El derecho internacional público y los diferendos limítrofes en América Latina y el Caribe

Introducción.

En múltiples ocasiones los representantes de los
países integrantes de América Latina y el Caribe,
han expresado un anhelo integracionista generalizado; dado que se
ha considerado que esta vía, es una de las mejores
alternativas para alcanzar el desarrollo de nuestros
pueblos.

Desde el punto de vista formal los gobiernos de la
región se han comprometido de distintas maneras al
propiciar la negociación, firma y ratificación de
tratados, convenios, acuerdos, declaraciones conjuntas y otros
documentos gubernamentales –muchos de ellos ratificados por
sus parlamentos-, con lo que de manera expresa se confirman los
propósitos arriba mencionados.

La realidad es un tanto diferente, con la experiencia de
muchos años, hemos podido observar la distancia que existe
entre los dichos y los hechos. En tiempos recientes hemos podido
observar acciones conflictivas entre Nicaragua y Costa Rica, por
razones limítrofes; así como entre Venezuela y
Guyana. Visto lo anterior, se puede afirmar que, el camino para
lograr la integración está lleno de
obstáculos. Tanto gobiernos latinoamericanos, como
caribeños, han venido tomando como razones o
justificaciones de los escasos avances integracionistas,
elementos como soberanía nacional, integridad territorial,
o seguridad nacional, con lo que de hecho, se muestran celosos de
su espacio territorial, aéreo y marítimo. Asimismo,
en ciertas ocasiones, al territorio nacional se le asigna un
valor estratégico, o geopolítico; o de plano se le
declara como espacio vital, recurriendo a motivos
económicos, ambientalistas, o de control de la
criminalidad y más recientemente, al
terrorismo.

Antecedentes.

La historia latinoamericana consigna otros conflictos
fronterizos por fortuna ya resueltos, como el de
Perú-Colombia, en el caso llamado "Conflicto de
Leticia", que en más de una ocasión
provocó fricciones entre la población de ambos
países y el enfrentamiento de sus fuerzas armadas, como la
guerra de 1933. Después de los enfrentamientos, el 25 de
junio de 1933 las tropas peruanas se retiran de Leticia,
entregándola a la delegación de la Liga de Naciones
(SDN), y el conflicto armado finaliza. Seguidamente, se llevan a
cabo negociaciones diplomáticas, que culminan con el Pacto
de mayo de 1934, por medio del cual se reafirmaba la
aceptación del Tratado de 1922, también conocido
como Tratado Salomón -Lozano, en el cual se preveía
la desmilitarización de la zona aledaña a Leticia.
Asimismo, se garantizaba la libre navegación por el
Río Amazonas y el Putumayo; así como una promesa de
no agresión.

Otro problema felizmente resuelto, en el que
también participa el Perú, con su vecino
Ecuador, fue el ocasionado por problemas de límites
en la Cordillera del Cóndor; que era uno de los más
antiguos de la región y que se remonta a principios del
Siglo XIX, para llegar a una solución en 1998; no sin
antes haber causado enfrentamientos bélicos entre los dos
países: Los más recientes, el de 1981 (Conflicto de
Paquisha) y el de 1995 (Guerra del río Cenepa).
Después de este último enfrentamiento, se acuerda
la llamada Declaración de Paz de Itamaraty, por medio de
la cual tanto el Perú, como Ecuador, aceptan deponer las
armas y el 17 de febrero de 1995, se firma en Brasil dicha
Declaración. En el documento que se menciona, se determina
el ret iro de las tropas de ambos países. Asimismo, se
decide la creación de un parque binacional, como
símbolo de paz entre ambas naciones. También se
establecieron los nuevos hitos en Cusumasa-Bumbuiza y
Yaupi-Santiago y, en el Departamento de Loreto en el sector de
Lagartococha y el Güeppi.2 Finalmente, el 26 de octubre de
1998, en Brasil, se procede a la firma del Acuerdo Definitivo
de Paz, llamado también Acuerdo de Brasilia,
con lo que queda finiquitado el añejo conflicto, que en el
transcurso de casi dos siglos, se constituyó en el
principal factor que condicionara las relaciones entre el
Perú y Ecuador.

En ese mismo sentido, viene al caso citar el proceso
seguido en el diferendo México- Belize3, Uno de los
problemas limítrofes que afectó a México en
sus relaciones con la región objeto de estudio.
Antecedentes remotos sobre Belize, nos permiten saber que, la
inusual situación que propició la presencia inglesa
en la "Bahía de Honduras", fue el Tratado de
Londres de 1604, en el cual España aceptaba que cualquier
área no ocupada efectivamente por ellos podía ser
colonizada por el Reino Unido. Por su parte, España
intentó controlar la inhóspita región al sur
de la Bahía de Bacalar (hoy frontera entre Quintana Roo,
México y Belize), pero a pesar de aparentes éxitos
no lograron dominar a los Mayas. España mantuvo
soberanía sobre el territorio al que solo se le
conoció como "Honduras Británicas" mucho
más tarde. Durante el siglo XVIII, por medio de ataques a
los asentamientos británicos y la correspondiente
expulsión de los colonos, quedó constancia
de la ilegalidad de su presencia. Inglaterra aceptó de
hecho y de derecho ese dominio, al firmar tratados con
España que les reconocían simples
concesiones para explotar las maderas en un terreno
determinado (entre los ríos Hondo y Belize
particularmente) y cuyas estrictas reglas les prohibían
erigir fortificaciones o establecer formas locales de
gobierno.

La rebelión Maya conocida como "Guerra de
Castas"4, empezó en 1847, en un momento de notable
debilidad y desgaste del gobierno mexicano, producto de la guerra
con los Estados Unidos (1846-1848). Para entonces, había
diversos grupos indígenas, no siempre coordinados entre
sí; aunque persistían viejas rencillas entre los
yucatecos y quienes detentaban del poder central (la capital de
la República). En 1851 los Cruzob atacaron a otro
grupo Maya, los Icaiché, por sospecha de
traición, de tal suerte que éstos se
convirtieron en sus más encarnizados enemigos, incluso
aliados de los yucatecos (los llamaban indios
pacíficos); para formalizar un tratado de paz entre
ellos exigieron la mediación de los ingleses5.

Aunque los británicos supuestamente tenían
instrucciones de mantener absoluta neutralidad, la porosa
frontera permitía a los Cruzob escapar a
persecuciones; multitud de refugiados vadeaban el Río
Hondo huyendo del conflicto; nadie controlaba a los comerciantes
beliceños en su lucrativo tráfico de armas
y municiones; y todo ello comprometía seriamente la
supuesta neutralidad de los vecinos. Había algunos
acuerdos tácitos. Las autoridades mexicanas veían
con buenos ojos la protección otorgada a refugiados,
mientras que el Superintendente de Honduras
Británicas sabía aquilatar el beneficio de una
población diestra en la agricultura, sector débil
de la economía colonial.

El conflicto se prolongó hasta finales del siglo
XIX, cuando México decidió formalizar la
delimitación entre la ya indiscutible colonia inglesa y
nuestro propio territorio, al mismo tiempo poniendo coto a esa
confusa y perjudicial situación fronteriza. A pesar de
despiadados ataques internos, se firmó un Tratado de
Límites en 1893. Por entonces se acusó al
Secretario de Relaciones Exteriores, Ignacio Mariscal, de haber
entregado a los ingleses nuestro patrimonio, de
desconocer la historia, de exceso en su afán por terminar
de una vez por todas con el conflicto. No obstante, el Tratado
fue aprobado y ratificado.

El Tratado a que antes se alude, acabó con los
apoyos de suministros provenientes de la colonia inglesa y se
normalizaron los contactos transfronterizos, lo que
coadyuvó de manera decisiva a crear una atmósfera
de paz. Indudablemente fue un instrumento muy controvertido, al
grado de haber ocultado la parte positiva del mismo; es dec ir,
la autorización de carácter perpetuo, para navegar
a través de la Bahía de Chetumal. En efecto, se
trataba del único acceso marítimo a Chetumal,
sólo que era en su gran mayoría territorio de
Honduras Británicas y, obviamente, muy bien resguardado
por la Royal Navy. Todavía está vigente el
acuerdo, que forma parte del Tratado, como anexo y no se han
producido incidentes o fricciones, por su
aplicación.6

En cuanto a relaciones recientes, se debe anotar que
México fue el primer país en establecer relaciones
diplomáticas con Belize el mismo día en que este
país se declaró como Estado independiente, el 21 de
septiembre de 1981, dentro de la Commonwealth. Además,
México fue el segundo país en acreditar a un
Embajador y la representación consular data de la
década de los cincuenta.7 Desde entonces, el acercamiento
entre los dos países ha ido en aumento, destacando como
hecho ilustrativo el importante respaldo dado por el gobierno
mexicano, a los esfuerzos de Belize por ser admitido en el
Sistema Interamericano, con pleno reconocimiento de su
status de Estado soberano. Asimismo, es prueba adicional
de ello la labor en pro de una solución al
diferendo con Guatemala, ampliamente apreciada por el
Gobierno de Belize.

Otras disputas
fronterizas.

Conforme a lo anterior, resulta de interés
proceder a revisar así sea parcialmente, la cantidad de
disputas o reclamos existentes, por delimitación
fronteriza (terrestre o marítima), en la zona comprendida
desde el sureste de México -pasando por
Centroamérica, para llegar a Sudamérica: Colombia,
Venezuela y Guyana, como los más representativos-. Sin
omitir los reclamos pendientes en buena parte de las islas que
componen las Antillas Mayores y Menores.

Diferendo
limítrofe
guatemalteco-británico-beliceño.

De acuerdo con los antecedentes del caso, para 1840 en
Honduras Británicas no había más
ley que la inglesa. El Reino Unido recibía constantes
reclamos de los colonos -para entonces ya establecidos y
conscientes de la oportunidad de consolidarse como colonia-, ante
la confusión existente en las nuevas naciones
independientes de la región. Las Provincias Unidas de
Centroamérica y posteriormente Guatemala (1839),
reclamaron soberanía sobre Belize como herederos de
España, pero los ingleses nunca reconocieron tales
derechos; no obstante que no se pueden negar las pruebas directas
e indirectas del reconocimiento de la soberanía
española. Más allá de la aceptación
implícita al recibir las concesiones, el Reino
Unido dio muestras palpables de su reconocimiento al vedar todo
proyecto agrícola en la colonia durante casi dos
siglos.

En 1859, Guatemala e Inglaterra firmaron un tratado que
fijaba los límites entre Honduras
Británicas y el país centroamericano y no fue
sino hasta 1862, cuando las Honduras Británicas fueron
declaradas Colonia de la Corona. La firma del tratado
era una aceptación guatemalteca de la ocupación
efectiva por parte de Inglaterra, pero según Guatemala era
un Tratado de cesión de derechos con
condición suspensiva, la que se asienta en el
artículo 7º de dicho Tratado: "Ambas partes
pondrán su mejor esfuerzo para comunicar por vía
terrestre a la ciudad de Guatemala con la costa atlántica
de Guatemala, cerca del asentamiento de Belice".

A pesar de los esfuerzos realizados, fue imposible
llegar a un acuerdo respecto de la construcción de esa
vía terrestre, en parte por falta de recursos de Guatemala
y en parte por dificultades técnicas. Guatemala
alegó incumplimiento y en 1940 declaró nulo el
Tratado y en su Constitución de 1945 decretó a
Belize como territorio guatemalteco. De ahí en adelante,
cada avance hacia la autonomía e independencia de Belize
fue duramente cuestionado por Guatemala, al grado incluso de
romper relaciones diplomáticas con el Reino Unido en
1963.8

Ante dicha actitud, los británicos reforzaron su
presencia militar ante la posibilidad de una invasión
guatemalteca y permanecieron en Belize incluso después de
alcanzada la independencia de este país en 1981. Fue hasta
el 11 de septiembre de 1991, cuando se establecieron las
relaciones diplomáticas entre los dos países9; pero
a pesar de contar con Embajadores residentes en ambas partes,
Guatemala pospuso hasta 1997, la presentación formal de
Credenciales al enviado beliceño. La buena
disposición para llegar a un acuerdo, condujo a la
Asamblea Nacional de Belize a aprobar la "Ley de Áreas
Marítimas" del 30 de enero de 1992, que
concedía a

Guatemala el libre acceso al Océano
Atlántico, en un corredor de 24 por 8 millas, a
través de la zona económica exclusiva de Belize. La
oferta de Belize topaba con otro problema, el de los territorios
insulares ubicados en el Golfo de Honduras, a la salida de la
Bahía de Amatique (Islas Sapodillas o Zapotillas). El
corredor de salida al mar parecía colocar bajo control
guatemalteco dichas islas -también reclamadas por
Honduras-, lo cual nunca formó parte de la
intención beliceña.

El 28 de agosto del año 2000, quedó
instalada la Comisión Mixta para la Construcción de
Medidas de Fomento a la Confianza en el Diferendo Territorial
Guatemala -Belize, integrada por 10 comisionados, cinco por
Guatemala y cinco por Belize. El 31 de agosto, en la sede de OEA
en Washington, Estados Unidos, se instaló el Panel de
Conciliadores, quienes el 19 y 20 de septiembre de ese mismo
año, efectuaron una visita a Belize y Guatemala,
especialmente en la zona fronteriza, para platicar con algunos
campesinos guatemaltecos afectados por las incursiones de las
Fuerzas Armadas de Belice. Finalmente, el 8 de noviembre, en
presencia del Secretario General de OEA, César Gaviria, el
Canciller de Guatemala y un Embajador con rango de Ministro por
parte de Belize, firmaron el Acuerdo sobre Fomento de Medidas
a la Confianza, cuyo primer compromiso fue la reunión
entre representantes de las fuerzas armadas, celebrada en
Guatemala el 15 de noviembre del 2000. En dicha reunión se
acordaron los mecanismos para coordinar los patrullajes conjuntos
en la zona de adyacencia.10

Cabe anotar que, a pesar de los esfuerzos anteriores,
cada una de las partes mantenía su posición y como
antes se describe, se provocaron roces entre ciudadanos de ambos
países, e inclusive, entre miembros de las fuerzas
armadas, que pusieron en peligro la paz. Entre las propuestas de
los "facilitadores" se procedía a delimitar las
fronteras y se sugiere una salida al mar para Guatemala; tal como
había propuesto en su momento la parte beliceña. No
obstante, el asunto no está finiquitado pues no se
cumplió con los trámites de ratificación;
aunque cada parte ha manifestado su intención de alcanzar
un arreglo definitivo.

Entre las acciones más recientes, se puede citar
que, la Cancillería guatemalteca hizo público el 13
de agosto de 2007, el documento titulado: "Acuerdo sobre un
marco de negociación y medidas de fomento de la confianza
entre Belice y Guatemala", conforme al cual se pretende
continuar las negociaciones. Para el consenso general el problema
de la delimitación efectiva de las fronteras sigue latente
y no se descarta que, como en el pasado, algún gobierno
utilice ese argumento para desviar la atención de
problemas fundamentales y seguirlos posponiendo, como ha corrido
en repetidas ocasiones.

Así como los dos casos anteriores,
podríamos describir otros diferendos entre países
considerados como parte de la Cuenca del Gran Caribe11, lo que
nos viene a mostrar la fragilidad de las relaciones entre vecinos
y como reflejo de lo mismo, la presencia de conflictos latentes,
o por lo menos, impedimentos para unas relaciones plenas, basadas
en la confianza mutua.

A continuación de manera enunciativa, se citan
otros diferendos pendientes en materia de delimitación
fronteriza, destacando que, el problema de límites data de
los tiempos en que las naciones centroamericanas y
caribeñas eran colonias de España, o de otra
potencia europea, cuando los límites eran
genéricos; pero al crearse los nuevos Estados surgieron
controversias que en el pasado dieron lugar a enfrentamientos
armados; como el caso de Honduras y Nicaragua en 1959 y
entre Honduras y El Salvador, en 1969 (la llamada Guerra
del Fútbol). Poco a poco, mediante negociaciones y
tratados, en unos casos, y acudiendo al Rey de España y a
la Corte Internacional de Justicia (CIJ), se avanzó en el
Siglo XX en la definición de las fronteras terrestres y
marítimas en Centroamérica. En el caso de Honduras,
se logró definir la frontera terrestre con Guatemala
primero y luego mediante el laudo del Rey de España,
Alfonso XIII, en 1962, con Nicaragua. Posteriormente, mediante la
sentencia de la CIJ se definió la frontera terrestre y
marítima entre Honduras y El Salvador, en el año
1992.

Honduras-Nicaragua.

El Canciller hondureño Roberto Flores
Bermúdez, anunció el 12 de noviembre de 1999, que
se emprenderían negociaciones con varios países
vecinos para definir las fronteras marítimas. El Ministro
citado declaró: "Esta ley contempla lo que Honduras
considera sus derechos en los espacios marítimos en los
océanos Atlántico y Pacífico y será
necesario negociar con los países vecinos estos
límites. En los espacios marítimos en el mar Caribe
hay una abanico grande de negociaciones que emprender con
México, Guatemala, Belize, Nicaragua, Jamaica y Cuba,
entre otros". Entre tanto, en el Golfo de Fonseca (en el
Océano Pacífico), la Corte Internacional de
Justicia definió las fronteras marítimas de
Honduras con El Salvador y Nicaragua, pero está pendiente
la demarcación con boyas. Esta falta de
señalización generó en el pasado, frecuentes
roces entre las fuerzas navales de Honduras y Nicaragua, por la
captura de pescadores de ambos países; pero en los
años recientes hay una estrecha coordinación para
evitar estos incidentes.12

En el Caribe tampoco se ha llegado a un arreglo
satisfactorio para las partes, dado que el gobierno
nicaragüense estima que su frontera marítima llega
hasta el paralelo 15, mientras que Honduras sostiene que su
espacio marítimo llega hasta el paralelo 17. En esta zona,
también hubo en el pasado frecuente captura de pescadores
y embarcaciones. El caso se encuentra sometido a la Corte
Internacional de Justicia de La Haya.

Por otra parte, el Congreso Nacional de Honduras
ratificó en noviembre de 1999, el Tratado de
Delimitación Marítima con Colombia, bajo el
argumento de que este acto histórico abre la ruta para la
definición de las fronteras de los ocho países que
comparten soberanía en aguas del mar Caribe. La
decisión se produjo pese a las airadas reacciones del
gobierno de Nicaragua, que deploró y rechazó este
tratado porque estima que lesiona su soberanía e
intereses. Dicho tratado fue suscrito por los ministros de
Relaciones Exteriores de Honduras y Colombia el 5 de agosto de
1986, pero no fue ratificado por el Congreso Nacional
hondureño en esa oportunidad, ya que el presidente del
organismo, consideró que lesionaba la soberanía de
Honduras. Según el Canciller Flores Bermúdez, el
tratado con Colombia abre la ruta para negociar la
delimitación de las fronteras marítimas con Belize,
Guatemala, México,

Nicaragua, Gran Caimán y
Jamaica.13

Al respecto, cabe hacer notar que: "una
delegación de diputados de la Asamblea Legislativa de
Nicaragua intentó el mismo 30 de noviembre, convencer al
Congreso Nacional de Honduras de abstenerse de ratificar este
tratado, pero fracasó en sus gestiones. Nicaragua
anunció su decisión de imponer restricciones
comerciales a Honduras, como parte de su campaña de
medidas más enérgicas como rechazo a este
instrumento y dijo que esta decisión ponía en
crisis el sistema de integración
centroamericana.14

La decisión hondureña, tuvo repercusiones
en diferentes ámbitos, dado que por una parte, Nicaragua
pidió la intervención del Papa Juan Pablo II en el
conflicto, al tiempo que decidía la movilización de
tropas a la frontera hondureña; lo que generó
preocupación por un posible conflicto armado en la
región. Mientras tanto, Honduras, solicitaba la presencia
de observadores internacionales, al tiempo que demandaba a
Nicaragua ante la Corte Centroamericana de Justicia, por las
medidas unilaterales que violan los acuerdos del Sistema de
Integración Centroamericana. Asimismo, protestó por
la movilización del ejército nicaragüense a la
frontera entre ambos países, e insistió en su
solicitud a la ONU y a la OEA, para el envío de
observadores internacionales, como forma de evitar un
conflicto.15

Honduras aceptó la iniciativa de Nicaragua para
dirimir en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya,
Holanda, la controversia sobre los límites
marítimos en el mar Caribe. Nicaragua que
desconoció el tratado firmado entre Honduras y Colombia,
estima que lesiona su soberanía y lo despoja de unos 60
mil kilómetros cuadrados de espacios marítimos en
el mar Caribe. Al presentar el recurso contra Honduras ante la
CIJ, Nicaragua alegó que todas las instancias
diplomáticas para llegar a un acuerdo fallaron. Asimismo,
Nicaragua sostuvo que los límites marítimos en el
mar Caribe no han sido determinados por lo que pide al tribunal
mundial, que establezca un límite marítimo de
acuerdo con principios de equidad y circunstancias relevantes,
reconocidas por la ley internacional aplicables en este tipo de
delimitación. También expresó que se reserva
el derecho a exigir compensación económica por la
interferencia de las labores de pesca y extracción de los
recursos naturales por parte de Honduras si estas son realizadas
en la zona que delimitará en el futuro la
CIJ.16

No obstante la intervención de la CIJ, Nicaragua
continuó con la aplicación de medidas restrictivas
al comercio, por lo que la Secretaría de
Integración Económica Centroamericana (SIECA)
dictaminó que era "ilegal y violatorio" al
tratado integracionista del istmo, el arancel de un 35% que desde
el 6 de diciemb re de 1999, aplica Nicaragua a los productos
procedentes de Honduras.17

Finalmente, la CIJ emitió su fallo el 9 de
octubre de 2007, en el que concede a Honduras soberanía
sobre cuatro pequeñas islas del Caribe y establece una
nueva frontera marítima, que en forma salomónica se
fija entre los paralelos 15º de Longitud Oeste (reclamado
por Nicaragua como el verdadero límite) y el 17º
Longitud Oeste (reivindicado por Honduras). Contrario a lo que
muchos esperaban los gobiernos de los dos países aceptaron
el fallo. Los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y de
Honduras, Manuel Zelaya, se mostraron eufóricos con el
dictamen del Alto Tribunal y recalcaron la unidad de los pueblos.
Zelaya fue contundente: "Se equivocaron los adversarios, el
fallo de La Haya une a Centroamérica no la
divide".

Nicaragua-Colombia.

El gobierno nicaragüense firmó un tratado de
límites marítimos con Colombia en 1928, en el que
se fijaba la frontera marítima en el Meridiano 82, que
dejaba a salvo las posesiones colombianas en el
archipiélago conocido como Islas San Andrés,
Providencia y Santa Catalina. Dicho instrumento fue denunciado en
1980, cuando el gobierno sandinista promulgó una nueva
Constitución y argumentó que este tratado se
suscribió bajo la presión de Estados Unidos,
después de la ocupación militar estadounidense a
ese país centroamericano.

Después de largas disputas y roces por invasiones
de ambas partes, de lo que consideran su mar territorial y la
correspondiente extensión de zona económica
exclusiva, aceptaron someter el diferendo a la CIJ, instancia que
pronunció su sentencia el 13 de diciembre de 2007, en la
que admitió no tener jurisdicción para conocer
sobre la soberanía de Colombia en el archipiélago a
que se refiere el Tratado de 1928 (Tratado
Ezquerra-Bárcenas); pero a cambio, decidió que
tiene competencia para juzgar la delimitación de la
frontera marítima entre Nicaragua y Colombia. En ese
sentido, las partes en la disputa debieron de proveer a la Corte,
de sus respectivos alegatos, en los que se pretende demostrar
derechos de soberanía sobre algunos cayos o islotes
adyacentes al archipiélago a que se refiere el Tratado
antes mencionado, sentencia que sería pronunciada en un
futuro próximo.18

Venezuela-Colombia.

En la parte continental de América del Sur, las
aguas caribeñas bañan las costas de la parte
Noroeste de Colombia, en una extensión aproximada de 1,600
Kms. (contando los litorales de islas y cayos) y en el Norte de
Venezuela, la línea costera se alarga hasta los 1,000 Kms.
aproximadamente. Como se deriva de lo anterior, para ambos
países el Caribe es un área de alto valor
estratégico, tanto en aspectos geopolíticos, como
para la seguridad de la navegación, las comunicaciones,
las actividades económico-comerciales y los intercambios
de todo tipo. Para Colombia y Venezuela, el sentido de
pertenencia se extiende más allá del sub-continente
sudamericano, a la innegable presencia de una cultura
caribeña, con la cual buscan reforzar los lazos de
amistad.

Con el propósito de destacar lo anterior, se hace
referencia a un estudio de la Armada de Venezuela
-institución para la cual el Caribe es una región
de alta prioridad para la política exterior de su
país zona de influencia natural-, por los fenómenos
políticos y sociales que allí suceden y que tienen
gran repercusión en sus asuntos internos. Asimismo, se
destaca la importancia que representa como "frontera
marítima" y como realidad geopolítica; lo que
viene a constituir un "espacio vital", donde se ubican
líneas de comunicación marítima que permiten
la interconexión con el resto del mundo. Igual importancia
reviste la existencia comprobada de recursos naturales vivos
(pesca) y no vivos (hidrocarburos). Además de lo anterior
y como consecuencia del importante volumen del tráfico
marítimo y la existencia de otras amenazas como la pesca
indiscriminada, tráfico ilegal de personas,
piratería, contaminación y narcotráfico.
Todo lo anterior se observa en una superficie aproximada a los
140,000 Kms.² de Zona Económica Exclusiva (ZEE) en la
que ese país ejerce soberanía.19

Por lo que se refiere a límites fronterizos,
Venezuela tiene pendientes con Colombia, Guyana y con Trinidad y
Tobago, sin mencionar que por el hecho de haber declarado su
soberanía sobre la Isla de Aves, con una superficie de
43,000 Mts.², localizada a 650 Kms. al norte de sus costas,
su ZEE se extendería hasta muy cerca de los límites
con Jamaica y Puerto Rico, chocando de paso con los espacios
marítimos de algunos de los pequeños Estados
insulares, como Saint Kitts y Nevis, Dominica, Santa Lucía
y, San Vicente y las Granadinas, sobre lo cual está
pendiente de lograr los acuerdos respectivos.20

Diferendo
marítimo colombo-venezolano.

El problema de los límites territoriales y
marítimos, tiene su origen en el momento en que se produce
la disolución de la Gran Colombia y al momento de
concretarse la separación de los dos países, se
inician las negociaciones para resolver dos aspectos
fundamentales: Por una parte, la división de la deuda
contraída con México21 y por la otra, la
delimitación fronteriza.

El 14 de diciembre de 1833 los Ministros
Plenipotenciarios de Venezuela, Santos Michelena y de Colombia,
Lino de Pombo, suscribieron un tratado que trazaba una
línea de compromiso, la cual partiendo del Cabo de
Chichivacoa, dividía la Península de La Goajira en
dos partes. El Congreso de Colombia aprobó el Tratado en
1834, lo que no ocurrió con el de Venezuela, que
estimó afectaba sus derechos territoriales.22

En 1881 los dos países se sometieron a un laudo
arbitral, teniendo como árbitro o juez de derecho al
entonces Rey de España; el laudo respectivo no fue
aceptado por Venezuela y solo parcialmente por Colombia.
Posteriormente, hubo otros intentos de arreglo, como el Tratado
de Demarcación de Fronteras y Navegación de los
Ríos Comunes entre ambos países (Tratado de
Cúcuta de 1941) -que fue el resultado de los trabajos
realizados por la Comisión Mixta Colombo-Venezolana de
1930-. En dicho instrumento se asienta que "la frontera entre
las dos naciones está en todas sus partes definida por los
pactos y actos de alindamiento en el presente Tratado; que todas
las diferencias sobre materia de límites quedan terminadas
y que reconocen como definitivas e
irrevocables…"23

Nuevamente Venezuela se opone a la ratificación
aduciendo ejercicio de su soberanía en forma temporal
(principalmente durante el lapso que duró la Segunda
Guerra Mundial), sobre las áreas marinas y submarinas del
Golfo de Venezuela y otras bahías. A continuación
(1950) se recurrió a la opinión de un
geógrafo llamado Withmore Boggs, quien toma como punto de
referencia el Archipiélago de Los Monjes

–que físicamente se encuentran más
cerca de la costa colombiana, que de la venezolana-, los que
también reclama para sí cada una de las partes en
conflicto, sin aportar una solución definitiva; más
bien reaviva las tensiones, cuando en 1951 Colombia envía
algunas corbetas con pretensiones de ocupar los islotes; a lo que
Venezuela reaccionó con presencia militar aérea.
Dichas amenazas de conflicto se fueron diluyendo a medida que los
dos gobiernos aceptaron dialogar y, en 1952 quedó
solucionado en el papel el asunto de la soberanía de
dichos islotes, cuando el Canciller colombiano envía una
nota al Embajador venezolano: "No objeto la soberanía
de Venezuela sobre el Archipiélago de Los Monjes, y que en
consecu encia no se opone ni tiene reclamación alguna
qué formular respecto al ejercicio de la misma o a
cualquier acto de dominio por parte de éste sobre el
archipiélago en referencia… "24

Para la década comprendida entre 1960 y 1970, el
asunto de los hidrocarburos despierta grandes intereses y se sabe
que el área del Golfo de Venezuela y sus zonas
aledañas, son ricas en esta clase de recursos. Ambos
países emprendieron importantes trabajos de
exploración y Colombia decide otorgar algunos contratos a
empresas transnacionales, precisamente en aguas objeto del
diferendo; ante lo cual

Venezuela protestó. En tiempos más
recientes, se han presentado otros incidentes, como el que tuvo
lugar en 1987, cuando la corbeta colombiana de nombre
"Caldas" incursionó en aguas del Golfo de
Venezuela; también los ha habido en asuntos relativos a la
pesca y al tránsito de personas y mercancías. Tal
como se observa en las actitudes asumidas por las partes, las
posiciones parecen irreconciliables y al no avizorarse un arreglo
definitivo, las posibilidades de conflictos siguen latentes, no
obstante que en otros ámbitos se lleven a cabo acciones de
cooperación e intercambio de cierta intensidad, dado que
son países que cuentan con una frontera común de
aproximadamente 2,500 Kms. de extensión, cuyas tensiones
se han visto agravadas por el problema de la guerrilla colombiana
y el contrabando tanto de personas, como de mercancías,
armas y drogas.

Venezuela-Guyana.

Para quienes creen que la historia es solamente la
descripción de los acontecimientos del pasado, la realidad
nos muestra que un importante número de hechos que son
enterrados temporalmente, en algún momento pueden renacer.
Tal es el caso del diferendo limítrofe entre la
República Bolivariana de Venezuela y la República
Cooperativa de Guyana, que en virtud de una serie de
artículos de prensa 25 ha interesado nuevamente a la
opinión pública mundial, de Sudamérica y en
especial a la de los países involucrados.

En este caso, la reclamación parte de Venezuela,
sobre un territorio un poco mayor a los 159,500 Kms.²
conocido como la Guayana del Esequibo. Como antecedente remoto se
cita que las tierras objeto de la disputa fueron descubiertas en
el Siglo XVI por los conquistadores españoles, que en 1595
establecieron el Fuerte de Santo Tomás y en 1724
construyeron una misión religiosa de la orden de los
Capuchinos.

Posteriormente, dichos territorios fueron ocupados por
los holandeses, q uienes mantenían enfrentamientos con
España; construyeron un asentamiento en 1637, en las
márgenes del río Amacuro y mantuvieron cierto
control económico, político y militar de una parte
del Esequibo, durante casi dos siglos. En 1648, se firma la
llamada Paz de Munster,26 entre Holanda y España, quedando
de mutuo acuerdo el reconocimiento de sus posesiones en ultramar.
No obstante, en dicha ocasión no fueron fijados los
límites de las posesiones españolas en lo que hoy
es Venezuela; así como tampoco las holandesas. A
continuación vendría la ocupación inglesa
(1803), de las tres posesiones holandesas: territorios del
Esequibo, Demerara y Berbice -lo cual fue ratificado por la
Convención de Londres de 1814, por la que se acepta la
jurisdicción británica en los territorios arriba
mencionados, pero sin precisar los límites
fronterizos-.

En 1840 la corona inglesa contrata al cartógrafo
y explorador Robert Schomburgk, quien tras visitar la zona a que
se hace referencia elabora un mapa, con el que se modifican
ediciones anteriores –por razones desconocidas el nuevo
mapa no se hizo público, sino hasta el año 1887-.
Con lo anterior, se producen contactos diplomáticos entre
Venezuela e Inglaterra, específicamente relacionados con
la delimitación fronteriza. El primero reclamaba todas las
tierras situadas al Oeste del Río Esequibo; en tanto que
los británicos ofrecían que la línea
divisoria empezara en el Río Moruka. Para 1850 ambos
gobiernos emitieron declaraciones unilaterales, que vinieron a
constituir una especie de acuerdo, por el que se
comprometían a no ocupar los territorios en
disputa.27

Dicho acuerdo se rompe parcialmente cuando en una
región del Esequibo se descubren algunas betas de oro y
Venezuela procede a dar la concesión para su
explotación a una empresa minera de Nueva York, Estados
Unidos, con lo que Inglaterra no estuvo conforme y por diversos
medios trató de mostrar su dominio, lo que provocó
algunos incidentes. Con ese panorama, en 1880 Venezuela
recurrió al gobierno de los Estados Unidos, solicitando su
intervención en el diferendo, sugiriendo la posible
aplicación de la "Doctrina Monroe". Mientras
tanto, Inglaterra y Venezuela firman un Tratado Comercial en
1885, en el que entre otras cosas, se incluye una cláusula
sobre arbitraje, que en cierto modo podía ser aplicada a
los problemas de límites; lo cual en principio,
despertó cierto optimismo del lado venezolano; pero tiempo
después, el mismo gobierno británico se
encargó de derrumbar tales expectativas, por lo que
Venezuela decidió una "suspensión de
relaciones" con Inglaterra.

Finalmente, fue aceptada la mediación y se
creó el tribunal de arbitraje, con sede en París.
Dicho tribunal quedó integrado por dos jueces
británicos, dos norteamericanos y presidido por el
diplomático ruso Federico de Martens. El 3 de octubre de
1899 el tribunal de arbitraje dictó un laudo arbitral por
unanimidad, en el que se reconoció a Gran Bretaña
el 90% del territorio en disputa y se reservó para
Venezuela el restante

10%, que comprende el área de las bocas del
Orinoco y otros 13,000 Kms.² al suroeste del territorio en
disputa. Para esas fechas, el fallo fue aceptado por todas las
partes -aunque en Venezuela se hicieron oír voces
inconformes-, y en 1905 se concluía la delimitación
sobre el terreno de lo acordado. El diferendo había sido
salvado y las relaciones anglo-venezolanas volvieron a la
normalidad.28

Nuevamente en 1949 se reanuda el conflicto
limítrofe, cuando se hace público un
memorándum elaborado por Severo Mallet-Prevost -quien
había actuado ante el tribunal arbitral como uno de los
abogados de Venezuela-. El informe de Mallet- Prevost quien
falleciera el año anterior a la publicación del
documento, pone de manifiesto que el laudo adoptado no se
guió por razones jurídicas; sino que parecía
ser el resultado de un acuerdo entre Gran Bretaña y Rusia,
por el que la primera hacía a la segunda algún tipo
de concesión a cambio del voto favorable de Martens a sus
pretensiones. La versión de Mallet-Prevost se
confirmó en 1979, al darse a conocer una carta dirigida
por uno de los jueces británicos a su ministro de Asuntos
Exteriores, en la que se narra la postura adoptada por el
presidente del tribunal, un hombre predispuesto a priori al
entendimiento entre Gran Bretaña y Rusia, potencias con
intereses enfrentados por aquel entonces en Asia Central.
Martens, concretamente, aboga por una acción común
anglo-rusa para civilizar, por mandato de la Divina Providencia,
a los pueblos bárbaros o semisalvajes -entre los que no
cabe la menor duda estaba incluida Venezuela-: "pueblos a los
que no puede aplicarse el Derecho Internacional europeo",
según expone en su obra Rusia e Inglaterra, en Asia
Central.

Tomando como base el memorándum de
Mallet-Prevost, Venezuela plantea la nulidad del laudo de 1899 e
inicia una campaña en las Naciones Unidas y ante la
Organización de Estados Americanos. Tras varios
años de conversaciones, Gran Bretaña accede a
revisar lo actuado y en febrero de 1966 se firma el "Acuerdo
de Ginebra", por el que se constituye una Comisión
Mixta para buscar soluciones satisfactorias al diferendo.
Asimismo, se establece una cronología de los pasos a dar y
se acuerda que, de no alcanzarse resultados concretos, se
recurrirá a uno de los medios de solución
pacífica previstos en el artículo 33 de la Carta de
las Naciones Unidas.29

Tras cumplirse el plazo sin ningún acuerdo y
cuando está a punto de entrar en funcionamiento el recurso
a la ONU, el Canciller venezolano viajó el 18 junio de
1970 a Trinidad y Tobago, donde firmó con el representante
de Guyana, el llamado "Protocolo de Puerto
España", en el se acepta el congelamiento por un
período de 12 años, del Acuerdo de Ginebra. Dicha
suspensión sería prorrogable, salvo denuncia de una
de las partes. Al expirar el Protocolo de Trinidad y Tobago (18
de junio de 1982), Venezuela expresó su intención
de no prorrogarlo y recurrir a las instancias internacionales,
para continuar con el contencioso.30

Posteriormente, se trató de poner en
práctica el Pacto de Bogotá para la Solución
Pacífica de las Controversias, sin grandes avances. En
base a dichas iniciativas, el 31 de marzo de 1983 el Secretario
General de la ONU oficializó la intervención del
Organismo y designó a Diego Cordovez como su representante
personal, quien visitó Caracas del 21 al 24 de agosto de
1983 y posteriormente se trasladó a Guyana. Luego de
varias reuniones e intercambios, a nivel de cancilleres y de
delegados, el Representante del Secretario General
presentó una propuesta oficiosa (22 de marzo de 1985),
consistente en la creación de una Comisión Mixta de
cinco miembros. La cual luego de ser sometida a un período
de análisis y consulta resultó no conveniente a los
intereses venezolanos.

Finalmente, cabe mencionar que los sucesivos gobiernos
tanto venezolanos, como guyaneses, han mantenido un aparente
statu quo, sin que se avizore una solución definitiva al
diferendo. Asimismo, se hace notar que en el ámbito de las
Naciones Unidas, del Movimiento de Países No Alineados, de
la Asociación de Estados del Caribe, del CARICOM y en sus
relaciones bilaterales, los dos Gobiernos han expresado
satisfacción con el método de los Buenos Oficios,
aspecto que fue reiterado el 15 de marzo de 1999, durante la
visita a Venezuela del Buen Oficiante Alister McIntyre. Sin
embargo, resulta necesario lograr que esas manifestaciones sean
complementadas con otras iniciativas de carácter
diplomático que reafirmen la voluntad de ambos
países para avanzar en la solución de la
controversia territorial. En este contexto cobra relevancia la
preservación ambiental, la presencia de empresa s
multinacionales en la explotación indiscriminada de
recursos y la migración guyanesa.

Al respecto, se asegura que en varias ocasiones se
estuvo cerca de alcanzar un acuerdo, pero surgieron denuncias en
el sentido de que Guyana otorgó concesiones petroleras (en
el año 2000), a empresas transnacionales para la
exploración costa afuera; así como también
se aseguró que existía un preacuerdo con una
empresa aeroespacial norteamericana, para la instalación
de una base para el lanzamiento de satélites. Tales
informaciones han creado un clima de desconfianza que no
contribuye a la solución del problema. Las perspectivas
venezolanas sobre el diferendo son explicadas por el Ministerio
de Relaciones Exteriores de ese país, que en su
página oficial expresa: