"Las aves pueden emigrar, pero a diferencia de los cisnes las familias no pueden levantar vuelo de la noche a la mañana con niños y todo lo demás"
(Luis Arraigada, Rucaco)
Vivimos episodios inéditos en el Chile profundo por estos días. Inéditos y no por eso positivos, esperanzadores u otra referencia a partir de alguna toma de postura como las que claramente se han expresado en el Caso de la Planta de Celulosa de la Comuna de Mariquina (2) . Más bien aquí asumimos una postura teórica que, creemos se funda en nuestra intervención en el caso. Tampoco decimos inédito, en base a una aspiración de encontrar señales proféticas a seguir, a partir de estos episodios. Sí, hemos de encontrar en ellos lo que podríamos llamar nuestras propias definiciones de ciertos conceptos que usamos prolíficamente sin haberlos asumido antes como una postura política. Significados que cobran sentido respecto de conceptos como la ciudadanía, el desarrollo y claro, el medio ambiente. Este conflicto y nuestro interés en él, nos permiten entonces una relación con ciertas comunidades y su vida cotidiana, lo que a su vez nos cuestiona y nos reformula. Una cosa es hablar de la contaminación y otra es compartir un poco de tiempo con quienes han tenido que convivir diariamente con ella.
En esa relación se han ido fraguando estos conceptos que al repetirlos tanto, los hemos alejado de lo que a su vez conceptualizamos como realidad, asociándolos a meras abstracciones. Decimos ciudadano, por ejemplo, como si estuviésemos en el sopor de la noche soñando con un sujeto especial, dotado de ciertas aptitudes para lo público y lo colectivo que le son inalienables, derechos que llegaron para quedarse. Hablaríamos entonces de una cierta ciudadanía, aunque en realidad todos soñamos una ciudadanía distinta. Wittgenstein (3) (Wittgenstein, 2003) en sus últimas líneas nos advirtió acerca de esto. Él imagina un soñador que entre sueños dice "llueve", mientras sobre su techo efectivamente llueve. Sin embargo sigue dormido, no tiene necesariamente de su lado la razón, por más que su sueño le sobrevenga a propósito del ruido de la lluvia.
No están claras las certezas ni para el que sueña lo real, especialmente si sobre lo real sólo hay controversia. Durante años una serie de estudios y documentos públicos han insistido en la personalidad contaminante de la Planta de Celulosa, formando parte del "grupo de las industrias con más graves consecuencias en la biota natural, por lo que en países desarrollados se les exige efectuar un amplio programa de vigilancia ambiental, programas de mitigación y compensación" (SUBSECRETARIA DE PESCA, 1998). Más aún en esta fecha, la Planta permanece paralizada por decisión de su propia gerencia y hasta que ellos mismos lo decidan.
La ciencia entra en controversia, las instituciones públicas, los partidos políticos, los grupos ecologistas, las universidades, etc. Entre tales discusiones, no ha alcanzado el debate para la noción de ciudadanía que se aparece en los sueños pero que no logra imponerse en la realidad.
El movimiento que se formó en Valdivia para oponerse a la instalación de la Planta de Celulosa y denunciar sus efectos en el Santuario Carlos Anwandter, intenta públicamente ser reconocido como un movimiento ciudadano, de hecho su participación en el conflicto ha tenido una serie de logros en el cual se ha involucrado a varios miles de valdivianos a través de marchas y cabildos. Acción por los Cisnes, ha discutido incluso cambiar de nombre ya que se les ha encasillado en la defensa ambiental. A pesar de lo anterior, este movimiento ha conseguido aparecer en todos los medios nacionales, hacer sentir sus declaraciones en diversos foros nacionales e internacionales y aparecido como líder de la defensa del Santuario de la Naturaleza y en especial de los cisnes que lo habitaban.
En tanto las organizaciones comunitarias, sindicales, territoriales que han tenido opinión sobre el tema no han constituido una red o movimiento en conjunto, excepto en algunos casos en que gremialmente se reúnen los empresarios del turismo o los pescadores. Finalmente, las comunidades cercanas a la Planta de Celulosa: Rucaco, Raluya, Ciruelos y Estación Mariquina entre otras (imagen 1) han estado ausentes del debate público. Su presencia en informes, prácticamente ha pasado desapercibida ante la opinión pública nacional. Uno de los informes que recogió esta situación es el del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales en el que se denuncian las afecciones asociadas a la presencia de la Planta en medio de las comunidades. "Dolor de cabeza, náuseas y vómitos, dolores abdominales, pérdida de apetito, cuadros de anorexia y descompensación en pacientes crónicos (hipertensos y diabéticos, entre otros), comienzan a registrarse tras la puesta en funcionamiento de la planta y el inicio de las emisiones de gases" (OLCA, 2004: 3)
Su opinión ha estado mediada por otros actores, llegados desde Valdivia, desde la Planta de Celulosa, desde la Comuna de Mariquina, desde los medios de comunicación (4) o los grupos de apoyo formados por estudiantes y profesores en la Universidad Austral de Chile (5) .
Entonces, mientras la tradición republicana nos ofrece la ciudadanía como "la" posibilidad de ejercicio de los derechos en el ámbito de lo público, en el caso del conflicto de la Celulosa en Mariquina, tal categoría no parece estar funcionando para todos igual. Se ha configurado una ciudadanía fantasma que no aparece, excepto en contadas ocasiones y de manera muy esporádica. Esto contrasta con las experiencias de la comunidades vecinas que son quienes más tiempo han tenido que soportar el cambio de condiciones y calidad de vida en una zona en que nunca existieron grandes industrias.
Ellos mismos ven diariamente la planta y sus operarios, reciben visitas inesperadas de funcionarios de la empresa que llegan a las casas o las escuelas para "informar" acerca de las bondades de su mega proyecto. Hace más de un año el escenario no ha cambiado para estas comunidades, entre ellas no hay una posición única, se ven tironeadas a tomar posiciones, mientras conviven con un río en el que no pueden bañarse como lo hacían o tienen temor de beber agua o comer frutas. Antes de morir, a fines del 2004, el doctor Juan Ramón Silva de la Paz. Médico de San José de la Mariquina, alcanzó a reunir más de 400 fichas en las cuales se constataba un aumento sistemático de las enfermedades respiratorias, desde que se instaló la Planta (6) . Los vecinos de Raluya han mostrado verduras "enfermas" sobre las cuales no hay estudios que aseguren qué ha sucedido, pero que acrecientan temor e incertidumbre. (7)
Es en este escenario es el que se una voz importante en el conflicto se ha visto superada en las noticias por las guerras de declaraciones de "grupos y personajes influyentes". Las actividades de apoyo que han convocado a estas comunidades hasta ahora, no han cobrado relevancia a pesar del contenido que han aportado. Por ello la pregunta es hacia el concepto de ciudadanía. ¿Han sido los habitantes de las comunidades tomados en cuenta como ciudadanos con todos sus derechos en este conflicto que se ha instalado a metros de sus hogares?
Según un estudio (8) reciente de las nociones de ciudadanía preponderantes en Chile, se concluye críticamente sobre la necesidad de un nuevo contrato social, lo que ha sido llamado "nuevo trato".
La noción de derechos ciudadanos ha sido desplazada de la cultura cívica y política. A ello ha contribuido el que la transferencia al mercado de las funciones sociales no han sido reelaboradas dentro de un marco político de publificación, es decir, de caracterización y explicitación de ese quehacer como servicios sociales que constituyen asuntos de interés público y, por lo tanto, requieren ser sometidos a ciertas condiciones de regulación - contrato social - que garanticen derechos mínimos a la población.
(Fernández, M. y Bello, D. Nociones de Ciudadanía: El Debate de su desarrollo en Chile. Revisión Bibliográfica. Santiago de Chile, mayo 2004)
El reconocimiento de esta necesidad deviene de una tradición que surge en el Contrato Social de Rousseau y termina por chocar de frente con una realidad de la que nuestro caso será creemos un ejemplo paradigmático.
Tanto la tradición liberal que instala la noción derechos universales, como la tradición republicana basada en el contrato social, hacen sentido a una demanda por una ciudadanía que permite cierta aspiración de igualdad en la diferencia. En la noción de que las casas forman aldeas y sólo los ciudadanos forman ciudades (Rousseau, 1995) se puede identificar esta moción como una forma de encarnación individual del pacto social, más que una condición natural. La ciudad actúa como concepto, como espacio simbólico y no territorio.
La ciudad consiste en una persona moral, dice Rousseau donde todos están en función de el todo. Los ciudadanos sólo se constituyen en tanto firman el pacto con el soberano que le respeta ciertos derechos. "Cuantos servicios pueda un ciudadano prestar al Estado se los debe prestar en el acto en que el soberano se los pida; pero éste, por su parte, no puede cargar a sus súbditos con ninguna cadena que sea inútil a la comunidad, ni siquiera puede desearlo; porque bajo la ley de la razón no se hace nada sin causa" (Rosseau, 1995 : 63).
Un ciudadano así constituido delega poder para beneficio de la comunidad, sólo así puede ser ciudadano. Sin embargo el límite lo pone la razón que debiera ser capaz de decirnos qué es lo inútil a la comunidad.?que es lo inútil para que?
Tal condición en la sociedad moderna está dada por excelencia en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Serían estos derechos entonces los que resguardarían para la modernidad el ejercicio de la ciudadanía. En teoría, funciona. Sin embargo, ya no es novedad que muchas de las promesas de la modernidad han terminado por ser cuestionadas. El sentido común nos podría decir que no es lo mismo ser ciudadano en el sector El Melón, Villa Disputada de Las Condes, en la comuna de Nogales y ser ciudadano en la Comunidad Ecológica de la Comuna de Peñalolén.
En la comunidad de la Quinta Región ¿cuál?, luego de dos años de instalada la planta de tratamiento de aguas servidas, ante una denuncia de prensa, las autoridades locales se han atrevido a decir que se estudiará la reubicación, aunque "para eso van a pasar años", según el Alcalde (9) .
En Peñalolén es conocida la disputa acerca de la posibilidad de instalar las viviendas para los pobladores de la Toma junto a la Comunidad Ecológica. En tal conflicto, más que una lucha entre ricos y pobres se expresaron dos formas de una misma demanda por habitar. "Los unos defienden su derecho a vivir en un sector libre de polución y acorde con principios ecológicos; los otros reclaman el suyo para vivir en las viviendas sociales que subsidia el Gobierno" (10) . (El Periodista, 2003)
Sin juzgar los contenidos, obviamente en estos ejemplos la ciudadanía se entiende de manera diversa por las comunidades. El límite no es un principio abstracto, más bien se parece mucho a la noción de territorio. En estos casos se podría apreciar que hay algo más concreto que el rótulo de ciudadano que mueve a estas comunidades. Es la calidad de vida en tanto espacio vital, un espacio prometido por el Estado, por la Modernidad, enfrentado a los problemas que ella misma nos ha traído, a través de la operacionalización como progreso de la idea de desarrollo. Hay algo entonces en la base de los conflictos que no depende necesariamente de la condición de ciudadano como firmante de un pacto social, sino como posibilidad de ser humano. Esto quizás lo entiendan más claramente los habitantes de El Melón o de la Toma de Peñalolén que han tenido que conocer el límite de lo humano.
Ciudadanía de segunda, sospechas de ciudadanía.
Se puede identificar dos tipos de ciudadanía entonces, una que está en función del ejercicio de derechos conquistados y otra que se desplaza equilibrándose en su propio borde, camina en una delgada cornisa constituida en un proceso de arrinconamiento en que el espacio se ve disminuido legalmente, legítimamente por la misma promesa de desarrollo, aquel que aseguraría el libre ejercicio de todos los derechos. Una que lucha por conquistar algún derecho a sobrevivir, con un aire respirable, o con un techo que no se llueva.
La ciudadanía se tuerce sobre sí misma, sobre sus propias promesas y no es capaz de subsistir sino en el límite.
La ciudadanía de esta clase ha sido profusamente utilizada (11) para explicar "aquellos sectores cuya ciudadanía no es negada explícitamente o totalmente, pero que enfrentan una serie de barreras sutiles que les dificultan su ejercicio" (Durston, 1996: 2). John Durston se refiere con ello a sujetos que son inhibidos en su práctica de habla en público o para expresar lo diferente.
Ya Alain Touraine, plantea la necesidad de redefinir la ciudadanía a partir de las nuevas formas de producción económica regidas más por el mercado y menos por el Estado. El peligro estaría en convivir con dos tipos de ciudadanía en Latinoamérica, asumiendo que esto tiene importantes costos para el desarrollo (Durston, 1996: 2).
Es así que se asume en múltiples discursos a la ciudadanía de segunda clase como un peligro ya que "sus ocupaciones y demandas se presentan aisladas de las situaciones y contextos que las producen" (Winocour, 2002: 192). Cuando estos grupos son organizados en movimientos, los grupos o movimientos organizados la puesta en escena de sus demandas suele producir efectos paradójicos, ya que deben irrumpir a pesar de su contexto. Deben asumir el costo de aparecer descontextualizados, sin que en principio se pueda adherir simpatía entre los observadores.
Ocupar un espacio público tiene sus costos, especialmente sino se pertenece a algún grupo que sea validado socialmente. Es así comos e puede ser parte de un movimiento ambientalista y tener tribuna en los medios, precisamente porque se valora su expresión como parte de una ciudadanía que ha sido incluida entre las nuevas variantes de ella. Sin embargo, cuando no se pertenece a instituciones o movimientos que tradicionalmente están en el tapete público no se entenderá necesariamente como válida la inclusión de nuevos actores sobre los cuales aún subsisten sospechas de ciudadanía.
La ciudadanía encarnada sólo es visible en ciertos grupos de pertenencia sociocultural o grupos que ocupan el espacio público y que generalmente establecen vínculos de complicidad y familiaridad con los medios de comunicación y su programación. (Winocour, 2002: 192).
Las preguntas que un sujeto que convive con y en realidades como las antes descritas podrían ser al menos tres:
La invitación es a plantearnos una y otra vez estas y otras inquietudes. Y también buscar las salidas de una forma participativa que se aleje de todo tipo de exclusiones.
Ese es el espacio de los cambios radicales que se pueden apreciar en una zona en conflicto. El espacio donde no ha podido existir el nuevo trato del que si gozan los movimientos legitimados en el espacio público. La deuda de ciudadanía permite entender que no todo se resuelve con una pelea jurídica o ambiental. Tales identidades corresponden al gobierno de los ciudadanos, de los que pueden llegar a serlo, en desmedro de quienes quedan fuera del debate, fuera de los medios, fuera de lo público.
Lo que ha sido llamado Factor Humano en este conflicto no es otra cosa que la seguidilla de testimonios, registros de imágenes y denuncias publicadas, dentro de los escenarios en que las reglas están precondicionadas. Para qué llamarnos ciudadanos o ambientalistas si hasta ahora a esta sociedad le ha quedado grande aquella, la primera, la más básica. Estamos empezando a pensarnos como el factor humano, por ello es que esta parte debe retomar la primera persona plural.
La decena de grupos que ya forman una Red al interior de la Universidad Austral de Chile, tampoco han aparecido formalmente en los espacios públicos. Un sitio web (www.raluya.org) ha mantenido por meses expuestas las verduras contaminadas y las denuncias en voz de los mismos vecinos. Sin embargo, la presencia silenciosa de comunidades en la zona de la Comuna de Mariquina, las redes que surgen espontáneamente para acompañarlos en medio de un conflicto, y peor aún, sus enfermedades respiratorias no atendidas, son el espejo en que nos podemos mirar. Y la evidencia de que caminan en la cornisa de la ciudadanía de segunda clase. Ahí está lo que no hemos cambiado en medio de la discusión acerca de si hay o no dioxinas en las aguas, de las posibilidades de acusar a nivel internacional a la empresa contaminante, de la preocupación de los eurodiputados. En medio de todo aquello, aún ni siquiera, se realiza una encuesta epidemiológica del Estado acerca de las enfermedades que han brotado en la zona (12) .
Por su lado, la empresa Celco ha financiado un sistema de agua potable para la comunidad de Rucaco justo en la zona donde están las mayores concentraciones de AOX (13) . Son parte de las contradicciones en que subsiste una sociedad semi rural que ha ido transitando hacia una modernidad que le ofrece su cara más contaminante. Los costos inmediatos están ahí, para quien quiera verlos y hacer algo al respecto.
Imagen 1.
Mapa de los problemas sociales, Económicos y Ambientales
Asociados a la Actividad Productiva de la Planta Valdivia de Celulosa Arauco.
San José de la Mariquina Valdivia.

*I Congreso Internacional de Comunicación, Información y Culturas. La comunicación ante los desafíos del patrimonio y las identidades - Grupo de Trabajo nº 6 "Comunicación, ciudadanía y desarrollo".
Víctor Godoi Millán // Universidad Austral de Chile
victorgodoi[arroba]uach.cl
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