La Constitución de ese entonces legitimó
políticamente parte del programa de desarrollo
diseñado durante el Gobierno del GRAD Guillermo
Rodríguez Lara e introdujo elementos nuevos en la
configuración del régimen político. En el
área económica es importante resaltar que se
incorporó la noción de "sectores
estratégicos de la economía" encomendados al manejo
del Estado, aspecto que se convertiría mas tarde en uno de
los temas de tensión política entre los militares
que asociarán esos sectores a un manejo de la seguridad
nacional, y los agentes económicos vinculados a
lógicas privatizadoras que verán esas actitudes
como un freno a las intenciones reformistas de la economía
estatal. En el área política, a más de los
cambios institucionales mencionados, se pretendió
modernizar las prácticas tradicionales de
representación mediante un sistema de
intermediación entre Estado y sociedad que recaía
en las acciones de los nuevos partidos políticos, ya que
ellos tenían varias cualidades: ideología y
programa político definido, organización y
estructura nacional, afiliados participativos y una mentalidad
"moderna" con la capacidad de reemplazar las viejas
prácticas populistas asociadas a la oligarquía y al
faccionalismo regional.
Este tipo de reformas institucionales son parte del
proyecto de transición a la democracia del último
gobierno de las Fuerzas Armadas para crear un nuevo
régimen político. En ésta intencionalidad se
presentaron dos factores muy importantes que tendrían
repercusión en los años venideros para el
desempeño del sistema político. Primero, se
consolida la figura del Estado como eje fundamental de la vida
social, política y económica del país,
situación que ratifica la centralidad del Estado en la
generación de sociedad, en el control de las
políticas públicas basadas en prácticas
asistenciales y redistributivas, y en un modelo de gestión
gubernativa que está vinculada dentro del contexto
latinoamericano a la noción de matriz estado
céntrica.
Segundo, el proyecto de renovación y cambio en
las formas de hacer política otorgó a los partidos
el monopolio de la representación frente al Estado y con
ello volcó nuevamente la mirada al accionar de
éstas organizaciones como sustento del sistema
político, descalificando otras formas de
participación, demanda y movilización. De esa
manera, la ley de partidos, expresión del nuevo sistema
político, se convirtió en un verdadero filtro que
regulaba la participación y acceso a la toma de decisiones
sobre la cosa pública, monitoreaba y seleccionaba las
demandas sociales de la población, calificaba los
procedimientos de ingreso para la conducción estatal y
reducía la complejidad social para que la serie de
reivindicaciones sociales no rebasaran en ese entonces el orden
constitucional inaugurado.
Desde una perspectiva más general, la democracia
es asumida como un proyecto nacional que asegurará en el
futuro la permanencia de las instituciones; dotará a la
ciudadanía de plenos derechos políticos;
marcará las rupturas necesarias con los regímenes
despóticos anteriores y consolidará a la
nación; no obstante, ésta identificación de
la nación como comunidad política homogénea,
basada en un despliegue simbólico que asocia nacionalidad
ecuatoriana a desarrollo y lealtad estatal, reemplaza la forma
cultural de la nación por la de comunidad cívica.
El sesgo reformista consistió básicamente en la
asociación e identificación entre el rol del Estado
en una economía planificada y el "destino" de la
nación desarrollada en un momento refundacional del
país donde se legitimó un tipo de discurso que ha
sido calificado como "discurso originario
democrático".
No son pocas las voces que han cuestionado el
carácter democrático del ordenamiento
político que se estableció a partir del retorno
constitucional. La primera crítica está relacionada
con la naturaleza precaria y la debilidad formal del sistema
democrático que no ha sido capaz de establecer reglas
claras de juego para todos los actores sociales y
políticos. En efecto, si la institucionalización de
la democracia es concebida como acuerdos concretos sobre reglas
del juego político que procesen el conflicto social,
garanticen el pleno ejercicio de los derechos de la
ciudadanía, establezca regulaciones institucionales a los
sectores económicos y de cabida a la diversidad
identitaria y política en términos de
participación; entonces la situación del Ecuador se
alejaría de ese imaginario democrático.
En países con una débil tradición
democrática como el Ecuador, las reglas constitutivas y
vinculantes del juego político e institucional no han sido
internalizadas plenamente por los distintos actores, generando en
esa dinámica muchos ámbitos e instancias informales
que se traducen como déficit de legitimidad de las reglas
mencionadas y del sistema político en sí mismo. En
ese sentido, uno de los problemas que presenta la
transición a la democracia es que no resuelve por completo
el asunto de los linderos, muchas veces ambiguos, en los que se
desenvuelve la formalidad e informalidad de las instituciones. Si
asumimos que nuestras sociedades presentan en su cultura y
sistema político rasgos clientelares, prebendarios y
patrimoniales, fenómenos que varios analistas denominan
particularismos, tenemos que aceptar la idea de que esos
particularismos coexisten en incómoda tensión con
las reglas formales de ese "deber ser" que vendría a ser
el complejo institucional democrático. De ahí que
las sociedades que contengan particularismos expandidos,
persistan en actuar sin rendición de cuentas, toleren
partidos que limitan la transparencia de los procesos de
representación y elaboración de políticas,
pueden verse abocadas a experimentar dos consecuencias; por un
lado, sufrir el reaparecimiento de tradicionales prácticas
autoritarias derivadas de la debilidad del control institucional
de la misma democracia; de otro lado, permitir las influencias de
grupos de presión sobre la elaboración e
implementación de políticas a favor de los
intereses de sectores económicamente poderosos,
especialmente en países que transitaron a la democracia
con elevados niveles de desigualdad social, exclusión,
pobreza y vulnerabilidad estructural.
La segunda crítica se encuentra vinculada con el
problema de la representación y los mecanismos de
participación política que, en sociedades como la
ecuatoriana, tienen que ser ubicados dentro de la vieja
contradicción producida entre régimen
político democrático y el sistema, y cultura,
política autoritaria. Las expresiones de este permanente
antagonismo entre régimen democrático
-independientemente de que sea catalogado como minimalista o
formal- y el sistema político/cultura autoritaria -que
puede ser interpretado como premoderno, informal o personalista-,
se las observan en los conflictos étnicos y de identidad
nacionales no resueltos; en una baja ciudadanización que
ha constreñido la noción de sus derechos a los
períodos electorales; en una institucionalización
estatal débil que no ha sido incapaz de generar mecanismos
de inclusión social; en la persistente tensión
política derivada del inconcluso problema regional; en la
atribución de facultades dirimentes con que han actuado
las Fuerzas Armadas en los momentos de crisis; y en las
recurrentes prácticas populistas que atraviesa a la
mayoría de los partidos políticos.
Sobre este último segmento de los partidos
descansa gran parte de la responsabilidad de las tensiones
políticas surgidas en torno al problema de la
representación y participación, ya que éstos
han contribuido con sus acciones para que nuestra democracia sea
poco consolidada. En efecto, los partidos políticos no se
han regido por conductas y reglas de juego que ellos mismos
diseñaron para operar en contextos de modernidad
institucional; se han visto superados por distintas formas de
representación social y negociación de intereses
sectoriales; su liderazgo ha caído en los niveles
más permisivos del caudillismo y personalismo que
está basado en prácticas intolerantes y
excluyentes; y en general, al funcionar instrumentalmente como
entidades autoreferentes, no han logrado vincular a la sociedad
con el sistema político que era la pretensión
original de la refundación o imaginario democrático
del país .
Paralelamente a estos factores debe añadirse el
peso de las relaciones, redes y estructuras clientelares y
corporativas que se han constituido en mecanismos generalizados y
"legítimos" de vinculación e intercambio
político que, al ir más allá de las
coyunturas electorales, han penetrado a la totalidad del sistema
político e institucional adaptándolo a sus propias
lógicas y condiciones. En ese contexto, la presencia de
este tipo de lógicas presenta a cada momento pactos
excluyentes, ponen en funcionamiento verdaderos cárteles
de insiders contra outsiders, cárteles que restringen la
competencia, dificultan el acceso y distribuyen entre los socios
los beneficios del poder. Crean, por lo tanto, el peligro de que
la democracia se convierta en un proyecto privado de
líderes de unos pocos partidos políticos y
asociaciones corporativistas que extraen beneficios privados y
protegen su posición excluyendo al resto de la sociedad,
la cual, a su vez, dada la incapacidad de generar mecanismos
participativos alternativos, contribuye para que la democracia
sea anémica.
Desde esa perspectiva, la crisis de
representación y participación generada por la
ineptitud de los partidos políticos para procesar los
conflictos de intereses y canalizar las demandas de la
población, ha promovido dos efectos perversos. De una
parte, ha vuelto a sobrecargar las responsabilidades del poder
ejecutivo del Estado, confiriéndole directamente mayores
potestades de intermediación e intervención como
actor económico, social y político en una sociedad
en permanente conflicto como la ecuatoriana, pues los diversos
actores sociales, sin recurrir a las mediaciones tradicionales de
representación, ejercen presiones al aparato estatal que
desde el retorno a la democracia ha visto mermadas sus
capacidades de redistribución e integración social,
presenta limitaciones para implementar políticas
públicas y evidencia fragilidad institucional al no tener
respuestas concretas ante las constantes demandas; una suerte de
doble perversidad porque el Estado tiene que debatirse entre una
imagen de eficiencia tecnoburocrática que no la posee y
una figura de ogro filantrópico enunciada hace muchos
años por Octavio Paz.
De otra parte, la ausencia de verdaderos mecanismos de
representación que reducirían la complejidad social
produce un círculo vicioso entre espacios de informalidad
y cultura política que se expresa en pactos de grupos
disímiles basados en lógicas patrimoniales, de
prebendas y personalistas; no obstante, las prácticas de
informalidad política no es atribuible solamente a los
denominados informales, es el resultado de un particular pacto
entre las clases sociales y los grupos segmentales en los que se
divide la sociedad ecuatoriana. Por consiguiente, no se
establecen las condiciones mínimas para la
representación política en contextos
democráticos, pues generalmente se niega una
ciudadanía plena y activa, dotada de derechos que
atribuyan delegación y poder; se reduce el panorama de
certidumbre institucional donde deben desenvolverse las normas y
procedimientos capaces de delimitar las relaciones entre
representados y representantes; y, al existir incapacidad para
procesar la diversidad de intereses y demandas generales, se
privilegia el conflicto particular de las élites antes que
el consenso, la inclusión y la tolerancia como valores
constitutivos de una institucionalidad moderna y
democrática. En términos generales, la
conjunción de estos factores, entre otros, han conspirado
contra la posibilidad de construir mecanismos de
representación que sean reflejo de las diversidades del
país y la generación de adhesiones a la
democracia.
El caso de la intervención militar en la
administración y control de las aduanas y en otras
áreas vitales de la economía, no hace mas que
evidenciar la notoria incapacidad de control de los sucesivos
gobiernos frente al problema de la corrupción estatal,
factor que ha producido situaciones ambiguas y confusas dentro de
las entidades militares, ya que éstas han debido asumir
responsabilidades por fuera de sus roles tradicionales que les
son inherentes. En tal sentido, estas delegaciones y "abusos" de
la gobernabilidad civil pueden ser miradas también como
una serie de acciones políticas que, amparadas en la buena
imagen de las FFAA, han servido para contrarrestar la permanente
percepción de la población de que la "clase"
política, al poseer atribuciones e influencia en las
esferas institucionales de control y gestión estatal, se
encuentra impregnada de corrupción pública y
privada a través de una serie de procedimientos alejados
de lo formalmente establecido por la ley.
Lo curioso es que en este escenario confuso de
delegaciones, las FFAA han logrado mantener esa buena imagen a
pesar de las críticas y presiones políticas
provenientes de los sectores privados de la economía. Una
razón que explicaría esta situación proviene
de la manera sui generis con que han manejado el concepto de
seguridad nacional, acoplándolo a sus propias
apreciaciones que les ha permitido desarrollar una
institucionalidad autónoma desde los años setenta.
En efecto, estas gestiones autónomas en diversos campos de
la sociedad se han expresado, no sólo en la
intervención en áreas de seguridad tradicionalmente
asignadas a los militares, sino en el manejo y
participación en una compleja red de empresas en los
sectores camaronero, agroindustrial, minería, transporte
aéreo y naval, de infraestructura caminera, educativo y
del mercado interno. Este "detalle" de incursión en el
ámbito empresarial es el que ha generado las mayores
oposiciones del sector privado que ven en esta conducta una
competencia desleal, pues está sustentada en una
política de subsidios que no concuerda con los proyectos
de libre mercado, reducción del aparato estatal y
privatización que se han tratado de implementar en el
país en los últimos quince años. De
ahí que, si bien los militares ecuatorianos han pretendido
estar alejados formalmente de las presiones del sistema
político, su propia concepción de la democracia, de
los niveles de participación en áreas del
desarrollo y de la economía, asumidas como un asunto de
seguridad y de protección a los sectores
estratégicos, han abierto precisamente las posibilidades
para estar inmersos en el juego político que no lo
deseaban explícitamente.
Dentro de ese campo no se puede negar el hecho de que
las FFAA, en su interpretación tutelar de la democracia,
parten constantemente de la idea de que el sistema
político y el Estado son carentes de la capacidad para
integrar la sociedad y centralizar su función reguladora.
Es por ello que las intervenciones de los militares tienen que
ver, en gran parte, con esa incapacidad estatal para hacer
predominar los intereses generales sobre los locales; con las
limitaciones institucionales y políticas que no han podido
resolver problemas históricos como la
redistribución de recursos y la riqueza que han influido
en la constitución de poderes regionales fuertes que han
limitado el proceso de integración del territorio
nacional; y, con la persistencia de la fragmentación
social producida por los recurrentes conflictos políticos
donde las élites tienen mucha responsabilidad en promover
condiciones de ingobernabilidad.
En ese contexto, de las iniciales intervenciones
catalogadas como "acción cívica" que los militares
tenían a principios de los ochenta, han pasado en estos
años a un tipo de concepción de "apoyo al
desarrollo" que se enmarcan en una estrategia de
prevención de conflictos y en una idea de seguridad post
guerra fría que implica asumir una noción
más de sociedad y menos gubernamental. De ahí que
esa concepción societal de las FFAA se haya traducido en
un permanente contacto con la población civil a
través de diversos programas sociales basados en
prácticas de cooptación paternalista y en un
despliegue de discursividades ancladas en la invocación de
lo nacional como identidad popular; no obstante, la
pérdida de sentido de ese concepto tradicional de
seguridad nacional y el hecho de asumir institucionalmente
determinadas "delegaciones", derivadas de las irresponsabilidades
gubernativas que les han conferido nuevos roles, junto a la
coordinación de mecanismos de decisión y
gestión entre entidades civiles y militares, ha promovido
un ambiente de "segurización" del desarrollo que
está erosionando el espectro político e
institucional del país .
Pero la serie de intervenciones militares en la sociedad
ecuatoriana van más allá del manejo de ciertos
ámbitos económicos o de su participación en
las tareas de desarrollo, pues su desempeño y protagonismo
como actores políticos ha sido evidente en las
últimas dos crisis constitucionales e institucionales por
las que ha atravesado la República.
Escenarios complejos:
retos democráticos y roles militares
Las situaciones críticas analizadas anteriormente
que por lo general han vulnerado la democracia formal, expresan
varias dimensiones que deberán ser pensadas al momento de
plantearse sí, efectivamente, los ecuatorianos (as)
podremos construir una democracia amplia y representativa que
tenga la capacidad de integrar a la población, sostener un
desarrollo distributivo, extender la forma ciudadanía con
todos sus derechos a los diversos componentes de identidad,
establecer mecanismos de control a las presiones corporativas y
la corrupción que han destrozado al país, recurrir
al diálogo y el consenso para superar las persistentes
crisis políticas y mantener un sector militar que no sea
utilizado para dirimir las pugnas de intereses de las
élites que persisten en legitimarse a través de una
cultura política autoritaria, de prebendas, racista y
excluyente, vale decir, diseñar y gestionar una sociedad
democrática que deje atrás sus anclajes
imaginarios.
Un horizonte de esa naturaleza no puede ser asumido sin
tomar en cuenta el papel preponderante que han jugado las Fuerzas
Armadas en el sistema político y en la democracia
mínima que opera hasta el presente en la sociedad
nacional. Si bien los militares con sus acciones han salvado en
ciertos momentos a la débil institucionalidad estatal,
atrapada en ocasiones por lógicas particularistas de
gobiernos de turno carentes de representatividad, también
han socavado y deslegitimado el mismo concepto democrático
a través de sus intervenciones políticas que los
condujeron al golpe de Estado; no obstante, la gestión y
desempeño democrático en sí mismo tiene que
procesar una serie de complejidades sociales, políticas y
económicas que afectan a la sociedad en conjunto y a la
entidad castrense en particular.
En primer lugar se encuentra el tratamiento de las
políticas de la diferencia y del reconocimiento
relacionadas con el tenso proceso de construcción de la
cultura e identidad nacional. En efecto, una vez acabado el
conflicto limítrofe que se mantenía con el
Perú y que permitió la firma de los tratados de paz
entre ambos países, se abre la posibilidad para el Ecuador
de plantearse el reto fundamental de reimaginar la nación
sin poner énfasis en un tipo de discurso nacionalista que
veía al otro cercano como peligroso, enemigo constante y
hostil; de tal manera que, al desaparecer esa dimensión
perversa que contiene todo postulado nacionalista de corte
escencialista, los ojos políticos se vuelcan a repensar
los mecanismos de adscripción cultural, a establecer
nuevas pautas de integración social y a debatir sobre una
concepción de identidad nacional que supere la
noción de nacionalidad homogénea relacionada con la
lealtad cívico estatal que ha sido precisamente uno de los
pilares ideológicos de las Fuerzas Armadas
ecuatorianas.
Las actuales redefiniciones políticas atraviesan
dos lógicas distintas, pero cada una de ellas tiene
implicaciones directas para el desempeño de la democracia
y el papel que debe jugar el Estado en la conducción de la
sociedad. De una parte se encuentran las lógicas basadas
en demandas de autonomía regional y federalización
que, impulsadas desde distintas zonas, actores y gobiernos
locales, ven al "Estado central quiteño" como un entramado
burocrático lleno de excesos y atribuciones
político administrativas, escasamente sensibles a los
problemas de la periferia e incapaces de redistribuir los
recursos públicos originados en gran parte en las
sociedades locales.
En efecto, los últimos años de la
década pasada han sido prolíficos en la
constitución de "movimientos" regionales que plantean
mayores potestades autonómicas al Estado central; sin
embargo, muchas de estas acciones colectivas que apelan a una
identidad regional distintiva y que exigen un reparto equitativo
de las rentas fiscales nacionales, aparecen como una
"representación" de las élites locales que
mantienen dominadas las instancias públicas y privadas del
poder e intermediación, presentan prácticas
clientelares y patrimoniales en sus proyectos políticos, y
restringen la acción de organizaciones sociales que no
comparten ese tipo de análisis y acción.
Dentro de este ámbito es importante
señalar que una de las preocupaciones constantes para las
Fuerzas Armadas constituyen las movilizaciones políticas
sustentadas en una convocatoria de corte identitario localista.
Independientemente de que el problema regional pueda ser
explicado por la falta de construcción e
integración nacional, o desde un análisis
instrumental que vería en estos movimientos, la
acción calculada de sectores tradicionales que utilizan la
manipulación populista para esconder sus verdaderos
intereses particulares de poder, lo cierto es que el conflicto
regional tiende a expresarse mediante una permanente
presión, chantaje y confrontación con el Estado y
gobierno central, situación que es vista por los militares
como peligrosa para la continuidad de la nación
ecuatoriana; de ahí que las demandas autonomistas y
federalistas puedan ser asumidas como un asunto de seguridad
nacional.
De otra parte se hallan las lógicas de
organización política étnica que reivindican
frente al Estado central una serie de derechos colectivos y
culturales que incluyen pedidos de una nueva
territorialización y la aceptación de sus
tradiciones jurídicas consuetudinarias. Este tipo de
demandas identitarias y autonómicas no son nuevas, pues a
partir de 1990 se han levantado una serie de exigencias
políticas que cuestionan el carácter unitario de la
nacionalidad ecuatoriana; de hecho, ante la amenaza de un
conflicto étnico permanente, el estado nacional ha
respondido con la implementación de una diversidad de
políticas públicas destinadas
específicamente a este sector, sin que ello haya eliminado
la posibilidad de que el movimiento indígena incorpore
prácticas neocorporativas en su accionar
político.
En efecto, ante el incremento y radicalización de
determinadas posturas étnicas que van más
allá del discurso antineoliberal al descalificar de forma
sustantiva y global al Estado, el movimiento indígena se
ha visto obligado a desplegar una estrategia conflictiva y a
veces esquizofrénica que combina presión y
negociación, despliegue de grandes acciones de
movilización, convocatorias a formas de
representación extra institucionales y, a la vez,
interlocución con organismos multinacionales para
financiar programas sociales para los pueblos indígenas a
base de demandas concretas y puntuales que refuercen la eficacia
y legitimidad frente a sus propias bases. De esa manera, los
indígenas permanecen como uno de los principales actores
sociales que ejercen presión constante a un Estado
debilitado, con una institucionalidad frágil que es
incapaz de responder eficientemente ante el incremento de las
reivindicaciones provenientes de las políticas de la
diferencia que se agudizan en tiempos de crisis económica
e ingobernabilidad.
Todos estos factores identitarios, étnicos y
regionales, contribuyen para que las Fuerzas Armadas asuman una
postura de cautela frente a las demandas políticas
mencionadas. Ven en ellas una serie de lógicas
perturbadoras que comprometerían la tradicional
vocación estatista, desarrollista e integradora que los ha
caracterizado y, más aún, consideran que el mismo
Estado podría colapsar como referente de una identidad
nacional unificada, sin descartar escenarios de
"balcanización" que fracturarían la democracia y
desintegrarían al país. Es por ello que la
relación que mantenían los militares con los
sectores sociales civiles, especialmente con los
indígenas, han bajado de perfil al punto de participar en
acciones represivas y de mano dura como lo demostraron en el
último levantamiento de inicios de año.
Este cambio de percepción sobre sus roles
institucionales y su "deber ser" se ha incrementado con la
aplicación del "Plan Colombia". A partir del acuerdo
firmado a fines de 1999 por el ex presidente Mahuad y su ministro
de Defensa con los Estados Unidos, que permite el uso de la base
militar de Manta por la Fuerza Aérea de este país
para operaciones aéreas de detección, monitoreo,
rastreo y control de actividades ilegales y tráfico de
narcóticos, se han abierto varios escenarios de
tensión y conflicto fronterizo, ya que el país, a
más de ser el más vulnerable de la región,
está siendo depositario de una serie de consecuencias del
conflicto armado colombiano como son los desplazamientos forzosos
de la población, la afectación del comercio
fronterizo, la presencia de intermediarios cocaleros, los ajustes
de cuentas en territorio ecuatoriano por los actores violentos
involucrados y las acciones que han tenido que desplegar las FFAA
para resguardar la soberanía y territorio nacional como
parte de un desafío institucional y operativo que trata de
concatenar el concepto de seguridad humana con el de seguridad
estatal, aspectos que formarían parte de los nuevos roles
que se ha impuesto la entidad castrense.
En estos contextos que de por sí son complejos,
se suman las crisis económicas y fiscales que contribuyen
a potenciar los conflictos redistributivos en el marco de una
democracia limitada, muchas veces manipulada por élites
privadas que se han servido del aparato estatal para apropiarse
de los escasos recursos públicos disponibles. De esa
manera, la imagen que proyecta el Estado es de una
institución depredadora, pues se genera una
práctica perversa que transfiere indiscriminadamente
finanzas de la población ecuatoriana a un sector
económico no estatal; por ello, los estados que en
momentos de crisis manifiestan tendencias predatorias tienden a
deslegitimarse y debilitarse a sí mismos, incluso,
poniendo en riesgo su sobrevivencia.
Finalmente, la agudización de las distintas
conflictividades y escenarios que he descrito, marcarán
por completo el carácter y el tipo de acciones futuras que
desplegarán las FFAA dentro de la sociedad nacional. Hay
que considerar que la entidad castrense ya no es la misma de hace
unos años y que su imagen ha sufrido un deterioro parcial,
no sólo por su participación golpista que trajo
consecuencias en su organización interna, sino por los
cuestionamientos que se realizan desde la opinión
pública en estos momentos, producto de las intervenciones
poco transparentes en el área de transporte
marítimo de combustibles que ocasionó un
irresponsable perjuicio ambiental a las islas Galápagos.
En todo caso, el manto protector del discurso nacionalista y de
la defensa territorial seguirán constituyendo su base de
legitimidad a mediano y largo plazo.
En una dimensión similar, los retos
democráticos, asumidos como responsabilidad general del
país, pero especialmente del sistema político,
tendrán que canalizarse hacia la consecución de
varios ámbitos positivos que garanticen la gobernabilidad
y la coexistencia pacífica en un Estado de derecho pleno.
En ese sentido, se requerirán construir espacios
políticos e institucionales creíbles que, a
más de resolver la pugna redistributiva y la
corrupción que tanto daño ha generado, constituyan
instancias capaces de procesar las representaciones de las
identidades diversas y recuperen la legitimidad en base de la
negociación, la tolerancia y el consenso, valores
democráticos que aspira poseer la sociedad ecuatoriana en
un futuro cercano.
Conclusiones
1. Que el Poder Militar, definido como la
expresión del poder nacional que le permite a éste
alcanzar y mantener los Objetivos Nacionales Permanentes, no
estuvo presente en la revolución del 10-AGO-1809; por lo
que no se alcanzó el triunfo pretendido, no existió
el valor cuantitativo para enfrentar a un Poder Militar
español que se opondría a la conquista de este
objetivo nacional, la independencia; y, desde el punto de vista
del análisis cualitativo de este fundamento, la carencia
de preparación y de convicción de las fuerzas
militares. Así se explica entonces la incorporación
de las pocas fuerzas destinadas a detener a las que venían
de Cuenca y Guayaquil a las filas realistas en Zapotal,
así se explica también la derrota y más
aún la retirada de las fuerzas revolucionarias con la sola
noticia de la llegada de las tropas de Guayaquil, Cuenca y
Lima.
Las fuerzas improvisadas reunidas por los patriotas y
comandadas por los mismos; no contaron con una
"subordinación legal", ya que estas fuerzas no
tenían argumentos legal para subordinarse a la Junta
Soberana; es así como, habiendo estado inicialmente
sujetas a la autoridad de la Real Audiencia, apoyaron luego a los
revolucionarios y más tarde se incorporaron al
ejército realista en el Zapotal, confirmando de este modo,
la carencia absoluta de subordinación. Las fuerzas
militares que apoyaron al movimiento revolucionario del
10-AGO-1809 no tenían carácter de permanentes, pues
no se sentían integradas a un ancestro nacional y no se
proyectaban hacia el futuro, como confirman los hechos
analizados.
Las virtudes militares del pueblo son el fundamento del
Poder Militar, definido como "Las virtudes de más
acentuada significación peculiares a un pueblo". Si
analizamos a continuación, los Factores del Poder Militar,
definidos como "elementos de menor estabilidad, pero capaces de
modificar, valorizar o depreciar el Poder Militar", diremos que
la ausencia de una "doctrina militar" no permitió la
organización, preparación y empleo de aquel en un
apoyo adecuado al movimiento político gestado en Quito,
impidiendo su consolidación victoriosa.
La capacidad del alto mando, como factor del Poder
Militar en 1809, no tuvo expresión propia,
preparación, capacidad, ni calidad de dirección, ya
que don Juan de Salinas no fue un líder militar con
formación para ejercer autoridad sobre las fuerzas
patriotas, a pesar de sus cualidades personales y de su
altísimo amor a la libertad.
2. Que en los inicios de la República, el
Presidente Vicente Rocafuerte Bejarano, creó el Colegio
Militar para instruir y moralizar el ejército, quiso que
nunca se reconociesen los ascensos obtenidos en las guerras
civiles; que los Congresos tuvieran la facultad de conocer
premios y grados a los militares que se hubiesen distinguido en
la defensa del orden legal, ya que el interés de los
militares revolucionarios era ascender y satisfacer la
ambición cubriéndola con el velo de la libertad, de
odio y tiranía. "Entre los oficiales revoltosos, se ha
hecho moda promover disturbios públicos para adelantar en
grados", aseguró Rocafuerte en 1839. Y tuvo ideas justas y
precisas sobre la institución militar:
"La profesión de las armas, ha sido la más
honrosa en las naciones antiguas y modernas, por las ventajas que
proporciona a la sociedad y por los medios que ofrece a las almas
privilegiadas de desenvolver las virtudes heroicas que realzan la
gloria de la especie humana. La Fuerza Armada, elemento
indispensable de todo gobierno para su defensa exterior y
seguridad interior, se convierte en instrumento de tiranía
cuando no está dirigida por la moral, el saber y el
patriotismo… La libertad, según la define el
filósofo de Ginebra, es la esclavitud a las leyes; y en la
milicia, podemos decir que es la perfecta obediencia de los
inferiores a los superiores". Y luego hizo observaciones del
más alto interés acerca de la Academia Militar de
West Point en los Estados Unidos, "que tanto ha contribuido a la
paz interna de la Gran República; esos jóvenes que
ponen su gloria en no formar un cuerpo deliberante; no aspira a
fueros, privilegios ni distinciones que los separen del resto de
la sociedad y retemplan sus armas con los modelos que les ofrece
la historia, especialmente la admirable abnegación de
Jorge Washington".
2. Que en todo el período de independencia, el
Poder Militar realista observó la doctrina militar vigente
en la península; en cambio, el Poder Militar patriota
operaba siguiendo las prescripciones napoleónicas,
mediante batallones de infantería, regimientos de
caballería y baterías de artillería,
organización que tiene como objetivo la destrucción
total del adversario en la batalla.
Es importante analizar, cómo los generales de la
independencia aplicaron los mismos principios de la guerra y la
misma doctrina militar que los mariscales europeos, así
cómo observaron idénticos
procedimientos.
Como conclusión final, queda esta lección;
solamente un Poder Militar fortalecido es la garantía para
mantener la integridad territorial y la soberanía nacional
como Objetivo Nacional Permanente.
3. Que los acontecimientos del 21-ENE-2000, En
términos generales diremos que, profundizaron el
imaginario democrático ecuatoriano, visibilizaron
nuevamente su fragilidad institucional, potenciaron aún
más los espacios de disputa simbólica de la
nación y permitió a las élites
políticas mantener hasta ahora un control precario sobre
esa institucionalidad democrática caotizada que ellos
mismos generaron. Para que ese escenario se cumpla se ha echado
mano de una receta conocida: reedición de pactos
corporativos que incluyen al mismo movimiento indio, establecer
alianzas con la derecha política que expresa los intereses
de sectores empresariales costeños y algunos serranos,
mantener un bajo perfil de los militares, entregados a sus tareas
tradicionales y habituales, reproducir una serie de
prácticas patrimoniales y prebendarias desde el Estado, y
sostener la dolarización que ha sido asumida como la
panacea y el "deber ser" del gobierno actual.
Las vacilaciones del gobierno de Mahuad, entre pactismo
y decretismo dejaron percibir una falta de claridad
política, lo cual tuvo las dos consecuencias enunciadas
por Adam Przeworski: desacreditar las instituciones y debilitar
la democracia con la baja de participación. En la medida
en que los electores y actores sociales fueron frustrados,
favorecieron el ascenso de una acción extraparlamentaria,
así como en 1997, con esta diferencia que, en el
levantamiento del 21-ENE-2000, surgió una alianza
inédita entre indígenas y los mandos medios del
ejército.
4. Que el Ecuador afronta su crisis, la
más grave de su historia y sigue siendo un país
sin soluciones idóneas y que se repite, en realidad,
en sus problemas, con dirigentes nacionales "caníbales
políticos", que no logran acuerdos, tal vez por falta
de liderazgo, más necesario en las horas
críticas. Los resultados están a la vista. El
país no logra superar sus deficiencias y más
bien existen amenazas para volver a lo de siempre, las
protestas, los bloqueos, la búsqueda de salidas
facilistas, incluyendo cambios en la cúpula militar, y
poco efectivas a la hora de los acuerdos, de los sacrificios,
de los aportes. Ecuador no está listo para salir del
pozo sino que va cayendo cada vez más
adentro.5. Que continuamente, los Gobiernos involucran
o tratan de involucrar a las Fuerzas Armadas en labores
internas de control, que generalmente las realiza la
Policía Nacional. No es que las autoridades militares
deban negarse a participar en estas labores, sino que en
muchas de las ocasiones los Gobiernos han pretendido utilizan
esos legítimos instrumentos constitucionales del
Ejecutivo para neutralizar situaciones de índole
socio-económicas, en lugar de realizar acciones
prioritarias para mantener en paz a la sociedad, como es el
proporcionar a la población la satisfacción de
sus necesidades de trabajo, estabilidad y protección
social. Eliminar el desempleo, la miseria, la ignorancia, esa
es una labor del Gobierno y no de Fuerzas Armadas.
Recomendaciones
1. Exigir que los poderes del Estado asuman y tomen
decisiones por ellos. El Legislativo, la Función Judicial,
el Poder Ejecutivo debieron haber asumido con responsabilidad y
con tiempo sus tareas. Los poderes, la población civil
deben buscar soluciones claras y concretas al problema de la
pobreza, de los indígenas, de la corrupción, que no
es problema de una o dos personas sino de todos los
ecuatorianos.
2. Los ecuatorianos tienen que buscar soluciones viables
y de largo plazo. El acuerdo con el FMI tiene su importancia en
el sentido de un apoyo en el campo económico y una
garantía hacia el exterior. Pero si no hay una tarea
nacional sólida, en todos los frentes, sobre todo en lo
económico, el país volverá a sus conflictos
permanentes. La búsqueda de soluciones es el imperativo
nacional, sin soluciones serias y lógicas, la imagen
nacional se seguirá deteriorando, con las graves
consecuencias del caso.
3. Si bien es cierto que las Fuerzas Armadas
del Ecuador a nivel de la región latinoamericana son
las más democráticas y constitucionalistas,
dependerá ahora de la capacidad de los civiles la
suerte de la Nación, ya que los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, se encuentran en ese sector. Se debe
hacer un llamado a la reflexión e inculcar que la
Institución Militar no está llamada a arbitrar
pugnas entre esas funciones, a lo sumo, sugerir determinadas
medidas para garantizar los condicionamientos mínimos
en los cuales debe sobrevivir la Nación.4. La disciplina es vital en la
Institución armada, esa íntima relación
de deberes y derechos, que conforman el esquema
jurídico de Fuerzas Armadas, es la argamasa que fragua
su estructura. Sin la disciplina no existen los
ejércitos, quebrantar esa obligación
básica del soldado es desconocer su propia
profesión, jerarquía militar y
organización del mando. La disciplina es la fuerza
moral de la Institución; por lo tanto, es imperativo
se continúe cultivando todos los días, por
cuanto los militares conocemos que la guerra fundamentalmente
depende de las fortalezas y energías morales de los
pueblos para defender la heredad de su
Nación.5. No se puede botar a la calle al personal de
las Fuerzas Armadas, so pretexto que la delincuencia a
sobrepasado el poder disuasivo de la Policía Nacional.
Primero debe existir el marco legal constitucional que le
permita cumplir a cabalidad con sus nuevas funciones; luego,
recibir la formación y el entrenamiento respectivo;
así como también dotarles del equipamiento
indispensable para las tareas de seguridad
ciudadana.
Bibliografía
AGUIRRE Abad.- Bosquejo Histórico de la
República del Ecuador
ANDRADE Roberto.- Historia del Ecuador, tomo
I
ANDRADE Pablo, 1999. "El imaginario democrático
en el Ecuador" en: Ecuador Debate N° 47, Centro Andino de
Acción Popular -CAAP-, Quito.
ARCOS Carlos, 1998. Demandas y conflictos sociales en el
sistema político ecuatoriano, Cordes, Documento de Trabajo
N° 10, Quito.
BARRERA Augusto, 2000. Acción colectiva y crisis
política. El Movimiento indígena ecuatoriano en los
noventa, Ponencia preparada para el Encuentro de Historia y
Realidad Nacional del Ecuador y América Latina,
Cuenca.
BURBANO DE LARA Felipe, 1998. Cultura política y
democracia en el Ecuador, Cordes,
COPPEDGE Michael, 1996. "El concepto de gobernabilidad.
Modelos positivos y negativos" en: Ecuador: un problema de
gobernabilidad, Corporación de estudios para el
desarrollo-Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo
PNUD, Quito.
CORDES, 1999. La Ruta de la Gobernabilidad,
Corporación de estudios para el desarrollo-Centro de
Investigación y Promoción Iberoamérica
Europa, Quito.
CHIRIBOGA Angel Isaac, Boletín histórico
del Ejército, 1925.
GARCIA Bertha, 1997. "El concepto de seguridad interna
en el marco de las relaciones Sociedad-Fuerzas Armadas en el
Ecuador" en: Diálogo Civil Militar, Universidad
Católica del Ecuador-American University,
Quito.
IBARRA Hernán, 1997 "La caída de Bucaram y
el incierto camino de la reforma política" en: Ecuador
Debate, Centro Andino de Acción Popular -CAAP-,
Quito.
LEAL Francisco, 2001, Militarización en la
región andina?. Las nuevas tareas de las Fuerzas Armadas,
Ponencia presentada al proyecto América Latina 2020,
Hamburgo.
LECHNER Norbert, 1997. "La reforma del Estado entre
modernización y democratización" en: Un estado para
la democracia, Instituto de Estudios para la transición
democrática; Fundación Friedrich Stiftung; M.A
Porrúa (eds), México.
MONCAYO Paco, 1995. Fuerzas Armadas y Sociedad,
Universidad Andina Simón Bolivar-Corporación
Editora Nacional, Quito.
MONTUFAR César, 2001. "Crisis, iniquidad y el
espectro predatorio del Estado ecuatoriano" en: Iconos N° 10,
Flacso, Quito.
PACHANO Simón, 1996. Democracia sin sociedad,
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales,
Quito.
RAMÍREZ Franklin, 2000. Impugnación
regional: Demanda autonómica e identidades regionales y
nacionales en el Ecuador post firma de la paz, Tesis de
maestría, Flacso, Quito.
Anexos
ANEXO No. 01
Ligeros apuntes sobre los antecedentes del 9 de julio y
la actuación del regimiento de Artillería
"Bolívar" No.1.
Diario escrito por el Teniente A. Rodríguez sobre
el proceso que originó y desencadenó en la
"Revolución Juliana", donde jóvenes oficiales
organizaron una agrupación para hablar de la desgracia de
la patria y de los medios para salvarla.
(Transcripción)
EL EJERCITO A LA NACION
TODO POR LA PATRIA
El Ejército de la República, convencido de
que los sagrados intereses del país, no podían
continuar a merced de un régimen de gobierno que se
encontraba en absoluto divorcio con la voluntad nacional, que
prácticamente no tenía dirección e implicaba
una desorganización completa; convencido así mismo,
de que por el más elemental concepto de dignidad no
podía servir de instrumento para mantener un orden de
cosas que carecía de títulos legítimos, que
no poseía elementos de firmeza y estabilidad, que no
reflejaba la opinión pública que se conservaba a
pesar de la enorme corriente popular levantada por el abandono de
los más esenciales problemas de la vida nacional
especialmente respecto de la profunda crisis económica,
agravada recientemente de manera que exigía una
acción urgente, enérgica e inaplazable, ha resuelto
desconocer al actual Gobierno y proceder a organizar una Junta,
integrada por elementos de comprobada honorabilidad, que inspiren
plena confianza a toda la Nación y que sinteticen las
aspiraciones de la hora presente.
El Ejército, movido por los más sanos
propósitos, aspira a que este movimiento patriótico
sea apoyando con entusiasmo por el Pueblo Ecuatoriano, y,
consciente de su fuerza y de sus deberes, garantiza la
conservación del orden y el respecto irrestricto de los
derechos de todos los ciudadanos.
Quito, a 10 de Julio de 1925
ANEXO No. 02
(Extracto)
A LA NACION
ERA HORA de que el ejército, la única
fuerza organizada en el país, en un momento de que este
había se convertido en una estratificación de
oligarquías que esquilmaban al pueblo y lo reducieran a la
miseria moral y económica, tomara la dirección de
los destinos nacionales.
EL EJERCITO ECUATORIANO nuevamente se pone de pie y reta
a quienes han tomado el país como Hacienda o Industria
lucrativa; expulsa de los sitios de administración a todos
los que no supieron responder a los dictados del honor y de la
moral.
NO QUIERE SOPORTAR el dolor de la ciudadanía que
angustiada reclama que se le libren de las medidas de
opresión.
EL EJERCITO ECUATORIANO declara que es el último
minuto de su prueba de la autoridad política y no quiere
entregar a los avatares de los GRANDES POLITICOS las riendas del
país mientras haya que ratificar errores.
Y ASI, declara de que hoy en adelante asume la
dirección del Gobierno de la República hasta que se
encuentre encauzado dentro de las normas permanentes del Orden y
de la Paz.
Para esto, llama a la concordia a todos los
ecuatorianos, invita a declinar postulados de luchas
ideológicas exóticas y exige que la Prensa, las
Organizaciones Culturales, los Partidos políticos y todos
los hombres inteligentes y honrados, presten el contingente de
sus luces, de su consejo, de su labor, desde que el prestigio y
el honor de la patria es el imperativo de todos los
ECUATORIANOS.
Quito, octubre 23 de 1937
Alberto Enríquez Gallo
General
ENCARGADO DEL MANDO SUPREMO
ANEXO No. 03
(Transcripción)
MEMORANDUM DE PEDIDOS URGENTES PARA LA
DEFENSA NACIONAL
La situación militar en nuestra frontera sur
occidental entre el Ecuador y el Perú, está
resultando día a día más desfavorable y
peligrosa para el Ecuador.
El Perú por su parte, ha empleado una gran
unidad, el "Agrupamiento de Norte". Esta fuerza peruana
desenvuelve en la actualidad una febril actividad de
preparación bélica, constituyendo una amenaza
permanente para el Ecuador.
En cumplimiento de la TAREA de este Comando Superior y
para salvar así la responsabilidad de "Omisiones" que
pudieran imputarse a este Comando, presenta a la ilustrada
consideración del señor Ministro las sugerencias
siguientes:
Estas serían:
Inmediatas (1941); y,
para un próximo futuro (1942)
MEDIDAS INMEDIATAS. (1941)
a) Empréstito interno por lo menos de $
15"000.000 para las múltiples necesidades del
Ejército.b) Completar las unidades del sur-occidental,
elevando sus efectivos al orgánico de
movilización.c) Establecer almacenes de aprovisionamiento
para las tropas en las provincias de El Oro y
Loja.d) Proceder a la distribución
técnica del material de guerra, equipo, etc., en los
centros de movilización.e) Mejorar la red de enlaces con hilos y sin
hilos.f) Nombrar con carácter urgente un
Oficial General o Superior para Adjunto Militar en el
Perú y establecer en territorio peruano agentes de
espionaje.g) Realizar con oficiales superiores
ecuatorianos viajes de Estado Mayor de reconocimiento y
estudio de la frontera.h) Fabricar el vestuario, equipos y calzado
(factible en el país) para cincuenta mil
movilizables.i) Adquirir el material de servicios
indispensables para el Ejército.j) Adquirir el ganado necesario para completar,
según el reglamento de dotaciones de paz.k) Organizar la Escuela de Aviación y la
Reserva Aérea con el material de adiestramiento
necesario.l) Organizar la Escuela Naval a bordo de una
unidad de guerra.
MEDIDAS PARA UN FUTURO
PROXIMO
(1942)
1) Reformar la Ley Orgánica, a fin de
que conste la V Zona Militar con sede en Zaruma y con
jurisdicción sobre las provincias del El Oro y
Loja.2) Reformar el Orgánico para 1942, por
el aumento de la V Zona Militar, con incrementos.3) Completar los trabajos iniciados en 1941;
enlaces, vías de comunicación, centros de
movilización, etc.4) La cobertura debe ser orgánica de la
V Zona Militar.5) Intensificar la preparación de los
cuadros de Jefes y Oficiales:
Del Ejército Permanente; Cursos
rápidos de información y maniobras con tropas;
yDel Ejército Movilizable; cursos de
oficiales, suboficiales y clases de reserva.
6) Maniobras con las guardias
nacionales.7) Envío de oficiales al
exterior.8) Adquisición de los materiales
necesarios para los servicios logísticos para el caso
de una movilización.9) Organizar un grupo mixto de aviación
comunidades de combate.10) Organizar una flotilla naval
defensiva
Este memorando termina así:
"Vuelvo a insistir ante el señor Ministro en que
todos los aspectos expuestos tiene carácter urgente deben
ser puestos en práctica en el menor tiempo, ya que el
ritmo agresivo del Perú se vuelve peligrosísimo e
intolerable, pese a la actitud mediadora de Estados Unidos,
Brasil, y Argentina, lo que quiere decir que el Perú busca
la guerra como única solución del diferendo que
mantiene con nosotros. Por lo tanto, nos corresponde prepararnos
para afrontarla poniendo en juego todos nuestros recursos, de lo
contrario la nación ecuatoriana, si no desaparece,
quedará desmembrada en forma tal que toda la
imaginación al respecto no puede acercarse a lo que
será la trágica realidad."
El Comandante Superior del
Ejército
(f) Francisco Urrutia S.
Coronel
Autor:
Luis Pacheco Maya
Ex Suboficial Primero de la ARE
 Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente  |