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Periodismo y poder mediático

Parte de la problemática comunicacional actual de Bolivia tiene que ver con el sistema de medios, porque en el país predominan los de propiedad privada.

Hasta 1985, solo había un canal estatal y ocho canales universitarios de televisión. Ese año comenzó un boom de canales comerciales, que hoy son 194, de los cuales 66 están en el área urbana y 128 en provincias. Los periódicos y revistas aumentaron en los últimos años de ocho a 51, 24 se editan en La Paz y ocho en Santa Cruz.

También las emisoras de radio tuvieron un desarrollo inusitado, ya que en pocos años pasaron de 150 a 805, 160 transmiten en AM, 614 en FM y 31 en onda corta, la mitad trabaja en capitales de departamento y la otra mitad en provincias. Además, existen 10 agencias de noticias y 45 portales periodísticos.

Los medios de comunicación del país están en pocas manos. Existen dos grandes conglomerados mediáticos: El grupo Prisa, de origen español, que controla los diarios La Razón, El Nuevo Día, Extra, la red de televisión ATB. Y el Grupo Líder, de las familias Rivero-Canelas propietario de los diarios El Deber, La Prensa, Los Tiempos, Correo del Sur, El Potosí, Nuevo Sur, El Alteño, El Norte, Gente y un 40 por ciento del canal PAT. Además las familias Monasterios, Kuljis, Durán y Asbún controlan diversos medios escritos y televisivos.

Según la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP), las licencias que se otorgaron en años anteriores a radios y canales de televisión propiciaron el monopolio de la información para un grupo de empresarios vinculados a intereses transnacionales, de la agroindustria y de la banca.

Existen medios de comunicación que pertenecen a la iglesia católica y otras iglesias, al Estado, a sectores de la sociedad civil, así como a universidades estatales y privadas. La Iglesia Católica cuenta con 42 radios, 10 canales, dos agencias de noticias, 10 productoras de video, casas editoriales y librerías. La novedad es el surgimiento de radios municipales que están interconectadas a través de una red informática en casi todos los municipios del país.
Para contrarrestar a los medios que considera contrarios, el gobierno quiere ampliar el número de emisoras de radio ligadas al Estado, y revertir a su favor la correlación de fuerzas, sumando a Radio Patria Nueva, antigua radio Illimani; al canal 7, Televisión Boliviana; a la Agencia Boliviana de Información (ABI); una red de 30 radioemisoras comunitarias, nueve de las cuales ya están en funcionamiento y a cuya instalación cooperó con recursos económicos y técnicos el gobierno de Venezuela.

Gobierno y medios de comunicación

Desde 1985, año en que Bolivia retornó a la vida democrática, algo que caracterizó al país fue el respeto que las diferentes gestiones gubernamentales tuvieron por la libertad de prensa. De hecho, no se produjeron atentados o restricciones graves contra el derecho consagrado en el artículo 7, inciso b, de la Constitución Política del Estado.

Sin embargo, profundizando en la relación del gobierno de turno con los medios de comunicación, se constata que desde su discurso de posesión, en enero de 2006, el presidente Evo Morales se mostró muy crítico con los medios cuando arremetió contra la cadena privada de televisión Unitel, denunciando a sus propietarios como "terratenientes" y opuesta a los revolucionarios cambios que implementa su gobierno.

"El presidente Evo Morales realizó una serie de duras declaraciones contra los medios de comunicación social, acusándolos de manipular la información para causar la pérdida de credibilidad entre la población. Incluso individualiza su invectiva contra algunos medios televisivos y periodistas en particular, sosteniendo que se trata de una conspiración para derrocarlo", afirma el analista Orlando Mercado.

Adicionalmente, Morales afirmó en varias oportunidades que su gobierno era víctima del terrorismo mediático, aunque sin concretar sus acusaciones. A él se sumó el vicepresidente Álvaro García Linera, indicando que los cambios políticos y sociales eran objeto de sistemáticos ataques por parte de los medios de comunicación, controlados por sectores de poder económico y por los partidos que ahora se encuentran en la oposición.

El gobierno del MAS no se cansa de repetir que se está conjurando en contra suya para acabar con la denominada "revolución democrática cultural" que encabeza su líder Evo Morales. Sus seguidores reiteran que Bolivia está frente a una nueva realidad, en la cual los excluidos por 514 años tomaron las riendas del poder, pero que los medios de comunicación ni comprenden ni apoyan esta nueva situación.

En varias movilizaciones, marchas y protestas, también los denominados "movimientos sociales" afines al gobierno del MAS, evitaron la presencia de algunos canales de televisión y emisoras de radio por considerarlos contrarios al Presidente Morales.

El Sindicato de Fotoperiodistas del país congregó en La Paz a diferentes organizaciones gremiales y profesionales de periodistas, preocupados por el recurrente maltrato de que son objeto fotógrafos, camarógrafos y reporteros que realizan cobertura en los conflictos sociales, para pedir garantías al gobierno y a la policía.

"Los periodistas de medios públicos, o favorables al presidente Evo Morales, se encuentran en peligro en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, donde la oposición, mayoritaria, esgrime amenazas autonomistas. En contrapartida, los partidarios del gobierno de La Paz no deben ceder a la tentación de adoptar represalias contra los medios de comunicación privados y de oposición", destacó la organización Reporteros sin Fronteras.
"Parecería que a algunas autoridades les molesta que los periodistas informen tal como ocurren los sucesos y no como el gobierno y su base social quisieran que lo hagan", señaló el director de la Agencia de Noticia Fides, José Gramount.

Cualquier cobertura informativa contraria al gobierno lleva a que el Presidente insista en que la prensa está en su contra. "¿Acaso los empresarios no más tienen derecho a tener televisión? Nosotros los hermanos aymaras y quechuas también tenemos derecho a tener radio y televisión, compañeros, y ahí también diremos la verdad ante el mundo", declaró en mayo de 2006 Evo Morales.

Como parte de la llamada "revolución democrática y cultural", el gobierno pretende fortalecer los medios estatales y fundar nuevos, para avanzar en la difusión de las reformas políticas, sociales y económicas.

Además, un parlamentario del MAS impulsa una ley que puede remover las estructuras de la prensa nacional y evitar los "excesos" que cometen -según el proyectista- algunos medios de comunicación.

El diputado del MAS y ex presidente de la FELAP, Iván Canelas, aclaró que la propuesta no implica modificar la vigente Ley de Imprenta de 1925, es un proyecto que busca aprobar una Ley de Medios de Comunicación, que incluya un reglamento de funcionamiento para los canales de televisión, un Consejo Nacional de Ética y un Observatorio de Medios.

De lo que se trata es que los periodistas cumplan una labor mucho más efectiva, sin coartar la libertad de prensa, dándole la mayor libertad posible al medio y al periodista para que actúen con responsabilidad.

Inmediatamente, las cúpulas del MAS en el Congreso y en el Ejecutivo trataron de distanciarse del polémico proyecto. "La propuesta del diputado Iván Canelas, periodista muy reconocido, es una iniciativa personal", aclaró el presidente de los Diputados, Edmundo Novillo. El portavoz gubernamental, Alex Contreras, señaló que el planteamiento de Canelas es "individual" y subrayó que la propuesta no nació en el Poder Ejecutivo.

La prensa frente a Evo Morales

Profundizando esta realidad, es importante mencionar lo que la prensa escribió sobre algunas decisiones importantes del mandatario boliviano durante su gestión gubernamental.

Un estudio del Observatorio de Medios de la Agencia Periodística del MERCOSUR, efectuado a fines del 2006, mostró que "un sector de la prensa se ha dedicado sistemáticamente a boicotear cuanto proceso de cambio se ha gestado desde el gobierno de Evo Morales".

Se analizó la cobertura periodística que cuatro diarios bolivianos hicieron de hechos trascendentales como la Asamblea Constituyente, la Reforma Agraria, las negociaciones con las petroleras en el marco de la nueva Ley de Hidrocarburos y el acuerdo con los mineros de Huanuni. Se concluyó que, "en general, las notas se tornaron agresivas, apuntando contra las políticas de gobierno de Morales desde varios ángulos: intereses de las empresas privadas, mal funcionamiento de las compañías adquiridas e incapacidad estatal para administrar los recursos nacionalizados, debilidad de Morales ante la 'influencia' de los presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro, poco diálogo con la oposición, cierto grado de 'autoritarismo', entre otros".

Asimismo, se determinó que en la mayoría de los casos las críticas se debían a intereses corporativos de los multimedios, como en el caso del Grupo Prisa, cuyos vínculos con la empresa petrolera española Repsol motivaron su posicionamiento a favor de las transnacionales del petróleo y en contra de Evo Morales.
Por otra parte, el estudio pudo comprobar que, en los medios de ambos grupos (Líder y Prisa), la mayoría de las notas firmadas se dedicaron a contrastar las voces de los distintos sectores políticos, mostrando clara preferencia por la oposición, aunque algunos evitaran el juicio de valor directo. Es decir, se apropiaron de las voces de la oposición para hacer las críticas a la gestión de Evo Morales.

Por todo lo visto, se puede concluir que la relación de los medios de comunicación con el gobierno boliviano del Presidente Evo Morales no es fácil, y a corto plazo continuarán las dificultades por los diferentes puntos de vista que tanto los medios como el gobernante tienen sobre el papel que estos deben desempeñar.
Los bolivianos podrán continuar gozando de la libertad de prensa siempre y cuando las tensiones no se agraven y desde el Palacio de Gobierno se permita informar sobre las actuaciones públicas, sean éstas acertadas o equivocadas.

En la medida en que el gobierno boliviano presente una estrategia comunicacional se podrá observar si la misma es de confrontación o de diálogo con los medios de comunicación que no controla, o si más bien trata de influir en la opinión pública a través de medios propios.

 

Ronald Grebe,

boliviano, periodista, en la década de 1980 fue editor de Chasqui, actualmente integra el Instituto PRISMA y acaba de editar la obra Política, Ética y Comunicación.

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