El gobierno de Bush ha establecido dos prioridades
económicas para América Latina: avanzar con el ALCA
y reforzar el cobro de la deuda externa. Ambos objetivos se
encuentran íntimamente entrelazados y constituyen aspectos
complementarios de la dominación imperialista. La
sujeción comercial acentúa las ataduras financieras
de la región y las transferencias de divisas hacia el
Norte facilitan la sumisión del comercio exterior
latinoamericano a las necesidades estadounidenses.
El control norteamericano de su “patio trasero” se
ha tornado más necesario a partir del atolladero que
enfrentan sus tropas en Irak. Esta pesadilla se asemeja cada vez
más a Vietnam a medida que aumenta la resistencia popular
en todo el mundo árabe. Ante la perspectiva de un largo y
costoso conflicto, Estados Unidos intenta asegurar su manejo de
los recursos estratégicos de Latinoamérica. El ALCA
y la deuda son los instrumentos de esta dominación.
Existen tres razones que explican la ansiedad norteamericana
por avanzar en la suscripción de tratados de libre
comercio que permitan el incremento de las exportaciones.
La administración republicana soporta un desbordante
déficit comercial, que a diferencia del período
Clinton se amplia en un contexto de bajo crecimiento, ascendente
desempleo y elevado descontrol de las cuentas públicas.
Ese desequilibrio comercial no es novedoso pero su impacto puede
ser traumático, si desalienta la afluencia internacional
de capitales a la economía norteamericana en un momento de
estancamiento de la inversión. El ALCA apunta a favorecer
las ventas externas a través de políticas que
mantengan la cotización del dólar en un nivel
compatible con el ingreso de esos capitales foráneos.
En segundo lugar, este convenio reforzaría la
desregulación de los movimientos internacionales de
capital que necesitan los bancos norteamericanos para lucrar en
el exterior con operaciones financieras de alta rentabilidad.
Cómo las tasas estadounideneses están bajando para
inducir la reactivación económica local, los
financistas colocan nuevamente capitales en Latinoamérica.
Pero ahora exigen mayores reaseguros jurídicos para sus
inversiones.
Claudio Katz