Frente Endógeno de Interacción sobre la Justicia Social: Fundamentos conceptuales y Metodológicos

El presente informe presenta una propuesta para la
constitución en Venezuela de un frente endógeno de
interacción para la justicia social (FREEINJUSS) con
enfoque jurídico- Social, fundamentado en cuatro pilares
de actuación, a saber, a) la investigación,
análisis, monitoreo y evaluación de
políticas públicas y legislación por parte
del poder popular; b) la abogacía y la
participación ciudadana; c) el empoderamiento de las
comunidades; y d) el fortalecimiento institucional.

El documento revisa y discute conceptos y definiciones
básicas relacionadas con los frentes sociales como forma
de organización comunitaria. De igual modo, se muestra el
recorrido metodológico que implica la selección y/o
construcción de indicadores sociales de derechos,
así como las ventajas y desventajas de su
utilización. Las consideraciones finales giran en torno a
las oportunidades y desafíos de este enfoque en
relación a su implementación mediante las
políticas públicas.

Palabras claves: Frente Endógeno De
Interacción De La Justicia Social (FREEINJUSS), derechos
humanos, políticas públicas, sistema de
información.

Introducción

Desde 1999, Venezuela está a la vanguardia en
materia de derechos humanos (DDHH) con una de las constituciones
políticas más avanzadas de la región
latinoamericana en términos del reconocimiento y
adopción de las obligaciones estatales establecidas en
instrumentos jurídicos Nacionales e Internacionales. No
obstante, su implementación constituye un importante reto
en materia de políticas públicas y
participación popular.

En ese marco, se introducen en este informe los
fundamentos conceptuales y metodológicos para la
constitución en la Parroquia Corazón de
Jesús, del Municipio Barinas, Estado Barinas; del primer
(FREEINJUSS) el cual por ser pionero y fundamentarse en el
Programa de Formación de Grado (PFG) Estudios
Jurídicos, que se dicta en la "Misión Sucre" por
intermedio de la "Universidad Bolivariana de Venezuela". Y por
ser los cursantes del decimo (X) semestre, modalidad fin de
semana, de la Aldea "Pio Tamayo"; (2007 I / 2012 I) quienes
impulsan esta Propuesta, se fundamentara con un enfoque de
derechos en cuanto a la participación popular y ciudadana.
Así mismo se persigue el objetivo de motivar a los
estudiantes de la UBV, independientemente del PFG o semestre que
cursen, para que se integren a la propuesta y de esta manera se
logre, mediante la Interacción y engranaje, una mejor
estrategia de abordaje a las comunidades donde se lleve a cabo el
proyecto comunitario que ejecuten.

Considerando que cada PFG puede aportar a los
múltiples Proyectos Comunitarios; desde su visión,
función y misión una inmensa gama de alternativas y
propuestas que se fundamentan en sus estudios académicos,
métodos científicos y diversos conocimientos
adquiridos durante y mediante el desarrollo de la actividad
estudiantil en la UBV. Se convocaran a conformar parte activa y
protagónica dentro de cada comunidad y desde esta
perspectiva y método de participación conformar los
(FREEINJUSS) dentro de cada comunidad en la cual desarrollen sus
proyectos comunitarios.

Históricamente se han creado vicios y antivalores
que promulgan la división y exclusión de los grupos
vulnerables. Estos no son ajenos a nuestra organización
estudiantil, ya que actualmente enfrentamos embates de divisiones
sociales, políticas e ideológicas que generan
fuertes enfrentamientos en el ámbito cotidiano. Ejemplo de
lo aquí descrito se puede palpar cuando un grupo
estudiantil se encuentra ejecutando un proyecto en determinada
comunidad y, otro grupo de diferente PFG o diferente semestre
intenta trabajar en la misma comunidad.

Ilógicamente se genera una situación de
rechazo, donde se pretende imponer la jerarquía del
más antiguo o de quienes se autoproclaman pioneros en la
localidad, sobre quienes abordan la misma o quizás otra
problemática dentro de la comunidad. Situación que
lejos de demostrar la formación académica,
ideológica y sociopolítica que hemos desarrollado
mediante nuestros estudios, muestra antagónicamente una
debilidad que corroe cualquier buen desempeño que podamos
tener y por ende se denigra la calidad y cualidad de nuestra
institución educativa así como nuestra calidad y
cualidad como humanos y profesionales.

Estamos convencidos que el deber ser se fundamenta en la
Interacción de cada actor, organización social,
organismos públicos y en fin cada ciudadano que sienta y
padezca la realidad actual desde un enfoque ético, justo e
igualitario; donde la participación sea el cimiento del
empoderamiento de la Justicia Comunitaria y "La Suprema Felicidad
Social".

Consecuentes con nuestros principios de: Democracia,
participación, cooperación, corresponsabilidad,
solidaridad, igualdad y justicia; así como comprometidos
con nuestros objetivos, realizamos esta propuesta con la
finalidad de que puedan ser ajustadas e implementadas
según los requerimientos de los distintos Programas de
Formación de Grado que dicta la Universidad Bolivariana de
Venezuela (UBV), con la intención de formar profesionales
sociales y no mercantiles. Es así como formalmente
autorizamos al Lector para que realice ajustes (de forma) con la
finalidad de acoplar a sus proyectos comunitarios las
líneas generales de esta Propuesta.

Bajo esta perspectiva, los (FREEINJUSS) permiten
supervisar la realización progresiva de los derechos y
Deberes Constitucionales; mostrar y vigilar la continuidad de las
mejoras e incentivar los ajustes normativos cuando así se
requieran para asegurar la equidad y la no discriminación
de las minorías y demás grupos vulnerables; todo
ello con el fin de alcanzar el objetivo de la justicia social y
"La Suprema Felicidad Social".

La conceptualización del (FREEINJUSS) que se
propone en este documento se basa en la importancia de que tales
instancias logren influir efectivamente en la toma de decisiones
a nivel comunitario, local y por ende incida en el ámbito
legislativo y de gobierno, convirtiendo los descubrimientos y
hallazgos de las investigaciones y monitoreo que realicen en
insumos (recomendaciones y propuestas) para la
construcción de agendas públicas que promuevan la
consolidación, por un lado, de una sociedad activamente
involucrada en el conocimiento, ejercicio y exigencia (o
justiciabilidad) de sus derechos, y por el otro, de un Estado con
fortaleza institucional capaz de cumplir con las obligaciones
voluntariamente adquiridas para con sus ciudadanos/as; y
así impulsar y promover la participación y el
protagonismo popular.

En tal sentido, se presentan los conceptos y
definiciones básicas relacionadas a lo que en general
suele definirse como un (FREEINJUSS) hasta focalizarlo al nivel
de un medio de Participación Popular para los Derechos
Sociales y, posteriormente, se proponen un conjunto de ejes o
pilares de actuación así como líneas y
ámbitos estratégicos de acción para su
puesta en marcha. El (FREEINJUSS) de Derechos, propuesto parte de
las obligaciones del Estado de respetar, proteger y satisfacer el
cumplimiento de los DDHH así como los contenidos
normativos (o componentes) de los mismos; adicionalmente, se
definen las áreas de acción y se plantea la
necesidad de una lista definida de indicadores de derechos que
permitan la sistematización de información
confiable, válida, coherente, útil y oportuna para
la toma de decisiones.

Posteriormente se expone cómo y con qué
desarrollar las labores de monitoreo y evaluación del
(FREEINJUSS), así como el recorrido metodológico
que implica la selección y/o construcción de
indicadores de derechos, las ventajas y desventajas de su
utilización así como los retos y desafíos
que enfrenta la aplicación de este enfoque.

¿Qué es un (FREEINJUSS)?. El planteamiento
para la creación surge de los hechos sociales del
ámbito jurídico relativamente recientes y evidencia
la necesidad que ha surgido al interior de las sociedades de
realizar un seguimiento sistemático y permanente a
distintos aspectos de las relaciones humanas.

En el mundo entero coexisten experiencias tanto de
instituciones públicas u Organismos, como de
organizaciones sociales encargadas de sistematizar
información sobre la realidad de una situación o
fenómeno en particular como el mercado de trabajo, la
democracia, los medios de comunicación, los procesos
electorales, entre otros aspectos. El término ha sido
aplicado para describir instituciones de muy variada naturaleza,
por tanto, no existe un significado unívoco y ello ha
generalizado la idea de que el (FREEINJUSS) es básicamente
un medio de información y participación popular
directa reduciendo su complejidad. La implementación de un
sistema de información como elemento medular de un Frente
De Interacción Endógeno no implica que su
única función sea generar indicadores confiables a
través de la conformación de redes de
recolección de los datos existentes y que se perciban en
cada coyuntura.

Además de recabar, organizar, clasificar y
sistematizar datos e información, un Frente De
Interacción Endógeno, indistintamente de su objeto
de estudio, tiene entre sus funciones analizar
(estructura-contextura) de la sociedad y sintetizar la
información generada y difundirla. El uso del
término Frente de Interacción Endógeno de la
Justicia Social, el sentido que aquí destacamos, se
refiere a aquellos "…espacios con acceso
público de producción de conocimiento para apoyar,
monitorear y evaluar desde la etapa de diseño las
políticas sociales que generan equidad e igualdad en la
sociedad".

Bajo la perspectiva planteada, la tarea de los frentes
está orientada no sólo hacia la producción
de información para determinadas personas o instituciones,
sino que además debe tener la capacidad de influir en el
diseño y contenido de las políticas públicas
orientándolas hacia un enfoque de derechos que permita su
materialización efectiva y satisfactoria para la
población históricamente excluida y vulnerada del
país.

La Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (CRBV) (ANC, 1999: art. 2) define
explícitamente al Estado como social y democrático,
de derecho y de justicia. Un Estado social realiza sus objetivos
fundamentalmente a través de la legislación y la
administración pública y no exclusivamente por
medio de la Constitución, es decir, no sólo es
necesaria la garantía formal para el ejercicio de los
derechos sino algo más importante: la
materialización de sus contenidos, su "concreción
efectiva".

Así pues, el criterio definitorio de un Estado
social es la posibilidad real de garantizar socialmente los
derechos fundamentales de la ciudadanía y no sólo
su consagración jurídica. El incumplimiento de las
obligaciones contraídas por parte del Estado da cuenta de
un déficit en materia legal, presupuestaria,
administrativa, logística o de cualquier otra
índole, lo que ha ocasionado una deuda social que
actualmente el gobierno socialista que lidera el Presidente Hugo
Rafael Chávez Frías ataca contundentemente, pero
que deja ver la falta de compromiso de quienes ejerciendo
funciones publicas apuestan al fracaso del Proyecto Nacional
Simón Bolívar, los Objetivos del Milenio y la
Justicia Comunitaria.

Es tarea del (FREEINJUSS) de derechos, mostrar y hacer
visibles a la opinión pública esas deficiencias al
igual que registrar y denunciar los casos donde se muestren
flagrantes o potenciales violaciones a los DDHH. También
es imprescindible que el (FREEINJUSS) identifique y muestre los
progresos y avances por parte del Estado en relación con
la realización progresiva de los Derechos Sociales y de
cada Política Publica que el Ejecutivo Nacional
diseña para reivindicar y de alguna manera cubrir la deuda
social que existe en el país; así se puede
desmontar cualquier matriz de opinión que no tenga
fundamentos.

Un (FREEINJUSS) con enfoque de derechos es una
herramienta para investigar, analizar, monitorear y evaluar la
actuación del Estado y sus actores en relación al
respeto, protección y cumplimiento de los derechos,
orientado a fomentar la participación y
movilización de las comunidades, así como el
fortalecimiento de la institucionalidad estatal. Dada la
complejidad que implica hacer realidad la idea de un (FREEINJUSS)
con enfoque de derechos es imprescindible plantear su
formulación en varias fases o etapas entre las cuales
deben considerarse imprescindible las siguientes:

a) la definición de un marco
teórico-conceptual, así como la definición
de objetivos claros y precisos necesarios para la
implementación de las estrategias.

b) el establecimiento de los aspectos
metodológicos a partir de una agenda de temas a describir,
monitorear y analizar para posteriormente ser
sistematizados.

c) una alianza institucional para su funcionamiento
(redes de apoyo y de información).

d) la constitución de un equipo de trabajo
transdisciplinario donde tenga cabida la ciudadanía como
actor clave para las actividades del FREEINJUS.

e) la evaluación del impacto que genera el
monitoreo sobre las políticas públicas, las leyes y
los procedimientos administrativos mediante diagnósticos
participativos o cualquier otro mecanismo que garantice la
participación de la ciudadanía. De manera que cada
actor que integra el frente pueda realizar sus evaluaciones
según sea su campo de estudio.

Este informe busca generar aportes para los cuatro
primeros puntos así como algunas orientaciones respecto al
último elemento; el primero de ellos mediante una
propuesta de ejes o pilares de actuación, el segundo,
referido al caso específico de la Justicia Social y los
derechos sociales, dada la necesidad de acotar el amplio
catálogo de derechos que contempla el marco
jurídico internacional y nacional. El tercer punto se
complementa con la Interacción con los Organismos del
estado y por ultimo el cuarto punto se fundamenta en la
Participación Ciudadana como columna vertebral.

Por tal motivo es importante señalar cada una de
las bases necesarias para la constitución y
creación de los (FREEINJUSS) en cada aldea Universitaria
de la UBV.

Ejes o pilares de
actuación de un (FREEINJUSS)

Cuatro pilares (ver diagrama 1) orientan la
actuación de los comités o mesas técnicas
(en cada consejo comunal) mediante el aporte que pueden generar
los estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela en lo
que respecta a el desarrollo de los proyectos comunitarios que se
ajusten a los requerimientos de las comunidades y la
jerarquización que estas tengan en base a sus
problemáticas existentes. Es así como cada
FREEINJUSS sirve de elemento articulador e impulsor de
Interacción de sus diversas actividades. No existen
criterios jerárquicos entre ellos, privando la
integralidad y la simultaneidad de los procesos que permiten su
desarrollo efectivo. Estos ejes de actuación son los
siguientes:

Diagrama 1. Ejes o pilares de
actuación de un (FREEINJUSS)

La importancia del empoderamiento radica en la
legitimidad que conllevan las decisiones consultadas a los
ciudadanos. Los equipos técnicos en trabajo conjunto con
las comunidades pueden potenciar la capacidad de las decisiones
tomadas mediante una visión holística de la
problemática de la comunidad acelerando su solución
y el alcance de las metas propuestas. La única forma de
mejorar las condiciones de vida de la población menos
favorecida es dándole el poder y las herramientas
institucionales para lograrlo. Es aquí donde
jugarían un papel fundamental los diversos PFG de la
UBV.

La participación en la toma de decisiones sobre
asuntos que involucran y afectan directamente a los/as
ciudadano/as, es un requisito indispensable para la
consolidación de la democracia social y política y
para alcanzar "La Suprema Felicidad Social".

En Venezuela, los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (DESC) tienen, al igual que los Derechos Civiles y
Políticos (DCP) rango constitucional; y por tanto, son de
obligatorio respeto, protección y satisfacción por
todos los órganos y funcionarios/as del Poder
Público en cualquiera de sus ramas y niveles. Por esta
razón orientamos nuestro Proyecto "Justicia Comunitaria"
en la óptima, efectiva, eficiente e incluyente
aplicación de las normas y leyes vigentes en nuestro
país.

1. Investigación, análisis, monitoreo y
evaluación de políticas públicas y
legislación.

Todo (FREEINJUSS) desarrolla un conjunto de actividades
medulares, entre ellas la investigación, el monitoreo, el
análisis y la evaluación de políticas
públicas y de la legislación. La
investigación permite comprender los fenómenos
más allá de la realidad donde suceden a
través de la incorporación de conceptos,
metodologías y experiencias que enriquecen el
análisis coyuntural de las políticas, favoreciendo
la consolidación del enfoque de derechos en su contenido.
Las tareas básicas del componente de investigación
deben ser coherentes con los objetivos y la agenda pública
desarrollada.

El monitoreo (o seguimiento) y la evaluación son
procesos íntimamente relacionados que en ocasiones tienden
a confundirse teóricamente. Monitorear implica la
documentación continua de las inequidades en el tiempo;
mientras que evaluar connota atención a las circunstancias
que contribuyen a las inequidades. Ambos permiten generar
información útil para los procesos de toma de
decisiones e incluso para la rendición de cuentas como
instrumento de contraloría social de la gestión
pública. Esta asociada íntimamente a la
organización comunitaria (consejo comunal).

A pesar de que ninguno remplaza al otro, tienen una
característica en común: comprenden las mismas
etapas para su realización aunque, como cabría
esperar, producen información de distinto tipo. La
evaluación no es una fase residual del monitoreo, sino por
el contrario, la armonía y complementación entre
ambos es la garantía de una observación capaz de
producir recomendaciones con factibilidad para incidir en los
cambios necesarios, respetando las diferencias conceptuales y
operacionales existentes (ver cuadro 1).

Cuadro 1. Principales
características de la evaluación y el
monitoreo

La evaluación: consiste en el
análisis coyuntural producto de la Investigación,
Acción Participativa (IAP) que se realiza en la comunidad
estudiada a fondo; compara la planificación con los logros
reales. Se centra en los productos respecto de los insumos
(Cuantitativo Vs Cualitativo), los resultados respecto del costo
(Factibilidad económica del método), los procesos o
métodos utilizados mediante el desarrollo del proyecto
comunitario (UBV) para alcanzar resultados, la pertinencia
general (Objetivo general), el efecto y la sostenibilidad.
Responde por qué y cómo se obtuvieron los
resultados.

El monitoreo: observa la evolución,
supervisa, analiza y documenta los progresos registrados. Se
centra en los insumos (Cuantitativo), las actividades, los
productos, los procesos de implementación, la
continuación de la pertinencia (Objetivo
específico), los resultados probables a nivel de efectos
directos. Responde qué actividades se realizaron y
qué resultados se obtuvieron. La evaluación
contempla un conjunto de etapas desde el punto de vista
analítico (ver diagrama 2), que van desde la
definición del propósito y los intereses de la
evaluación hasta llegar a las decisiones concretas como
consecuencia de las recomendaciones que resultan de los hallazgos
que permitan en el marco de sus limitaciones los mecanismo de
recolección de información y el análisis de
los resultados.

Diagrama 2. Fases del proceso
analítico de la evaluación

2. La abogacía

Dado que los determinantes de la inequidad en el acceso
a los derechos son en su mayoría de carácter
sociopolítico y económico, es necesaria la
abogacía entendida como movilización ciudadana
encaminada hacia la promoción de leyes y de
políticas públicas para disminuir las injusticias y
desigualdades de la seguridad social. La abogacía "es el
proceso de promover y apoyar una posición, argumento,
política o creencia en particular lo cual implica una
intención de facilitar el cambio hacia una meta u objetivo
determinado". También puede definirse como "…el
proceso de usar la información en forma estratégica
y de actuar para cambiar las políticas a fin de mejorar la
vida de los desaventajados".

El elemento medular que distingue el concepto
"abogacía" de cualquier otro es el apoyo a las
políticas favorables a la realización de los
derechos. Las acciones de abogacía pueden tomar, entre
otras, las siguientes formas:

a) Informar a los interesados mediante la
divulgación de material informativo que coadyuve en la
sensibilización a la opinión pública sobre
la importancia del enfoque de derechos sociales y la
participación ciudadana como pilar de la justicia
comunitaria.

b) Incorporar en la agenda pública la
preeminencia de los derechos en la formulación de leyes,
políticas públicas y procedimientos
administrativos.

c) Formar redes de organizaciones comunitarias a favor
de los derechos; estas que podrán constituirse como parte
de los Consejos Comunales de cada comunidad. En concordancia con
la (C.R.B.V.), Ley Orgánica de Participación
Popular, Ley Orgánica de los Consejos Comunales, entre
otras que brindan al ciudadano medios de
participación.

d) Influir directamente en la aplicación y
elaboración de normas jurídicas y en la toma de
decisiones en cuanto a políticas públicas y
justicia social se refiere.

3. El empoderamiento de las comunidades para la
transformación social

El empoderamiento es la capacidad de las comunidades de
identificar por sí mismas los déficits de derechos
y justicia social que presentan y de poner en marcha los
mecanismos de exigibilidad de su cumplimiento al Estado. De tal
manera que "una comunidad empoderada es capaz de tomar sus
propias decisiones y de iniciar acciones respecto a sus problemas
prioritarios. Si las decisiones externas la afectan, una
comunidad empoderada es capaz de ejercer influencia sobre las
otras entidades que toman decisiones".

El empoderamiento es un proceso que sólo es
posible facilitar, no se decreta. La ciudadanía toma las
decisiones pertinentes en temas relacionados con su comunidad,
con su cotidianidad, con su entorno. La importancia del
empoderamiento radica en la legitimidad que conllevan las
decisiones consultadas a los ciudadanos. Los FREEINJUSS, en
trabajo conjunto con las mesas técnicas conformadas en los
consejos comunales de las comunidades pueden potenciar la
capacidad de las decisiones tomadas mediante una visión
holística de la problemática, acelerando su
solución y el alcance de las metas propuestas.

La única forma de mejorar las condiciones de vida
de la población menos favorecida es dándole el
poder y las herramientas institucionales para lograrlo. La
participación en la toma de decisiones sobre asuntos que
involucran y afectan directamente a los/as ciudadano/as es un
requisito indispensable para la consolidación de la
democracia social y política; por ende "La Suprema
Felicidad Social".

4. El fortalecimiento institucional

Tiene dos propósitos: por una parte, que las
instituciones mejoren sus propios procesos, estrategias e
intervenciones para ser más efectivos en la
reducción de inequidades sociales; y por la otra,
desarrollar (o fortalecer) capacidades y habilidades en los
diferentes actores para el abordaje de las inequidades de forma
efectiva.

El apoyo y la asistencia a instituciones tanto
públicas como privadas permitirán colaborar en la
adecuación de sus procedimientos y programas hacia un
enfoque que privilegie los derechos y por ende la justicia
social.

El fortalecimiento de la institucionalidad del Estado
venezolano es un requisito fundamental para el logro de sus fines
esenciales (CRBV, 1999: art. 3) tales como la defensa y el
desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, la
promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo y la
garantía del cumplimiento de los principios, derechos y
deberes reconocidos y consagrados constitucionalmente. Los
órganos y funcionarios de la Administración
Pública Nacional (APN) deben estar única y
exclusivamente al servicio de la ciudadanía sin
exclusiones o parcialidades y orientados bajo los principios de
honestidad, participación, celeridad, eficacia,
eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y
responsabilidad (CRBV, 1999: art. 141).

Derechos, contenidos normativos y obligaciones
estatales

Iniciar el trabajo hacia la construcción de un
(FREEINJUSS) de Derechos que contemple un sistema de
interacción, información, de evaluación y de
monitoreo sobre el cumplimiento de las obligaciones estatales
establecidas en la CRBV y que esté orientado por una
agenda pública de amplio consenso y compromiso ciudadano,
requiere primordialmente y como requisito "sine qua non",
identificar los siguientes aspectos:

a) Aldea/s Universitaria de (UBV) que funciona en la
comunidad.

a) Equipo estudiantil o, FREEINJUS dentro de la
comunidad.

b) Organización social existente con quien se
realizara el análisis mancomunadamente.

c) los derechos o problemáticas a monitorear
(pueden ser uno o varios)

d) sus respectivos contenidos normativos.

e) los principios constitucionales del
derecho.

f) las distintas obligaciones (tanto generales como
específicas) del Estado (como principal titular de
deberes) para garantizarlos.

g) los distintos sujetos de derechos establecidos en la
Constitución.

1. Los derechos

Las necesidades humanas son anteriores a cualquier norma
escrita y alcanzan el status de derechos desde el momento en que
"…se objetivan, se institucionalizan y se traducen en
normas y leyes, (…) convirtiéndolas en
aspiraciones, y éstas, en obligaciones…" (Contreras
Baspineiro, 2003). En tal sentido, los derechos son "valores no
negociables" que representan un producto social o
histórico. En Venezuela, los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (DESC) tienen, al igual que los Derechos
Civiles y Políticos (DCP) rango constitucional; y por
tanto, son de obligatorio respeto, protección y
satisfacción por todos los órganos y
funcionarios/as del Poder Público en cualquiera de sus
ramas y niveles.

2. Contenidos normativos

La comprensión de lo que implica la
realización plena de los DDHH pasa necesariamente por
conocer el contenido de los mismos. A cada derecho está
asociado un conjunto de elementos, características o
componentes normativos que en sí mismos corresponden a las
obligaciones específicas del Estado respecto a aquel. El
contenido representa lo que se puede exigir en relación al
derecho, siendo tarea fundamental de la ciudadanía su
conocimiento, ejercicio y exigencia a través de la
participación, la interacción y la abogacía.
Se ha tomado, a manera de ejemplo, el derecho a la vivienda
adecuada, para mostrar los componentes respectivos (ver cuadro
2).

Cuadro 2. Contenidos normativos
del derecho a la vivienda adecuada

La importancia de conocer los componentes de los
derechos radica en que a partir de cada uno de éstos es
posible un monitoreo efectivo de las políticas
públicas, disgregando las obligaciones del Estado en
ámbitos más específicos, lo que permite a su
vez ir reportando avances concretos (o retrocesos) en cada una de
las áreas que contempla su realización. Por
consiguiente, cada componente involucra determinadas
garantías entendidas como aquellos medios que
señala la ley para que el derecho sea
satisfecho.

3. Obligaciones estatales

Los Estados tienen obligaciones transversales, las
cuales corresponden a aquellas garantías que atañen
a todos los derechos por igual, tal es el caso del principio de
no-discriminación. Así mismo, también pueden
distinguirse obligaciones de comportamiento (respetar, proteger y
cumplir). Según el Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC,
Observación General No. 14) "la obligación de
respetar exige que los Estados se abstengan de injerirse directa
o indirectamente en el disfrute de los (…) derechos. La
obligación de proteger requiere que los Estados adopten
medidas para impedir que terceros interfieran en la
aplicación de las garantías previstas en el
(PIDESC).

Por último, la obligación de cumplir
(Hacer) requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de
carácter legislativo, administrativo, presupuestario,
judicial o de otra índole para dar plena efectividad a los
derechos y Justicia social".

A su vez, la obligación de cumplir comprende las
obligaciones de facilitar, proporcionar y promover el goce y
disfrute de los derechos. Como es lógico, además de
estas obligaciones de carácter general, cada derecho
conlleva obligaciones específicas (Dar, hacer y no
hacer).

Siguiendo con la dinámica anterior se presenta
una selección de obligaciones estatales en relación
al derecho a la vivienda adecuada; política pública
que hoy día cuenta con la "Gran Misión Vivienda
Venezuela". (Ver cuadro 3).

Cuadro 3. Obligaciones del Estado
en relación al derecho a la vivienda adecuada

4. Principios constitucionales

La CRBV establece ciertos principios o adjetivos
atribuibles a la forma como debe ser expresado cada derecho
social. Los principios son importantes para un monitoreo efectivo
del cumplimiento de los derechos ya que éstos son los
elementos que deben orientar la acción de la
institución estatal en función de las obligaciones
contraídas. Siguiendo con el ejemplo los principios
constitucionales del derecho a la vivienda adecuada son los
siguientes:

a) justicia social.

b) igualdad.

c) equidad.

d) solidaridad.

e) progresividad.

f) sostenibilidad,

g) participación (CRBV, 1999).

5. Sujetos de derechos.

La Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela contempla importantes obligaciones
estatales en materia de DDHH (en especial los DESC), no obstante,
para el verdadero ejercicio de los derechos es necesario el
reconocimiento de los sujetos de derecho. Los titulares
fundamentales y especiales de derecho que establece el marco
constitucional venezolano son los siguientes:

a) la familia

b) los niños/as y los adolescentes.

c) los/las jóvenes.

d) los ancianos/as.

e) los trabajadores/as.

f) las personas con discapacidad.

g) los pueblos indígenas.

¿Qué significa monitorear con
enfoque de derechos?

El establecimiento de los derechos, como se ha indicado
antes, es necesario pero no suficiente para su cumplimiento y
ejercicio ciudadano ni para el alcance de la equidad y la
justicia social, por lo tanto, es preciso monitorear las
políticas públicas bajo un enfoque de derechos para
conocer si éstas influyen positivamente en su
realización.

Es decir, una vez identificado los contenidos
normativos, las obligaciones estatales, los principios y los
sujetos del derecho, es el momento de vigilar el cumplimiento de
los compromisos adquiridos por el Estado, tanto a nivel local,
nacional como internacional, en torno al respeto,
promoción y desarrollo de los DDHH, a través de un
sistema de seguimiento y evaluación de las
políticas públicas.

El enfoque de derechos es un marco conceptual que
incluye dos aspectos: el normativo y el operacional. El normativo
se refiere a que está orientado por las normas
internacionales sobre DDHH y el operacional tiene su base en la
promoción y protección de los DDHH.

El principal objetivo de este enfoque es la
formulación de políticas y programas que generen
avances en la realización progresiva de los DDHH,
identificando tanto a los sujetos de derechos (y aquello a lo que
tienen derecho) para que sean plenamente reivindicados, como a
los titulares de deberes, para que cumplan con las obligaciones
que le incumben. Por tanto, monitorear con enfoque de derechos
significa:

a) identificar garantías y obligaciones
estatales, dado que éstas aunadas a la
participación ciudadana representan el eje central del
diseño de políticas públicas basadas en los
derechos constitucionales.

b) centrar la atención en las necesidades de
grupos y sectores vulnerables.

c) articular las medidas que competen a todos los
poderes públicos en torno a la promoción de los
DDHH y la justicia social.

d) formular un sistema de monitoreo y evaluación
de la actuación del Estado y sus resultados.

e) fortalecer el sistema de administración de
justicia para que todos los derechos constitucionales puedan ser
defendidos por esta vía.

f) otorgar importancia a la data desagregada y a los
niveles locales y micro-locales cuyas características y
realidades se ven desdibujadas por los indicadores
agregados.

Cuando al monitorear una política pública
quede en evidencia "…la articulación racional de
acciones y omisiones del Estado, basadas en las obligaciones
contraídas voluntariamente por éste a través
de distintos instrumentos de derechos humanos y en la
definición participativa de los principales problemas y
necesidades…" de las comunidades, estamos en presencia de
un modelo de gestión con enfoque de derechos. La
importancia de esta perspectiva se centra en la posibilidad
de:

a) crear una cultura de transparencia y rendición
de cuentas por parte del Estado.

b) evaluar el cumplimiento de las obligaciones del
Estado en materia de DDHH a nivel local, nacional e
internacional.

c) identificar barreras y obstáculos que incidan
negativamente sobre la realización de los
derechos.