El rezago
digital
A fines de 2007, 20% de los habitantes de América
Latina tenía acceso a la red. En México, si
hemos de atender a los optimistas datos oficiales,
en ese año habría cerca de 23 millones de
usuarios,1 que constituían algo menos del
22% de los cerca de 106 millones de habitantes en el país.
Es una cifra alta si tomamos en cuenta que, de acuerdo con las
mismas fuentes, en el
transcurso de siete años los usuarios de la red casi se
quintuplicaron, para pasar de algo más de cinco millones
en 2000 a los ya mencionados 23 millones. Pero siguen siendo
pocos si reconocemos que casi ocho de cada 10 mexicanos carecen
de ese servicio.
Si las conexiones y la instalación de equipo aumentaran
durante los siguientes años al mismo ritmo que lo hicieron
en lo que va del siglo XXI, antes de una década
tendríamos una cobertura casi total de internet en este
país. Sin embargo, tanto la experiencia internacional como
el reconocimiento de la capacidad actual de la infraestructura
mexicana y el simple sentido común permiten recordar que,
después de haber llegado a un límite de eficacia, esos
recursos crecen
de manera más lenta. Sin embargo, el gobierno federal
dice que, para 2012, 70 millones de mexicanos serán
usuarios regulares de internet.2 De ser
así, México se convertiría quizá en
la nación
con más intenso crecimiento en la cobertura de ese
servicio en tan sólo un lustro. Entonces podríamos
hablar, con certeza, de un país plenamente incorporado a
la sociedad de la
información.
Por desgracia, no hay sustento suficiente para compartir esa
esperanza de las autoridades mexicanas en materia de
telecomunicaciones. En América
Latina el país con mayor cobertura de internet es Chile
(43% a fines de 2007), seguido de cerca por Argentina y Uruguay
(34%).3 En todo el mundo, por lo general, el
desarrollo de
la red ha sido posible gracias a la existencia de políticas
nacionales (y a veces, como en Europa,
además regionales) que han incluido programas de
gobierno para promover infraestructura en áreas que para
las empresas privadas
no son tan rentables como las grandes ciudades. Han existido
regulaciones de los precios,
así como de la competencia en
las telecomunicaciones. Y en la mayoría de los casos se ha
impedido que una sola entidad privada controle o acapare la
oferta de
servicios en
ese campo.
Nada de eso ha ocurrido en México. La postura
gubernamental en el terreno de las telecomunicaciones ha sido la
ausencia de política, con la
esperanza de que la inversión privada subsanaría la
ausencia de inversiones y
regulaciones suficientes por parte del Estado. Los
mexicanos que en 2007 tenían acceso a internet en sus
domicilios alcanzaron ese privilegio a costa de pagar una de las
tarifas más altas que existen para dicho servicio en todo
el mundo. En la primavera de ese año, el costo mensual de
un megabite por segundo era de 27 centavos de dólar en
Japón,
1.64 dólares en Francia, 3.33
dólares en Estados Unidos,
6.50 en Canadá, y 12.50 en España.
Por ese mismo servicio, los mexicanos pagábamos 60.01
dólares.4
e-México,
desigual e insuficiente
Nos referimos esencialmente a la red de redes porque constituye,
como hemos señalado en otro sitio, la columna vertebral de
la sociedad de la información.5 Por ella
pasan los archivos de audio
y/o video que, una
vez descargados, pueden ser transportados y utilizados en
dispositivos portátiles como el Ipod, lo mismo que las
películas que cada vez resulta más frecuente bajar
de internet para mirarlas en la pantalla casera.
En México solamente hasta la
administración del presidente Vicente Fox, y con
grandes limitaciones, existió un programa
específico para el desarrollo de internet. El proyecto
e-México consistió, fundamentalmente, en la
concentración de los recursos informáticos del
gobierno federal, tanto en línea como en la
infraestructura computacional que podía estar a
disposición de los ciudadanos. El primero de esos aspectos
significó la creación de una identidad
común y la
organización de ligas a docenas de sitios
gubernamentales a partir de un portal centralizador ubicado en
www.e-mexico.gob.mx. La segunda tarea fue la instalación
de siete mil 200 centros comunitarios digitales (CCDs) en todo el
país.
Página siguiente |