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La democratización de la comunicación en camino




Enviado por Osvaldo León


Partes: 1, 2

    1. El Gran
      Hermano
    2. Nuevos
      protagonismos
    3. ¿Dictadura
      mediática?
    4. Un
      movimiento que avanza
    5. Hablando de
      derechos
    6. Plataforma
      común
    7. Bibliografía

    En los tiempos que corren, los derechos de comunicación y ciudadanía se ven confrontados a serias
    amenazas y restricciones emanadas de instancias de poder, pero a
    la vez se afirman en cada vez más amplios movimientos
    sociales y de opinión. De hecho, esta situación no
    es más que un reflejo de la tensión que está
    sacudiendo a la democracia
    misma.

    En América
    Latina y el Caribe, una serie de indicios apunta a
    señalar que se asiste a un momento de giros importantes
    que se dirimirán en el plano político, ante el
    generalizado malestar ciudadano por el déficit de la
    democratización y los impactos de las reformas
    neoliberales. En este marco está cobrando fuerza la
    demanda por la
    democratización de la
    comunicación.

    El Gran
    Hermano

    La primera víctima de la guerra es la
    verdad –y por ende el periodismo-,
    es una sentencia consagrada. La decisión del gobierno del
    presidente Bush de entablar una guerra indefinida contra el
    terrorismo,
    tras el atentado del 11 de septiembre de 2001 a las torres
    gemelas de Nueva York, ha confirmado tal sentencia, con la
    particularidad que en las circunstancias le sirvió de
    palanca para lograr que la opinión pública
    doméstica acepte la ecuación más "seguridad" a
    cambio de
    recortes en las libertades y derechos civiles consagrados, con
    serias repercusiones en materia de
    comunicación.

    La nueva Doctrina de Seguridad Nacional estadounidense
    adoptada nueve días después del atentado, define la
    actual estrategia de ese
    país con la cual se atribuye el derecho de guerra
    preventiva en cualquier lugar del mundo. Este concepto marca un giro en
    la política
    internacional, pues establece que en adelante sólo
    prevalecerá una nación
    soberana y que las demás y el derecho
    internacional tendrán que subordinarse a tal designio.
    Esto implica que cualquier acción
    adversa a Estados Unidos es
    susceptible de ser considerada como terrorista.

    El 26 de octubre 2001, Bush suscribe el Acta
    Patriótica que "otorgó a las agencias de
    inteligencia
    poderes ilimitados para la escucha de cualquier teléfono. A estas agencias también
    se les autorizó recopilar una amplia gama de información de varias instituciones
    públicas –escuelas, hospitales, instituciones
    financieras de crédito
    y otras, comunicaciones
    en Internet,
    establecimientos comerciales, entre otras- sin tener que revelar
    ante juzgado alguno ni una acusación criminal, ni el
    propósito y alcance de la investigación, con la sola condición
    que tenga que ver con una vaga sospecha de
    ‘terrorismo’
    ", escribe Ahmad Aijaz
    (2003).

    Desde entonces, se han multiplicado los mecanismos para
    controlar la información: agencias de propaganda
    para inundar a los medios de
    comunicación a nivel planetario (como la Office for the
    Strategic Influence, OSI), guerras
    psicológicas de nuevo tipo, "combate a Internet", etc.,
    para ganar la batalla de la opinión
    pública. Cabe subrayar que en esta escalada destaca la
    disposición de la Casa Blanca para lograr un control
    férreo de la Red de redes, que amenazaría
    su condición de espacio libre y abierto.

    Las consecuencias de estas políticas
    implementadas por la potencia mundial,
    por donde se lo quiera ver, no se han traducido en un mundo
    más seguro, pero
    sí en uno más atemorizado y disminuido en sus
    derechos.

    La otra cara de la misma moneda, en cambio, muestra la
    imposición cada vez mayor de políticas de
    liberalización y desregulación, sobre todo en
    materia de telecomunicaciones, orientadas a eliminar
    cualquier regulación o espacio estatal que pudiera
    interponerse a la expansión transnacional, conjuntamente
    con normativas que buscan preservar sus intereses, como es el
    caso de la novedosa interpretación de los derechos de propiedad
    intelectual promovidas en la
    Organización Mundial del Comercio.

    Asimismo, vemos que el proceso de
    concentración de la industria
    mediática y de la cultura sigue
    imperturbable, rigiéndose por criterios exclusivamente
    comerciales para los cuales lo que cuenta es el paradigma de
    consumidor/a por
    sobre el de ciudadano/a, por sobre el interés
    público. Y es así, por ejemplo, que la "diversidad
    cultural" ha pasado a reducirse en oferta de una
    gama de productos y
    servicios para
    satisfacer el "gusto" de los consumidores, quienes -por lo
    demás- son sistemáticamente monitoreados (incluso
    con recursos propios
    del espionaje) por especialistas para ubicar "nichos de mercado". Todo
    esto, cuando precisamente los media se afirman como un
    ámbito crucial en la configuración del espacio
    público y de la ciudadanía misma por el creciente
    peso que han venido adquiriendo en la definición de las
    agendas públicas y la legitimación de tal o cual debate.

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