Santiago del Estero (página 2)

Es claro que en esta pelea contra el poder
económico la Intervención Federal inaugura una
línea de trabajo que
deja batallas judiciales y políticas
para el próximo gobierno. Es
mucho lo que se podrá avanzar, pero la continuidad de este
proceso
está indisolublemente atada al surgimiento de un poder
político de base diferente al que primaba hasta marzo del
2004 .

La pelea
política

Todos los objetivos,
entonces, terminan apuntando sobre el mismo elemento: construir
una nueva forma de hacer política en la
provincia. Ahora bien, aun acordando en este objetivo
común, surgieron estrategias con
matices diferentes en un gabinete de gobierno que articulaba dos
tipos de funcionarios; por un lado, un núcleo más
estrechamente ligado al Interventor Federal, de perfil
juridicista y sin pasado político-partidario, por otro
cuadros políticos con amplia trayectoria en el Partido
Justicialista.

El ajuste entre estos dos grupos fue
bastante satisfactorio hasta la salida del Ministro de Justicia del
Gobierno Nacional (el Dr. Gustavo Béliz), que sacó
a la luz ideas
diferentes sobre la forma en que el gobierno debía
relacionarse con distintos actores políticos
provinciales.  En este aspecto, uno de los puntos de mayor
fricción fue el de la relación con los intendentes
y los comisionados municipales quienes, en la mayoría de
los casos, habían sido el canal por el cual se expresaba
el poder territorial del juarismo.

Por un lado estaban los que querían intervenir todos
los gobiernos locales con el objetivo de romper los hilos en
donde podía sobrevivir o recomponerse la vieja estructura
política.

Por otro lado estaban los que, haciendo el mismo diagnóstico, consideraban que la provincia
tenía mil maneras de disciplinar estas estructuras,
mientras que su intervención sólo lograría
que estos aparatos políticos pasaran homogéneamente
a la oposición.

Estaban los que consideraban que había que sumar
abiertamente a aquellos dirigentes que habían sido
antijuaristas o a los que, cualquiera fuera su pasado, aceptaban
apoyar los procesos de
cambio. Otros,
proponían una política de prescindencia: no hacer
nada en particular hacia el PJ distinto de lo que se hacía
con otros partidos. En distintos momentos, y frente a diferentes
cuestiones prevaleció una u otra línea de
trabajo.

La Reforma
Constitucional

El elemento central alrededor del cual giró la
coyuntura política en estos meses fue la reforma
constitucional impulsada por el Interventor. Su
justificación conceptual no era difícil de armar:
existe una obvia relación entre la estructura
constitucional vigente y el carácter autoritario del régimen
político que motivó la Intervención Federal.
El punto neurálgico de la reforma estaba en una serie de
disposiciones constitucionales que reducían importancia
electoral de las Ciudades de Santiago del Estero y de La Banda –
las dos jurisdicciones en donde tenía más peso la
oposición – a la vez que garantizaban un piso de diputados
a la mayoría. Con esta legislación, una fuerza cuya
principal base electoral estuviera en el interior – como era el
caso del juarismo – lograba con el 35% de los votos el 70% de los
diputados provinciales.

Por su parte diferentes sectores de la sociedad civil
reclamaban que la nueva Constitución prohibiera, de una vez y para
siempre, la ley de lemas. Es
que tal instrumento estaba fijado en la historia como la manera en
que los partidos políticos – en especial el PJ y la UCR –
habían manipulado en su provecho el sistema
electoral.

El llamado a Reforma Constitucional deparó una primera
sorpresa cuando el interventor del Partido Justicialista, el
Diputado Nacional por el Chaco Rafael González,
consideró que el interventor no tenía potestades
para convocarla. Este posicionamiento
causó extrañeza ¿A qué jugaba el
interventor del partido? Era claro que para un cuadro que
venía del más crudo pragmatismo
las cuestiones doctrinarias del Derecho
Constitucional no eran precisamente una prioridad.

En sus cercanías se justificaron sus posiciones en la
necesidad de reunir a un justicialismo totalmente desperdigado,
lo que causó más alarma, porque si era así,
el aglutinamiento iba a ser contra el gobierno. Más
sensatamente, los medios
explicaron su accionar a partir de la interna Kirchner – Duhalde
y sus múltiples derivaciones. El propio proceso hacia la
constituyente sepultó este primer debate.

Todo el espectro político, social y cultural – con
excepción del aparato del PJ y el Intendente de la Ciudad
de La Banda – se pronunció con inusitada energía
por la necesidad de la Reforma.

Más significativo fue que el proyecto de
reforma constitucional recibió el apoyo de los intendentes
peronistas, quienes – alineándose con el gobierno –
dijeron que se trataba "de una prioridad" y que debía
realizarse "antes de las elecciones generales a gobernador, vice,
y diputados provinciales".

En el orden Nacional, el proyecto de la Reforma Constitucional
recibió el explícito respaldo del presidente
Néstor Kirchner y de varios de sus ministros. Hacia Julio,
el interventor del PJ no tuvo más remedio que variar su
posición e incorporar el partido al proceso
reformista.

Pero estos fueron sólo los primeros escarceos. En
ocasión del cierre de la presentación de las listas
a constituyentes volvieron a surgir tensiones de todo tipo y la
lista del PJ se partió en dos. Para enrarecer más
el ambiente,
todos estos hechos sucedían cuando la justicia federal de
la provincia, reiteradamente acusada de connivencia con el
juarismo, excarcelaba al "protector ilustre".

En medio de este clima enrarecido,
La Corte suprema de justicia suspendió el 21 de Septiembre
el llamado a elecciones para convencionales
constituyentes que había
convocado el interventor federal, Pablo Lanusse, para el 31 de
octubre. La
Corte, por unanimidad, hizo lugar a una medida cautelar pedida
por el líder
del radicalismo local, el senador nacional José Luis
Zavalía, quien cuestionó las facultades de Lanusse
para impulsar una reforma constitucional.

De todas formas, los partidos
organizaron una marcha a favor del interventor, lo que
evitó una posible renuncia. Unos días más
tarde, Kirchner reafirmaba a Lanusse en el puesto y decretaba la
prórroga de la intervención por 180 días
más. Las elecciones para gobernador se realizarían
el 20 de febrero.

Ahora bien, los objetivos del interventor habían
cambiado: su misión
ahora era reducir el poder de los juaristas para garantizar una
victoria oficialista o bien alternativa en las elecciones. Para
lograr este objetivo, se buscó una alianza con el
intendente radical Gerardo Zamora que
constituiría fórmula con el diputado kirchnerista
Fernando Salim. A su vez, el gobierno propuso a Lanusse la
iniciativa de intervenir en los tan ansiados municipios ya que el
gobierno nacional solo confiaba en 5 de los 27 gobernadores. De
esta manera, suponían los operadores oficialistas, el
juarismo perdería la base clientelista de
sustentación que tiene en el interior provincial, en el
que la maquinaria electoral del justicialismo ha funcionado
siempre como un reloj, en cuanta elección le haya tocado
jugar. Una medida importante tomada a mediados de octubre fue la
derogación de la ley de lemas.

Por estas épocas se produjo una
fractura en el gabinete del interventor, problema que se
trasladó al seno del gobierno nacional ya que Alberto
Fernández lo continuó apoyando mientras que
Aníbal Fernandez le quitó apoyo. Las disidencias internas del PJ provincial aumentaron
y con ellas, la inestabilidad. Estas disidencias llevaron al PJ a
solicitar a Kirchner que "voltee" las internas abiertas dado el
liderazgo de
Zamora en las encuestas.
También solicitaron que la intervención se
extendiera hasta octubre para unificar los comicios con los
nacionales.

El 6 de NoviembreEl Superior Tribunal de Justicia de la provincia
suspendió las elecciones internas abiertas y
simultáneas previstas para el 12 de diciembre y las
generales en las que se iban a elegir gobernador, vice y 50
diputados en esta provincia, previstas para el 20 de
febrero. El
alto cuerpo de justicia hizo lugar a un recurso de amparo
interpuesto por el defensor del pueblo de la provincia,
Enrique Hisse, que planteaba la inconstitucionalidad del sistema
de elección de diputados por circunscripción y
pedía que antes de realizarse elecciones, se reformara la
Constitución provincial. Los interventores
aseguraron que la provincia se va a
"allanar al fallo" porque los miembros del Tribunal dijeron que
van a resolver la cuestión de fondo, es decir los "vicios
que hay que subsanar en la Constitución", en cuanto a la
elección de diputados por el sistema de circunscripciones.
Actualmente el Gobierno Nacional especula con extender aún
más la intervención para lograr una fuerza
política oficialista viable en la
provincia.

Situación actual y
opinión personal

La situación actual es complicada
e incierta. Nadie sabe a ciencia cierta
como debe procederse en la intervención federal, y los
problemas no
son solo entre bandos opositores sino que la duda surge del mismo
seno del gobierno nacional. La intervención federal, a mi
entender, no a podido desmantelar un aparato político que
ha funcionado los últimos 30 años sin fisuras. Y
esto es completamente comprensible. El problema es que tampoco se
podrá lograr esto por más que la
intervención se prolongue cada vez por más tiempo.

Las iniciativas oficialistas por lograr
un poder político en la provincia tampoco son el camino
adecuado. Si hay algo que Santiago no necesita es un gobierno
adicto. Si bien la reforma constitucional era una buena medida
previa a las elecciones, su inviabilidad no debe desalentar al
pueblo y no debería ser un factor decisivo en la
reconstrucción institucional.

Con todo esto quiero decir que es la
responsabilidad del pueblo la de reconstruir su
propia provincia. El compromiso y el trabajo
deben surgir desde y para el pueblo. La intervención
federal no ha logrado eliminar a los jueces corruptos ni a la
influencia política del poder económico, pero ante
la imposibilidad de reformar la constitución, solo
debería garantizar unas elecciones limpias para que
así el pueblo de Santiago pueda poco a poco volver a ser
el artífice de su propio destino.

Autor:

Agustín Garrido