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Compatibilidad del desarrollo económico con la equidad social en la República Dominicana (página 2)



Partes: 1, 2, 3, 4

La industria nacional, por su parte, enfrenta el
imperativo de modernizarse e incrementar su eficiencia. La
dualidad entre zonas francas y la industria nacional no solo
radica en la marcada orientación exportadora de las
primeras y la reducida integración entre ambas;
también en la calidad y eficiencia productiva que
caracteriza a las zonas francas, producto de su inmersión
en la competencia de los mercados internacionales y de las cuales
carecen un gran número de empresas de la industria
nacional. La firma del DR-CAFTA presenta enormes retos para la
industria nacional.

Por una parte, la exportación, directa o
indirecta, exige altos estándares de calidad, capacidad de
abastecer grandes volúmenes y cumplimiento puntual de los
tiempos de entrega. Por otra parte, la competencia en el mercado
interno, sobre todo en bienes estandarizados y con bajo valor
agregado, se intensificará.

Hay varias iniciativas que el gobierno ha puesto en
marcha para el fomento industrial y la innovación. Los
fondos comprometidos por el gobierno central son insuficientes
para que las iniciativas tengan el efecto esperado y se les pueda
dar continuidad.

En consecuencia, incluso las iniciativas más
recientes persisten en tratar por separado a las zonas francas de
la industria nacional, contribuyendo a la dualidad entre estos
dos sectores de la industria manufacturera dominicana.

1.7.1- EMPRESAS Y CLASIFICACION

Conforme a datos ofrecidos por la Oficina Nacional de
Estadísticas (ONE) en el "Directorio de Empresas y
Establecimientos 2010", la República Dominicana cuenta con
Treinta y Nueve Mil Veintinueve (39,029) empresas formales. De
las cuales una (1) de cada tres (3) empresas pertenece al sector
comercio, mientras una (1) de cada nueve (9) a la industria
manufacturera.

Las empresas del sector formal registradas en el
país se distribuyen, según su principal actividad
económica, de la siguiente manera: 33.8% pertenece a
comercio, 11.0% a industrias manufactureras, 7.2% a actividades
inmobiliarias, 7.0% a actividades profesionales,
científicas y técnicas, 6.5% a actividades
financieras y de seguros y 5.5% a alojamiento y servicios de
comida.

Además, 5.4% de las empresas son de algún
nivel de enseñanza y 4.4% de algún sector de la
construcción. El restante 19.2% se reparte entre las
demás actividades económicas no mencionadas
anteriormente.

Sobre la ubicación quedó demostrado que
los tres grandes polos poblacionales concentran la mayor cantidad
de las empresas: 42 de cada 100 empresas localizan su oficina
principal en el Distrito Nacional y 7 de cada 10 están
ubicadas entre el DN, la provincia Santo Domingo y la ciudad de
Santiago.

Por otro lado, el 98.2% del total de las empresas del
país son micro, pequeñas y medianas empresas, de
acuerdo con el informe financiero de la Tesorería de la
Seguridad Social (TSS) de diciembre del 2010, las cuales
generan  1,290,500 empleos formales.

Según la distribución de establecimientos
por actividad, el Comercio al por mayor y al por menor y
reparación de los vehículos de motor y de las
motocicletas encabezan la lista con 27, 284; las actividades
financieras y de seguros con 6,715; Servicios Turísticos
5,147; las industrias manufactureras con 4,524; Arquitectura,
Ingeniería y Construcción 4,174, actividades
inmobiliarias 2,796; actividades profesionales científicas
y técnicas 2,736; actividades Jurídicas y de
contabilidad 835, Enseñanza 2,582, Salud Humana 1,017;
Información y Comunicación 1,292; Transporte
Terrestre y Aéreo 532.

1.7.2-TRABAJADORES PUBLICOS Y PRIVADOS

Según el Ministerio de Administración
Pública (MAP), en la República Dominicana existen
actualmente 450 mil empleados públicos, de los cuales, 270
mil  corresponden al Gobierno central y
los demás a instituciones descentralizadas. Sin
embargo, en el Sector Privado hay 1,027,583 empleos
formales.

Por otro lado, existe una alta incidencia de la
informalidad debido a la precariedad en las oportunidades y
condiciones de trabajo. Actualmente hay un total de 2,262,534
trabajadores urbanos con más de 14 años, alrededor
de 1,224,576 labora en condiciones de relativa ilegalidad, cerca
de 1,480,482 carecen de provisiones para la vejez, y unos
1,133,598 son trabajadores que laboran en unidades de
pequeño tamaño o bien trabajadores por cuenta
propia de baja escolaridad.

Los trabajadores y trabajadoras formales trabajan una
mayor cantidad de horas por semana, reciben mayor ingreso por
hora y trabajan con mayor frecuencia en actividades secundarias
que sus contrapartes informales. Asimismo, los trabajadores
formales tienen generalmente mayor satisfacción con su
trabajo que los informales, aunque las diferencias son modestas y
además surgen algunas diferencias destacables al indagar
al interno de los informales y la satisfacción con
aspectos más concretos. Por ejemplo, los trabajadores
informales se encuentran ligeramente más satisfechos que
los formales con la flexibilidad de horario en sus
trabajos.

En término general, el 57% de trabajadores ganan
menos de RD$10,000 al mes.

Proporción de la población con ingresos
inferiores a 1 dólar PPA (paridad del poder adquisitivo)
por día, 2000 – 2009

Año

Porcentaje

2000

2.20

2001

1.70

2002

2.20

2003

2.60

2004

2.95

2005

3.90

2006

3.10

2007

2.65

2008

2.50

2009

2.10

Fuente:
http://sinid.one.gob.do/

En otro orden, un alto porcentaje de la población
no cotiza para un plan de pensiones de vejez. Entre los
trabajadores por cuenta propia, la razón predominante es
que el nivel de ingreso impide un ahorro precautorio para la
vejez, razón que es también importante entre los
asalariados y los patrones de negocios propios, aunque en menor
medida. De igual modo, entre los asalariados influyen
también la convención social ("la mayoría de
los trabajos son así") y el arreglo o imposición
del empleador mediante el cual la remuneración efectiva se
reduce cortando la contribución a una pensión de
vejez ("el jefe sólo lo acepta si es así"). Un
porcentaje importante de los asalariados, especialmente los
jóvenes, muestra un alto descontento del futuro ("no vale
la pena ahorrar para tan lejos" y "prefiere que le paguen
más en el momento actual"). La desconfianza en el sistema
de seguridad social no es un factor preponderante, excepto entre
los patrones, los cuales en su mayoría están
ahorrando por cuenta propia.

Esto significa que el objetivo de lograr un mayor nivel
de empleo y de mejor calidad no debe circunscribirse a reducir el
empleo informal, sino abarcar también a elevar la calidad
del empleo en el sector formal. En definitiva, esto requiere
aumentar el nivel de productividad en el sector formal y en la
economía en su conjunto.

Asimismo, debe ponerse cuidado en que las
políticas públicas establezcan los incentivos
adecuados (haciendo atractiva la formalidad a la vez que se
sanciona la ilegalidad) para que las empresas y los trabajadores
encuentren conveniente participar en la economía
formal.

En tal contexto, la formulación de
políticas públicas en torno a la informalidad no
resulta una tarea fácil, y debe abarcar acciones que
incidan en el ámbito educativo, en la capacitación
laboral, en las regulaciones para la operación de
negocios, en la legislación laboral, en el diseño
de los esquemas contributivos y no contributivos de la red de
seguridad social, en el apoyo para el desarrollo de las micro,
pequeñas y medianas empresas, y en la fiscalización
impositiva y laboral, entre otros.

Otro indicador de pobreza es el trabajo en menores,
aunque no se dispone de cifras oficiales, se estima que en
República Dominicana hay unos 15 000 talleres
mecánicos que dan empleo a menores de edad y, si se piensa
que en cada uno de estos centros de servicios hay un promedio de
cuatro trabajadores de esta índole, la cifra global
sería de aproximadamente 60 000 menores trabajando en
mecánica automotriz. Estos talleres proliferan en las
ciudades, especialmente en los barrios pobres, donde se
convierten en una fuente importante de empleo para grandes y
chicos.

De acuerdo con una encuesta realizada por la Ministerio
de Trabajo, en República Dominicana, el número de
niños, niñas y adolescentes trabajadores (entre 5 y
17 años) es de 436 000, cifra que, en términos
proporcionales, equivale al 17% de los 2,4 millones que conforman
esa población. Las zonas rurales y las áreas pobres
de las ciudades son los lugares donde más se concentra la
explotación laboral infantil.

Con respecto a las tareas que realizan estos menores,
dicha encuesta señala que aproximadamente 28% se
desempeñan en el área de servicios personales y
domésticos (allí hay desde limpiabotas hasta
servidoras domésticas), 21% laboran en el comercio y las
ventas, 18%, en el ámbito agropecuario y 16%, en labores
artesanales y manufactureras. El resto realiza trabajos no
especificados.

Por otra parte, datos de la CEPAL (Comisión
Económica para América Latina) indican que en las
áreas urbanas solo el 25% de los adolescentes (entre 12 y
17 años) que trabajan, asisten a la escuela. En las
áreas rurales, este porcentaje se reduce
drásticamente a un15%3. Tanto en las zonas rurales como en
las urbanas, la deserción escolar supera el 50% en los
sitios de mayor concentración de trabajo
infantil.

1.7-3- CONSORCIOS EMPRESARIALES
DOMINANTES 
Los grandes consorcios empresariales en
República Dominicana están dominados por un
número reducido de familias, como son: la familia Vicini,
Bonetti , Barceló , Villeya, Hazim Azar, , Corripio,
Troncoso , Cáceres, Brugal , Ariza, León Asencio ,
Peynado , Armenteros , Haché , Vitienes , Pellerano, ,
Espaillat , Bermúdez , Tavares , Thomén,
Grullon.

De ese grupo, cuatro familias controlan la
producción de rones y cervezas. Barceló,
Bermúdez y Brugal controlan el 92 por ciento de la
producción de los rones, mientras que la familia
León Asencio domina el 90 por ciento de la
producción de cervezas.

La familia León Asencio, a través de su
empresa E. León Jiménez, a la que está
asociada la norteamericana Philips Morris, domina también
la producción de cigarrillos en un 85 por
ciento.

En la comunicación telefónica, TRICOM, de
la familia Pellerano-Ricart-Romano, ha entrado de lleno en la
competencia, al igual que la All American and Cable (AARC), donde
José Armando Bermúdez es uno de sus principales
accionistas, contra la empresa norteamericana CODETEL, que
mantiene el control. TRICOM está asociada a la
estadounidense Motorola.

La familia Vicini-Cabral hegemoniza la producción
de acero a través de METALDOM, con un 90 por
ciento.

Las familias Armenteros y Bonetti, y la familia Vitienes
hasta hace poco, controlan la producción de jabones y
detergentes en un 95 por ciento. La empresa LAVADOR, de la
familia Vitienes, en 1996 fue adquirida por la
compañía norteamericana
Colgate-Palmolive.

La producción nacional, así como la venta
de los azúcares (a nivel nacional e internacional),
está controlada por el Central Romana, de los Franjul y
por los tres ingenios de la familia Vicini-Cabral. (El Consejo
Estatal de Azúcar, propiedad del Estado Dominicano,
también incide en la producción y venta de los
azúcares y sus derivados.

Sanitarios Dominicanos, S. A., de la familia
Haché, y Cerámica del Caribe, de varios
accionistas, donde también está la familia
Haché, hegemonizan la fabricación de
sanitarios.

El transporte aéreo desde y hacia la
República Dominicana está hegemonizado por las
líneas aéreas internacionales, principalmente las
norteamericanas. Tiene cierta incidencia la Aerolíneas
Dominicanas, de J. Armando Bermúdez, que opera vuelos
internos y hacia algunos países del Caribe. (La
línea aérea nacional, Dominicana de
Aviación, sigue cerrada por descapitalización).
Pinturas Tropical y Popular de Pepín Corripio; Pinturas
Tavares, de la familia Tavares, dominan la producción
nacional de pintura.

La fabricación de cemento la
controla la familia Haché, Cementos Cibao y Cementos
Nacionales, en esta última empresa, la CEMEX es accionista
principal. (La Fábrica Dominicana de Cemento o
"Cementera", que producía el Cemento Colón, fue
vendida en 1998 por el Estado Dominicano a la Holder Bank, la
líder mundial del cemento. Esta empresa se ha anunciado
comenzará a operar con un nuevo nombre, pero su marca
seguiría siendo Cemento Colón).

La familia Villeya – San
Martín posee industrias y empresas, que son de las
primeras en la producción de fertilizantes,
agroquímicos y de financiamiento a estas actividades
productivas. Es dueña de Fertilizantes Químicos
Dominicanos (FERQUIDO), Fertilizantes Santo Domingo, S. A.,
(FERSAN), Interquímicas, S.A., e Inversiones
Agrícolas Ganaderas e Industriales, C. x A. Algunas de
estas familias, además de ser industriales nacionales, son
a la vez grandes importadores, y sirven de representantes de
empresas extranjeras. Entre estas se destacan: Euromotors, de
Pepín Corripio; Santo Domingo Motors, C. por A., de la
familia Barletta Cabral; Reid Pellerano, C. por A., de la familia
Reid Pellerano; y Delta Motors, de la familia Peynado. Estas
empresas son grandes importadores de vehículos de
motor.

Brugal y Co., C. por A., es una gran
importadora de medicinas. Distribuidora Corripio, de Pepín
Corripio; la Curacao, de la familia Pellerano-Ricart Romano; y
Plaza Lama, de la familia Lama, son los que controlan la gran
importación de electrodomésticos, siendo Corripio
el principal. El Banco Popular Dominicano, el Banco Hipotecario
Dominicano (BHD), el Banco Metropolitano, Credibanco, Banco
Regional Dominicano (Banregión), Asociación Popular
de Ahorros y Préstamos, Banco del Comercio, Banco
Gerencial y Fiduciario y el Banco del Progreso, son dominados por
estas poderosas familias que junto al City Bank (norteamericano)
y al banco de Reservas (del Estado Dominicano), controlan el
sistema financiero nacional. También dominan el negocio de
los seguros.

Estas familias controlan las universidades
privadas, las cuales reciben recursos económicos y
técnicos de organismos internacionales. En esas
universidades, son miembros de sus consejos directivos o tienen
sus representantes.En ese sentido, la Pontificia Universidad
Madre y Maestra (PUCMM), de la conferencia del Episcopado
Dominicano, tiene el apoyo sin reservas de estas familias. Uno de
sus Rectores más influyente, quien además tiene un
gran peso político nacional, es Monseñor Agripino
Núñez Collado, claro está, detrás del
Cardenal Nicolás de Jesús López
Rodríguez.

La Universidad Central del Este (UCE), es
propiedad de la familia Hazim Azar- Frapier, y fue apoyada desde
sus inicios por el gobierno de Joaquín Balaguer y por el
Central Romana.

La Universidad Acción
Pro-Educación y Cultura (APEC) tiene por presidente al Dr.
Donald Reid Cabral, Presidente en funciones del Partido
Reformista Social Cristiano.

La Universidad Nacional Pedro
Henríquez Ureña (UNPHU. El Dr. Joaquín
Balaguer le donó los terrenos para sus edificaciones y le
regaló su biblioteca personal. La Universidad
Católica de Santo domingo (UCSD), es propiedad del
Arzobispado de Santo Domingo.

La Universidad Iberoamericana. La familia
Azar Hazoury tiene en ella una presencia
significativa.

La prensa radial, escrita y televisada es
controlada por estas veinte familias. Radio Cristal pertenece a
la familia Vicini-Cabral; Editora Hoy, Publicaciones Ahora,
Editora La Razón, Editora Corripio, los periódicos
El Nacional y Hoy, Telesistema y Teleantillas, pertenecen a la
familia Corripio; Listín Diario y Ultima Hora, pertenecen
a la familia Pellerano-Ricart-Romano; el periódico El
Siglo, pertenece a la familia Peynado; Color Visión es
propiedad de los Bermúdez, El Caribe y CDN, pertenecen a
la familia Grullon, que controla el Banco Popular.

También tiene incidencia en el
turismo. La familia Barceló posee los complejos
turísticos Bávaro Beach, Villas Doradas, Eurotel y
Costa Atlántica; la familia Hazim Azar es dueña de
Playa Marota. Esta familia también dirige el Hotel
Macorix. La familia Bonetti es propietaria del Hotel Naco y
dirige los casinos de los hoteles Lina y Naco; Turismo del Norte
es de la familia Ariza.

Estas familias, además de su poder
económico y financiero, tienen su propia
institución que le facilita los recursos económicos
para sus operaciones turísticas. Esta institución
se llama Corporación de Financiamiento Turístico,
S.A.

CAPITULO II

Desarrollo humano
sostenible

2.1- CONCEPTUALIZACIÓN

El desarrollo sostenible es un proceso de cambio
progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca
como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del
crecimiento económico con equidad social, la
transformación de los métodos de producción
y de los patrones de consumo que se sustentan en el equilibrio
ecológico y el soporte vital de la
región.

Este proceso implica el respeto a la diversidad
étnica y cultural, en termino regional, nacional y local,
así como el fortalecimiento y la plena
participación ciudadana en convivencia armónica con
la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida
de las generaciones futuras.

El desarrollo local sostenible se centra en la
búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida humana en
el ámbito local. Se construye a partir del protagonismo
real de las personas (familias, niños/as, productores,
organizaciones e instituciones
locales)[7].

Para que el desarrollo local sostenible sea una
realidad, la comunidad debe fijar sus propios objetivos y metas,
tener confianza en la fuerza de la misma comunidad, valorar y
afirmar la cultura junto con el conocimiento tradicional propio y
las formas autónomas de convivencia.

2.2- ROL DEL CAPITAL Y SENSIBILIDAD
HUMANA

El desarrollo económico depende de la capacidad y
la sostenibilidad de la economía para cubrir las
necesidades individuales y colectivas mediante una
remuneración que permita el mejoramiento de la calidad de
vida y la autorrealización del trabajador.

La situación ocupacional es de primer orden para
sostener el equilibrio social. El incremento de la pobreza, la
migración y el crecimiento del sector informal son
expresiones de la limitada capacidad de uso de recursos humanos
que tiene la economía dominicana. Para dar prioridad al
desarrollo humano y a la equidad social hay que enfrentar los
problemas de redistribución de ingresos y creación
de empleos.

Una política que propenda a la
maximización de la ocupación tiene que convertirse
en una estrategia sectorial definiendo una política de
empleo por actividad. Se promoverán proyectos de
inversión que tengan impacto social en la
generación de empleos y que al mismo tiempo contribuyan a
la descentralización regional.

Las perspectivas de desarrollo y las ventajas
comparativas descansan sobre la calidad de los productos, de
ahí el énfasis en la formación de los
recursos humanos. La calificación laboral se debe apoyar
en programas específicos de capacitación dirigidos
a elevar la calificación de la fuerza de trabajo
actual.

El aumento del capital humano ha representado una
contribución modesta al crecimiento de la economía
dominicana durante las últimas décadas.

La estimación de una contribución
relativamente baja del capital humano al proceso de crecimiento
refleja la evolución de los indicadores de
escolaridad.

La base para alcanzar el desarrollo está en la
inversión en capital humano. Economías como
Japón, Corea, Taiwán y Singapur invirtieron grandes
recursos para formar el material humano que impulsara su
desarrollo. Son las economías que tienen mayor
proporción de su PIB dedicado a educación, las que
se encaminan por las sendas del desarrollo.

República Dominicana por sus condiciones
naturales debe impulsar la educación como base del
desarrollo futuro. Como estrategia, se debe establecer la meta
para que en el año 2015 no haya analfabetos en el
país. Como segunda proposición, la universidad del
futuro tiene el ineludible compromiso de preparar el capital
humano de acuerdo con las exigencias del aparato productivo
nacional, en un sistema donde se establezca la relación
universidad-empresa para formar el personal con la
preparación necesaria y suficiente para desempeñar
sus funciones en un mundo competitivo y
globalizado[8]

El objetivo ansiado es contar con mayor cantidad de
personal calificado, que haya adquirido las competencias
necesarias para actuar en la economía del
conocimiento.

En perspectiva, el desarrollo de la Republica Dominicana
implica una obligada transformación de la vida de muchos
pueblos implicados, directa o indirectamente en proyectos de
inversión en áreas económicas como las
descritas.

2.3- EL ESTADO Y EL DESARROLLO HUMANO

El desarrollo humano es la ampliación de las
libertades reales que tienen las personas para elegir lo que
valoran en la vida. Estas dependen del acceso a las
oportunidades, tanto en el inicio de la vida como a lo largo de
ella, ya que no tener acceso a una nutrición o a una
educación adecuada a temprana edad puede afectar las
posibilidades de lograr las destrezas necesarias para tener una
vida satisfactoria[9]

El régimen socioeconómico de la
República Dominicana se fundamenta en los principios de
justicia social, democratización, eficiencia, libre
competencia, protección del medio ambiente, productividad
y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano
integral y una existencia digna y provechosa para la
colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada
promueve el desarrollo armónico de la economía
nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor
agregado nacional, elevando el nivel de vida de la
población y fortaleciendo la soberanía
económica del país.

2.4- ÍNDICE DE EMPODERAMIENTO
HUMANO

El Índice de Empoderamiento Humano (IEH) mide los
logros de la población y su capacidad de hacer las cosas,
combinando la dimensión individual y colectiva, dichos
índices muestra que en nuestro país ambos tipos de
empoderamiento tiene el mismo orden de magnitud, lo cual explica
los niveles de estabilidad del sistema económico,
político e institucional en los últimos
años. Cabe destacar que estos no son valores
óptimos, sino que indican la situación dentro del
contexto nacional.

El empoderamiento permite a las personas la posibilidad
de tener poder para tomar decisiones o influir en las mismas y
hacer escuchar y respetar su voz.

Estas acciones permiten a las personas ser "agentes",
miembros activos, en el destino de sus propias vidas y
también de su comunidad o su país, y escapar del
sentimiento de "externalidad" por el cual sólo ven pasar
las decisiones que otros toman pero que afectan su propia vida.
Por lo tanto, el empoderamiento y la participación en la
toma de decisiones son medios importantes mediante los cuales
todos y todas pueden ampliar sus libertades reales y
también garantizar la equidad, la igualdad de
oportunidades.

Según el Informe de Desarrollo Humano una premisa
fundamental es que el desarrollo es la ampliación de las
capacidades y libertades reales de las personas para elegir lo
que valoran, ademas es una cuestión de poder, ya que el
poder se construye, se conquista o se redistribuye.

El desarrollo Humano es un hecho concreto de las
personas en sus circunstancias y, por lo tanto, tiene una
dimensión local; es sobre cómo y dónde vive
la gente.

2.5- INDICADORES DE DESARROLLO

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) fue creado
en 1990 a través del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD). El objetivo era poder medir los progresos
generales de un país en tres dimensiones básicas
del desarrollo humano. Para cada dimensión habían
elegido una variable que la
representaba[10]

Para evaluar el desarrollo de un país se recurre
a indicadores; tradicionalmente se ha recurrido a indicadores
económicos para apreciar el desarrollo, especialmente se
ha utilizado el Ingreso per cápita  (Producto Interno
Bruto/Población Total); sin embargo este valor no nos
indica la compleja realidad en detalles de un determinado
país, pues no toma en cuenta principalmente la disparidad
social; de tal manera que ha de recurrirse además a 
indicadores demográficos, socio-culturales y
político-sociales, para tener una aproximación
más real de la sociedad evaluada.

Uno de los indicadores preferidos es la Mortalidad
Infantil  que nos da información sobre cuántos
niños nacidos vivos mueren antes de cumplir los cinco
años de edad.

La ONU en los últimos años ha utilizado un
indicador que conjuga información de carácter
económico, demográfico y cultural; que se le ha
designado como Índice de Desarrollo Humano
(IDH).

El IDH está compuesto por tres componentes
básicos del desarrollo humano: Longevidad (medido por la
esperanza de vida al nacer), Educación (medido por la
alfabetización y los años de escolaridad) y
patrón de vida (medido por el poder de compra basado por
el ingreso per capita real ajustado a los costos de vida: paridad
del poder de compra).

El crecimiento económico que se logra debido a la
cada vez mayor producción de bienes y servicios, es apenas
una dimensión cuantitativa del fenómeno del
desarrollo, las nuevas corrientes parten de que el
fenómeno del desarrollo debe ser extendido a otros
dominios de las vida social como lo es la educación,
salud,  trabajo, calidad de vida, y medio
ambiente[11]

Entre los indicadores de desarrollo más
importante en la economía de un país
tenemos:

  • Alfabetización, educación y
    habilidades
    (alfabetización, educación,
    capacitación y habilidades, y la oportunidad para que
    todos los miembros de la sociedad aumenten sus capacidades) .
    La disponibilidad y el nivel de la educación son en
    sí mismos un indicador; también contribuyen a
    aumentar las opciones a nivel personal y social y es un
    requisito previo para una democracia y un gobierno
    mejores.

  • Salud (esperanza de vida, mortalidad materna
    e infantil y niveles de atención de salud disponibles
    en situaciones de morbilidad) .La salud y el bienestar
    físico constituyen requisitos básicos para el
    crecimiento estable de la población y la capacidad de
    funcionar regularmente de manera más
    eficaz.

  • Ingreso y bienestar económico (niveles
    altos de empleo, ingresos altos per cápita y aumento
    del producto nacional bruto, con intervenciones adecuadas
    para la protección del medio ambiente y la equidad de
    ingresos). Las inversiones y el ahorro personal son
    importantes para apoyar el cambio estructural.

  • Opciones, democracia y participación
    (participación en los asuntos sociales y
    económicos, con recompensas económicas justas,
    disponibilidad de alternativas razonables y
    participación en el proceso democrático).El
    proceso político puede permitir o inhibir el
    desarrollo. Un buen gobierno e instituciones
    democráticas adecuadas son elementos esenciales para
    la articulación de las metas sociales. Los
    participantes no mostraron gran preocupación por el
    aspecto formal de estas instituciones, pero demostraron sumo
    interés en su eficacia para cumplir las metas
    sociales.

  • Tecnología (capacidad de desarrollar
    innovaciones tecnológicas y efectuar elecciones
    tecnológicas).Son pocos los países que tienen
    la capacidad para efectuar innovaciones radicales, ya que la
    investigación y el desarrollo se vuelven más
    caros y complejos. En estos países, la capacidad, en
    términos de maneras de proceder y de riqueza,
    constituye un indicador más apto para efectuar la
    elección justa entre tecnologías en
    competencia, y para desarrollar o adaptar el ajuste de la
    tecnología a las necesidades propias de los
    países.

Según el Informe Mundial de Desarrollo Humano
2006
República Dominicana se ubica en la
posición 94 entre 177 países (con un valor de
0,751), en la categoría de países calificados de
desarrollo humano medio[12]

2.6-DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

El proceso de descentralización del gobierno en
la República Dominicana  a través de la
creación de polos regionales de desarrollo ha sido
caótico, al punto que 11 organismos estatales tienen
regionalizaciones diferentes entre sí y hay casos en que
una misma provincia puede pertenecer a dos diferentes regionales
de una misma institución.

Así se establece en el Informe sobre Desarrollo
Humano: República Dominicana  2008 que destaca que
aunque se han producido muchas iniciativas, no se ha logrado
concretizar ninguna formulación  ni establecer una
práctica sostenida de regionalización.

  Hay una gran dispersión en las
agrupaciones provinciales por lo que se hace imposible articular
una estrategia regional en el país.

La República Dominicana no tiene ningún
nivel  intermedio que efectivamente opere para planificar la
acción pública. "Ni siquiera las provincias, las
cuales tienen competencias de representación, seguridad y
otras de carácter general".

La región es la unidad básica de la
planificación integral del desarrollo. La base de esta
concepción es desconcentrar el gobierno a los  fines
de racionalizar la política de inversión
pública.

La Participación Ciudadana

Las tendencias que provocan la globalización y
las políticas de ajuste llevan al aumento de amenazas pero
también de oportunidades, donde las particularidades
territoriales son de suma importancia para desarrollar una
capacidad estratégica local. Para esta capacidad
estratégica, cada municipio dispone de un conjunto de
recursos humanos, naturales y financieros, un patrón
histórico y cultural e infraestructuras, de un saber
tecnológico que constituye su potencial de
desarrollo.

La definición de políticas sociales
está asociada a los actores que intervienen en las mismas,
y en la medida en que pueden llegar a incidir o incorporarse en
otras dimensiones. Si la participación en esas decisiones
es escasa y los usuarios se convierten en observadores pasivos de
la gestión, es porque esas decisiones se formulan de
manera exclusivamente técnica.

Los actores se definen por su relación con el
territorio, un lugar particular de la ciudad, y las relaciones
entre quienes viven allí. Las personas permanecen o se
alejan, sienten satisfacción o placer en determinadas
actividades según la semejanza o diferencia que
éstas tienen con el estilo de las actividades que se
realizan regularmente.

Es necesario analizar las características del
estilo de vida cotidiana de la población para comprender
las razones de éxito o de fracaso de algunas propuestas,
identificar las competencias de base con que cuenta y de generar
la cooperación entre actores sociales, para el logro de
propósitos compartidos[13]

Potenciando una integración desde los actores, se
podrá lograr una identidad y autonomía desde una
concepción ciudadana, demostrando la importancia de
políticas de consenso y la configuración de nuevas
áreas de solidaridad basadas en lo territorial,
económico y cultural.

La participación ciudadana apunta hacia una
transformación que imponen las demandas de la sociedad,
tanto en lo que concierne al desarrollo de una institucionalidad
de representación social capaz de controlar y presionar al
gobierno, como de búsqueda de espacios sociales en los
cuales los individuos logren producir actividades que expresen su
necesidad. Esta participación se manifiesta en
prácticas que, aunque referidas al ámbito estatal,
no pretenden ejercer una influencia directa sobre él, sino
controlarlo y presionarlo a través de la
pluralización del debate público, desarrollado por
organizaciones autónomas e informales.

2.7- SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

La globalización económica está
produciendo múltiples efectos en la sostenibilidad
ambiental. Las interacciones son tantas y tan complejas que
sería demasiado simplista afirmar que se trata de
ámbitos contrapuestos. Además no existen razones
teóricas ni evidencia empírica suficiente o
concluyente para demostrar que la relación entre
globalización y sostenibilidad ambiental sea de signo
único[14]

La escala creciente y acumulativa de las actividades
humanas ha ocasionado impactos ambientales de carácter
mundial ("males públicos globales") que no se reflejan en
los mercados pero que afectan intereses comunes globales que
escapan a las perspectivas nacionales. Se ha puesto de manifiesto
una mayor interdependencia y vulnerabilidad ambiental entre
países, independientemente de su grado de desarrollo, lo
cual confiere un carácter singular a la tercera fase de la
globalización, que corresponde al último cuarto del
siglo XX.

Los principales canales de transmisión entre el
fenómeno de la globalización y la dimensión
ambiental son los cambios registrados en los flujos de comercio,
inversión y tecnología. Se identifican los nuevos
desafíos de cooperación internacional que emergen
del reconocimiento de esta mayor interdependencia ambiental entre
los países.

La Republica Dominicana se ha planteado contribuir a la
identificación de oportunidades para elevar la efectividad
de las políticas ambientales desde el punto de vista de
los requerimientos de coordinación interinstitucionales y
de los instrumentos de política al alcance de las
autoridades, a fin de minimizar los costos económicos y
sociales en que incurre la sociedad para alcanzar sus metas de
calidad ambiental[15]

El país ha avanzado en la creación de
espacios formales e informales de coordinación de
políticas para abordar problemas ambientales
específicos; no obstante, aún es necesario avanzar
en el desarrollo de mecanismos de coordinación que
permitan articular y alcanzar objetivos más generales de
desarrollo económico, social y sostenibilidad
ambiental.

La viabilidad del crecimiento económico se ve
limitada por la posibilidad de conservar los recursos. Para esto
es necesario el estudio de los umbrales máximo y
mínimo, dentro de los cuales se pueden explotar un recurso
sin afectar al equilibrio ecológico que le sostiene, y es
responsable de su existencia.

La riqueza que puede suponer un recurso no viene,
sólo, de la eventualidad de utilización inmediata,
sino de su posibilidad de utilizarlo a largo plazo de forma
sostenible y garantizando su permanencia.

Para ello se debe investigar cuál es la
población mínima, o la cantidad del recurso
mínimo, que asegura su regeneración como especie.
Además, hay que determinar qué importancia tiene
esa especie, o recurso, en el equilibrio del ecosistema y
qué función cumple. Tan importante como asegurarse
la renovación del recurso es garantizar la persistencia
del ecosistema que le sostiene, ya que sin él el recurso
desaparece.

El desarrollo económico viene, pues, de la
posibilidad de utilizar un recurso asegurando su
regeneración y su equilibrio ecológico, y la
creación de una tecnología que haga menos agresiva
la transformación de los recursos, de manera que se pierda
menos peso en el proceso de transformación, utilizando
menos energía o la energía liberada en el propio
proceso de transformación. Cuanto mayor sea la eficacia
del proceso de transformación, y menor el consumo de
energía, mayores serán los beneficios
económicos y ecológicos.

Existen numerosas industrias que, en el proceso de
fabricación, generan calor, el cual podría
aprovecharse para producir la electricidad necesaria. Es la
cogeneración, en la cual, una planta puede producir la
energía que consume e incluso más.

Además, sería necesario crear unas
infraestructuras industriales y de transporte menos agresivas con
el paisaje. Todo ello sin renunciar al desarrollo
económico alcanzado. Pero no debemos olvidar que, si todo
el mundo tuviese un grado de consumo similar al de los
países desarrollados, el planeta no podría, con la
tecnología actual, proporcionar recursos para
todos.

Hay que tener en cuenta, que muchos de los productos
generados por la industria son difícilmente degradables.
Se debe evitar, en lo posible, que se conviertan en basura.
Muchos de los productos utilizados por la industria, como el
papel, el vidrio, las telas e incluso el plástico, son
reciclables. Además, muchas de las basuras se generan
porque los productos tienen un sólo uso. Cuanto más
utilicemos productos de varios usos menos basuras generaremos. Es
el caso de las bolsas de plástico utilizadas para la
compra, cuando hasta no hace mucho se utilizaron bolsas de tela.
La clave es reducir residuos, reutilizar productos y reciclar lo
más posible, en suma,
responsabilidad[16]

El mundo en el que vivimos forma un ecosistema muy
complejo que debemos mantener en buen estado si queremos
sobrevivir como especie. Cada vez está más claro
que el comportamiento individual tiene un impacto decisivo en el
medio y en el entorno.

CAPITULO III

Políticas
sociales de la República Dominicana

3.1- CONCEPTUALIZACIÓN

La política social surge en el marco del Estado
moderno como resultado de las luchas y conquistas de diferentes
actores sociales, religiosos, trabajadores, etc., y determina el
ejercicio de los derechos socioeconómicos.

Los objetivos de las políticas sociales
son:

1) Garantizar el ejercicio de los derechos
socioeconómicos y culturales

de toda la ciudadanía.

2) Minimizar la proporción de personas y hogares
cuyas condiciones

de vida se ubican por debajo de lo que la sociedad
considera aceptable, tanto económica como social y
políticamente.

3) Promover el desarrollo de los talentos potenciales
existentes en todos los grupos de la sociedad, eliminando
progresivamente los privilegios y las discriminaciones
jurídicamente establecidas, así como la desigualdad
de oportunidades de cualquier tipo, incluyendo aquellas asociadas
al origen social, étnico, geográfico o de
género.

4) Buscar que ni el poder ni la riqueza, ni tampoco los
frutos del progreso se concentren de tal manera que restrinjan el
ámbito de libertad para las generaciones futuras y
presentes.

Por lo tanto, el fin último de la política
social es generar procesos de distribución y
redistribución con el fin de reducir las desigualdades
económicas, sociales, culturales, institucionales y
espaciales que puedan incidir en la reducción de la
pobreza estructural y en el mejoramiento de la calidad de vida de
la mayoría de la población.

3.2- SISTEMA POLÍTICO
DOMINICANO

El sistema político dominicano está basado
en amplias facultades presidenciales para las cuales hay una
insuficiencia de pesos y contrapesos de otros sectores del
gobierno. El sistema no incluye virtualmente ningún
límite al poder del Ejecutivo para adjudicar contratos
públicos en forma directa sin el beneficio de
procedimientos competitivos (concursos de licitación,
solicitación de cotizaciones). Esta autoridad descomedida,
agravada por una limitada fiscalización, puede utilizarse
para compensar a los aliados políticos y contribuidores
financieros, de acuerdo con lo sugerido por algunos interesados
entrevistados durante la elaboración de esta
evaluación fiduciaria[17]

Debido a que muchos cargos gubernamentales se asignan
por medio de contactos personales en lugar de concursos
competitivos basados en aptitudes técnicas, el Estado
carece de un Servicio Civil profesional. Esta situación ha
traído como consecuencia una capacidad débil,
prácticas administrativas ineficientes, limitadas acciones
para hacer cumplir las disposiciones normativas,
aceptación generalizada de la falta de cumplimiento, y
disminución de la confianza pública en el gobierno
incluida su capacidad o deseo de responder a las inquietudes de
los ciudadanos o prestar los servicios necesarios. Aunque se han
emprendido múltiples iniciativas para realizar reformas en
todos los sectores del gobierno, muchas de las instituciones del
país han sido afectadas por el legado de su pasado
autoritario, época en la que predominaban la subjetividad
y las influencias personales, en vista de la ausencia de reglas y
procesos administrativos claramente definidos. Este legado
continua afectando a todos los aspectos del gobierno, creando
círculos viciosos y haciendo difícil que las buenas
prácticas se arraiguen y sirvan de elemento catalizador de
mejoras a los sistemas. Entre los problemas concomitantes figuran
los siguientes:

  • Poco acceso público a información de
    calidad y bajos niveles de responsabilización en el
    gobierno.

  • Proliferación de entes administrativos que
    con frecuencia ejercen funciones duplicativas y que solo
    raras veces coordinan sus esfuerzos.

  • Falta de procesos administrativos establecidos y,
    como resultado, uso de enfoques discrecionarios y falta de
    respuestas institucionales.

  • Limitados recursos técnicos para apoyar la
    función legislativa, produciendo como resultado
    políticas reguladoras débiles y una falta
    general de claridad y calidad en el marco
    regulador.

  • Un Comité Electoral independiente con
    limitada capacidad para controlar el financiamiento de
    campañas o regular el financiamiento de los partidos
    políticos.

La debilidad del marco de control regulatorio de la
República Dominicana y su incapacidad para desarrollar
estrategias fiscales y monetarias adecuadas se volvió
evidente en 2003 al declararse en quiebra Baninter, uno de los
bancos de propiedad privada más grandes del país,
descubriéndose serias irregularidades y prácticas
fraudulentas. Según el Banco Central, los esquemas
fraudulentos habían estado en operación durante
más de una década, sin que hubieran sido detectados
por los organismos de fiscalización.

La recompra por el gobierno en 2003 de inversiones
privadas en dos empresas eléctricas responsables de la
distribución de energía eléctrica puso al
descubierto la mala calidad del marco regulador. Aunque el
gobierno y el sector privado se han culpado el uno al otro por
los problemas del sector energético, ambos han preferido
recurrir a las negociaciones informales para superar los
problemas relacionados con la Ley General de Electricidad de
2001, en lugar de centrarse en mejorar el marco regulador del
sector de electricidad[18]

Instituciones legales débiles en la
República Dominicana han obstaculizado la gestión
económica y fomentado desincentivos que han afectado a la
calidad de las instituciones políticas. Como resultado, ni
los partidos políticos ni el personal decisorio en el
gobierno ha defendido enérgicamente políticas
económicas acertadas y transparentes apuntadas al logro
del crecimiento y una distribución equitativa de los
beneficios económicos del desarrollo. La debilidad del
estado de derecho también puede contribuir a la
perpetuación del amiguismo el cual, a su vez, debilita
aún más el estado de derecho.

3.3- OBJETIVOS DESARROLLO DEL MILENIO
(ODM)

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, constituyen las
metas finales que los dirigentes mundiales fijaron en la Cumbre
del Milenio celebrada en septiembre de 2000. Estas metas o
propósitos se conforman como una ambiciosa agenda para
asuntos tales como reducir la pobreza a nivel mundial, así
como sus causas y manifestaciones, tal y como fue plasmado en la
Declaración del Milenio (NN.UU 2000) que fue aprobada por
189 jefes de estado y gobierno[19]

Los Objetivos del Milenio se concretan en
un total de ocho puntos los cuales comprometen a los
países a tomar nuevas medidas y aunar esfuerzos en
aspectos tales como la lucha contra la pobreza, el analfabetismo,
el hambre, la falta de educación, la desigualdad entre
géneros, la mortalidad infantil y materna, la enfermedad y
la degradación del medio ambiente. El octavo objetivo, el
cual fue reafirmado en las Cumbres de Monterrey y Johannesburgo
señaladas anteriormente, insta a los países ricos a
adoptar medidas para aliviar la deuda, incrementar la asistencia
y permitir a los países más pobres el acceso a sus
mercados y tecnología. El compromiso de la
Declaración del Milenio se centra, pues, liberar a todos
los hombres, mujeres y niños de las condiciones
(lamentables e inhumanas) de extrema pobreza. Este compromiso
supone un planteamiento global por parte de los dirigentes
mundiales cara a la erradicación de la pobreza dotando
para ello recursos y disponiendo de conocimiento y
tecnologías disponibles en la actualidad.De forma
específica, los objetivos comprenden lo
siguiente:

  • Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

  • Lograr la enseñanza primaria
    universal

  • Promover la igualdad entre los géneros y la
    autonomía de la mujer .

  • Reducir la mortalidad infantil

  • Mejorar la salud materna.

  • Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras
    enfermedades

  • Garantizar la sostenibilidad del medio
    ambiente.

  • Fomentar una asociación mundial para el
    desarrollo

La Republica Dominicana ha pesar de las tasas de
crecimiento alcanzadas por la economía en los
últimos años, tiene pocas probabilidades de reducir
la pobreza en un 50 por ciento en los próximos cinco
años.

Han sido las causas esenciales las circunstancias
imprevistas, tanto internas como externas, la dificultad de
cumplir de dicho objetivo y la crisis financiera interna,
ocurrida en el 2003, en la cual varias instituciones bancarias se
vieron severamente afectadas.

Como consecuencia de esa crisis, la economía
decreció en -0.3%; la moneda se devaluó en
más de un 100%; la inflación se disparó en
forma preocupante y la tasa de desempleo pasó de un 13% a
un 19%, indicó el Jefe de Estado.

En ese contexto, la pobreza, en lugar de disminuir, lo
que hizo fue aumentar, y que no fue sino a partir del 2005 cuando
la economía nacional empezó nuevamente a
reactivarse y que los índices sociales también
comenzaron a mejorar.

Desde principios de la década de los noventa, que
es la fecha de referencia que se ha tomado para el
establecimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la
población dominicana aumentó en un 35%, al pasar de
7.2 millones de personas en 1990, a 9.7 millones en el momento
actual[20]

El producto interno bruto se elevó de
aproximadamente 123 mil millones de pesos, esto es, 22 mil
millones de dólares, a 342 mil millones de pesos, o lo que
es igual, 50 mil millones de dólares".

Otro factor que conspiró contra los Objetivos del
Milenio, fue la crisis financiera y económica global
desatada a finales del 2007, aún latente, como
consecuencia del lento y aún frágil crecimiento de
la economía global.

3.4- EDUCACIÓN Y SALUD

La educación constituye un factor clave en el
desarrollo económico de los países fundamentalmente
a través de dos vías, la educación
secundaria y universitaria contribuye al incremento de la
productividad del trabajo y por lo tanto al crecimiento
económico, la enseñanza primaria es fundamental
para lograr no solo el descenso de las tasas de natalidad o la
reducción de la pobreza, sino también para lograr
la realización personal de todos los
individuos.

La reforma del sistema educativo es una prioridad para
la República Dominicana como respuesta a la presión
de la mundialización y las exigencias de la sociedad del
conocimiento. Con el declive de sectores de la economía
tradicional como el azúcar y las minas, el desarrollo del
turismo, la entrada en la Organización Mundial del
Comercio (1995) y la posible participación al Acuerdo de
Libre Comercio de América Central ya se reconoce que la
educación es un factor decisivo para el desarrollo
sostenible de la economía. Durante los últimos
quince años se realizaron progresos significativos en
materia de reformas tanto de la educación obligatoria como
de la educación superior[21]

El sistema educativo dominicano se financia
principalmente con recursos del gobierno central, 52%, las
familias, 39.0%, y las restantes fuentes proceden de
préstamos externos, donaciones, recursos propios y aportes
de las empresas privadas.

Las estadísticas del financiamiento a la
educación dominicana revelan que los aportes de las
familias han disminuido significativamente, a partir del
año 2000, siendo la contribución del año
2005 similar al año 2000. De igual forma, el gobierno
disminuyó significativamente su financiamiento, a partir
del 2003, por efecto de la crisis económica que
obligó a realizar ajustes presupuestarios que afectaron el
gasto social de educación. Las demás fuentes de
financiamiento como los recursos externos y de otras
instituciones privadas tuvieron una importante
participación que compensó en algunos años
la reducción de los aportes del gobierno y de las
familias.

Los indicadores de cobertura y eficiencia interna del
sistema educativo dominicano evidencian que se ha avanzado muy
poco en mejorar la calidad de la educación, corregir las
ineficiencias y elevar la cobertura en Inicial y Secundaria, por
los bajos recursos que han invertido el gobierno y la
familia.

El presupuesto ejecutado del Ministerio de
Educación en 2009 ascendió a RD$30,935.88 millones,
de los cuales los gastos personales sumaron RD$21,190.75
millones, mientras que en los programas protegidos se invirtieron
en el renglón repitencia, sobre edad, deserción en
estudiantes de menores ingresos, RD$472 millones; en el Instituto
Nacional de Formación, Capacitación Magisterial,
RD$200 millones; en el Instituto Superior de Formación
Docente Salomé Ureña, RD$102.9 millones; en
reparaciones y construcciones, RD$2,517.96 millones; en equipos y
mobiliarios, RD$665.6 millones; en libros de texto y materiales
didácticos, RD$578.9 millones, y en el desayuno escolar,
RD$2,574.71 millones.

SALUD

Esta actividad registró un incremento de 3.9%,
derivado del comportamiento positivo de la salud de mercado, 2.8%
y de la salud no de mercado, 5.9%, debido al aumento de 3.1% del
número de afiliados del Colegio Médico Dominicano
(CMD). El desempeño positivo de la salud no de mercado, se
atribuye al aumento de 4.8% en el personal médico de la
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP),
para los diferentes programas de prevención de
enfermedades y la habilitación de centros asistenciales
públicos en todo el país.

En el primer trimestre de 2010, la Tesorería de
la Seguridad Social (TSS) registró recaudaciones por un
monto de RD$10,532,168,209, para un aumento de RD$1,372,725,65,
equivalente a un 14.98%, con relación al primer trimestre
de 2009, cuando los recaudos sumaron RD$9,159,442,555. El
comportamiento positivo se mantuvo en todos los indicadores. El
promedio mensual de recaudaciones pasó de
RD$3,235,584,214.00 a RD$3,510,722,736, para un ascenso de
8.50%.

Los pagos del Seguro Familiar de Salud (SFS) aumentaron
un 42.3% al pasar de RD$3,599,679,963.00 a RD$5,123,188,279;
RD$1,523,508,316 más que en el primer trimestre de
2009.

En el renglón de Seguro de Pensiones de enero a
marzo de este año se pagaron RD$4,915,796,873. En
comparación, con igual período de 2009, cuando se
registró la RD$4,297,909,263, el incremento es de un
14.37%.

Al 31 de de marzo de este año, 3 millones 700 mil
dominicanos cuentan con cobertura de salud del Sistema Dominicano
de Seguridad Social (SDSS); 2 millones 250 mil en el
Régimen Contributivo y 1 millón 452 mil 434 en el
Régimen Subsidiado[22]

El aumento en los recaudos es una evidencia de que el
registro de trabajadores y empleadores va en aumento, producto de
la confianza que genera la consolidación del SDSS en la
sociedad dominicana.

3.5.- PROTECCIÓN Y ASISTENCIA
SOCIAL

3.5.1.- SEGURIDAD SOCIAL

La seguridad social constituye el derecho de toda
persona, independiente de su condición social,
económica o de cualquiera otra índole a una
protección contra los riesgos de enfermedad, vejez,
discapacidad, cesantía por edad avanzada, maternidad y
riesgos laborales. Tiene un carácter universal, por lo que
no puede ser excluyente de nadie ni de nada.

El Sistema Dominicano de Seguridad
social

El Sistema Dominicano de Seguridad Social (DSS)
deberá proteger a todos los dominicanos y a los residentes
en el país, sin discriminación por razón de
salud, sexo, condición social, política o
económica.

Entre las características más importantes
en este sistema tenemos:

Obligatoriedad: La afiliación,
cotización y participación tienen un
carácter obligatorio para todos los ciudadanos e
instituciones, en las condiciones y normas que establece la
ley.

Integralidad: Todas las personas, sin
distinción, tendrán derecho a una protección
suficiente que les garantice el disfrute de la vida y el
ejercicio adecuado de sus facultades y de su capacidad
productiva.

Unidad: Las prestaciones de la Seguridad Social
deberán coordinarse para constituir un todo coherente, en
correspondencia con el nivel de desarrollo nacional.

Equidad: El Sistema Dominicano de Seguridad
Social (SDSS) garantizará de manera efectiva el acceso a
los servicios a todos los beneficiarios del sistema,
especialmente a aquellos que viven y/o laboran en zonas apartadas
o marginadas.Solidaridad: Basada en una
contribución según el nivel de ingreso y en el
acceso a los servicios de salud y riesgos laborales, sin tomar en
cuenta el aporte individual realizado. De igual forma, cimentada
en el derecho a una pensión mínima garantizada por
el Estado en las condiciones establecidas por la ley que le
rige[23]

Libre elección: Los afiliados
tendrán derecho a seleccionar a cualquier administrador y
proveedor de servicios acreditado, así como a cambiarlo
cuando lo consideren conveniente, de acuerdo a las condiciones
establecidas en la ley que le rige.

Pluralidad: Los servicios podrán ser
ofertados por Administradoras de Riesgos de Salud (ARS),
Proveedoras de Servicios de Salud (PSS) y por Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP), públicas, privadas o mixtas,
bajo la rectoría del Estado y de acuerdo a los principios
de la Seguridad Social y la ley que le rige.

Separación de funciones: Las funciones de
conducción, financiamiento, planificación,
captación y asignación de los recursos del Sistema
Dominicano de Seguridad Social (SDSS) son exclusivas del Estado y
se ejercerán con autonomía institucional respecto a
las actividades de administración de riesgos y
prestación de servicios.

Flexibilidad: A partir de las coberturas
explícitamente contempladas por la ley que le rige, los
afiliados podrán optar a planes complementarios de salud y
de pensiones, de acuerdo a sus posibilidades y necesidades,
cubriendo el costo adicional de los mismos.

Participación: Todos los sectores sociales
e institucionales involucrados en el Sistema Dominicano de
Seguridad Social (DSS) tienen derecho a ser tomados en cuenta y a
participar en las decisiones que les incumben.

Gradualidad: La Seguridad Social se desarrolla en
forma progresiva y constante con el objeto de amparar a toda la
población, mediante la prestación de servicios de
calidad, oportunos y satisfactorios.

Equilibrio financiero: Basado en la
correspondencia entre las prestaciones garantizadas y el monto
del financiamiento, a fin de asegurar la sostenibilidad del
Sistema Dominicano de Seguridad Social.

3.5.2.- PLAN SOCIAL DE SALUD

El Plan Social de Salud de la República
Dominicana tiene por objeto promover, proteger, mejorar y
restaurar la salud de las personas y comunidades; prevenir las
enfermedades y eliminar inequidades en la situación de
salud y accesibilidad de los servicios.

El Estado canaliza una parte de los recursos obtenidos
de la población de más altos ingresos en
función de su capacidad de pago, por medio de la
cotización obligatoria u otros mecanismos establecidos por
los instrumentos jurídicos pertinentes, hacia aquella
parte de la población cuyos ingresos sean insuficientes
para autofinanciar su atención, ya fuere por
condición social, vejez o enfermedad. Este principio se
aplica dentro de cada una de las instituciones que forman parte
del sistema, respetando su autonomía y objeto
social[24]

La función de Financiamiento a las prestaciones
de atención a las personas de menores ingresos se
transfiere, vía subsidio a la oferta, al Seguro Nacional
de Salud, el cual compra los servicios en los establecimientos de
salud que se organizaran a través de redes de
prestación con vocación pública,
descentralizadas y de ámbito regional. Estas redes
posteriormente conformarán los Servicios Regionales de
Salud, con autonomía jurídica y
administrativa.

3.5.3- PLAN DE PENSIONES

La República Dominicana posee un régimen
previsional de limitada cobertura, donde coexisten los programas
básicos de previsión social que lleva a cabo el
Estado, los planes de pensiones ofrecidos por algunas empresas
privadas y desde 1998 los fondos de pensiones ofrecidos por las
AFPs bajo un esquema voluntario.

En lo que concierne al Estado, la mayor actividad es
realizada a través del Instituto Dominicano de Seguros
Sociales (IDSS), el cual además de pensiones ofrece
servicios asistenciales en materia de salud, seguros de
accidentes de trabajo y sobrevivencia. Están obligados a
cotizar al IDSS los trabajadores con ingresos de hasta RD$
4,012.00 mensuales, equivalentes a US$250.00 (doscientos
cincuenta dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica) o cuya actividad laboral, por su nivel de
riesgo, requiere estar cubierta. Los recursos que percibe el IDSS
son administrados bajo un régimen de reparto.

Asimismo, las empresas privadas por iniciativa propia
han creado planes de pensiones para cubrir el retiro de sus
trabajadores. Existen a su vez empresas o instituciones de
carácter estatal que han desarrollado sus propios planes
de pensiones que son manejados de manera similar a los fondos de
pensiones de las empresas privadas. Dentro de este ámbito
funciona el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas
y la Policía Nacional (ISSFAPOL).Tanto los fondos de las
empresas privadas como los de instituciones estatales y las
Fuerzas Armadas son administrados bajo el sistema de
reparto[25]

El Poder Ejecutivo creó en agosto de 1996 la
Comisión de Reforma de la Seguridad Social, con
carácter tripartito, que tenía como asesores un
equipo técnico de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). Dicha Comisión presentó una
propuesta de Ley marco, denominada "Ley de Bases de la Seguridad
Social", que auspicia un sistema mixto de dos pilares, con un
primer pilar de capitalización colectiva (reparto),
administrado por el Instituto de Seguridad Social (ISS) de
naturaleza estatal, y un segundo pilar complementario de ahorro
individual, de administración privada.

En ese contexto surgen las Administradoras de Fondos de
Pensiones privadas (AFPs), amparadas en principios
constitucionales y de derecho privado, al no existir en la
actualidad una Ley específica sobre la materia. El modelo
de servicio y de gestión escogido por las Administradoras
es el de capitalización individual.

En el país a partir de abril de 1998 se crean las
AFPs, existiendo a la fecha cuatro Administradoras que son la
Administradora de Fondos de Pensiones Popular, la Administradora
Fiduciaria, la Administradora American Life y la AFP
Siembra.

Es preciso destacar que en noviembre de 1998 se
creó la Asociación Dominicana de Administradoras de
Fondos de Pensiones (ADAFP) siendo sus miembros las
Administradora de Fondos de Pensiones antes señaladas,
cuyos objetivos fundamentales consisten en estrechar los
vínculos entre las AFPs, promover y coordinar las
actividades de sus asociados, propiciar el establecimiento de un
marco legal adecuado para el desarrollo de un sistema de fondos
de pensiones basado en el ahorro individual y mantener relaciones
con instituciones análogas de otros
países.

ADAFP está consciente de que es una necesidad
proveer a los trabajadores y empleados de un sistema de pensiones
confiable que les asegure en el momento de su retiro una
pensión digna. Para lograr estos fines se hace necesario
una reforma al sistema de pensiones, para adecuarlo a las
necesidades actuales de la población y que a su vez
contribuya al crecimiento económico del
país.

En ese sentido, constituye un compromiso y un gran reto
para la membresía de ADAFP crear un ambiente propicio para
el buen funcionamiento de las Administradoras de fondos de
pensiones, de manera que se garanticen los recursos de los
afiliados y niveles adecuados de las pensiones que se otorguen en
este sistema basado en la capitalización
individual.

Para asegurar que las administradoras existentes
así como las que pudieran surgir tengan el nivel solvencia
y de activos sujeto a riesgos que permitan en todo momento
preservar los fondos administrados ADAFP ha recomendado a sus
miembros establecer mecanismos de autorregulación que
permitan un adecuado control interno tanto operativo y
administrativo como de gestión de las
AFPs[26]

En lo que concierne al marco legal que servirá de
base al sistema de pensiones, en septiembre de 1998 un grupo de
Senadores sometió al Congreso Nacional un Proyecto de Ley
sobre Seguridad Social basado en capitalización
individual, el cual a pesar de tener algunas inconsistencias,
establece un sistema moderno de Seguridad Social que de manera
eficiente permite otorgar pensiones dignas para los trabajadores
en el momento de su retiro.

3.6- GABINETE SOCIAL

Es una instancia de coordinación de la
formulación, ejecución y evaluación de las
políticas sociales vinculadas a las instituciones que lo
integran.

Esta integrado por un conjunto de instituciones
públicas, establecidas por el Poder Ejecutivo, con el
objetivo de coadyuvar a la definición, establecimiento y
seguimiento de la agenda estratégica de la política
social; conocer, atender y dar seguimiento a las demandas
sociales; recomendar acciones preventivas para el abordaje de
problemas reales y potenciales que pudieren afectar el sector
social; y dar seguimiento a la ejecución de estos
programas y planes.

 Las funciones generales del Gabinete de
Coordinación de Política Social establecidas en el
Decreto que instituye los Gabinetes Sectoriales de
Coordinación de Políticas son las
siguientes: 

  • Coordinar el proceso de formulación,
    ejecución y evaluación de las políticas
    sociales del gobierno.

  • Diseñar, establecer y dar seguimiento a una
    agenda estratégica del sector social e informar
    oportuna y consistentemente al Presidente de la
    República sobre su evolución.

  • Conocer, atender y dar repuesta colegiada y efectiva
    a la demanda social en las materias vinculadas a su
    ámbito de acción.

  • Recomendar al Presidente de la República,
    cursos de acción preventiva para el abordaje de
    problemas reales y potenciales que pudieren afectar el
    sector.

  • Analizar y hacer recomendaciones acerca de los
    asuntos de carácter general que tengan relación
    con las Secretarías de Estado y demás
    instituciones que lo integran.

  • Estudiar los temas que afecten la competencia de
    varias Secretarias de Estado y que requieran la
    elaboración de propuestas conjuntas, previa a su
    resolución.

  • Responder ante el Presidente de la República
    del comportamiento general del sector que coordina, de manera
    particular sobre la eficacia y calidad de la ejecución
    presupuestaria de las instituciones que lo integran,
    así como del impacto alcanzado por sus
    ejecutorias.

3.7- DESEMPEÑO
MACRO-ECONÓMICO

El Banco Central de la República Dominicana
presentó a la consideración de los agentes
económicos y el público en general, el balance
preliminar del desempeño macroeconómico del
país durante 2009 en el contexto de América
Latina.

Los resultados obtenidos para 2009 muestran que el
país pudo sortear con éxito los efectos de la
crisis global, y que desde finales del pasado año registra
un proceso sostenido de reactivación
económica.

Al cierre del año 2009, la economía
dominicana creció 3.5%, el crecimiento más alto de
América Latina, sustentado en las actividades
económicas orientadas a satisfacer la demanda interna,
estimuladas por las medidas de política monetaria y
fiscal[27]

Las bajas presiones inflacionarias en la mayoría
de países latinoamericanos, con excepción de
Venezuela, contribuyeron a la flexibilización de la
política monetaria.

En República Dominicana, la
inflación fue de 5.76%, por debajo de lo programado en el
Programa Monetario y en el acuerdo Stand-by el FMI. Para
contrarrestar los efectos de la crisis, durante el 2009 el Banco
Central adoptó un conjunto de medidas para dar mayor
liquidez a la economía, reactivar el crédito y
reducir las tasas de interés.

En adición, ejecutó una política
cambiaria que permitió la estabilidad relativa de la
moneda y aumentar la competitividad de nuestras exportaciones
respecto a la mayoría de las economías
latinoamericanas.

A pesar del deterioro del entorno internacional, el
flujo de inversión extranjera directa fue favorable,
ocupando el tercer lugar entre los países de
América Latina en mayor inversión extranjera como
proporción del PIB.

En 2010, los resultados preliminares del Indicador
Mensual de Actividad Económica (IMAE), muestran que la
tendencia de crecimiento en enero-febrero se ubica en torno al
6%, lo que refleja el sostenido proceso de recuperación
iniciado en el último trimestre de 2009.

Esta tendencia permite estimar que la economía
crecería en el trimestre enero-marzo alrededor de 6%, y
podría superar las proyecciones de cierre de
2010.

La inflación acumulada durante el primer
trimestre fue 2.33%, lo que permite augurar, considerando la
estacionalidad de la economía dominicana, que la
inflación se mantendrá durante el año 2010
en el rango establecido en el programa monetario.

Asimismo, el aumento de 11.4% de las exportaciones de
bienes nacionales y de 14.2% de las importaciones nacionales
durante los primeros dos meses de 2010, son consistentes con la
reactivación de la actividad comercial. Igualmente, la
llegada de pasajeros no residentes creció 3.97% en
enero-marzo.

El crecimiento durante siete meses
consecutivos de este indicador refleja una recuperación
gradual de la actividad turística.Por su parte, el riesgo
país dominicano registra un nivel similar al promedio de
la región latinoamericana, lo que contribuye a mantener el
flujo de inversión extranjera hacia el
país.

Como resultado de las medidas adoptadas
durante 2009, el crédito al sector privado en moneda
nacional, mantiene un crecimiento anualizado de 16.4% a marzo
2010, consistente con la expansión del PIB
nominal.

Esto refleja la canalización de
RD$41,889.2 millones del sistema financiero hacia la
economía en dicho período, particularmente a los
sectores productivos.

Este dinamismo del crédito ha sido
impulsado por las bajas tasas de interés,
efectuándose operaciones entre 8% y 9% para
adquisición de viviendas y otras actividades.

A la par de este comportamiento, el sector
financiero refleja mejorías en sus principales indicadores
de gestión.

En materia fiscal, las recaudaciones han
mejorado al aumentar en 6.6% durante el periodo enero-marzo 2010
respecto al mismo periodo del año pasado. Esto
contribuirá a cumplir la meta establecida para 2010 en el
acuerdo con el FMI.

En síntesis, los resultados de la
presente publicación evidencian que la economía se
encuentra en un franco proceso de recuperación, mejorando
la posición del país en el contexto
latinoamericano.

Tal como reconoció el propio FMI en su más
reciente comunicado: "La política fiscal
contra-cíclica, apoyada por una política monetaria
acomodaticia y el financiamiento externo, ha evitado una
profundización de la ralentización económica
y está sustentando la incipiente
recuperación".

Esta tendencia, junto a la esperada recuperación
de la economía de los Estados Unidos durante la segunda
mitad del año, permite augurar un crecimiento
económico para 2010 superior al estimado en el acuerdo con
el FMI, con mayores niveles de empleo y control de la
inflación, en un ambiente de crecimiento con estabilidad
macroeconómica.

3.8- EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL

El gasto social es el mecanismo por excelencia que
tienen los gobiernos para mejorar las condiciones de vida de la
población. En República Dominicana el gasto social
es extremadamente bajo lo que es un reflejo del reducido
tamaño del Gobierno en la economía y la baja
prioridad del gasto social en el gasto total. El gasto social ha
tenido un comportamiento pro-cíclico en los últimos
10 años por lo que cae drásticamente en el contexto
de la crisis económica reciente. El retorno a la
estabilidad macroeconómica y las proyecciones de
reducción de la inflación tendrán un impacto
positivo en el gasto social para el 2010. Sin embargo, dados los
bajos niveles de ejecución en el primer cuatrimestre del
año, el gasto social podría ser el más bajo
en los últimos años, ubicando al país como
el que menos gasta en salud y educación en toda
América Latina y el Caribe. El país deberá
en el corto y mediano plazo aumentar el volumen de recursos
destinados a los sectores sociales, en particular,
educación, salud y seguridad social. En el contexto de las
restricciones estructurales que enfrenta el Gobierno Central, los
esfuerzos deberán estar encaminados en los próximos
años a la asignación de mayor prioridad del gasto
social dentro del presupuesto nacional y a la mejora de la
efectividad y eficiencia del mismo.

3.8.1.- EN EL SECTOR EDUCACIÓN

En los últimos 45 años la República
Dominicana se ha acostumbrado a destinar un bajo porcentaje del
presupuesto a la inversión en educación,  lo
que ha dado como resultado escuelas con pocos recursos y la
ubicación del país en los últimos lugares en
relación con la calidad educativa.

Los gobiernos no han tenido como prioridad ese
renglón y  lo demuestran con  el problema del
financiamiento, que no ha sido consistente a través del
tiempo, pues en algunos años aumenta pero en otros
baja.

En el 2009, el país dispuso de  RD$67,995.90
millones en el sector educación, de los cuales el gasto
funcional del Gobierno Central   alcanzó
RD$36,816.10 millones,  equivalente a un 10.8% del gasto
total y 2.2% del PIB, mientras que las familias sin incluir el
nivel superior invirtieron en ese año  RD$31,179.80
millones.

Entre 2004 y 2009, el presupuesto ejecutado por el
Ministerio de Educación fue de RD$127,716.61 millones y el
de Educación Superior para  2006-2009,
ascendió a RD$17,356 millones. En 2009, Educación
Superior gastó en actividades centrales RD$223.5 millones;
en servicios de educación superior, RD$70.7 millones; en
servicios de ciencia y tecnología, RD$18.8 millones; en
administración de contribuciones especiales, RD$1,593.48
millones y en administración de activos, pasivos y
transferencias, RD$3,726.34
millones[28]

Ambas instituciones realizan esfuerzos por superar
escollos, y aunque se requieren más recursos, lo que se
debe hacer con los existentes es darle el uso correcto para
continuar la mejora del sistema educativo nacional. De acuerdo
con los expertos, los resultados en educación nunca se ven
a corto plazo.

Los recursos ejecutados  por las instituciones de
educación superior en el país entre 2005 y 2009
alcanzaron RD$14,400.00 millones, de los cuales la Universidad
Autónoma de Santo Domingo gastó RD$12,798.21
millones y las demás universidades RD$1,601.83
millones.

Aunque la inversión mejoró 
levemente  a partir de la entrada en vigencia de la Ley
General de Educación, la 66-97, no supera la mitad de lo
que obliga esa legislación. El gasto público en
educación desde 1995 hasta el 2009, en relación al
PIB, no sobrepasó el 2.5%.

La ley dispone que el gasto en ese sector debe ser igual
al 16% del gasto total del Gobierno y el 4% del PIB, pero a pesar
de ese mandato legal ni siquiera llega al 15 ni al 3%,
respectivamente. Las disposiciones de esa ley no han sido
cumplidas por ninguno de los gobiernos.

En lo adelante, uno de los grandes retos de los
gobiernos será aumentar el presupuesto de la nación
para incrementar el gasto social, sobre todo el de
educación, y así cerrar la brecha que el
país tiene con el resto de la región, pero
además  pagaría la deuda histórica con
los sectores marginados del país.

Si se quiere hacer de República Dominicana una
nación más competitiva, se debe priorizar  en
educación para elevar la competitividad y productividad de
los recursos humanos haciéndolos más capaces a
través de la enseñanza, convirtiendo el centro
educativo en un eje, en una verdadera comunidad de aprendizaje,
pero para lograrlo hay que hacer cuantiosas inversiones en ese
sector, no mañana, sino hoy. 

El presupuesto ejecutado del Ministerio de
Educación en 2009 ascendió a RD$30,935.88 millones,
de los cuales los gastos personales sumaron RD$21,190.75
millones, mientras que en los programas protegidos se invirtieron
en el renglón repitencia, sobreedad, deserción en
estudiantes de menores ingresos, RD$472 millones; en el Instituto
Nacional de Formación, Capacitación Magisterial,
RD$200 millones; en el Instituto Superior de Formación
Docente Salomé Ureña, RD$102.9 millones; en
reparaciones y construcciones, RD$2,517.96 millones; en equipos y
mobiliarios, RD$665.6 millones; en libros de texto y materiales
didácticos, RD$578.9 millones, y en el desayuno escolar,
RD$2,574.71 millones.

3.8.2.- EN EL SECTOR SALUD

El gasto público en salud ha sido bajo, entre el
1% y el 2% del PIB, muy inferior a los patrones internacionales
(3%). Este porcentaje representa un tercio de todo lo que el
país destina al cuidado de la salud, los dos tercios
restantes lo gastan las familias. Además, el 70.8% del
gasto es directo, no programado a través de alguna forma
de aseguramiento.

El 50% del gasto público en salud se dedica a la
atención a las personas, mientras solamente el 14% se
dedica a salud colectiva y el 3.5% a las acciones de
rectoría.

Esta estructura de gasto en salud privada y
pública afecta principalmente a las familias más
pobres, las que tienen generalmente peor salud y utilizan menos
los servicios disponibles, aún cuando la atención
sea gratuita. La mala calidad de la atención
pública incide en que incluso las personas de escasos
recursos gasten parte de su presupuesto en pagar servicios de
salud privados pensando que estos pueden ser mejores. Hay que
notar que, si bien la enfermedad puede ser una pesada carga para
la población pobre, las enfermedades catastróficas
pueden convertirse en calamidades económicas aún
para los no pobres, tanto por la pérdida de ingresos como
por los costos del tratamiento.

El gasto general en salud en la República
Dominicana es de un 7% anual, como proporción del Producto
Interno Bruto (PBI), lo que con relación a la
región es considerado
aceptable[29]

El gasto en salud en el país se asigna
básicamente a los hospitales,  que manejan más
del 40% de los recursos, mientras los centros ambulatorios
obtienen menos del 20%.

Las farmacias y otros establecimientos que distribuyen
medicamentos tienen  el 15% de los recursos.

Hay una gran debilidad técnica en el personal
responsable, tanto a nivel de Salud Pública como en las
instituciones descentralizadas",  afirma el
documento.

Se da trato inadecuado a la población que acude a
los centros de salud. El país tiene los más altos
costos en los precios de los medicamentos.

Los programas de salud colectiva requieren ser
reformados y modernizados, hay problemas con el financiamiento y
se ha funcionado en base a donaciones y préstamos
internacionales. También ha habido flujo de dinero
asignado ante coyunturas o emergencia nacional.

3.8.3.- DISTRIBUCIÓN DEL
INGRESO

3.8.3.1.- COEFICIENTE GINI

El coeficiente Gini, inventado por el estadístico
italiano Corado Gini es un número entre cero y uno que
mide el grado de desigualdad en la distribución del
ingreso en una sociedad determinada. El coeficiente
registraría cero (0.0= desigualdad mínima) para una
sociedad en la que cada miembro recibiera exactamente el mismo
ingreso y registraría un coeficiente de uno (1.0=
desigualdad máxima) si un miembro recibiera todo el
ingreso y el resto no recibiera nada.

Partes: 1, 2, 3, 4
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