El monopolio monocromático (página 2)

En México hay
461 canales de televisión comercial. De ellos, 257
están concesionados a Televisa y 176
a Televisión
Azteca. Cada canal ocupa seis megahertz de un espectro
radioeléctrico cada vez más saturado de señales
de diversos servicios de
telecomunicaciones, entre ellas las de telefonía
celular difundidas por compañías que han tenido
que pagar grandes sumas por el derecho a utilizar tales espacios.
En 2005 se estimaba que el valor de un
megahertz en las regiones más pobladas de la
República mexicana era de cinco millones de
dólares.

Televisa, con 257 canales, disfruta de un ancho de banda
equivalente a más de mil 500 megahertz. Sin embargo, el
valor de cada frecuencia es muy distinto según la zona del
país en donde se encuentre. El precio
comercial de un canal en la ciudad de México es
sustancialmente mayor al que tendría, por ejemplo, en
Uruapan o Tapachula.

Fernando Butler Silva, presidente del Colegio Nacional de
Economistas, ha calculado que el valor de un megahertz para una
televisora de cobertura nacional sería de casi 230
millones de pesos. Es decir, las frecuencias en las que difunde
una emisora como el llamado Canal de las Estrellas
costarían mil 380 millones de pesos. No todos los canales
de Televisa tienen el mismo alcance. Pero sin duda las
frecuencias tanto regionales como nacionales que
usufructúa esa empresa alcanzan
un valor de varios miles de millones de pesos.

En junio de 2004 la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes expidió un Acuerdo para entregar a cada
televisora una concesión adicional por cada una de las que
ya tenía. Esas nuevas concesiones servirían para
difundir televisión
digital de alta definición. De esa manera, en cada
canal de los que ya existían las televisoras
seguirían transmitiendo en formato analógico, que
es el que se ha utilizado hasta ahora. Y en la nueva frecuencia
comenzarían a transmitir esos contenidos en el nuevo
sistema digital
que permite conducir imágenes
de calidad
notablemente mayor y añadir otras señales dentro
del mismo espacio. La idea era que a fines de 2021 todos los
canales de televisión abierta hubieran cumplido con ese
proceso de
transición y, entonces, le regresaran al Estado la
frecuencia adicional.

Sin embargo, ni aquel Acuerdo gubernamental, ni la Ley Televisa,
establecieron los procedimientos
para que los concesionarios devuelvan la frecuencia adicional.
Por lo pronto, las televisoras disponen de una frecuencia
más por cada una de las que ya tenían. Es decir, si
Televisa y Azteca contaban con 257 y 176 concesiones cada una,
ahora pueden tener, entre ambas, 866. Eso significa un ancho de
banda equivalente a cinco mil 200 Mhz. Y todas esas concesiones,
antiguas y nuevas, fueron prorrogadas o asignadas hasta el
último día de 2021.

El Acuerdo de 2004 estableció que en México la
tecnología
digital, en el campo de la
televisión, servirá para difundir
señales de alta definición. Con la
tecnología más utilizada actualmente, sobre todo en
Estados
Unidos, cada canal de alta definición requiere de seis
megahertz, es decir, el mismo ancho de banda que hasta ahora ha
utilizado un canal tradicional, de carácter analógico.

Sin embargo, la digitalización de las señales
también podría permitir que en esos seis Mhz se
difundieran varios canales de televisión aunque no
necesariamente de alta definición. Es decir, en 2004 el
gobierno mexicano
decidió que tengamos las mismas opciones que hasta ahora
han existido en el panorama de la televisión mexicana pero
en formato de alta definición, en vez de propiciar la
incorporación de dos o tres canales diferentes por cada
uno de los que ya existen.

El desarrollo de
la tecnología digital permite que cada vez quepan
más contenidos en el mismo espacio. En pocos años
la alta definición no requerirá de seis Mhz sino de
una capacidad menor. Es decir, en ese ancho de banda se
podrán difundir más canales, o servicios de
telecomunicaciones distintos de la televisión.

Cuando discutimos la Ley Televisa en las audiencias
senatoriales y en otros foros entre enero y marzo de 2006, sus
defensores alegaban que la televisión de alta
definición, que era la que el gobierno había
elegido como única opción para México,
siempre requeriría de seis Mhz. Ahora se confirma que
dentro de ese ancho de banda las televisoras pueden tener espacio
adicional al que necesitan para transmitir en alta
definición. Y, por otra parte, podrían no
transmitir en ese formato durante todo el día para, en el
espacio restante, vender otros servicios de
telecomunicaciones.

El 21 y el 22 de mayo de 2007 la Suprema Corte recibió
a seis especialistas en tecnología de telecomunicaciones
"tres de la UNAM y tres
del IPN" para despejar dudas sobre la compresión digital.
Entre los expertos del Politécnico se coló el
ingeniero Celestino Antonioli, que además de profesor en la
Escuela de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica ha sido asesor
de la Cámara Nacional de la Industria de
la Radiodifusión y gerente de
Nuevas
Tecnologías del Grupo Radio Centro. Su
opinión no era desinteresada.

Antonioli insistió en que la televisión digital
bajo los protocolos
adoptados en México "conocidos por las siglas ATSC"
requería de los seis Mhz completos, y
desdeñó el espacio adicional que podría
obtenerse para transmitir otros servicios. Sin embargo, ante la
insistencia de los ministros para que dijera si en ese espacio
puede haber algo más que televisión de alta
definición, el asesor de las televisoras dijo: "El
estándar adoptado permite transmitir señales de
televisión en diferentes grados de calidad. O sea, podemos
tener la alta definición total, la definición
mejorada, que le llaman, o una definición estándar
cuya calidad sería similar a la analógica. Eso me
permitiría que en el espacio que cabe una
transmisión de ATSC, que son los seis Mhz, yo
podría ahí incluir varios programas".

Otros especialistas fueron más directos. El maestro
Fabián Romo, de la UNAM,
precisó: "el mensaje principal que quisiéramos dar
aquí, es que estas normas y estos
estándares, cambian, se modifican y actualizan
continuamente. La tecnología avanza muy rápido.
Algunos países modifican sus normas de comunicaciones no
en un lapso de 15 o 20 años, sino incluso en cinco o 10".
La tecnología digital sí libera espacio en el
espectro radioeléctrico, "técnicamente es factible"
subrayó.

Durante la discusión del 5 de junio, el ministro David
Góngora Pimentel cuestionó el aprovechamiento
excesivo que el artículo 28 les permitía hacer, a
las televisoras, de las frecuencias concesionadas:

"Además del negocio original de radiodifusión,
tendrán hasta el 65% del espectro para utilizarlo en otros
servicios de telecomunicaciones gracias a los avances
tecnológicos, a la decisión del secretario de
Comunicaciones y Transportes y a la actuación del
legislador que acorazó el acuerdo y lo llevó a
nivel legal a través del artículo 28 impugnado, que
parte de la posibilidad de que los concesionarios de
radiodifusión utilicen el espectro radioeléctrico
sobrante para la prestación de otros servicios de
telecomunicaciones. Esta decisión es contraria a la
Constitución Federal. ¿Hasta
qué punto es válido que en una nación
pluricultural, con 103 millones de habitantes, el legislador
decida que es preferible ver televisión con mejor calidad,
durante el 20% del tiempo,
prohijando los negocios de
los concesionarios de radio y televisión para que
dispongan hasta de un 65% del canal que tienen asignado para
otros usos, por encima de una asignación pluralista de las
bandas de frecuencias, que permitan la participación de
más voces en el
diálogo,
haciendo posible una democracia
efectiva? ¿Por qué debemos preferir la riqueza
colora de la transmisión de alta definición,
durante el 20% del tiempo, a costa del monopolio
monocromático de las empresas de
televisión?".

La discusión de la Ley Televisa había comenzado
desde que, el 1 de diciembre de 2005, la Cámara de
Diputados aprobó, por unanimidad de 327 votos, una
iniciativa que 10 días antes había presentado el
legislador priista Miguel Lucero Palma. A ese diputado por
Chihuahua no se le conocía experiencia ni interés en
temas de telecomunicaciones pero formaba parte del grupo cercano
al candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo.

Más tarde pudo confirmarse que esa iniciativa no fue
elaborada por el diputado Lucero sino por empresas consultoras
contratadas por Televisa para diseñar y cabildear tales
reformas. El sigilo con que la iniciativa transitó por la
Cámara de Diputados, en donde a pesar de que se le
dictaminó favorablemente no fue discutida en las
comisiones de Comunicaciones y de Radio y Televisión a
donde había sido turnada, formaba parte de una
operación para que se convirtiera en ley antes de que
terminara el año.

La Junta de Coordinación Política de la
Cámara, encabezada por Pablo Gómez del PRD,
solicitó que esa iniciativa fuese votada "lo antes
posible". Todos los coordinadores parlamentarios estaban de
acuerdo. Así que la propuesta estuvo en el pleno de San
Lázaro únicamente el tiempo necesario para que se
leyera la petición de la Junta de Coordinación y se
abriera el sistema de votación. Exactamente siete minutos,
como dijimos entonces.

Cuando ese proyecto
llegó al Senado (para que una ley federal tenga vigencia
se requiere su aprobación en ambas Cámaras) ya era
un escándalo. 112 escritores, artistas y cineastas
suscribieron un manifiesto, publicado el 12 de diciembre, que
cuestionaba la "visión estrictamente mercantil" de esa
reforma y le pedía al Senado que no la aprobase al vapor.
Docenas de radiodifusores consideraron que la reforma beneficiaba
a las grandes televisoras. La Cámara Nacional de la
Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e
Informática, la Red de Radiodifusoras y
Televisoras Educativas y Culturales, la delegación
mexicana de la Asociación Mundial de Radiodifusoras
Comunitarias y numerosos productores, académicos y
legisladores de todos los partidos, comenzaron a manifestarse
contra la que, desde entonces, fue conocida como Ley
Televisa.

La iniciativa reformaba cuatro artículos y
establecía otros cinco en la Ley de Telecomunicaciones
creada en 1995. Además, reformaba 13 y adicionaba 15 en la
Ley de Radio y Televisión que data de 1960. El nuevo
artículo 28 de esta última les permitía a
los concesionarios hacer, de las frecuencias de las que ya
disponen, los usos adicionales que les convinieran y sin pagar
por ello. La Ley Televisa proponía, además, que
cuando hubiera nuevas concesiones serían otorgadas a las
empresas que ofrecieran más dinero por
ellas. No era indispensable la opinión de la
Comisión Federal de Competencia. Las
concesiones tendrían una vigencia de 20 años "plazo
excesivo comparado con los de otros países" y su
renovación sería automática. La autoridad
encargada de regular a la radiodifusión sería la
Comisión Federal de Telecomunicaciones, Cofetel, a cuyos
cinco integrantes los designaría el presidente de la
República con posibilidad de que el Senado los
vetara.

La Ley Televisa, por otra parte, autorizaba a las estaciones
de radio y televisión para tener más tiempo de
publicidad a
cambio de que
difundieran programas producidos por empresas independientes
(aunque no se esclarecieron los criterios para determinar la
independencia
de una productora). Por otra parte, se obligaba a radiodifusoras
y televisoras a informar al Instituto Federal Electoral sobre la
propaganda de
campañas que hubieran contratado candidatos o
partidos.

En su ponencia el ministro Salvador Aguirre Anguiano
diría, en mayo de 2007: "En materia de
concesiones, la reforma prevé el otorgamiento de las de
radio y televisión mediante licitaciones a través
de subasta pública, bajo el argumento de que ello supone
el fin del poder
discrecional del poder
ejecutivo en esta materia. Este argumento, sin embargo, lejos
de cumplir con el propósito buscado, únicamente
transforma el criterio discrecional anterior, en un criterio
claramente antidemocrático traducido en poder
económico. Es decir, quien tenga más recursos para
instalar y operar servicios de radiodifusión, será
quien tenga más posibilidades de ganar la
licitación para tales efectos. Lo anterior no sólo
desvirtúa la esencia del servicio de
radiodifusión, sino que violenta principios
constitucionales y de los tratados
internacionales que persiguen asegurar el acceso a la
prestación de servicios de radiodifusión en
condiciones equitativas y justas".

La inquietud por la Ley Televisa detuvo la aprobación
rápida que habían intentado sus promotores. La
Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado
abrió en febrero cuatro reuniones de consulta sobre ese
tema. Acudieron 46 consultores, académicos y funcionarios.
34 de ellos se expresaron contra la Ley Televisa.

Entre las opiniones adversas a la reforma estaban las del
presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo
Pérez Mota; la titular de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl
Gálvez; el presidente del Instituto Federal Electoral "a
través de un documento" Luis Carlos Ugalde y el presidente
de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Jorge
Arredondo. No había salvaguardas para evitar la
concentración excesiva de concesiones; no se tomaba en
cuenta a los indígenas como beneficiarios de licencias de
radiodifusión; habría contradicción con la
legislación electoral; las atribuciones del organismo
regulador no eran claras y se sobreponían con facultades
de la SCT. Esas eran algunas de las objeciones a la Ley
Televisa.

Los promotores de la reforma carecían de argumentos
para refutar esas impugnaciones, pero no de recursos para
presionar de manera extralegal. La Cámara Nacional de la
Industria Electrónica y de Telecomunicaciones (Canieti)
había respaldado las impugnaciones a tales reformas. Pero
cuando algún directivo de Televisa habló a la empresa
Hewlett Packard en donde trabajaba la presidenta de la Canieti,
María Teresa Carrillo, esa posición se
modificó. De esa y otras maniobras se ufanó el
director Jurídico de Televisa, Javier Tejado, en
conversaciones telefónicas grabadas de manera ilegal y que
fueron publicadas el 1 de marzo por El Universal.

El recurso de presión
más importante eran las campañas electorales en
curso. El 2 y el 3 de febrero los tres principales candidatos
presidenciales "Andrés Manuel López Obrador, Felipe
Calderón y Roberto Madrazo" acudieron a sendas reuniones
con los directivos de Televisa que los citaron en Valle de Bravo.
Por lo menos el candidato del PRI se comprometió a
defender la Ley Televisa.

El 23 de marzo el presidente del PAN, Manuel Espino, les
exigió a los senadores de ese partido que votaran a favor
de dichas reformas. Al día siguiente, en una
reunión de los senadores del PRI, se dijo que a la
campaña de Madrazo le convenía que respaldaran esa
iniciativa. Los partidos querían congraciarse con las
televisoras a cambio de una cobertura favorable de las
campañas.

El ministro David Góngora, el 31 de mayo de 2007: "La
televisión afecta en términos sustantivos la vida
diaria del individuo, lo
que implica que quienes tengan acceso al uso del espectro
radioeléctrico para prestar el servicio de
radiodifusión, tendrán la posibilidad de permear el
tejido social y de encausar el derrotero del grupo o comunidad que
toman como objeto, afectando y determinando sus patrones y modos
de vida. Esta realidad evidencia la vulnerabilidad de las
audiencias frente a los emisores y pone de manifiesto la
necesidad de darle mayor peso a los derechos de
expresión, información y prensa, desde el
punto de vista de los receptores, es decir, desde la perspectiva
de la dimensión social de este derecho. Así,
tratándose de medios de
comunicación que requieren del uso de un bien
público restringido como es el espectro
radioeléctrico, el legislador está obligado a
regularlo de manera tal que garantice la igualdad de
oportunidades para su acceso y propicie un pluralismo que asegure
a la sociedad la
permanente apertura de un proceso de comunicación que vivifique la democracia y
la cultura".

La votación de la Ley Televisa en el Senado estuvo
precedida por una intensa discusión. Para las
radiodifusoras y televisoras no comerciales, esas reformas eran
una amenaza porque las marginaban del aprovechamiento de los
nuevos recursos tecnológicos y establecían un
procedimiento
tortuoso y discrecional para las instituciones
o grupos
interesados en solicitar permisos de radiodifusión no
lucrativa.

El 29 de marzo, en vísperas de la sesión
senatorial que discutiría la Ley Televisa, las estaciones
del Instituto Mexicano de la Radio
transmitieron, durante todo el día, una misma interpretación musical. En la XEB se
escuchó, todo ese miércoles, la canción
"Cheque en
blanco" de Paquita la del Barrio. En Radio 660, "Si se calla el
cantor" con Mercedes Sosa. Y así en cada una de las sei
estaciones del IMER y sus repetidoras. El Instituto, dirigido por
Dolores Béistegui, quería enfatizar la
monotonía que habría en el cuadrante si se
aprobaban las reformas que beneficiaban a quienes ya
tenían muchas concesiones radiofónicas.

El jueves 30 de marzo durante más de 13 horas los
senadores que se oponían a la Ley Televisa, encabezados
por Javier Corral y Felipe Vicencio del PAN, Manuel Bartlett y
Dulce María Sauri del PRI, así como Raymundo
Cárdenas y Raúl Ojeda del PRD, expusieron tal
cantidad de hechos y razonamientos que los defensores de las
reformas acabaron por dejarles la tribuna.

Durante toda la noche, los impugnadores de la Ley Televisa
tomaron la palabra sin que nadie les respondiera. Las reformas
fueron aprobadas con 81 votos (44 del PRI, 30 del PAN, cinco del
Partido Verde y dos senadores sin partido). En contra votaron 40
senadores (15 del PRD, 13 del PAN, 11 del PRI y un legislador sin
partido). Se abstuvieron tres del PAN y uno del PRI.

El 4 de mayo de 2006, 47 senadores presentaron en la Suprema
Corte de Justicia una
solicitud para que esas modificaciones legales fuesen declaradas
inconstitucionales. En 147 folios se cuestionaban los aspectos
centrales de la reforma y al Congreso de la Unión que la
aprobó, así como al presidente de la
República que la había promulgado el 11 de abril.
Como estaba cerca el término de su gestión
como legisladores, esos senadores designaron representantes suyos
a Manuel Bartlett y Javier Corral.

Un año más tarde, el 3 de mayo siguiente, el
ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano dio a conocer el
proyecto de sentencia que recuperaba buena parte de las
impugnaciones de los, para entonces, ex senadores.

La ministra Olga Sánchez Cordero dijo el 5 de junio:
"No son iguales los intereses de las empresas que manejan los
medios de
comunicación y los de los profesionales de la
comunicación. Las empresas siempre intentan maximizar
sus utilidades y ésa es su finalidad lógica.
En cambio, los profesionales de la información persiguen
fines diversos: buscan precisamente un foro de expresión, buscan
lograr concientizar a la sociedad por ser formadores de opinión
pública. Y en este sentido, la circunstancia de que
los medios de
comunicación estén concentrados en pocas manos
distorsiona el derecho a la información porque permite a
quienes tienen el control de esos
medios manipular, moldear la opinión pública en
función
de sus intereses e impedir que el público pueda contribuir
de manera significativa al debate
político en presencia de los modernos imperios de la
noticia del espectáculo".

El jueves 7 de junio la Corte, ratificando sus votaciones de
los días anteriores, abolió el uso discrecional
"por parte de las empresas de radiodifusión" del espectro
radioeléctrico que les ha sido concesionado.
Eliminó los requisitos que colocaban a los medios no
comerciales en desventaja para el trámite de nuevas
autorizaciones. Asimismo, suprimió la vigencia de las
concesiones por 20 años, canceló su
renovación automática, abrogó la subasta
financiera como criterio para asignarlas o ratificarlas y
consideró obligatoria la aprobación de la
Comisión de Competencia. También determinó
que la intervención del Senado en la designación de
los integrantes de la Cofetel había sido inconstitucional,
con lo que se abrió la posibilidad para que ese organismo
fuese renovado total o parcialmente por el presidente de la
República.

Sobre todo la Corte estableció criterios, que
deberán ser considerados por el poder
legislativo, acerca de los fines sociales de la
radiodifusión, el dominio nacional
sobre el espacio radioeléctrico y la necesaria pluralidad
en los contenidos de la televisión y la radio. Senadores y
diputados de todos los partidos dijeron, en diversos tonos, que
recogerían los señalamientos de la Corte para
elaborar una nueva legislación.

Las campañas contra Corral y otros senadores
habían confirmado la escasez de
argumentos, así como la rabia que en Televisa y Azteca
suscitaron los cuestionamientos a las reformas que finalmente
fueron declaradas inconstitucionales. Por eso aquel 5 de junio el
ex senador panista ironizaba diciendo que agradecería a
las televisoras tan involuntarios cuan eficaces servicios. Tres
semanas antes, en Reforma, el abogado de Televisa, Javier
Tejado, había querido defender esas modificaciones legales
en un artículo titulado "Nadie sabe para quién
trabaja". Quizá tenía razón.

Autor:

Raúl Trejo Delarbre

servidor.unam.mx

Investigador en el Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM.

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