participarán con derecho a voz y voto,
    ciudadanos independientes de inobjetable honestidad para
    garantizar el buen uso de los recursos
    públicos.

    • Estos integrantes de la sociedad civil
      actuarán como contralores(as) ciudadanos(as) durante dos
      años y su participación será
      honorífica, por lo que no recibirán
      retribución alguna.
    • Los contralores(as) ciudadanos(as)
      tendrán como objetivos: vigilar la aplicación del
      presupuesto, emitir recomendaciones y denunciar actor de
      corrupción.

    Sin embargo, existe un amplio marco
    jurídico que abriga la figura del contralor(a)
    ciudadano(a) en la participación ciudadana, a saber:
    Constitución Política de los
    Estados Unidos
    Mexicanos, Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; Ley
    Orgánica de la Administración Pública del
    Distrito Federal, Ley de Participación Ciudadana, Ley de
    Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
    del Distrito Federal, Ley de Obras Públicas del Distrito
    Federal; Programa de Gobierno 2001-2006 del Gobierno del Distrito
    Federal; Acuerdo del Jefe de Gobierno para la Vigilancia
    Ciudadana dentro de los Órganos Colegiados del Distrito
    Federal.

    La Contraloría General del Gobierno del
    Distrito Federal, mediante la Dirección Ejecutiva de
    Contraloría Ciudadana, es la encargada de garantizar e
    instrumentar el ejercicio de la contraloría ciudadana. Es
    esta Dirección la encargada de realizar la planeación
    para crear el Programa de Contraloría Ciudadana, en la
    cuál se describen los objetivos, estrategias y se
    delimitan las facultades y responsabilidades; en base a ello, la
    DECC, mediante el PCC, sistematiza el ejercicio del contralor(a)
    ciudadano(a), brindando apoyo, asesoría normativa y enlace
    con otras instancias de la Administración Pública
    Local.

    Es Precisamente la DECC la encargada de generar
    los cambios normativos que permitan enmarcar adecuadamente y
    fortalecer el desarrollo institucional del Programa de
    Contraloría Ciudadana. En este contexto se presentó
    e integró a la propuesta de Reforma al Reglamento de la
    Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, lo relativo a
    los contralores ciudadanos, integrándose texto en los
    artículos referidos a la integración, funciones y
    derecho a voz y voto. De esta manera se fortalece más el
    marco jurídico de la actuación de los contralores
    ciudadanos. Se fortaleció la relación con la
    secretaría técnica de la Comisión de
    Participación Ciudadana rumbo a la adición en la
    Ley de Participación Ciudadana de la figura de
    contraloría ciudadana.

    En el aspecto de la participación
    ciudadana, la reforma a la Ley relativa está en proceso y
    se impulsa la adición de un capítulo que despliega
    el concepto, los sujetos, los derechos y obligaciones de los
    integrantes de la Red de Contraloría Ciudadana en el
    título referido a los instrumentos de participación
    ciudadana. Además, se impulsa que el control ciudadano se
    instaure dentro de los órganos de representación
    vecinal con el fin de garantizar que las tareas que los vecinos
    encargan a sus representantes se cumplan y se cumplan bien; el
    objetivo es fortalecer en la ciudadanía la cultura de la
    rendición de cuentas y la transparencia.

    En conjunto con Consejería Jurídica,
    se participó en la realización del Reglamento de
    Verificación Administrativa, resultando en la
    incorporación de la figura de contralores(as)
    ciudadanos(as) en el mismo. Es importante destacar que el
    contralor ciudadano Gustavo Velázquez de la Fuente fue
    electo Presidente del Consejo de Información
    Pública del Distrito Federal.

    CONTRALORÍA
    CIUDADANA Y GÉNERO

    Existen varias maneras de poder abordar los
    esfuerzos y retos por incorporar el enfoque de género
    dentro del Programa de Contraloría Ciudadana. Proponemos
    dos líneas de trabajo:

    La primera consiste en observar el ámbito
    administrativo – operativo del Programa, es decir, hacer
    una revisión de la composición por género de
    la DECC en términos de funciones, responsabilidades y
    presupuesto.

    La segunda se deriva de una revisión de la
    composición de los contralores y contraloras ciudadanas
    por género en base a los siguientes indicadores:
    funciones y ocupaciones por área de importancia,
    incorporación de líneas de investigación y análisis sobre temas
    de género, y formación a contraloras y contralores
    ciudadanos sobre el concepto de democracia de
    género.

    Será igualmente personal de la
    Dirección y contraloras y contralores ciudadanos los
    encargados de avanzar en el desarrollo de estas dos líneas
    de trabajo.

    CONTRALORÍA
    CIUDADANA A TRES AÑOS

    El programa tiene apenas 3 años de
    existencia, cuenta con un presupuesto anual de 2 millones de
    pesos, sin embargo cabe cuestionarnos si ¿ha logrado
    realmente disminuir la corrupción, transparentar el
    ejercicio presupuestal o incidir en la orientación del
    ejercicio presupuestal para favorecer el gasto
    social?

    Las y los contralores ciudadanos han logrado
    transparentar el ejercicio presupuestal en un espacio determinado
    del Gobierno del Distrito Federal, no en toda la
    Administración Pública, evitando con su presencia
    que se presenten situaciones propicias para cometer actos
    ilícitos. Veamos como ejemplo su participación en
    las licitaciones., En el 2003 vigilaron las compras
    públicas en el 6.8% del total del presupuesto del Distrito
    Federal (7), con una clara tendencia al aumento, en donde
    se presenta además, una notable disminución de los
    recursos de inconformidad en las licitaciones en las que
    participaron. Un recurso de inconformidad es un mecanismo legal
    que una empresa
    obviamente la que no ha ganado el concurso – utiliza en caso de
    que el fallo de un concurso público sospeche de
    corrupción, dude de la imparcialidad del veredicto o
    considere inapropiada técnicamente la decisión. De
    las 117 compras públicas a las que asistieron los y las
    contraloras ciudadanas solo se presentaron dos recursos de
    inconformidad (el 1.8%), de acuerdo a la Dirección de
    Normatividad y Responsabilidades de la Contraloría
    General, que es la instancia encargada de registrar, conducir y
    fallar en los recursos de inconformidad. Es decir, en este
    último año, el de más presencia ciudadana,
    se registro la disminución histórica más
    fuerte de estos mecanismos. Si bien estos datos dan una
    primera idea de la mayor transparencia generada en las
    prácticas administrativas, queda la pregunta si,
    ¿es suficiente el 6.8% de presupuesto transparente?
    Evidentemente no, puesto que se requeriría una
    transparencia total administrativa. Sin embargo, el hecho real de
    que ciudadanas y ciudadanos de los más diversos sectores
    sociales (8) participen voluntaria y comprometidamente en
    este ejercicio, implica que este pequeño sector ciudadano
    es por su propia cuenta participativo, esto es lo que puede
    llamarse ciudadanía responsable. Cuando se habla de
    generar ciudadanía responsable se piensa en promover una
    actitud ciudadana corresponsable y participativa en los espacios
    ciudadanos del Gobierno del Distrito Federal, generando
    así cambios en la relación
    Gobierno-Ciudadanía. La ciudadanía responsable se
    enmarca en la promoción y defensa de los derechos DESCA,
    mediante la exigibilidad del cumplimiento de sus derechos, mismos
    que los convierten en sujetos políticos. La
    ciudadanía responsable no necesariamente tiene que ser las
    organizaciones civiles y/o sociales, de la misma manera pueden
    ser personas particulares, amas de casa, estudiantes,
    profesionistas, médicas, abogados, taxistas,
    investigadoras, etcétera.

    En materia de combate a la corrupción, ha
    habido avances importantes en donde algunos contralores y
    contraloras han tenido papeles importantes. Veamos brevemente un
    ejemplo muy ilustrativo de ¿qué puede hacer un o
    una contralora ciudadana frente a un caso de corrupción?
    En el mes de abril del 2002, Francisco Escamilla Echegaray,
    contralor ciudadano en el Subcomité de Obras de la
    Delegación Álvaro Obregón (9) (la
    Delegación en donde vive), encontró un caso de
    corrupción de una obra presentada y aprobada (pese a su
    voto en contra) en el Subcomité. Lo denunció en
    tiempo y
    forma, provocando como consecuencia de las investigaciones
    una auditoría al proceso, que implicaba un monto total de
    7.2 millones de pesos. Finalmente el resultado fue el paro de la
    obra, sanciones administrativas a los funcionarios implicados, la
    renuncia de un funcionario de medio nivel, y fuertes sanciones
    económicas a las empresas. Casos como este aún hay
    pocos, pero es un indicador para las y los contralores ciudadanos
    pueden tener la certeza de que su ejercicio al derecho ciudadano
    a la transparencia y rendición de cuentas es real y
    efectivo.

    Y finalmente, referente a la generación de
    ahorros y re-orientación del gasto público, uno de
    los primeros y más importantes logros que las y los
    contralores ciudadanos han logrado, es hacer su Programa "auto
    sostenible", es decir con el ahorro obtenido de su
    intervención en un caso que a continuación
    comentaremos, recuperaron (literalmente) el costo administrativo
    total de tres años del Programa. Durante el primer
    trimestre del 2004, el Gobierno de la Ciudad de México
    convocó a un concurso público para el diseño,
    construcción y equipamiento del "Hospital
    Modular de Especialidades de Iztapalapa (10)", en el
    cuál participaron activamente dos experimentados
    contralores ciudadanos. En las propuesta económica final
    de la empresa (440 millones de pesos) los contralores
    recomendaron, para promover ahorros, que todo el equipo e
    instrumentos médicos los adquiriera el propio Gobierno y
    no las empresas, como se tenía contemplado originalmente.
    El Gobierno aceptó la propuesta, y del costo final del
    Hospital se logró un ahorro de más de 6 millones de
    pesos. Este ahorro representa tres veces el presupuesto anual
    destinado a cubrir el total de la plantilla de honorarios de la
    Dirección Ejecutiva de Contraloría Ciudadana (2
    millones de pesos por año). Sin embargo, cabe precisar
    (sumado a 32 millones más obtenido por negociaciones de la
    empresa con el Gobierno) que el ahorro obtenido se destinó
    a los programas sociales que favorecen a los sectores más
    desprotegidos de la Ciudad, como el programa "Primero los
    Pobres", en donde se le brinda ayuda asistencial a personas de la
    tercera edad, mujeres embarazadas, desayunos escolares,
    etcétera.

    Este sin duda es un buen indicador de que el
    Programa va por el camino correcto, en términos de
    promover el ahorro, además es coherente en el Programa
    mismo que ningún contralor o contralora ciudadana cobra
    por el tiempo que le destina al cumplimiento de sus derechos
    (11) y hasta está restituyendo el gasto
    administrativo generado para su apoyo, orientación y
    respaldo. Además de tener la certeza de que su ejercicio
    de participación ciudadana promueve el fortalecimiento de
    los DESCA de sus conciudadanos en el resto de la Ciudad de
    México.

    Los tres ejemplos, citados nos permitieron
    observar los esfuerzos y algunos resultados que los y las
    ciudadanas han logrado para disminuir la corrupción,
    transparentar el ejercicio presupuestal e incidir en la
    orientación del ejercicio presupuestal para favorecer el
    gasto social.

    No cabe duda de que "contraloría ciudadana"
    sea un programa muy interesante de participación ciudadana
    – desconocemos otro esfuerzo parecido en el panorama
    internacional. Tampoco puede negarse de que existen avances y
    logros importantes; sin embargo los retos son aún mayores.
    Lo más interesante/desafiante es que el esfuerzo por hacer
    perdurable el Programa a las transiciones políticas no es
    del Gobierno, más bien, lo tienen los y las propias
    ciudadanas. Como en todo sistema y/o mecanismo
    democrático, la responsabilidad de las decisiones es de
    los participantes, en este caso las y los contralores ciudadanos.
    El reto de fortalecer un mecanismo democrático que
    promueva la generación de ciudadanía responsable y
    participativa para el ejercicio de sus derechos
    económicos, sociales, culturales y ambientales recae en la
    propia ciudadanía, en que los y las propias contraloras
    ciudadanas, tengan la capacidad y la visión prospectiva de
    ubicarse como una importante alternativa democrática que
    fortalezca, precisamente, un sistema
    político democrático que incluya,
    corresponsabilice y respete al diverso espectro social llamado
    ciudadanía. Habrá que observar con detenimiento el
    desarrollo de este Programa, la coyuntura política le
    pondrá pruebas muy duras pero cuentan con los elementos
    adecuados jurídicos que les den posibilidades para
    resolverlas. No hay que olvidar que, quienes son y deben ser
    responsables últimos de la durabilidad y cumplimiento del
    Programa de Contraloría Ciudadana son, a fin de cuentas,
    los beneficiarios últimos del mismo, los y las ciudadanas
    que habitan la ciudad de México.

    COMENTARIOS
    FINALES

    Comentarios al documento a manera de
    conclusión/ invitación al debate:

    El objetivo del documento ha sido hacer un
    recuento de las actividades del programa y acercarse a partir de
    este recuento a una conceptualización del mismo sobre la
    base de los documentos existentes en la DECC, acercamiento que
    aporta al análisis político del Programa de
    Contraloría Ciudadana como tal. Esperamos que el documento
    brinde elementos que incentiven el debate interno con el objetivo
    de fortalecer conceptual- y por ende políticamente el
    programa, aspecto particularmente importante en la coyuntura
    política actual del país de cara a los nuevos retos
    de su inclusión virtual.

    Los principios de construcción del programa
    parecen ser más amplios de lo que indican los documentos
    existentes. Tanto categorías como transparencia,
    rendición de cuenta, ejercicio del derecho a la
    participación ciudadana (que sí aparecen
    explícitamente) como categorías de Equidad de
    Género, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
    Ambientales y eventualmente otros (qué no aparecen
    explícitamente) parecen fundamentar la actuación y
    las intervenciones de las y los contralores ciudadanos.
    Ejemplo:para las primeras categorías y desde una
    perspectiva estrictamente presupuestal, el criterio decisivo para
    la intervención de los contralores ciudadanos sería
    el "ahorro presupuestario generado para las arcas
    públicas" a raíz de su gestión. Sin embargo,
    el programa parece contemplar (implícitamente) un cambio
    político mayor: como es la reorientación de los
    recursos ahorrados para obra social o la intervención de
    los contralores ciudadanos sobre la base de criterios sociales o
    ambientales. Dicho de otra manera: parece válido la
    intervención de los contralores ciudadanos a favor de los
    sectores menos favorecidos o en contra de una obra u empresa por
    razones ambientales aunque esto no genere ahorro en el
    gasto.

    • Uno de los grandes valores radica en la
      implementación "radical" de lo que predican las teorías democráticas (o sea
      entregarle poder de decisión al soberano
      democrático), tanto en la administración
      pública como en el programa mismo. Este aspecto vale la
      pena ser visualizado con más claridad tanto hacia afuera
      como hacia adentro (capacitaciones con los contralores),
      así mismo se recomienda como desarrollar más a
      fondo y apropiarse de manera participativa con todo el equipo
      de la DECC de un concepto clave del Programa: ciudadanía
      responsable.

    El tema de los indicadores, en el sentido de
    medir impacto político del programa, parece ser uno de
    los temas cruciales al debate. Se propone un ejercicio
    sistemático de identificación, discusión
    colectiva y sistematización de indicadores sobre la base
    de la experiencia acumulada. Resaltar aspectos cuantitativos
    como los montos totales de los proyectos que
    se discuten en los distintos gremios sí sirve de
    indicador en términos de disponibilidad del GDF de abrir
    la gestión pública a la vigilancia ciudadana. lo
    que no proporciona son datos sobre el impacto político
    de la presencia de los contralores en estos gremios.
    ¿Qué indicadores habría que plantear para
    medir el cambio en términos de dinámica de
    decisión, de procedimientos
    internos, de acceso a la información de la
    población en general, etcétera?

    • Por último: un ejercicio colectivo
      más sistemático de conceptualización del
      programa que busque describirlo desde el análisis del
      problema, desprendiendo de este análisis los objetivos
      del programa y precisando en función
      de sus objetivos la estrategia de intervención
      podría darle a este documento mayor coherencia
      aún. Sin lugar a duda contribuiría a la
      apropiación de esta discusión política
      conceptual, en un primer momento por el equipo, y en un segundo
      por las y los mismos contralores ciudadanos para que coadyuve
      en una visión más real acorde con los preceptos
      para una réplica vitual.

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    para generar unos nuevos.

    Este artículo es obra original
    de Ruggero Flavio Garofalo Nieto y su
    publicación inicial procede del II Congreso Online del
    Observatorio para la CiberSociedad: http://www.cibersociedad.net/congres2004/index_es.html"

    Ruggero Flavio Garofalo
    Nieto

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