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Compatibilidad del desarrollo económico con la equidad social en la República Dominicana (página 3)



Partes: 1, 2, 3, 4

El coeficiente Gini es una herramienta muy poderosa pero
su validez depende directamente de la calidad de los datos
estadísticos usados para calcularlo. Infortunadamente, no
hay normas internacionales en esta materia. Esto significa que el
coeficiente Gini puede ser manipulado hasta cierto punto por los
analistas del ala izquierda que podrían buscar censurar
las desigualdades extremas o por las alas derechas conservadoras
que podrían querer demostrar que esa desigualdad es
mínima. Por lo tanto se debe tener cuidado para asegurarse
de la objetividad de la fuente de cada gini antes de sacar
conclusiones apresuradas.

Según las cifras más recientes de la
República Dominicana, nuestro país cuenta con un
índice de gini de 0.50, lo que nos posiciona como una
sociedad con un alto nivel de desigualdad de ingresos. Esto no
debe sorprender a nadie, es obvio con tan sólo salir a la
calle. Sin embargo, es interesante cómo el coeficiente de
gini de nuestro país ha evolucionado a partir de
1992:

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Si bien es cierto que el país todavía
cuenta con una gran desigualdad, también es cierto que las
cifras muestran que con el paso del tiempo la República
Dominicana se convierte más equitativa, no obstante que
los niveles de desigualdad siguen
altos[30]

3.9- CANASTA BÁSICA DE BIENES Y
SERVICIOS

Es el conjunto representativo de bienes y servicios que
con mayor frecuencia adquieren los hogares y que representan un
gasto importante en el consumo total, que satisfacen directa o
indirectamente necesidades de consumo final.

Los alimentos que integran la canasta básica
familiar como los cereales y sus derivados, las grasas
comestibles, diferentes tipos de carnes, granos (habichuelas),
plátanos, leche, espaguetis, huevos, vegetales, entre
otros, concluyeron los meses de enero hasta agosto con una
inflación de un 15% más que en 2007, que fue de un
10%[31].

En junio de 2009, para adquirir cualquier familia estos
productos esenciales, tenía que disponer de RD$16,000.00,
ya que los costos de dichos alimentos aumentaron, con una
inflación de un 15%. Sin embargo, durante los meses de
septiembre a diciembre pasó de un 15% al 12%; o sea, que
luego de la caída de los precios del petróleo y por
ende de los combustibles y sus derivados, la tasa de
deflación fue de un 3% menos con relación a los
meses anteriores de ese mismo año.

Tras un crecimiento de un 15% más que el
año anterior, entre los meses enero-septiembre, la
inflación fue 12% más que en 2007, tal y como se
reflejó al cierre de este año.

Según el último informe del Banco Central
de la República Dominicana, el salario mínimo el
pasado año quedó en unos RD$7,115, y el costo para
adquirir los principales productos básicos fue de
RD$16,000.00. En el año 2008, el salario mínimo se
ha comportado en unos RD$7,400, y el precio de esos productos se
incrementó en RD$18,000.00. Significativamente, el aumento
de los alimentos redujo el salario de los empleados
dominicanos.

El Banco Central entiende por canasta familiar
básica el costo de una serie de productos de la dieta
diaria que, aunque no son consumidos por igual por todas las
familias, sirve como referencia para establecer el monto de un
hogar dominicano compuesto, como mínimo, por cuatro
miembros.

Ese monto aproximado no incluye productos y servicios
vitales para la conservación de la vida, tales como el
pago por consumo de energía eléctrica,
comunicación, transporte, educación, vivienda,
salud y farmacia, entre otros. Razón por la cual, al
anexar el propio Banco Central el costo de estos últimos,
señala que la canasta familiar básica se eleva a
37,624 pesos mensuales.

CAPITULO IV

Riqueza,
bienestar y
equidad social

4.1-
CONCEPTUALIZACIÓN

Las políticas sociales constituyen el mecanismo
redistribuidor de la riqueza más importante de un Estado.
Pueden asegurar la protección social de sus habitantes y
disminuir las desigualdades en el interior de la sociedad. Al
hablar de desigualdades es importante recordar que el Estado de
Bienestar no sólo influye sobre las desigualdades de clase
social, sino también sobre las de género, ya que
algunas intervenciones afectan especialmente a las condiciones de
vida de las mujeres.

En la actualidad, aflora la necesidad de la
reivindicación de lo social como aspecto fundamental del
bienestar y el desarrollo, en la que asume la perspectiva
ética como elemento base con sustancial de la
construcción del cambio progresivo. El análisis de
equidad resume aspectos cualitativos y cuantitativos de las
relaciones sociales y el desarrollo, además de que
funciona como eje de articulación entre lo
económico y lo social, mostrando la mixtura de elementos
económicos, sociológicos y de otras disciplinas de
las ciencias sociales que dan una perspectiva mucho más
integradora y completa del problema de
estudio[32]

4.2- CARACTERÍSTICAS DE LA
POBREZA

En la República Dominicana el índice de
pobreza alcanza niveles extremos y en algunos casos alarmantes;
sin embargo, ante esta problemática, todos los sectores
gubernamentales, empresariales y constitucionales mantienen la
lucha incesante para proporcionar una mejor calidad de vida a
toda la población en igualdad de condiciones.

Entre las características más importantes
que pudiéramos mencionar tanto en pobreza como en
desarrollo están: El Analfabetismo, El Desempleo, La
Desnutrición, Falta de Servicios Básicos,
Condición Sanitaria Deplorable, Mortalidad Infantil y
Emigración.

En las últimas décadas nuestros servicios
básicos han decaído en un 60% gracias a la falta de
seguimiento de nuestras autoridades, no existen sistemas
pluviales adecuados, una vez que enfrentamos lluvias, nuestras
vías de acceso se inundan provocando entaponamientos y
deslizamientos de tierras en los lugares bajos de nuestro
territorio[33]

En cuanto a salud , mortalidad infantil y adulta, las
cifras hablan que existe un 20% de niños que son
abandonados en centros públicos con SIDA a causa de la
irresponsabilidad de los padres, se estima que para el 2009
más de 54,000 niños de nuestro país quedaron
huérfanos a causa de este grave mal.

El desempleo generalizado en muchos sectores de la
sociedad, da lugar a la emigración incesante en busca de
nuevas oportunidades; estas por lo general se hacen en
embarcaciones pequeñas sobrecargadas, donde los
tripulantes arriesgan sus vidas y sus propias esperanzas de
ayudarse y brindarles una vida decente a los familiares que
aquí dejan. El porcentaje sin lugar a especulaciones es de
hasta un 6% anual.

Las cifras disponibles indican que en la actual
década la pobreza en general en la República
Dominicana ha evolucionado conforme a etapas bien diferenciadas;
niveles bajos y estables, con aumentos muy significativos hasta
alcanzar el máximo en el 2010 , exceptuando el año
2007 donde se produjo una desaceleración de la
reducción de la pobreza en general. Estos comportamientos
están asociados con choques económicos internos y
externos.

En el caso de la pobreza extrema, se observa una
desaceleración en la disminución de la pobreza en
los años 2007 y 2008, pero a partir del 2009 se observa un
aumento en la intensidad de la caída, asociado con los
niveles de protección de los programas sociales del
Gobierno Dominicano y con la disminución de impactos
negativos de la crisis financiera global.

4.3- DISTRIBUCIÓN DE LA
RIQUEZA

El crecimiento económico y
la distribución de los ingresos para
la economía Dominicana desde hace mucho tiempo,
se ha comportado desigualmente y convertido en
una cultura capitalista inequitativa, con
referencias económicas desiguales desarrolladas
en el proceso de distribución tanto en los
sectores primarios como
pequeñas empresas y grupos obrero-agricultores,
como secundarios y terciarios este ultimo compuesto por
grandes empresas capitalistas.

Las ganancias obtenidas por estos
sectores se contraponen entre si desarrollando grandes brechas de
crecimiento económico y desigualdad vigentes hasta hoy,
obteniendo como resultado una exclusión
socio-económica de los sectores más desmejorados,
por lo cual la tendencia prioritaria dentro de
las acciones estratégicas de contingencia
social, se encuentra en ser un país más
equitativo, preocupado por superar la extrema pobreza y
mejorar la inequidad en la distribución
del ingresos, generando estrategias que
impliquen reformas en una multiplicidad de factores
socio-económicos.

Sin embargo los porcentajes de ingresos per
cápita siguen siendo uno de los principales
factores inequitativos, permitiendo el asentamiento de la
pobreza total.

Si bien a aumentado el acceso de los
sectores pobres a la economía capitalista el
ingreso sigue siendo insuficiente, y
las variables de empleo, salud,
educación, etc. siguen en contraste con la
desigualdad.

El monto del Presupuesto para el año 2010,
alcanza un total de RD$378,997.5 millones, de los cuales,
RD$263,032.9 millones (14.5% del PIB), corresponden a Ingresos y
Donaciones y RD$115,964.6 millones a recursos provenientes de las
Fuentes Financieras.

El valor correspondiente a los Ingresos y Donaciones,
contempla un monto de RD$258,932.8 millones, de Ingresos
Internos, equivalentes al 14.3% del PIB, distribuidos en
RDS243,870.20 millones (13.5% del PIB) por concepto de Ingresos
Tributarios y RD$15,062.6 millones (0.8% del PIB) a Ingresos no
Tributarios. Asimismo, se proyectan Donaciones por un monto de
RD$4,100.0 millones, las cuales son destinadas a financiar
Inversiones.

Dentro de los Ingresos Tributarios, las partidas mas
importantes comprenden los Impuestos: sobre Mercancía y
Servicios (RD$149,649.5 millones), incluyendo el ITBIS, sobre
Ingresos (RD$58,348.5 millones) y al Comercio Exterior
(RD$24,010.7 millones)[34].

El Proyecto de Presupuesto para el año 2010,
alcanza un total de RD$378,997.5 millones, de los cuales
RDS310.861.3 millones corresponde a Gastos y RDS68,136.2 millones
a las Aplicaciones Financieras.

En el caso de los Gastos, Presupuestados en RD$310,861.3
millones, los mismos representan el 17.2% del PIB, en
términos nominales, de los cuales los Corrientes alcanzan
RD$225,534.7 millones, (72.6%) y los de Capital, RD$85,326.6
millones, (27.4%), equivalentes al 12.5% y al 4.7% del PIB,
respectivamente. En resumen, esta distribución del gasto,
en adición a la política fiscal para el
próximo año, contemplan disminuir el déficit
fiscal de 3.1% del PIB en el 2009, a 2.6% para el 2010,
determinando una modificación de la estructura de esos
egresos, priorizando el Gasto de Capital y el destinado a los
Sectores Sociales, por encima de los demás
gastos.

Para la protección de sectores vulnerables de la
economía y la población; y para la estabilidad
social y económica en general, el Estado Dominicano debe
garantizar la liberalización tanto para el comercio como
para las inversiones que puedan incentivar tanto el crecimiento
como la distribución de la riqueza, al permitir una
participación más amplia de agentes en el mercado
(sin monopolios u oligopolios), la generación de
economías de escala (mayor productividad) y el
aprovechamiento de ventajas competitivas relativas.

El Estado debe garantizar la privatización, ya
que se considera que los agentes privados tienden a ser
más productivos y eficientes que los públicos,
así como la desregulación, ya que se considera que
demasiadas reglas y leyes inhiben la actividad económica y
que su reducción a un mínimo necesario propicia un
mayor dinamismo de los agentes económicos.

La mejor manera de alcanzar la distribución de la
riqueza y el bienestar de los individuos es mediante un
crecimiento total del producto, que por su propia dinámica
permea al total de los integrantes de la sociedad.

4.3.1- REPARTO DE RIQUEZA

En la economía del sector público es
importante la forma y el tipo del gasto. La teoría
clásica de la hacienda pública asigna a dicho gasto
tres funciones esenciales: a. la de asignación, b. la de
distribución, y c. la de estabilización.

A partir de esos criterios, el funcionamiento de la
economía del sector público dejará su
impronta en la asignación de los recursos, en la
distribución de la renta nacional y en el nivel de la
actividad económica.

En otras palabras, el equilibrio de esas funciones debe
ser el objetivo principal de las políticas
públicas. Su desequilibrio abre paso a la inequidad
social, a los desequilibrios macroeconómicos y a la
concentración de la riqueza vía la renta nacional.
Donde falla el mercado en la provisión de bienes y
servicios, entra o debe entrar el gasto público a
suplirlo. Si lo hace, se cumple la función de
asignación de recursos.

Sin embargo, la ejecución del Gasto Corriente en
la República Dominicana, tiene que ver, en lo esencial,
con la distribución de la renta nacional, otra
función importante en la teoría de la hacienda
pública.

La función de distribución es muy
subjetiva y su ejecución estará condicionada por el
pensamiento social de quienes gobiernan, sin obviar que las
necesidades de la población también juegan un
importante papel, ya que esas necesidades se reclaman a
través de conflictos sociales y
políticos.

El reparto de la riqueza y de la renta depende de
conceptos como distribución justa e injusta, correcta o
incorrecta, equitativo o inequitativo, etc. En esos campos, las
ciencias económicas han avanzado mucho en las 3
últimas décadas, pero en la práctica no se
ha producido un vínculo permanente entre la
creación de esos instrumentos científicos y la
ejecución de las políticas públicas
equitativas.

Mientras las ciencias económicas avanzaban
aportando instrumentos novedosos, en el mundo entero prosperaba
la práctica neoliberal de distribuir los recursos
considerando al mercado, ignorándose, la
indefensión de los grupos sociales menos favorecidos por
la riqueza.

Las características principales y el tipo del
gasto público quedan reveladas cuando se hace un
análisis económico del gasto público. Al
observar dicha clasificación se pueden determinar las
tendencias en las políticas públicas y sus
agrupamientos en función del pensamiento
político-filosófico de los grupos que controlan el
gobierno.nstitucionales

 4.3.2- POLITICAS DE SUBSIDIO
ESTATAL
El Estado dominicano a través del Plan Social
de la Presidencia ha establecido un gran número de
programas y ayudas sociales que tiene como objetivos
principales:

  • Asegurar a las familias beneficiarias un nivel
    mínimo de consumo de los bienes que componen la
    canasta básica alimentaria (CBA).

  • Impulsar que los miembros de hogares beneficiarios,
    a partir de los 5 años alcancen al menos 9 años
    de educación inicial y básica.

  • Estimular a que los jóvenes entre 14 y 18
    años accedan, permanezcan y alcancen por lo menos el
    1er. ciclo del nivel medio.

  • Incidir en la reducción de la sobreedad
    escolar, de los niños, niñas, jóvenes
    miembros de los hogares beneficiarios, con 2 ó
    más años por encima de la edad del grado
    correspondiente.

  • Contribuir a elevar el acceso a los servicios
    comprendidos en el plan básico de salud a incidir en
    la disminución de la morbilidad y mortalidad en los
    grupos de intervención, articulado con el Plan
    Nacional de Salud a fin de impactar en la reducción de
    estos índices a nivel nacional.

  • Mejorar la nutrición de los miembros de
    hogares beneficiarios, con énfasis en la
    población más vulnerable como son los
    niños y niñas entre 0 y 5 años,
    así como las mujeres embarazadas y
    lactantes.

  • Fomentar la responsabilidad y aumentar el
    conocimiento de los hogares pobres en relación
    con el cuidado de la salud y la nutrición, así
    como los derechos y obligaciones que asumen al formar parte
    del Programa.

El Programa Solidaridad integra un conjunto de
componentes como medio de implementar la estrategia de salida de
la pobreza, dando apoyo al mejoramiento del ingreso y a la
inversión en capital humano de las familias en pobreza
extrema y moderada, mediante el otorgamiento de transferencias
monetarias condicionadas al cumplimiento de compromisos
previamente acordados.

Este incorpora dos componentes básicos: i)
Componente de Salud, ii) Componente de
Educación.

El Programa ha sido diseñado para incorporar
otros componentes adicionales, en función de las
prioridades definidas por el Gabinete de Coordinación de
Políticas Sociales.

Componente de Salud

Hasta el mes de mayo del año 2009, las acciones
del Programa comprendían: capacitación que a pesar
de no ser exclusiva para salud, priorizaba la educación
alimentaria y nutricional, y la intervención dirigida a
los niños y niñas de 0 a 5 años, miembros de
los hogares beneficiarios, en el cual estos debían acudir,
al menos cada 4 meses, al centro de salud asignado en el marco
del Programa, a fines de ejecutar acciones de carácter
preventivo y de detección temprana de problemas de
salud.

Por el cumplimiento de estas acciones en salud los
hogares recibían las transferencia Comer es
Primero.

A partir de septiembre del año 2009 se inicia un
replantamiento de las intervenciones de salud
direccionándolas hacia cuatro líneas básicas
de acción:

  • Prevención

  • Apoyo a los Adultos Mayores

  • Apoyo Alimentario

  • Promoción

Componente de Educación

En la actualidad las intervenciones en educación
están orientadas al apoyo de la inscripción y la
asistencia escolar de los niños, niñas y
adolescentes, miembros de hogares beneficiarios, con edades entre
6 a 16 años, cursando entre primero y octavo grado de
educación básica en escuelas públicas y que
alcancen una asistencia mínima de 85%.  Para estos
fines se otorga al jefe o jefa del hogar, a través de la
tarjeta de débito Solidaridad, la transferencia Incentivo
a la Asistencia Escolar (ILAE).

Con miras al año escolar 2009-2010, el Programa
contempla rediseñó la intervención en
educación de manera que, además de la cobertura
existente, incida en la población de 5 años para
que obtenga 1 año de Educación Inicial, ampliar la
cobertura de grados hasta el primer ciclo de educación
medía, e incidir en la reducción de la sobreedad
escolar, al otorgar incentivos monetarios condicionados a la
participación de los niños y jóvenes
miembros de los hogares beneficiarios, con 2 o más
años por encima de la edad del grado correspondiente, en
programas de tutorías y bachillerato acelerado. Otro
aspecto que se vislumbra en el nuevo mecanismo de
intervención es la estandarización con el sistema
escolar dominicano del porcentaje de asistencia mínima
aceptado en 80% y el pago de la trasferencia creciente con el
grado aprobado, de manera que existirán 4 grupos de
trasferencias.

4.3.3-BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO.
REQUISITOS 
La población objetivo para el programa
de transferencias condicionadas de Solidaridad es aquella
que cumpla los dos criterios generales
de elegibilidad:

a). Hogares identificados y clasificados en pobreza
extrema y moderada por el Sistema Único de Beneficiarios
(SIUBEN).

b). El o la jefa de hogar debe poseer una cédula
de identidad personal valida.

Nivel de cobertura y criterios de
priorización

El programa de transferencias condicionadas de
Solidaridad atiende hogares en pobreza extrema y moderada en
todas las regiones y provincias del país.

A partir del año 2009, el Programa está
ampliando de forma gradual su cobertura en función de los
criterios de priorización para la expansión de
beneficiarios:

  • Espacial, Índice de Calidad de Vida y
    Disponibilidad Presupuestaria.

4.4- EL ESTADO GARANTE DE
RIQUEZA

El Estado es la expresión política de la
estructura económica de la sociedad y como tal debe dar
prioridad a sus obligaciones sociales. Es el garante del bien
común, cuyo valor fundamental deriva de la igualdad y no
discriminación, basado en los principios de: Equidad,
Solidaridad, Bien común, Responsabilidad social,
Convivencia Social, dignidad humana y Justicia
Social[35]

Es un sistema que se dispone a fortalecer servicios y
garantizar derechos esenciales para mantener el nivel de vida
digno para participar como miembro pleno en la sociedad y
garantizar la asistencia sanitaria, salud, educación,
trabajo, vivienda digna, indemnización de
desocupación, subsidio familiar, acceso a los recursos
naturales y culturales, entre otros, que son los denominados
derechos sociales reconocidos en la Constitución
Política.

El Estado debe crear, conservar y comprometerse  a
materializar esos derechos para satisfacer las necesidades de sus
habitantes, logrando así un bienestar general. Por ello la
justicia, la educación, la salud, la seguridad social, el
desarrollo integral del individuo y de la sociedad y la
protección de sus derechos humanos, se transforman en
funciones prioritarias del Estado.

El Estado debe fortalecer sus instituciones como
herramienta fundamental para proteger a la población,
reforzar la legitimidad de sus actuaciones, alcanzar un
desarrollo humano sostenible y asegurar la eficacia de las
políticas públicas y desarrollo del pensamiento en
pro a los derechos humanos.

El Estado debe establecer criterios de políticas
sociales, verbi gracia: invertir en el capital humano, contribuir
a la erradicación de la pobreza y su sustentabilidad en el
tiempo, y el tener la capacidad de proveer esquemas adecuados de
seguridad social para prever variaciones de ingreso de las
personas.

Desde el punto de vista de la gestión
pública, se requiere de una integralidad en la
política económico-social, caracterizada por el
proveer de servicios básicos, de infraestructura
productiva y ejercer las funciones de descentralización,
coordinación y participación de los agentes
involucrados en ella. Se debe seleccionar las políticas
privilegiando algunos sectores sociales considerados como
más vulnerables (niños, jóvenes, jefas de
hogar, discapacitados, tercera edad) y aumentar el gasto
social.

En definitiva, el Estado procurá establecer los
canales y estrategias que fueren más adecuados para lograr
generar e implementar una política pública que
pueda ser eficiente y efectiva.

4.5- COHESIÓN SOCIAL

En la República Dominicana hay una disparidad
creciente entre la capacidad de expansión mostrada por la
economía y la calidad de sus resultados sociales. En el
transcurso de las últimas tres décadas el valor
real del producto interno bruto (PIB) se multiplicó por
cuatro y el ingreso real por habitante se duplicó. Este
crecimiento, sin embargo, no se volcó con la misma
intensidad a favor de una mejoría equivalente en el plano
del bienestar social promedio de los habitantes. La discrepancia
tiende incluso a ser cada vez mayor en el período
reciente. La evolución comparada de los índices de
desarrollo humano (IDH) y del producto interno bruto por
habitante (PIBH) muestra un avance relativamente armónico
entre 1975 y 1990, pero después de este año aparece
una disociación que no ha dejado de ampliarse y en virtud
de la cual el primero de estos índices tiende a rezagarse
de manera muy marcada ante la aceleración del segundo.
Contemplado desde el ámbito de las políticas
públicas, el ensanchamiento de esta brecha es un indicio
de cómo la política económica y la
política social han discurrido por separado (y es probable
que, en algunos momentos, lo hayan hecho hasta de manera
conflictiva o contradictoria)[36].

También muestra que el proceso de
modernización de las últimas tres décadas en
la República Dominicana no dio lugar al desencadenamiento
de un círculo virtuoso entre crecimiento y desarrollo
humano. De hecho, estudios empíricos que comparan las
modalidades de interrelación entre estas dos dimensiones
básicas del desarrollo tipifican el caso dominicano como
uno de "desempeño asimétrico con sesgo pro
crecimiento. De acuerdo con dichos estudios, la experiencia
internacional del último medio siglo revela que este tipo
de desempeño está lejos de asegurar el ascenso a un
ciclo virtuoso de desarrollo (crecimiento económico
dinámico con altas tasas de desarrollo humano), y a la
larga más bien suele conducir a un "punto muerto". Por
consiguiente, esta misma experiencia internacional también
desmiente el enfoque secuencial del desarrollo, según el
cual primero hay que fomentar el crecimiento y el desarrollo
humano se dará por añadidura.

Es un hecho que el crecimiento económico
experimentado por la República Dominicana en las
décadas recientes no ha reducido ni atenuado las
escisiones sociales, las cuales en algunos casos incluso se han
profundizado como consecuencia de la mutación de la
estructura económico-productiva y la
diversificación de la sociedad. Los grupos sociales
vulnerables que son quienes resienten el mayor costo de tales
escisiones lo son porque sus miembros están expuestos al
efecto corrosivo de diversos factores de exclusión y se
ubican al margen de las redes institucionales de
protección y solidaridad. La exclusión
económica es la más visible y extendida de todas
las formas de exclusión, aunque casi siempre se
acompaña de otras sociales, culturales, políticas
que por sí mismas también generan inequidad y
pueden ser poderosas fuentes de marginación de los
individuos.

En efecto, la exclusión social tiene que ver
tanto con carencias económico-materiales como con
carencias simbólicas, entendidas éstas como una
participación parcial y hasta nula de los individuos en
las instituciones sociales
básicas[37]

La exclusión social es un concepto más
amplio que el de pobreza e indica un debilitamiento de los
vínculos sociales y una fragmentación de la
sociedad en cuyo marco la condición de excluido conlleva
una pesada carga de no reconocimiento y aislamiento de los grupos
e individuos que la padecen. La exclusión social no es el
resultado fallido de diversas estrategias individuales, sino de
un proceso estructural que genera esta condición para
diversos contingentes de la población. En este sentido,
los excluidos son la última fase de dicho proceso, por lo
que es importante no sólo fijar la atención en
ellos sino también en los mecanismos subyacentes que
producen tales resultados.

El enfoque de la cohesión social ofrece una
posibilidad fructífera de analizar esos mecanismos para
fines de política pública. Dicho enfoque se
sitúa en una esfera alternativa a la de los programas
diseñados de manera especial para los "excluidos", y es
por consiguiente un poderoso dispositivo conceptual a favor de
los programas universales, que por definición descartan la
estigmatización social.

La adopción de este enfoque por parte de quienes
diseñan políticas públicas en diversos
niveles de responsabilidad y en diferentes escalas territoriales,
ha permitido afrontar de manera activa y en ocasiones hasta
innovadora los desequilibrios generados por el proceso global de
reestructuración económica y cambio social
registrado en el mundo en las últimas dos o tres
décadas[38]

La cohesión social está fuertemente
relacionada con las instituciones económicas, y de manera
especial con el mercado; por ello, esta dimensión puede
describirse como un puente entre "lo social" y la política
económica. Las prácticas y situaciones de
exclusión del mercado, en especial del mercado laboral,
constituyen una clara amenaza a la cohesión
social.

El empleo es el principal factor de cohesión.
Como tal, también deber ser el foco de convergencia de
todos los componentes de la nueva estrategia dominicana de
desarrollo. El empleo debe convertirse en un parámetro
para establecer el orden de prelación de las grandes
decisiones de la política económica y social del
próximo cuarto de siglo en la República
Dominicana.

Uno de los mayores desajustes del estilo de desarrollo
que ha prevalecido en las últimas dos décadas en la
República Dominicana concierne a la situación
laboral y a la evolución del desempleo. A pesar de que la
economía ha observado períodos de alto dinamismo,
sobre todo en a segunda parte de la década de 1990 y tras
la crisis de 2003-2004, la insatisfactoria evolución del
empleo permanece, al mantenerse la tasa de desempleo amplio en
cifras de dos dígitos, rondando en algunos momentos cerca
de un 20%.

Es evidente que la economía ha sido incapaz de
generar una adecuada oferta de puestos remunerativos de trabajo
ante una fuerza laboral con altas tasas de crecimiento como
consecuencia del cambio de la población, proceso que
deriva en una creciente población en edad de trabajar.
Paralelamente se han producido cambios en la estructura del
mercado laboral debido al propio proceso de cambio estructural de
la economía, tanto interno como externo.

4.6- BIENESTAR SOCIAL Y
ECONÓMICO

Un Estado realmente democrático y garante, que
asuma la responsabilidad de actuar socialmente con eficacia y
garantice a la población el ejercicio de sus libertades y
el disfrute de los mínimos de bienestar social, haciendo
énfasis en la búsqueda de mayores niveles de
equidad e inclusión social frente a la persistente
desigualdad social e inestabilidad política, por lo que el
Estado Dominicano como medida de solución a las demandas y
exigencias sociales ha planteado un amplio programa de ayudas
sociales a través de la Presidencia de la
Republica.

Dentro de estas políticas sociales e incentivo
familiar existen los siguientes programas:

Comer es Primero: otorga una ayuda
económica mensual de setecientos pesos (RD$700.00) a cada
jefe o jefa de las familia beneficiaria para adquirir alimentos
de acuerdo a una canasta básica determinada.

Su objetivo es complementar la alimentación
básica de los hogares en situación de pobreza con
la condición que la futura madre asista a chequeos
clínicos de su embarazo y se lleve periódicamente
al médico a los niños del núcleo familiar
para medir su peso y talla garantizando así el seguimiento
a su desarrollo físico y buena
salud[39]

Incentivo a la Asistencia Escolar
(ILAE): 
otorga una ayuda económica mensual,
pagada bimestralmente, durante el período de clases, de
ciento cincuenta pesos (RD$150) a cada jefe o jefa de familia
beneficiaria por cada hijo, hasta un máximo de cuatro, en
edades comprendidas entre 6 y 16 años, inscrito desde
primer hasta octavo curso de educación básica para
la compra de útiles escolares, uniformes, medicinas y
otros. 

Su objetivo es contribuir a la disminución de la
deserción escolar en el nivel básico, en los
hogares en situación de pobreza con la condición
que cada niño asista regularmente a la escuela y se cubran
sus necesidades básicas.

Incentivo a la Educación Superior
(IES):

Este programa otorga una ayuda económica mensual
de quinientos pesos (RD$500) a jóvenes estudiantes
universitarios, procedentes de los estratos de bajos ingresos de
la sociedad dominicana, egresados de escuelas localizadas en el
Mapa de la Pobreza, que estén matriculados en cualquiera
de los Centros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD) para pago de matrícula universitaria, compra de
libros y útiles de estudio.

Su objetivo es apoyar económicamente a
estudiantes de escasos recursos económicos para que
realicen sus estudios universitarios con la condición de
no interrumpirlos y mantener una condición
académica normal.

- Programa Bonogás para Choferes
(BGC):

Consiste en una ayuda de RD$3,420.00 mensuales
adicionales, a trabajadores del volante para la compra del Gas
Licuado de Petróleo (GLP), con la condición que se
mantengan trabajando a fin que puedan brindar el servicio de
trasporte a los usuarios sin afectar los precios.

- Programa de Incentivo a la Policía
Preventiva (PIPP):

El objetivo de este programa es apoyar el ingreso de los
policías que prestan servicios de vigilancia en las calles
con una subvención de RD$928.00 que les permite comprar
alimentos, y así como complementar la nutrición de
sus hogares protegiéndole de caer en situación de
pobreza.

El PIPP pertenece a la Policía Nacional
Dominicana y es otorgado mensualmente.

- Programa Incentivo a los Alistados de la
Marina de Guerra (PIMAG):

Contribuye con los alistados, de manera mensual, con la
suma de RD$928.00 para la compra de alimentos en los
establecimientos adheridos a la Red de Abastecimiento Social
(RAS). El PIMAG es dependencia de la Marina de Guerra.

Programas de Transferencias Monetarias No
Condicionadas

- Programa Protección a la Vejez en
Pobreza Extrema (PROVEE):

A través del PROVEE las familias pobres
beneficiarias de PCP con personas envejecientes que no reciben
pensión ni se encuentran trabajando, reciben
transferencias en efectivo sin tener que cumplir ninguna
condición en
específico[40]

Suplemento Alimenticio: otorga una ayuda
mensual de cuatrocientos pesos (RD$400) adicionales a hogares con
personas mayores de 65 años de edad que disfrutan del
subsidio "Comer Es Primero" para la compra de
alimentos. 

Su objetivo es complementar el sustento alimenticio de
adultos mayores en situación de pobreza, que no reciben
pensión ni se encuentran trabajando a fin de contribuir a
que mantengan una buena nutrición.

-Programa Bonogás para Hogares
(BGH):

Consiste en una ayuda de RD$228.00 mensuales
adicionales, a los hogares pobres y de clase media baja para la
compra del Gas Licuado de Petróleo (GLP) a fin que puedan
cocinar sus alimentos, sin que para ello medie obligación
alguna. Este componte pertenece al Programa Solidaridad
(PS).

-Bonoluz:

Esta subvención está orientada a auxiliar
a familias de escasos recursos económicos en el pago del
servicio eléctrico. El rango de ayuda social se encuentra
entre los RD$25.90 a RD$370.00 pesos mensuales.

El gobierno ha entregado subsidio en sus diversos
programas de bienestar social para ayudar a personas pobres en
todo el país por un monto superior a los RD$19,121.6
millones y el número de beneficiarios asciende a un
1,441,888 personas desde el 2004 hasta el mes de abril de este
año.

El año pasado, el monto entregado por subsidio
fue de RD$7,751.4 millones, lo que representó un
incremento de RD$3,239.3 millones con relación al 2008,
cuando el monto fue de RD$4,521.1 millones.

En el 2009 se entregaron subsidios para el programa
Comer es Primero por un monto de RD$3,901.7 millones y en el 2008
por RD$2,918.2millones.

De acuerdo a un informe de la Administradoras de
Subsidios Sociales (ADESS) hasta abril de este año
habían 525,511 beneficiarios del programa Comer es
Primero, 74,990 del Suplemento Alimenticio, 242,018 del Incentivo
a la Educación Escolar, 757,818 beneficiarios del Bonogas
hogar.

El número de beneficiarios-tarjetahabientes es de
833,256 al corte de abril, según los datos de la
ADESSS.

Desde inicios de año hasta el corte de abril, el
total de subsidio entregado ascendió a RD$2,916.4
millones. De los RD$19,121.6 millones entregados en subsidios, el
programa Comer es Primero tiene el mayor monto, con RD$11,894.9
millones, seguido del Incentivo a la Educación Escolar,
con RD$1,766 millones, el Bono gas Hogar con RD$3,400.8 millones,
el Suplemento Alimenticio con RD$774.7 millones y el Bonogas
chofer con RD$841.4 millones.

Por el programa de Bonoluz el gobierno ha entregado ya
17.7 millones hasta abril de este año. Para los diversos
programas sociales el gobierno cuenta con una red de
abastecimiento social compuesta por 2,335 colmados, 715
envasadora de GLP, 105 librerías, fotocopiadoras,
economatos, pago de matrícula en la Universidad
Autónoma de Santo Domingo y 4 puntos para el pago de la
electricidad, lo que hace un total de 3,159 puntos.

4.7- EQUIDAD SOCIAL

El Estado Dominicano debe garantizar un nivel
mínimo de prestaciones en favor de todos los residentes en
el territorio nacional, que permitan su atención integral
mediante una adecuada distribución de las cargas
financieras necesarias para su financiación, contando
además con una correcta inversión del gasto social
hacia la población más pobre y vulnerable,
independientemente del poder adquisitivo o diferencias sociales,
generacionales, laborales, de raza o de género.

El buen desempeño macroeconómico no ha
significado tampoco un aumento del gasto social en salud y
educación, y en consecuencia en un beneficio para el
conjunto de la población, especialmente los más
pobres. La inversión en estos rubros debería ser un
reflejo de la equidad en la política de
redistribución. De hecho, salud ha sufrido un recorte de
256 millones[41]

La eficiencia de las políticas económicas
se miden no sólo por el aumento del producto sino por la
equidad de su distribución. El continuo deterioro del
salario real, la limitada inversión en salud y
educación y una política Impositiva regresiva no
permiten hablar de un verdadero bienestar económico en
República Dominicana.

La inequidad perjudica con mayor rigor a los sectores
con menores ingresos, que debe pagar un alto porcentaje de los
servicios de salud pese la extensión de la cobertura. En
términos concretos, el 60 por ciento de la
población carece de seguro de salud, debiendo financiar
con recursos propios los gastos en este
renglón.

CAPITULO V

Compatibilidad
del crecimiento económico con la equidad social en la
República Dominicana

5.1- CONCEPTUALIZACIÓN

La ampliación de las desigualdades ha sido una
característica persistente de la economía mundial
durante los dos últimos siglos y ha tenido a
América Latina como un privilegiado representante. Como
señala la CEPAL en la "Brecha de la Equidad", lo
más notable en la región, son los deterioros de la
equidad social, que se expresan en el empleo, la pobreza y la
exclusión que afectaría a masas crecientes de la
población.

Esto viene acompañado de una percepción,
cada vez más compartida, de que el modelo de desarrollo es
incapaz de generar certezas de bienestar en las personas y
hogares de menores recursos.

A pesar de un aumento considerable del gasto social en
nuestro país, los pobres resultados obtenidos han llevado
a plantearse la gravitación de los problemas de
gestión a la falta de recursos. Se puede afirmar que las
debilidades en materia de calidad de la gestión social son
inseparables de los problemas de equidad. El diagnóstico
es que el sistema público se ha deteriorado y el PNUD
considera que entre las iniciativas para combatir la pobreza y la
reducción efectiva de la pobreza hay un eslabón
perdido: la gestión
pública[42]

La CEPAL sostiene que "se requiere una
reorientación de los patrones de desarrollo del
país, en torno a un eje principal, la equidad, es decir,
la reducción de la desigualdad social en sus
múltiples manifestaciones". Aunque la política
social y la búsqueda de una nueva gestión social no
puede asumir por sí sola la responsabilidad por la
equidad, si juega un papel insustituible para lograr avances en
esta crucial temática.

En un estudio de la CEPAL, se afirma que "casi todo el
fruto del crecimiento económico de esta región ha
ido a parar a manos de aquellos que ya tenían un ingreso
elevado, y muy poco se ha derramado hacia quienes más lo
necesitan". El BID precisa que "gran parte de la desigualdad de
la Republica Dominicana se relaciona con las diferencias entre el
10% superior y el resto de la población". Pero no se trata
solamente de la distribución de los ingresos. Las
dimensiones patrimoniales, demográficas, étnicas y
de género profundizan la desigualdad.

Partimos de la base que la equidad no se
confundiría con la justicia y la igualdad, aunque
está emparentada con ellas. Mientras la justicia es un
valor, inalcanzable, la equidad es aquella parte de la justicia
que es realizable, es posible, es viable, en un momento
histórico determinado. Una sociedad equitativa no busca la
igualdad de resultados, pero pretende ir más allá
de la igualdad ante la ley, para superar barreras
económicas y sociales, y compensar desigualdades que
dificultan la realización de su potencial a determinados
individuos. Una sociedad puede ser a la vez equitativa y desigual
o, en otras palabras, es posible que aumente la equidad sin que
disminuyan las desigualdades, y a la inversa.

Hay un creciente consenso que la pobreza y la
desigualdad en sus múltiples expresiones,
acompañada por la falta de participación y
deficiencias institucionales, son los obstáculos
principales para lograr una mayor competitividad y
sustentabilidad del crecimiento económico.

El desarrollo es más que el crecimiento
económico, y sus frutos tienen que distribuirse en toda la
población, no sólo por razones éticas, sino
también para permitir el entrelazamiento que tiene la
equidad con la competitividad. Se puede hablar de un
condicionamiento recíproco entre crecimiento y equidad del
que se desprende la necesidad de avanzar hacia ambos objetivos en
forma simultánea antes que
secuencial[43]

5.2- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

5.2.1.- GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA

El fortalecimiento de la gobernabilidad es un objetivo
prioritario para promover el desarrollo humano y alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio en República
Dominicana. Construir una mejor sociedad requiere de la
vinculación efectiva de todos sus ciudadanos en el proceso
de búsqueda de soluciones colectivas a los problemas que
enfrentan como individuos.

  El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) procura el fortalecimiento de las instituciones
nacionales-centrales y locales- en sus capacidades de brindar
más y mejores servicios a sus ciudadanos y ciudadanas a
través de acciones que coadyuven al fortalecimiento de su
gobernabilidad democrática.

En seguimiento con la ola de reforma de las Naciones
Unidas, desde 2006, todos los proyectos e iniciativas del PNUD
fueron alineados e incorporados a las nuevas herramientas
conjuntas de programación del Sistema de las Naciones
Unidas, que son: el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (UNDAF) el Programa de País (CPD) y el
Plan de Acción del Programa de País (CPAP),
documentos que fueron suscritos y elaborados conjuntamente con el
gobierno de República Dominicana.

La Unidad de Gobernabilidad Democrática del PNUD
procura el fortalecimiento de las instancias del estado
vinculadas a la gestión pública a través de
tres grandes ejes:

a) Consolidación de la democracia, brindando
apoyo tanto a nivel Legislativo, al órgano Estatal
coordinador de los procesos electorales y a los partidos
políticos 

b) Fortalecimiento institucional de los tres poderes
públicos, en favor de la consolidación del Estado
de derecho.

c) Organización de la gestión y
administración pública, sobre la base del
desarrollo humano, gestión orientada al establecimiento de
una cultura de servicio público basada en la transparencia
en la gestión de un Estado moderno, eficiente y con
participación de la ciudadanía

5.2.2.- ESTABILIDAD POLÍTICA

Recientemente fueron conocidos los resultados del Indice
de Participación Ciudadana 2005 (IPC 2005), así
como los del Informe Latinobarómetro de este año,
con interesantes datos sobre la democracia y la
participación política en América Latina y
en nuestro país. Ambos informes son relevantes puesto que
entregan datos sobre Chile que pueden ser comparados con otros
países de la región, permitiendo efectuar una
evaluación respecto de cómo nos percibimos en
relación con la forma que lo hacen nuestros vecinos en un
mismo ámbito, dados diferentes o similares escenarios
socio-políticos y
económicos[44]

En esta ocasión, resulta interesante destacar las
miradas que tienen nuestros países acerca de sus
democracias y de la participación política que en
ellos se da, considerando la percepción de la
ciudadanía sobre dónde reside el poder, su
valorización de la democracia y la participación en
política en comparación con otras dimensiones, con
el objeto de detectar algunas señales que están
detrás de dichas percepciones y que pueden ser
útiles al momento de establecer qué tipo de
participación ciudadana es la que queremos.

Así, en primer lugar, la percepción sobre
quién tiene más poder nos vincula con las
instituciones de mayor legitimidad, con aquéllas respecto
de las cuales más se espera una solución o bien con
las que se estima tienen mayor nivel de influencia en la
sociedad. En este sentido, de acuerdo al Informe
Latinobarómetro, el poder del Estado ha disminuido desde
el 2003 cuando un 57% de los habitantes de la región
decía que era la institución que tenía
más poder, a un 49% en el 2005. Lo mismo ocurre con los
partidos políticos, los que disminuyen su
percepción de poder de 39% a 34% el 2005. En cuanto a las
grandes empresas, éstas aumentan su percepción de
poder de un 40% el 2003 a un 44% el 2005, mientras el poder del
Congresos se mantiene estadísticamente sin mayor
significancia, con un 22% el 2005.

En cuanto a la valorización de la democracia,
según los datos recogidos por el IPC 2005, Chile aparece
como el segundo país que más valora la democracia
con un 27,1% de los entrevistados que se declara cercano a esta
forma de gobierno, siendo sólo superado por
República Dominicana (32,7%).

De la misma forma, el Latinobarómetro da cuenta
de que en Chile el 59% está de acuerdo con la frase "la
democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno",
situándose cercano al promedio de América Latina
que es del 53%, mientras que es superado por países como
Uruguay (77%) y Venezuela (76%). Por debajo de la media se
encuentran países como Perú con un 40% y Paraguay y
Guatemala con un 32%. Lo anterior, es complementado por datos del
IPC 2005 que señalan que el 59.3% de los chilenos
está completamente en desacuerdo o en desacuerdo con que
si el país tuviera serias dificultades, el Presidente
debería tener la posibilidad de dejar de lado al Congreso
y los partidos políticos[45]

Finalmente, en relación con la
participación política –medida desde la
participación en partidos políticos o movimientos-,
el IPC 2005 indica que en Chile ésta sólo es de un
2.2%, situándolo como el país con el nivel
más bajo entre los ocho países medidos, mientras
que República Dominicana aparece con un 9.4%,
México con un 8.6% y Costa Rica con un 5.7%. Sin embargo,
es interesante que al mismo tiempo nuestro país presente
el mayor nivel de participación en actividades de
voluntariado, con un 18.4%, seguido por Argentina (17.8%) y
República Dominicana (17.6%), demostrando una alta
participación en ámbitos no políticos. Por
su parte, el Latinobarómetro señala que el 27% de
los latinoamericanos responde que habla de política
frecuente o muy frecuentemente, mientras que el 19% trabaja por
temas que afectan a su comunidad, el 17% trata de convencer a
alguien de lo que piensa políticamente y el 6% trabaja
frecuentemente por un partido político. Para el caso de
Chile, los resultados son –para la respuesta
frecuentemente- 26%,9%, 12% y 2%, respectivamente en cada
caso.

La explicación entregada por el IPC 2005 para el
fenómeno de baja participación política en
Chile y de alta participación en actividades sociales, es
el significado y razones que los chilenos tienen para
participar.

La participación es entendida como involucrarse,
interesarse (49.0%), ayudar y colaborar (39.2%), e integrarse a
un grupo (24.6%), -significados más asociados a obtener
beneficios para otros y no para sí mismos-, en contraste
con las respuestas "buscar soluciones" (3.1%) e "Informarse"
(2.7%), las que obtienen el doble o más de las
preferencias en países como Argentina o República
Dominicana.

Sin embargo, este fenómeno también puede
tener relación con los niveles de estabilidad
política o de satisfacción de la ciudadanía
con los gobiernos de turno de los países, donde la
hipótesis es que a mayor nivel de estabilidad o de
satisfacción menor el interés por la
política puesto que precisamente ésta
permitiría la dedicación a otros ámbitos de
participación.

Así, uno de los aspectos que resulta interesante
rescatar de las conclusiones de ambos informes, es que las
características más importantes para la
ciudadanía en relación con la democracia son las
elecciones y la libertad[46]

De esta forma, establecida una cierta lejanía de
los ciudadanos respecto de la participación en
política y de sus representantes, pero al mismo tiempo
reconociendo una alta valorización por el sistema de
gobierno democrático y en especial por el valor de la
libertad que ella otorga, cabe preguntarse qué
herramientas son las que hay que adoptar desde el Gobierno para
desarrollar una adecuada política pública de
participación ciudadana.

En este sentido, aquellas son herramientas que permiten
aproximar la política a los ciudadanos -acercando a
éstos últimos a la esfera de toma de decisiones
públicas-, pero que al mismo tiempo respeten la libertad
de las personas. Una política que sea capaz de escuchar y
reconocer la importancia de la sociedad civil pero que no la
pretenda regular hasta el punto de encerrarla en sí misma.
Se trata en definitiva de la generación de oportunidades y
no de imposiciones, y de la discusión de los necesarios
marcos institucionales para ejercer una participación
responsable y no de los burocráticos sistemas de
asociación o de la participación entendida como un
fin en sí misma.

5.2.3.- CORRUPCIÓN
ADMINISTRATIVA

Esencialmente no es un problema de personas, o bien de
funcionarios que actúan de forma deshonesta, si bien son
personas y funcionarios los que cometen los actos de
corrupción, sino que el problema se define como tal en
términos sistémicos, en términos de sistemas
que permiten, hacen posible y promueven la ocurrencia de la
corrupción.

El problema, pues, no es que se produzcan hechos de
corrupción, que siempre se van a producir, sino que
existan sistemas que permitan y promuevan la corrupción
generalizada en nuestros gobiernos y sociedades.

La existencia de esos sistemas no siempre es ingenua ni
casual, sino que, por el contrario, los mismos constituyen
sistemas bien estructurados, bien definidos, bien decididos, que
funcionan anacrónicamente en detrimento de los intereses
colectivos, pero armónica y perfectamente de los intereses
de individuos y grupos bien relacionados, social,
económica y políticamente, que usan al Estado como
una fuente rica, provechosa y fácil de enriquecimiento y
de poder.

Es un problema de carácter económico, por
cuanto los bajos salarios que normalmente se paga a los
funcionarios y empleados públicos constituyen un aliciente
importante a las prácticas corruptas.

Los bajos salarios, las magras condiciones en que
trabajan nuestros funcionarios y empleados públicos, de
ninguna manera constituyen un hecho aislado sino que, por el
contrario, son la expresión de un Estado atrasado y pobre
y sobre todo, sin vocación política para el
progreso y la riqueza compartida. Los funcionarios y empleados de
ese Estado no reciben de él sino inseguridad; los bajos
salarios son un elemento más de los que inciden en la
perspectiva de vida que estos funcionarios y empleados
normalmente se pueden hacer en estas condiciones, una perspectiva
de vida caracterizada por la inseguridad en cuanto a su porvenir
y al de su familia, y por una tendencia cierta a garantizarse el
mejor porvenir posible de una forma unipersonal, al margen de ese
Estado y, por supuesto, al margen de la ley y la
moral[47]

Es también un problema de carácter
administrativo, por cuanto la existencia de estructuras y
procesos administrativos arcaicos y anacrónicos dificultan
la relación entre el Estado y el contribuyente o el
ciudadano, promoviendo con ello la existencia de mecanismos
alternativos, informales e ilegales, a través de los
cuales se supera esa dificultad.

Es un problema de gestión, por cuanto la ausencia
de controles o la existencia de controles obsoletos promueven la
existencia de sistemas caracterizados por el dispendio, la
ineficiencia y la corrupción.

Es un problema de carácter legal, por cuanto la
ausencia de leyes o la existencia de leyes débiles y
atrasadas permiten que ciertos comportamientos no puedan ser
perseguidos y sancionados o no puedan serlo
adecuadamente.

Si bien es cierto que la aplicación de las leyes
depende en gran medida de la voluntad política para
hacerlo, no es menos cierto que a veces sucede que hay voluntad
política, pero no existe un marco legal adecuado para
aplicar las leyes correspondientes.

Nuestros pueblos deben contar con leyes modernas que
regulen todo lo relativo a las contrataciones públicas,
sea de bienes y servicios, sea de obras; así como lo
relativo a la declaración de bienes y el enriquecimiento
ilícito y el lavado de activos provenientes de hechos de
corrupción. Nuestros pueblos deben contar con sistemas
legales actualizados, modernos, que, desde ellos, nos permitan
enfrentar el problema de la corrupción de una forma
adecuada.

Una gran discrecionalidad, vigente en muchas de nuestras
leyes, en aduanas, en rentas, es un hecho común que
comúnmente genera corrupción.

La existencia de leyes obsoletas regulando el
ámbito de las contrataciones y licitaciones
públicas hacen que en el mismo no existan los controles
adecuados y necesarios para un manejo claro y
transparente.

Así mismo, la existencia de leyes obsoletas hacen
posible la existencia de sanciones infuncionales y
ridículas para aquellos que se apropian
ilícitamente de los fondos públicos.

Hay que mejorar nuestras leyes no sólo para
rescatar su funcionalidad, su eficiencia, sino también
para rescatar su credibilidad y la credibilidad de nuestros
sistemas políticos que descansan, en gran medida, en
nuestras leyes[48]

Es un problema cultural, por cuanto en nuestro seno se
ha desarrollado lo que nosotros llamamos la "cultura de la
corrupción", que caracteriza la visión que una
parte importante de nuestros ciudadanos tienen hacia la
gestión pública y que hace posible que estos no
conozcan ni vislumbren otra posibilidad que no sea la de usar la
función pública en beneficio privado. La "cultura
de la corrupción" en nuestro país se refleja
claramente, por ejemplo, en el hecho de que una buena cantidad de
personas cree, honesta y sinceramente, que el cobro de
comisiones, merced del ejercicio de una función
pública, constituye una actuación legal y
moralmente permitida a los funcionarios públicos. Desde
esta perspectiva, el problema de la corrupción no es un
problema propio del Estado, sino que es un problema social, de la
sociedad, que se refleja y se expresa en el Estado y que,
obviamente, se revierte en perjuicio de la sociedad.

Los que usan las funciones públicas para robar
son ciudadanos de nuestros países y ellos lo hacen porque
tienen razones para hacerlo. Tienen posibilidades y
oportunidades, pero sobre todo, en este caso, tienen razones para
hacerlo. Razones económicas, morales,
políticas.

En este sentido, el problema de la corrupción es,
también un problema ciudadano, un problema de
participación ciudadana en el rechazo y la denuncia de la
corrupción, de los corruptos y los corruptores; en el
seguimiento a las promesas, planes y acciones de nuestros
gobiernos para enfrentar el problema; en el desarrollo de la
voluntad política de la ciudadanía, de la sociedad
civil, por enfrentar con éxito, preferiblemente de forma
conjunta con los gobiernos y, si no fuera posible, sin ellos, un
problema esencialmente complejo y difícil.

Por otra parte, las consecuencias de que existan
sistemas que hagan posible la corrupción generalizada en
la administración pública, las pagan las
mayorías de nuestros pueblos, los de siempre, los
más pobres, los olvidados, y es de contribuir a
beneficiarlos, a mejorar sus niveles de vida, lo que justifica
todo este afán, todo este empeño, todo este
esfuerzo, por combatir eficazmente la corrupción
administrativa en nuestros sistemas de gobierno, ello sin
desmedro de otras consecuencias del problema, las cuales se
reflejan en otros ámbitos, como el político, y
tienen una gravedad insospechada por cuanto restan credibilidad a
nuestros sistemas políticos.

La existencia de funcionarios corruptos que, a expensas
del Estado y de sus connacionales, se enriquecen a la vista de
todos y no son sancionados por ello, le resta credibilidad a
nuestras leyes, a nuestros gobiernos, a nuestros gobernantes, a
nuestros sistemas políticos[49]

Es un problema de carácter legal, por cuanto la
ausencia de leyes o la existencia de leyes débiles y
atrasadas permiten que ciertos comportamientos no puedan ser
perseguidos y sancionados cuando a manos del investigador, o de
algún ciudadano sin responsabilidades públicas,
llegue un expediente de una denuncia de corrupción en la
que una cantidad de canales de riego no fueron construidos pero
fueron pagados a los supuestos constructores, en la realidad
está sucediendo no sólo que se violó la ley
ni que el Estado perdió un cantidad más o menos
importantes de recursos sino, sobre todo, que una cantidad
importante de hombres y mujeres de nuestros campos se han quedado
esperando esas obras para cultivar y cosechar sus pequeños
sembradíos y con su producto prorrogar pobablemente sus
pobres vidas y las de sus familias.

La lucha contra la corrupción, así, para
el gobierno dominicano tiene razones no sólo de
carácter ético y legal, administrativo o
político, sino también, y sobre todo, de
carácter económico y social.

La corrupción es un mal que socava la vida y
reduce las posibilidades de desarrollo y progreso de nuestros
pueblos, y es por preservar lo poco que hemos logrado y
profundizar lo mucho que nos falta en términos
democrático reales más que formales, que es
fundamental que nos organicemos para enfrentar adecuadamente este
problema, haciendo lo necesario para conocerlo de la mejor
manera, para lo cual este foro es, sin dudas un excelente
escenario.

5.3-CLIENTELISMO POLÍTICO

El clientelismo político es un sistema
extraoficial de intercambio de favores, en el cual los titulares
de cargos políticos regulan la confección de
prestaciones, obtenida a través de su función
pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de
apoyo electoral[50]

En el clientelismo los bienes públicos no se
administran según la lógica imparcial de la ley si
no bajo una apariencia legal, se utilizan discrecionalmente por
los detentadores del poder político., normalmente se
corresponde con figuras penadas jurídicamente como
prevaricación o corrupción. Sin embargo, existen
pocos incentivos para que los participantes busquen acabar con el
sistema clientelar, puesto que este se allá
institucionalizado –en el, sentido sociológico del
término como patrón regular de interacciones,
conocidos, practicado y aceptados (si bien no necesariamente
aprobado) por los actores que somos nosotros el
pueblo.

Esto está ocurriendo en la Republica Dominicana,
sobre todo en los periodos electorales, la compra de votos a los
más pobres, promesas de cargos públicos, prebendas,
contratos a grupos económicos por el financiamiento a los
partidos, para llegar al poder.

Esto se debe al bajo perfil ideológico que tienen
los políticos de todos los partidos , en unos ,más
que otros, solo tienen el interés de llegar a posiciones
de poder, más que ser la expresión de una idea o un
proyecto de nación, diferente a los
demás.

Los partidos, lucen más que tener el
interés en resolver los problemas de la mayoría de
la sociedad, en resolverse sus propios problemas
personales.

Podemos decir que tienen el lema, el fin justifica los
medios, como una expresión de un pragmatismo
exacerbado.

A la falta de los tres líderes tradicionales, los
seguidores de estos partidos han perdido la fe en los partidos,
perdieron la ideología que rige su partido y no tienen
esperanza de que su partido resolverá los problemas de la
mayoría del pueblo, y prefieren resolver el problema de un
día, y ahí es donde entra el ente corruptor del
clientelismo[51]

El clientelismo no es un fenómeno  exclusivo
de la República Dominicana, pero  hay que convenir
que en los últimos años  esta práctica
ha devenido  en un elemento dominante de la política
criolla, en un proceso que ha comenzado a convertir al Estado y a
las instituciones políticas  del país en un
gran mercado de subasta, donde los dueños del dinero sucio
de la corrupción y el narcotráfico están
haciendo las mejores ofertas.

Sin embargo, parecería que la sociedad dominicana
no alcanza a entender la gran amenaza que representa este
fenómeno. El autor argentino Miguel Trotta ha destacado en
uno de sus trabajos dedicados al tema que  "el clientelismo
político es opuesto a la expansión de los derechos
sociales, por lo  tanto es un obstáculo permanente
para la gestión de proyectos sociales y la
generación de procesos democráticos y
participativos en la gestión de lo
público".

Los recientes procesos convencionales del  Partido
Revolucionario Dominicano y del Partido de la Liberación
Dominicana pusieron de manifiesto la abrumadora vigencia
del  clientelismo  político como factor  de
control de los procesos internos de estas
organizaciones.

Fueron precisamente las direcciones institucionales de
nuestros dos principales partidos  las que trazaron la pauta
de la línea clientelar cuando decidieron reservarse la
mayoría de las candidaturas a cargos congresionales y
municipales, para poner en práctica un esquema de
asignación donde la lealtad al grupo de poder
parece   ser el mérito más importante
para  decidir a quién se premia  o
no.

En el caso del  PRD,  las reservas de
candidaturas fueron asignadas casi exclusivamente a los
seguidores del nuevo jefe del Partido. Los que no encajaban en
esta categoría debieron competir bajo unas
condiciones  y unos árbitros que hicieron todo lo
posible para determinar, si no todos los que  debían
ganar, por lo menos quienes no debían ganar bajo ninguna
circunstancia.

Tanto en el PRD como  en el PLD, las escasas
posiciones que fueron sometidas a elecciones primarias
fueron  claramente decididas bajo las reglas del
clientelismo. Con escasas  excepciones ganaron los
candidatos con mayor poder económico o por lo menos con
mayor capacidad de compensación o 
gratificación, que es el caso de quienes administran
fondos públicos.

Quedó claro que bajo este esquema hay solo dos
opciones para alcanzar una posición política o una
candidatura relevante: convertirse en cachanchán
incondicional del caudillo de turno o
buscar     el dinero suficiente para comprar
los votos necesarios en una convención.

5.4- MODIFICACION
CONSTITUCIONAL      5.4.1- CONTRAPESO AL
PODER EJECUTIVO

En la Constitución Política de la
República Dominicana, proclamada el 26 de enero de 2010 se
dispone que la República Dominicana es un Estado Social y
Democrático de Derecho que se fundamenta, entre otras, en
el respeto de los derechos fundamentales y en la
separación e independencia de los poderes
públicos.

Como parte de la separación de los Poderes del
Estado y a fin de evitar el abuso de su ejercicio en detrimento
de los más vulnerables, debe existir un contrapeso entre
éstos, con especial atención a las actuaciones del
Poder Ejecutivo como recaudador de las rentas nacionales y
distribuidor de las mismas.

En este sentido, la Constitución atribuye al
Poder Legislativo ejercido por Congreso Nacional la
función de control y fiscalización de las
actuaciones del Poder Ejecutivo.

La Carta Magna en su artículo 8 establece que:
"Es función esencial del Estado, la protección
efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad
y la obtención de los medios que le permitan
perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva,
dentro de un marco de libertad individual y de justicia social,
compatibles con el orden público, el bienestar general y
los derechos de todos y todas".

Para que el Estado cumpla con esta función el
Congreso Nacional debe desempeñar su rol de legislador y
fiscalizador de las actuaciones del Poder Ejecutivo, en este
sentido el numeral 2) del artículo 93 dispone que el
Congreso Nacional debe:

a) Aprobar o rechazar el estado de recaudación e
inversión de las rentas que debe presentarle el Poder
Ejecutivo durante la primera legislatura ordinaria de cada
año, tomando como base el informe de la Cámara de
Cuentas;

b) Velar por la conservación y
fructificación de los bienes nacionales en beneficio de la
sociedad y aprobar o rechazar la enajenación de los bienes
de dominio privado de la Nación, excepto lo que dispone el
artículo 128, numeral 2, literal d);

c) Citar a ministros, viceministros, directores o
administradores de organismos autónomos y descentralizados
del Estado ante las comisiones permanentes del Congreso, para
edificarlas sobre la ejecución presupuestaria y los actos
de su administración;

d) Examinar anualmente todos los actos del Poder
Ejecutivo y aprobarlos, si son ajustados a la Constitución
y a las leyes;

e) Nombrar comisiones permanentes y especiales, a
instancia de sus miembros, para que investiguen cualquier asunto
que resulte de interés público, y rindan el informe
correspondiente;

f) Supervisar todas las políticas públicas
que implemente el gobierno y sus instituciones autónomas y
descentralizadas, sin importar su naturaleza y
alcance.

Otras formas de controlar al Poder Ejecutivo conforme a
la Ley Sustantiva están establecidas en los siguientes
artículos:

Artículo 95.- Interpelaciones. Interpelar
a los ministros y viceministros, al Gobernador del Banco Central
y a los directores o administradores de organismos
autónomos y descentralizados del Estado, así como a
los de entidades que administren fondos públicos sobre
asuntos de su competencia, cuando así lo acordaren la
mayoría de los miembros presentes, a requerimiento de al
menos tres legisladores, así como recabar
información de otros funcionarios públicos
competentes en la materia y dependientes de los
anteriores.

Párrafo.- Si el funcionario o funcionaria
citado no compareciese sin causa justificada o se consideraran
insatisfactorias sus declaraciones, las cámaras, con el
voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes,
podrán emitir un voto de censura en su contra y recomendar
su destitución del cargo al Presidente de la
República o al superior jerárquico correspondiente
por incumplimiento de responsabilidad.

Artículo 234. Párrafo.- Una vez
votada la Ley de Presupuesto General del Estado, no podrán
trasladarse recursos presupuestarios de una institución a
otra sino en virtud de una ley que, cuando no sea iniciada por el
Poder Ejecutivo, deberá tener el voto de las dos terceras
partes de los presentes en cada cámara
legislativa.

Artículo 236.- Validez
erogación
. Ninguna erogación de fondos
públicos será válida, si no estuviere
autorizada por la ley y ordenada por funcionario
competente.

Artículo 246.- Control y fiscalización
de fondos públicos.
El control y fiscalización
sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos
públicos se llevará a cabo por el Congreso
Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría
General de la República, en el marco de sus respectivas
competencias, y por la sociedad a través de los mecanismos
establecidos en las leyes.

Sin embargo, en la realidad se observa como el Poder
Ejecutivo recauda las rentas nacionales y no invierte en
programas de desarrollo para erradicar la pobreza.

A pesar de contar con un marco jurídico tan
completo en materia de control de las actuaciones del Poder
Ejecutivo, al este gozar de mayoría en el Congreso
Nacional sus acciones y la de sus Ministros no son
fiscalizadas.

No hay un seguimiento por parte del Congreso Nacional
del Presupuesto General del Estado que permita verificar si
está cada Ministerio lo está ejecutando tal cual
como fue aprobado.

Otra debilidad del Congreso Nacional es que el
Presupuesto General del Estado llega a éste para ser
aprobado con la urgencia de que está finalizando el
año y que debe aprobarse de manera apresurada, lo cual no
permite el debate y como tal es imposible visualizar la
distribución del mismo.

Estas situaciones son la que permiten que a pesar del
crecimiento registrado en el país en los últimos
años esto no se refleja en la población,
presentados resultados inversamente proporcionales, mayor
crecimiento económico, sin disminución equitativa
de los niveles de pobreza.

5.4.2- ELEMENTOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA
SOCIEDAD

La República Dominicana es un Estado Social y
Democrático de Derecho, fundado en el respeto de la
dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la
soberanía popular y la separación e independencia
de los poderes públicos.

La Constitución de la República desarrolla
la idea de una justa redistribución de la riqueza en
oposición a las nociones de acumulación de bienes,
que en muchos casos sirven de sustento teórico para
justificar la pobreza de un sector de la
población.

De conformidad con el Artículo 217, "El
régimen económico se orienta hacia la
búsqueda del desarrollo humano. Se fundamenta en el
crecimiento económico, la redistribución de la
riqueza, la justicia social, la equidad, la cohesión
social y territorial y la sostenibilidad ambiental, en un marco
de libre competencia, igualdad de oportunidades, responsabilidad
social, participación y solidaridad".

Según el artículo 218, "El Estado
procurará, junto al sector privado, un crecimiento
equilibrado y sostenido de la economía, con estabilidad de
precios, tendente al pleno empleo y al incremento del bienestar
social, mediante utilización racional de los recursos
disponibles, la formación permanente de los recursos
humanos y el desarrollo científico y
tecnológico".

La necesidad de desarrollar la economía desde
otro modelo que incluya a los habitantes del país, para
buscar alternativas que funcionen con miras a lograr servicios
para la población, que se empoderen de sus medios de
producción y que generen bienes colectivos, con sentido de
pertenencia, responsabilidad y sentido del deber social,
recibiendo del gobierno acompañamiento y asesoría
de cómo lograr obtener los recursos para emprender una
economía social participativa, para lograr satisfacer las
necesidades de las generaciones presentes y futuras y buscar esa
calidad de vida anhelada y ansiada por todo ser
humano.

Esta economía social participativa debe tener
como objetivos esenciales lo siguiente:

  • Formas de Economía de subsistencia distintas
    al buhonerismo;

  • Producción de bienes y servicios de calidad a
    los cuales pueda acceder de forma expedita la comunidad
    mediante formas variadas (compra barata, trueque, mutualismo,
    apoyo solidario).

  • Las formas de generación,
    socialización y uso socialmente útil del
    conocimiento.

  • Las redes de información y
    comunicación.

  • El desarrollo de tecnologías alternativas,
    populares y ecológicas.

  • Las costumbres locales.

  • Los valores de trabajo y crecimiento
    compartido.

  • Las formas de resistencia económica,
    política, cultural, ambiental.

  • Las formas de trabajo y producción no
    asalariado.

La economía social también es el reparto
equitativo del excedente que genera el modelo de
producción; la solidaridad comunitaria y con otras
comunidades de entorno; la autonomía cognitiva, la
libertad operativa y la soberanía comunitaria para
articular y adelantar un modelo de desarrollo local
sustentable.

La economía social es una mirada desde abajo para
potenciar los sueños y las posibilidades de acceso a la
plena justicia social de los más pobres, los más
simples. En un país con un 5% de sectores sociales
poderosos (burgueses, latifundistas, financieros, pequeña
y mediana industria, importadores) un 15% de empleo formal
(trabajo estable), un 55% de empleo informal (sobrevivencia) la
Economía Social se concentra en el porcentaje restante de
sectores de pobreza extrema y la población potencialmente
activa.

Si bien desde el lenguaje constitucional se impulsan
claras orientaciones para el desarrollo de un modelo
económico solidario, autogestionario y de profundo anclaje
local, para alcanzar este objetivo se hace necesario construir,
con carácter previo, claras líneas de
gestión orientadas a la derrota del desarraigo cultural
(en sus expresiones económicas, políticas y
antropológicas) de gran parte de la población
dominicana. Esfuerzo que parece asociarse a la noción
actual del Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo que busca vincular una nueva concepción de
desarrollo local al modelo emergente de economía
social.

Un modelo económico de ese tipo, de
carácter solidario y compromiso social, no sólo
permite derrotar la pobreza cultural, política, educativa,
de modos de vida y económica, sino que garantiza la
inclusión de todos los dominicanos.

5.4.3- ESTRUCTURA FISCAL Y LEY DE GASTO
PÚBLICO

La República Dominicana cuenta con una normativa
que establece claramente la estructura fiscal y los criterios de
asignación del gasto público, surgida y fortalecida
con la última reforma Constitucional del 26 de enero de
2010.

Según los términos de la Ley Sustantiva en
su artículo 238, "Corresponde al Estado realizar una
asignación equitativa del gasto público en el
territorio. Su planificación, programación,
ejecución y evaluación responderán a los
principios de subsidiaridad y transparencia, así como a
los criterios de eficiencia, prioridad y
economía.

Corresponde al Poder Ejecutivo por mandato
constitucional "velar por la buena recaudación y fiel
inversión de las rentas nacionales".

Para poder cumplir con lo establecido en el
párrafo anterior el Estado debe contar con una estructura
fiscal eficiente que garantice la recaudación de las
rentas nacionales para luego ser distribuidas equitativa a
través de la ejecución del Presupuesto General del
Estado.

Sobre este particular, la Carta Magna dispone lo
siguiente:

Artículo 243.- Principios del régimen
tributario. El régimen tributario está basado en
los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad para
que cada ciudadano y ciudadana pueda cumplir con el mantenimiento
de las cargas públicas.

Artículo 244.- Exenciones de impuestos y
transferencias de derechos. Los particulares sólo pueden
adquirir, mediante concesiones que autorice la ley o contratos
que apruebe el Congreso Nacional, el derecho de beneficiarse, por
todo el tiempo que estipule la concesión o el contrato y
cumpliendo con las obligaciones que la una y el otro les
impongan, de exenciones, exoneraciones, reducciones o
limitaciones de impuestos, contribuciones o derechos fiscales o
municipales que inciden en determinadas obras o empresas hacia
las que convenga atraer la inversión de nuevos capitales
para el fomento de la economía nacional o para cualquier
otro objeto de interés social. La transferencia de los
derechos otorgados mediante contratos estará sujeta a la
ratificación por parte del Congreso Nacional.

DEL CONTROL DE LOS FONDOS
PÚBLICOS

Artículo 245.- Sistema de contabilidad. El Estado
dominicano y todas sus instituciones, sean autónomas,
descentralizadas o no, estarán regidos por un sistema
único, uniforme, integrado y armonizado de contabilidad,
cuyos criterios fijará la ley.

Artículo 246.- Control y fiscalización de
fondos públicos. El control y fiscalización sobre
el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos
públicos se llevará a cabo por el Congreso
Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría
General de la República, en el marco de sus respectivas
competencias, y por la sociedad a través de los mecanismos
establecidos en las leyes.

Artículo 248.- Control externo. La Cámara
de Cuentas es el órgano superior externo de control fiscal
de los recursos públicos, de los procesos administrativos
y del patrimonio del Estado. Tiene personalidad jurídica,
carácter técnico y goza de autonomía
administrativa, operativa y presupuestaria. Estará
compuesta de cinco miembros, elegidos por el Senado de la
República de las ternas que le presente la Cámara
de Diputados, por un período de cuatro años y
permanecerán en sus funciones hasta que sean designados
sus sustitutos.

Finalmente, La Ley Orgánica de Presupuesto para
el Sector Público, No.423-06, del 17 de Noviembre de 2006,
establece:

Artículo 1. El Sistema de Presupuesto es
el conjunto de principios, normas, órganos y procesos que
rigen y son utilizados en las etapas del ciclo presupuestario de
los organismos previstos en el Artículo 3 de la presente
ley, respetando las particularidades de cada uno de ellos, con la
finalidad de que la asignación y utilización de los
recursos públicos se realice en la forma más eficaz
y eficiente posible para el cumplimiento de las políticas
y objetivos del Estado. El Sistema de Presupuesto en conjunto con
los Sistemas de Tesorería, Contabilidad y Crédito
Público, compone el Sistema Integrado de
Administración Financiera del Estado.

5.5- CRECIMIENTO Y DESARROLLO CON
EQUIDAD

Partes: 1, 2, 3, 4
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