América Latina entre el narcotráfico y la dominación

"Si las drogas tienen tan devastador
efecto en Estados Unidos, piensen lo que pueden ocasionar en
democracias frágiles con economías inestables. No
puedo pensar en un asunto más importante para la
estabilidad de nuestro hemisferio que éste."
[1]

América
Latina entre el "narcotráfico" y la
dominación

Alejandro L. Perdomo Aguilera

La América Latina entre el narco y la
dominación, se encuentra ante una nueva encrucijada
imperial, tejida esta vez por los senderos del tráfico de
droga ilícitas (TDI) y otros delitos conexos, que
conmueven a la región, con el incremento de la violencia,
la inseguridad y los efectos para la gobernabilidad y el Estado
de derecho, que producen las guerras desatadas por el gobierno
estadounidense, en su cruzada antidroga.

Se calcula que el tráfico ilícito de
drogas a nivel internacional genera dividendos que superan los
320 000[2]millones de dólares anuales. En
la actualidad los EE.UU., por encima de otros actores globales,
entre los que se destacan la Unión Europea (UE) y Rusia,
es el principal mercado de drogas y el primer productor de armas,
suministrador por excelencia a los principales carteles de la
droga.

El panorama latinoamericano, presenta escenarios
convulsos, a causa de un negocio que afloró en la
década de los 80 de la pasada centuria y que, hasta el
presente, no ha hecho más que reproducirse hacia otros
Estados del continente, ampliando sus vínculos
extra-regionales, que consolidan la economía de las
drogas, como una empresa muy lucrativa, para la criminalidad
conexa a este delito.

Esta situación, acrecienta su impacto para la paz
y la seguridad internacionales, con una peligrosa
vinculación, desde el Derecho Internacional, con otros
delitos como el terrorismo y los efectuados en el ciberespacio.
Estas vinculaciones, alentadas por las potencias occidentales y
su influencia sobre los medios de comunicación y redes
sociales en Internet, consolidan el aparato
político-diplomático que hace consenso sobre el
paradigma de la seguridad humana. Sus efectos permiten justificar
ante la opinión pública mundial, las penetraciones
imperiales en la región, bajo la justificación de
la guerra contra el "narcotráfico" o, como actualmente se
le llama, contra el narcoterrorismo.

Los derroteros del crimen transnacional, recrudecen los
problemas socioeconómicos y políticos que padece
Latinoamérica, con un gran impacto sobre los procesos
electorales, los proyectos de gobierno y la proyección
exterior de los líderes de la región.

Bajo esas circunstancias, el Consejo Sudamericano de
Defensa, resulta una opción para el enfrentamiento, al
menos de de forma más autónoma, contra flagelo de
las drogas. Esta Institución, creada como respuesta de la
región, bajo la impronta del ex presidente
brasileño Lula Da Silva, en el marco de la UNASUR, resulta
un intento por dar respuesta, a los problemas más urgentes
que atentan contra la paz y a seguridad latinoamericana, que tuvo
una expresión en los recientes acuerdos de Brasil y
Bolivia para operaciones conjuntas en la lucha contra el TDI con
el objetivo de proveer de una mayor seguridad a sus
fronteras.

Realmente la respuesta era necesaria, pues del Comando
Sur, la IV Flota y las últimamente silenciadas 7 bases
militares en Colombia, se desprende el re-fortalecimiento militar
de la geoestrategia de dominación estadounidense, adjunta
con un paquete de cooperación en materia de
asesoría jurídica, policial y de otros ordenes
institucionales, que marcan el continuo interés por su
patio trasero.

En este juego de poderes, vale la pena considerar
qué papel desempeña Brasil como líder
regional, ante la difícil situación
sociopolítica de México, llamado a concentrar todas
sus fuerzas en frenar el auge de los cárteles y la
sangrienta guerra contra las drogas que tantos crímenes y
víctimas cobra día a día. Esa difícil
coyuntura, y otras problemáticas estructurales que
arrastra la sociedad mexicana, dejan espacio para que Brasil,
pueda tomar un mayor liderazgo.

Por otra parte, el gobierno de Santos en Colombia, logra
consenso en la región, con una determinada
reconciliación de intereses comunes con Venezuela en el
tema de la lucha antidroga, que tuvo su enunciado en la
extradición del narcotraficante Walid Makled a Caracas y
la polémica entrega del Editor de Anncol Joaquín
Pérez Becerra, al gobierno de Bogotá.

Entretanto, la administración Obama mantiene,
como lo hiciera la de W. Busch hijo, la combinación del
enfoque geopolítico y geoeconómico con un marcado
unilateralismo. La militarización de la guerra contra las
drogas, ha devenido en la receta ideal para alentar desarrollo de
la carrera armamentista, tan necesaria para ese país. A
ello se suman las Empresas Militares de Seguridad Privada y de
otros servicios, conocidos contratistas-mercenarios, que
extrapolan sus operaciones del Medio Oriente y Asia Central en
Latinoamérica.

Esta situación ha tenido una
generalización en la práctica
político-diplomática de Obama, ya no sólo
con los traslados de funcionarios políticos,
diplomáticos a Nuestra América, sino también
de las Operaciones. Recientemente fue dado a conocer por el New
York Times, la noticia de que los 5 Comandos nombrados como
Equipo de Apoyo y Asesoramiento de Despliegue Extranjero (FAST),
que fueron destinados hace seis años al combate del opio
en Afganistán, habían sido trasladados hacia el
Hemisferio Occidental, operando en países de
Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, con su
posible extensión hacia otros Estados de la región.
Estas acciones reflejan la vigencia de un proyecto iniciado por
W. Busch, denotando las continuidades y cambios que se
manifiestan en la geoestrategia de dominación de los
Estados Unidos para Nuestra América.

Del fracasado pero aún con vida Plan Colombia, la
fenecida Iniciativa Regional Andina IRA, la extensión del
Plan Colombia en Plan México, luego retitulado como
Iniciativa Mérida, se puede reconocer una geoestrategia de
dominación que se va perfilando y consolidando, a
través de la justificación
político-diplomática del flagelo de las drogas,
para incrementar su penetración en la región,
decididos a no perder su equilibro hegemónico.

Desde esa perspectiva, los EE.UU. ha recrudecido la
guerra antidroga, con la autorizaron de la utilización de
aviones no tripulados (Drones), para su utilización en la
persecución de narcotraficantes e inmigrantes, en aras de
aumentar la seguridad en la Frontera de EE.UU. con México.
Ello refuta la errónea estrategia antidroga que persigue
Estados Unidos, la cual reinvierte en el pilar militar, dejando a
un lado el importante control del consumo en su país y el
impulso a programas de asistencia social, que contrarresten en
algo las marcadas diferencias sociales, que arrecian la falta de
empleos y la crisis en la economía, lo que incentiva a los
sectores más marginados de la sociedad a insertarse en la
actividad ilícita de las drogas tanto en América
Latina como en los EE.UU.

Pero la fallida guerra contra las drogas ya va
generalizando consenso en cuanto a su fracaso manifiesto. En el
Informe de Human Rights Watch sobre la lucha contra el
tráfico ilícito de drogas (TDI) en México se
reconoce, a consideración del director de esta
Institución para "las Américas", José Miguel
Vivanco:

"En vez de reducir la violencia, la "guerra contra el
narcotráfico" de México ha provocado un incremento
dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros
terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que
sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor
que predomina en muchas partes del
país."[3]

El auge de la violencia, de crímenes y accidentes
sospechosos, como el de la caída del helicóptero en
Xochimilco, en las afueras de la Ciudad de México, el cual
provocara la muerte del José Blake Mora, Secretario
de Gobernación de México y de los funcionarios
Felipe Zamora, Subsecretario de Gobernación y el
coordinador de comunicación social José Alfredo
García. Ello recuerda el accidente del 4 de noviembre del
2008, del avión donde viajaba el entonces secretario de
Gobernación, Juan Camilo Mouriño y el fiscal
antidrogas, José Luis Santiago Vasconcelos. Realmente la
situación por la que atraviesa México en la
actualidad y la relación estrecha que tenían estas
figuras con la guerra antidroga, hace dudar a más de uno,
sobre la veracidad del accidente.

Esta propia realidad, haciendo retrospectiva hacia hace
sólo una década, nos coloca en el deber de mirar
con sumo cuidado las consecuencias que afronta para la
región el tráfico de drogas ilegales, por las
lecturas imperiales que conforman su geoestrategia de
dominación, desde el escudo
político-diplomático de la guerra contra las drogas
debatiendo, por qué no, acerca de sus consecuencias y
posibles escenarios.

Consecuencias del
Tráfico Ilícito de Drogas (TDI) para
Latinoamérica

Las consecuencias derivadas del TDI y otros delitos
conexos tienen un efecto negativo y perjudicial tanto en los
países que concurren en el negocio, bien como
productores-exportadores, los consumidores y los que sirven como
rutas a los distintos mercados.

La subregión andina (Colombia, Perú y
Bolivia), en Latinoamérica es el centro productor por
excelencia de la cocaína; lo que conlleva a que estos
países de manera individual e indistintamente, se hallen
vulnerables a la aplicación de las estrategias
geopolíticas y geoeconómicas de las grandes
potencias, en la llamada guerra contra las drogas.

En América Latina, los gobiernos de
Centroamérica, México y Colombia son incapaces de
enfrentar un problema cuyos excedentes generan cifras millonarias
superiores a lo que racionalmente pueden gastar en su defensa.
Por ello, el tema de la responsabilidad compartida y diferenciada
para las potencias occidentales es un derecho irrenunciable por
parte de los países más afectados por este
fenómeno, en aras de exigir un apoyo verdaderamente
palpable para un negocio, el cual no existiera ni se reprodujera
sin el concurso de los fondos, las armas y los problemas latentes
en las potencias imperiales.

Los países que tradicionalmente funcionan como
productores y/o corredores de la droga paulatinamente van
elevando su consumo e iniciando producciones domésticas,
ya no sólo para exportar, sino también para atender
la demanda interna. Con el desarrollo de las drogas
sintéticas y las facilidades existentes para su
producción; eliminándose la necesidad de extensas
rutas o grandes producciones que deban almacenarse.

Por otra parte, la infraestructura que debe crearse en
los países latinoamericanos para el enfrentamiento del TDI
y otros delitos conexos es tal, que se ven atados de manos para
atacar con eficiencia las disímiles formas en que se
reproduce la mercancía y sus renovadas vías de
exportación. Su institucionalidad no es capaz de regular
el problema de las drogas con la velocidad que se producen nuevas
sustancias sintéticas del grupo de las anfetaminas (ETA),
de hecho muchas de ellas se obtienen con materias primas
licitadas, e incluso se compran por Internet o por
prescripción facultativa.

La evolución del negocio de la droga recorre casi
todas las fases de la empresa capitalista tradicional y su
persecución permite también la regulación de
los precios del producto, encareciéndolo en la medida que
los narcotraficantes meritan de mayores medios para su ejercicio.
Dese esa perspectiva, la guerra contra las drogas en
Latinoamérica, desde la lectura estadounidense, no tiene
que ser un éxito absoluto, sino que el hecho en sí
de tener la guerra ya constituye un negocio muy
rentable.

La cruzada contra las drogas desplegada por los EE.UU.
ha devenido en un sustituto exitoso de la guerra fría y
para la geoestrategia imperial en sus planes re-fortalecimiento
de la dominación político-militar y
económica de los países afectados por esta
política. Por medio de ella intentan demonizar a los
Estados que no se identifican con sus preceptos de democracia
representativa; siendo atacados como terroristas y
narcotraficantes, por lo que son incluidos en las listas negras
que elabora el gobierno norteamericano.

Sin embargo, para solucionar el problema del TDI, no
basta con derrotar a los cárteles de la droga, sino que
hay que eliminar los centros receptores, que aseguran y
garantizan la reproducción del negocio a nivel global. Los
EE.UU. carecen de voluntad política para atenuar los
problemas básicos del TDI con la integridad que les
compete y no limitándose al fetichismo de la guerra contra
el mal llamado "narcotráfico".

La privatización de la seguridad ciudadana, a
través de las empresas contratistas se amplía, en
detrimento de la soberanía y la gobernabilidad de los
países latinoamericanos, en un intento por evitar nuevos
movimientos progresistas, impulsados por las diferentes fuerzas
políticas de la región.

Estados Unidos, apegado a la paranoia de la guerra
fría reformula la política del gran garrote,
temiendo que "(…) en América Latina ocurra un
desplazamiento, del espectro político de centro-derecha, a
centro-izquierda (…) reacciona negativamente a lo que
percibe como populismo y nacionalismo, y posturas amenazantes y
críticas tanto a su política en el terreno
comercial como a las iniciativas antinarcóticos y a la
lógica preventiva que rige su enfoque
global."[4]

Otro de los peligros que acecha la región es la
mezcla del uso de contratistas-mercenarios con otros programas
para asistencia social, para incorporarle un rostro civil a su
estrategia de dominación. La política del poder
inteligente y el poder suave de Obama intentó ser el nuevo
New Deal de la actual crisis; hallando en la guerra contra el
"narcotráfico", la justificación para resguardar
los intereses estadounidense sobre América Latina y el
Caribe.

La emergencia de gobiernos como los de Chávez,
Evo y Correa; la solvencia de un Brasil que crece como potencia
regional y el creciente intercambio de Latinoamérica con
China y Rusia, son elementos que desagradan la política
hegemónica estadounidense, de modo que debe asegurarse que
sus intereses geoestratégicos se mantengan intocables,
ante la presencia de nuevos actores.

Las políticas de prevención de la
producción de cultivos de coca y opio y el control de la
exportación de drogas, no se concentran en la mejora de
las condiciones del campesinado, la generación de empleos,
el control de mercado y el consumo, así como los delitos
conexos al TDI (tráfico de precursores químicos,
armas, personas, lavado de dinero etc.), dejando latentes los
incentivos que mantienen el negocio.

Por el contrario, la tendencia de las soluciones a este
fenómeno está siendo orientada hacia la
legalización de las drogas, buscando el cambio de
hábitos de consumo hacia estupefacientes considerados
menos perjudiciales, de manera que se reduzca el impacto sobre la
opinión pública, desde el punto de vista
"ético", pero no social. Esta tendencia, impulsada por
diferentes sectores políticos, que han sido puestas en
práctica en Portugal, los Países Bajos, Alemania y
en algunos Estados de EE.UU.[5]

El 19 de octubre de 2011 el expresidente mexicano
Vicente Fox, impartió una conferencia en el Instituto Cato
de Washington, abogando sobre la legalización de las
drogas, para lo que enfatizó: "Mi propuesta es legalizar
todas las drogas y su sistema de producción", asimismo,
manipuló la responsabilidad sobre el consumo, definiendo:
"Incluso creo que la legalización tiene un sustento
ético y moral. Porque ¿quién es el verdadero
responsable del consumo? Directamente, los consumidores. E
indirectamente, sus padres."[6]

Juan Manuel Santos se sumó a Vicente Fox en la no
contención de la política impulsada para la
legalización de las drogas. Para ello expresó, en
una entrevista con el diario británico The Guardian: "un
nuevo enfoque debe acabar con las ganancias que para los
violentos vienen con el narcotráfico" de modo que "si eso
significa legalizar, y el mundo piensa que esa es la
solución, le doy la bienvenida. No me opongo a
eso."[7]

Recientemente el subsecretario general de la ONU y
director de la división para América Latina del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el chileno
Heraldo Muñoz, argumentó ante una interrogante que
" ni el PNUD ni la ONU tienen posición sobre el tema, pero
nos parece legítimo que se empiece a discutir, como han
propuesto algunas personalidades, regularizar o legalizar algunas
drogas (…) el narcotráfico acabará minando
la democracia en América Latina si no se aborda desde el
lado de los países consumidores"
[8]

No obstante, teniendo en cuenta las graves consecuencias
que conlleva el problema de las drogas al interior de los
países subdesarrollados, el hecho de cambiar patrones de
consumo hacia drogas legales no debe ser una
solución

absoluta. Lejos de buscar alguna vía para otorgar
mayor control del consumo por parte de los Estados, por el
contrario se proyecta una guerra contra los cárteles de la
droga, donde la sociedad civil carga con la factura más
negativa.

Impacto
económico

Valorando las tendencias generales antes mencionadas,
Latinoamérica manifestará un complicado escenario,
pues si bien lo tradicional era que los países pobres
concurrieran en el negocio de las drogas como centros de
producción y tráfico, en los últimos
años se ha registrado un aumento y expansión de su
consumo que ya no sólo incluye a la subregión
andina, México, Centroamérica y el Caribe, sino que
también adhiere a los países del Cono Sur y de
África Occidental.

El abaratamiento que se produce en el mercado con las
drogas sintéticas, por las facilidades para su
producción, permite que se logre una mayor
socialización de la mercancía, que ya no se limita
a los consumidores de primer mundo, sino que comienza a surgir,
aunque en menor escala, un peligroso espacio en los países
subdesarrollados para las DI, sobre todo las de tipo
sintético.

En este sentido, el gobierno norteamericano expone el
aumento de las incautaciones de toneladas métricas de
cocaína en la región, como un triunfo total, mas
ello no responde efectivamente a la reducción del
problema. De hecho, uno de los elementos que mantienen y elevan
los precios, es el encarecimiento de la transportación, en
tanto los cárteles deben invertir más en seguridad,
ampliando sus vínculos con empresas legales vinculadas con
el comercio de armas y el blanqueo de dinero.

Ello coincide con un momento de contracción del
mercado estadounidense, que no responde a la eficacia de las
políticas hegemónicas para su control, sino al
cambio de patrones de consumo, de la cocaína a las drogas
sintéticas, de allí que el director ejecutivo de la
ONUDC, expresara: "La moda de las drogas sintéticas de
diseño que imitan a las sustancias ilegales neutraliza los
progresos observados en los mercados tradicionales de la
droga."[9]

El enfoque imperial, deja a un lado las formas de
procesamiento de las drogas, el control de la demanda y el
consumo, así como los disímiles nexos existentes
entre los cárteles, el crimen organizado trasnacional, los
políticos, comerciantes, banqueros y empresarios, sin los
cuales no fuera posible reproducción de ese
negocio.

Con la liberalización de las economías y
de los mercados financieros el TID se extiende por todo el mundo.
La disminución de los precios de la cocaína desde
los años 90 y la militarización de la guerra contra
las drogas, han acrecentado los conflictos entre los
cárteles por el control de territorios, en un intento por
monopolizar las áreas para crear oligopolios y aumentar
así su papel en el mercado. La característica de
esta mercancía hace que los precios, la oferta y la
demanda sean menos elásticos, en lo que también
sirve de apoyo la guerra antidroga de los Estados Unidos.

Este negocio cuenta con un mercado de primer mundo, por
lo que las producciones de los países pobres suelen ser
muy rentables, debido al abaratamiento de la mano de obra. Los
campesinos que producen las materias primas para estas drogas son
los que menos beneficios recogen, pero su nivel de vida es tan
básico, que le es más rentable su producción
que la de otros productos agrícolas, ante la ausencia de
programas sociales que alienten la erradicación de los
cultivos de hoja de coca y cannabis.

El negocio del TDI, es el segundo en movimiento de
capitales del mundo, después del petróleo, por las
ganancias extraordinarias que provee. Su peculiaridad consiste en
la ilegalidad, los peligros y las consecuencias que acarrea. Los
efectos de la globalización en los países
latinoamericanos y el contexto de crisis de la economía
global, han influenciado en la inserción de sectores
poblacionales rurales del tercer mundo, en la economía
agraria ilícita, para la producción de plantas que
sirven de materia prima para las drogas.

Esta economía genera "(…) 300,000 empleos
para campesinos de los Andes sudamericanos que participan como
proveedores de materia prima: coca (200,000 has), amapola (1,500
has) y marihuana (no menos de 1,000 has), que proveen para los
mercados regionales
internacionales."[10]

Las experiencias han reflejado que las limitantes de la
política antidroga desplegada por los EEUU en
América Latina, concentradas en la fumigación de
los cultivos son contrarias a las aplicadas en Afganistán,
denotando de forma inmoral, el doble rasero de su guerra contra
las drogas, subyugada a sus prioridades geoestratégicas
para cada región.

Sin embargo, no se aplican políticas para reducir
las desigualdades socioeconómicas, con una
redistribución de la riqueza más justa, que
posibilite la ampliación de la clase media, acortando la
brecha entre ricos y pobres, lo cual sí impulsaría
a los programas orientados a eliminar el TID y otros delitos
conexos. Por el contrario, las fórmulas empleadas por el
gobierno de Estados Unidos en la guerra antidroga acrecientan la
dependencia económico-comercial y financiera de los
países latinoamericanos.

La producción de materias primas, el
procesamiento, transportación y comercialización de
las drogas, así como la seguridad que deben proveer para
su exportación incluye a un mayor número de
personas cada día, que hallan en este negocio una salida a
los efectos de la crisis de la economía global sobre la
pobreza y el empleo. Estas circunstancias atraen a los sectores
más pobres de la sociedad, tanto de los países
productores como de los consumidores a los que se dirigen, donde
resultan más vulnerables los jóvenes, los migrantes
y las mujeres.

El lavado de dinero y el contrabando abierto cobran auge
con el TID. Nuevamente el contexto de crisis favorece el negocio,
puesto que los bancos necesitan de una inyección monetaria
que el TDI está dispuesto a aportar con tal de blanquear
sus ganancias. Otra de las vías que hallan los
narcotraficantes para el blanqueo de capitales es la
inversión en el turismo, la construcción y el
sector exportador.

A nivel macroeconómico, una vez que el lavado de
dinero les proporciona un respaldo legal a las ganancias
derivadas del TDI, se introducen al sistema financiero
internacional, participando en el pago de las deudas. En este
sentido, las ganancias del TID se insertan en el sistema
económico mundial, apoyando la lógica
neoliberal.

En los países en vías de desarrollo, es en
donde más agudos son los efectos económicos del
neoliberalismo y, también, del TDI. Las ganancias del
negocio dependen de los precios internacionales y de la demanda.
Su condición de droga ilícita aumenta los
dividendos, pues la restricción tiende a incidir en el
aumento del precio. Con el dinero acumulado por este
negocio se financian la compra de mercancías en el
exterior a través de mercados cambiarios, de modo que las
divisas generadas por el TDI no ingresan al país productor
directamente. De esta forma, se derrumba el mito de que el
negocio de las drogas es una forma de beneficiar el desarrollo de
los países del Tercer Mundo, reconociéndose como
una forma más, de atar a estos pueblos en la pobreza y la
dependencia de las grandes potencias.

Particularizando el caso de Centroamérica, luego
de la Conferencia de "Seguridad", el pasado 22 de junio de 2011,
EE.UU. propuso el llamado "Grupo de Amigos" como ayuda
internacional de las potencias que luchan contra el TID en la
subregión. La Secretaria de Estado expresó: "La
estrategia debe reflejar la naturaleza trasnacional del
desafío que encaramos. Los cárteles y los
delincuentes no se contienen en las fronteras y por tanto nuestra
respuesta tampoco debe hacerlo."[11]

Las declaraciones de la jefa de la diplomacia
norteamericana, permiten dilucidar que en el nuevo panorama
latinoamericano, se asiste a un proceso de creciente
privatización de la seguridad, como una nueva
dimensión del avance de los procesos de
privatización en general. Se está padeciendo de una
securitización de los temas de mayor
sensibilidad, que rebasa las fronteras nacionales, bajo
el escudo político-diplomático de la lucha contra
un problema de alcance global. Con ese objetivo, las potencias
occidentales incluyen, de forma creciente, al sector empresarial
dentro de los entes responsables, que tratan de contrarrestar, a
través de una financiación ficticia, los problemas
sociopolíticos.

El peligro de privatizar la lucha contra el TID se
acentúa en los puntos abordados por Hillary Clinton al
enfatizar: "(…) tenemos una responsabilidad compartida y
ahora tenemos que verla en acción. Pero voy a recalcar que
el liderazgo debe originarse en América Central, y no
sólo en los gobiernos, sino también en el sector
privado (…)"[12] Ello refleja el
interés del gobierno norteamericano, no sólo de
privatizar la lucha contra el TID y sino también de
afianzar sus nexos con el sector empresarial de la
región.

En ese contexto, varios países del Caribe,
acogidos como paraísos fiscales, sirven para el lavado de
dinero del narcotráfico, con una tendencia al aumento, en
tanto crecen las sumas en el mercado. Desde esa perspectiva, el
"narcotráfico" ha constituido una amenaza por su
funcionalidad para fungir como colchón de los
países más pobres, sobre los efectos de la crisis
económica global, representando un por ciento considerable
del PNB, así como por las fuentes de empleo que genera,
apreciándose también como la vía de escape
de algunos empresarios en declive, para recapitalizar sus
finanzas.

Por otra parte, la pobreza de los sectores rurales ha
alentado la producción y el tráfico de la droga,
incrementándose las áreas de cultivo a pesar de las
políticas antidrogas, que se han trazado con ineficacia
entre algunos países de la región y los Estados
Unidos (el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida). Ello ha
fecundado en el incremento del poder de fuego de la
región, tanto por parte de los Ejércitos como de
los carteles, elevando las ventas de armas, lo que resulta muy
beneficioso el Complejo Militar Industrial de los
EE.UU.

La fracasada estrategia estadounidense en la cruzada
contra las drogas, no sólo ha incentivado la violencia y
la criminalidad, sino que ha incrementado directamente el poder
de fuego de los carteles. Para ello, las autoridades
norteamericanas han impulsado operativos como el "Receptor
Abierto", en los años 2006 y 2007, el Rápido y
Furioso[13]y el Naufragio, lo que llevó a
que, Eric Holder, fiscal general de EE. UU., reconociera ante el
Senado -pasado 10 de noviembre de 2011- el fracaso de la
operación Rápido y Furioso.

Según datos oficiales de la ONU, el mercado de
las drogas representa alrededor del 0,8 por ciento del PIB de los
Estados Unidos; sin embargo para los países de
América Latina la dependencia aumenta, dejándola
sumergida entre el "narco" y la dominación, como
fórmula del hegemón para avanzar, un paso
más, sobre los pueblos de Nuestra América. Ante esa
realidad, vale la pena repensar nuestras formas de integrar
nuestra diversidad, para juntos consensuar proyectos
autónomos que, con sus limitantes y desaciertos, rememoren
la sentencia martiana:

"El vino, de plátano, y si sale amargo, es
nuestro vino."

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http://www.unodc.org/documents/southerncone//Topics_drugs/WDR/2011/Executive_Summary_-_Espanol.pdf

Informe "Ni Seguridad, Ni Derechos:
Ejecuciones, desapariciones y tortura en la "guerra contra el
narcotráfico" de México". En:
http://tomalapalabra.periodismohumano.com/2011/11/10/el-estado-mexicano-acusado-de-torturar-desaparecer-y-ejecutar-con-impunidad/

Bajo consumo de drogas "blandas" y se eleva
el de las sintéticas: ONU. En:
http://www.animalpolitico.com/2011/06/baja-consumo-de-drogas-"blandas"-y-se-eleva-el-de-las-sinteticas-onu

Juan Manuel Santos: Si legalizar la cocaína "es
la solución, le doy la bienvenida; no me opongo
a eso".

Véase en:
Juan Manuel Santos: Si legalizar la cocaina “es la solución, le doy la bienvenida; no me opongo a eso”

"Es legítimo que se empiece a discutir la
legalización de las drogas" en: El País. 4 de
octubre de 2011.
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/04/actualidad/1317726897_763271.html

Vicente Fox aboga por legalizar las drogas
para acabar la guerra contra el narcotráfico. En:
http://es-us.noticias.yahoo.com/vicente-fox-aboga-legalizar-drogas-acabar-guerra-narcotr%C3%A1fico-191613058.html

Declaraciones de Clinton en la Conferencia
de Seguridad de América Central (SICA). En:
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2011/06/20110623125007×2.171814e-03.html#ixzz7GotQjTrb

Autor:

Lic. Alejandro L. Perdomo Aguilera,

CIPI

[1] Expresó en el año 2002,
Cass Ballenger, en aquel entonces, presidente del
Subcomité del Hemisferio Occidental, en las palabras
inaugurales, de una reunión celebrada para el proceso de
aprobación de la propuesta de asistencia del gobierno de
Bush para la región andina, en el Subcomité del
Hemisferio Occidental (Comité de Relaciones
Internacionales) de la Cámara de Representantes del
Congreso de Estados Unidos se celebró una audiencia el
pasado 28 de junio. Véase en: www.viaalterna.com.co

[2] Ver en: Word Drug Report de 2011. En:
http://www.unodc.org/documents/southerncone//Topics_drugs/WDR/2011/Executive_Summary_-_Espanol.pdf
. Otras Instituciones y autores reflejan cifras superiores que
oscilan desde 400 mil a 700 mil millones de dólares.

[3] Véase en informe: “Ni
Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura
en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de
México” Fuente:
http://tomalapalabra.periodismohumano.com/2011/11/10/el-estado-mexicano-acusado-de-torturar-desaparecer-y-ejecutar-con-impunidad/
y en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=139113

[4] Isabel Jaramillo Edwards. Las dimensiones
político estratégicas: los Estados Unidos y los
casos de México, Colombia y Venezuela. CNA, 2003-2004,
p. 58.

[5] El 19 de octubre de 2011, legisladores de
California defendieron el consumo de mariguana con fines
terapéuticos, luego que procuradores federales en el
estado advirtieran acciones contra las distribuidoras de droga
que sigan operando en diciembre próximo. El senador
estatal Mark Leno y el asambleísta Tom Ammiano, ambos
demócratas del área de San Francisco,
cuestionaron que el gobierno federal utilice recursos para
impedir que miles de pacientes consuman mariguana. California
aprobó en 1995 una ley que autoriza a consumir mariguana
con fines terapéuticos. Actualmente unas 90 mil personas
consumen la droga con recetas médicas. La
Asociación Médica de California pidió
legalizar la droga. Por su parte, los cuatro procuradores
federales en California advirtieron mediante cartas a cientos
de distribuidores de mariguana medicina que si no suspenden
operaciones para mediados de diciembre, pueden perder sus
propiedades.

[6] Vicente Fox aboga por legalizar las
drogas para acabar la guerra contra el narcotráfico. En:
http://es-us.noticias.yahoo.com/vicente-fox-aboga-legalizar-drogas-acabar-guerra-narcotr%C3%A1fico-191613058.html

[7] Juan Manuel Santos: Si legalizar la
cocaína “es la solución, le doy la
bienvenida; no me opongo a eso”. Véase en:
http://colarebo.wordpress.com/2011/11/15/juan-manuel-santos-si-legalizar-la-cocaina-%E2%80%9Ces-la-solucion-le-doy-la-bienvenida-no-me-opongo-a-eso%E2%80%9D

[8] Véase: "Es legítimo que se
empiece a discutir la legalización de las drogas" en: El
País. 4 de octubre de 2011.
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/04/actualidad/1317726897_763271.html

[9] Bajo consumo de drogas
“blandas” y se eleva el de las sintéticas:
ONU. En:
http://www.animalpolitico.com/2011/06/baja-consumo-de-drogas-“blandas”-y-se-eleva-el-de-las-sinteticas-onu

[10] Soberón, Ricardo. Las tendencias
del narcotráfico en América Latina. En:
www.tni.org

[11] Ver: Declaraciones de Clinton en la
Conferencia de Seguridad de América Central (SICA). En:
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2011/06/20110623125007×2.171814e-03.html#ixzz7GotQjTrb

[12] Ver: Declaraciones de Clinton en la
Conferencia de Seguridad de América Central (SICA). En:
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2011/06/20110623125007×2.171814e-03.html#ixzz7GotQjTrb

[13] En 2009 se realizó un contrabando
de armas a México dirigido por el gobierno
estadounidense, con el objetivo de rastrear a los compradores
supuestamente relacionados con los cárteles de la droga.
Para ello se autorizó el envío ilegal de
alrededor de 2.000 armas que luego dadas por pérdidas,
que incrementaron el poder de fuego de del crimen organizado
vinculado al TID. Washington inició su
investigación en 2010 reconociendo, finalmente, el
fracaso. Véase en:
http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/11/13/distribucion-de-armas-de-eeuu-con-fines-pacificadores-tornan-mas-peligroso-al-mundo-afirma-vicecaniller-ruso/print