Santiago del Estero, es una de las tantas provincias de
nuestro país que actúan como "feudos" donde pocas
familias y caudillos son al mismo tiempo dueños de la
mayoría del poder económico y político. El
aparato que estas familias montan en sus provincias es muy
difícil de desmantelar y logran con el garantizarse su
continuidad en el poder. En caso de Santiago, era la familia
Juarez, un matrimonio de 70 años la que venía
manteniendo la hegemonía de la provincia hace años.
Sin embargo, los casos de corrupción y malos manejos
aceleraron el deterioro institucional provincial.
Los Juarez fueron acusados de asociaciones ilícitas,
irregularidades en la ANSES, utilizaban los fondos provenientes
de la nación para obtener intereses. Esta situación
fue agravada por la expulsión de muchos campesinos para
ganar terrenos de plantación de soja. El "crimen de la
dársena" fue la gota que rebalzó el vaso.
Ante esta situación el gobierno nacional se vio
obligado a utilizar el recurso constitucional de la
intervención federal haciéndose cargo directamente
de los destinos de la provincia. De esta forma el poder ejecutivo
elevó el proyecto al Congreso y tras ser aprobado, se
designó mediante decreto a Pablo Lanusse, en ese entonces
funcionario nacional, como interventor de la provincia,
haciéndose cargo de los tres poderes por 180
días.
La intervención Federal llegó con un amplio
crédito a la provincia. Por supuesto nadie esperaba que de
un plumazo se resolvieran desgracias centenarias, pero el
desgaste del sistema juarista y el perfil del interventor,
encajaba justo con las aspiraciones de buena parte de la sociedad
provincial. La respuesta del nuevo gobierno a estas expectativas
(luego de superar una primera prueba que significó
estabilizarse en el poder) fue el lanzamiento de una agenda de
trabajo centrada en la reforma de las instituciones
políticas provinciales.
No era un desafío menor. Se enfrentaba a una estructura
política que se había retirado intacta y que
pervivía en innumerables redes informales de soporte y en
mil aliados en la justicia federal, en cargos subalternos del
poder ejecutivo, en los municipios, en la prensa.
Pero antes de analizar este tema, mencionaremos muy brevemente
otra batalla que se libra en Santiago del Estero por estas horas:
la porfía desarticular una alianza perversa entre el poder
político y el poder económico, representado
emblemáticamente por el grupo de empresas de Néstor
Ick, que había sabido construir un verdadero imperio bajo
el ala del juarismo.
La pelea con el poder
económico
A poco de llegar al gobierno la Intervención Federal se
propuso desmontar la articulación parasitaria que el poder
económico construyó en su relación con el
poder político. Dicho en palabras del Ministro de Salud
Donato Spaccavento: "Hay que hablar claro, con nombres y
apellidos. Aquí (Carlos) Juárez encabezó un
régimen que respondió a los sectores
económicos más altos, a la concentración
económica, y nunca fue un fenómeno a favor de la
gente (…) Operaban con esta alianza entre políticos y
empresarios. La plata que venía de la Nación para
atender los requerimientos más indispensables de la
población, la dejaban en un banco donde daba intereses
(…) Santiago del Estero fue empobrecida y la mayoría de
sus habitantes en el interior padecen enfermedades del Medioevo"
(El Liberal, 01 y 08/08/2004). Dentro de las numerosas medidas
que se tomaron en este sentido, destacaremos algunas,
particularmente simbólicas. En primer lugar, la nulidad
del contrato con el Banco de Santiago del Estero S.A. Otra medida
a destacar es la revocatoria de las contrataciones de seguros con
la Empresas Hamburgo S.A., que esgrimió "razones de
urgencia" para realizar una contratación directa por el
periodo 1996 – 2012 (Decreto Nº 112/04). Es claro que una
vinculación que plantee semejante plazo de duración
no puede justificarse en la premura con que se requieren de los
servicios. Por último, se resalta la reformulación
de un nuevo sistema de códigos de descuentos sobre el
salario de los empleados públicos provinciales. Para quien
no vive en la periferia, no sabe la importancia que tienen estas
operatorias, que se basan en la asignación de
créditos a cambio del descuento automático sobre el
salario. Con el nuevo régimen sólo
permanecerá vigente el sistema automático de
débito para las Instituciones sin fines de lucro –
Sindicatos, Mutuales y Cooperativa – garantizándose que el
trabajador no podrán tener afectado más del 20% de
su salario bruto (Ley Nº 6.658).
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