La accidentada ruta hacia el Congreso Universitario de 1990 (página 2)

1986: fortalezas y debilidades de una
"Universidad
gigantesca y mal organizada"

   El Congreso Universitario sería
consecuencia del proyecto de
reformas presentado por el Rector Jorge Carpizo en abril de
1986. En el célebre documento Fortaleza y debilidad
de la Universidad Nacional Autónoma de
México [2], Carpizo hacía una severa
crítica de las negligencias y omisiones
que, junto a sus conocidas luces, padece la Universidad
más grande del país.

   Ineficiencia para concluir estudios de
licenciatura, rezagos en la titulación en el posgrado,
carreras con sitios vacantes a pesar de la enorme demanda en
otras y la injusticia que para la mayoría de los
egresados de bachillerato significaba el pase reglamentado a la
licenciatura que beneficiaba a los egresados de las
preparatorias de la UNAM, eran algunas de las zonas oscuras
señaladas por el Rector.

   Aquel inventario
incluía el mínimo esfuerzo que suele invertirse
en la presentación de exámenes extraordinarios,
la deficiente orientación vocacional, el
enmascaramiento del servicio
social que se ha convertido en requisito y no en oportunidad de
retribución al país y  la permanencia de
cuotas cuyo carácter simbólico eximía
de compromiso con la Universidad a muchos estudiantes y sus
familias. La crítica al personal
académico era inclemente: ausentismo, incumplimiento de
la legislación que exige la presentación de
informes y
programas de
trabajo y,
en ocasiones, la existencia de profesores que cobran pero no
trabajan. A las autoridades, el Rector Carpizo les reprochaba
el abuso en la contratación de profesores sin pasar por
concurso de selección.

   La preeminencia de consideraciones
políticas por encima de las
académicas, el deterioro en la calidad de la
enseñanza y la disminución de los
recursos
financieros de una Universidad cuyas debilidades le
impedían exigir más porque no se
comprometía a más, eran parte de ese panorama
drástico y ácido. En 30 puntos, Carpizo
describía las carencias de "una Universidad gigantesca y
mal organizada; en algunos aspectos se da una fuerte centralización que ahoga a las
dependencias académicas, y en otros no existe
ningún control…
La gran magnitud de la Institución ha tendido a
favorecer una grave inercia e inamovilidad en sus más
diversos aspectos. En varias facetas la Universidad ha perdido
el buen sentido de competitividad para superarse y ser
mejor" [3].

   A partir de ese diagnóstico, Carpizo convocó a los
universitarios para expresar sus opiniones. Entre abril y
septiembre de 1986, la Rectoría recibió 1760
ponencias a cargo de consejos técnicos e internos,
colegios, asociaciones, miembros del personal académico
y estudiantes, entre otros actores de la vida universitaria.
Con ese aval, el Rector presenta un paquete de reformas que
incluyen la derogación del pase automático del
bachillerato a la licenciatura; el establecimiento de una sola
vuelta en exámenes extraordinarios; la fijación
de límites
máximos para presentar tales exámenes así
como para las materias que pueden ser reprobadas; el despido de
los profesores que no trabajen; aumento en las cuotas por
servicios
como exámenes extraordinarios, examen médico y
expedición de certificados; el cumplimiento cabal de las
horas para las que está contratado cada profesor y
la evaluación del personal académico
a partir de los programas que entregue a sus consejos
técnicos. Esas medidas, que en total eran 26,
incluían apoyos didácticos para los estudiantes,
revisión y actualización de planes de estudio y
elección directa y secreta de los representantes de
profesores y alumnos a los consejos técnicos y
universitario [4].

   Esas propuestas del Rector, fueron
aprobadas por el Consejo Universitario los días 11 y 12
de septiembre. En rechazo a ellas, el 31 de octubre se
constituyó el Consejo Estudiantil Universitario, CEU,
con representantes de 25 escuelas de la UNAM. Diez días
más tarde, el Rector designa una comisión para
negociar con esos estudiantes. Sin embargo, ya estaba en marcha
una escalada de confrontación entre ambas partes.

Rechazo estudiantil, diálogo público y Congreso luego
de 20 días de huelga

   El CEU alegaba que la Universidad no
podía eliminar derechos que los
estudiantes habían disfrutado durante años. Las
autoridades de la UNAM, sostenían que la
actualización y ampliación de esos derechos (por
ejemplo, para los estudiantes de bachilleratos no dependientes
de la Universidad) eran parte de una actualización
indispensable.

   El 13 de noviembre, el CEU sostiene un
paro en
varias escuelas y facultades. Aunque la Rectoría propone
atenuar el efecto de algunas de las disposiciones aprobadas por
el Consejo Universitario (estableciendo plazos más
amplios para su cumplimiento, entre otras medidas) el rechazo
estudiantil aumenta. El CEU insiste en la derogación de
las reformas y, además, en la realización de "un
Congreso Universitario de Transformación
Democrática" [5].

   Entre el 6 y el 9 de enero de 1987, la
comisión de Rectoría y los dirigentes del CEU
sostienen una discusión pública en el auditorio
Che Guevara
de la Facultad de Filosofía y Letras. El Consejo
Estudiantil insiste allí en la realización de un
Congreso. No había una idea muy precisa acerca de
cómo, cuándo y en ocasiones, ni siquiera para
qué celebrar ese evento al cual, sin embargo, se le
anticipaba como magno y todopoderoso, o casi, para resolver los
problemas de
la UNAM. Pero ese tema, junto con el rechazo a las reformas de
septiembre, se convirtió en la principal demanda del
para entonces creciente movimiento
estudiantil.

   En las pláticas públicas,
las autoridades universitarias se dedican a responder a las
impugnaciones a las reformas aprobadas por el Consejo
Universitario e incluso, ofrecen una nueva colección de
propuestas para matizarlas. El CEU se niega a aceptarlas. En su
rechazo formal a la nueva iniciativa de Rectoría, el 16
de enero el Consejo Estudiantil propone: "la realización
de un Congreso General Universitario". El método
para llegar a ese Congreso, de acuerdo con el CEU, sería
el siguiente: "Planteamos la conformación inmediata de
una gran comisión universitaria integrada por
profesores, investigadores, trabajadores, estudiantes y
autoridades de la UNAM. Esta gran comisión universitaria
habrá de proponer los mecanismos, la composición,
la agenda y los tiempos de discusión del Congreso
Universitario" [6].

   La Comisión de Rectoría
aceptó llevar esa iniciativa al Consejo Universitario.
Sin embargo, las pláticas habían servido de poco
para acercar las posiciones del CEU y las autoridades. El 20 de
enero, en un comunicado, el Rector Jorge Carpizo
admitió: "diversos sectores han manifestado que la
problemática general de la Casa de Estudios debe ser
analizada en un Foro, Asamblea o Congreso" e
insistió en que esa posibilidad debía ser
conocida por el Consejo Universitario [7]. El 26 de enero la propia
Comisión de Rectoría, en un documento entregado
al CEU, señala que ese "Foro o Congreso" sería
escenario de "una gran discusión sobre los problemas de
la Universidad" , a fin de que "todos los universitarios
elaboremos juntos la reforma capaz de poner a la UNAM a la
altura del país que queremos construir". La convocatoria
al Congreso sería elaborada por una comisión del
Consejo Universitario, según esa propuesta
[8].

   El mismo Jorge Carpizo, el 29 de enero en
un mensaje público, señaló que "el
contexto universitario ofrece las condiciones para que,
mediante la celebración de uno o varios foros o
congresos, se apunten las ideas de la universidad futura.
Efectivamente es necesario ampliar aún más la
discusión y promover la participación de todos y
en todos los ámbitos de la Universidad. Congreso
sí, respondimos, pero dentro de los cauces normativos de
la Institución. Crear una nueva legalidad
pero a partir de la legalidad existente. Congreso respetuoso de
los órganos y estructuras
institucionales para buscar desde ellas su modernización
y perfeccionamiento; Congreso abierto a todos, representativo
de la pluralidad universitaria". Carpizo apuntaba, desde
entonces, una de las limitaciones formales del Congreso: "el
Consejo Universitario no está facultado para delegar su
propia competencia
legislativa, pero es indudable que ponderaría las
conclusiones de un congreso universitario plural"
[9].

   En ese mensaje, el Rector sugería
que el Congreso debía ser el punto de llegada de un
extenso proceso de
deliberación y no el único espacio de esa
discusión: "Se han expresado muchos sectores –consejos
técnicos, consejos internos, asociaciones y colegios de
profesores e investigadores, grupos y
sociedades
de alumnos– que quieren participar en la transformación
de la Universidad. Quieren voz y quieren voto. Por ello y para
ello está la propuesta de foros en cada facultad,
escuela,
instituto y centro, como una etapa preliminar del Congreso
Universitario" [10].

   Sin embargo, unas horas antes
había estallado la huelga
estudiantil. El CEU cerró la mayor parte de las escuelas
y facultades, dentro y fuera de Ciudad Universitaria. A pesar
de la huelga, las comisiones de Legislación
Universitaria y de Trabajo Académico del Consejo
Universitario siguieron sesionando para recibir a diversos
grupos que expresan opiniones acerca del Congreso
Universitario.

   El 10 de febrero, el Rector propone al
Consejo Universitario la realización de un Congreso
General. En sus consideraciones, Carpizo manifiesta: "El
Congreso Universitario no ha de verse como espacio para una
contienda política ni como
instancia sectaria que aplaste al supuesto contrincante, o que
extermine los puntos de vista opuestos. Por el contrario, el
Congreso debe ser sitio de absoluta libertad y
legitimidad para la confrontación de las ideas, para la
expresión de las razones y para la búsqueda de
procesos de
síntesis
que favorezcan el desarrollo
de la Universidad". La propuesta del Rector indica que el
Consejo Universitario "deberá asumir las conclusiones
del Congreso Universitario" y que habrá de crearse "una
comisión organizadora del Congreso donde se encuentre
representada la pluralidad de la Universidad"
[11].

   Esa noche, a propuesta de Carpizo, el
Consejo Universitario aprueba la realización de un
Congreso y la suspensión de los reglamentos de
septiembre anterior. La propuesta aprobada estableció la
creación de una comisión organizadora del
Congreso formada por 48 universitarios. 16 de ellos, fueron
designados en esa misma sesión. Otros 16 serían
representantes electos por los estudiantes y una cantidad
igual, delegados del sector académico. Las formas de
elección tendrían que ser definidas por los
primeros 16, miembros del Consejo Universitario
[12].

   Después de nuevos regateos y de
consultas de la dirección estudiantil en sus asambleas,
la huelga termina el 17 de febrero. Aunque desde entonces se
dijo que el Congreso había sido una conquista de esa
huelga, desde antes de la suspensión de labores las
autoridades universitarias lo habían aceptado (el otro
logro, fue la suspensión de los reglamentos que el CEU
había impugnado).

   La única diferencia, estuvo en la
capacidad resolutiva que se le adjudicó al Congreso.
Antes de la huelga, el Rector proponía un Congreso cuyas
conclusiones fuesen consideradas por el Consejo Universitario.
Ya con huelga, especificó que esas conclusiones las
debería "asumir" el Consejo.

   La imprecisión de esa
fórmula, fue advertida por el mismo Consejo Estudiantil
Universitario, en cuyo interior se discutió largamente
la resolución del 10 de febrero. En un manifiesto
publicado al levantamiento del paro, el CEU enumeraba entre las
"conquistas históricas" de "nuestro vigoroso y
legítimo movimiento de huelga": "Un Congreso General
Universitario que se entiende es resolutivo, al asumir
el Consejo Universitario sus conclusiones"
[13].

1987:
diez meses para instalar la COCU y el regateo por la
proporcionalidad

Cuando un acuerdo requiere de tantas explicaciones, es
porque cada una de las partes que lo suscribió puede
tener interpretaciones distintas acerca de él. Entonces
ese acuerdo, tarde o temprano, será nuevo motivo de
litigio. La idea de que el Congreso "se entiende que es
resolutivo", sería motivo para el estancamiento que
sufrirían sus acuerdos. Para eso, tendría que
transcurrir mucho más tiempo.

   Antes del Congreso, se
desarrollaría un largo, tenso e incluso tedioso periodo
de negociaciones sobre los procedimientos
para realizarlo. Entre la designación de los primeros 16
integrantes de la Comisión Coordinadora y la
elección de los otros 32, pasaron casi diez meses. Entre
la decisión del Consejo Universitario para realizar el
Congreso y la inauguración de ese evento, pasaron tres
años con tres meses.

   Después de la huelga estudiantil
de enero-febrero de 1987, las principales fuerzas
políticas de la Universidad compartían la idea
del Congreso, o al menos eso manifestaban, pero trataban de
entorpecerse mutuamente el camino hacia ese evento. Cada una,
quería establecer reglas a su propia conveniencia para
favorecer la designación de una mayor cantidad de
delegados capaces de representar sus puntos de
vista.

   Durante casi tres años, la
preparación del Congreso estuvo casi totalmente dedicada
a un tenso e intenso regateo alrededor de las normas para
constituirlo. Una primera fase de ese largo periodo, fue
destinada al cabildeo y el intercambio dentro de la
Comisión Especial, que era como se designaba al grupo de 16
universitarios designados en febrero de 1987. El reglamento
para sus discusiones internas, los procedimientos para dar a
conocer acuerdos, los horarios y el sitio de las sesiones y
hasta los asuntos de mayor detalle, consumieron las primeras
semanas de esa Comisión.

   Poco después, se manifestó
la existencia de diversas concepciones acerca de la
participación de los universitarios en las discusiones
futuras. Los representantes del CEU querían que el resto
de la Comisión Organizadora fuese designado a partir de
planillas por cada sector: la planilla que obtuviese más
votos, tendría derecho a designar todos los delegados
por esa área.

   Las cuentas que
hacía el CEU se sustentaban en un ajado pero efectivo
corporativismo pero junto con ello, eran profundamente
antidemocráticas. Como suponían que en el sector
estudiantil tendrían mayoría, querían
quedarse con todos los representantes de los alumnos aunque eso
significara dejar fuera de la
organización del Congreso a los miembros de otros
grupos estudiantiles.

   Otros universitarios, especialmente entre
el personal académico, señalaron el autoritarismo
de esa propuesta. La designación de los integrantes de
la Comisión Organizadora, decían, debería
ser de manera proporcional. El 19 de junio en La
Jornada, el profesor Carlos Pereyra, de la Facultad de
Filosofía y Letras, impugnó ese comportamiento: "Los integrantes del CEU
podrían corear ahora, dada su vocación de
carro completo, 'todos somos priistas'… no hay
razón legítima alguna para rechazar los
mecanismos de representación proporcional en la
comisión organizadora del Congreso. La pretensión
de que una sola fuerza se
quede con la totalidad de los puestos de elección es
pura arbitrariedad"[14].

   Cartas
abiertas, desplegados y numerosos artículos, llevaron a
ese diario la discusión sobre la proporcionalidad en la
designación de la comisión universitaria. Ese
debate se
constituyó en una presión
pública para los dirigentes del CEU, que el 30 de julio
presentaron una propuesta intermedia: que en la
designación de la comisión se emplearan criterios
de proporcionalidad, pero a partir del 33.1% –es decir, para
tener derecho a al menos un delegado, una planilla tenía
que lograr por lo menos ese porcentaje– [15].

Tal proporción, amenazaba con dejar fuera de la
Comisión a grupos estudiantiles que solo tenían
presencia en una escuela o facultad, o en unas cuantas. El
litigio entonces, durante dos meses, es por el porcentaje que
debían alcanzar las planillas. Ninguna solución
sería del agrado de todos, aunque la necesidad de llegar
a algún acuerdo conduce a una fórmula de
compromiso.

   El 1º. de octubre de 1987, la
Comisión llega a una decisión. De los 16
representantes estudiantes, 6 serían del bachillerato, 6
de facultades y escuelas y el resto del posgrado. Los
académicos, serían 4 de bachillerato, 8 de
licenciatura y 4 del sistema de
investigación. Las elecciones
serían por planillas y las representaciones
estarían conformadas por una mayoría calificada y
minorías. Para tener derecho a un representante, una
minoría debía alcanzar al menos el 28% de los
votos en uno de los sectores.

   Las reglas eran tan complejas, que para
publicarlas la Comisión Especial necesitó dos
planas en los diarios[16] y merecieron críticas
como la siguiente:

   "Las bases para la elección
inducen a un alineamiento bipolar y artificial en la UNAM. Para
elegir a profesores y estudiantes se recurre a una
fórmula rígida y excluyente. Sólo pueden
participar planillas que incluyan a todos los niveles (aunque a
los investigadores se les hace un huequito aparte), y para
tener un representante se requiere un mínimo de
votación del 28 por ciento.

   "Me gustaría saber ¿por
qué? ¿Por qué un grupo de profesores del
CCH o las prepas, o algunas facultades no puede presentar su
lista de candidatos y competir en el nivel –bachillerato o
licenciatura– que deseen? ¿Por qué si una
planilla obtiene la cuarta parte de la votación no
obtendrá ningún representante? ¿Por
qué si otra logra el 30 por ciento tendrá un
lugar, mientras que la que obtenga el 70 por ciento
tendrá 15? ¿Por qué el afán de
inflar artificialmente la representación
mayoritaria?" [17].

   Esa fórmula, en efecto,
propició y consiguió la polarización de
los universitarios. En el sector estudiantil se presentaron dos
planillas. Entre los profesores, otras dos. Y dos más,
en el área de los investigadores. Las votaciones en toda
la Universidad, fueron el jueves 3 de diciembre de
1987.

   Entre los estudiantes, había dos
planillas: la del Consejo Estudiantil Universitario, integrada
por una coalición de las corrientes que habían
sostenido la huelga y el grupo Unidad Universitaria, con
posiciones contrarias a los ex huelguistas. Votaron 170 mil 886
estudiantes, el 56% de un padrón de 305 mil alumnos. La
planilla del CEU obtuvo 125 mil 893 votos: el 75.13% del
total [18]. La
de UU, 41 mil 663, el 24.87%. Eso significó que los 16
lugares de la representación estudiantil fueron, todos,
para el Consejo Estudiantil Universitario
[19].

   En el sector de los profesores, se
presentaron las planillas Consejo Académico
Universitario, con simpatizantes de la huelga de enero-febrero
y Frente Académico Universitario, con profesores
opuestos a aquel movimiento. Sumados los sufragios de los
académicos de bachillerato, licenciatura y posgrado,
resultó que acudieron a votar 16 mil 461 de un
padrón de 26 mil 86, es decir, el 63%. De esos votos, 6
mil 870 –el 42.57%– fueron para la planilla del CAU y 9 mil
270 –el 57.43%– para la del FAU. En virtud de las reglas de
esa elección, el Consejo tuvo 4 delegados y el Frente,
ocho [20].

   El sector de los investigadores tuvo
derecho a 4 delegados. Tres de ellos, fueron de la planilla
Academia Universitaria y el otro, de la Planilla Universitaria
de Investigación [21]. La primera, obtuvo 1357 votos
y la otra, 838. En total, votaron 2247 investigadores de un
padrón de 2634, es decir, algo más del
85%.

   Después de casi un año, la
Comisión Organizadora del Congreso contaba ya con sus 48
integrantes. El trapicheo de posiciones y exigencias,
sólo se volvía más complejo porque ahora
lo protagonizaría una mayor cantidad de comisionados.

Disputa entre los organizadores; "Congreso
político, no" dice Carpizo

   Las sesiones de la COCU, como pronto se
conoce a la Comisión, con frecuencia son entendidas
más como escenario para establecer posiciones
testimoniales que como espacios para lograr acuerdos. Varios
delegados, especialmente del sector estudiantil, aprovechan la
atención de los medios para
hacer de esas reuniones un foro de arengas y reconvenciones a
las autoridades universitarias. Junto con las exaltaciones
verbales, entre los últimos meses de 1987 y los primeros
de 1988, la Universidad había estado en
tensión debido a la ocupación de locales y la
realización de paros por parte de miembros del CEU. Por
su parte, el CEU acusaba a la Rectoría de utilizar
porros para violentar la situación en varios
planteles.

   Ese clima conduce a
que, exactamente un año después de que el Consejo
Universitario había aprobado el Congreso, 25 miembros de
la COCU –los representantes de las autoridades, junto con los
profesores considerados como "institucionales"– abandonen la
Comisión. Encabezados por el director del Instituto de
Investigaciones
Jurídicas, Jorge Madrazo Cuéllar, esos
comisionados se retiran en protesta por los calificativos que
uno de los representantes estudiantiles había prodigado
en la sesión anterior. El dirigente Antonio Santos,
había dicho que el Rector Jorge Carpizo era "provocador,
fanático, militante, represor, tendencioso, corrupto,
intransigente, insidioso, demagogo y cobarde"
[22]. En
reacción al retiro de aquellos 25 comisionados, 
seis miembros del CEU se ponen en huelga de hambre, entre el 10
y el 16 de febrero de 1988.

   El 16 de febrero, la gran mayoría
de los directores de facultades, institutos y escuelas,
así como los principales funcionarios de
Rectoría, apoyan la decisión de los 25
comisionados que decidieron ausentarse de la COCU. Esos
funcionarios acusan: "Responsabilizamos a los líderes e
integrantes del Consejo Estudiantil Universitario y del Consejo
Académico Universitario, del clima de violencia e
inestabilidad que aqueja a nuestra Casa de Estudios y que ha
ocasionado que se pierdan las condiciones mínimas para
sostener un diálogo de altura entre
universitarios" [23].

   El CEU amenaza con ir de nuevo a la
huelga. Inicialmente la convoca para el 26 de febrero pero
luego la sustituye por manifestaciones y por la decisión
de ocupar la Torre de Rectoría. Sin embargo, el 1º
de marzo la Comisión Organizadora del Congreso vuelve a
sesionar con todos sus integrantes.

   La tirantez entre CEU y Rectoría,
cada una de esas partes rodeada de numerosos aliados, aumentaba
como resultado del clima político nacional. El 6 de
julio de 1988 tendrían lugar las elecciones
presidenciales rumbo a las cuales, la candidatura de
Cuauhtémoc Cárdenas, postulado por el Frente
Democrático Nacional, había suscitado fuertes
expectativas dentro de la UNAM. Varios de los dirigentes del
CEU, así como grupos de profesores con diversas e
incluso contradictorias posiciones acerca de la reforma
universitaria, deciden participar en el respaldo a ese
candidato.

   El 8 de mayo, el rector Jorge Carpizo
publica en el diario Excélsior un artículo
titulado "Universidad, política y academia" en donde, al
mismo tiempo que reconoce el carácter político de
la Universidad, se manifiesta en contra de un Congreso
politizado.

   "Cuando expresamos que en la UNAM estamos
en contra de un Congreso político, sabemos que la gran
mayoría de los universitarios entienden muy bien lo que
queremos expresar: estamos en contra de un Congreso que ponga a
la institución bajo el dominio de
cualquier partido o grupo político, de un Congreso
dogmático, de un Congreso que vulnere nuestra
autonomía permitiendo que la Universidad se vuelva arena
de disputas partidistas, de un Congreso que persiga que la
Universidad se convierta en ariete político para
lanzarla en contra del Estado, de un Congreso cuya finalidad
sea apoderarse de la Universidad para utilizarla con fines
particulares de grupo o partido. En este sentido, lo hemos
dicho y lo hemos escrito: Congreso político en la UNAM,
no, mil veces no" [24].

1988: seminarios de diagnóstico y "una COCU
trabada en el enfrentamiento"

   Un espacio de distensión, aunque
insuficiente, lo constituyeron los "Seminarios de
Diagnóstico" que la COCU el 25 de marzo convocó
para realizarse, de manera obligatoria, en cada una de las
dependencias universitarias en donde hubiera actividades de
docencia,
extensión o investigación. Los seminarios se
efectuaron entre el 30 de mayo y el 10 de junio de 1988
[25].

   A esos seminarios, fueron presentadas
más de 5 mil ponencias (algunas colectivas y otras a
título personal).

   Sin embargo, los estudiantes y profesores
estaban más pendientes del proceso político
nacional que de la política dentro de la UNAM. Pocos
meses más tarde, dos de los miembros investigadores de
la COCU reconocían que la disputa electoral y el proceso
de calificación de los comicios acaparaban el interés
de los universitarios. Además, dentro de la UNAM estaba
por comenzar el proceso para seleccionar un nuevo Rector. "La
realización del Congreso Universitario demanda el
entusiasmo, la atención, el trabajo y
la dedicación de los universitarios, todo esto en un
ambiente
propicio en el que el centro de la discusión sea el
futuro de la Universidad" [26].

   El hecho de que dos universitarios tan
comprometidos con el Congreso considerasen necesario decir
tales obviedades, era indicio de la confusión que, para
el verano de 1988, prevalecía en la Universidad acerca
de ese asunto. Hacía falta precisar coordenadas y
objetivos
del Congreso, aunque en otras circunstancias fueran tan
evidentes.

   Esos investigadores advirtieron que "La
realización del congreso en forma simultánea con
estos procesos podría resultar en una desviación
de su propósito al mezclarse su problemática
específica con el debate político nacional o el
proceso de cambio de
rector. Por otra parte, sería difícil evitar que
la COCU o el mismo congreso sirvieran para intervenir en dichos
procesos". Por eso, sugerían que el congreso fuese
aplazado hasta el primer semestre de 1989. Se quedaron cortos:
aún haría falta un año más
después de esa fecha.

   Otros acontecimientos parecían
destinados a influir en la sucesión rectoral e,
indirectamente, afectaron la preparación del
Congreso.  El 13 de octubre, un grupo de miembros del CEU
interrumpió una sesión del Consejo Universitario
para protestar por la elección de consejeros estudiantes
en la Facultad de Ingeniería. El rector Carpizo
manifestó al día siguiente que esa
perturbación formaba parte de un plan para
asediar a la UNAM: "Considero que en la conciencia
nacional está muy claro que a los líderes del CEU
y del CAU no les importa la vida académica de la
Universidad, sino utilizarla como instrumento político
para sus fines personales, de grupo o de partido".

   Explicó Carpizo: "Después
del conflicto
estudiantil de 1986-1987 traté de que la energía
de ese movimiento estudiantil se pusiera al servicio de la
transformación de la Universidad. No tuve éxito
porque para los líderes del CEU la verdad sólo la
tienen ellos, es el dogmatismo puro, no admiten
discusión. El enfrentamiento más serio fue
cuando, para decirlo con sus propias palabras, consideraron que
después del movimiento estudiantil se sentían muy
fuertes y sentían al Rector muy debilitado; en
consecuencia, si éste no quería problemas
debía aceptar sus mandatos constituyéndose ellos
en la verdadera autoridad.
Desde luego jamás acepté esos planteamientos. La
autoridad universitaria fue recuperándose y no
permití que se avasallara a la Universidad. Ello ha sido
más difícil de lo que parece a primera
vista…" [27]. El Rector, en ese documento,
hacía varias prevenciones sobre la que consideraba la
posible "destrucción académica de la Universidad
Nacional".

   Como resultado de la suspensión
brusca de la sesión del Consejo Universitario, 16
miembros de la COCU, designados por el Consejo o por el Rector
anunciaron que dejarían de participar en dicha
Comisión. "Están claras las intenciones del CEU y
del CAU de aprovechar el procedimiento
para la designación del Rector que deberá cumplir
el periodo 1989-1993, para crear un grave problema
político en la UNAM. En estas condiciones la COCU no
puede servir como foro o escaparate para tales
propósitos" [28], dijeron.

   Dos días más tarde, tres de
los miembros investigadores de la COCU compartieron algunas de
las preocupaciones acerca de la sobrepolitización de la
situación universitaria, pero además hicieron una
crítica muy severa al trabajo de esa Comisión. La
reforma académica, dijeron, es la tarea más
importante en la búsqueda de "una universidad más
democrática, de excelencia académica, y
comprometida con los intereses nacionales y populares",
aseguraron. Sin embargo:

   "Este reclamo primordial y generalizado
no encontró correspondencia en las dirigencias
corporativas de los sectores estudiantil y magisterial, quienes
de manera constante anteponen otros problemas, conflictos e
intereses frente al trabajo político y académico
esencial: la transformación de la UNAM. Esas posiciones
profundizaron la polarización y la intolerancia,
fomentaron el corporativismo, generaron enfrentamientos y
trataron de alinear o marginar a los grupos que con independencia, demandan participar en el proceso
de un congreso plural y democrático. El impedir el
funcionamiento del Consejo Universitario por la vía de
los hechos, es la culminación de esa tendencia que ha
abandonado su principal responsabilidad política. De esa acción, que rechazamos, pueden derivarse
situaciones en que el proyecto democrático retroceda,
pierda los espacios ganados y se fragmente".

   Los comisionados Rafael Pérez
Pascual, José Ruiz de la Herrán y Arturo Warman,
añadieron en ese manifiesto:

   "No se han creado las condiciones
generales en la comunidad para
la celebración del congreso y en algunos aspectos se ha
retrocedido desde entonces. El trabajo de la COCU ha sido
deficiente, insuficiente y ha estado obstaculizado por la
discusión de problemas ajenos a sus funciones
sustantivas. La polarización y el alineamiento
corporativo han frenado el avance hacia el congreso. La
permanencia de una COCU trabada en el enfrentamiento puede
servir de pretexto y encubrimiento para el retraso o la
postergación indefinida del congreso. En tanto que no se
superen los obstáculos señalados, las reuniones
de la COCU no tienen sentido y deben suspenderse. No
asistiremos a ellas hasta que se restablezcan las condiciones
que garanticen su funcionamiento" [29].

Legado y enfado del rector Carpizo;
"academización", propone
Sarukhán

   El proceso de sucesión rectoral
estaba en auge. El doctor Jorge Carpizo anunció, el 26
de octubre, su decisión de no buscar la
reelección. El 5 de diciembre, presenta el informa final
de su administración en donde, luego de
enumerar programas alcanzados y metas cumplidas, expresó
un marcado pesimismo:

   "Concluyo este informe
contestando una pregunta que con frecuencia se me hizo,
especialmente en este último año: si estoy
satisfecho con lo alcanzado durante mi Rectorado. Desde luego
que no. No pude implantar un buen número de las 26
medidas que integraron el primer paquete de la reforma
académica. El segundo y tercer paquetes ya no pudieron
ni siquiera plantearse".

   Acerca de la decisión para
organizar el Congreso, el Rector Carpizo reconoció que
había enfrentado la oposición de importantes
núcleos de universitarios, aunque era la mejor
opción que tenía para negociar el levantamiento
de la huelga estudiantil: "En varios de los mejores sectores
académicos de la Universidad existió
inconformidad por la manera como se había resuelto el
conflicto universitario. ¿Había una
solución mejor? Si la había no la encontré
y nadie la sugirió" [30].

   El 2 de enero de 1989, toma
posesión como Rector de la UNAM el doctor José
Sarukhán Kermez. La "academización", será
su propuesta y bandera para la Universidad. Por ello, entiende
"generar las medidas concretas y adoptar las actitudes
que pongan al personal académico y a la vida
académica de la comunidad universitaria como el objetivo
central de la institución".

   Al Congreso, el nuevo Rector lo reconoce
como resultado de "un acuerdo del Honorable Consejo
Universitario". Sarukhán expresa su "convicción
de que el Congreso Universitario deberá tener una
estructura y
metas fundamentalmente académicas y de que el personal
académico deberá participar de manera mucho
más central, tanto en su diseño como en su realización. Una
vez aseguradas las condiciones para llevar a cabo un Congreso
con tales características, este deberá realizarse
lo más pronto posible. La Universidad debe volver a
centrar su atención de lleno en el trabajo
académico" [31].

   Para el nuevo Rector el Congreso,
más que un evento deseable en sí mismo, era una
obligación y una asignatura que debían ser
superadas. En ese discurso,
señalaba la que constantemente sería la
rémora principal –más allá de las
vicisitudes políticas–  para el Congreso: la falta
de participación intensa de la mayoría de los
profesores e investigadores. Sin el concurso de ese pilar del
trabajo universitario, el Congreso no sería posible o lo
sería, solamente, con la participación de los
segmentos más politizados pero no necesariamente con
quienes sostienen el trabajo definitorio de la Universidad, que
es el de docencia e investigación. Además,
Sarukhán entendía al Congreso como una prueba sin
cuyo cumplimiento, la UNAM no podría atender asuntos que
él consideraba más relevantes.

1989: consensos y reglas; "el Congreso es un
medio, no un fin", opina el Rector

   Con ese apremio, siete meses y medio
después y sin que se hubiera resuelto el estancamiento
de la COCU, los representantes de la Rectoría en esa
Comisión proponen –el 21 de julio de 1989– una
fórmula para integrar las representaciones de los
distintos sectores de la Universidad al Congreso y una ruta: la
celebración de foros locales, de los cuales surjan
iniciativas que los delegados llevarán a ese
evento.

   Diez días antes, el Rector
Sarukhán había dicho en una entrevista:

   "El Congreso es muy importante en la
medida que fue el mecanismo que la comunidad universitaria se
dio a sí misma para legitimar un proceso de reforma,
para asegurar una participación amplia, irrestricta, de
todas las personas que quisieran hacerlo en esta comunidad y
para que no hubiera influencias unidireccionales o personales.
Eso desde luego, significa problemas, porque es preciso hacer
un esfuerzo muy grande para concertar ideas y
voluntades.

   "En esa medida, el Congreso es muy
importante. Pero no debe ser un fin. Creo que es un medio que
nos debe permitir ponernos en la ruta de diseñar las
grandes líneas en las que tenemos que concentrarnos para
emprender reformas en asuntos que ya son conocidos.
Particularmente, esto es necesario después de la
síntesis de problemas universitarios que muy
acertadamente dio a conocer el doctor Jorge Carpizo a
través de sus diagnósticos y análisis" [32].

   Junto a la decisión de la
Rectoría para echar adelante un Congreso cuyos
resultados eran inciertos, pero que había el compromiso
para realizar, otras circunstancias se conjugan para que el
acuerdo en torno a las
reglas de ese evento se vaya abriendo paso. Los principales
dirigentes del Consejo Estudiantil Universitario, anuncian su
retiro del activismo estudiantil para dedicarse a terminar sus
carreras y hacer política en otros espacios de la vida
nacional.

   En el CEU, además, los estudiantes
de esa corriente, autollamados "históricos" y que
parecían oponerse a cualquier avance hacia el Congreso,
se enfrentan cada vez más al grupo considerado como
reformista, que tenía un proyecto de reivindicaciones
académicas. En junio de 1989, ese grupo se separa del
CEU para constituir la Corriente de la Reforma Universitaria
(CRU). Aunque numéricamente limitada, esa Corriente
adquiere relevancia gracias a su capacidad propositiva. Varios
de sus miembros formaban parte de la COCU y allí, en
contraposición a los representantes del CEU tradicional,
contribuyen a edificar el consenso necesario para que –al
fin– haya reglas y plazos rumbo al Congreso
Universitario.

   El 8 de diciembre de 1989, el Consejo
Universitario aprueba la propuesta de la COCU para un proceso
de deliberaciones previas al Congreso, así como para la
elección de los delegados a ese evento. Estos son
algunos de los rasgos principales de la detallada y extensa
convocatoria (las reglas de elección y para la
realización de foros locales ocuparon 32 páginas
de la Gaceta UNAM).

   -El Congreso se integraría con un
total de 848 delegados:

   318 alumnos por elección, que
constituirían el 37.5% del total.

   318 profesores por elección, otro
37.5%

   106 académicos de
investigación por elección, el 12.5%

   53 trabajadores administrativos por
elección, el 6.25%

   47 directores de escuelas, facultades e
institutos, el coordinador del Colegio de Ciencias y
Humanidades y cinco representantes de la Rectoría, el
restante 6.25%.

   -Entre el 15 y el 26 de febrero de 1990,
la COCU organizaría una serie de "conferencias
temáticas sobre los problemas de la Universidad y sus
posibles soluciones"
a cargo de "un grupo de destacados universitarios".

   -Del 19 de febrero al 9 de marzo, se
desarrollarían Foros Locales, en "todas y cada una de
las facultades, escuelas, planteles, institutos y centros de
investigación". Cada Foro sería organizado por el
consejo Técnico, Interno o Asesor de cada dependencia,
ampliado con la participación de un mayor número
de miembros de cada comunidad académica, de acuerdo con
un instructivo que también dio a conocer la COCU. Esa
ampliación, sería por sorteo a partir de listas
de voluntarios en cada dependencia. Una comisión en cada
dependencia, estaría a cargo de hacer una detallada
relatoría del contenido de esos Foros. Las propuestas
presentadas en cada Foro, serían "de tipo indicativo
para los delegados al Congreso".

   -Entre el 12 y el 23 de marzo, se
desarrollaría el proceso de elección de los
delegados al Congreso. Las candidaturas se registrarían
de manera individual en cada dependencia y para ser candidato,
sería requisito haber presentado al menos una ponencia
en el foro correspondiente.

   -El Congreso Universitario se
realizaría del 14 de mayo al 4 de junio de 1990.
Sesionaría en plenarias y mesas de trabajo. En ambos
casos, el quórum sería de al menos el 75% del
total de delegados (es decir, las plenarias sólo
podrían funcionar con al menos 636 delegados
presentes).

   -Los acuerdos en las plenarias del
Congreso debían tener, para ser aprobados, al menos las
dos terceras partes del total de delegados –es decir, el menos
565 votos a favor–. La misma proporción se
requeriría en las mesas de trabajo.