- La responsabilidad del
Estado - Desregulación de mercados
y privatización - El
Estado intervencionista - Agenda
sistémica y agenda gubernamental - Hacia una
"modernización del Estado" - La
regulación frente a la
privatización - Bibliografía
La
responsabilidad del Estado
Se dice muchas veces que el Estado es
responsable por acción
u omisión, esto implica que siempre tendría una
postura frente a una cuestión, como dijo Oszlak "El
estado es lo
que hace".
Torre por su parte considera que el proceso de
reformas es una batalla política por llevar a
cabo ciertos objetivos lo
que implica movilizar los apoyos sociales y capacidades
institucionales para implementar dichas políticas
y neutralizar a quienes se oponen a ellas. En todas las
experiencias lo que se demostró es que no alcanza
sólo con la mera voluntad política de llevar a cabo
las reformas, sino que es necesario para los líderes de
gobierno de
controlar los recursos
políticos e institucionales que les permiten iniciar las
políticas de reforma y luego sostenerlas en el tiempo a pesar
de las previsibles resistencias a
sus costos
distributivos del poder y del
ingreso. Es más que evidente que en un primer momento el
Estado logró la concentración de poder y la
autoridad
necesaria que le permitió abrir paso hacia el nuevo
patrón de desarrollo
centrado en el liderazgo de
la inversión privada y un mercado
abandonado por los mecanismos estatales de regulación
económica.
Por otra parte Oszlak, analizando la acción del
Estado dice que durante la década del ´90 no estuvo
ausente ya que no hubo una extinción del estado, sino
más bien que transmutó en lo que respecta a sus
funciones,
dejó de cumplir su rol de interventor para lograr una
mejor calidad
democrática y una menor desigualdad
social. La "supuesta" desaparición del estado, propone
Oszlak, se debe entender como una renuncia o incapacidad para
efectuar funciones bienestaristas, como la reencarnación
institucional del estado nacional en otros niveles territoriales
y políticos y como la redefinición de sus
modalidades de actuación (por ejemplo su papel de
cajero).
El estado como cajero resultante del
proceso de reformas y descentralización de las políticas
estatales, dirá Oszlak, concentra y asigna gran parte de
los recursos con un cierto grado de discrecionalidad. El estado
cajero "tendió a debilitar las capacidades locales de
generación de recursos propios y a someter excesivamente
los presupuestos
públicos a los avatares de la recaudación y el
endeudamiento publico". Esto provocó seguidos
déficits fiscales y fuertes condicionalidades de los
organismos multilaterales de crédito
con respecto al destino de los recursos de esa fuente. El
FMI y el
Banco Mundial,
principalmente pasaron a tener una injerencia directa en la
fijación de orientaciones políticas en las
diferentes áreas de la gestión
estatal, dirá Oszlak. Esta capacidad del estado de
controlar la asignación de recursos le otorgó un
mecanismo de negociación política.
Por último dirá Oszlak que durante la
década del ´90 el estado nacional se contrajo, al
desembarazarse de su aparato productivo (vía privatización), de sus órganos de
regulación económica (vía
desregulación), de muchas de sus funciones de apoyo
(vía tercerización), de la prestación
directa de la mayoría de los servicios
públicos (vía descentralización), de
fuertes contingentes de personal
(vía retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas) y de
una capacidad de decisión soberana (vía
internacionalización). Estas modificaciones fueron hechas
con el fin de achicar el aparato estatal para intentar generar un
"mejor estado" algo que no necesariamente se
logró.
Desregulación de mercados y
privatización
El estado nacional, durante la década del 90,
más que a ausentarse tendió drásticamente a
su minimización en torno a sus
funciones; esto se vio claramente en los procesos
privatizadores de las empresas del
estado (luz, agua, gas, telecomunicaciones, ferrocarriles, YPF,
etc.).
Para poder demostrar como Menem
logró controlar los recursos políticos e
institucionales que les permiten iniciar las políticas de
reforma, para ello primero logró frenar la
inflación mediante políticas estabilizadoras y
mediante la ley de
convertibilidad (por la cual se fijaba el precio de
1$=1U$S)lo que le otorgó un importante rédito
político interno y externo para luego poder abandonar las
banderas desarrollistas y distribucionistas, planteadas por
Torre, y abrazarse a la bandera propuesta por el Consenso de
Washington. Luego lanzó dos grandes reformas
estructurales: la Ley de Emergencia económica y la ley de
reforma del estado. Con esto buscaba producir grandes cambios
económicos: la desregulación de los mercados y el
fin de los subsidios públicos a la industria, la
liberalización del comercio y la
privatización de empresas estatales.
El fin buscado era la reducción del aparato
estatal para ello se aplicaron políticas para reducir el
personal del estado. Mediante la descentralización, las
provincias y municipios se constituyeron en fuertes empleadores
forzados por las medidas del gobierno nacional. Mediante la
tercerización el estado contrataba servicios de
apoyo tales como mantenimiento,
logística, transporte,
imprenta, etc.
tareas que antes de los ´90 las realizaban con personal
propio. Otros de los servicios que se transfirieron a las
provincias fueron los de salud y educación.
Para dudar de la presunta minimización del estado
se podría fundamentar desde el gasto con un aparato
más pequeño el estado tiene más gastos, esto
gracias a los empréstitos solicitados a los organismos
internacionales, según Oszlak el estado paga más
intereses de la deuda que salarios de los
empleados públicos(por cada peso paga $1,60 de
deuda).
La AFIP y la aduana tuvieron
un papel fundamental para este estado cajero, su función
era recolectar ingresos
públicos provenientes de los impuestos
vigentes, durante esta época hubo un aumento de la
alícuota del IVA, un
impuesto
regresivo que afecta a todos los consumidores por igual. Aunque
los flacos ingresos tributarios que percibía el estado
incrementaron el nivel de dependencia de los organismos
internacionales.
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