Como podemos ver este plan constituía un cambio radical en muchos aspectos, pero más que nada se adoptaba una visión neo-liberal de la economía. Esto implica, entre otras cosas, reducir el accionar del Estado en las variables financieras, por la seguridad de que debe prevalecer la fuerza del mercado; otorgarle al sector empresario las herramientas necesarias para que puedan guiar al resto de los sectores y equiparar las cuentas públicas con el objetivo de que los capitales financieros tengan ventajas para invertir en nuestro país.

Este modelo tenía una ventaja fundamental para la época: impediría que la inflación se siga propagando. Sin embargo, esta implementación tuvo serias consecuencias, que incluso algunas de ellas no se terminaron de solucionar y costará mucho tiempo hacerlo. De hecho, en este punto entran ciertas suspicacias que resultan difíciles de comprobar judicialmente, pero que son conocidas por muchas personas. En esta época se vivió una gran etapa de corrupción y uno de los mecanismos en que se veía reflejado era en la ayuda que daba el Gobierno a ciertas empresas. De hecho, hay rumores de individuos que creaban "empresas fantasma" para declarar que tenían serias deudas con el fin de que el Estado se las solventara.

De la misma manera, para que el sector empresario internacional y nacional se viera favorecido en invertir en el país también se redujo el costo laboral. Para llevar a cabo esto se utilizó una amplia flexibilización del mercado de trabajo.

Uno de los ejes que perjudicó profundamente el futuro financiero de la Argentina fueron, las ya mencionadas, privatizaciones. Rubén Beremblum establece que  "los objetivos del programa de privatizaciones eran múltiples. En primer lugar, se planteaban como un camino para equilibrar el presupuesto, ya que las empresas eran deficitarias, por lo que la privatización suponía una reducción del gasto. En segundo lugar se dio en un contexto de apertura y se esperaba que eliminaran las distorsiones e ineficiencias derivadas a las viejas e ineficientes empresas públicas que actuaban en mercados protegidos. Y en tercer lugar, las privatizaciones ayudaban a recomponer la previsibilidad. Su cambio de propiedad implicaba un nuevo retroceso en la inserción del Estado en el mercado", sostiene Beremblum. "En ese sentido, la venta de las empresas públicas adquiría importancia como factor de reordenamiento de los mecanismos de regulación internos. De hecho, uno de los problemas por los que las empresas estatales eran deficitarias se debía a la declinación de la inversión pública". Como contrapartida las empresas pasaron a ser de manos extranjeras, dejando casi sin chances a la producción nacional. Esto implica que aún sea el día de hoy en que la industria argentina se vea reducida a pocas empresas de menor envergadura que tienen serios problemas para subsistir.

Aspectos sociales

Dejando de lado los aspectos estrictamente económicos y centrándonos en las consecuencias que generaron estos en la sociedad, podemos observar que la marca que se dejó en los sectores bajos fue difícil de sanear. Para reflejar esto tomaremos algunos datos representativos de la situación social. Por ejemplo, si tomamos la distribución del ingreso veremos que "los datos para octubre de 1999, establecidos por el INDEC, indicaban que en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, el 10% más rico de la población ganaba 24 veces el ingreso percibido por el 10% más pobre. A partir de 1991, el desempleo se constituyó en el factor determinante de la elevación de la desigualdad de los ingresos familiares. La caída de los salarios de aquellos preceptores que permanecieron ocupados también contribuyó a acentuar dicha desigualdad. Ambos factores se dieron en marco de precios estables y de crecimiento económico, contradiciendo los supuestos de la teoría del derrame que afirma que el crecimiento es la condición para una mejor distribución de la riqueza" ("Crisis y alternativas de la política económica argentina", de Aldo Ferrer).

Otro indicador que nos sirve para constatar la mala situación social que se vivió y constatar la inequidad es la línea de la pobreza. Según datos del INDEC en 1998 se estimaba que los ingresos del 60% de los hogares de la Capital y Gran Buenos Aires era inferior a los 1000 pesos mensuales y no alcanzaba a cubrir los costos de una canasta familiar. La pobreza y la indigencia afectaban fundamentalmente a los niños, aunque tampoco los adultos quedaron exentos de esta situación.

Según Juan Andrino, quien realizó su tesis acerca de las políticas económicas desde 1983 hasta la actualidad, " la caída salarial, la regresiva distribución de los ingresos, la precarización y el desempleo se constituyen en los factores estructurales que explican la intensidad de la pobreza y el incremento de su heterogeneidad".

De todas maneras el gobierno menemista podría no ser el culpable de estas cuestiones, sino que fueran consecuencias de detener la inflación. Naturalmente podrían ser los defectos del plan, mientras que el gobierno realizó intentos por solucionar estos inconvenientes. Sin embargo, este no fue el caso.

Acerca de las políticas que realizó el Estado para mejorar las condiciones sociales Liliana Canestrari, profesora titular de la materia Historia Económica y Social Argentina en la Universidad de Buenos Aires, exponía que "la política de asignaciones familiares, o sea la subvención que otorgaba el Estado a las familias más carenciadas, resultó insuficiente para el sostenimiento de los ingresos. Los que se desempeñaban en trabajos informales no percibieron los beneficios que esta política establecía. Por otra parte, el seguro de desempleo y las políticas de empleo tampoco modificaron sustancialmente la situación de los sectores pobres, ya que esta medida no ayudaba a incrementar su calidad de vida". Tal vez lo que resultó preocupante es el deterioro del sistema educativo que se ve reflejado en esta época.

Distintas visiones y conclusión