Mortalidad Infantil

Tema: Salud

Planteamiento del
problema

Los empeños de la humanidad por
cuantificar el evento de la muerte, se remontan a la Inglaterra
del siglo XVII. Graunt, en 1661, llama la atención sobre
el hecho de que un tercio de todas las defunciones
ocurrían en individuos menores de 5 años. Buchan en
el siglo XVIII, observa que las defunciones infantiles
representaban la mitad de las ocurridas en la población
general. Villermé, en los inicios del siglo XIX, plantea
que la tasa cruda de mortalidad general está en estrecha
relación con el ingreso promedio. Este concepto fue de
aceptación en toda Francia, a mitad del siglo, donde
establecen el claro vínculo entre el aumento de las tasas
y los indicadores de pobreza y condiciones ambientales
desfavorables.

En las postrimerías de XIX, el
propio Villermé, reformula su planteamiento a la luz del
análisis de nuevas consideraciones y la tasa de mortalidad
infantil sustituye a la tasa cruda de mortalidad como indicador
de salud y bienestar social. En 1880 se acepta de manera
universal la definición de mortalidad infantil.

En el siglo siguiente Newsholme, posiciona
el concepto de que la tasa de mortalidad infantil es el
índice más sensible de salud comunitaria,
eficiencia económica y bienestar social
colectivo.

Hipótesis: Analizar tasas de
mortalidad infantil en la Argentina en relación con los
niveles economicosociales de la población
(prevención y atención primaria)

Marco
teórico

La Tasa de Mortalidad Infantil se utiliza
como un indicador del nivel de calidad de vida de una
población. Se la señala también como el
resultado del cuidado del bienestar en general y de la
atención de la salud. En publicaciones de organismos
internacionales, la tasa de mortalidad infantil se relacional con
el nivel general de desarrollo de un país. Con los
estudios pioneros de Villermé (Médico y
estadístico francés), en el siglo XIX, se
comenzaron a entender las diferencias economicosociales en la
mortalidad y la morbilidad humanas: los hallazgos indicaban
relación inversa de la mortalidad o la morbilidad con el
ingreso o relación directa con la pobreza y las
condiciones de vida de las personas y la comunidad. Desde
esa época se desarrollaron trabajos en los que se midieron
indicadores como morbilidad y mortalidad con el nivel
socioeconómico de individuos o grupos humanos, tanto por
el lugar de residencia (barrios, regiones, ciudades,
países, etc.) como por la pertenencia a algún grupo
en particular (etnia, color, etc.). Este tipo de estudio tuvo
nuevamente un gran impulso en el último cuarto del siglo
XX y comienzos del XXI, especialmente en los países
desarrollados, cuando se verificó empíricamente un
crecimiento de la desigualdad en mortalidad y morbilidad. Se
comenzó a relacionarla con un crecimiento en la
desigualdad en los ingresos de la población y con un
viraje hacia un cierto grado de restricciones en la
utilización del estado de bienestar. La tendencia
señaló una relación directa entre el ingreso
o nivel socioeconómico y la calidad de los resultados en
salud, tanto en indicadores de mortalidad como de morbilidad. En
estos últimos años, hubo interesantes estudios
sobre la relación entre la mortalidad infantil y las
desigualdades socioeconómicas.

Desarrollo

La mortalidad infantil es la variable que
da el número de muertes de niños menores de un
año de edad en un año determinado por cada 1000
niños nacidos vivos en el mismo año. Se incluye la
tasa de mortalidad total, y las muertes por
género, masculino y femenino. Esta tasa se
utiliza a menudo como un indicador del nivel de salud de un
país.

En el estudio de la mortalidad infantil se
debe tener en cuenta un conjunto de factores que influyen y
determinan el nivel de la misma: biológicos,
demo-gráficos, socio-económicos, culturales,
ambientales, de atención de la salud y
geográficos.

La tasa de mortalidad infantil relaciona
las defunciones de menores de un año acaecidas durante un
año y el número de nacidos vivos registrados en el
transcurso del mismo año y es considerada como uno de los
indicadores más importantes para la planificación y
programación de actividades en salud y, debido a su
especial utilidad, es necesario calcular e interpretar
correctamente sus valores. Probablemente, los errores más
graves son los que provienen de una incorrecta aplicación
de la definición del hecho y de la inscripción del
mismo. Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales
a los niños que, aun habiendo nacido vivos, mueren
inmediatamente. O sea, que podría haber una su
inscripción de nacidos vivos y también de las
defunciones infantiles, situación que influye en el
cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a
considerar es la omisión de registro del el nacimiento y
la defunción.

En general, suele considerarse que la
mortalidad infantil es un problema asociado a las condiciones de
vida que impone el subdesarrollo. Por este motivo, siendo la
Argentina un país de desarrollo intermedio, se tiende a
pensar que el problema habría pasado a un segundo plano y
que las dimensiones relevantes de la pobreza serían otras,
como la desnutrición o el bajo ingreso de los hogares
pobres. No obstante, existe amplia evidencia sobre la severidad
de mortalidad infantil en Argentina y, lo que es mucho peor, de
que en gran parte ésta se produce por la falta de
criterios adecuados en el uso de los recursos
públicos.

Según el Ministerio de Salud de la
Nación, la tasa de mortalidad infantil en niños
menores de 1 año es de 13,3 por cada 1.000 nacidos vivos,
por lo que unos 9.300 niños mueren antes de cumplir su
primer año de vida. Si bien este indicador es el de uso
más común, suele reflejar una realidad parcial
porque es influenciado por la mortalidad neonatal, que es la que
se produce antes de cumplir los 28 días de vida y
está sensiblemente influenciada por las condiciones de
gestación (casi 6.000 casos de los 9.300 son niños
que mueren en los primeros 28 días). Un indicador
más sensible a las condiciones de vida es la probabilidad
de muerte antes de cumplir los 5 años. Según los
datos oficiales, por año en Argentina mueren 15,6
niños menores de 5 años por cada 1.000 nacidos. En
2007, 10.912 niños murieron antes de cumplir los 5
años (incluyendo los 9.300 que mueren durante el primer
año).

De acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud (OMS), Argentina es uno de los países
que mayor gasto público asigna a la atención de la
salud, por encima de países comparables como Chile,
Uruguay y Costa Rica. A pesar de esto, Argentina presenta tasas
de mortalidad infantil sensiblemente mayores (Gráfico
1).

Este hecho sólo podría
justificarse si Argentina fuera un país con menores
niveles de desarrollo. No obstante, si se aproxima el nivel de
desarrollo utilizando al PIB per cápita medido en
dólares de Paridad de Poder de Compra (PPP), los datos del
FMI para octubre de 2009 muestran un PIB per cápita de USD
12.058 para Argentina, mientras que en Chile este indicador es de
USD 13.067, en Costa Rica de USD 9.618 y en Uruguay de USD
10.448. Es decir, excepto el caso de Chile que presenta un PIB
per cápita levemente superior, Costa Rica y Uruguay tienen
valores inferiores a los de Argentina, de manera que la tasa de
mortalidad infantil no presenta justificaciones desde este punto
de vista, con el agravante adicional de tener un nivel de gasto
público en salud sensiblemente superior al de todos estos
países.

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) señala que las principales fuentes de mortalidad
infantil en el mundo son las afecciones neonatales. En este
período, que va entre el nacimiento y los primeros 27
días de vida se manifiestan afecciones congénitas y
otras vinculadas con la falta de atención de la madre
durante el embarazo o el parto, o bien del niño durante
los primeros días de vida.

Estas afecciones representan el 37% de las
causas de mortalidad en menores de 5 años en todo el
mundo, seguidas por las neumonías (17%) y las diarreas
(16%).Más atrás es posible encontrar causas como la
malaria, el sarampión, HIV, accidentes y otras. En todo
caso, lo relevante es que los tres factores principales son las
afecciones durante el periodo neonatal, las afecciones pulmonares
y la diarrea, que explicarían el 70% de la mortalidad
infantil mundial.

En Argentina, los datos sobre la mortalidad
infantil presentan severas limitaciones por problemas de
registración. De todas formas, se señalan a las
afecciones del periodo neonatal como la principal causa, seguidas
por las enfermedades respiratorias e infecciones
gastrointestinales. Más allá de consideraciones
metodológicas, lo relevante es que tanto las evidencias
internacionales como la doméstica coinciden en que las
causas de la mortalidad infantil pueden y deben
combatirse.

Las afecciones neonatales pueden evitarse
con adecuadas políticas de prevención y
atención primaria del embarazo y de los 3 primeros meses
de vida. Las afecciones pulmonares y gastrointestinales pueden
evitarse con acciones de prevención y atención
primaria pediátrica, pero -lo que es más
importante- con un tipo de acción que en la
organización del sector público argentino no parece
estar asociada a su alto impacto sanitario: la infraestructura
básica de higiene pública, esto es, agua potable,
cloacas y eliminación de residuos.

Un aspecto esencial en las políticas
de combate a la mortalidad infantil es la prevención y
atención primaria de la población materno-infantil.
Esto es, acciones de monitoreo, control e intervenciones simples,
realizadas por enfermeras, paramédicos y trabajadores
sanitarios, con la coordinación e intervención
directa de profesionales médicos en los casos
necesarios.

Con estas medidas se procura atacar la
mortalidad infantil que se da en el periodo gestacional y que se
produce en los primeros 3 meses de vida. El plan consiste en
detectar a mujeres embarazadas en los primeros meses de
gestación para proporcionarles información acerca
de cómo conducir nutricional y sanitariamente su embarazo,
más los controles médicos imprescindibles para
detectar y corregir anomalías. Para la atención del
parto se busca que éste sea realizado con asistencia
profesional en salas de parto, en condiciones apropiadas de
asepsia, comodidad y privacidad, en lo posible de manera natural
y con infraestructura para la atención de complicaciones.
Una vez nacido el niño, los pasos que siguen consisten en
controlar el proceso de recuperación de la puérpera
(uno de los momentos más delicados para la salud de la
mujer), la inducción al amamantamiento y la
información a la madre para el cuidado y el control
médico del niño. Pasado el parto, el seguimiento y
control se enfoca básicamente en la salud del
niño.

Esto es lo que la teoría indica. En
la realidad, la responsabilidad por la prevención y la
atención materno-infantil primaria en la Argentina es de
las provincias. Este tipo de acciones no suelen demandar grandes
volúmenes de recursos públicos, sino esfuerzo y
capacidad de gestión (esencialmente se trata de hacer
detección, seguimiento y monitoreo y brindar
información a la madre, sin llegar a la necesidad de
intervenciones complejas o costosas). Pero, adicionalmente, las
provincias tienen la responsabilidad de brindar atención
médica integral a la población sin cobertura de una
obra social y este tipo de acción es altamente demandante
de recursos e intervenciones de relativa complejidad. Para
brindar estos servicios, las provincias suelen apelar a construir
y administrar de manera directa hospitales públicos. Como
el grueso de los recursos provinciales para la salud termina
siendo absorbidos por estos hospitales, las autoridades
sanitarias provinciales tienden a tratar de ejecutar las acciones
de prevención y atención primaria materno-infantil
desde la infraestructura hospitalaria.

El problema es que esta infraestructura no
suele ser técnicamente apropiada para la prevención
y atención primaria, por lo que las acciones terminan
ejecutándose de manera parcial, sin controles de calidad y
con poca efectividad. El problema de la sobre-absorción de
recursos sanitarios por parte de la estructura hospitalaria se ve
reforzado por la sobre-demanda que sufren los hospitales
públicos a raíz de las fallas en la cobertura de
las obras sociales (sindicales, el PAMI y la obra social
provincial). Como consecuencia de que los contenidos de los
paquetes prestacionales de la seguridad social no son
consistentes con los recursos disponibles y que no hay una
regulación procompetitiva que induzca mejoras en la
gestión de las instituciones, los afiliados experimentan
deficiencias de cobertura.

La situación descripta obliga a los
afiliados a recurrir a los hospitales públicos como
única alternativa a la falta de prestaciones adecuadas de
la seguridad social. Varias entidades de la seguridad social
directamente derivan a sus afiliados al hospital público,
al que luego algunas (PAMI) compensan con el pago de bajos
aranceles. De esta manera, las fallas en la cobertura de la
seguridad social absorben recursos que las provincias debieran
destinar a la prevención y la atención primaria
materno-infantil.

Actualmente, el gobierno nacional ejecuta
el Plan Nacer, un programa financiado por el Banco Mundial que
procura modificar la estructura de incentivos al interior de los
hospitales públicos provinciales. La idea básica es
inducir los esfuerzos necesarios para obtener mejoras
cualitativas y cuantitativas en las acciones de prevención
y atención primaria materno-infantil que deben ejecutar
las provincias. Pero aún es prematuro observar sus
impactos, ya que se encuentra en pleno proceso de
ejecución.

Una interesante encuesta realizada entre
especialistas por el British Medical Journal (2007) concluye que
el descubrimiento considerado mayoritariamente como el más
importante de los dos últimos siglos desde el punto de
vista sanitario es la universalización de los servicios de
agua potable y cloacas. El avance hacia una cobertura universal
habría permitido obtener una reducción de la
mortalidad infantil a niveles muy bajos. La
universalización de la infraestructura de higiene
pública fue una meta sanitaria alcanzada por primera vez
en las ciudades de Alemania a finales del siglo XIX y luego
emulada por Francia, Inglaterra y el resto de las ciudades
europeas.

Hacia 1920, los servicios básicos
estaban muy difundidos en Europa y -antes que las acciones
médicas- fue esta universalización de la higiene
pública el factor que más contribuyó a que
la mortalidad infantil cayera a tasas de un dígito, que
hoy experimentan muchos países.

Está comprobado
científicamente que las infecciones se originan en la
diversidad de contactos que las personas pueden tener -en
entornos con malas condiciones de vida – con restos de
excrementos y otros residuos patogénicos. Por este motivo,
las conexiones de agua potable y los sistemas de
eliminación de excretas suelen ser poderosos dispositivos
de reducción de la mortalidad. La OMS recomienda medidas
de atención médica primaria para combatir la
mortalidad infantil, pero sus advertencias se apoyan en una
plataforma tan básica como la promoción de la
lactancia materna en condiciones de higiene, el lavado de manos
con agua no contaminada y jabón y la eliminación de
las excretas. Las estimaciones de la OMS sugieren que el 88% de
los casos de diarrea infantil –la causa de mortalidad
infantil más evitable– se evita con agua potable,
cloacas y promoción de la higiene individual. Esto es
precisamente lo que falta en Argentina.

Desafortunadamente, no es posible contar
con información actualizada del INDEC sobre las
condiciones sociosanitarias de la población. Los
últimos datos disponibles corresponden a la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH) del 2º semestre de 2006. En ese
momento había 7,2 millones de hogares en los grandes
aglomerados urbanos de todo el país, de los cuales el 92%
contaba con agua potable de red, el 89% tenía un sistema
de eliminación de excretas con arrastre de agua y el 92%
vivía alejado (a más de 3 cuadras) de un basural.
Este panorama cambia significativamente cuando se analizan las
condiciones de vida de la población pobre e
indigente.

En el periodo de referencia se detectaron
1,4 millones de hogares pobres habitados por 6,5 millones de
personas, de los cuales 453.000 eran hogares indigentes habitados
por 2,1 millones de personas. En estos lugares, la cobertura de
la higiene pública es muy parcial. En los hogares pobres,
el 25% no tiene agua potable de red dentro de la casa,
proporción que aumenta al 33% entre los indigentes. Desde
este punto de vista, habría aproximadamente 350.000
hogares pobres sin agua potable, de los cuales 150.000 son
indigentes. Esta realidad se da más intensamente en el
Norte del país y el Conurbano Bonaerense, precisamente
donde la mortalidad infantil presenta una incidencia mayor
(Gráfico 2).

Gráfico 2: Cobertura del acceso
al agua potable Fuente: elaboración propia en base a EPH
del INDEC (2007-I)

Algo peor ocurre con la cobertura del
sistema de eliminación de excretas. Entre la
población pobre, el 33% de los hogares no tiene sistema de
evacuación por inodoro con arrastre de agua y este
indicador aumenta al 41% entre los hogares indigentes. Esto
implica que casi medio millón de hogares pobres sufren
estas deficiencias, de los cuales unos 190.000 son indigentes.
Otra vez, el norte y el conurbano son las zonas más
afectadas (Gráfico 3).

Gráfico 3: Cobertura del
sistema de eliminación de excretas Fuente:
elaboración propia en base a EPH del INDEC
(2007-I)

En lo que respecta a la cercanía de
basurales, si bien a nivel agregado apenas el 8% de la
población estaría ex- puesta a este riesgo
patológico, esta exposición sube a un 16% entre los
hogares pobres y a un 18% entre los hogares
indigentes.

El hecho de que las provincias del norte y
el conurbano sean las regiones más afectadas por las
deficiencias de infraestructura sanitaria básica, no
debiera hacernos perder de vista que aún la región
patagónica tiene tasas de mortalidad de dos dígitos
y un déficit de infraestructura básica (en
particular cloacas) que no se condice con su capacidad
adquisitiva. En cierto sentido, esta evidencia no hace más
que confirmar los orígenes de estas deficiencias de
infraestructura de higiene pública básica. Antes
que un problema de falta de recursos, se trata de una absoluta
carencia de sentido estratégico para ejecutar la necesaria
inversión pública.

Además de las acciones de
prevención y atención primaria materno-infantil,
las provincias y municipios son responsables también por
la provisión de agua potable y la eliminación de
excretas. Sin embargo, en los últimos años se ha
observado un creciente protagonismo de la jurisdicción
nacional en la toma de decisiones sobre la infraestructura
básica de higiene pública. Así es como la
inversión total en agua potable y alcantarillado se
multiplicó casi por 3 en términos reales entre 2000
y 2007 (último dato disponible), de $730 millones a $2.297
(a precios de 2007). En lo que respecta a la composición
del gasto, las provincias pasaron de gastar $629 millones en el
2000 a $1.575 millones en 2007, es decir, más que
duplicaron su inversión. En cambio, la jurisdicción
nacional, que en el 2000 gastaba $100 millones, pasó a
gastar $722 millones. Esto es, multiplicó por 7 su
inversión en este recurso estratégico.

Los resultados de este creciente
protagonismo de la jurisdicción nacional en la
inversión en agua potable y cloacas no han sido buenos.
Los datos muestran que Argentina gasta ahora más que en el
año 2000, pero su tasa de mortalidad infantil -mayor que
la de Chile, Uruguay y Costa Rica- no se condice con su nivel de
desarrollo relativo. Las causas no son difíciles de
reconocer: la excesiva concentración de recursos y
decisiones a nivel central burocratiza el proceso de toma de
decisiones detrás de las inversiones públicas, lo
tiñe de sesgos partidarios, electorales y clientelares que
conducen a una priorización de proyectos alejados de las
necesidades sanitarias básicas y
estratégicas.

Según esta lógica, es
más conveniente impulsar una obra de alta visibilidad
mediática e impacto electoral que proveer de agua potable
y cloacas a la población de villas de emergencia. El
Presupuesto 2010 asigna $1.848 millones en subsidios a la
aerolínea estatal mientras que la provisión de agua
potable y saneamiento sólo recibe $603 millones.
Además de esta visible asimetría de prioridades, la
distribución de los recursos para agua y saneamiento entre
las provincias no tiene relación con la mortalidad
infantil. Varias provincias con alta mortalidad infantil no
están incluidas para recibir fondos de la Nación
para agua y saneamiento o solo recibirán una mínima
proporción de los recursos disponibles.

En teoría, existe un amplio consenso
en torno a la importancia que tienen las acciones de
prevención y atención primaria materno-infantil.
Pero este consenso no es el mismo -al menos a nivel de las
autoridades políticas nacionales, provinciales y
municipales- en una cuestión que es tanto o más
importante y más básica que la atención
primaria, como la universalización del acceso al agua
potable y cloacas. Es indudable que se trata de un aspecto de la
agenda estratégica de la política pública
que necesita ser reforzado. En este sentido, resulta necesario
asignar muchos más recursos a la inversión
destinada a proveer de agua potable y servicios de saneamiento
básico a la población, lo que beneficiará
particularmente a pobres e indigentes. Un objetivo deseable
sería alcanzar la cobertura universal en estos servicios
hacia 2015. Para esto, la Nación no debería
ejecutar las obras de manera directa, sino transferir mayores
recursos a las provincias en función de metas y
parámetros específicos.

En lo que respecta a las intervenciones
para la atención materno-infantil que hoy se ejecutan
desde el Plan Nacer, se deberían profundizar las
rendiciones de cuentas sobre algunos resultados sanitarios que se
plantean como claves: (1) captación temprana de la
embarazada; (2) efectividad del cuidado prenatal y
prevención de la prematurez; (3) efectividad de la
atención del parto y neonatal; (4) auditoría de
muertes infantiles y maternas; (5) cobertura de inmunizaciones;
(5) cuidado sexual y reproductivo; y (6)seguimiento de
niños sanos hasta los 6 años. A la fecha no hay
datos públicos que documenten los logros alcanzados ni
existe un adecuado seguimiento del impacto del Plan. Sin un
adecuado seguimiento parece poco probable que se obtengan los
resultados esperados.

Otro aspecto importante son las acciones de
"lucha contra el hambre" que se mencionaran en el informe Empleo
y Desarrollo Social No. 22. Es evidente que estas acciones son
complementarias de las políticas dirigidas a reducir la
mortalidad infantil. Para esto, el Estado debiera tener una
política activa de fortalecimiento de las organizaciones
de la sociedad civil que trabajan para disminuir el hambre en la
Argentina, como así también de aquellas que se
dedican a la prevención y recuperación de los
niños desnutridos o con un alto riesgo
nutricional.

Finalmente debe mencionarse que la
jurisdicción nacional tiene una alta responsabilidad en
conseguir que las obras sociales funcionen correctamente y dejen
de descargar pacientes en los hospitales públicos
provinciales. Esto permitiría liberar recursos que
debieran ser canalizados al combate de la mortalidad infantil.
Por otra parte, las provincias deberían implementar
medidas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos que
actualmente destinan a la salud.

A nivel mundial las causas que provocan
muertes durante el primer año de vida son diversas,
relacionadas con problemas en el ambiente, en la infraestructura
socioeconómica y sanitaria de la sociedad; con los
aspectos biológicos individuales, de la salud en general y
de la salud sexual y reproductiva en particular. Por ello nada o
casi nada de lo que tiene que ver con la mortalidad infantil,
escapa al desarrollo social, pues ni aún los aspectos
atribuidos al sistema sanitario quedan fuera de este
marco.

Por ser éste un grupo de edad
vulnerable y por lo que implica la supervivencia durante este
período, la mortalidad infantil traduce más que la
calidad de atención a un sector de la población,
traduce la calidad de un sistema sanitario. Es requisito
indispensable de las tasas de mortalidad infantil bajas, que
exista una plataforma sociocultural que le sirva de sustento, en
la que las responsabilidades familiar, comunitaria y social
juegan un papel preponderante.

El acceso a agua potable, vivienda digna,
calzado, saneamiento ambiental en especial el manejo y
disposición final de los residuos sólidos,
alimentación adecuada y educación son premisas de
la salud y de la reducción de la mortalidad infantil de
manera sostenible. La accesibilidad a los servicios de salud,
acceso con calidad, equidad y oportunidad, lo que tiene mucho que
ver con el entorno socioeconómico ejerce una influencia
indiscutible en el comportamiento del indicador.

Poder controlar con información y
responsabilidad el número de hijos y el momento del
embarazo, recibir atención prenatal calificada,
favorecerse de la institucionalización del parto, de los
programas de vacunación actualizados acorde a los patrones
epidemiológicos nacionales y de la puericultura (cuidado
de los niños) son derechos básicos de todos los
seres humanos que deben ser garantizados por los
gobiernos.

Conclusión

De acuerdo con los datos aportados al
siguiente trabajo concluimos que:

A nivel macro, la tasa de mortalidad
infantil ha sido considerada como un indicador de desarrollo, ya
que refleja la calidad de vida de una población como
resultado de procesos sociales, económicos, ambientales y
biológicos, así como de políticas, programas
y proyectos sanitarios.

A nivel micro, toda muerte evitable es
consecuencia de las condiciones en las que los niños y sus
madres viven. Ello representa la dificultad en el acceso al
derecho a la salud y fundamentalmente al derecho elemental a la
vida. Pero además, refiere directa o indirectamente al
ejercicio de otros derechos económicos y sociales tanto
del niño como de su hogar de pertenencia. De esta manera,
la muerte evitable de un niño representa una
expresión más de injusticia social.

Bibliografía

Salud y Adolescencia, Aique.

Informes de la Economía Real :
EMPLEO Y DESARROLLO SOCIAL, http://www.uca.edu.ar

https://www.unicef.org.ar/

http://www.msal.gov.ar/

Autor:

Mariano Santino