Los 22 miembros de la CSJ votan, por mayoría, a
favor de los poderes supra-constitucionales de la Asamblea
Constituyente, por lo que Cecilia Sosa renuncia a su cargo de
presidenta del tribunal y hace la siguiente declaración:
"La Corte Suprema se suicido para no ser asesinada". El 8 de
septiembre la Asamblea Constituyente intervenía el Consejo
de la Judicatura y creaba una Comisión de Emergencia que
se encargaría de revisar 3 mil denuncias de
corrupción.
Entre las normas transitorias aprobadas en la
Constitución se decreta en la norma 4ª, numeral 5,
que la Asamblea Nacional, en el transcurso del primer año
a partir de su instalación, aprobará "la
legislación al Sistema Judicial…".
A los siete días de promulgada la
Constitución, sin haberse nombrado la Asamblea Nacional
para que dictase las leyes y normas que regulen el ordenamiento
jurídico y las leyes correspondientes a los poderes
públicos, el presidente de Venezuela, Hugo Rafael
Chávez aprovecha la transitoriedad, atribuyéndose
poderes propios de la Asamblea y designa, a dedo, los miembros
del Consejo Electoral; los miembros para representar los cargos
del Poder Moral designa para Fiscal General a Julián
Isaías Rodríguez, su primer vicepresidente; para la
Defensoría del Pueblo a Germán Amundaraín y
para la Contraloría General a Clodosvaldo Russián,
ambos connotados camaradas; y para los magistrados del Tribunal
Supremo de Justicia, valiéndose de la experiencia de Luis
Miquelena (mentor de Hugo Chávez) y de José Vicente
Rangel, designa la mayoría de los magistrados del Tribunal
Supremo. Manuel Quijada, brazo derecho de Luis Miquelena, se
encarga de seleccionar a los miembros de los tribunales del
país. En breve tiempo logra que el 86% de los jueces a
nivel nacional sean sustituidos por jueces transitorios, con la
promesa de que en el tiempo se harían concursos para
regular la transitoriedad. Concursos que no se realizarán,
favoreciendo la transitoriedad a que los jueces sean
incondicionales en sus decisiones a los deseos de Presidente. Una
sentencia, contraria a la manera de pensar el Presidente,
será suficiente para ser despedido el juez que la
dicte.
La separación de Don Luis Miquelena del Gobierno,
en diciembre de 2001, va a debilitar el poder de Chávez en
el Tribunal Supremo de Justicia, al no contar con la
inquebrantable lealtad de los jueces, necesaria para llevar
adelante su proyecto revolucionario y contrarrestar los retos con
la sociedad, como el de pretender imponer la reforma a la
educación con el Decreto 1011, ( "con mis hijos no te
metas"), la creación de las 49 leyes por Decreto Ley a
través de la habilitación aprobada por la Asamblea
Nacional.
El Fiscal General de la República, Isaías
Rodríguez introduce ante el Tribunal Supremo de Justicia
una solicitud de antejuicio de merito para poder enjuiciar a los
Generales y Almirantes: Efraín Vázquez Velasco,
Pedro Pereira Olivares, Héctor Ramírez y Daniel
Comiso Urdaneta por los sucesos del 11 de abril de 2002. La Sala
Plena del Tribunal Supremo, al no encontrar méritos para
enjuiciarles, exonera de toda responsabilidad penal a los
oficiales presentes en el 11 de abril, por desobedecer al
Presidente, al no aplicar el plan Ávila y pedirle la
"renuncia la cual aceptó" el 14 de agosto de dicho
año. La sentencia dejo claramente que no hubo golpe de
Estado, si no, un vacío de poder, por lo que los militares
estaban exentos de la imputación del Fiscal
General[15]
Los Círculos Bolivarianos, creados para defender
la revolución e incondicionales a las órdenes
directas del Presidente, se amotinan a las puertas del Tribunal
Supremo de Justicia a protestar la sentencia dictada, causando
violentos disturbios. El Presidente el domingo siguiente en
Aló, presidente, lanzó la frase celebre
"los Jueces pusieron la plasta y se fueron de
vacaciones".
Previo a la decisión del Tribunal Supremo, el
Presidente desde el Archipiélago de los Roques el domingo
12 de agosto pretende presionar a los jueces con uno se sus
furibundos discursos, al anunciar: "que nadie, ni él, ni
el pueblo, ni la Fuerza Armada Nacional aceptaría una
sentencia contraria a los intereses de la revolución".
Incitó a los Círculos Bolivarianos a tomar las
calles, a estar en pie de guerra, a defender la "verdad", pues si
al Tribunal se le ocurre desoír la voz del pueblo y seguir
los dictámenes de sus conciencias en Venezuela se
producía un Golpe de Estado.
Dos días después, dándose cuenta de
las consecuencias de enfrentar, de tal manera, al Tribunal
Supremo, desde el estado Anzoátegui, se contradice
diciendo: "yo no dije" -lo que todos habían escuchado-,
sino que fue mal interpretado. La interpretación dada por
los exégetas del régimen -José Vicente
Rangel, William Lara y Diosdado Cabello- fue "el Presidente lo
que quiso decir es que él no estaría de acuerdo con
una sentencia adversa a los hechos del 11 de abril de 2002,
aunque la acataría".
La triste experiencia de los días de abril, si
fue un golpe de Estado, un vacío de poder o un autogolpe
para depurar a la meritocracia de Petróleos de Venezuela y
de las Fuerzas Armadas, puso al Presidente en el disparadero de
acelerar la revolución a como diese lugar o tener que
abandonar cualquier día Miraflores.
El Tribunal Supremo de Justicia había que
cambiarle a como diese lugar, sustituyendo los magistrados
institucionales y de carrera por jueces comprometidos con el
proceso y cuya virtud principal fuese la lealtad a la persona del
Presidente.
El fiscal Danilo Anderson, encargado de imputar a los
autores de los muertos y heridos de la tarde del 11 de Abril de
2002, anuncia que Rafael Cabrices, Richard Peñalver, Henry
Atencio y Nicolás Rivera militantes del MVR (partido del
gobierno), vistos disparando en el Puente Llaguno contra la
manifestación multitudinaria y desarmada que se acercaba a
Miraflores, insistió que deberán permanecer
detenidos y considera que el fallo dictados del juez Alejandro
Batista es "ilógico" e "incongruente". Sin embargo son
absueltos por el juez accidental Alejandro Batista y el Gobierno
los condecora como héroes revolucionarios.
En su verborrea el Presidente, en estos días,
acusaba sin piedad a jueces y fiscales por no cumplir con su
misión revolucionaria de meter en la cárcel a los
golpistas y saboteadores del proceso, "no puede ser que no haya
un solo juez que meta presos a los golpistas y
terroristas".
El abogado Maikel Moreno, defensor de Richar
Peñalver, es premiado con la nominación de juez de
control, sin tener las credenciales para ello, y uno de sus actos
fue dictar las órdenes de aprensión a Carlos
Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de
Venezuela (CTV) y a Carlos Fernández, presidente de
Federación de Cámaras Empresariales
(FEDECAMARAS).
La captura de Carlos Fernández, fue celebrada por
el Presidente, comiéndose un dulce de lechosa, que le
envió su madre doña Elena.
El objetivo para el Presidente, una vez superado el paro
petrolero y poner a caminar los buques anclados en Lago de
Maracaibo, es reestructurar el Poder Judicial a como diese lugar.
A pesar de la sumisión de la mayoría de jueces y
magistrados a las decisiones del Presidente, éste
tenía dudas sobre algunos tribunales que aún no
estaban dispuestos de dictar sentencias que transgrediesen
principios éticos y jurídicos. Desde Maracaibo, el
4 de abril de 2003, dijo: "En Venezuela sólo están
presos los pobres". "El 90 % de los jueces", nombrados por su
administración, -añade- "no pueden seguir
ahí" y a continuación señala la necesidad de
controlar el Poder Judicial. "Una de las metas, que nos hemos
fijado a corto plazo, es una gran ofensiva para poder tener un
Poder Judicial que verdaderamente administre justicia, que sea
capaz de llevar a la cárcel a los ladrones, a los
corruptos, a los golpistas, a los criminales"[16].
Estaba tipificando los crimines que se incorporarían a la
reforma al Código Penal, y a la Ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión.
El Presidente de la República, Hugo
Chávez, desde ciudad Bolívar el 17 de febrero de
2003, incitaba a las masas para que presionasen a la Asamblea
Nacional a fin de que ésta aprobase la Ley de
Responsabilidad Social de Radio y televisión, acusando a
los dueños de los medios de comunicación de violar
las leyes. "De todos modos -dice el Presidente- mientras se
aprueba la ley, hay que recordar que se han abierto unos
procedimientos administrativos en contra de los cuatro grandes
canales de televisión de Venezuela, para que respondan
sobre hechos irregulares". Y dirigiéndose al poder
judicial exclama: "Llamo a los tribunales para que asuman su
responsabilidad, porque ahora parece que no hay jueces que
quieran asumir responsabilidades". Y recomienda a la
población que comience a exigir a los magistrados que
cumplan con sus obligaciones. "Aquí son los jueces los que
hay que cambiar si no quieren asumir su responsabilidad. No es
Chávez el que tiene que irse. Y que (los jueces) le den
paso a venezolanos honestos".
La tensión, contra el Tribunal Supremo de
Justicia, lleva al Presidente a dictar la norma de no acatar los
organismos del Poder Ejecutivo sentencias que no favorezcan el
proceso revolucionario. La sentencia contra la Guardia Nacional,
del 16 de enero de 2003, por la cual la Guardia Nacional
debía devolver las instalaciones, las motos y las armas
incautadas a la Policía Municipal de Caracas, no se
llevó a efecto.
Contra la sentencia de la Sala Contencioso
Administrativo del TSJ, que prohibía el ejercicio de los
médicos cubanos de Barrio Adentro, los cuales
deben ser sustituidos por médicos venezolanos o
extranjeros que hayan revalidado los estudios, Chávez,
desde la Habana, dice: "el gobierno mío no está
obligado a aceptar una decisión como esa, sin duda
arbitraria, politizada y violatoria de la Constitución".
"Los jueces de la Corte de lo Contencioso Administrativo no
merecen estar allí".
El 12 de junio de 2003, la Sala Constitucional, ante el
hecho de que La Asamblea Nacional no había nombrado un
Consejo Nacional Electoral y que aun estaba en funciones el
Consejo Electoral provisorio, nombrado por el Presidente en
diciembre de 1999, admite las acciones inconstitucionales, por
omisión de la Asamblea Nacional. Los diversos partidos que
componen la Asamblea, después de varias sesiones sin
llegar a ponerse de acuerdo las dos terceras partes (2/3) de los
diputados para nombrar los miembros del Consejo Nacional
Electoral, llegan a afirmar, un mes después, que de no
llegar a un acuerdo para elegir a los miembros directores y
suplentes de la directiva del CNE, dejarían la
decisión al TSJ.
Los ataques al Tribunal Supremo de Justicia subieron de
tono: el Presidente, el miércoles 30 de julio de 2003, en
cadena de radio y televisión, recordaba a los magistrados
que hacía un año habían puesto la "plasta" y
les recuerda: "No acepto el nombramiento de la directiva del
Consejo Nacional Electoral por el Tribunal Supremo de Justicia, y
estoy dispuesto a modificar la Constitución (La Bicha)
para que se elija por mayoría simple".
Los acólitos repiten, por todos los medios de
comunicación, las pretensiones del Tribunal Supremo de
entrometerse en el poder Legislativo; llaman al desacato a la
decisión del TSJ de nombrar el CNE y piden a los poderes
populares Fiscalía, Defensoría y
Contraloría, para que califiquen de falta grave, la
intromisión del TSJ, por lo que insisten en destituir a
los Magistrados.
La diputada Cilia Flores, el 7 de agosto de 2003, desde
el Congreso llama a los simpatizantes del gobierno a salir a la
calle. Propone: "El 11 y 12 salimos a la calle a defender el
proceso, y los haremos otra vez contra cualquier poder que
intente oponerse contra el Orden Constitucional".
La diputada Iris Varela, en la conmemoración de
los 60 años de la Guardia Nacional en Valencia, el 08 de
agosto de 2008, refiriéndose al hecho de nombrar el
Tribunal Supremo de Justicia al Consejo Nacional Electoral, dice:
"Una usurpación de funciones del Poder Judicial hacia
atribuciones que tiene el Legislativo, lo cual es un delito y sus
actos son nulos".
La autoridad trata por todos los medios mantenerse en el
poder. Los últimos cartuchos los están quemando
ante la proximidad del Referendo Revocatorio. Ya se ha dicho: las
firmas no son válidas, no se acatará la
decisión del TSJ de nombrar el CNE, y, si éste toma
tal decisión, "esa sería una decisión
desestabilizadora y el CNE quedaría
inhabilitado".
Los Magistrados de la Sala Constitucional anuncian, el
19 de agosto, la elaboración de las lista de los
directivos principales y suplentes del Consejo Nacional
Electoral. Seis días después el presidente del
Tribunal Supremo de Justicia, Iván Rincón daba los
nombres de los miembros que compondrían el CNE a quienes
dijo: "prohibido equivocarse".
El mal ya estaba hecho, el tribunal nombró, de
los cinco miembros, tres incondicionales al gobierno y dos a la
oposición. El control del Consejo Nacional Electoral
estaba logrado y las próximas elecciones están a
merced del un arbitro imparcial.
¿Qué se movió debajo de la mesa
para cambiar tan radicalmente el Sr. Presidente? No sólo
acepta la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de
nombrar los miembros del Consejo Nacional Electoral, habiendo
dicho, unos meses antes, que no aceptaba la nominación de
un CNE por el Tribunal Supremo, que antes cambiaba la
Constitución para que ésta, por mayoría
simple lo nombrase, sino que además desautoriza a quienes
denunciaron "usurpación" de funciones parlamentarias con
esa designación y dijo que mientras el Congreso no nombre
un directorio definitivo se debe aceptar el interino, aunque
arremetió contra algunos jueces del TSJ, a quienes no
identificó, enlodándoles al afirmar: que "hay
magistrados que no obedecen a su conciencia sino a las
jineteras". [Las cuatro jineteras para el Presidente son los
cuatro canales privados de televisión que admiten ser
opositoras, a las que hasta ahora Chávez llamó
"jinetes del Apocalipsis"]. Iván Rincón ha sido uno
de los mayores ejemplos de la más crasa cobardía y
sumisión al gobernante autoritario, por que si alguien era
consciente de que se estaba caminando por una trocha de
arbitrariedades que vienen del Gobierno, es él…. no ha
tenido el coraje ni la habilidad de respetarse a sí mimo y
cumplir con su deber.
El 20 de mayo de 2004, es aprobada la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; de los 20
miembros que se componían las salas del máximo
organismo de justicia con la nueva ley pasan a ser 32,
distribuidos de la siguiente manera: la Sala Constitucional
estará integrada por siete miembros principales y las
otras salas cinco cada una.
La nueva Ley permitirá a La Asamblea Nacional
destituir, por mayoría simple, a los magistrados que se
resbalen, al tomar una decisión incómoda al
Presidente de la República.
El abogado Tulio Álvarez considera, el 24 de mayo
de 2004, que la Ley del TSJ es un golpe certero contra el poder
Judicial, ante lo cual solicita a la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que deje sin efecto la
recién promulgada, por ir contra la Constitución al
subordinar el comité de postulaciones a la Asamblea
Nacional, así como la destitución de Magistrados
por una mayoría simple de diputados.
3.500 abogados del País, el 19 de mayo,
presentaron ante la Sala Electoral un abrogatorio a la nueva ley
del TSJ.
Sobre la sentencia del TSJ, el mismo Luis Miquelena
dice: es un zarpazo rabulesco, que da al traste con toda
esperanza de legalidad y le pone una lapida a la llamada V
República. Y sobre la lapida escribe aquí
murió una esperanza.
El diputado Luis Velásquez Alvaray (MVR)
aseguró, el 20 de mayo, que la semana que viene se
iniciará el Comité de Postulaciones a tenor del
Art. 13 de la ley.
La Asamblea en sesión plenaria designará,
por mayoría simple a cinco diputados para integrar el
Comité de Postulaciones con los seis miembros de la
sociedad civil para la selección de los miembros
candidatos para los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de
Justicia.
Los partidos de la oposición se niegan a integrar
el Comité de Postulación para nombrar los nuevos
magistrados del TSJ. Las razones alegadas por los partidos a no
tomar parte son el no considerar necesaria la enmienda del
Tribunal Supremo de Justicia de 20 miembros llevarlo a
32.
El lunes 13 de diciembre la Asamblea Nacional, con
mayoría oficialista, de los 157 preseleccionados por el
Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder
Ciudadano, designa a 49, nombrándoles magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia, dos por cada una de las cinco
Salas; 32 suplentes y cinco para ocupar las vacantes de los ex
magistrados Rafael Pérez Perdomo, José Manuel
Ocando, Alberto Martín Urdaneta, Rafael Hernández
Uzcátegui y Franklin Arrieche, este último
destituido por el Parlamento.
Dos días después se lleva a efecto la
juramentación de los 49 (17 principales, más los 32
suplentes) ante el Poder Legislativo.
El Presidente de la Asamblea Nacional, el capitán
Ameliach -quien por séptima vez en el año
ocupó la silla de la Asamblea- en las palabras de
juramentación de los nuevos magistrados dijo: "Hoy es un
día histórico, pues ustedes han recibido el mandato
del pueblo de impartir justicia", -al tiempo que agregó-
"hoy el pueblo está en la calle pidiendo justicia, ante el
asesinato terrorista del fiscal Danilo Anderson, ante el crimen
contra la ciudadana (Linda) Loaiza y contra la sentencia del 14
de agosto de 2002, la cual burla la inteligencia de los
venezolanos"
El Presidente de la Asamblea Nacional reconoce la falta
de justicia en Venezuela y por eso el pueblo en la calle pide
justicia y como militante del MVR, quiere que el nuevo Tribunal
Supremo de Justicia borre la sentencia que dictó la Sala
Plena, el 14 de agosto de 2002, en la que se libera de culpa de
Rebelión Militar a los cuatro Generales que actuaron el
11-A (11 de abril) unidos al pueblo que tomó la calle.
Ameliach afirma que ese acto es el causante de los
acontecimientos posteriores: el paro-cívico, las Guarimbas
e incluso el asesinato de Danilo Anderson.
Se felicitaba -el presidente de la AN- por que el
Parlamento ha cuestionado la sentencia de doctor Franklin
Arrieche, destituido hoy, gracias a Dios por esta Asamblea. Esta
afirmación no fue aplaudida por los componentes del
Tribunal. Ahora el oficialismo al contar con mayoría en el
tribunal de justicia revisaría la sentencia,
anulará la anterior y declarará que el 12 de abril
de 2002 hubo un golpe de Estado, culpando a la Policía
Metropolitana de varias de las muertes ocurridas en la
manifestación. El Gobierno quedaba brindado en la
interpretación de la Historia.
Las opciones, para nombrar la nueva directiva del
Tribunal Supremo de Justicia, los primeros días de enero
de 2005, barruntan una lucha interna por controlar el poder entre
los nuevos magistrados y los anteriores. Las primeras
manifestaciones que se vislumbran es un acomodo de los
magistrados a la autoridad del jefe de la revolución, en
cuya mano se concentró todos los poderes. El mismo
Presidente del TSJ, Iván Rincón, ante rumores de la
renuncia por presiones y que el candidato a sustituirle en la
presidencia era el Dr. Omar Mora Díaz, por ser más
incondicional al proceso revolucionario, manifiesta: "ni me
jubilo, ni declino, lo que existe, en realidad, es que hay
diecisiete nuevos magistrados y yo soy un magistrado al que le
quedan ocho años de vigencia en el TSJ". Lo que pasa es,
que a pesar de estar en la presidencia, desde la extinta Corte
Suprema de Justicia, los 32 magistrados, por mayoría
simple nombrarán el presidente de La Sala Plena al
comenzar las sesiones en 2005.
El 1º de febrero de 2005 el Dr. Omar Mora es
nombrado por 30 votos presidente del Tribunal Supremo de Justicia
en sustitución del anterior Iván Rincón,
quien prefirió acogerse a la jubilación.
Al asumir los nuevos cargos los magistrados del Tribunal
Supremo de Justicia en el acto el nuevo Presidente, Omar Mora
Díaz, confesó sus inclinaciones políticas a
favor del "proceso revolucionario", los magistrados y jueces
asistentes, vestidos de "rojo rojito", manifestaron se
mediocridad, claudicando a su independencia al anunciar la
sumisión al Líder de la revolución con grito
"Uh, Ah Chávez no se va". En el acto el nuevo presidente,
Dr. Omar anunció la remoción de los jueces y
magistrados "golpistas" y su posición a favor de revertir
la sentencia de la Sala Plena del 14 de agosto de 2002 que
absolvió a cuatro militares acusados de rebelión
por los sucesos de abril de 2002. Entre los nuevos magistrados
figuran algunos, que hasta el momento de su designación,
se desempañaron como militantes y simpatizantes del
partido de Gobierno, miembros de la bancada oficialista de la
Asamblea Nacional y uno de ellos, Francisco Carrasquero,
presidente del Consejo Nacional Electoral.
El 11 de marzo de 2005, la Sala Constitucional,
integrada por siete miembros (2 de ellos suplentes),
anunció que había sido anulada por unanimidad la
sentencia firme de la Sala Plena del 14 de agosto de 2002. Dicha
sentencia expresaba que no había méritos para
enjuiciar por rebelión militar a los Generales
Efraín Vásquez y Pedro Pereira, Vicealmirante
Héctor Ramírez y Contralmirante Daniel Comiso. La
anulación de esta sentencia viola el principio de cosa
juzgada y lo hace además apelando a argumentos formales y
a vicios de forma sin tocar el fondo de la materia.
El Presidente de la República necesitaba, para
confirmar su propia versión de los hechos, que los cuatro
generales fuesen sentenciados por el Tribunal Supremo de Justicia
de haber promovido un golpe de Estado y difundir a los cuatro
puntos cardinales que no hubo vacío de poder, ni auto
golpe. Sin embargo la ponencia que elaboró el doctor
Francisco Carrasquero y que fue votada unánimemente por la
nueva Sala Constitucional hizo suponer que los generales
Vásquez Velasco y Pereira Olivares, así como el
vicealmirante Ramírez Pérez y el contralmirante
Comisso Urdaneta gozaban de plena libertad porque la metida de
pata ya había sido juzgada, por lo que la nueva sentencia
no aporta nueva novedad. La novedad, si podemos así
llamarla, está en "la apreciación de "errada y
grotesca" que revela la pluma de Francisco Carrasquero en la
sentencia de la Sala Constitucional del viernes 11 de marzo de
este año, que sirvió de base para que el TSJ se
lave las manos al decidir sin darle la razón al Fiscal
General, Isaías Rodríguez quien probablemente
esperaba que el TSJ confirmara que la "Carmonada" fue un golpe de
Estado y no un "vacío de poder", así como dio la
razón a los militares involucrados en el hecho que
esperaban, a manera de milagro, que el TSJ de hoy siguiera
actuando, como cuando lo manejaba Miquilena. Incluyendo en esta
cuenta al trisoleado Lucas Rincón que pasará a la
historia por aquello de "le fue pedida la renuncia, la cual
aceptó".
El punto emblemático, del 11 de abril de 2002,
para el vencedor (el Gobierno) al querer imponer su
versión histórica de los hechos está en que
a los seis años no hay ningún condenado por la
muerte de las 19 personas y más de un centenar de heridos
la tarde del 11 de abril.
El Fiscal General, para justificar que los hechos del 11
de abril fue un golpe de Estado, ha imputado a 8 policías
y tres comisarios de la Policía Metropolitana. Todos,
privados de libertad, han soportado el juicio más largo de
la historia, con cientos de pruebas inconsistentes y
después de 6 años para los 8 policías y 4
para los Comisarios, el tribunal que lleva el caso en la ciudad
de Maracay (85 kilómetros de la capital de Caracas) no ha
conseguido una prueba para poder condenarles. Los jueces adictos
a complacer a la parte acusadora, y en especial al Fiscal
General, no han podido sentenciar los por falta de una prueba que
los incrimine. Pensar que los Comisarios en los viajes de Caracas
a Maracay han cubierto, esposados, 30.000
kilómetros.
La figura de "Complicidad", inventada por el tribunal
para imputar a los policías de la Metropolitana y los tres
Comisarios por los sucesos del 11 de abril, quiere decir que no
se está acusando de ninguno de los 19 crímenes por
falta de pruebas. El Diccionario de la Real Academia
Española dice de la palabra cómplice "persona que
sin ser autora de un delito o falta, coopera en su
ejecución con actos anteriores o
simultáneos".
El abogado Alberto Arteaga a la pregunta
¿Qué pasó el 11-A? contesta "no lo sabemos,
ni lo sabremos, porque no se creo la comisión de la
verdad". A los policías y comisarios se le ha acusado por
tres de los muertos, sin poder dictar sentencia por falta de
pruebas. Después de seis años, cabe la pregunta
¿quienes son los autores de los otros 16 muertos restantes
y el centenar de heridos?
Ningún juez, menos si es provisorio, va a
sentenciar alguno miembro de los Círculos Bolivarianos o
de la Guardia Nacional, que estaban rodeando el Palacio
Presidencial y dispararon a la marcha que se acercaba por la
avenida Baralt.
El futuro de la Justicia
El Presidente del Comité de Postulaciones de los
Candidatos a jueces Pedro Carreño [Diputado por Movimiento
Quita República (MVR) por el estado Barinas,
después Ministro de Relaciones Interiores y Justicia],
afirmó que los presentables eran adictos incondicionales
al proceso revolucionario y que "no iban a meterse un
autogol".
El nuevo magistrado a la Sala Constitucional,
Luís Velásquez Alvaray, anteriormente diputado a la
Asamblea Nacional, afirma que impulsará la
revolución desde el Poder de justicia y que él no
se va "deslastrar" de su pasado partidista: "no tengo que
deslastrarme de ningún pasado. Yo he luchado y
seguiré luchando por estas ideas. Nunca podré
hipotecar mis ideas ante una situación como esta (su
designación como magistrado). Voy a aplicar un proyecto
revolucionario en el Poder Judicial y en eso nadie puede llamarse
a engaño".
El nombramiento del Fiscal General es una de las pruebas
de control de poderes Ejecutivo. El nombramiento de Isaías
Rodríguez rompe la separación de poderes, de
Vicepresidente de la República pasa a ocupar la
presidencia de la Fiscalía General y cumplido el periodo
de seis años es nombrado por la Sala Plena del Tribunal
Supremo de Justicia, por mayoría de votos, Conjuez
asistente de la presidenta Dra. Luisa Estela Morales, para suplir
sus ausencias.
La Fiscalía General, tiene como fin garantizar
los derechos humanos y acuerdos internacionales y encausar los
ilícitos cometidos ante los tribunales. Recodemos el
juicio al presidente Carlos Andrés Pérez
introducido por el Dr. Escobar Salón, siendo Fiscal
General, por uso indebido de 250 millones de bolívares de
la partida secreta al ser destinados para ayudar la candidatura
de Violeta Chamorro a la presidencia de Nicaragua. El ex Fiscal
General Isaías Rodríguez ¿qué
garantía pudo ofrecer ante los ilícitos de
personeros del Gobierno, si fue cuestionado por
manipulación de las actas, y fabricar el testigo falso
Giovanny Vásquez en el caso del asesinato de Danilo
Anderson, tapando a los autores materiales e intelectuales,
condenando a personas inocentes, enemigos del
proceso[17]
Ante la negativa de los directores del Consejo Electoral
Nacional y de los partidos políticos, que dicen contar con
copias de las actas de las mesas de votación de la
consulta sobre la Reforma Constitucional del 2 de diciembre de
2007, de dar los resultados definitivos, surgen las sospechas de
componendas entre el Consejo Electoral y los partidos de la
oposición, creando la desconfianza del electorado y
confirmando una vez más las acusaciones de fraude
electoral.
Pero nada de esto puede sorprender si se tiene alguna
noción cierta sobre lo actuado el 02 de diciembre de 2007
por la comunidad política electoralista de ambos bandos.
Al dar el Consejo Nacional Electoral los resultados de los
primeros y únicos boletines, se estaba demostrando que
estamos en presencia del fraude de más alcance y
profundidad de la historia electoral de este
país.
No hay otra manera de explicar el absurdo
estadístico planteado desde la madrugada del 03 de
diciembre de 2007, cuando la presidenta del CEN, Tibisay Lucena,
faltando por escrutar 1.800.000 votos de los 9 millones de
votantes, dijo que se sabía que la diferencia del 1%
entre el No y el Sí era irreversible. Esta es una
afirmación numéricamente insostenible.
El General Raúl Isaías Baduel, ex ministro
del Ejército, en declaraciones al diario El
País de España, afirmó que el 2 de
diciembre, cuando tuvo los resultados electorales a la mano,
amenazó a la Presidenta del CEN, Tibisay Lucena, con
divulgarlos en una rueda de prensa si ella misma no lo
hacía[18]A las diversas reclamaciones y la
negativa de la presidenta de la directiva del Consejo Electoral
Nacional, Tibisay Lucena, los profesores e investigadores, Celina
Áñez, Eudes Vera y Baldomero Vásquez
presentaron un amparo constitucional ante la Sala Constitucional
del TSJ. La respuesta de la Sala Constitucional, se hace
cómplice de la violación de las leyes de la
Republica al contestar que el CEN no está obligado a
publicar los resultados definitivos del Referendo Consultivo del
2 de diciembre de 2007[19]La presidenta de la Sala
Constitucional y del Tribunal Supremo, Luisa Estela Morales dice:
"el desconocimiento de los resultados totales no se constituye en
desmejoras a un interés general de la sociedad o de un
sector de ella". Y como consuelo agrega que "los quejosos' pueden
seguir su petición por medio de un recurso contencioso
electoral"[20].
El show del presidente para debilitar los
poderes
El Presidente, el 10 de enero, con motivo de la
juramentación para su segundo periodo presidencial,
arremete contra los antivalores capitalistas: los de los sueldos
escandalosos que devengan algunos funcionarios públicos
(de 16 a 32 millones de bolívares mensuales de sueldo,
mientras la mayoría devenga salario mínimo de
Bs.512.325, lo que denigra de un revolucionario, así como
el uso de vehículos Hummer, BMW, y Audi en manos de los
revolucionarios. En su perorata invita a los aludidos a rebajarse
el sueldo libremente hasta un 50%. Los magistrados de la Sala
Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el 24 de enero
haciéndose eco del discurso presidencial, se rebajan el
sueldo en un 50%.
La directiva del Poder Judicial, contra la
opinión de que los magistrados devengaban un sueldo de 32
millones bolívares mensuales, aclara que el sueldo es solo
de 15 millones. Además, del sueldo mensual de 15 millones,
los Magistrados perciben una suma casi igual por concepto de
bonificaciones, dietas y otras especies.
Los Magistrados se quejaban de que el Servicio Nacional
Integrado de Administración Aduanera (SENIAT) les pechaba
con el impuesto sobre el total de lo que devengaban.
El doctor Omar Mora, presidente del Tribunal Supremos de
Justicia propone hacer corte a las prestaciones sociales, porque
según la ley constitucional "las prestaciones sociales son
derechos laborales adquiridos irrenunciables, inalienables e
inembargables". La proposición fue aprobada por 29
magistrados, llegando algunos a cobrar hasta 800 millones por
concepto de utilidades. La Sala Constitucional, para liberar a
los compañeros de las apetencias del Seniat de seguir
pechando los ingresos, el 27 de febrero en la sentencia nº.
01-2862, modifica el artículo 31 de la referida norma
emanada de la Asamblea Nacional de la manera siguiente: Se
considera como enriquecimientos netos los salarios devengados en
forma regular y permanente por las prestaciones de servicios
personales bajo relación de dependencia; la segunda parte
del artículo queda intacto. A lo previsto en el texto los
siete Magistrados de la Sala Constitucional redactan la nueva
interpretación sobre la imposición de
impuestos a pagar por los que devengan salarios altos: a los
efectos previstos en este artículo, quedan excluidos del
salario las prestaciones de carácter accidental, las
dadivadas de la prestación de antigüedad, y las que
la Ley considere que no tienen carácter
salarial.
La Asamblea Nacional, vimos más arriba, como
llega el 22 de marzo a rasgar sus vestiduras acusando al TSJ de
intromisión de poderes, llegando a denigrar de los siete
magistrados de la Sala Constitucional, y llegando a decir que
pertenecen a una "mafia".
Prescindiendo si hubo o no usurpación de poderes,
y siguiendo la máxima "no comparto la decisión del
tribunal, pero acato la decisión". La Asamblea Nacional
exhorta al pueblo y al SENIAT a que haga caso omiso a la
decisión del Tribunal Supremo, cometiendo
públicamente un delito constitucional al incitar al pueblo
y a los agentes cobradores de impuestos a no aceptar las
decisiones judiciales. El papel de la Asamblea en este caso ha
debido limitarse a su papel de legisladora y al de modificar el
artículo 31, a su anterior estado. (Y no exhortar al
desacato, por más furia que hubiesen tenido en este
momento los legisladores)
Por otra parte la Asamblea Nacional es la menos indicada
para cuestionar la usurpación de poderes, cuando apenas
hace unos días ha transferido al Presidente el poder de
legislar en cuanta materia crea conveniente, incluso sobre
impuestos tributarios. Poder que se le otorga por espacio de 18
meses. La Asamblea debe recordar, que con mayoría simple
nombró los 32 magistrados para tener mayoría en las
decisiones del Máximo Tribunal, llegando a defenestrar
magistrados no afectos al proceso revolucionarios.
El Tribunal Supremo de Justicia ha legislado, en la
Quinta República, usurpando funciones propias de la
Asamblea nacional. El primer Consejo Electoral, nombrado
transitoriamente por el presidente Hugo Chávez,
duró varios años en funciones sin que la Asamblea
Nacional diese cumplimiento a las normas transitorias de la
Constitución, nombrar los miembros del Consejo Electoral.
Al ser cuestionada la junta provisoria la Asamblea intenta
ponerse de acuerdo sin llegar a las 2/3 partes necesarias. La
Sala Constitucional del TSJ procede a nombrar los miembros de
Consejo Nacional Electoral. Claro en esta ocasión la
resolución de la Sala Constitucional es favorable al
proceso liderado por el presidente Hugo Chávez. La
Asamblea Nacional se mostró complaciente, por que las
decisiones favorecían al proceso
revolucionario.
El diputado Carlos Escarrá, defensor de
posiciones radicales, considera que la sentencia de la Sala
Constitucional de pagar impuesto sobre lo devengado en calidad de
salario "viola el principio de justicia tributaria,
progresividad, de proporcionalidad, vulnera las prestaciones
sociales, el derecho a la jubilación de los trabajadores".
El ex magistrado de la desaparecida Corte Suprema de Justicia,
Duque Corredor recuerda a Carlos Escarrá, cuando era
magistrado, la sentencia que él firmó el 2001 a
favor de los obreros de empresas extranjeras, quienes no
debían tributar sino sobre el salario básico, sin
tener en cuenta la bonos de productividad y otros
aditamentos.
Se ha puesto al descubierto que el show montado por el
Presidente ha servido para que los que aun creen que tenemos
democracia se terminen de convencer, que la democracia supone
división de poderes y el Padre de la Patria, a quien gusta
citar el presidente Chávez, en el discurso de Angostura
reconoce la división de poderes, decretada en el Congreso
constituyente del 1811.
Duque Corredor asoma que segundas intenciones pueden
estar detrás de la Asamblea Nacional para garantizar el
proyecto estrella del Presidente, la Reforma de la
Constitución que se está trabajando entre dos
luces y en silencio para evitar las voces, no solo de la
oposición sino de los mismos miembros del proceso opuestos
a la reelección indefinida del Señor de Miraflores.
Lo que ha ocurrido, más que un enfrentamientos o conflicto
de poderes, es una amenaza de controlar el Poder Judicial por
parte del Gobierno que es el que está detrás de
todas esta denuncias, que se han hecho contra de algunos
magistrados del TSJ; y el segundo aspecto es que surjan denuncias
de este tipo, después de tres o cuatro años de
designado el actual TSJ, cuestionando precisamente la sala que
iría a controlar la constitucionalidad de los proyectos de
reforma constitucional.
Otro que ve la mano de Chávez detrás la
Asamblea Nacional, al pretender investigar a los magistrados de
Tribunal Supremo de Justicia, es el Secretario Nacional de
Acción Democrática, Henry Ramos Allup, quien
afirma: "Un golpe de este tamaño y alcance no pudo ser
dado por el Parlamento sin una autorización de la
mismísima cabeza del Ejecutivo, creo que estas son
cuestiones de Chávez". Añade que el enfrentamiento
ha desatado entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de
Justicia es "una guerra de poder y es que Chávez quiere
liquidar el Tribunal porque alguna sala le está resultando
estorbosa, pero no a propósito de garantizarle derechos
constitucionales a los ciudadanos sino para consolidarlo
todavía más".
La magistrada de la Sala Penal del TSJ, Blanca Rosa
Mármol, una de los tres jueces que no firmó la
proposición del presidente doctor Omar Mora, sale en
defensa de la sentencia emitida por la Sala Constitucional que
modifica la Ley del Impuesto sobre la renta. La integrante de la
máxima corte del país manifestó que le
"preocupa mucho" la negativa del Legislativo a acatar una
decisión del TSJ, y señaló que esta
situación "no puede tolerarse". "Lo que aquí
está en crisis es la división de poderes como
sustento del sistema democrático porque no puede tolerarse
que un poder diga que no acata una decisión del Tribunal
Supremo de Justicia".
El Tribunal Supremo de Justicia ha perdido su
autonomía
La junta directiva del colegio de abogados de Caracas,
electa el 31 de mayo de 2008, es desconocida por la Sala
Constitucional y nombra, usurpando funciones del gremio, una
nueva directiva. La presidenta electa el 31 de mayo, Ivette Lugo,
rechazando la intromisión del Tribunal Supremo, dice: "es
grave problema que tiene la justicia venezolana, al recibir
directrices del Ejecutivo Nacional".
¿Cual será la respuesta de la Corte
Constitucional a los inhabilitados por el Controlador Glodosvaldo
Russián? Siguiendo órdenes del Presidente el
Controlador General ha inhabilitado 386 ciudadanos para
presentarse a electores en las próximas contiendas para
gobernadores y alcaldes. El Consejo Electoral -cuatros de los
cinco rectores- ha considerado la listas del Controlador
Russián validas para no admitir a la inscripción a
los cargos. El quinto rector, Vicente Díaz considera que
la decisión de los compañeros es un error
inconstitucional, reconoce que la Constitución está
por encima de las otras leyes y en concreto contra el Art. 105 de
la Ley de la Contraloría. Los artículos 42 y 65 de
la Carta Magna establecen que sin sentencia firme no es posible
inhabilitar a ninguna persona de sus derechos políticos.
Russián ante las criticas responden que a los incluidos en
su lista de inhabilitados les queda el recurso de apelar a la
Corte Suprema. El Presidente, al final del desfile de 24 de junio
en el Campo de Carabobo (conmemoración de la batalla final
entre las tropas independentistas y realistas) echó la
bendición al Controlador, por su valentía de atacar
la corrupción.
El Tribunal Supremo se encuentra en este momento en un
dilema: acatar las órdenes del Ejecutivo a través
del todo poderoso Russián o salvar la Constitución.
Cecilia Sosa ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia
recuerda su posición en defensa de la Constitución,
cuando hace 10 años se cuestionaba la candidatura a la
presidencia de la Republica del teniente coronel Hugo
Chávez a quien dijo: "Usted si puede ser candidato a la
presidencia porque no fue sometido a sentencia firme, aun cuando
usted dio dos golpes de Estado. Los tiempos han cambiado y
Chávez tiene un controlador, que por órdenes suyas
dice: ustedes no pueden ser candidatos, aunque no tengan una
sentencia firme de un tribunal de la Republica. Qué
decidirá la Sala Constitucional ¿saldrá en
defensa de la Constitución o violando ésta,
seguirá arrodillada al Controlador?
Rocher Lander ex Controlador General considera que la
decisión del Consejo Electoral de rechazar a las 386
personas de la lista Russián de participar en las
elecciones de Gobernadores y Alcaldes es un golpe de Estado a la
Constitución. Cuando el pueblo, según los
últimos sondeos de Alfredo Keller y Asociados está
rechazando las inhabilitaciones en un 80%.
El control de los
medios de comunicación
En el primer "Aló, presidente" llevado a cabo, el
23 de mayo de 1999, el Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela hace la primera advertencia a los medios
de comunicación que no comulgan con su manera de ver las
cosas, afirmando: que "aquí en Venezuela a veces hasta se
abusa, se denigra, se miente, se lanzan campañas de
difamación por algunos medios de comunicación".
Anuncia una campaña en su contra diciendo: "este es un
combate por Venezuela, por el futuro de nuestro hijos, por el
futuro de la patria y yo lo que ando es cumpliendo con la
responsabilidad, así que amigos, aquí estamos en la
batalla por la libertad de
expresión"[21]
Vladimir Villegas, periodista, presidente del canal del
Estado, dice que "los medios de comunicación en general se
vieron obligados a aceptar esa dura realidad, llamada de Hugo
Chávez Frías"; pero después de los primeros
días en que coquetearon pensaban que podrían
manejar a Chávez. Al llegar los primeros enfrentamientos
surgió "la constante desconfianza entre el jefe de Estado
y los dueños de las empresas de comunicación
social"[22].
Alcides Rondon, viceministro de Comunicaciones sostiene
que Chávez no cede y "es frontal con los
medios".
Ángela Zago, quien fue una asidua visitadora a
los presos en la cárcel de Yare y colaboradora de
Chávez en los comienzos del gobierno, tuvo con él
un encontronazo en 1999, con motivo de la discusión,
originada por incluir el concepto de "información de la
verdad" en la nueva Constitución. Se trataba de poner
barreras a la libertad de expresión. No entendía,
Ángela Zago el interés del Presidente por
enfrentarse con los dueños de los medios de
información. Cuando trato de intercambiar opiniones con el
Presidente, éste le dijo: "Ángela, esa pelea yo la
quiero dar". Desde ese momento (noviembre de 1999) Ángela
Zago afirma que el Presidente empezó el enfrentamiento
contra los medios de
Comunicación[23]
En la cumbre de la OPEP (septiembre de 1999) celebrada
en Caracas acusó al canal Internacional CNN de
"tergiversar" y "mentir" sobre la información de la
cumbre. Un grupo de bolivarianos protestó ante las
oficinas de la Associated Press. La reacción de
Chávez, en Aló, presidente, contra una
entrevista realizada por Mario Vargas Llosa en El
Nacional, no se hizo esperar: llamó a los partidarios
a defender la soberanía nacional y tildó al
escritor peruano Mario Vargas Llosa de "analfabeto".
En el 2002, Chávez despotrica de las televisoras
nacionales por no haber retransmitido el hecho de que él
no había firmado la renuncia la madrugada del 12 de abril
y elogia a la cadena CNN, poniéndola de ejemplo de buen
periodismo y objetividad en la información, al decir al
mundo que Hugo Chávez "no había firmado ninguna
renuncia". Esta luna de miel de Chávez con CNN se
acabará a los dos años, al reseñar CNN, en
una nota de color, la presencia de una vaca flaca en el centro de
Caracas, propiedad de una chavista que la estaba engordando para
una parrillada; el Presidente reacciona en sus cadenas de radio y
televisión a la nota folclórica de CNN y cambia las
letras de la Cadena Internacional CNN por CÑM (Insulto
grosero y de mal gusto, que significa una mentadera de madre)
[24]
A mediados del año 2.000, se introduce en la Ley
Orgánica de Telecomunicaciones un mecanismo de
perturbación. El artículo 209 da "al Ejecutivo la
potestad de suspender la transmisión de cualquier medio de
comunicación para resguardar los intereses de la
nación".
Los Grupos Bolivarianos, encabezados por Lina Ron, se
apuestan a las puertas del diario "El Nacional", a altas horas de
la noche, del 6 de febrero de 2002, impiden la entrada y salida
de los trabajadores, solicitan un derecho a replica y lanzan toda
clase de improperios. Y así se repite con otros medios de
comunicación.
Los medios de comunicación son el instrumento de
promoción y a la vez los verdaderos enemigos de la
revolución. Con motivo de la Asamblea General de la ONU de
2002, mientras los mensajeros del Secretario de la OEA tratan de
instalar una mesa de negociación en Venezuela entre el
Gobierno y la Oposición para salir de la crisis,
Chávez toma la delantera y desde el podium del
máximo organismo internacional acusa a los medios de ser
los verdaderos responsables del "golpe fascista" del 11 de abril
de 2002. Insiste en la necesidad de luchar contra el "terrorismo
mediático", acusando a los medios de manipular los
hechos., poniendo como ejemplo: la proclama de los militares
rebeldes del 11 de abril, gravada por las cámaras de
televisión, donde aparecen los Círculos
Bolivarianos disparando contra la marcha que se acercaba por la
avenida Baralt y haber ocasionado la muerte de los seis (6)
primeros muertos, después retransmitida por todos los
canales de televisión y radio. Este episodio es
escenificado por Chávez en el podium de la ONU, aunque no
logra convencer a la oposición de su renuncia y abandono
del Poder, ante el Alto Mando Militar, si logra, ante los
organismos internacionales, dejar la idea de que él fue
una victima de un golpe intentado por los militares y secundado
por los medios y periodistas[25]
El domingo 12 de enero de 2003, en Aló,
presidente dice: a los dueños de las cadenas privadas
de televisión "que tienen un permiso de operar, otorgado
por el Gobierno, se les puede quitar si continúan en su
empeño irracional de darle pie a la subversión
fascista". A continuación añade: "he ordenado
revisar el ordenamiento jurídico, porque si ellos no
recuperan la normalidad, si tratan de reventar el país, yo
estaría obligado a revocarles la concesión".
Nombró a los dueños de los cuatro canales privados
nacionales de televisión por nombre y apellido,
etiquetándoles el apodo de "jinetes de la
Apocalipsis"[26].
Comienza una guerra contra los cuatro canales de
televisión, que de ahora en adelante, los llamará
"jineteras" (nombre que en Cuba se da a las prostitutas).
Después, dirigiéndose algunos magistrados, con
motivo de haber designado a los directores del Consejo Nacional
Electoral, dice: "Hay magistrados que no obedecen a su conciencia
sino a las jineteras".
El 13 de marzo, la Agencia de Noticias del Estado
VENPRES calificó a unos periodistas de
narcos-periodistas.
Un montaje de los canales de
Televisión.
El 4 de diciembre de 2002, Joao Gouveia dispara
alegremente la pistola sobre las personas reunidas en la Plaza de
Altamira, dando muerte a 3 personas y dejando 11 heridos de la
plaza. La acción de Joao Gouveia que segó la vida a
3 personas e hirió a 11 más acaeció unos
días después de un discurso incendiario del
Presidente contra los militares de la Plaza Francia. ¿Pura
casualidad? El autor material fue capturado in fraganti por la
policía del municipio Chacao. El propio Joao Gouveia se
declara culpable. El tribunal tras las averiguaciones condena a
Gouveia, como único autor material de los hechos y
descarta la existencia de autor intelectual que hubiese ordenado
abrir fuego contra las personas reunidas en la Plaza en
desobediencia civil al Gobierno.
La instigación constante contra las personas
reunidas en la Plaza Altamira, en desobediencia civil, no se
tomó en cuenta. Además, para desviar el camino a la
investigación, el Presidente, el sábado siguiente a
los hechos, ante una multitud de los Círculos
Bolivarianos, reunidos a las puertas de Miraflores, disculpa a
Joao Gouveia, aduciendo que ni se encontraba ese viernes en
Venezuela, sino en Portugal. Ante la acción de la
policía de Chacao, que lo prendió infragante, y la
propia confesión de culpa de Joao Gouveia, Hugo
Chávez le restó importancia y alegremente afirma
que el video, que mostraba al asesino junto a Freddy Bernal, era
un montaje de los canales de televisión. En esta
oportunidad lanza el grito de guerra a sus partidarios para "que
se preparen para la batalla del petróleo". El control de
Petróleos de Venezuela es imprescindible para la
implantación de su proceso revolucionario.
Los partidarios del Gobierno habían comprendido
el mensaje del líder, al declarar la guerra sin cuartel
contra los golpistas y los medios de comunicación y al
grito "así se gobierna" daban un contundente respaldo al
jefe de la revolución. Mientras la oposición
seguía creyendo en pajaritos preñados con la Mesa
de Negociación instalada por la OEA, Chávez
seguía incitando a los Círculos Bolivarianos a
provocar. Así el lunes 9 de diciembre los Círculos
Bolivarianos armados atacaron y produjeron graves daños a
los canales de televisión de Globovisión en
Maracaibo, de Pomar TV en Barquisimeto, de Televisora de Oriente
en Puerto La Cruz y de Televisora Regional del Táchira. En
la ciudad de Caracas las hordas guiadas por los diputados Iris
Varela, Luis Tascón, Cilia Flores, Nicolás Maduro,
y Desirée Santos Amaral rodearon los canales privados de
televisión y el edificio del diario El
Nacional.
Diosdado Cabello y la ministra de Información y
Comunicaciones justifican las acciones vandálicas, como
una reacción lógica del pueblo por las
provocaciones de los medios de comunicación.
A tal incitación se llegó, que el autor
del la masacre del tren del Encanto, ahora diputado, Guillermo
García Ponce, no solo justificaba la acciones
vandálicas, sino que invitaba al "Pueblo permanecer en la
calle y defender la revolución con nuevos ataque a los
medios de comunicación[27]
El Ministro de Infraestructura acude a los canales de
Globovisión y Radio Caracas Televisión para iniciar
proceso administrativo. El Ministro de Relaciones Exteriores, Roy
Chardenton, acusa a los medios de comunicación, a los
líderes empresariales y sindicales de fomentar "la cultura
del magnicidio"; Carlos Ortega, presidente de la CTV, se asila en
Costa Rica; la Corte de Apelaciones de Derechos Humanos concede
libertad plena al ex presidente de Fedecamaras. En esta
tensión, la Sociedad Internacional de Prensa manifiesta
gran preocupación por el deterioro de la "libertad de
prensa en Venezuela".
Chávez en el discurso incendiario del
sábado, 09 de enero de 2003, llegó a afirmar que el
paro y la huelga petrolera era producto de una oposición
desesperada, golpista, fascista orquestada y dirigida por los
medios de comunicación en especial por los canales de
televisión privada. El remedio era evitar que éstas
(Las televisoras) retransmitan lo que está pasando en
Venezuela y así el pueblo verá la verdad
retransmitida por el Gobierno.
La libertad de expresión en
entredicho.
El Domingo 10 de enero de 2003 en "Aló
presidente" volvió a repetir los mismos razonamientos:
"Joao es inocente", "los videos de Joao y Bernal en la
campiña, que el pueblo vio por las televisoras privadas
eran mentira, veneno terrorista que el pueblo se encargar de
extirpar[28]
En el discurso, ante la Asamblea el 17 de enero de 2003,
sataniza a los medios de comunicación y anuncia una nueva
batalla: "No hay forma de tapar el sol con los medios", por lo
que se hace necesario que "la próxima batalla de la
revolución sea la batalla mediática, esa
todavía tenemos que darla". Hay que romper las cadenas que
nos atan al pasado. No vasta haber conseguido el dominio de los
recursos petroleros, ahora hay que debilitar a los medios de
comunicación, a los que logró calificar de
"perversos al distorsionar la información". En el seno de
las Naciones Unidas, a donde acudió desde Quito para
entregar la presidencia del grupo de los 77, intenta inmunizar a
la comunidad internacional de los próximos pasos que
tenía en mente dar.
Para esta nueva batalla, el Presidente nombra a Diosdado
Cabello ministro de Infraestructura con dos misiones a realizar:
la primera, promover el proyecto de la Ley de Responsabilidad
Social de la Radio y Televisión, introducido por el
Ejecutivo en la Asamblea Nacional; y la segunda preparar
expedientes administrativos a los canales de televisión de
Globovisión y Radio Caracas Televisión.
Después se metería con las otras televisiones
privadas[29]
Un mes después, el 17 de febrero de 2003, el
presidente de la República, Hugo Chávez pisa el
acelerador, en ciudad Bolívar para que la Asamblea apruebe
pronto la Ley de Responsabilidad Social de Radio y
Televisión, al decir: "es necesario que el pueblo presione
a los parlamentarios". "De todos modos, -añade el
Presidente- mientras se aprueba la ley, hay que recordar que se
han abierto unos procedimientos administrativos en contra de los
cuatro grandes canales de televisión, para que respondan
sobre hechos irregulares".
La reforma al Código Penal, para el
oficialismo con mayoría en la Asamblea era
primordial.
En la exposición de motivos del proyecto de
reforma del Código Penal se señala el
análisis de la situación que atraviesa la sociedad,
"debido a la diversidad de delitos que han surgido, y tomando en
cuenta que los derechos humanos consagrados en nuestra
Constitución no pueden ser menoscabados, se propone la
inclusión de un conjunto de modificaciones e incluso de
algunos artículos en el vigente Código Penal
venezolano". Se introducen las protestas, rechazos al
régimen, dedicación de cacelorazos al Presidente o
altos personajes del Gobierno […] estos actos serán
sancionados con penas de 2 a 4 años de prisión. No
sólo se va a penalizar los hechos, si no que va más
allá, mediante la modificación del Art. 286 que
dice: "el que pública o privadamente instigue a la
desobediencia de las leyes o al odio entre los habitantes o
hiciera apología de hechos que la ley prevé como
delitos, de modo que ponga en peligro la tranquilidad
pública, será castigado con prisión de tres
a seis años". A esta medida contra el instigamiento o
apología a hechos contra la tranquilidad pública o
privada añaden en el Art.297-A "todo el que cause
pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra,
valiéndose de informaciones falsas difundidas por
cualquier medio escrito, radial, televisivo, satelital,
telefónico, videos, correos electrónicos o escritos
panfletarios anónimos, será castigado de dos a
cinco años[30]
La aplicación de estos artículos del
Código Penal quedan en manos del un tribunal incondicional
al "proceso revolucionarios". Además el Art. 286-B
prohíbe manifestaciones que obstaculicen el transito por
las vías públicas, lo que va a ser motivo de una
cacería de brujas contra los dirigentes y militantes de la
oposición, organizadores de las manifestaciones de
protesta. Los presos por estos delitos para el Defensor del
Pueblo, Germán Amundaraín, "no son presos
políticos, sino políticos presos".
Ley contra el terrorismo
El texto de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión parece inocuo políticamente, puesto que
luce, apenas, como una normativa dirigida a proteger a la
sociedad de los excesos de violencia, sexo y chabacanería
en general, que caracteriza buena parte de la programación
de televisión, pero una lectura más atenta permite
percibir la trampa de la censura y de las limitaciones a la
libertad de expresión en el campo de lo
político.
El peligro de que la ley opere como un garrote dirigido
a castigar conductas políticas que el oficialismo
considere "incorrectas" está plasmado en los
artículos 19, 20 y 21. En estos artículos se
concretan los organismos públicos que manejarán la
aplicación de la ley: la Gerencia de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión, adscrita a Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL); el Directorio de
Responsabilidad Social y el Consejo de Responsabilidad Social. La
integración de estos tres organismos está garantiza
por una mayoría aplastante de servidores del gobierno. El
Directorio de Responsabilidad Social estaría integrado por
el director general de CONATEL, por el gerente del área de
responsabilidad social y por un representante de los siguientes
organismos: ministerios de Información y
Comunicación, de Educación y Cultura, de Salud, del
Instituto Nacional de la Mujer y del Consejo Nacional de los
Derechos del Niño y del Adolescente. Hasta aquí van
7 de sus 11 miembros, todos pertenecientes a instituciones
absolutamente dependientes del Ejecutivo y obedientes a
éste. Los cuatro restantes serían representantes de
las iglesias, de las universidades en sus áreas de
docencia e investigación de la comunicación, de los
usuarios y de las organizaciones no gubernamentales relacionadas
con la protección de infantes y adolescentes.
Aun admitiendo que estos cuatro no respondan a
directivas oficialistas (lo que estaría por verse), porque
sus representantes serían elegidos en asambleas de cada
sector, convocadas por CONATEL, es obvio que en ese directorio se
hará lo que decida la mayoría oficialista, cuyas
decisiones están aseguradas con siete integrantes del
oficialismo.
El Gerente de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión será el verdadero Zar de este sector,
puesto que sus competencias, establecidas en la ley, le dan
poderes prácticamente discrecionales y sus actuaciones
serán convalidadas, sin duda alguna, por el Directorio ya
mencionado.
El Gerente de Responsabilidad Social deberá
consultar al Consejo de Responsabilidad Social, pero la
integración de éste, semejante a la del Directorio
en cuanto a la mayoría automática del oficialismo,
garantiza la más absoluta coherencia entre las tres
instancias.
¿Dónde está el veneno en todo esto?
Imaginemos que en un programa político de
televisión se emiten conceptos contra el Gobierno.
Inmediatamente el Zar de la televisión "descubre" que en
un programa del horario "protegido" fue exhibido un seno desnudo
o se dijo una grosería y por tanto aplica la multa
(gigantesca) prevista. El Directorio y el Consejo, desde luego,
respaldarán la actuación del Gerente de
Responsabilidad Social. Aunque aparentemente la sanción no
tuvo una causal política ya el canal respectivo
sabrá a qué atenerse.
Un proyecto de ley que podría ser visto con
agrado, porque, supuestamente regularía los excesos de
violencia o sexo en TV, terminaría siendo un instrumento
de control político, y nada de extraño será
que logrado este objetivo los propósitos explícitos
de la ley en materia de sexo y violencia sean dejados de
lado.
La finalidad de la nueva Ley de Responsabilidad Social
en Radio y Televisión es plausible y bien acogida por
todos los ciudadanos: "desarrollar las normas y principios
contenidos en la Ley Orgánica para la Protección
del Niño y del Adolescente, en la Ley Orgánica de
Educación, en la Ley Orgánica de Salud y en la Ley
Orgánica de Telecomunicaciones, para garantizar, que a
través de los servicios de divulgación, se
contribuya al desarrollo social, cultural y económico de
la sociedad venezolana y, en particular, al desarrollo integral
de los niños, niñas y adolescentes, a los fines de
lograr el necesario equilibrio entre los deberes, derechos e
intereses de las personas, de los prestadores de servicios de
divulgación y sus relacionados"(Art. 1º). Sin
embargo, los fines del Estado son un control de los medios de
comunicación a través de normas que le permita
hacer uso de los mismos para difundir mensajes del oficialismo,
retransmitiendo actos de Estado e incluso para actos de
proselitismo del partido de gobierno, y amedrentar a los
periodistas al imponer la obligación de revelar la fuente
de información, y coartar la información a
través de los tribunales.
Impedir que se filtren las noticias
La periodista Ybeyise Pacheco, en su columna de los
viernes del diario El Nacional, publica el contenido de
dos reuniones reservadas en grado treinta y tres del oficialismo.
La primera se celebrada en la casa del Presidente. En ella se
habla de secuestro, asesinato a hombres de la oposición.
La segunda se realiza en un cuartel. En ésta el Presidente
amenaza a los militares que intenten alzarse contra él. La
periodista, una mujer con guáramo tiene gente que filtran
las conversaciones más secretas del Gobierno. Hay revuelo
y amenazas de hacer la un juicio. Están tratando de
amedrentarla y averiguar quien del entorno de Chávez es el
que revela los más íntimos secretos.
Están locos por la aprobación de la Ley
Mordaza, para evitar que se hable de corrupción, de falta
de alimentos, y de paralización de la economía del
País.
A fines de 2004 se promulga la "Ley de Responsabilidad
Social" o Ley de Contenidos, llamada por la oposición la
"Ley Mordaza", mediante la cual se controla los noticieros, los
programas informativos y los espacios de
opinión.
Para dar fuerza a las leyes de Responsabilidad Social y
de Telecomunicaciones se añade un nuevo elemento
coercitivo, la Reforma al Código Penal, incluyendo penas
de prisión y pecuniarias por difamación e injuria a
personas públicas.
El periodista Teodoro Petkoff advierte el peligro que
contenía esta reforma. Ironías de la vida, Petkoff,
director y dueño del diario Tal-Cual y el humorista
Laureano Márquez, colaborador en el periódico,
tendrán que pagar, con la ayuda del pueblo sendas multas
multimillonarias por una carta de humor y respeto dirigida a la
hija menor del Presidente, Rosa Inés de 9 años de
edad, pidiendo la intercesión ante su papá para que
no discriminara a los llamados escuálidos.
Otro de los casos penalizados fue, la opinión del
General Francisco Usón en un programa de
televisión, dirigido por Marta Colomina. El General
Usón responde a la pregunta de la periodista de
cómo funcionaba un lanza-llamas. La explicación del
funcionamiento de un lanza-llamas fue interpretada como un
agravio a las Fuerzas Armadas, por lo que se le acusó y
condenó a cinco años de prisión. El
incidente ocurrido en el Fuerte Mara del estado de Zulia, donde
hubo un incendio en una celda de reclusión y a
consecuencia se quemaron ocho soldados, de los cuales dos
murieron a consecuencia de las quemaduras. Cometarios de
periodistas llegaron a firmar, que en fuego no se produjo por un
cigarrillo de unos de los soldados que estaba en la celda de
penados y se quedo dormido, sino que el fuego fue lanzado desde
fuera de la celda.
En el V. Foro de Porto Alegre de enero de 2005 el
Director de Le Monde Diplomatique monsieur Ignacio
Ramonet presenta al Presidente de Venezuela, teniente coronel
Hugo Chávez Frías, al auditorio como "El Libertador
de la América del Sur". Con esta presentación Hugo
Chávez va a ganar el show de Porto Alegre, donde se
encuentran los intelectuales de la izquierda más
recalcitrante y todos los grupos que en los respectivos
países de América anhelan un orden más
justo. En su discurso, hábilmente agradable al auditorio,
anuncia al partido de "Los Sin Tierra" del Brasil que Venezuela
es un ejemplo que debe seguir el gobierno del Brasil. Propone
debatir sobre "la dictadura Mediática Mundial de los
medios de Comunicación", para ello Venezuela ha dado un
primer paso al aprobar la Asamblea Nacional la Ley de
Responsabilidad Social de Radio y Televisión y unir las
fuerzas contra los "Estados Unidos que es la fuerza más
negativa del Mundo". Son los puntos de la proclama revolucionaria
bolivariana mundial: "El Presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, fue la figura más convocante del Foro
Social Mundial, en cuyo acto llamó a "conspirar contra el
Imperialismo" y proclamo la muerte al Área de
Libre Comercio de las América (ALCA.)"
Radio Caracas Televisión (RCTV) en la
mira
Las metas para el 2007, después de las elecciones
del 3 de diciembre de 2006, en que fue reelecto presidente Hugo
Chávez, se prevé serán el control de las
universidades y los medios de comunicación:
En primer lugar pretende poner el guante a la
educación para llegar a controlar la autonomía
universitaria. Los métodos para lograrlo comenzaron con la
infiltración de los grupos violentos entre el estudiantado
para fomentar desordenes a fin de que las autoridades de las
universidades soliciten la intervención de las
policías. En los últimos días se han
presentado disturbios, por problemas de mal servicio en los
comedores y en el transporte, en las universidades de Carabobo,
Mérida y Maracaibo.
En segundo lugar, el Estado no descansará hasta
lograr acallar los medios disidentes de comunicación
mediante una mayor inversión en mejorar los medios
manejados por el Estado y aplicar sanciones a los medios privados
que no se sometan a las directrices del oficialismo.
Repotenciación de los medios que maneja el
oficialismo. El presidente de la Televisión del Sur
(TeleSur), Andrés Izarra anuncia la adquisición del
Canal Metropolitano de Televisión (CMT), el 13 de
diciembre, con él, el Estado dispone de seis estaciones de
audiencia nacional: Venezolana de Televisión (VTV), Vive
Teve, Asamblea Nacional Televisión (ANTV), Televisora del
Sur (TeleSur) y ahora el Canal Metropolitano de Televisión
(CMT), más una docena de estaciones de radio y por lo
menos 130 sitios de Internet. Una docena de estaciones de TV
comunitarias y hasta 250 estaciones de radios comunitarias
también son controladas por el gobierno.
Otro medio para controlar la libertad de estar
informados es el abuso, jamás conocido en el mundo, de
encadenar los medios de comunicación estatales y privados
(Televisoras y radios) para retransmitir cualquier evento
nacional, e incluso del partido político del oficialismo
al capricho del Presiente.
Para el presidente de la Republica la utilización
de las cadenas ha sido un medio fundamental en la política
comunicacional del gobierno. A partir 2 de febrero de 1999 a 11
de mayo de 2008, se han producido 1.710 cadenas para un total de
1.048 horas de transmisión. Mientras las clases alta y
media con el control buscan un canal por suscripción, los
sectores más pobres, que no tiene televisión por
cable, optan por apagar el televisor. Según el estudio
realizado por la empresa AGB Nielsen Media Research,
especializada en medición de audiencia, un 30 por ciento
del público televidente opta por apagar el
televisor[31]
Al no disponer de un canal por suscripción, y
verse obligados a escuchar actos públicos, como saludos a
diplomáticos, concesión de micro créditos a
campesinos, imposición de medallas, graduaciones de las
misión Robinsón, Ribas, alocuciones desde
algún fundo recién invadido, retransmisión
de sus giras internacionales realizada por el Presidente, este
treinta por ciento de televidentes prefiere apagar el
televisor.
Nielsen Media Research estudia la pérdida del
Shere (personas que optaron por apagar el televisor) en 30
cadenas seleccionadas. La transmisión que sufrió la
mayor caída fue la del 13 de enero de 2006, con 44,4 por
ciento de televidentes que se ausentaron. Se trata de una cadena
que duró casi 6 horas y se refirió a la
rendición de cuentas de Hugo Chávez a la Asamblea
Nacional, correspondiente a la gestión del año
2005.
Por el contrario, la que contó con menor
deserción fue la cadena del 12 de marzo de 2006, de poco
más de tres horas de duración y correspondió
a un desfile militar del Día de la Bandera, en la que el
Presidente izó por primera vez la bandera de 8 estrellas y
mostró los cambios que hizo la revolución de los
símbolos patrios[32]
De las 1.000 horas de transmisión por cadena se
contabilizaron unas 108 horas en año 2000; 116 horas con
58 minutos en 2001; 73 horas en 2002; en 2003 llegó a
superar 165 horas y el 2004 hasta el 15 de Julio estuvo hablando
en cadenas 87 horas con 23 minutos.
Con la ley de Responsabilidad de Radio y
Televisión en su artículo 10 los medios
radioeléctricos están obligados a retransmitir 70
minutos semanales de publicidad gratuita del Gobierno.
"Aló, presidente" es otro de los medios que se
usa semanal mente, de 4.21 horas la minima a 8,8 la de más
duración. Normalmente se trasmite por Venezolana de
Televisión (VTV), los domingos de las once de la
mañana en adelante. En oportunidades encadena el resto de
los canales oficiales y privados. A través de este medio
se comunican las políticas oficiales: Lo mismo defiende el
"Currículo Escolar", el cambio de ministros, la
estatización de empresas, expropiación de finca,
entrega de créditos a campesinos, la movilización
de tropas a la frontera con Colombia por el ataque colombiano al
campamento de Raúl Reyes en Ecuador. Aunque la audiencia,
generalmente, se concreta a los militantes del Gobierno, los
medios de comunicación reseñan al día
siguiente[33]
Los canales privados RCTV y Globivisión siguen
en la mira
Los canales privados de televisión:
Venevisión y Televen han sido neutralizados, acallando
toda opinión, que pueda molestar al gobierno. Como
dirá el comunista diputado Carlos Ezcarrá:
éstos (Venevisión y Televen) hicieron
"contrición por lo que no se les persigue" como a
RCTV.
En una entrevista la víspera de las elecciones
presidenciales de diciembre de 2006 con los periodistas Eduardo
Rodríguez, Eleazar Díaz Rangel y Carlos Croes,
éste le hace una pregunta al Presidente sobre RCTV, a lo
que contesta que no toleraría las televisoras que
estarían en su contra. Carlos Croes le reposta: "¿Y
eso no es un derecho que ellas tienen?" Hugo Chávez
contesta puede ser que tengan derecho, pero yo tengo la facultad
"de no darles una concesión".
El 28 de diciembre de 2006, el Presidente, en su
discurso de salutación de fin de año a la Fuerza
Armada Nacional, anunciaba que no sería concedido el
permiso a Radio Caracas Televisión de retransmitir por
señal abiertamente. "Es mejor que vayan preparando sus
maletas y vayan viendo a ver qué van a hacer a partir de
marzo. ¡No habrá nueva concesión para ese
canal golpista que se llamó Radio Caracas
Televisión (RCTV)!"."Ya está redactada la medida,
así que vayan (…) apagando los equipos, pues. No se va a
tolerar aquí ningún medio de comunicación
que esté al servicio del golpismo, contra el pueblo,
contra la nación, contra la dignidad de la
República. ¡Venezuela se respeta!".
Días antes el Presidente había anunciado
que las concesiones radioeléctricas de Radio Caracas
Televisión vencían en marzo de 2007 (error del
presidente 27 de mayo). Sobre el particular se ha suscitado en
los días pos-elecciones el problema de las concesiones de
espacios radioeléctricas. Los medios comunitarios han
anunciado la posibilidad de promover un debate democrático
sobre la renovación de las concesiones
radioeléctricas al canal de RCTV, a lo que los voceros del
oficialismo han manifestado seguir la línea trazada.
William Lara, reseña a Efe que la decisión final
"corresponde al Jefe de Estado en consejo de ministros, por lo
que estamos planteando, como ocurre ya cotidianamente en las
decisiones del Estado venezolano revolucionario, es que
aquí también se haga sentir la opinión del
pueblo, expresada en las organizaciones de comunicación
alternativa y comunitaria". Andrés Izarra, presidente de
Telesur afirma: "Yo no estoy de acuerdo -someterlo a consulta
popular- porque el Estado no puede ceder las
prerrogativas".
En la presentación de la Memoria y Cuenta, el 13
de enero de 2007 el Presidente recordó la decisión
de no conceder la concesión del espacio
radioeléctrico a RCTV. "Chillen, pataleen, hagan lo que
hagan, se acabó la concesión a ese canal fascista
de RCTV.
"Esa señal es de los venezolanos y será
nacionalizada para los venezolanos" sigue diciendo el
Presidente.
El ministro de Comunicación, William Lara,
reitera, cuatro días después, 17 de enero de 2007,
que la licencia de transmisión de RCTV se
"extinguirá" el 27 de mayo y la "señal
quedará libre", pero garantiza que no habrá
"confiscación, decomiso o embargo" de sus
equipos.
El Ministro Jesse Chacón, un mes más
tarde, el 16 de febrero de 2007, afirmaba la posibilidad de
llegar a un acuerdo con los dueños de Radio Caracas
Televisión (RCTV) para adquirir los transmisores, y de no
llegar a un acuerdo se recurrirá a mecanismos legales.
"Ojala podamos llegar a un acuerdo con los dueños del
canal, sino la ley prevé los mecanismos claritos de
declaración de utilidad publica, expropiación y
negociación de precios".
Las declaraciones de Jesse Chacón se fundamentan
en el artículo 191 de la Ley de Telecomunicaciones,
sancionada en el años de 2000, la cual dice: "ninguna
persona natural o jurídica o grupo de personas
podrá, por sí o por interpuesta persona, obtener en
concesión o llegar a controlar más de una
estación de radiodifusión o televisión
abierta, en la misma banda de frecuencia por localidad. Esta
misma restricción opera con relación a los
accionistas de una empresa concesionaria".
El ministro del Poder Popular para las
Telecomunicaciones e Informática, Jesse Chacón,
sugiere la conveniencia de llegar al "método Chaaz"
(Abreviatura de los apellidos Chávez y Azpurua) mediante
el cual al expropiar la hacienda la Marqueseña al
señor Carlos Azpurua, el Estado le obligó llegar a
una negociación en octubre de 2005.
Las sentencias del TSJ, contra recursos interpuestos por
los dueños y periodistas de RCTV, aunque no se esperaba
otra por ser los magistrados "rojos rojitos", a través de
La Sala Constitucional, pasa la pelota a CONATEL, y a la Sala
Contencioso Administrativa, organismos para dirimir la contienda
si se debe o no prorrogar la concesión
radioeléctrica. Creerá la Dra. Luisa Estela
Morales, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, ¿que
el pueblo ignora que CONATEL es una dependencia del Ejecutivo y
que el presidente Hugo Chávez ha venido, desde el primer
anuncio del 28 de diciembre de 2008 hasta la misma fecha de la
juramentación de la directiva de la Televisora Venezolana
Socialista (TeVeS), repitiendo que no dará un paso
atrás"? y ¿qué no permitirá que el
Tribunal Supremo de Justicia vuelva a "poner la
plasta?"
La Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo
falló el 23 de mayo de 2007 contra el canal de Radio
Caracas Televisión (RCTV), el canal debe dejar de operar
el 27 de mayo, a las 12 de la noche, mientras la Corte
evalúa su apelación contra la medida oficial de no
renovarle la concesión para transmitir. Quedando pendiente
de que se lleve a cabo juicio sobre si la concesión
radioeléctrica vence el 27 de mayo de 2007 o vence en el
año 2022.
El máximo tribunal expresó en un
comunicado que ''decidió asumir la competencia para
conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad''
presentado por RCTV, pero que es ''improcedente'' la solicitud de
medida de protección presentada al tribunal. Éste
aún está estudiando la apelación presentada
por el canal.
Esta decisión es francamente contradictoria
puesto que no impide, como debería hacerlo, el cierre de
RCTV, que afecta a más de 200 periodistas, 3.000
trabajadores, y a toda la audiencia del canal su derecho a elegir
sus preferencias.
El tribunal sostiene, que en la decisión tomada,
deja abierto el camino para que "se inicie oficialmente el juicio
en contra de la decisión de cierre, puesto que hay
méritos suficientes para ello''.
A pesar de la contradicción existente en las
decisiones del TSJ y de las múltiples presiones y amenazas
de voceros del oficialismo para que el Tribunal Supremo de
Justicia falle en contra del canal de RCTV, toma fuerza la
opinión de que el cierre del canal es ilegal y
arbitrario.
El Ministro de Telecomunicaciones, Jesse Chacón
afirma, el 25 de mayo de 2008, que el fallo del Tribunal ratifica
que "no se está violando ningún derecho a la
libertad de expresión e información, porque existen
otros vehículos para que si quieren informar, sigan
informándose".
La nueva televisión comenzará a operar la
fecha fijada en Caracas y Maracaibo, y que se estaba en contacto
y negociando equipos con varios países para cubrir todo el
territorio nacional. El ministro de Información, William
Lara a la pregunta de un periodista ¿con que equipos iba a
operar desde la primera hora del 28 de mayo? responde que el
Gobierno tiene todo previsto y bajo control.
Un mal paso
El cierre del canal 2, Radio Caracas Televisión,
es la gota que se necesitaba para que muchos venezolanos y la
comunidad internacional se convenzan de que el presidente Hugo
Chávez jugaba a mantener el equilibrio en la cuerda floja,
ocultando el Napoleón Sudamericano-caribeño que
lleva dentro, con el disfraz de demócrata amigo de los
pobres.
Controlados todos los poderes del Estado, y
valiéndose de todas las artimañas posibles para
aparecer triunfante en cuanta elección se presenta, Hugo
Chávez se ha dado a la tarea de poner en práctica
el Socialismo del Siglo XXI, sumando este nuevo objetivo
"Socialismo del Siglo XXI" al control de los poderes
políticos: Asamblea Nacional, Tribunales, Poder Moral,
manejo personal de las empresas Petroleras (Pdvsa),
Teléfonos de Venezuela (CANTV), Compañías de
Electricidad, Empresas Petroleras de la Faja del Orinoco y el
Banco Central.
Por si fuera poco esta vorágine de poder, el
presidente Chávez amenaza de salirse del BM, FMI y de la
OEA, si esta última intenta encausar al Gobierno por las
violaciones a los derechos humanos de periodistas de Radio
Caracas Televisión. Llevar a la práctica el control
de los medios de comunicación, es la meta a conseguir,
para que sólo se oiga la voz oficial y evitar que se pueda
disentir de la línea trazada por el partido único
revolucionario.
Las dificultades, para salir al aire el nuevo canal la
Televisora Venezolana Social (TeVeS) a primeras horas del
día 28, son de tal envergadura que, incluso, partidarios
del gobierno interponen dos recursos ante el Tribunal Supremo de
Justicia: el primero presentado por 13 comités de usuarios
contra el Presidente de la República y el Ministro de
Telecomunicaciones, a fin de que se abstengan de intervenir el
canal al no tener garantías de prestar un servicio de
calidad y de cobertura nacional; por lo que sugieren dar una
cautela a RCTV, mientras se dirime la sentencia anterior de Sala
Contencioso y Administrativa. El segundo recurso, interpuesto por
tres personas chavistas demandando que se garantice la
transmisión a nivel nacional de la nueva televisora de
servicio público, pidiendo se ordene a RCTV permitir a
TeVeS el acceso, uso y operación de la plataforma de
transmisión para facilitar que las transmisiones de la
nueva televisora lleguen a todo el país. La nueva
televisora, que sustituiría a Radio Caracas
Televisión, apenas cuenta con tres transmisores, con los
cuales sólo pode cubrir la audiencia de Caracas y
Maracaibo.
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