En México,
según el Censo General de 2000, el 84.8% de los hogares
tenía receptor de radio y el 85.6%
contaba con televisor [3]. De
estos últimos, casi 8.5 de cada 10 estaban habilitados
solamente para recibir señales
de televisión abierta [4]. Es decir, la gran mayoría de los
mexicanos depende, de manera fundamental, de la programación que ofrecen Televisa y
Azteca como fuentes de
entretenimiento e información. Aunque apreciable a simple
vista, no hay datos suficientes
para conocer las dimensiones de la presencia que la
televisión tiene en la vida diaria y en las
concepciones que los mexicanos se forman de su país y del
mundo.
En nuestro país no existen estudios
nacionales de audiencias y mucho menos tenemos indagaciones
acerca de los efectos sociales y culturales de los medios. Las
estimaciones de la cantidad de personas que presencian o escuchan
un programa
suelen tomar en cuenta, cuando mucho, muestras en las principales
ciudades y no a la población nacional. Con datos de esa
índole, de cualquier manera se puede documentar la pobreza
conceptual, dramática y argumental de la mayor parte de
los programas de
mayor audiencia.
En un estudio que solamente considera 27 ciudades
mexicanas, en las cuales hay cerca de 38 millones de habitantes y
en donde se encuentra el 45% de los aparatos televisores
[5], el programa de televisión
más visto en diciembre de 2003 fue la serie cómica
"La casa de la risa" del canal 2 de Televisa, que pudo haber sido
presenciada por 9 millones 10 mil personas, en números
redondos [6]. El segundo
programa de mayor audiencia, sintonizado en hogares en los que
hay un total de 8 millones 820 mil telespectadores, fue la
telenovela "Mariana de la noche". En el mismo canal, el tercer
sitio lo ocupó "La Jaula" que llegó a hogares con 8
millones 355 mil personas. El programa de mayor audiencia en el
último mes de 2003 en el Canal 5 fue la película
"El Grinch", con 7 millones 71 mil personas potenciales. En los
canales de Televisión Azteca el rating más
alto lo tuvo, en el Canal 7, la película "Mulán"
con 6 millones 767 mil personas. Es importante recordar que esas
cifras están calculadas a partir de una muestra que no
toma en cuenta al 60% de la población mexicana y
representan a los mexicanos que viven en los hogares en los
cuales había televisores sintonizados en esos canales
[7]
A partir de la misma fuente puede decirse que, en
2003, los programas de mayor audiencia en la televisión
mexicana fueron las telenovelas "Las vías del amor" y "Amor
real" que en los meses de junio y octubre registraron
ratings de 35.1 puntos. Eso significa que fueron vistas en
hogares en donde, en total, viven 13 millones 344 mil personas
dentro de una muestra que toma en cuenta al 40% de la
población. Ambas telenovelas fueron transmitidas por la
cadena nacional encabezada por el Canal 2 de Televisa.
Esos datos, que es conveniente tomar solo como
parámetros de las preferencias de los televidentes
mexicanos y no en sus cifras absolutas, confirman que la
existencia de pocas opciones conduce a elegir programas de
géneros y calidad muy
similares. Telenovelas de previsible contenido argumental y pobre
estructura
dramática, así como programas de comicidad
ordinaria, acaparan las inclinaciones de los mexicanos cuando
miran la televisión.
4.
Contenidos
Todos conocemos la programación de la televisión
mexicana. Sin embargo un acercamiento cuantitativo es útil
como punto de partida en cualquier reflexión acerca de su
calidad. Una investigación del Tecnológico de
Monterrey dirigida en 1999 por el doctor José Carlos
Lozano encontró que, en las dos principales cadenas de
cada una de las dos empresas de la
televisión nacional, los géneros que ocupaban
más tiempo de
transmisión eran los dibujos
animados con el 19%, las películas con 16%, los programas
de magazine con 12% y los noticieros, 9%. Esos datos corresponden
al tiempo total, de 6 a 24 horas, en las cadenas encabezadas por
los canales 2, 5 de Televisa, así como 7 y 13
de Televisión Azteca [8].
Organizados por canales, los programas que
ocupaban más tiempo en el canal 2 eran los de magazine
(noticias,
entrevistas y
música)
con 28%, telenovelas con 19% y películas el 12%. En el
canal 5 las series más presentes fueron de dibujos
animados con 59% y películas, con 24%. El Canal 7
destinó a los dibujos animados el 14% de todo su
tiempo de transmisión -dentro del horario investigado-, el
13% a películas y el 11% a series infantiles. El Canal 13,
el 21% a noticieros, el 18% a telenovelas y el 14% a
películas.
Los datos anteriores adquieren matices
interesantes cuando se examina cuáles de esos
géneros son los que prefieren explotar las televisoras en
los horarios de mayor audiencia, denominados AAA. En esos
segmentos, los géneros televisivos a los que dichos
canales dedicaron más tiempo fueron los siguientes. Canal
2: telenovelas 41%; noticieros 12%; musicales 12%. Canal 5:
películas 36%; dibujos animados 26% y series de acción,
12%. Canal 7: películas, 27%; series de acción 16%
y dibujos animados, 11%. Canal 13: telenovelas 43%, noticieros
17% y musicales, 11%. En promedio en el horario de mayor
audiencia en la televisión mexicana -de 7 a 12 de la
noche- hubo un 22% de telenovelas, 19% de películas y 9%
de dibujos animados 9%.
De acuerdo con el mismo estudio, el 61% de la
programación de esos cuatro canales nacionales estuvo
producido en México. El 31% era de origen estadounidense.
El 5% provenía de Japón.
Apenas el 2% era de otros países de América
Latina y solamente el 0.40% de Europa.
5. Política en los
medios
La prensa escrita
fue precursora de la apertura política que, aunque con
limitaciones, se puede apreciar hoy en los medios
electrónicos. Aunque el financiamiento
de prácticamente todos los diarios y revistas mexicanos ha
seguido dependiendo en una medida muy importante de la publicidad que
contratan el gobierno federal
y otras dependencias e instituciones
estatales, desde comienzos de los años 90 era notorio que
había un viraje en la cobertura -antaño unilateral
y profundamente dependiente de los dictados oficiales- que
algunos de los periódicos más importantes
hacían de los acontecimientos políticos.
En las campañas presidenciales de 1988 los
diarios de la ciudad de México, evaluados en una muestra
que midió los espacios de media docena de ellos,
destinaron el 55% de su información acerca de elecciones a
la campaña del Partido Revolucionario Institucional, el
24% a la campaña del Frente Democrático Nacional y
apenas 12% a la del Partido Acción Nacional.
Tres años más tarde, en las
elecciones federales de 1991, una indagación similar
encontró que el espacio para las campañas del PRI
había descendido al 44% y la cobertura acerca de las
actividades del PAN llegó al 22%, en tanto que la que
recibió el Partido de la Revolución
Democrática fue de 23%.
En las elecciones presidenciales de 1994 la
prensa escrita le dio el 42% de sus espacios al PRI, pero en los
comicios de 1997 solamente el 27%. El PAN tuvo, respectivamente,
el 12 y el 25%. El PRD, 21% y 27%
En nueve años, la cobertura a las
campañas del Revolucionario Institucional disminuyó
a la mitad del espacio que ocupaba en 1988. Del 55% que los
diarios estudiados le dieron a ese partido, el PRI pasó a
ocupar el 27%. El PAN ganó del 12%, a más del 25%.
Las fuerzas políticas
representadas en el PRD conservaron alrededor del 25% de la
información sobre campañas electorales en los
diarios [9].
En la televisión mexicana esa
variación ha sido notablemente más drástica.
En 1988 los dos noticieros más importantes -uno de
Televisa y el otro de TV Azteca- le dieron a la
campaña presidencial del PRI el 92% de sus espacios. Seis
años después ese partido, en las elecciones
presidenciales de 1994, obtenía apenas un poco más
de la tercera parte, el 32% de ese espacio. Y en las elecciones
de 2000 el PRI recibió el 28% de los minutos destinados a
información electoral en los noticieros
emblemáticos de cada una de las dos cadenas
nacionales.
La cobertura a la información televisiva
acerca del PAN creció de 3.5% en 1988, a 17% en 1994 y
30.7% en 2000. El candidato del FDN que en 1988 tuvo menos del 4%
en esos noticieros recibió, ya postulado por el PRD, el
19% en 1994 y el 23% de tales espacios televisivos en 2000.
Esa diversidad política en la cobertura de
las noticias ha estado
acompañada de un comportamiento
editorial variado, heterodoxo y pocas veces plural por parte de
la prensa mexicana. Si los medios han cambiado en la atención que brindan a los asuntos
políticos y a sus protagonistas, no ha sido porque los
haya asaltado un repentino arrebato democrático sino
porque han reconocido que la apertura editorial les resulta
conveniente, lo mismo para mantener sus audiencias que, por lo
tanto, para nutrir sus pautas publicitarias. El poder
presidencial, que antaño influía en decisiones
editoriales y en la programación de las televisoras
privadas, dejó de tener la fuerza de
otros tiempos.
La competitividad
de otras opciones políticas fue entendida por las
televisoras incluso antes de que se condujera al desplazamiento
del PRI en la Presidencia de la
República. En 1997 el noticiero 24 Horas, de Televisa,
destinó a la campaña del PRD -en la que destacaba
la postulación de Cuauhtémoc Cárdenas para
el gobierno de la ciudad de México- el 28.6% de sus
espacios para información de partidos y solamente 16.8% a
las campañas del PRI -el PAN recibió el
26.2%-. Televisión Azteca, por su parte,
privilegió en 2000 la campaña presidencial de
Vicente Fox: le concedió en su principal noticiero el
33.1% de su espacio para campañas en tanto que el PRI
recibió el 30.7% y el PRD -a la cabeza de la Alianza por
México- el 22.7%. En términos más simples:
en 1997 Televisa fue precozmente perredista y en 2000
Televisión Azteca decidió respaldar la
campaña de Vicente Fox.
Los tiempos cambian, la política
experimenta transformaciones, por la escena pública
transitan nuevas siglas, nombres y compromisos, pero los negocios no
dejan de ser -precisamente- negocios. En 1993 el dueño de
Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, encontraba perfectamente
natural definirse como "soldado del PRI". Menos de una
década más tarde su hijo, a cargo ahora de ese
consorcio, declaraba que, para Televisa, "la democracia es
un buen negocio".
6. Los
partidos como clientes
La enorme capacidad de propagación que tienen los
mensajes mediáticos, la atención cotidiana
que les brindan los ciudadanos y la ausencia de contrapesos
eficaces a la desmedida influencia de las empresas de comunicación, han tenido como consecuencia
un realineamiento de las fuerzas reales y formales en el
entramado político mexicano. Debilitado el gobierno a
causa de la solidificación de otras fuentes de poder pero
también a sus propias insuficiencias, disminuido el Estado
debido a políticas explícitas de las
administraciones que gobernaron al país a partir de los
años ochenta y con una sociedad aun
desarticulada, sin organizaciones
capaces de representarla cabal y extensamente, los medios de
comunicación han adquirido una supremacía casi
absoluta. Sus propietarios orientan -cuando no condicionan o
distorsionan- la agenda de los asuntos nacionales, erigen o
destruyen famas y presencias públicas, imponen o
proscriben modas, costumbres y en ocasiones incluso convicciones.
Su capacidad de influencia no es irrestricta porque siempre
está determinada por el contexto en que se desenvuelven
los acontecimientos sobre los que pretenden intervenir. Pero
indudablemente los medios, especialmente aquellos de carácter electrónico, constituyen
espacios ineludibles para cualquier personaje o
institución que pretendan ganar presencia en la sociedad
mexicana.
El poder político formal se ha allanado a
la potestad de los medios. El gobierno, en especial durante
la
administración del presidente Vicente Fox, ha querido
encontrar tantas complicidades con las empresas de
radiodifusión que ha terminado admitiendo, como propios,
sus intereses y prioridades. Los legisladores se han resistido a
actualizar el marco jurídico de la televisión y
la radio por
temor a desatar el disgusto de los propietarios de tales medios,
que se benefician con el atraso de ese régimen legal. Los
partidos
políticos temen exigir rectificaciones cuando se
tergiversa la información acerca de sus actividades o
dirigentes. La mediocracia, como le hemos denominado en otro
sitio, ha doblegado a las fuerzas políticas y a las
instituciones más significativas de nuestro
país.
Los partidos y la política en general
más que en fuente de información se están
convirtiendo, para los medios, en clientes
importantes. Del presupuesto de
los partidos, que en México se nutre fundamentalmente con
recursos
fiscales, un porcentaje cada vez mayor se destina a comprar
publicidad política en medios, especialmente en la
televisión y la radio. En 2003, cuando hubo elecciones
federales intermedias, de aproximadamente 5 mil millones de pesos
de los que dispondrían los partidos, se estimaba que
más del 60% sería destinado a esos gastos.
Solo hasta que, en el transcurso de 2004, los
partidos hayan informado al Instituto Federal Electoral el
detalle de sus gastos de campaña, se conocerá con
precisión el monto que tuvo en esas elecciones la compra
de publicidad política. Muy posiblemente se
confirmará la tendencia ascendente que esa partida tiene
en sus contabilidades. Gracias a una investigación del
especialista Luis Emilio Giménez Cacho se ha podido
documentar ese incremento [10].
El Partido Acción Nacional, que en 1994 destinó a
la compra de espacios en los medios el 30.2% de su presupuesto,
llevó hasta el 65.1% ese gasto en 1997 y lo redujo a 52.5%
en 2000. El PRI gastó en publicidad mediática, en
esos años de elecciones, respectivamente, 14.6%, 59.4% y
63.5% de todos sus recursos financieros.
Esos datos registran los gastos documentados
oficialmente. La disposición de recursos no legales, que
tanto el PRI como el PAN obtuvieron para la campaña
presidencial de 2000 y que les merecieron fuertes sanciones
impuestas por la autoridad
electoral, no está incluida en esas contabilidades. El PRD
gastó en 1994 solamente el 1.2% de su presupuesto en la
compra de espacios en los medios. En 1997 ese rubro
ascendió al 43.2% de su presupuesto y en 2000 fue del
41.7%.
En 2000, de acuerdo con la misma fuente y
calculados en pesos de 2002, los partidos gastaron mil 314.4
millones de pesos en radio y televisión. En 1997 ese
gasto, ponderado de la misma manera, había sido de mil 93
millones de pesos y en 1994 solamente de 378.2 millones de
pesos.
Los gastos oficialmente reportados en espacios de
radiodifusión durante 2000 se distribuyeron de la
siguiente manera. El PRI gastó 638.3 millones de pesos, el
PAN aliado con el Partido Verde 394 millones de pesos y la
alianza electoral encabezada por el PRD 263.5 millones de
pesos.
El peso del gasto publicitario de los partidos
puede aquilatarse si se le compara con el resto de los ingresos que
obtienen los medios de
comunicación por venta de espacios
a sus anunciantes. En 2000 el total de la publicidad privada en
los medios de
comunicación mexicanos fue ligeramente superior a 22
mil millones de pesos [11]. En
contraste con los más de 1300 mdp que gastaron los
partidos, es posible apreciar la relevancia que la
política tiene como fuente de ingresos para los
medios.
La capacidad financiera de los partidos
para contratar espacios en los medios y el evidente interés de
las empresas de comunicación para asegurar la
facturación de publicidad política se ha convertido
en un nuevo elemento, importantísimo, en la
relación entre ambos interlocutores. Al mirarlos como
clientes, es posible que los medios suavicen sus críticas
a los partidos que consideren mejores compradores de espacios
publicitarios. Pero también hay probabilidades de que,
para afianzar la venta de publicidad, algunos medios acudan a
recursos característicos de la vieja política
mexicana.
7.
Publicidad, política y presiones
Durante largo tiempo, como es bien sabido, el trato entre casi
toda la prensa escrita y el gobierno mexicano estuvo determinado
por el respaldo financiero que las autoridades otorgaban a
periodistas, diarios y revistas. La publicidad oficial era
contratada con el propósito de respaldar a publicaciones y
periodistas afines a los puntos de vista del gobierno, más
que para informar a los ciudadanos acerca de las acciones del
gobierno. Sin que haya desaparecido del todo, esa relación
que alguna vez calificamos como perversa ha adquirido nuevas
modalidades.
La creciente independencia
de algunas de las publicaciones más profesionales y la
necesidad que han tenido para tomar distancia respecto del
gobierno con el propósito de conservar o ganar la
confianza de sus públicos, han propiciado que cada vez
más diarios y revistas busquen subsistir con recursos
derivados de la venta de ejemplares y de la publicidad privada.
Al mismo tiempo, la decisión del gobierno para anular o al
menos atenuar la vieja relación con la prensa, así
como las restricciones presupuestarias que el Estado y el
país padecieron especialmente en la segunda mitad de los
años 90, se conjugaron para reducir aquella
discrecionalidad.
Anunciada desde el sexenio del presidente Carlos
Salinas, esa política hacia la prensa se puso en
práctica de manera más extensa en la administración de Ernesto Zedillo. Eso no
implica que muchos medios, especialmente impresos, hayan dejado
de depender del Estado. El principal cambio ha
radicado en la disminución de la presencia del gobierno
federal como anunciante. Sin embargo otras instituciones, desde
la mayoría de los gobiernos estatales hasta poderes como
el Congreso y entidades entre las que se cuentan las principales
universidades públicas, han ocupado los espacios y en
buena medida las funciones
patrocinadoras que antaño correspondían al gobierno
federal.
Al menos entre los años 60 y hasta la
mitad de los 90 del reciente siglo, las finanzas de la
gran mayoría de los diarios de la ciudad de México
[12] y de las revistas de
contenido político y/o cultural dependían en
aproximadamente un 80% de la publicidad contratada por el
gobierno federal. Al comenzar el siglo XXI las opciones de
financiamiento en las publicaciones impresas son muy variadas
pero en términos generales se puede considerar que el
gobierno federal, como fuente de sustento a través de la
publicidad pagada, suministra entre el 20% y el 30% de los
ingresos regulares de esos medios.
De manera prácticamente proporcional a la
disminución del financiamiento federal, en muchos casos ha
crecido la publicidad contratada por gobiernos de estados y otras
instituciones públicas. Sin embargo el gran cambio, de
consecuencias todavía por evaluar, ha sido la
concentración de la publicidad privada en cada vez menos
empresas y de manera especial en las que forman parte del
consorcio propiedad del
magnate Carlos Slim [13]. La
capacidad de influencia política que el grupo Carso
está alcanzando gracias a su enorme inversión publicitaria en medios de toda
índole (televisión, radio, periódicos,
revistas, páginas web) está constituyendo
una nueva fuente de dependencia de las empresas comunicacionales
en México.
En la televisión y la radio privadas el
gobierno nunca fue un anunciante destacado. No le hacía
falta contratar espacios publicitarios porque disponía del
llamado tiempo fiscal que le permitía utilizar el
12.5% del total de los espacios de transmisión en cada
estación radio o televisora -hasta que, como recordaremos
más adelante, en octubre de 2002 el presidente Vicente Fox
redujo esa prerrogativa del Estado a una décima parte de
sus montos anteriores-. A diferencia de la prensa escrita, con
los medios electrónicos la capacidad de control del
gobierno se originaba, sobre todo, en el constante aunque
prácticamente nunca cumplido amago para cancelar o no
renovar las concesiones en virtud de las cuales transmiten las
empresas privadas de televisión y radio.
Ahora, los mecanismos extra periodísticos
que articulan las relaciones entre el poder político y los
medios experimentan cambios importantes. Respecto de los medios
electrónicos -especialmente la televisión- el
gobierno dejó de ser fuente de amagos y, sobre todo debido
a la anuencia del presidente de la República, se
convirtió en cómplice y a menudo en polichinela de
esas empresas. Con la prensa escrita ha tenido relaciones
distantes y en ocasiones de enfrentamiento mutuo. En cambio otros
segmentos del poder, como los partidos, comienzan a tener una
capacidad de inversión publicitaria que desde la
perspectiva de los medios los ubica no solo como actores
políticos sino como compradores. Es difícil
precisar las consecuencias que esa relación traerá
en la vida política mexicana pero no parece que sea
saludable que, a los partidos, los medios los aprecien por sus
recursos financieros.
Eso no implica que, con tal de congraciarse con
ellos para que contraten publicidad, los medios
electrónicos se sometan a la presión de
los partidos. Al contrario. La capacidad de inversión
publicitaria es solamente una arista dentro de un panorama
complejo, y en tensión constante, determinado por la
necesidad mutua que tienen medios y partidos. Los partidos
necesitan a los medios para estar presentes en la sociedad. Y
éstos requieren de aquellos para propiciar -o impedir-
decisiones políticas que afecten sus intereses.
Esa relación se encuentra condicionada por
la sobrada concentración en la propiedad de los medios.
Cuando quieren difundir sus campañas, comunicar sus puntos
de vista e incluso comprar publicidad, los partidos mexicanos no
tienen demasiadas opciones en el campo mediático. En el
caso de la radio, si no articulan buenas relaciones con la
mayoría de la decena de grupos que
controlan a dicho medio estarán fuera de ese espacio de
difusión. En la televisión los interlocutores no
son mas que dos. Por eso todos los partidos dividen sus presupuestos
de propaganda
mediática fundamentalmente entre dos empresas:
precisamente las mismas que acaparan más del 90% de
frecuencias y audiencias televisivas.
La capacidad financiera que tienen gracias a los
recursos que les entrega el Estado para que hagan campañas
se convierte, para los partidos, en un arma de dos filos. Por un
lado, pueden acceder a los espacios mediáticos que
concentran la atención de la sociedad. Por otro, esos
recursos llegan a convertirse en un factor de vulnerabilidad. No
ha sido extraño que con tal de obtener porciones
sustanciales de ese pastel publicitario, haya medios
electrónicos que presionen difundiendo informaciones
desfavorables para los partidos cuya inversión pretenden.
Parece contradictorio: cuando una empresa busca
a un cliente lo menos
que se esperaría sería que lo maltratara y
desacreditara. Pero el trato entre medios de comunicación,
ceñido a pautas tan perversas como las que imperaban en
décadas anteriores y sin normas
institucionales suficientemente claras, sigue estando definido
por amagos y coacciones. De la misma manera que en el viejo
régimen llegaba a ocurrir que algunas publicaciones en
busca de publicidad gubernamental falseaban informaciones y
vilipendiaban a funcionarios públicos para que a cambio de
un trato distinto ordenaran la compra de espacios en esos medios,
ahora puede haber empresas de radiodifusión que, con los
mismos propósitos, apremien a los dirigentes
políticos. Cuando a fines de los años setenta el
presidente José López Portillo decía "no
pago para que me peguen", advirtiendo que no se anunciaría
en Proceso porque esa revista
tenía una posición crítica
de su gobierno también había medios inescrupulosos
que, parodiando esa frase, buscaban pegarle al gobierno para que
les pagaran. Todo parece indicar que esa conducta no ha
desaparecido de los medios mexicanos.
8. El
gobierno como cómplice
La relación de mutua conveniencia que por lo menos
durante toda la segunda mitad del siglo XX mantuvieron las
empresas de medios más importantes y el gobierno mexicano
transitó, bruscamente, a una notoria dependencia de este
último respecto de las primeras. En aquellos años
las presiones gubernamentales y sobre todo la hegemonía
que mantenía el poder político sobre casi todos los
campos de la actividad económica y social permitían
que los intereses del gobierno fueran amplia y obedientemente
difundidos, tanto en la prensa escrita como en la
televisión y la radio. La ausencia de contrapesos reales
-en el terreno político- a la dominación del PRI,
la influencia legal y extralegal del presidencialismo mexicano,
la creciente identificación entre gobernantes y
empresarios de los medios e incluso la mimetización entre
unos y otros (muchas empresas de medios, especialmente
electrónicos, fueron adquiridas o administradas por
políticos) fueron parte de ese proceso de
concordancias. Aquella situación propiciaba una
situación de estabilidad, forzada pero reconocible, en el
trato entre el gobierno y los medios.
Esa relación se alteró cuando uno
de sus protagonistas -el gobierno- comenzó a debilitarse
en tanto que el otro -los medios- experimentó un
fortalecimiento inusitado. Algunas de las consecuencias de esos
cambios, especialmente en el trato entre gobierno y medios
escritos, fueron comentados en el apartado anterior. Entre el
poder político y los medios electrónicos, por otra
parte, se ha desarrollado una supeditación tan notoria
como costosa para el Estado y la sociedad.
Aunque haya mantenido los recursos legales que le
permiten adjudicar e incluso retirar concesiones, el gobierno
parece estar dispuesto a permitir que el interés de los
empresarios de la radiodifusión prevalezca, por encima de
cualquier otra consideración, en el desempeño de la radio y la
televisión. Durante la primera mitad de su administración -y no había motivos
para suponer que esa definición podría cambiar- el
presidente Vicente Fox se manifestó aquiescente, una y
otra vez, a los proyectos e
incluso a los excesos de las grandes empresas de
radiodifusión. Sus antecesores (desde Miguel de la
Madrid hasta
Ernesto Zedillo) nunca se singularizaron por el propósito
de atajar la influencia desmedida y la impunidad
creciente que desarrollaban los medios de comunicación
electrónica. Ninguno de esos presidentes
quiso promover una reforma legislativa que estableciera
responsabilidades claras a la radio y la televisión y que
acotara la concentración de muchas estaciones en pocas
manos. Sin embargo la explícita complacencia con que en
ese campo ha promovido intereses privados a pesar de su
investidura pública hacen que la actitud del
presidente Fox hacia los dueños de los medios
electrónicos sea de una dependencia escandalosamente
histórica. Ese comportamiento fue palmario especialmente
en el episodio que luego se conocería como El
Decretazo del 10 de octubre de 2002.
La reforma de la legislación para los
medios electrónicos ha sido una de los grandes ausencias
-quizá la más grave- en la reforma institucional de
la que fue parte fundamental la modificación de las normas
electorales. A diferencia de prácticamente todos los
regímenes jurídicos que hay para los medios en
América y Europa nuestra Ley Federal de
Radio y Televisión, vigente desde 1960, no establece
límites
para la propiedad de medios de esa índole, ni define los
derechos que los
ciudadanos tendrían que mantener ante posibles abusos de
esas empresas. Al no establecer reglas para la
adjudicación de concesiones -en contraste con las
experiencias internacionales que supeditan esas determinaciones a
cuerpos colegiados con presencia de diversos sectores de la
sociedad- el derecho a transmitir por radio y televisión
está sujeto a la decisión discrecional del
gobierno. Además se trata de una ley
tecnológicamente atrasada porque fue creada cuando en el
mundo aun no existían, al menos en la escala en que los
tenemos ahora, instrumentos de propagación masiva y/o de
digitalización de los mensajes como la
comunicación satelital, la televisión por
cable, las vídeo caseteras o el DVD.
Esos y otros muchos rezagos, insistentemente
señalados durante largos años por agrupaciones
sociales y académicas interesadas en la situación
de los medios, fueron reconocidos en la decisión de todas
las fuerzas políticas y el gobierno para instalar, en
marzo de 2001, un amplio grupo de trabajo al que
denominaron "Mesa de Diálogo
para la revisión integral de la legislación de los
medios electrónicos". Durante un año docenas de
representantes de partidos, diputados, senadores, miembros de
agrupaciones ciudadanas y profesores universitarios, junto con
directivos de las empresas de radiocomunicación y
funcionarios del gobierno federal, discutieron y arribaron a
varias definiciones básicas para transformar la
legislación en materia de
televisión y radio [14].
Esas conclusiones estaban siendo aquilatadas para que condujeran
a la elaboración de una nueva ley cuando, el 10 de octubre
de 2002, la Presidencia de la República sorprendió
a casi todos los participantes de aquel proceso, y a la sociedad,
con dos repentinas decisiones. Merced a un decreto, el presidente
Vicente Fox redujo del 12.5% al 1.25% (de 180 a 18 minutos) el
tiempo oficial en cada televisora concesionada. En la radio, ese
tiempo disminuyó de 180 a 35 minutos diarios. En la misma
operación, el presidente promulgó un nuevo
reglamento para la Ley Federal de Radio y Televisión. Ese
documento satisfacía, punto por punto, varias antiguas
exigencias de los empresarios de la radiodifusión para
atenuar la capacidad de supervisión del Estado y cancelar obligaciones
como la de unirse a cadenas nacionales cuando el gobierno
así lo ordenara, entre muchas otras.
El llamado tiempo oficial era resultado de una
disposición del presidente Gustavo Díaz Ordaz
expedida en 1969 para que el Estado contase con espacios en las
radios y televisoras privadas. Aunque discutible porque implicaba
la existencia de un impuesto
especial, ese espacio fue utilizado durante más de tres
décadas para la difusión de mensajes de muy diversa
índole, desde campañas de salud y programas
universitarios hasta los espacios de los partidos
políticos. De muy desigual calidad e interés
social, los mensajes y programas difundidos merced al tiempo
oficial constituían paréntesis (a veces provechosos
y agradecibles, otras no tanto) en medio de la
programación de los medios comerciales.
La obligación de ceder parte de su tiempo
de transmisiones para que se difundieran esos contenidos
incomodaba desde años atrás a los radiodifusores.
Sin embargo ninguno, entre los seis presidentes que gobernaron al
país desde que tal disposición fue establecida,
había cedido a las peticiones de esos industriales de la
comunicación para que el tiempo fiscal fuese
modificado. Solamente el presidente Fox, sin consulta alguna con
la sociedad, se sometió ante esas presiones.
Lo hizo de manera vergonzante y abusiva -nos
hacemos cargo de la dureza de estos términos, cuya
pertinencia se sustenta a continuación-. El Decreto que
redujo el tiempo fiscal y el Reglamento fueron aprobados por el
Presidente en secreto, sin comunicárselo ni siquiera a
algunos de sus colaboradores más cercanos y a partir de
borradores preparados por los asesores jurídicos de los
radiodifusores más poderosos. Posteriormente se
sabría que esas decisiones fueron tomadas en la casa del
presidente Fox y su esposa en una reunión con al menos uno
de los principales directivos de Televisa.
La discreción con que se tomaron esas
medidas indica la actitud culposa que el presidente y su gobierno
tenía respecto de ellas. Anticiparon que los partidos
políticos y los legisladores reclamarían, pero como
la expedición de ambos documentos era
facultad del presidente los reproches no podrían llegar
muy lejos. El apresuramiento con que fueron expedidos el
Reglamento de la ley de Radio y Televisión y el Decreto
que abolía casi todo el tiempo fiscal se confirmó
cuando, el 10 de octubre por la tarde, comenzaron a circular en
una edición
especial del Diario Oficial de la Federación.
Concluidos apenas esa madrugada, el presidente y su esposa
querían que estuvieran publicados ese mismo día
porque era la fecha en la que concluía la reunión
anual de la Cámara de la Industria de
Radio y Televisión. La familia
presidencial quería hacerle ese obsequio a los directivos
de Televisa, cuya gestión
al frente de dicha Cámara terminaba precisamente el 10 de
octubre.
Esas decisiones del presidente fueron,
además, abusivas en varios sentidos. No le importó
que estuviera en curso la discusión de los acuerdos que
habían tomado los participantes en la Mesa convocada por
la Secretaría de Gobernación. No recordó sus
compromisos para acordar junto con el Congreso las reformas a la
normatividad que afectaran el funcionamiento de espacios sociales
como los que constituyen los medios de comunicación.
Además el presidente, en el Decreto que redujo el horario
fiscal, resolvió quedarse con todos esos tiempos en radio
y televisión.
Antes del Decreto del presidente Fox el llamado
tiempo fiscal podía ser utilizado por todas las
instituciones del Estado: el Congreso de la Unión, las
universidades públicas, los estados y municipios, el
Poder
Legislativo y el gobierno federal, entre otras. A partir del
Decreto del 10 de octubre de 2002 ese tiempo fiscal,
además de reducido a la décima parte, quedó
reservado para usufructo exclusivo del gobierno.
9. Medios y
legalidad
Si en octubre de 2002 el gobierno federal condescendió
con Televisa para impedir que hubiera una verdadera reforma legal
para la radio y televisión como vimos en el apartado
anterior, menos de tres meses más tarde, en el caso del
Canal 40, respaldaría el comportamiento de la otra
televisora nacional cuando transgredió la ley de manera
notoriamente alevosa.
El 27 de diciembre de 2002 un comando integrado
por guardias de seguridad
ataviados con pasamontañas y pertrechados con armas de fuego,
burló las alambradas que protegían el transmisor
del Canal 40 en la cima del Ajusco al sur de la ciudad de
México y sometió a los vigilantes e ingenieros que
custodiaban la antena. Ese grupo había sido enviado por
Televisión Azteca para cobrarse un adeudo que la empresa
propietaria del Canal 40 había contraído con esa
firma. En vez de aguardar a la resolución de tribunales
extranjeros y mexicanos que estaban por fallar acerca de ese
caso, TV Azteca decidió hacerse justicia por
su propia mano.
La reacción del gobierno federal ante ese
acontecimiento fue de indiferencia y negligencia, sobre todo
durante las primeras semanas de 2003. Cuando en los primeros
días de ese año le preguntaron al presidente Fox
qué haría para solucionar la ilegal
ocupación de las instalaciones del Canal 40,
respondió: "¿Yo? ¿Por qué?".
Once días después del asalto el
propietario de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego,
justificaba ese despojo delante de dos secretarios de Estado.
Tengo derecho a actuar de esa manera, decía, porque si los
tribunales no funcionan entonces alguien tiene que poner orden en
este país. Ese relato de la autojustificación de
Salinas Pliego la ofreció el propietario de Canal 40,
Javier Moreno Valle, en la reconstrucción que la revista
Proceso [15] hizo de las
negociaciones de ambos empresarios ante los secretarios de
Gobernación y Comunicaciones
y Transportes.
El asalto a la antena y la usurpación de
la señal del Canal 40 ocurrieron de madrugada, cuando
comenzaba el último fin de semana del año. De
inmediato Azteca comenzó a difundir, por esa frecuencia,
una programación distinta a la del Canal 40. A pesar de
que fueron amenazados y los quisieron sobornar esos trabajadores
del 40, sorprendidos aquella madrugada, dieron testimonio del
asalto. Su versión contradijo la que propagó TV
Azteca, cuyos esbirros escenificaron una pantomima que la
televisora difundió en un intento para ocultar el
carácter violento del atraco en el Chiquihuite.
La mascarada que montó pero sobre todo la
decisión misma de enviar un grupo armado a ocupar las
instalaciones de otra empresa
televisora, indicaban un insólito desinterés de los
directivos de Televisión Azteca por el orden
jurídico. La explicación de Salinas Pliego
describía la prepotencia y el desprecio a la legalidad y
las instituciones que domina en el comportamiento de esa
empresa. Esa idea de que si los tribunales no funcionan
entonces cada quien ha de tomar la ley por su propia mano,
indicaba la concepción que esa televisora tiene acerca de
su poder y su papel en la sociedad.
Televisión Azteca sostenía que el
apoderamiento de bienes de otra
firma era consecuencia del incumplimiento de un convenio que
tenía con la empresa propietaria del Canal 40. Cuatro
años antes, ambas televisoras pactaron el comienzo de una
alianza que podría llevar a la adquisición, por
parte de Azteca, de los bienes y los derechos de
transmisión del 40. En 2000 el propietario del Canal 40
consideró que Azteca no había cumplido con el
convenio y se inició un prolongado litigio, que
después de los tribunales mexicanos llegó a una
Corte internacional en materia de asuntos comerciales. La
interpretación de las decisiones judiciales
acerca de los contratos entre
las dos televisoras resultó incierta y no necesariamente
significaba un mandato de inmediata aplicación en nuestro
país. Sin embargo Azteca consideró que los acuerdos
de esa Corte le daban derecho a ocupar las instalaciones del 40.
Esa postura fue, en aquellos días, relativamente eficaz.
Hubo quienes consideraron que el incumplimiento del dueño
del Canal 40 a sus compromisos con Azteca era una falta
equiparable al asalto en El Chiquihuite. Incluso, en los
últimos días de diciembre varios medios
electrónicos y no pocos diarios informaron de esos
acontecimientos diciendo que Azteca había "tomado el
control" de las instalaciones del 40. Se trataba de un eufemismo
para no decir que la empresa de Ricardo Salinas Pliego
había cometido un asalto con todas las agravantes. Aunque
las coordenadas legales de ese asunto estuviesen
enmarañadas, había dos infracciones distintas. Uno,
era el litigio de carácter mercantil. Otro, el abuso, de
consecuencias penales, que se cometía contra una
televisora a la que se estaba privando de su derecho a transmitir
en ejercicio de una concesión legalmente adjudicada.
Si la conducta de Azteca resultaba escandalosa,
quizá más preocupante era la actuación del
gobierno. La Secretaría de Comunicaciones "aseguró"
la antena pero en vez de regresar de inmediato esas instalaciones
a sus propietarios dispuso la suspensión de transmisiones
por la frecuencia del Canal 40. De esa forma el propietario y los
trabajadores de dicha estación padecían un agravio
adicional. A los ya despojados, se les maltrataba con una nueva
exacción. Tuvieron que pasar varias semanas para que
merced a una decisión judicial el gobierno entregara a la
empresa del Canal 40 las instalaciones que habían sido
decomisadas. El diferendo siguió en varios tribunales y un
año más tarde aun no tenía
solución.
La indiferencia y la parsimonia del gobierno para
intervenir en ese asunto, a pesar de la transgresión legal
que había cometido Televisión Azteca, puede tener
explicación en las relaciones notoriamente cordiales que
mantenían el presidente Fox y su familia con esa
empresa. El 23 de enero Marta Sahagún, esposa de Fox,
estuvo toda la mañana en varios programas de
Televisión Azteca regalando bicicletas que esa empresa
televisiva había donado a la fundación privada que
ella presidía. Un día antes los partidos
políticos representados en la Comisión Permanente
del Congreso habían exigido la devolución de las
instalaciones del Canal 40. Es decir, al mismo tiempo que todas
las fuerzas políticas del país desaprobaban la
conducta de Televisión Azteca, la esposa del Presidente
avalaba ese comportamiento al acudir a sus instalaciones y
ayudarla a mostrarse como bienhechora de la sociedad.
Por otro lado, el desinterés gubernamental
para solucionar el acoso contra el Canal 40 podía ser
consecuencia de la política editorial de esa emisora. Mal
que bien, la programación del Canal 40 había sido
diferente a la que difundían Televisa y TV Azteca,
así como las estaciones culturales propiedad del gobierno.
El 40 era una ventana, a menudo estrecha pero con matices de
imaginación o búsqueda (incluso de notoria
heterodoxia política) que no se advertían en otras
televisoras. Así que además de cómplice con
el abuso cometido por una empresa privada, al favorecer en este
litigio a Televisión Azteca el gobierno castigaba a la
sociedad al privarla de los contenidos del Canal 40.
10. El
presidente y los medios
Al Estado lo dirigen hombres -y mujeres- permeados por
trayectorias, intereses, contextos e incluso pasiones y
preferencias específicos. La
personalidad de los gobernantes se trasluce en sus decisiones
y en la presencia pública que adquieren. Esos rasgos se
acentúan en un país presidencialista, en donde las
capacidades formales e informales del titular del Poder
Ejecutivo lo han mantenido en el centro del sistema
político. En México, durante los gobiernos del
PRI, los presidentes tenían una intensa presencia
pública aunque sus apariciones en los medios por lo
general eran dosificadas. La figura más importante del
país no comparecía todos los días ante los
ciudadanos aunque numerosos medios reseñaran
cotidianamente las actividades presidenciales. El tratamiento
mediático de las acciones y declaraciones del Presidente
era cuidadoso y habitualmente respetuoso. La investidura
presidencial y el hombre que
la ocupaba eran a menudo indistinguibles una del otro.
Había mucho de hieratismo, pero también de
reconocimiento a su institucionalidad, en a actitud del
presidente con los medios -y viceversa-.
A fin de contrastar con sus predecesores pero
también debido a su personalidad
desenfadada, el presidente Vicente Fox desplegó, desde el
inicio de su gobierno, un comportamiento distinto con los medios.
Persuadido de la utilidad de la
mercadotecnia
política y especialmente movido por la notoria
fascinación que le suscitan las cámaras y los
micrófonos, ese gobernante ha tenido una intensa y
constante presencia mediática. Ha mantenido un programa
radiofónico semanal, ofrece frecuentes entrevistas a
informadores mexicanos y extranjeros y le preocupa sobremanera el
tratamiento que los medios dan a sus apariciones
públicas.
En ese empeño para exponerse en los
espacios comunicacionales a menudo el presidente Fox ha
confundido el fondo, con la forma. Muchas de sus declaraciones
son improvisadas y no obedecen a una estrategia de
comunicación gubernamental sino a la simple gana de ese
personaje para decir algo en los medios. Al hablar mucho, en
ocasiones lo ha hecho sin ton ni son. Por decir mucho, sus
tropiezos verbales y conceptuales han sido más notorios.
Además de problemas de
dicción de nombres que le resultan ajenos aunque forman
parte del bagaje cultural de un ciudadano con mediana
formación escolar, el presidente ha acostumbrado expresar
opiniones e incluso asumir definiciones políticas que
pronto tienen que ser desmentidas por su oficina de
prensa. No nos detendremos a citar ejemplos de ese comportamiento
porque han sido muy conocidos, al menos en la primera mitad del
sexenio del presidente Fox.
Ese interés casi compulsivo por reproducir
su imagen y voz
en los medios ha sido complementario de una permanente y por lo
general fallida exigencia para que los medios ofrezcan a la
sociedad una visión de los asuntos nacionales ajustada al
interés del presidente. Como pocas veces le hacen caso,
los medios han sido destinatarios de frecuentes reproches del
presidente Fox.
De esa manera, el presidente ha construido una
veleidosa relación con los medios de comunicación.
Al renegar de la manera como difunden sus hechos y dichos, se ha
convertido en blanco directo de la crítica
mediática con una vulnerabilidad respecto de la prensa y
la radiodifusión que no había tenido ningún
presidente mexicano, por lo menos desde fines de los años
treinta del siglo XX. Sarcasmo y escarnio han ido de la mano en
la apreciación que los medios difunden acerca de ese
gobernante. La sola difusión de sus desplantes
espontáneos, entre los cuales se encuentran encrespadas
expresiones de disgusto con los medios electrónicos y
desprecio con la prensa escrita, se ha convertido en fuente de
ironías y cuestionamientos por parte de esas mismas
empresas de comunicación.
11.
Mediocracia sin mediaciones
La debilidad política, argumental e incluso legal del
gobierno ante los medios, el entrampamiento de las fuerzas
partidarias que han permanecido fundamentalmente empeñadas
en litigios internos y en la disputa con aspiraciones de corto
plazo y no en el diseño
o la orientación del Estado, así como el agobio o
el desinterés de la sociedad respecto de los asuntos
públicos, han sido parte del contexto en el cual los
medios se han fortalecido frente al resto de los protagonistas de
la vida mexicana. A esa consolidación de su capacidad para
influir y hacer prosperar las decisiones que convengan a sus
intereses corporativos, también le ha sido favorable el
estancamiento y el envejecimiento de las leyes que rigen a
la comunicación en México.
En otro sitio hemos denominado mediocracia
a esa capacidad, sin restricciones casi, que los medios tienen
para imponerle sus intereses al Estado y a la sociedad en nuestro
país. Ese es, nos parece, uno de los rasgos principales -y
el más preocupante- entre los que definen las relaciones
políticas y la articulación entre la sociedad y el
poder en los primeros años del nuevo milenio. Mientras los
partidos se enfrascan en reñidas discusiones internas, en
tanto la vida pública es acaparada por escándalos
coyunturales y al mismo tiempo que el gobierno y otros actores
del entramado estatal experimentan dificultades para tomar
decisiones y más aun para entablar acuerdos acerca de los
principales temas de interés nacional, los medios de
comunicación crecen, se robustecen y afianzan una
hegemonía que transita del campo de la ideología y la cultura a la
política y, desde luego, se asienta fundamentalmente en
los negocios.
Los medios constituyen el poder más
influyente delante del Estado mexicano y en ocasiones, sin
sustituirlo, han conseguido imponérsele aunque sea de
manera coyuntural. Pero el reconocimiento de esa preponderancia
no debiera conducirnos a suponer que el dominio
mediático es omnipotente, o incontestable. Ni en la
formación de opiniones políticas, ni en el terreno
de la hegemonía cultural los medios de
comunicación, a pesar de sus evidentes ventajas, pueden
asegurar un predominio absoluto.
La sociedad mexicana carece de recursos para
defenderse de los medios. El derecho de réplica que
establece la Ley de Imprenta suele
ser incumplido por diarios y revistas que ignoran o recortan las
cartas de los
lectores y, cuando las publican, lo hacen en espacios distintos a
aquellos en donde aparecieron las notas ante las cuales se hacen
rectificaciones o precisiones. En los medios electrónicos
ese derecho no existe realmente porque está condicionado a
la aceptación, por parte de las empresas, de la queja que
pueda presentar un radioescucha o un televidente que se
consideren afectados por lo que se ha transmitido acerca de
ellos. La posibilidad de inconformarse jurídicamente en
casos de difamación o calumnia en los medios es
dificultada por los tortuosos caminos jurídicos que el
quejoso necesita recorrer. En la legislación mexicana esas
infracciones, cuando se cometen en la prensa, siguen siendo
ubicadas dentro del ámbito penal en lugar de estar
ceñidos a las disposiciones de carácter civil. En
los regímenes jurídicos más avanzados los
delitos de
prensa suelen tener sanciones de carácter pecuniario y no
corporal como aun establecen las leyes mexicanas.
12. Reforma
legal, ética y
medios públicos
La debilidad de la sociedad y el Estado ante la mediocracia se
verifica en las dificultades para desplegar propuestas
suficientemente eficaces en ese panorama. Cada vez que un grupo
de legisladores o algún partido político ha querido
impulsar reformas al orden jurídico de los medios las
empresas de comunicación más influyentes han
perseguido, distorsionado y estropeado tales esfuerzos. Esa ha
sido la historia desde
los intentos a fines de los años setenta para reglamentar
el derecho a la información -establecido en la Constitución durante el gobierno del
presidente José López Portillo pero cuya ley
reglamentaria quedó congelada cuando los diputados,
presionados por la televisora más importante, concluyeron
que el problema afectaba tantos intereses que no le encontraban
la cuadratura al círculo- hasta los proyectos, hacia la
mitad del sexenio de Vicente Fox, para impulsar una o varias
leyes relativas a la comunicación social. Durante 2003 un
grupo de senadores de los tres principales partidos -PAN, PRI y
PRD- elaboraron un proyecto de nueva
Ley Federal de Radio y Televisión pero su discusión
en esa Cámara y con los diputados fue pospuesta debido al
temor de los grupos políticos para impulsar una reforma
que pudiera disgustar a las empresas de radiodifusión. El
tema de la reforma de los medios, en todo caso, ahora es
reconocido en las agendas de todos los partidos y en cualquier
diagnóstico sobre las insuficiencias de la
democracia mexicana.
Hay quienes, ante la dificultad para actualizar
las leyes, sugieren el establecimiento de parámetros
éticos en los medios. La ética es un recurso de la
mayor importancia. Puede dotar a las empresas, o a los
periodistas que se comprometen con códigos profesionales,
de parámetros en los cuales ubicar su trabajo. Cuando un
medio da a conocer su código
de ética, sus públicos cuentan con una referencia
para evaluarlo y de esa manera, ratificarle o no su confianza.
Sin embargo la ética no sustituye a las leyes
[16].
Un contrapeso frecuentemente útil ante la
preponderancia de los medios de carácter privado, radica
en la existencia de medios públicos capaces de difundir
contenidos distintos a los de carácter mercantil. En
México tenemos escasos medios auténticamente
públicos -es decir, que además de estar
fundamentalmente respaldados en recursos fiscales cuenten con
institucionalidad propia y con espacios de deliberación y
decisión abiertos a distintas posiciones políticas
y ciudadanas- [17]. Lo que hemos
tenido, pero en creciente desventaja, son medios de gobierno.
Imposibilitados para obtener ingresos con la venta de espacios de
publicidad porque la ley federal no se los permite, la
mayoría de esos medios padece restricciones
presupuestarias que suelen tenerlos apenas en condiciones de
subsistencia.
A esa difícil situación se
añade la frecuente amenaza del gobierno federal para
desaparecer o vender algunos de esos medios. Estaciones como las
que forman parte del Instituto Mexicano de la Radio y Radio
Educación,
así como los canales 11 y 22 en el campo de la
televisión, han buscado, con variados resultados, definir
perfiles propios ante los medios de carácter privado. En
algunos estados del país existen sistemas
gubernamentales de radio y televisión que han sobrevivido
a impedimentos financieros y vaivenes políticos.
Si logran consolidarse para asumir el
carácter de medios auténticamente públicos
-es decir, medios de la sociedad y no de los gobiernos federal o
estatales- esas radiodifusoras y televisoras podrían ser
el venero de una comunicación distinta a la que
esté regida por consideraciones exclusivamente
mercantiles.
13. Sociedad
abrumada e indefensa
La espectacularización de la política, que se ha
convertido en el rasgo más notable de la competencia por
el poder, ha acostumbrado a los ciudadanos una permanente
situación de sobrecogimiento. Día tras día,
los medios se encargan de proporcionarnos el escándalo, la
revelación o la denuncia que serán el tema de
estrépito y escarnio cotidianos. Las más de las
veces, se trata de asuntos cuya importancia se agota en unos
cuantos días o incluso horas.
Además de política, la
temática de esos escándalos involucra a personajes
del mundillo de la farándula, o del deporte, o de la
constelación mediática misma. Ocasionalmente los
medios, en su irrefrenada búsqueda de asuntos
dramáticos o drásticos, les dan 15 minutos de fama
a ciudadanos que han padecido desgracias, o que sobresalen por
alguna circunstancia casi siempre fortuita.
Así es el carrusel del espectáculo
mediático. En todas partes la develación de asuntos
propios de la vida privada, ya sea de personajes públicos
o de quienes hasta entonces no alcanzaban esa condición,
ocurre con frecuente impunidad. Las intromisiones en la vida
privada de las personas forman parte de los excesos de los
medios. El sistema
mediático en México no es una excepción, con
la circunstancia agravante de que en este país no tenemos
leyes, ni costumbre, ni contexto suficientes para que las
personas se defiendan de posibles abusos de las empresas de
comunicación.
Si reconocemos que los de nuestro país no
son los mejores medios de comunicación posibles y que la
parcialidad en demérito de los valores
informativos, el escándalo como recurso habitual y la
espectacularización de los acontecimientos antes que su
explicación siguen definiendo el comportamiento de diarios
impresos y noticieros, habrá que advertir que algo falla
en la capacidad crítica de los ciudadanos cuando se
enfrentan a los medios. Quizá tienen demasiados
años de estar expuestos a ellos. O también ocurre
que no cuentan con suficientes opciones en materia de
comunicación. En todo caso, pareciera claro que los
mexicanos siguen dispensándoles a los medios de
comunicación una indulgencia que no tienen hacia otros
actores de la vida pública.
Hay excepciones, desde luego. En la calle y en la
escuela, lo mismo
que en el parlamento y en los medios mismos, existen expresiones
de discrepancia y resistencia ante
el discurso
preponderante de las empresas comunicacionales. Los medios no
acaparan todo el espacio público ni cuentan con tanta
aquiescencia como podría parecer a simple vista. El
rating no es sinónimo de allanamiento a los
mensajes mediáticos. Sin embargo, aunque existe, la
actitud crítica respecto de los medios de
comunicación en este país ha tenido un desarrollo
escaso.
Por lo general, en todo caso, no existe una
observación analítica de los medios
ni la costumbre de discutirlos. Allí radica uno de los
principales rezagos de la cultura cívica de los mexicanos
y acaso el principal déficit que, con transición o
no, padece la democracia mexicana. Más aun: podría
decirse que el estancamiento en la reforma de los medios de
comunicación impide afirmar que nuestro país haya
transitado, ya, a una democracia plena.
México D.F., enero de 2004.
[1] Investigador en el
Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM.
rtrejo[arroba]servidor.unam.mx ;
rtrejod[arroba]infosel.net.mx ; http://raultrejo.tripod.com. Este ensayo
formará parte de la colección El nuevo Estado
mexicano coordinada por los doctores Jorge Alonso y Alberto
Aziz y que será coeditada por el CIESAS.
[2] El investigador Gabriel
Sosa Plata ha explicado: "Entre 1988 y 2003, el control de
más de 70% del total de estaciones concesionadas otorgadas
en el país lo han tenido 10 grupos radiofónicos.
Esta concentración sólo disminuyó cuatro
puntos porcentuales en ese periodo La situación es mucho
más delicada cuando advertimos que cinco de ellos han
operado, administrado y sido propietarios de más de 50% de
las estaciones existentes en el país". Gabriel Sosa Plata,
"Crisol de expresiones", en Revista Mexicana de
Comunicación. Número 83. México,
septiembre-octubre de 2003.
[3] INEGI, XII Censo General
de Población y Vivienda 2000.
www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/tematicos
[4] Para calcular esta cifra
partimos de datos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, COFETEL, según los
cuales en 2000 había algo más de 3 millones de
suscriptores a algún sistema de televisión
restringida, o de paga. Al compararlos con los 18 millones 700
mil hogares que de acuerdo con el INEGI tenían
televisión ese año, encontramos que aproximadamente
el 16.5% de los hogares con televisor tenían acceso a
sistemas de cable, satélite o alguna otra forma de
televisión de paga.
[5] Para una
explicación sobre la metodología y la cobertura de las
mediciones de audiencia de la televisión mexicana puede
consultarse: Héctor González Jordán y
José Antonio Gurrea, "Para comprender los ratings",
etcétera, México, junio 2001.
[6] Estas cifras las hemos
calculado a partir de los ratings que proporciona la
empresa Ibope (www.ibope.com.mx) y considerando, a partir de la
lista de 27 ciudades en donde esa firma hace sus investigaciones,
que cada punto de rating equivale a 380 mil 162 personas.
Así, por ejemplo, cuando Ibope informa que "La casa de la
risa" tuvo un rating del 23.7 obtenemos que esa cifra
indica que dicho programa pudo haber sido presenciado por 9
millones 10 mil personas.
[7] Como en muchas viviendas
no todos los miembros de la familia miran juntos la
televisión, o cuentan con varios televisores sintonizados
en diferentes canales, esas cifras indican el número
máximo de personas que pudo haber estado presenciando los
mencionados programas.
[8] José Carlos Lozano
y Aída Cerda Cisterna, Cátedra Televisa.
Diagnóstico de la oferta en la
TV abierta nacional.
http://www.mty.itesm.mx/dhcs/catedra/ofer1.html Ese estudio
se ocupó de tres semanas de programación: del 8 al
14 de febrero, del 10 al 16 de mayo y del 9 al 15 de agosto de
1999.
[9] Estos datos y los
siguientes forman parte de los resultados que se consignan en
nuestro libro
Mediocracia sin mediaciones. Prensa, televisión y
elecciones. Cal y Arena, México, 2001.
[10] Luis Emilio
Giménez-Cacho, "La hora de las cuentas. Para
saber cómo gastan los partidos". Configuraciones,
revista del Instituto de Estudios para la Transición
Democrática. Número 12-13. México,
abril-septiembre de 2003.
[11] Cámara de la
Industria de Radio y Televisión, "Inversión
publicitaria de la iniciativa privada",
http://www.cirt.com.mx/inversionpublicitaria.html
[12] En los diarios de los
estados la situación es notablemente más
heterogénea. Muchos de los más serios y con mayor
presencia social han logrado sostenerse fundamentalmente con una
mezcla de publicidad privada y gubernamental. Otros, son
patrocinados por grupos de poder locales que sostienen los
más contradictorios intereses.
[13] Canal100.com.mx: "El
anunciante número uno de México es grupo Carso, que
encabeza Carlos Slim", en
http://www.canal100.com.mx/telenet/?id_nota=3528, 29 de abril
2003.
[14] Un detallado recuento de
esa discusión da tema al trabajo de Irma Ávila
Pietrasanta, Aleida Calleja Gutiérrez y Beatriz
Solís Leree, No más medios a medias. Participación ciudadana en la
revisión integral de los medios electrónicos.
Senado de la República y Fundación Ebert,
México, 2002.
[15] Proceso
número 1367, 12 de enero de 2003.
[16] En el libro Volver a
los medios. De la crítica, a la ética (Cal y
Arena, México, 1997) nos ocupamos de estos temas y hacemos
una propuesta de Código de ética que ha sido
adoptada por medios del nuestro y otros países.
[17] Sobre la
situación e importancia de estos medios véase:
Patricia Ortega Ramírez,
"Los medios públicos en la agenda global", en
etcétera, México, marzo de 2003.
Ensayo publicado en Alberto Aziz Nassif y Jorge Alonso
Sánchez, "Sociedad civil y
diversidad", Tomo III de El Estado mexicano: herencias y
cambios. CIESAS y Miguel Angel Porrúa, México,
2005, pp. 141-166.
Autor:
Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la
UNAM.
URL: http://raultrejo.tripod.com (fuente del
ensayo)
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