En Febrero de 1985, luego de la partida del ministro Bernardo
Grinspun, el Secretario de Planificación Juan Vital Sourrouille
asumió la cartera económica pretendiendo un
drástico cambio en la
política
económica. Hasta este momento el gobierno ocupado
por le radicalismo no tenía elaborado en concreto un
plan para
sobreponerse a la situación económica recibida por
el período precedente. Fue por esto que el Presidente Dr.
Raúl Alfonsín tildara de "indispensable" contar con
un documento que hiciera posible avanzar con la
restauración económica del país.
Pocas semanas antes de asumir su cargo, Sourrouille dio una
conferencia de
prensa en la
que aclaraba que el programa
económico vigente en el país tenía una
visión a mediano plazo y que quien sucediera al ex
ministro Grinspun tendría la necesidad de una
revisión significativa de los esquemas vigentes.
Es así que el nuevo ministro debería tomar
decisiones delicadas, casi tanto como la situación
atravesada por el país al momento de su asunción.
Casi en respuesta inmediata a esto, el gobierno observó
con buenos ojos la posibilidad de negociación con los acreedores externos,
desplazando en cierta medida a un mediano plazo las medidas
tendientes a revitalizar la distribución del ingreso -causa directa del
posterior reclamo distributivo de las cúpulas sindicales
del país, lo que confluiría en un aumento
significativo del nivel inflacionario nacional producto de la
puja distributiva encausada entre estos sectores y el
empresariado argentino-. Dar una explicación de estas
medidas que satisfaga a todos los actores políticos y
económicos no es tarea sencilla, menos para un gobierno
agobiado por las presiones continuas que en su contra
percibía. Quizá el mayor error no tanto
económico sino político del gobierno del Dr.
Alfonsín consistió en no haber podido arribar a un
acuerdo intersectorial tanto con los cabecillas sindicales
(C.G.T.) como con el empresariado argentino, ya sea en tanto a
los valores
salariales como al nivel de precios
general que, en pos de la restauración de la economía nacional, debían adoptarse.
A esto, y no a modo de excusa sino como buenos comprendedores de
la vida política argentina -una de las más
estudiadas y teorizadas a nivel mundial (tal es el caso de David
Rock con
respecto al Peronismo, entre
otros)- debe considerarse como factor determinante para el
fracaso del consenso político buscado la antítesis
existente entre las bases radicales y las opositores, mayormente
pertenecientes al Partido Justicialista.
Consecuencia de la crisis
caracterizada, en febrero de 1985 se produjo el cambio en la
cartera económica del gobierno radical, asumiendo el papel
de Ministro de economía el Dr. Sourrouille.
En este contexto el nuevo ministro estableció una nueva
estrategia para
la recuperación de la economía
argentina basada en dos constantes fundamentales como lo eran
la inversión y la
exportación[1] -ya que con un aumento en
las inversiones
sería posible recapitalizar la economía con una
mejor producción, acompañado esto
por el ansiado incremento de las exportaciones,
trayendo como consecuencia inmediata un aumento en la reserva de
divisas-. De esta
manera se esperaba mejorar la situación atravesada con
relación directa a la gran deuda externa
recibida por el gobierno militar (haciendo frente, al menos en la
planificación inicial, a la cancelación de la
misma). A su vez, la adquisición de bienes
útiles para el crecimiento
económico del país -capitalización de la
industria
nacional- aportaría los recursos
técnicos necesarios para afrontar el desarrollo
productivo tendiente, lo cual -a largo plazo- traería
aparejado un incremento en la producción de bienes con
valor agregado
y a la consiguiente reindustrialización del sector
productivo nacional.
Por su parte, Augusto Di Baja complementa nuestra
explicación dando a conocer otros objetivos
básicos cometidos a través del nuevo plan:
1.- Aumento significativo de los niveles de eficiencia en el
sector
público.
2.- Delimitación de las actividades y servicios que
debe realizar y prestar el sector público.
3.- Incremento del nivel de ahorro y
canalización del mismo hacia la inversión
productiva.
4.- Reestructuración del sistema
financiero y reducción del número de entidades
y sucursales.
5.- Orientación del crédito
hacia las actividades prioritarias, con plazos suficientes para
financiar la inversión.
6.- Moderación del fenómeno inflacionario,
teniendo presente que la política anti-inflacionaria y la
política de largo plazo son complementarias en la dirección global de la política
económica.
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