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La liberalización del mercado como solución

La persistencia del hambre en el mundo supone graves responsabilidades éticas en cuanto a la capacidad de los actuales gobiernos e instituciones multilaterales para ordenar y orientar el desarrollo de los países en forma consecuente con los planteamientos básicos de la seguridad alimentaria. Por cierto, no hay un solo camino para ello, tal como lo demuestra la historia de América Latina y el Caribe en las últimas décadas. En efecto, en la Región se han experimentado enfoques que van desde aquellos que planteaban como objetivo la "autosuficiencia alimentaria" (producción interna) en las décadas de los sesenta y setenta hasta los que proponen la "seguridad en la oferta alimentaria" (producción interna + importaciones) como objetivo fundamental.

Este último esquema, predominante en la actualidad, promueve por lo general tanto la retirada del Estado de la economía (tamaño mínimo del Estado) como el funcionamiento libre del mercado como asignador eficiente de las cuotas de acceso a los alimentos, no sólo en el sector formal sino que también, y sobre todo, en el llamado sector atrasado (agricultura). Ello, a su vez, supone una propagación de las relaciones de mercado (oferta y demanda) a este sector, con la particularidad de que la mayor oferta iría creando su propia demanda. Esto es, la "Ley de Say" aplicada a la agricultura y la alimentación. Al anteponer la eficiencia del mercado se supone que la equidad vendrá automáticamente en un segundo momento. La expresión ideológica de este enfoque es el neoliberalismo.

Desde mediados de los años ochenta la mayoría de los gobiernos de la Región comenzaron a poner en práctica dicho enfoque, lo que implicó un fuerte proceso de reformas estructurales y de apertura unilateral, incondicional y muy rápida de la agricultura y de la economía en general. Este proceso se inició con la liberalización de los precios del mercado interno, la desregulación de los mercados de la tierra (abandono de la reforma agraria), el desmantelamiento o rediseño radical de las instituciones públicas de apoyo al sector, y la drástica disminución del volumen de crédito. El Acuerdo sobre Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que entró en vigencia a partir de 1995, no hace más que profundizar dicho proceso.

En la versión más extrema del neoliberalismo, la seguridad alimentaria no existe como política pública, pues el mercado se hace o debería hacerse cargo de ella. Sin embargo, cabe reconocer que en versiones más moderadas o pragmáticas se le concede al Estado la posibilidad de intervenir mínimamente (Estado subsidiario), particularmente en aquellas áreas que no sean de interés de los capitalistas privados, sea por su riesgo, su envergadura o su baja rentabilidad pero que, al mismo tiempo, son necesarias para la vida económica. Tal es el caso de ciertas situaciones como la pobreza y el hambre.

La intervención estatal en estos casos será temporal, por un determinado tiempo, y con una asignación focalizada del gasto público. Una vez alcanzado un cierto nivel de crecimiento de las economías, los recursos excedentes llegarán a los pobres y a los hambrientos, disminuyendo así su número. Para conseguir esta menor pobreza y hambruna, lo único que se le pide a los ricos es que permitan que alguien recoja las migajas que caen de sus mesas. Esta lógica del "derrame", o "goteo", crea una dicotomía entre la política económica (monetaria) y la política social (seguridad alimentaria), donde ésta se subordina a la primera. En este enfoque no se cuestiona el "adentro", el modelo económico, ni se explica por qué las personas pobres y desnutridas no están integradas. Tan sólo se espera que en el largo plazo la expansión económica realice de manera "natural" la integración de los marginados y haga innecesaria la política focalizada de apoyo a esas personas.

Muchos han dudado que en un plazo razonable los programas de ajuste logren resolver los problemas de inequidad, pobreza y hambruna, por lo que han propuesto una humanización del ajuste estructural o una estrategia de crecimiento con equidad. Los gobiernos que han asumido este enfoque buscan combinar el ajuste con una mayor preocupación social. Aunque esta propuesta abre la puerta a políticas redistributivas que no estaban presentes en la alternativa anterior, mantiene la dicotomía: de un lado, la política social para conseguir la equidad y, del otro, la política económica para lograr el crecimiento. De todas maneras, tampoco pone en tela de juicio el "adentro".

En suma, mientras los gobiernos subscriben numerosos acuerdos -avalados por instituciones regionales y multilaterales- para erradicar el hambre y la pobreza del mundo, minimizan el rol del Estado y transfieren al mercado la responsabilidad de la seguridad alimentaria (en mayor o menor grado, en forma inmediata o mediata). Con ello comprometen directamente al mercado.

La situación del agro después de quince años de liberalización

El nuevo rol asignado al (libre) mercado en la consecución de la seguridad alimentaria y la persistencia del hambre en el mundo, nos obligan a evaluar su desempeño, especialmente en el sector agrícola de América Latina.

Una primera constatación es que el crecimiento de la producción agropecuaria en las nuevas condiciones de reforma y ajuste estructural no exhibe tasas significativas de crecimiento, pero sí claras diferencias entre los países y sectores (productos). En efecto, las tasas de crecimiento del producto interno bruto (PIB) agropecuario y del PIB total regional fueron, respectivamente, de 3,5% y 5,6% en la década de los setenta; de 2,1% y 1,0% en la de los ochenta, y de 2,3% y 3,5% entre 1990 y 1998. Como ya se dijera, el desempeño no fue igual en todos los países, pero destaca el hecho de que siete países (entre ellos Brasil y México) pasaron de una situación de alto crecimiento agropecuario a una de menor dinamismo.

Por otra parte, también hubo considerables diferencias de comportamiento productivo dentro de cada país. Mientras las actividades agropecuarias de exportación y de la industria agroalimentaria se expandían, otras orientadas al mercado interno se estancaban o sufrían un fuerte repliegue. En general, los rubros cultivados principalmente por campesinos fueron los que experimentaron mayor retroceso. Se trata por tanto de un bajo crecimiento de la agricultura que es muy desigual entre los países y que se sustenta en la producción de vanguardia, la producción de cultivos no tradicionales de exportación. Este "sesgo" exportador, promovido y apoyado por los Estados(6, p.79)1, constituye uno de los rasgos principales del modelo agrario latinoamericano. El crecimiento global de las exportaciones del sector (5,6% anual en dólares corrientes entre 1990 y 1998, según datos de la FAO) ha superado al de la producción.

De acuerdo a la CEPAL, "el nuevo modelo de desarrollo ha resultado bastante excluyente. El crecimiento se concentró en los productores comerciales vinculados al agronegocio nacional e internacional, asociado a empresas transnacionales de la industria agroalimentaria y de la comercialización"(6, p.137). Ello permitirá el dominio creciente de la industria transnacional sobre el conjunto de los cultivos y productos agropecuarios2.

Dentro de ese proceso, cabe destacar la creciente influencia que han venido adquiriendo los grandes productores transnacionales de insumos básicos, como agroquímicos y semillas. Si bien estos insumos han permitido un notable aumento de la productividad agrícola o saltos tecnológicos hacia una agricultura más intensiva en muchos países, también es evidente que determinan de modo cada vez más directo, por medio de la entrega de paquetes tecnológicos, las formas de subcontratación y la distribución temporal de las tareas productivas -preparación de suelos, siembra, cosecha y otras- con que operan amplios sectores de agricultores primarios. Como consecuencia de ello, según la misma CEPAL, "El optimismo inicial acerca de la modernización de los pequeños productores por medio de su integración contractual con la agroindustria no parece del todo justificado. Por el contrario, hay suficientes indicios de que la diferencia en cuanto a niveles tecnológicos, productividad e ingresos entre los productores comerciales y empresarios agrícolas y los campesinos llamados "no viables" es ahora mayor que antes"(6, p.138).

Tampoco se puede desconocer que el uso de agroquímicos, más allá de provocar daños impredecibles a la salud de los trabajadores, está degradando parte de los recursos de tierras y aguas de la Región, provocando erosión de los suelos, saturación hídrica y salinización de tierras de riego. Además, estos insumos pueden provocar otros impactos ambientales negativos, particularmente sobre la diversidad biológica y las aguas superficiales y subterráneas.

Por su parte, el elevado grado de concentración histórica de la tierra3, se mantuvo en algunos países e incluso aumentó en otros durante el período 1969-1997, pese a la reciente insistencia de ciertos gobiernos en reformar la propiedad y la tenencia de la tierra. Los mayores índices de concentración se encuentran en Chile, México y Paraguay. No es de extrañar entonces que en diversos países de la Región se esté observando un aumento de la actividad de los movimientos de los trabajadores rurales sin tierra y una intensificación de la ocupación de terrenos.

La gran mayoría de los especialistas del ramo coincide en que el magro desempeño mostrado por la producción agrícola se explica en parte importante por el desmantelamiento de las políticas e instrumentos de apoyo sectoriales, situación que no se vio compensada, como se esperaba, por el sector privado, ni siquiera con los incentivos proporcionados en una segunda fase de reformas agrícolas. La eliminación de subsidios y la reducción o desaparición de los servicios agrícolas de crédito, tecnología y extensión como consecuencia de la retirada del Estado, tuvieron grandes efectos negativos, principalmente sobre los pequeños productores y campesinos.

En definitiva, el crecimiento agrícola de la Región (a excepción de unos pocos países) estuvo distante de las expectativas que se habían suscitado hace 15 años en torno a los procesos de reforma y al Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, ya que no sólo es menos dinámico (eficiente) que el histórico y que el propio crecimiento de la economía, sino que además las tendencias a la diferenciación y exclusión socio-productiva se intensificaron durante este período. Se trata por tanto de un leve crecimiento desigual entre los países que, si bien produce un volumen de alimentos suficiente para proporcionar una dieta balanceada para toda la población latinoamericana, destina una parte importante de ese volumen a los mercados internacionales. Estas exportaciones no son un "excedente" con respecto a las necesidades vitales de las personas, sino a la precaria "demanda efectiva" que el mismo modelo genera. De allí que con las importaciones de productos extranjeros tampoco se resuelva la situación de alrededor de un tercio de la población que no dispone de alimentos suficientes o de los más de 60 millones que sufren desnutrición. En verdad, las importaciones de alimentos traen más problemas que soluciones.

Importaciones de alimentos: ¿complemento de la producción interna?

Uno de los aspectos esenciales de las reformas estructurales de la agricultura latinoamericana ha sido el impulso de la liberalización del comercio internacional, a través de políticas de apertura de mercado y mediante la firma de acuerdos comerciales. Muchos gobiernos vieron en la importación de alimentos a bajo precio la clave para la seguridad alimentaria y el desarrollo. Esta visión fue reforzada por los planteamientos de los organismos multilaterales, especialmente de la OMC, que promovían la desregulación del mercado agroalimentario mundial.

Las importaciones de productos agropecuarios, ante el retiro de protecciones específicas y la rebaja de los aranceles, han venido creciendo de manera continua desde fines de los años ochenta, con una tasa cercana al 9,4% anual entre 1990 y 1998 en dólares corrientes, de acuerdo con datos de la FAO. Este incremento ha superado claramente el ritmo de crecimiento de las exportaciones agrícolas, que fue equivalente a 5,6% anual entre los mismos años(6, p.146).

A pesar de ello, dado el superávit inicial, la balanza comercial agropecuaria de la Región ha logrado sostenerse pero con una clara tendencia hacia la baja en los últimos años que será difícil de contrarrestar. Dos fenómenos importantes están incidiendo cada vez más: el deterioro de tipo de cambio real y la fuerte caída de los precios internacionales de algunos productos primarios y alimenticios que exportan los países de la Región4. Para la agricultura de exportación eso significó que el índice de rentabilidad disminuía, tanto por la menor cantidad de dólares (menor precio de los productos) como por el menor valor del dólar (menor tipo de cambio). De verificarse el empeoramiento de la balanza comercial agrícola, se complicará aún más el financiamiento de las importaciones de alimentos. Hay que tener en cuenta que ya esa situación es complicada, debido al drástico deterioro que ha presentado el saldo de la balanza comercial global en los años noventa, especialmente desde 1996(7) 5.

Análogamente, para los agricultores que producen para los mercados internos la combinación de los menores precios y el deterioro del tipo de cambio agudizaban fuertemente la competencia de las importaciones. De hecho, muchos productos nacionales han terminado siendo expulsados fuera del mercado local. Ello ha resultado en general beneficioso para los agroindustriales y consumidores urbanos, pero no así para algunos subsectores agrícolas que no estaban en condiciones de hacer frente a la competencia externa. Por lo demás, esta es una competencia desleal, proveniente principalmente de Estados Unidos y la Comunidad Europea que subsidian a los exportadores de productos agrícolas. Las caídas en estos sectores han sido mayores donde la apertura ha sido más amplia y muy brusca, sin salvaguardias para los sectores más vulnerables. En verdad, las crecientes importaciones de alimentos, más que un complemento de la producción interna, han significado reemplazar a una parte importante de ella, eliminado así fuentes determinadas de ingreso.

Con ello, la dependencia alimentaria se ha visto incrementada de una manera muy rápida y significativa en la mayoría de los países de la Región. En el caso de México, la dependencia alimentaria en 1999 ascendía a 95% en oleaginosas, 50% en arroz, 40% en carne roja y 30% en maíz. Adicionalmente, de 1989 a 1999 se pasó de 40 productos alimentarios importados a 80(8,pp.128-9).

Entre los que se benefician de esta dependencia y de la creciente importación de alimentos a bajo precio se encuentra la agroindustria; la que además aprovecha esta situación para presionar los precios internos a la baja. De esta manera, impone a los pequeños y medianos productores locales un precio medio que no corresponde a sus condiciones productivas, obligándolos de todas formas a producir sobre condiciones no rentables. A su vez, "la tendencia de las agroindustrias a sustituir la producción nacional por la importada ha traído consigo sobrantes internos que no encuentran comprador en el momento de la cosecha. Se generan así sobreproducciones ficticias que no responden a una saturación de la demanda sino al comportamiento de las agroindustrias. Nos hemos convertido en países deficitarios de alimentos con sobrantes sin comprador en épocas de cosecha"(8,p.129).

En suma, lejos de contribuir a complementar en forma armónica la oferta alimentaria local, los crecientes niveles de importación de alimentos han tendido a reemplazar a una parte creciente de ella. Esta tendencia, más las relaciones de exclusión y subordinación que genera este proceso, están conduciendo a una situación cada vez más preocupante de deterioro de la capacidad interna de producción de alimentos, colocando en cuestión el mismo concepto de "seguridad en la oferta alimentaria". Más bien se podría hablar de "inseguridad en la oferta alimentaria".

La precaria demanda efectiva de alimentos

El enfoque predominante de seguridad alimentaria en el mundo y en la Región supone la generación automática de una demanda efectiva ("Ley de Say"), despreocupándose totalmente de este tema. Pero en la realidad no todos los consumidores tienen poder adquisitivo suficiente para participar del mercado alimentario. Hay una serie de factores que influyen en la constitución o destrucción del poder de compra de cada individuo. Por ejemplo, nadie puede desconocer, excepto los neoliberales, que hay una estrecha vinculación entre demanda efectiva y pobreza, y entre ésta y seguridad (o inseguridad) alimentaria. Hacia 1999, el 35% de los hogares latinoamericanos carecía de los recursos para satisfacer sus necesidades básicas y el 14% no contaba con un ingreso suficiente que les permitiera adquirir al menos la canasta básica de alimentos(9).

Ellos son parte del 18,5% de personas (89.4 millones) que en América Latina vivían en la indigencia6 o del 43,8% (algo más de 211 millones de personas) que lo hacían en la pobreza al finalizar la década de los noventa. Peor aún, esta cifra de 300 millones de pobres e indigentes representa un aumento, en términos de porcentaje y de volumen, no sólo con respecto a 1997, sino que también a 19807.

Durante ese período la pobreza latinoamericana se urbanizó rápidamente, contribuyendo a ello la intensa migración campo-ciudad. En los años ochenta el número de pobres rurales (73.0 millones) era mayor que los urbanos (62.9 millones), pero hoy estos últimos (132.2 millones) superan largamente a los pobres rurales (77.2 millones). Tendencia similar se verifica en el número de personas que sobreviven en la indigencia. A pesar de ello, la severidad de la pobreza es mayor en las áreas rurales que en las urbanas (54% y 30% de los hogares, respectivamente). Además, la zona rural concentra una mayor proporción de hogares indigentes: 31%, contra 10% en la zona urbana. Esta mayor proporción estaría indicando que el aumento de la pobreza en las zonas rurales se concentró en los grupos indigentes.

Según datos de la FAO, alrededor de 66% de los pobres del campo latinoamericano -esto es, 47 millones de personas- son pequeños productores; 30% son pobladores rurales sin tierra y el 4% restante corresponde a indígenas y otros grupos. De acuerdo con diversas fuentes, al menos 40% de los pequeños productores son minifundistas, que no cuentan con ningún tipo de protección en el mercado, son productores precarios. Como se ve, la pobreza latinoamericana no se reduce a las zonas rurales ni a personas "excluidas" de la producción agrícola.

Otros factores directamente relacionados con la pobreza y con la demanda efectiva -y por tanto también con la seguridad alimentaria- son el empleo, los salarios y la distribución del ingreso. Según información de la misma CEPAL(9), el crecimiento económico de la Región no ha podido traducirse en un aumento significativo del empleo que permitiera reducir las tasas de desempleo (en casi todos los países la tasa de desocupación fue superior en 1999 a la anotada a principios de la década). Mientras que el poco empleo generado no es de buena calidad, sólo una pequeña proporción corresponde a los sectores modernos de la economía. La gran mayoría (siete de cada diez) se concentra en el sector privado de menor productividad, especialmente en comercio y servicios.

A este cuadro se agrega la proliferación de empleos sin protección, contrataciones flexibles a plazo fijo, subcontrataciones y otras modalidades que han aumentado enormemente la incertidumbre y la inestabilidad laboral. Asimismo, la tasa de variación de la remuneración media real exhibe un incremento muy moderado en la mayoría de los países, el que en los últimos años se ha deteriorado o simplemente desaparecido. El caso más grave es el de Brasil, donde la variación de dicha tasa fue negativa (-0,7%) entre 1990 y 1997, para después seguir cayendo (a -1.8%) en el trienio 1998-2000. Por cierto, estos promedios esconden la notoria ampliación en la brecha entre las remuneraciones del trabajo calificado y el no calificado.

De esta forma, se ha consolidado una cierta rigidez en la distribución del ingreso, con el resultado de que, comparada con otros continentes, América Latina seguía siendo considerada en 1999 la región más inequitativa del mundo. En los países con mayores niveles de desigualdad, entre ellos, Bolivia, Brasil y Nicaragua, los ingresos del quintil más rico (20% de los hogares) superan en más de treinta veces al ingreso del quintil más pobre. En la mayoría de los casos esta situación no mejoró en los años noventa e incluso en algunos, empeoró. Sólo un país, Uruguay, finalizó la década con avances claros en el tema de la distribución(9) 8

Queda demostrado así que el crecimiento de la producción global y agrícola no ha generado la demanda que tanto prometía. Como mínimo, un tercio de la fuerza de trabajo latinoamericana, y en algunos casos inclusive más de la mitad, sobrevive con empleos precarios que no les permite lograr el poder adquisitivo suficiente para participar como consumidores en el mercado alimenticio; no constituyen una demanda efectiva solvente. La flexibilidad del trabajo hace que tener empleo deje de ser garantía para alcanzar los medios necesarios para alimentarse adecuadamente, para vivir. Es decir, el mercado ni siquiera tiene la capacidad para reproducir -ineficiencia reproductiva- de manera plena las mismas fuentes de la riqueza, el ser humano y la naturaleza.

De lo avanzado hasta ahora se podría inferir que la seguridad alimentaria en nuestra Región ha mostrado niveles de eficiencia profundamente desiguales en el lado de la oferta (que hacen que la producción sea moderada en promedio) junto a bajos niveles de consumo en el lado de la demanda. La desigual eficiencia fragmentaria de la producción de alimentos va a la par de la ineficiencia reproductiva. Por eso, el hambre y la desnutrición que sufren millones de personas en nuestro continente no tiene su origen principal en la ineficiencia para producir alimentos necesarios y suficientes para satisfacer sus necesidades, sino en un mercado agroalimentario transnacionalizado que ha tendido a especializarse y concentrarse en la satisfacción de la "demanda efectiva" que presentan grupos urbanos internos y masas de consumidores de los países industrializados.

¿Es la escasez de alimentos la causa del hambre?

Por mucho tiempo se nos ha querido hacer creer que la causa del hambre es la escasez de alimentos en el mundo. Nada más alejado de la realidad. Actualmente se producen 5.000 millones de toneladas de alimentos, cantidad más que suficiente para alimentar a todos los habitantes humanos del planeta. Si esa cantidad se distribuyera equitativamente entre la población mundial -asumiendo 6.400 millones de personas, 800 mil más que las que hay ahora-, habrían recibido una dieta de 2.350 calorías diarias durante un año. La FAO coloca en 2.200 la cantidad de calorías diarias mínimas que debe obtener un ser humano para vivir normalmente. De manera que 2.350 calorías son más que un nivel suficiente.

Es evidente, entonces, que el hambre que azota a la sociedad global poco o nada tiene que ver con la escasez de productos alimenticios. Es éticamente imposible negar esta realidad, menos aún ante la emergencia de una de las características más espeluznantes de la estructura agroalimentaria mundial: la coexistencia del hambre con la sobrealimentación. Por primera vez en la historia, el número de personas sobrealimentadas en el mundo (1.100 millones) compite con la cifra de las subalimentadas, según el Worldwatch Institute(10).

Es una amarga ironía constatar que mientras algunos países en desarrollo siguen esforzándose por reducir el hambre, otros afrontan la obesidad; o que un número creciente de países atrasados se esté uniendo a las filas de los países que afrontan el problema de la obesidad. Un estudio realizado en 1999 por las Naciones Unidas descubrió que el problema de la obesidad está presente en todas las regiones en desarrollo, aumentando aceleradamente, incluso en países donde hay hambre. En China, el número de personas sobrealimentadas pasó de menos del 10% al 15% en apenas tres años. En Brasil y Colombia la cifra es de alrededor del 40%, nivel comparable con el de diversos países europeos. Incluso en el Africa subsahariana, donde vive la mayoría de las personas que sufren hambre, la obesidad está aumentando, sobre todo entre la población urbana femenina(11).

La coexistencia de igual número de personas sobrealimentadas con personas subalimentadas se alcanza después que la producción mundial de alimentos casi se triplicó en el último medio siglo. Este aumento supone grandes desigualdades que se manifiestan en importantes cambios en los mercados mundiales. Uno de ellos es la transformación de los países en desarrollo en importadores netos después de haber sido exportadores netos en vísperas de la segunda guerra mundial. La UNCTAD subraya que "mientras los países en desarrollo eran casi autosuficientes en alimentos en la década de 1950, para 1970 importaban de 15 a 20 millones de toneladas de alimentos básicos, de los cuales la mitad era en forma de ayuda alimentaria".

Las cosas han empeorado desde entonces ya que, por un lado, la ayuda alimentaria se ha reducido drásticamente y, por otro, el mercado de cereales ha tendido a diferenciarse aún más, favoreciendo claramente a Estados Unidos, que es el mayor productor en el mercado mundial. De acuerdo al Worldwatch Institute, "los países importadores de cereales, la gran mayoría en la actualidad, han pasado a depender peligrosamente de los Estados Unidos en casi la mitad de sus importaciones de cereales"(12, p.48). La concentración de la dependencia ocurre en cada uno de los tres principales granos (trigo, arroz y maíz). En opinión del mismo Instituto, cambios climáticos bruscos, como el sucedido en los propios Estados Unidos en 1988, podrían provocar un verdadero caos en los mercados mundiales de cereales. Ello se traduciría en alzas de precios que podrían llevar a incrementar dramáticamente la pobreza en los países importadores de alimentos en un período tan corto de tiempo como ningún otro en la historia. El consecuente aumento del hambre se concentraría en las ciudades del Tercer Mundo(12, p.45).

Esta triste realidad ha puesto en tela de juicio los fundamentos mismos de la teoría neoclásica y neoliberal en la medida en que se reconoce que los bienes alimenticios, además de ser abundantes, están mal distribuidos; por lo que no es correcto explicar las crisis alimentarias o hambrunas exclusivamente a partir de bajas en la producción. De acuerdo a Sen, "...estudios empíricos de algunas de las recientes grandes hambrunas confirman que éstas pueden desarrollarse incluso sin una caída general en la disponibilidad de alimentos"(13). Para este autor, el efecto de la acción de las instituciones y los mercados, así como la ausencia de políticas destinadas a contrarrestar dichos efectos, son los factores determinantes de las hambrunas. Pero los promotores de la ideología neoliberal parecieran no preocuparse mayormente de la realidad latinoamericana y mundial antes descrita o de opiniones como las de Sen. Lo relevante para ellos es que estamos caminando hacia un mercado perfecto donde no existirán esos problemas; mientras tanto algunos tendrán que hacer sacrificios.

Tautología mercantil y moral de mercado

El neoliberalismo actual entiende de una manera completamente nueva y dogmática la idea del automatismo de mercado planteada por Smith9 Las crisis alimentarias o económicas no son consecuencia de las políticas de liberalización y apertura externa que buscan implantar el automatismo del mercado (agrario), las que hay que enfrentar con correcciones del mercado e intervenciones estatales, sino que son consecuencia de una implementación insuficiente de esas mismas políticas y, en consecuencia, del mismo automatismo de mercado. Ya no se debe corregir el mercado (agrícola) en nombre de la necesidad real alimentaria, sino que ella se debe adaptar a las necesidades del mercado. Así, la seguridad alimentaria, de ser un fin, se transforma en un medio del mercado.

Por lo demás, el mercado es considerado como una institución perfecta, una societas perfecta que logra su perfección por su totalización. Si el mercado alimentario fuera perfecto, no habría inseguridad alimentaria. Lo que hace falta es solamente imponerlo en términos totales y perfectos.

No obstante, como ha quedado de manifiesto en este trabajo, el automatismo del mercado y sus políticas de liberalización económica no han logrado hasta ahora que la realidad (agraria) latinoamericana se adapte totalmente a sus designios. Por el contrario, tales intentos han retardado la conformación de una demanda efectiva al agravar las desigualdades sociales, y con ello han terminado agudizando la inseguridad alimentaria. De esta forma, el automatismo del mercado es completamente tautologizado: de las crisis que el mercado origina se concluye que hace falta más mercado.

"El automatismo del mercado tautologizado es absoluto, y prosigue su camino agresivo de manera más radical aún"(14, p.188-9). No importan los costos sociales y económicos actuales, ni la pobreza ni el hambre, lo que importa es la promesa del futuro. "En nombre de la cual cada paso destructivo del sistema es celebrado como un paso inevitable a un futuro mejor". Es la utopía que "anuncia la destrucción como el camino realista de la construcción"(15, p.82-3).

Si se acepta que el mercado es perfecto -"un orden" natural, espontáneo, no-intencional-, debe también aceptarse que no necesita intervención voluntaria. Surge así la concepción minimalista del Estado que proviene de Smith y que ya todos conocemos. En ésta, las funciones del Estado se restringen a velar por el orden interno, vigilar las fronteras y ocuparse de aquellas empresas necesarias para la acumulación, pero no atractivas para los empresarios privados. Bajo tales términos, el único Estado legítimo es aquel que no "interviene" en la vida económica (mercado) o bien que actúa precisamente para eliminar todos los obstáculos a la libertad del mercado (políticas de liberalización y apertura)10.

Si el Estado rebasa las funciones señaladas, por ejemplo interviniendo en la reducción de la inseguridad alimentaria, está llevando a cabo una acción ilegítima que "distorsiona" el "libre" juego de las fuerzas del mercado. No sólo eso, para los neoliberales la intervención del Estado sólo males trae para quienes se pretende favorecer, puesto que provoca los efectos contrarios a los que se propone11

Según Hayek, el sistema de mercado no necesita la intervención externa (Estado), pero sí requiere de un fundamento para su funcionamiento. Este fundamento es el orden moral vigente, transmitido por tradición, que da los hábitos e instituciones sobre los cuales los mecanismos de mercado se realizan y cuyas normas básicas son el respeto por la propiedad privada y el cumplimiento de contratos. "Estas normas constituyen a la vez el mercado. No puede haber un mercado que posteriormente recurra a tales normas éticas. El mercado no existe si estas normas no están institucionalizadas en él" (15, p.170). Esto es, no hay distinción posible entre el orden de mercado y sus normas morales. Incluso la moral meramente individual se disuelve en este "orden extenso" (o moral social). En el fondo se trata de otra tautología.

Lo paradójico es que Hayek fundamenta la moral vigente tomando como razón "la sobrevivencia de la humanidad". La eficacia y factibilidad del sistema de mercado competitivo queda demostrado gracias a la sobrevivencia de los miembros de la civilización actual. La vida es la premisa mayor del argumento(15, p.104). Con ello Hayek se expone a que con este mismo fundamento se pueda colocar en cuestión la moral vigente de manera muy fácil. Bastaría señalar los más de mil millones de personas que hoy sufren la pobreza y el hambre en el mundo, y los millones que mueren anualmente a causa de ello, para concluir que el mercado es a todas luces inmoral.

Claro que Hayek se cuida de precisar que cuando se refiere a la vida, no lo hace con respecto a todas las vidas. En verdad, Hayek llega al extremo de afirmar que "una sociedad libre requiere de ciertas normas que en última instancia se reducen a la mantención de vidas: no a la mantención de todas las vidas porque podría ser necesario sacrificar vidas individuales para preservar un número mayor de otras vidas. Por lo tanto las únicas reglas morales son las que llevan al 'cálculo de vidas': la propiedad y el contrato"(16, p.88).

Esa afirmación, junto con constituir una nueva falacia(16, p.89)12, supera la ideología del liberalismo clásico, según la cual el mercado, con la ayuda de una "mano invisible", realiza algún interés general (el interés propio lleva al beneficio común). Desaparece la hipocresía de ese tipo de liberalismo; ahora se puede decir abiertamente lo que el mercado es: para que el mercado (sociedad) sobreviva, puede ser necesario que algunos seres humanos sean sacrificados. Es decir, Hayek no sólo reconoce cínicamente la incapacidad del mercado para asegurar la sobrevivencia de todos sus miembros, sino que incluso eleva esta condición a la categoría de necesidad, a un deber ser. Trasladando esta aseveración de uno de los padres del neoliberalismo al campo de la seguridad alimentaria, se podría deducir que no toda la población mundial está incluida en sus planes.

La persistencia del hambre: dilemas para la moral y la ética

A partir de las reformas estructurales y de la liberalización económica, el magro crecimiento de la agricultura y la agravación de los viejos problemas sociales del sector (la pobreza rural, la indigencia, la concentración de la tierra y la migración rural-urbana) han llevado a desafiar la sustentabilidad del actual modelo de desarrollo agrícola y rural fundamentado en el neoliberalismo.

Peor aún, los gobiernos de la Región, siguiendo la lógica del pensamiento dominante (Estado mínimo), renunciaron al diseño de políticas para el sector agrícola -y para la seguridad alimentaria-, traspasando esta responsabilidad al mercado, o más precisamente a la oferta o a parte de ella (grandes productores nacionales o transnacionales). Pero el propio mercado absorbió y supeditó la seguridad alimentaria, convirtiéndola en un medio más de sus propios objetivos, principalmente exportadores. El resultado obvio será el incumplimiento de los compromisos asumidos por los gobiernos latinoamericanos -y del mundo- en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996: reducir el número de personas hambrientas en el mundo a 400 millones antes del año 2015.

Lograr ese objetivo se ve cada vez más lejano, por no decir casi imposible, de continuarse con los actuales esquemas mercantiles promovidos por el neoliberalismo. Con la disminución anual de 6 millones de personas hambrientas registrada hasta ahora, harían falta 60 años para alcanzar la meta propuesta. Si se persiste en la meta original, la reducción anual necesaria ya no son 20 millones sino 22 millones, una cifra mucho más difícil de obtener13.

El panorama se complica cuando las condiciones económicas y sociales son adversas. Es el caso de América Latina, que ha sufrido tres grandes crisis en los últimos siete años, con altos costos sociales: la "deuda social" se ha incrementado recientemente. Las perspectivas de América Latina son sombrías, una gran parte de su población tiene múltiples carencias. Nuestras sociedades no pueden garantizarles a todos sus miembros la ocupación estable y el sustento digno, que les permita un acceso seguro a una alimentación suficiente y sana. El colapso argentino es una prueba dramática de todo esto.

Más allá, el escenario mundial tampoco es muy alentador, dado el ciclo recesivo por el que atraviesa la economía global. Por su parte, la producción de cereales, después del peak de 1984, ha exhibido un menor ritmo de crecimiento, incluso por debajo de las tasas de variación de la población mundial. Se suma a ello la nueva realidad de la pesca extensiva y la ganadería que ya no podrán seguir contribuyendo como antes a la oferta mundial de alimentos. Además, la escasez de agua y tierras cultivables avanza a pasos agigantados en varias regiones del planeta. Por otro lado, la gran mayoría de los pobres del mundo sobreviven en países donde la población continúa creciendo rápidamente(12). Según proyecciones de las Naciones Unidas, la población mundial se incrementará desde 6 mil millones en el presente a casi 9 mil millones en el 2050.

También se ve bastante lejana la realización plena del derecho a la alimentación, aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 21 de abril del año pasado. Este derecho es entendido desde entonces como uno de los Derechos fundamentales del ser humano, y considera al hambre como un "ultraje y una violación de la dignidad humana"14. Sin embargo, "la capacidad de alimentarse no es sólo un problema de derechos sobre los alimentos, sino que depende también de otros bienes y servicios como los sanitarios, médicos y educativos"(17). No sólo eso, la ausencia de condiciones para poder garantizar el ejercicio efectivo de los derechos, inhibe el desarrollo de las capacidades y conduce a una inserción precaria de importantes sectores de la población urbana y rural. Al carecer de las dotaciones iniciales mínimas, la pobreza priva a los individuos de la posibilidad de acceder a una alimentación sana y suficiente.

En síntesis, para avanzar de manera efectiva en la seguridad alimentaria y en el ejercicio efectivo del derecho a la alimentación se requiere modificar radicalmente las determinantes básicas de la pobreza y el hambre, a través de políticas agresivas que cuestionen el "adentro" y que afecten la distribución primaria del ingreso. Por esta razón, la seguridad alimentaria no puede ser abordada desde una teoría que no contempla el problema de la distribución(18)15, que no acepta otro derecho que no sea el del mercado -ya que los propios derechos humanos son distorsiones del mercado-, que no considera a todos los seres humanos en su proyecto, que no es sustentable en términos de asegurar la reproducción de las fuentes de la riqueza (el trabajo del ser humano y la naturaleza) y que exonera al Estado (y a los organismos multilaterales) de su misión de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos, como el derecho a la alimentación.

Menos aún, la seguridad alimentaria puede ser abordada desde una teoría "irracional", que define el bien independientemente de lo correcto, no permitiendo con ello la evaluación de las consecuencias de su implementación. ¿De qué sirve una teoría que es un sistema perfectamente autorreferencial? En definitiva, ¿a quién beneficia un sistema que en su implementación implacable niega la propia moral que dice tener?

El proyecto de globalización o de totalización del mercado ha entrado abiertamente en conflicto con el bien común, como concepto ético que expresa la necesidad de asegurar las condiciones de posibilidad de la vida humana. Es una ética de la vida y no una ética de los valores. Tiene valor aquello que reproduce la vida. Es la ética que falta para fundar la seguridad alimentaria y el derecho efectivo a la alimentación.

Notas

1 En este caso pareciera no aplicarse la concepción del Estado mínimo, ya que los gobiernos han "fomentado las exportaciones no tradicionales mediante la adopción de medidas especiales tales como exenciones tributarias, reintegro de derechos aduaneros (drawback) y certificados de abono tributario, y prestaron apoyo también para el mejoramiento de la competitividad, el desarrollo de nuevos productos y la investigación de nuevos mercados".

2 Según datos elaborados por América Economía del 29 de julio de 1999, de las 500 empresas multinacionales más importantes de América Latina, 73 correspondían a la producción de alimentos, bebidas, cervezas y tabaco, así como a la transformación agroindustrial. Cabe notar que de esas 73 empresas, 25 son de propiedad privada extranjera y 48 son de propiedad privada local. La importancia que adquieren las empresas transnacionales latinoamericanas en el mercado regional o mundial constituye un rasgo distintivo de la globalización.

3 América Latina y el Caribe han presentado a lo largo de la historia los índices de concentración de la tierra más elevados del mundo.

4 Habría que señalar que los precios de exportación de los principales productos agrícolas de la región (café, algodón, azúcar, soya, trigo, arroz y maíz) muestran violentas alteraciones; con drásticas caídas en los años ochenta que continuaron hasta los inicios de los noventa, seguida de una significativa recuperación a partir de 1993, que alcanzó su punto más alto en 1997, y de un descenso fuerte durante la crisis asiática, que sólo se frenó en el curso del año 2000. Esto no hace más que confirmar la tendencia al deterioro de largo plazo de los precios reales de la agricultura.

5 Desde 1996 a la fecha, excepto en el 2000, se han repetido los déficit en la balanza comercial. Fue de cerca de 8.000 millones de dólares en 1996, y un poco más de 22.000 millones en el 2001.

6 Indigentes son las personas cuyos ingresos son tan bajos que aunque se destinaran íntegramente a la compra de alimentos, no permitirían satisfacer adecuadamente las necesidades nutricionales de todos los miembros del hogar.

7 En efecto, en 1999 habían 7.6 millones de personas pobres y 0.6 millones de indigentes más con respecto a 1997. Eso no es todo, la pobreza e indigencia actual (300.8 millones de personas o 62.3% del total) también es superior a la de 1980: 2.001 millones de personas o 59,1% del total.

8 Cabe agregar que, aún cuando la relación parezca muy lejana o inexistente, los problemas de empleo, salarios y distribución del ingreso también están relacionados con la globalización y con la muy rápida e incondicional apertura unilateral de las economías de la Región, así como con los procesos de reprimarización y desindustrialización que caracterizan a dichas economías.

9 Este punto es tratado con detención por Enrique Dussel (1999): Ética y mercado en la perspectiva ética de la liberación; en Ética y Economía; José Luis Estrada y otros (Coordinadores); Ediciones Plaza y Valdés, México. Para Hayek, el mercado regido por la "mano invisible" en Smith es ahora una condición de posibilidad ontológica del conocimiento suficiente de todo lo necesario para poder operar (para "ofrecer" lo ofertado o "preferir" lo demandado). Ello es posibilitado por los "precios" que nos entrega el mercado de competencia perfecta (sin monopolio o coacción alguna).

10 Los planteamientos de Hayek y Friedman sirvieron de fundamento doctrinario para el "desmantelamiento" del aparato social del Estado Benefactor que se conformó apoyándose en las concepciones keynesianas y neokeynesianas y, en América Latina, también al amparo de ciertas corrientes "desarrollistas" derivadas de escuelas de pensamiento como la CEPAL.

11 Así, por ejemplo, una política estatal orientada a reducir los niveles de pobreza mediante la fijación de un salario mínimo, consigue sólo distorsionar las fuerzas del mercado, ya que presiona artificialmente hacia un aumento salarial, lo que incrementa el desempleo y, con ello, la pobreza.

12 "Hay que sacrificar vidas individuales hoy, para que mañana puedan vivir muchos más. Pero mañana eso valdrá igual: habrá que sacrificar vidas, para que pasado mañana vivan más y así sucesivamente".

13 Es importante notar que esta reducción media, pues esconde el hecho de que sólo el 32% de los 99 países analizados registró un descenso de la cifra de personas subnutridas entre 1990-92 y 1997-99 (de 116 millones de personas), mientras que el número no bajó e incluso aumentó en 77 millones de personas en los otros países en desarrollo.

14 A nadie se le escapa que el derecho a tener una alimentación básica para llevar una vida plena, es un derecho esencial. Sin embargo, la aprobación de esta resolución no contó con el voto favorable de la primera potencia mundial, los Estados Unidos.

15 Debe tenerse presente que el neoliberalismo también ha asimilado los principios fundamentales de bienestarismo utilitarista: el bien hedonista guía el comportamiento individual. Desde esta perspectiva no es relevante la dotación inicial de las personas que participan en el mercado. Y, por consiguiente, no importa que la capacidad de compra de quienes llegan al mercado sea muy desigual. Por lo demás, el utilitarismo al no considerar las capacidades de los individuos, termina concentrándose únicamente en los resultados. Desconoce que la maximización de las utilidades individuales puede darse dentro del marco de profundas y fundamentales desigualdades. Dicho de otra manera, la agudización de las carencias (alimenticias) de un grupo importante de la población es compatible "moralmente" con la maximización de la suma de utilidades del conjunto de la sociedad.

Referencias

1. Vallespín F. Nuevas teorías del Contrato Social: John Rawls, Robert Nozick y James Buchanan. España: Alianza Editorial; 1985.

2. Food and Agriculture Organization of the United Nations. El espectro de la malnutrición. Roma: Centro de Prensa FAO; 2001.

3. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Desnutrición en los países desarrollados. Roma: Centro de Prensa FAO; 1999.

4. Hart K. Informal income opportunities and urban employment in Ghana. Journal of Modern African Studies 1973; 2: 61-89.

5. Mires F. El discurso de la miseria o la crisis de la Sociología en América Latina. Venezuela: Nueva Sociedad; 1993.

6. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Desarrollo rural en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL; 2001.

7. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2001. Santiago de Chile: CEPAL; 2002.

8. Rubio B. Explotados y excluidos. México: Plaza & Valdés; 2001.

9. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Panorama social de América Latina, 2000-2001. Santiago de Chile: CEPAL; 2001.

10. Gardner G, Halweil B. Underfed and overfed: the global epidemic of malnutrition. Worldwatch Paper 150; 1999.

11. Food and Agriculture Organization of the United Nations. La nueva carga del mundo del desarrollo: la obesidad. Roma: FAO; 2002.

12. Worldwatch Institute. The state of the world 2001. Washington: Worldwatch Institute; 2002.

13. Sen A. Poverty and famines: an essay on entitlement and development. New York: Oxford University Press;1982.

14. Hinkelammert FJ. Democracia y Totalitarismo. Costa Rica: DEI; 1987.

15. Hinkelammert FJ. El Nihilismo al desnudo. Los tiempos de globalización. Santiago de Chile: LOM Ediciones; 2001.

16. Hinkelammert FJ. Crítica de la razón utópica. Costa Rica: DEI; 1984.

17. Sen A. Los bienes y la gente. Revista de Comercio Exterior, México 1983; 33(12): 11-20.

18. Demartino G. Global economy, global justice: theoretical objections and policy alternatives to Neoliberalism. London and New York: Routledge; 2000.

Claudio Lara Cortés
Economista Chileno. Docente de la Universidad Católica Raúl Silva Henríquez y Director de la Revista Economía Crítica y Desarrollo. Chile