- Introducción
- Las reglas de actuación
institucional frente al conflicto social - El servicio
penitenciario y el servicio de otras agencias
estatales - Conclusiones
- Bibliografía
Introducción
El propósito de este trabajo es
analizar las respuestas institucionales frente al conflicto
social. Dado que así dicho es un tema inabarcable nos
circunscribiremos a confrontar las actuaciones institucionales
frente a demandas o necesidades concretas de grupos
poblacionales o bien de personas individuales para aproximarnos
al grado de correspondencia entre necesidad – individual o
colectiva y respuesta de la institución pertinente.
Dado que la relación entre ambas partes no es lineal ni
unívoca, necesitamos comprender a la red de intermediaciones que
hay entre ellas; una vez reconstruida estaremos en condiciones de
evaluar las actuaciones institucionales frente a las demandas
sociales.
Llamamos "conflicto social" a las situaciones que se plantean
cuando las formas de convivencia de un colectivo social, desde
relaciones
interpersonales hasta las tramas sociales vinculares, no
permiten una expresión local de los problemas que
pueda ser aceptada y a la que se le dé una solución
apoyada en los términos en que fuera planteada.
El conflicto social nace ciertamente de intereses sectoriales
que confrontan en la apropiación de algún problema
en particular. La propia definición del problema es ya una
cuestión que origina dificultades en tanto quienes lo
sufren y quienes deberían aliviarlo no comparten, por lo
general, los términos en que se plantea. No hay
coincidencia sobre sus causas, las formas que adquiere, su
gestión
administrativa y política y, menos
aún, sobre las eventuales soluciones que
podrían aplicarse. La red de mediatizaciones que se impone
crea condiciones desfavorables para una confrontación
genuina ya que, desde cada uno de los 2 sectores implicados
impera la voluntad de defender la posición tomada en
cuanto a la formulación de las cuestiones que se ponen
sobre el tapete y, los restantes pasos que se deberían
seguir para alcanzar una solución. Esta necesidad de ser
el "dueño" del problema genera tensiones suplementarias
que impiden analizar los distintos términos en que, dentro
de una confrontación de este estilo, se podrían
expresar a través de una situación de diálogo,
con interlocutores equiparables y sobre todo, argumentativa.
En este contexto, sostenemos que las respuestas del Estado son
débiles, poco congruentes y no resolutivas. En
algún extremo, la reacción estatal es, simplemente,
la de no generar ninguna respuesta de modo tal que podría
hablarse de un acto de omisión. Si el conflicto persiste,
el Estado se
inhibe cada vez más, hasta llegar a una situación
en donde las partes en conflicto, sin mediación estatal,
deben resolver de una forma no colaborativa la tensión
existente entre ellos. Y si fuera el caso, la parte que no recibe
una respuesta institucional que considere adecuada quedará
excluida de una solución satisfactoria; a medida que esta
situación se ahonda, así también su
posición geopolítica se hace más desfavorable
respecto de los centros del poder y de
decisión.
La violencia
generada por la ineficiencia de las instituciones
se suma a la preexistente con lo que no solo no se resuelve el
problema sino que se amplifica.
Los escenarios sociales toman una dirección firme hacia una resolución
de la tensión mediante el uso de la violencia y
eventualmente a la comisión de un delito. Y sobre
todo, resulta en una profundización de los vacíos
sociales que impiden la
comunicación entre diferentes segmentos que necesitan
ser complementarios, coordinados o aunados en esfuerzos
comunes.
Las reglas de
actuación institucional frente al conflicto
social
Las instituciones proponen reglas de convivencia donde impera
un des –conocimiento
intencionado de la contraparte ("no conocer" para habilitar el
"no actuar"); a la vez las personas, solas o en conjunto, carecen
-en contra de sus intereses- del conocimiento necesario para
pretender buscar soluciones institucionales a las insuficiencias
que debería poder subsanar las políticas
3 sociales respectivas. La mutua ignorancia no es apelable por la
gente; y es construida y fomentada por los estamentos decisorios.
La arena pública, donde deberían expresarse las
demandas en igualdad de
condiciones políticas, queda desfigurada ya que buena
parte de ella está ocupada por las actuaciones
institucionales que suelen ser defectuosas, inapropiadas, e
inefectivas. Lo que queda de ese espacio público
está abarcado por diferentes formas de
representación política que trata de asegurarse su
propio caudal de legitimidad; en los hechos ninguna de las partes
que ocupa buena parte del capital
político social trata de generar formas de diálogo
entre el cada vez más aumentada presencia – por la
burocratización, organización formal, estamentos
intermedios- y la cada vez menor capacidad de expresión
directa de las demandas.(1) Por ende, el ciudadano común y
corriente, no tiene ningún lugar legitimado donde ubicarse
para reclamar, ser escuchado y convertirse en receptivo evaluador
de las propuestas institucionales.
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