El Ministerio del Interior de Uribe a Santos

Distintas formas
de Administrar

Dentro del régimen político colombiano el
papel del Ministerio del Interior es importante para la rama
ejecutiva del Estado, en virtud de sus funciones como
institución de negociación política con la
rama legislativa, como facilitador del acceso a los mecanismos de
participación ciudadana, como garante del cumplimiento de
derechos humanos para la población, como coordinador entre
los entes regionales y el gobierno central, además de su
papel activo en relación con las poblaciones consideradas
como minorías por el régimen político
colombiano y demás labores que abarcan la atención
y prevención de desastres. A pesar de lo resumidas que
puedan apreciarse dichas funciones abarcan múltiples
tareas que se asignan a divisiones claramente marcadas dentro de
la organización del Ministerio, de tal modo que cada actor
al interior de la estructura pueda cumplir con su
objetivo.

En el inicio de la presidencia de Álvaro Uribe se
llevó a cabo un proceso de modernización del
Estado, tratando de renovar la administración
pública mediante el alcance de tres objetivos:
participación ciudadana, estado gerencial y transparencia
y lucha contra la corrupción (Departamento Nacional de
Planeación, 2002); la fusión entre el Ministerio
del Interior y el Ministerio de Justicia fue resultado de dicho
proceso, y dentro de esta unión los objetivos principales
fueron la reducción del gasto público, eliminar la
duplicidad de competencias, mejorar la productividad y encontrar
mayor celeridad en los procesos. Estos se complementan con los
mencionados en la renovación de la administración
pública, la cual hace parte de la idea de estado
comunitario, una de las metas macro del entonces
presidente.

Terminados los dos períodos presidenciales de
Uribe, el gobierno de Juan Manuel Santos optó por separar
ambos ministerios. Las razones fueron de orden económico,
administrativo y de equilibrio de poderes. Si bien se redujo el
gasto fiscal con la fusión, más tarde se
demostró como en el PIB el gasto público se
incrementó junto a un costo social, además en lo
administrativo las funciones de Justicia se vieron relegadas por
las del Interior, provocando la reacción de la rama
judicial que se veía incomunicada frente al
ejecutivo.

Si tenemos en cuenta que la campaña presidencial
de Santos se vio apoyada sobre lo construido por Uribe, agregando
que el primero hizo parte del gabinete del último
¿qué razón motivo al actual presidente a
cambiar los pasos dados por su antecesor? Se podría
argumentar que Santos ha bebido de las fuentes de la Tercera
Vía, en donde el mercado se desea hasta donde sea posible
y el estado hasta donde sea necesario. Esto no quiere decir que
la mirada neoclásica haya desaparecido de la
administración pública, de hecho esta visión
junto a la nueva gestión pública ha sido dominante
en las últimas dos décadas en el país, pero
al analizar los problemas surgidos con la fusión del
año 2002 y la solución adoptada en la
separación de estas instituciones se hace manifiesta una
paradoja: los términos defendidos en la
administración pública dentro del marco del estado
comunitario solo son funcionales al grado de
especialización de la burocracia, y el tamaño de
esta última no es una variable que afecte directamente lo
pretendido en los objetivos.

Una herramienta
importante

El Ministerio del Interior es una herramienta importante
para cualquier gobierno colombiano. Su existencia es una de las
expresiones de gobernabilidad en el país ya que abarca el
tratamiento de los asuntos políticos del Estado, con el
fin de promover la democracia y los derechos humanos a toda la
población. Si bien el nombre de "Interior" es de reciente
utilización, este denota de por sí una idea de
soberanía territorial, una ocupación de los asuntos
internos del país que exige una organización
administrativa para su manejo.

En sus inicios, año 1886, esta institución
era conocida como Ministerio de Gobierno y así se mantuvo
hasta el año 1995. Para entonces sus funciones estaban
relacionadas con la seguridad, salud pública, correos
nacionales, manejo del archivo nacional, publicaciones, funciones
electorales, entre otras. Con el paso de los gobiernos algunas se
han trasladado a otras instituciones a la vez que ha recibido
otras provenientes de reformas administrativas: la acción
comunal y asuntos indígenas, proveniente del Ministerio de
Agricultura y educación y creada en 1960 durante el frente
nacional es un ejemplo del constante reacomodamiento de
funciones. Otro ejemplo de reforma de funciones ocurrió a
raíz de la constitución política de 1991,
caracterizada por reconocer a comunidades indígenas y
negras del país una serie de derechos en virtud de ser
grupos étnicos, de manera que el Ministerio tuvo que crear
una Dirección de asuntos para las comunidades negras.
Actualmente las funciones del Ministerio giran alrededor de las
relaciones con los entes territoriales en el marco de
descentralización diseñado en la
constitución, además de llevar las relaciones
políticas de la rama ejecutiva con el Congreso, la rama
judicial y los órganos de control incluyendo la
registraduría, trabaja para impulsar la
participación ciudadana en la democracia y en el Estado,
trabaja con grupos étnicos y personas desmovilizadas del
conflicto, política criminal y penitenciaria, y defensa
jurídica de la nación.

En resumen, las funciones que la constitución
señala a los gobiernos de turno se soportan en las tareas
realizadas por el Ministerio y sus correspondientes divisiones
administrativas, como se visualiza en el organigrama
1:

Organigrama 1

Fuente: Elaboración propia, a partir del
proyecto de ley 1444. Ministerio del Interior.

Como se puede apreciar la primera columna contiene las
divisiones que se ocupan de la función de derechos humanos
y población, la segunda en función de las
relaciones políticas con los entes territoriales, la
tercera columna es como tal la división administrativa de
la organización, en otras palabras, aquí podemos
encontrar lo referente a recursos humanos y por último una
columna gerencial que contiene la parte gerencial del ministerio;
esta división del trabajo exige una especialización
de los funcionarios ya que la idea es evitar la dualidad de
competencias y el poder aumentar la eficacia de las complejas
tareas que debe desarrollar el Ministerio.

Fusión de
Ministerios

Con el inicio de la presidencia de Álvaro Uribe
la administración pública se enfrenta a una
restructuración que hace parte del proyecto de
modernización del Estado. Ante todo el proyecto de enmarca
en la idea política conocida como Estado comunitario y que
fue impulsada por el presidente electo, sus bases se encuentran
en la participación ciudadana, un estado gerencial y un
estado descentralizado. Para llegar hasta este destino se
planteó en el plan de desarrollo del 2002 cuatro
objetivos: seguridad democrática, crecimiento
económico sostenido, equidad social e incremento de la
transparencia y eficiencia del Estado.

Este último punto que atañe a la
administración pública del estado se ejecutó
con referencia a objetivos primordiales como la reducción
del gasto público, la supresión y
reestructuración de algunas entidades del orden nacional.
Para el desarrollo de este programa la LEY 790 el 27 de diciembre
de 2002 pretendió renovar y modernizar la estructura de la
rama ejecutiva del orden nacional, buscando garantizar, dentro de
un marco de sostenibilidad financiera, un adecuado cumplimiento
de los fines del Estado con celeridad e inmediación en la
atención de las necesidades de los ciudadanos. El alcance
de tales metas tuvo como criterio: subsanar problemas de
duplicidad de funciones y de colisión de competencia entre
organismos y entidades, procurar una gestión por
resultados con el fin de mejorar la productividad en el ejercicio
de la función pública. Para tal efecto se
establecieron indicadores de gestión que permitieran
evaluar el cumplimiento de las funciones de la entidad y de sus
responsables, garantizar una mayor participación ciudadana
en el seguimiento y evaluación en la ejecución de
la función pública, el fortalecimiento los
principios de solidaridad y universalidad de los servicios
públicos, profundizar el proceso de
descentralización administrativa trasladando competencias
del orden nacional hacia el orden Territorial, establecer y
mantener una relación racional entre los empleados
misionales y de apoyo, según el tipo de Entidad y
organismo, procurar desarrollar criterios de gerencia para el
desarrollo en la gestión pública.

Frente a estos motivos se pueden identificar varios
puntos importantes entre la política descrita y
teorías de la administración como la
neoclásica, pero en especial con la Nueva gestión
pública. En cuanto a la primera teoría la
administración por objetivo ligada a la idea de
medición fue una de las formas más utilizadas por
aquella administración, mostrar las estadísticas
era una de las herramientas más utilizadas en los consejos
comunitarios por Álvaro Uribe; pero más aún
la forma en que cada proyecto del gobierno tenía que estar
dentro de los objetivos del Estado comunitario; un caso es el de
las zonas de reserva campesina, las cuales no encajaban en la
idea de seguridad democrática por ser consideradas caldo
de cultivo para la insurgencia. Sus características de
propiedad colectiva y el crecimiento económico colectivo
también chocaron con el crecimiento económico
sostenido, otro de los objetivos para llegar al Estado
comunitario, el cual se entiende bajo la ruta de la
inversión privada y la inversión
extranjera.

Organigrama 2

Fuente: Ministerio del interior y de
Justicia

En cuanto a la Nueva gestión pública se
debe señalar primero una coincidencia histórica:
Colombia venía de una fuerte crisis económica
debido a la burbuja financiera que azotó al mundo en 1998,
y esto se tradujo en crisis fiscal, razón más que
suficiente para querer reformar el Estado y disminuir costos. Lo
anterior trajo el achatamiento de la burocracia y se optó
por la tercerización de servicios por parte de las
instituciones, hecho que se puede verificar en la página
web del ministerio donde existe un link exclusivo para
contratación; a pesar de las críticas hacía
la falta de una burocracia especializada, bajo la lupa de la
nueva gestión pública se trata de acercar el estado
a la ciudadanía de forma que esta se convierta en
participe de los proyectos, incluso los contratos por obra y
labor encajan en la idea de llegar a las metas por medio de
objetivos, así cumplida una labor se termina dicho
contrato y los costos de nómina disminuyen ya que los
costos de seguridad social y parafiscales son asumidos
enteramente por el contratista.

En cuanto al objetivo de eficiencia del estado se
tomaron dos caminos: implementar control de gestión y
prácticas gerenciales dentro de las instituciones:
factores de medición, índices de
satisfacción del ciudadano se aplicaron con mayor
facilidad gracias al internet; además se estimuló
una tecnocracia con principios gerenciales que cumplieran su
labor en el área pública del mismo modo en que lo
harían en el sector privado. Por otro lado, se reorganiza
la estructura administrativa anulando cargos jerárquicos,
en el caso del Ministerio se fusiono con el de la Justicia dando
como resultado un organigrama que mantenía aparte las
funciones de Interior y de Justicia pero que a la postre
traería un gravísimo problema en cuanto refiere a
una función del Ministerio: su papel como intercomunicador
entre la rama ejecutiva y la rama judicial se perdió.
Finalmente si bien la nueva gestión pública
modifico aspectos de la vieja organización piramidal,
seguían existiendo cabezas visibles responsables por las
políticas adelantadas. Un ejemplo de esto es el programa
de acceso a la justicia, que permite a líderes comunales y
universidades acercarse a un modelo de justica con
carácter informal pero que permitiera descongestionar los
juzgados; a pesar de ese carácter flexible, quién
está a la cabeza de ese departamento es el responsable de
la entrega de resultados, el manejo del presupuesto y las
direcciones del programa. Una característica de estos
programas de acercamiento a la ciudadanía es la presencia
de recursos donados de organizaciones como la USAID, por lo que
la carga fiscal del Ministerio recibe una importante
ayuda.

Escisión
de ministerios

Los ministerios dentro de la organización del
Estado tienen la responsabilidad fundamental de liderar el
diseño y seguimiento de políticas públicas
de su sector en un ámbito de competencias definido. Es de
resaltar entonces que la administración estatal abarca
tantas funciones que el simple hecho de concentrarlas en un solo
organismo con el fin de reducir gastos no solo afecta la
eficiencia en la capacidad del Estado en términos de su
gestión sino que además supone al largo plazo unos
gastos mucho mayores del ahorro fiscal que se supone es logrado
mediante la fusión. A pesar de los resultados de
gestión los motivos financieros no fueron contundentes al
momento de hacer balances. Como se puede observar en el cuadro
comparativo 1:

Cuadro Comparativo 1

Aún cuando los gastos en personal se redujeron en
el primer año de la fusión, muy pronto estos
comenzaron a aumentar hasta desbordar el presupuesto inicial de
los ministerios por separado lo que demuestra que no solo se
afecto la capacidad de gestión del Estado.

Las fusiones parecen tener una falla ineludible: en
algunos casos, implicaron poner bajo una misma cabeza campos de
acción que por separado demandaban tanta atención
que al unirlos desbordó la capacidad de las cabezas de los
ministerios para tomar decisiones y procesar información.
Ese parece haber sido el caso de la fusión de Interior y
Justicia en el que la agenda del ministro está copada por
el manejo de las relaciones con el Congreso y los gobiernos
territoriales. Ello ha implicado descuidar la agenda en los temas
de justicia, lo que no se compadece con la injerencia en la toma
de decisiones de políticas públicas que la nueva
Constitución le adjudicó a la Rama Judicial.
Además de esto la reforma impulsada por el gobierno Uribe
agrupó bajo un mismo ministerio agendas de política
sectorial que en determinadas circunstancias podían
volverse excluyentes, y, en esa medida, propició que se
desatendiera la agenda de algunos sectores.

El caso más palpable fue la queja por parte de
las altas cortes quienes protestaron reiteradamente por la falta
de un interlocutor con el gobierno. En el organigrama de la
fusión, la división de Justicia era manejada por el
Viceministerio de Justicia y Derecho que integraba el
ordenamiento del Inpec, la dirección de acceso a la
justicia, la división de la defensa jurídica del
estado, la dirección del ordenamiento jurídico y la
dirección de justicia transicional. En cuanto presupuesto,
nombramiento de jueces y aspectos propios de la rama judicial
estas facultades eran manejadas por el Consejo superior de la
judicatura; sin embargo el gobierno mantenía unas
relaciones tensas con la rama judicial debido a su actitud
esquiva en cuanto esquivar el control de poderes entre
sí.

Es así como la escisión de los ministerios
del interior y de Justicia responde a demandas por la
especialización burocrática, criterios de
trasparencia y buen gobierno, descentralización de la
ejecución de las decisiones, una administración
orientada hacia los resultados y no hacia los procedimientos, una
orientación del suministro de servicios hacia el ciudadano
y en general a principios de la Nueva Gestión Publica en
torno a la reforma gerencial.

La tercera
vía ¿un timonazo?

Una característica ideológica del gobierno
de Juan Manuel Santos es su vertiente del buen gobierno, objetivo
de la tercera vía en cuanto tener unos procesos
trasparentes, eficientes, eficaces y que contemplan la
rendición de cuentas como parte de la participación
ciudadana en el proceso. He aquí entonces una
característica que se intersecta con la nueva
gestión pública, pero además ambas posturas
reconocen que la versión neoclásica del estado no
funciono y que se debe mirar la conciliación entre las
políticas que mantienen un orden fiscal junto a las que se
preocupan por el entorno social; en otras palabras la
reconciliación entre el neoliberalismo y los discursos
"respetables" de izquierda (Aguilar, 2006, p.201). Los motivos
para aprobar la ley que separa diversos ministerios, entre ellos
el del Interior y el de Justicia, dejaron sin piso los motivos de
achicamiento de la burocracia: En tal sentido se debe
señalar que lo que importa en el caso de los ministerios
no es su número ni su tamaño, sobre todo si el
énfasis se pone en la capacidad técnica para
regular de manera efectiva determinados temas. Es así como
la escisión de los ministerios del interior y de Justicia
responde a demandas por la especialización
burocrática, criterios de trasparencia y buen gobierno,
descentralización de la ejecución de las
decisiones, una administración orientada hacia los
resultados y no hacia los procedimientos, una orientación
del suministro de servicios hacia el ciudadano y en general a
principios de la Nueva Gestión Publica en torno a la
reforma gerencial. (Ministerio del Interior, 2011)

Conclusión

La administración pública colombiana en
los últimos 10 años ha sufrido diversas
transformaciones enmarcables dentro de criterios dominados
teóricamente por la escuela neoclásica y por la
NGP, en relación con la reforma gerencial del
Estado.

En el periodo de Uribe la fusión entre el
Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia
obedeció a objetivos tales como, la reducción del
gasto público, eliminación de la duplicidad de
competencias, mejora de la productividad y búsqueda de
mayor rapidez en los procesos. Estos objetivos corresponden con
criterios de reducción del Estado a partir de la
reducción de la burocracia, búsqueda de eficiencia
y efectividad, sumado a la creación de indicadores para
medir dichos resultados.

Posteriormente en el gobierno de Santos, se optó
por la separación de dichos ministerios, obedeciendo a
razones de orden económico, administrativo y de equilibrio
de poderes. Si bien la fusión redujo inicialmente el gasto
fiscal en miles de millones, posteriormente se demostró
como aumentó en puntos en el PIB, expresado en un gasto
público que se incrementó junto a un costo social.
Por otra parte, en materia administrativa las funciones de
Justicia se vieron relegadas por las del Interior, provocando la
reacción de la rama judicial que se veía
incomunicada frente al ejecutivo.

Esta escisión responde a criterios conforme los
expresados en la NGP, relacionados con la especialización
burocrática, búsqueda de trasparencia y buen
gobierno, descentralización de la ejecución de las
decisiones, administración orientada hacia los resultados
y no hacia los procedimientos, y orientación del
suministro de servicios hacia el ciudadano.

Referencias
Bibliográficas

Aguilar, L.F. (2006). "La nueva gestión
pública" en Gobernanza y gestión pública,
pp.199-236

Ministerio del Medio Ambiente (2002, diciembre 27). Ley
70 del 2002. Recuperado el 13 de Enero de:
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/vas/ley/ley_0790_271202.pdf

Ministerio del Interior (2011). Historia del Ministerio
del Interior. Recuperado el 23 de Noviembre
de:http://www.mij.gov.co/Ministerio/NewsDetail/403/1/MinisteriodelInteriorydeJusticia.

Ministerio del Interior (2011). Proyecto de ley para
escindir ministerios. Recuperado el 13 de Enero de:
http://www.mij.gov.co/econtent/library/documents/DocNewsNo6726DocumentNo5518.pdf

Departamento Nacional de Planeación
(2002). Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 Hacia un Estado
Comunitario. Recuperado el 20 de Noviembre de:
http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/GCRP/PND/PND.pdf

Autor:

Andrés Roberto Ávila
Peñuela

Fayver Libardo Carrillo
Rubio

Jaime Andrei Puentes
Castañeda

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
POLÍTICAS

Teorías De La Administración
Pública

Ensayo Final