- Cabilderos
privados en nombre del interés
público - Convergencia
tecnológica, divergencia
monopólica - La
dúctil institucionalidad de la
reforma
Hasta hace poco tiempo
México
contaba con un marco legal para los medios
sancionado en 1960. A lo largo de la segunda mitad del siglo
XX hubo diversos intentos de reforma, pero ninguno tuvo el
alcance y la expectativa como la aprobada el 21 de marzo del
2006. En 1980, los diputados intentaron cambiar la Ley de Radio y TV sin
éxito.
Para 1997, el Congreso Mexicano propuso una Ley de Comunicación
Social, conocida como "Ley Mordaza", que no pasó. Para
el 2001, ya en el gobierno de
Vicente Fox, se realizaron consultas para la Reforma Integral de
los medios de
comunicación y cuyo único cambio fue la
reducción del tiempo que los medios pagan al Estado por
cuestiones legales y fiscales.
Los cambios políticos y sociales ocurridos en 46
años volvieron imprescindible una reforma de fondo, donde
se acotaran la discrecionalidad del Estado en el otorgamiento de
las concesiones, la necesaria regulación de la
correspondencia social de la programación y la rendición de
cuentas de los
gastos que los
partidos y el propio gobierno ejercen en la
contratación de campañas mediáticas para
construir una opinión
pública favorable a sus
intereses.
Otra razón que llevó a proclamar la
urgencia de una reforma legal fue la fuerza
expansiva de las telecomunicaciones. El viejo concepto del
espectro radial o televisivo ya no corresponde hoy con la
convergencia tecnológica de redes que brindan servicios por
un único medio: Internet, televisión, telefonía, etc. que están al alcance
de un usuario de manera simultánea. Muchos países
están ahora impulsando la llamada convergencia de redes y,
ante ello, los concesionarios en México se encontraban en
desventaja competitiva al no contar con un marco legal para la
transferencia tecnológica.
El anteproyecto de
modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la
Ley Federal de Radio y Televisión tuvo como propósito dar
respuesta a las necesidades y demandas anteriores. Durante
más de dos años y medio se llevaron a cabo
consultas con organizaciones
sociales, organismos estatales, concesionarios, representantes de
los medios, etc. El anteproyecto presentado en octubre del 2004
generó grandes expectativas. En lo general, se planteaba
el carácter prioritario de la radio y
televisión como medios masivos necesarios para la
comunicación, información y expresión de la
sociedad
mexicana, así como incentivar los cambios
tecnológicos.
- En lo particular, se eliminaba la
asignación directa de las concesiones por parte del
Estado, y se establecían candados para evitar
monopolios, al imponer a un operador un tope máximo de
35 por ciento del total de la cobertura o de los ingresos del
sector en una plaza. - Los partidos
políticos contratarían su propaganda
directa con los medios, en este caso sería el Instituto
Federal Electoral encargado de ello. La equidad y el
favoritismo en la propaganda se garantizaban de esta
manera. - Por ultimo, desaparecerían las distintas
instituciones reguladoras de los medios actuales
(Comisión Federal de Telecomunicaciones COFETEL y
Comisión Federal de Competencia COFECO) para dar lugar a un
Consejo Nacional de Telecomunicaciones, con el mandato claro de
evitar monopolios y regular las disputas en el sector. Dicho
Consejo estaría integrado por ciudadanos reconocidos,
cuyo nombramiento y duración trascendiera los tiempos
del cambio de gobierno.
Todo apuntaba a un consenso general de todos los
actores, pero los tiempos electorales y la disputa interna entre
los concesionarios condujeron a una seria polémica entre
las partes que casi paralizó los trabajos legislativos.
Diversos analistas daban por sentado que la discusión y
aprobación del anteproyecto quedaría pendiente
hasta la siguiente administración federal, debido a la
cercanía del proceso
electoral del 2 de julio del 2006.
Sorprendentemente, el 1 de diciembre del 2005 se
presentó un dictamen diferente al discutido a lo largo de
los dos años anteriores, sin tomar en cuenta las 1.410
propuestas hechas durante ese tiempo. Aún más,
dicho dictamen fue votado por unanimidad por todos los partidos
políticos, sin el respaldo de los actores que
habían participado en las consultas y foros, y ratificado
por mayoría en el Senado de la República el 21 de
marzo del 2006. El Partido de la Revolución
Democrática (PRD) argumentó a su favor que no
leyó con cuidado la minuta que ese día se
aprobó por unanimidad.
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