Los medios que quisiéramos (página 2)

Partes: 1, 2

Sin desplazar a los medios
electrónicos tradicionales, las nuevas
tecnologías también han abierto posibilidades
para diversificar los espacios de comunicación. El uso de la fibra
óptica y de otros conductos para la transmisión
de contenidos digitales así como la propagación de
señales
satelitales, permiten extender casi sin límites la
cantidad de canales disponibles para transmisiones de audio y
video. Ahora
en lugar de varias docenas los telespectadores pueden elegir
entre varios centenares de canales de televisión, aunque para que ello sea
posible es preciso que contraten algún servicio de TV
de paga. Los proveedores de
contenidos tienen nuevos cauces para llegar a sus posibles
públicos. Simultáneamente, la telefonía
celular y la Internet experimentan
crecimientos mayúsculos.

Esos cambios exigen diagnósticos mesurados. No estamos
ante la aldea global que algunos soñaron hace tres
décadas o que incluso, hay quienes con demasiado
entusiasmo suponen que ya tenemos ahora. Tampoco nos encontramos
en la situación de los años setenta, cuando
parecía que el espacio público quedaría
irremediablemente subyugado por la
televisión convencional.

El auge de las comunicaciones
llega a todo el mundo, pero no a todas las personas. Hay
teléfonos celulares y conexiones a la Internet en
prácticamente todos los países, pero en los
segmentos más pobres del planeta esos recursos
están -y seguramente continuarán- fundamentalmente
en manos de las élites. En 1999 Estados Unidos
tenía 68 líneas telefónicas principales por
cada 100 habitantes, Alemania 59,
Francia 58,
Japón
50 y España 42.
En cambio en
Kenya había una sola línea por cada 100 personas,
en India 2.7, en
China 8.6, en
Brasil 14.9,
en Argentina 20.1 y en Chile 20.7. En México
teníamos 11.2 líneas telefónicas fijas por
cada 100 habitantes .

La disparidad en el empleo de los
nuevos recursos tecnológicos es patente en la cobertura de
la red de redes. En septiembre de 2002
605.6 millones de personas, aproximadamente el 10% de la
humanidad, tenía acceso regular a la Internet. Sin embargo
en ese rubro las diferencias regionales y nacionales son
formidables. En África
solamente el 0.8% de la gente contaba con ese recurso. En
América
Latina el 5%. En Europa, el 27%.
En Canadá y Estados Unidos, el 66%.

Conforme se extienden, esos instrumentos de
comunicación son empleados de nuevas y variadas maneras,
incluso por gente que jamás pensó que sus mensajes
pudieran llegar a destinatarios en todo el mundo. La telefonía inalámbrica permite la
conexión de comunidades antaño casi
irreparablemente aisladas, especialmente en zonas rurales.
La
comunicación satelital lleva las señales
internacionales de televisión
a sitios en donde apenas se sintonizaba la radio. La
Internet conecta a ciudadanos de todo el planeta en torno a
preocupaciones muy específicas, pero está lejos de
desplazar a las formas convencionales de participación y
decisión en las sociedades, a
diferencia del apasionamiento con que algunos hablan de una nueva
democracia
electrónica.

Reglas para que
los medios
comuniquen

Los nuevos recursos comunicativos no anulan el carácter ni las prácticas
autoritarias de los medios masivos convencionales pero
constituyen contrapesos, a veces significativos, delante de
ellos. La otra gran fuente de exigencias delante de la
televisión, la radio y la
prensa (la
cual en comparación con los medios electrónicos
tiene audiencias numéricamente modestas, pero
cualitativamente importantes) es el afán de los
núcleos sociales más activos para
valorar los mensajes de los medios e incluso, para replicar
delante de ellos.

En las sociedades políticamente más
desarrolladas el escrutinio ciudadano de los medios se ha
convertido en práctica asidua y fructuosa para atemperar
el autoritarismo de los medios. Al asumir a los medios como parte
del espacio público y no como acaparadores o sustitutos de
él, sus contribuciones y debilidades se reconocen de
manera abierta.

Los medios suelen ser tema de discusión, especialmente
en dos grandes áreas. Por un lado, es frecuente la
controversia acerca de sus efectos en la formación
ciudadana y moral de las
personas. Especialmente, causan preocupación las
implicaciones que puedan tener en los espectadores más
jóvenes, los contenidos de carácter violento o
apropiados para adultos.

Por otra parte, suele ser motivo de debate la
distorsión de los asuntos públicos cuando pasan por
el cedazo de los medios de
comunicación. Con frecuencia pueden advertirse
decisiones políticas
(que pueden estar influenciadas desde el gobierno u otros
poderes) para soslayar o censurar contenidos incómodos o
polémicos. En otros casos, los mismos medios distorsionan
los asuntos públicos al manejar su difusión con
parcialidad o sensacionalismo. Es frecuente la
difuminación de la frontera entre
la vida privada y los deberes institucionales de los personajes
públicos.

No existe un esquema que pueda considerarse universalmente
aceptado, ni eficaz, para resolver las permanentes dificultades
de la compleja relación entre medios de
comunicación, sociedad y
Estado. Pero
cada vez en más naciones tienden a establecerse marcos
regulatorios que se sustentan en el reconocimiento de que, igual
que cualquier otra, la libertad de
información y comunicación necesita
ser estatuida en leyes y normas capaces de
garantizarla. Las leyes para los medios suelen regular
-imponiéndoles obligaciones–
el derecho de los particulares a instalar y poseer estaciones
transmisoras de televisión y radio. En cada vez más
circunstancias nacionales, se establecen límites a la
propiedad de
varios medios por parte de una persona o un
grupo de
inversionistas. También, en esos marcos regulatorios son
frecuentes las garantías para que los ciudadanos puedan
inconformarse ante la divulgación de contenidos que los
difamen o transgredan su privacía.

En numerosos países la existencia de reglas para la
comunicación no significa limitaciones para la libertad de
expresión. Al contrario, el derecho de la
información tiende a reconocer que, sin normas, esa
libertad queda solamente en manos de quienes tienen recursos o
prerrogativas para poseer o manejar medios de
comunicación.

Una vertiente cada vez más explorada en muchas
naciones, más allá de las leyes pero sin
contradicción con ellas, es el establecimiento de
parámetros éticos con los cuales las empresas de
medios, o las comunidades de periodistas, se comprometen a
autorregularse. En ningún sitio los códigos de
ética
sustituyen a las leyes. En muchos, en cambio constituyen un
recurso que con frecuencia permite que los litigios dentro de los
medios y especialmente entre ellos y los ciudadanos, puedan
resolverse en instancias previas a los tribunales .

Acceso a nuevas tecnologías de manera creativa y
reglamentación de los derechos de la sociedad ante
los medios, son parámetros capaces de propiciar una
diversidad de emisores y una cultura
crítica
delante de la comunicación que no suelen existir en los
países en donde la regulación de los medios es
débil, o se aplica escasamente. La existencia de normas y
mecanismos capaces de reivindicar el interés de
la sociedad tiende a hacer que los medios sean, en el sentido
más ambicioso del término, auténticos
espacios de comunicación -es decir, con interacción de ida y vuelta- y no solamente
de información y propaganda.

México: atraso
jurídico y negligencia estatal

En México, al comenzar la primera década del
siglo 21 puede reconocerse que los medios electrónicos de
comunicación han experimentado una apertura notable en
comparación con la parcialidad que solía
distinguirlos. Sin embargo el atraso en las leyes para ese ramo,
la inusitada concentración en la propiedad de las empresas
de ese ramo, la casi completa inexistencia de medios
públicos y la ausencia de recursos jurídicos y
mediáticos para que la sociedad pueda
replicar y participar de la comunicación han mantenido un
panorama de supeditación de prácticamente todos los
actores de la vida pública a la hegemonía de los
medios. El de la prensa es caso aparte: hay abundantes
publicaciones, de muy variable calidad,
constreñidas a públicos exiguos.

En nuestro país la televisión y antes la radio,
se desarrollaron como industrias ante
la notable indolencia del gobierno federal. A diferencia de
muchas otras naciones que consolidaron ordenamientos legales y
sistemas de
medios públicos capaces de atemperar el dominio de otras
maneras irrefrenable de los medios electrónicos, en
México el poder
político asumió con ignorancia, tardanza e incluso
incomodidad, el tema de la comunicación
social. Resultado de esas condiciones, es la permanencia de
leyes atrasadas e ineficaces pero además, la flagrante
impunidad con
que suelen desempeñarse los medios
electrónicos.

Hay docenas de leyes, reglamentos, decretos y otros
ordenamientos que contienen disposiciones relativas a los
medios de
comunicación. Esa dispersión, implica entre
otras cosas una enorme eficiencia para
ubicar a los medios en una normatividad clara, equitativa y capaz
de ser cumplida por todos los actores del proceso de la
comunicación. Las leyes más importantes, son la de
Imprenta que
fue promulgada en 1917 y la Federal de Radio y Televisión,
de 1960.

Las insuficiencias y limitaciones de estas leyes, son
conocidas aunque no por ello han sido revisadas ni sustituidas
por un cuerpo normativo tan moderno como los medios de
comunicación que debiera regular.

La Ley de Imprenta,
aunque establece el derecho de réplica, está
orientada por una concepción de moralidad tan
anticuada que, si se pusiera en práctica,
implicaría la censura de numerosas publicaciones que ahora
circulan.

La ley de radio y televisión deja en manos de un solo
funcionario -el secretario de Comunicaciones y Transportes– la
asignación y, eventualmente, la cancelación de las
concesiones para los medios electrónicos, carece de
recurso alguno para que los ciudadanos se puedan inconformar ante
los contenidos de esos medios y es tan obsoleta que no contempla
la transmisión por cable o satelital, ni la
difusión de mensajes por video y otros canales de
propagación de imágenes y
sonidos.

Por ejemplo, para esa ley, sistemas como Multivisión o
Cablevisión no son televisión, porque no transmiten
según los parámetros antaño convencionales,
de manera abierta y por el espacio aéreo. Servicios como
esos están regidos por la Ley Federal de Telecomunicaciones promulgada en 1995 que norma
los aspectos técnicos del tráfico de señales
pero no la índole de sus contenidos ni la responsabilidad de quienes los difunden como,
aunque con limitaciones, hace la Ley Federal de Radio y
Televisión.

Presencia creciente de
la televisión de paga

Los sistemas de televisión de paga están
constituyendo una opción, aunque costosa, para la
diversificación de la cultura televisiva -lo cual implica
decir buena parte de la cultura, sin adjetivo alguno- de la
sociedad mexicana.

A fines de 2002 en México había cerca de 3
millones 700 mil suscripciones a servicios de televisión
de paga . Eso implica, en números redondos, que en nuestro
país alrededor de 16 millones 300 mil personas
tendrían acceso a una oferta de
televisión más abundante que la que ofrecen los
canales de frecuencia abierta, que no requieren
suscripción para ser sintonizados. Se trata del 16% de los
mexicanos.

Un quinquenio antes, a fines de 1997, las suscripciones de
televisión de paga eran un millón 802 mil, lo cual
involucraba aproximadamente al 8.7% de la población .

El hecho de que en un lustro se haya duplicado la cantidad de
gente que tiene acceso a televisión de paga y que hoy uno
de cada seis mexicanos pueda ver algo más que las
señales de Televisa, TV
Azteca y los canales de televisión cultural o regional
propiedad del gobierno, tiene consecuencias que desbordan el
alcance de estas notas pero que seguramente están
contribuyendo a moldear la apreciación que un
significativo sector de la sociedad mexicana tiene de los asuntos
públicos.

Además de ampliar el horizonte de esos telespectadores
(aunque la mayor parte de la programación de esos canales de paga
esté originada en Estados Unidos) el hecho de que esos
servicios estén al margen de la legislación para la
televisión abierta tiene consecuencias culturales,
políticas y sociales.

Miedo y rechazo a la
modernización jurídica

El atraso de las disposiciones jurídicas para los
medios resulta especialmente patético en contraste con el
desarrollo
político que ha experimentado el resto de la sociedad y
las instituciones
mexicanas. El carácter autoritario, discrecional,
unilateral y arcaico del régimen legal para la
comunicación en nuestro país es reconocido por casi
todos los actores de la vida pública. Sin embargo las
empresas de comunicación e incluso algunos de los
comunicadores que trabajan en ellas, suelen preferir la
ambigüedad o la obsolescencia de las leyes, antes que su
revisión y actualización. Hay quienes creen que la
revisión de las leyes para los medios podría
traducirse en diques, que ahora no existen, para la libertad de
expresión. Otros, especialmente algunos de los empresarios
más poderosos en ese terreno, prefieren la ambigüedad
de las leyes actuales y el régimen de entendimientos
oficiosos al que han llegado con el gobierno, antes que la
existencia de nuevos ordenamientos que podrían afectar los
privilegios que ahora tienen.

El de las leyes para la comunicación, es un tema que ha
sido reiteradamente redimido por algunos legisladores y
trabajadores de los medios, lo mismo que invariablemente
cancelado por las élites políticas y por los
dueños de las empresas de información más
poderosas. En varias ocasiones en más de un cuarto de
siglo, se ha repetido la misma rutina para preservar el
estancamiento legal acerca de los medios: cuando el gobierno o
algunos legisladores proponen actualizar ese marco
jurídico, se sobreviene una andanada de admoniciones
contra la que, según se dice, es una tentativa para
amordazar a los medios. Quienes quedan amordazados, entonces, son
aquellos que se ha propuesto impulsar una reglamentación
moderna para la comunicación.

Los concesionarios de la televisión y la radio y
algunos influyentes dueños de periódicos, suelen
encontrar intenciones restrictivas en cualquier propuesta para
renovar las leyes aplicables a los medios. Algunos periodistas y
trabajadores de la comunicación, en parte llevados por su
natural desconfianza a prácticamente todo lo que provenga
del poder político, llegan a compartir esas aprensiones.
El gobierno federal, curiosa pero lamentablemente, suele
encabezar esa oposición a actualizar las leyes para la
comunicación. Desde los años ochenta, por lo menos,
cada uno de los presidentes mexicanos ha sostenido que dictar
leyes para los medios significaría coartar su derecho a la
expresión. Hay quienes dicen con tan demagógica
como ignorante retórica que la libertad de prensa no se
reglamenta: se conquista y se
ejerce. Pero en México esa libertad ya está
reglamentada, aunque de manera atrasada e insuficiente.

Los partidos
políticos, todos ellos, han tenido una posición
titubeante delante de ese asunto. Prácticamente todos
ellos suelen reconocer la necesidad de reformar las leyes para
los medios en México. Sin embargo cuando establecen las
prioridades en sus agendas legislativas suelen encontrar motivos
para postergar esa reforma. Le tienen miedo a la hostilidad que
una decisión de esa índole podría suscitar
en algunos de los medios más importantes.

Las pocas veces que a los partidos les inquieta la
situación de los medios es para buscar más espacio
gratuito en su propio beneficio, o para proponer que los
noticieros destinen más minutos a las campañas
electorales. Gobierno y partidos -y junto con ellos, la
sociedad– suelen encontrarse en situación de rehenes
respecto de los medios más influyentes. En algunos de
ellos hay apertura política, de manera
notable y constatable, pero sólo en los términos,
las ocasiones, los espacios y para los protagonistas que los
medios eligen como beneficiarios de tal flexibilidad. Y si desde
el universo
partidario y legislativo hay una mezcla de temor, ignorancia y
pasmo respecto de los medios, en el gobierno se mantiene una
reiterada evasiva para cumplir con las responsabilidades
más elementales en ese terreno. Las autoridades
gubernamentales para los medios (la Secretaría de
Gobernación particularmente a través de su dirección de Radio, Televisión y
Cinematografía y la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes) suelen ser pasivas y obsequiosas, o se comportan
como si estuvieran al servicio de los empresarios de ese ramo y
no de los ciudadanos .

ALGUNAS
PROPUESTAS

La reforma de los medios de comunicación tendría
que haber sido parte de la reforma del Estado, a la par que la
actualización de la legislación electoral. De
hecho, este asunto amerizaría una atención tan destacada como la que han
recibido las reglas para que los votos cuenten y se cuenten.
Podría pretenderse que los medios, medien y no
mediaticen.

Las coordenadas de esa reforma, independientemente de
cuáles medidas pudieran lograrse de manera inmediata y
cuáles a mediano plazo, serían más claras si
se establecieran a partir de los fines que se pretende para los
medios. Así es como ordenamos las siguientes
propuestas.

Medios para la sociedad.

La sociedad debiera dejar de ser solamente destinataria de los
mensajes masivos. Siempre lo es, pero quedar reducida a
espectadora, cuando en muchos sentidos puede ser actora,
empobrece notablemente la calidad ciudadana de nuestra
democracia.

En ese interés, podría pretenderse el
establecimiento de facilidades para la apertura o
consolidación de medios de comunicación cuyo
propósito primordial no sea lucrativo: radios y
televisoras universitarias, de grupos
comunitarios, de agrupaciones civiles y/o de partidos
políticos. Exenciones fiscales, permisos de importación de equipo, respaldos
crediticios y otro tipo de apoyos, favorecerían a tales
empresas. Es pertinente abolir la distinción legal entre
medios concesionados y permisionados que a estos últimos,
que suelen ser de carácter cultural, les impide
comercializar espacios, dejándolos en condiciones de
desventaja frente a los medios fundamentalmente mercantiles.

Además podría reglamentarse el uso social del
tiempo que
hasta 2002, encontrándose destinado al Estado, era
ejercido casi exclusivamente por el gobierno federal. En octubre
de ese año el presidente Vicente Fox decretó la
modificación del llamado tiempo fiscal, cuya
utilización los concesionarios de la radio y la
televisión entregaban a las autoridades en virtud de un
impuesto
establecido en 1969. En vez del 12.5% del tiempo total de
transmisiones de las radio y televisoras concesionadas, esos
espacios quedaron reducidos al 1.25% de ese tiempo en las
televisoras y al 2.43% en las radiodifusoras. Además ese
tiempo fue reservado para uso exclusivo del gobierno federal.
Otras instituciones del Estado, como el Poder
Legislativo y el Instituto Federal Electoral, pueden disponer
de los 30 minutos diarios que la Ley Federal de Radio y
Televisión establece en cada estación para usos
oficiales. Esa media hora diaria será insuficiente para
dar cabida a todos los mensajes que solían difundirse en
ejercicio del tiempo fiscal, especialmente en temporadas de
campañas políticas cuando los partidos tienen
acceso a espacios gratuitos de acuerdo con la legislación
electoral.

Entre otras medidas que podían promover un uso social
de los medios se encontrarían la creación de
centros de producción accesibles a grupos ciudadanos,
con acuerdos que permitiesen la difusión de los mensajes
allí elaborados; el fomento a las producciones
universitarias y la creación de espacios institucionales
(que no estuvieran a merced de la tornadiza voluntad de
funcionarios del gobierno o de los dueños de radio y
televisoras) para transmitir, sin censura alguna y en horarios
decorosos, los programas de esa
índole.

Medidas como esas, tenderían a fortalecer un concepto de
medios públicos que hasta ahora ha sido casi inexistente
en México: empresas con aportaciones estatales pero a
cargo de grupos e instituciones independientes, o con un financiamiento
tan heterogéneo y una situación legal que les
permitiera no estar supeditadas a vaivenes o restricciones de
carácter burocrático. Pensamos en un esquema como
el de la televisión pública en los Estados Unidos
(PBS) que es financiada con recursos federales, estatales y
municipales, al mismo tiempo que con aportaciones de sus
audiencias a través de la cuota que pagan al suscribirse a
los sistemas de cable que conducen esa señal. La
consecuencia más necesaria y ambiciosa de esa
concepción sería la creación de un sistema nacional
de televisión y radiodifusión pública -a la
que, insistimos, es preciso no confundir con los medios del
gobierno-.

El punto central en este apartado, sería la apertura y
la plena transparencia en la asignación y revisión
de las concesiones para los medios electrónicos. La
Secretaría de Comunicaciones y Transportes no sólo
decide a su arbitrio quiénes pueden y quiénes no
pueden transmitir por radio y televisión. Además,
las autoridades de esa dependencia -y a través de ellas el
gobierno federal- han mantenido en un inaceptable secreto los
datos sobre
vencimiento y
características de los títulos de concesión.
En la medida en que esas decisiones y esa información sean
transparentes, los grupos de empresarios que quieren y pueden
incursionar en la comunicación de masas
encontrarían respuesta justa a esas pretensiones
legítimas.

La necesidad de actualizar la legislación para los
medios a fin de terminar con la discrecionalidad en decisiones
como las relativas a las concesiones se afianzó a partir
de que, en octubre de 2002, además de las ya comentadas
modificaciones al ejercicio del tiempo fiscal el presidente de
la
República expidió un nuevo Reglamento para la
Ley Federal de Radio y Televisión. Diversas agrupaciones
sociales que durante más de un año habían
participado en una mesa de discusión convocada por la
secretaría de Gobernación para delinear los
términos de una nueva legislación en esa materia, se
consideraron defraudadas y resolvieron prescindir de la
interlocución con el gobierno para promover esa
normatividad. En diciembre esas organizaciones
entregaron al Senado de la República un proyecto de ley
que, para su discusión, fue avalado por 64 de los 128
integrantes de esa Cámara. Aunque circunscrito por el
rechazo de los radiodifusores más influyentes a la reforma
de la legislación de radio y televisión, el proceso
de análisis de ese proyecto convocó a
legisladores de todos los partidos y a numerosos interesados en
el tema. Ese proceso continuaba al iniciarse la primavera de 2003
.

B) Sociedad para los medios.

En México el único derecho que tienen los
públicos de los medios, como tales, es la prerrogativa de
apagar el televisor o el radio. Carecemos de una
legislación que reconozca el derecho de los destinatarios
de la comunicación de masas para aclarar y rectificar pero
también, para opinar, proponer, matizar y discrepar acerca
del contenido de los medios.

La sociedad podría tener un papel menos pasivo delante
de los medios, de dos maneras que pueden ser complementarias. Por
un lado, la legislación podría reconocerles
personalidad
jurídica, para propiciarlas, a las asociaciones de
radioescuchas, lectores o televidentes que se organizaran
según el interés específico de los
públicos de cada medio o por ciudades, o regiones. Esas
agrupaciones, como expresión directa de la sociedad,
podrían tener derecho a ser atendidas por los responsables
del medio en cuestión e incluso, a contar con espacios
para opinar acerca de los contenidos que reciben. Al mismo
tiempo, podría estimularse la educación para
leer a los medios. De los medios se obtiene mejor provecho
en la medida en que se conoce cómo funcionan, qué
géneros emplean, cuáles pueden ser sus efectos e
incluso, en donde termina la recreación
de la realidad y en dónde comienza la ficción.

Agrupaciones de ciudadanos interesados en los medios y
educación
para la recepción crítica, son dos recursos que
involucran a la sociedad con las empresas e instituciones de
comunicación y que han sido desarrollados con experiencias
de gran interés en otros sitios de América
Latina. Con tales medidas se busca fortalecer las capacidades
de la sociedad activa para interactuar con los medios y no ser
solamente pasiva espectadora de ellos. En México esos
instrumentos han sido muy escasamente utilizados.

Medios para la democracia.

Los medios de comunicación, en su gran mayoría,
son negocio. Es ingenuo pretender que el interés mercantil
quede desplazado de los propósitos de sus propietarios y
operadores. Pero además la sociedad tiene derecho a que,
sin dejar de tener como meta la rentabilidad
económica, los medios sean instrumentos de servicio y de
educación cívica.

En México, ya tenemos una relativa pero constatable
apertura en la diversidad política de los medios de
comunicación. Pero esa pluralidad no siempre se traduce en
mejores contenidos.

No puede esperarse que los medios, solamente con cambios
legales, alteren una conducta que
hasta ahora ha sido habitual y, de la noche a la mañana,
se conviertan en adalides y promotores de los valores
democráticos. Pero tampoco parece posible que, sin
reformas legales, los medios abandonen las inercias que durante
varias décadas los han convertido –salvo excepciones– en
reductos de maniqueísmos, simplificaciones e
intolerancias.

La democracia no se instituye por decreto. Pero una de las
consecuencias al mismo tiempo que uno de los motores para
avivar y profundizar la democracia, radica en las reformas
legales.

En México, vale la pena repetirlo, tenemos un
régimen profundamente autoritario en materia de
comunicación social. Abundan las sugerencias para comenzar
a cambiar esa situación. La mayor parte de esas propuestas
coincide en los siguientes ejes:

a) Quitar al gobierno la facultad de decidir, al margen de
otros actores públicos, la asignación y
revisión de las concesiones de radio y televisión.
Las concesiones deben ser otorgadas únicamente por
concurso y tomando en cuenta no sólo la capacidad
financiera de las empresas interesadas en ellas, sino antes que
nada la aptitud profesional y proyectos de
programación de quienes aspiren a manejar frecuencias de
radiodifusión abierta.

b) Establecer mecanismos de participación de la
sociedad en la deliberación –sin que signifique
posibilidad alguna de censura– acerca del contenido de los
medios. La fórmula más reiterada, que se asemeja a
espacios de participación y decisión que existen en
otros países, es la creación de un Consejo Nacional
de la Comunicación Social.

c) Garantizar el derecho de réplica en todos los medios
y preservar el derecho de todos los ciudadanos a la vida
privada.

d) Sancionar las calumnias y las injurias de los medios,
cuando ocurran de manera dolosa y sin que se hayan aceptado las
rectificaciones de los afectados. La libertad de expresión
no debiera ser patente de impunidad.

e) Defender los derechos de los trabajadores de los medios,
comenzando por el derecho de expresión y los de
carácter laboral.

Medios de Estado, no del gobierno

La apertura política no tiene por qué significar
la desaparición de los medios a cargo del gobierno. Pero
sí es incompatible con la permanencia de medios que,
siendo financiados con recursos públicos, suelen estar
dedicados a promover solamente al gobierno, o a una
secretaría de Estado –o, peor, a un funcionario–.

Los medios sostenidos con fondos fiscales debieran estar a
cargo del Estado, pero sin depender del gobierno. Las estaciones
del Instituto Mexicano de la Radio, los canales de
televisión 11 y 22, Radio Educación, la Agencia de
Noticias
Notimex y otros medios en condiciones similares, pueden
desempeñar un papel de enorme relevancia en la
consolidación de un espacio público, regido por
criterios no mercantiles, en el panorama de los medios mexicanos.
Para ello es necesario que su presupuesto sea
actualizado y garantizado de acuerdo con la relevancia de su
función
social. Junto con ello es indispensable que, funcionando como
organismos desconcentrados dentro de la
administración pública, tengan órganos
directivos y autonomía tal que su funcionamiento no sea
afectado por los cambios de gobierno.

Algo similar podría establecerse con los medios que
ahora son propiedad de algunos gobiernos estatales.

Además del Poder
Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen derecho a
contar con espacios e incluso, con medios propios. El canal de
televisión del Congreso, cuyo funcionamiento ha sido
dificultado por carencias presupuestales e indecisiones internas
pero fundamentalmente por la injustificada negativa del gobierno
federal a otorgarle una frecuencia en la televisión
abierta, podría constituir un espacio de
información y deliberación capaces de fortalecer
una cultura democrática.

Los tiempos fiscales y la media hora a la que el Estado
tiene derecho en cada estación de radio y
televisión, tendrían que ser utilizados y
administrados por el conjunto de las instituciones estatales y no
única o fundamentalmente por el gobierno federal. En esos
espacios podrían difundirse, de manera preferente, todos
los mensajes de los partidos políticos tanto en
épocas de campaña como en cualquier otro
momento.

Ya es tiempo de que el país se ahorre el enorme gasto
que hace para que los partidos y la autoridad
electoral compren tiempo en televisión y radio con el
propósito de difundir mensajes políticos. El tiempo
gratuito al que tienen derecho de acuerdo con la
legislación electoral, es suficiente para que los partidos
den a conocer sus propuestas a la sociedad mexicana. Por eso es
pertinente declarar ilegal la contratación de propaganda
política en la radio y la televisión, a semejanza
de la práctica que existe en diversos países,
especialmente europeos.

En los medios impresos, es impostergable la transparencia en
el ejercicio de recursos publicitarios. Aunque en algunas
dependencias existen reglamentos para tal efecto, en muchos casos
la compra de espacios publicitarios sigue siendo un notable
recurso para que el gobierno federal, los gobiernos estatales y
otras instituciones públicas, presionen y sobornen a
diarios y revistas. No es indebido que el gobierno o cualquier
institución, gasten dinero para
anunciarse en los medios impresos. Lo que resulta
ilegítimo es que lo hagan con el propósito de
influir en su línea editorial y, por añadidura, a
escondidas. Es preciso reglamentar ese gasto publicitario a fin
de que sea ejercido de manera transparente, tomando en cuenta la
circulación real de las publicaciones en donde se
contratan anuncios y también, su calidad y
características específicas. También puede
establecerse la obligación de todos los diarios y revistas
para añadir la leyenda "inserción pagada" a los
materiales de
esa índole.

Es pertinente discutir la posibilidad de establecer en
México un programa de
ayudas a la prensa, a semejanza del que existe en países
como Francia para publicaciones que de otra manera no
podrían editarse y cuyo contenido justifique ese respaldo
estatal.

Hacia la Sociedad de la Información

Las novísimas tecnologías de la
información abren una hasta hace poco insospechada
posibilidad para diseminar conocimiento
de manera directa entre los ciudadanos. A diferencia de los
medios convencionales la Internet permite que cada usuario, si
quiere, interactúe con los emisores de los contenidos que
recibe y además, pueda poner en circulación sus
propios mensajes. Las capacidades que la Internet ofrece para la
enseñanza a distancia, la
información plural y la deliberación de los
más variados asuntos, son tan extensas como sus usos para
el entretenimiento y el ocio.

Numerosos países y regiones del mundo han puesto en
práctica políticas de fomento para el desarrollo de
la Internet entre sus ciudadanos. Inclusive naciones con tantos o
más rezagos sociales que la nuestra, han entendido que
ponerse al día en el empleo de ese recurso
informático es una manera de no demorarse más
respecto del desarrollo tecnológico, cultural y
mercantil.

México constituye una lamentable excepción en
ese panorama. Nuestro país ha carecido de un
auténtico programa nacional de desarrollo
informático que incluya metas precisas, compromisos
institucionales y financiamiento suficiente para ampliar el uso
enterado y creativo de la Internet.

Una política nacional en ese aspecto requeriría,
entre otros aspectos, de:

Políticas para abatir costos de
conexión y para desarrollar conexiones de alta velocidad y
calidad;

Facilidades y estímulos para la adquisición de
equipos de cómputo a bajo precio;

Capacitación a los usuarios de la Internet;

Promoción para la creación de sitios web
que rescaten y propaguen nuestra cultura nacional;

e) Diversificar los accesos a la Internet de manera gratuita o
a precios muy
bajos en sitios públicos: bibliotecas,
oficinas postales,
mercados,
oficinas de gobierno.

Internet para todos los maestros y en todas las escuelas del
país.

Medios con ética

Más allá de los ordenamientos legales, los
medios de comunicación

pueden pertrecharse y a la vez crear puentes de compromiso e
identificación con la sociedad a través del
establecimiento de códigos de ética. Tales
códigos señalan criterios para el manejo de la
información y eventualmente de los contenidos de otra
índole y representan el criterio de los editores y/o los
trabajadores de la empresa que se
compromete con esos valores.

Es un error suponer que los códigos de ética
pueden surgir de una obligación jurídica. La
ética no sustituye a las leyes, pero tampoco depende de
ellas, como a veces se piensa. En cambio la promoción de tales códigos y de la
noción misma de esa forma de compromiso de los medios con
sus públicos, pueden ser respaldadas por los ciudadanos y
los partidos interesados en que tengamos una comunicación
comprometida con la sociedad.

A fin de facilitar la aplicación de las pautas
establecidas en los códigos de ética, es posible la
creación de comisiones de pares en las redacciones, o de
ombudsmans de los medios. La existencia de esos defensores de los
lectores, o de los públicos de los medios, solo
será útil cuando en torno a ellos exista un
compromiso moral –ético– a la vez que público, de
las empresas de comunicación y sus trabajadores. Es
inconveniente pensar en un ombudsman para todos los medios. Los
litigios que habría en torno a su designación
acabarían por echar a perder la utilidad de esa
figura cuyo mayor respaldo se encuentra en la responsabilidad
gremial que sea capaz de concitar.