Potencial reforma judicial y uso progresista del derecho en Costa Rica (página 10)

De la misma manera, a nuestros países se les
exige abrir su economía, sin restricción alguna, al
flujo de mercancías y capitales extranjeros; además
de privatizar las empresas públicas, los recursos
nacionales y, con el argumento de evitar presiones
inflacionarias, procurar dogmáticamente la
reducción del déficit fiscal, lo que lleva a
reducir el gasto público en el renglón social y,
finalmente, flexibilizar las relaciones laborales, además
de privatizar todos los bienes y servicios públicos, pues
"todos deben ser privados y mercantiles."

La experiencia de los países "reformados"
siguiendo las pautas establecidas por el BM y el FMI, tal como es
el caso de México, muestra que las contradicciones propias
del capitalismo, sus crisis recurrentes y la creciente
polarización social, han obstaculizado la expansión
del neoliberalismo económico, aunque no su difusión
e imposición ideológica y cultural, especialmente
entre los sectores dirigentes políticos e
intelectuales.

En todo caso no sólo en los países del
capitalismo desarrollado, sino también en los
dependientes, la reestructuración neoliberal se ha hecho a
expensas de los pobres y de las clases explotadas; las
desigualdades económicas y sociales se acentuaron y la
prosperidad no alcanzó a derramarse hacia abajo, como
aseguraba la reconfortante "teoría del derrame", que
plantea primero crear la riqueza para luego distribuirla, lo cual
en los hechos ha significado anular toda política de
desarrollo por impulsar el crecimiento de la economía en
beneficio exclusivo del capital.

Por decirlo de manera breve y concreta: las sociedades
que el neoliberalismo construyó en las dos últimas
décadas, son peores que sus precedentes, más
divididas, polarizadas e injustas. Los hombres y mujeres del
mundo viven hoy bajo renovadas amenazas bélicas,
económicas, laborales, sociales y ecológicas. De
hecho, la humanidad sobrevive hoy en un mundo lleno de temores,
zozobra y desesperanza. 

Finalmente, de las vicisitudes históricas de la
imposición del neoliberalismo como ideología
hegemónica en la mayor parte del planeta es posible
extraer algunas experiencias. Sin duda alguna, las fuerzas y
movimientos sociales que aspiran al cambio y que se expresan en
contra de la globalización neoliberal, existen y crecen a
contracorriente del consenso político de la era
neoliberal. Sin embargo, desde el poder se trata a los portadores
de las propuestas alternativas como excéntricos, o
románticos incurables y fuera de lugar en la sociedad
actual.

Pero asumir el cambio como opción, significa
empezar dejar de aceptar a la sociedad capitalista y sus
instituciones como inmutables y eternas. Es más, la
historia demuestra que lo que parecía una locura en los
años cincuenta, por ejemplo la creación de millones
de desocupados, la reconcentración del ingreso, el
desmantelamiento de los programas sociales, la
privatización del petróleo, el agua y la
electricidad, la educación, la salud y hasta las
cárceles, sólo pudo ser posible, incluso con un
bajísimo costo político para los gobiernos que las
aplicaron, una vez que el neoliberalismo alcanzó su
"victoria ideológica" sobre la sociedad y las otras
opciones políticas, tanto capitalistas como
anticapitalistas.

En consecuencia, debe tenerse la seguridad de que es
posible un proyecto no capitalista pensado de cara al siglo XXI,
que reivindique la posibilidad de establecer un sistema
economía y social, capaz de unir armónicamente la
igualdad social con la democracia. Alguna vez, Max Weber
escribió que "en este mundo no se consigue nunca lo
posible si no se intenta lo imposible una y otra vez", y
exhortaba al mismo tiempo a soportar con audacia y lucidez la
destrucción de todas las esperanzas porque, de lo
contrario, seríamos incapaces de realizar incluso lo que
hoy es posible.

Esas palabras sugieren una actitud fundamental, que no
deberán abandonar quienes ya no se resignan ante un orden
social intrínsecamente injusto como el capitalismo, y que
pese al hostigamiento intelectual, la exclusión, la
incomprensión, cuando no la persecución, siguen
creyendo que una sociedad diferente tiene cabida en esta
centuria. (Maximilian Carl Emil
Weber, Erfurt, 21 de
abril de 1864 – Múnich, 14
de
junio de 1920 filósofo, economista, jurista,
historiador, politólogo y sociólogo alemán,
considerado uno de los fundadores del
estudio moderno, anti-positivista, de
la sociología y la administración
pública. Sus trabajos más importantes se relacionan
con la sociología de la religión y
el gobierno, pero también escribió mucho en el
campo de la economía. Su obra más reconocida
es el ensayo La ética protestante y el
espíritu del capitalismo, que fue el inicio de un trabajo
sobre la sociología de
la religión)

Weber argumentó que la religión fue
uno de los aspectos más importantes que influyeron en el
desarrollo de las culturas occidental y oriental. En otra de sus
obras famosas, La ciencia como vocación, la
política como vocación, Weber definió
el Estado como una entidad que detenta
el monopolio de la violencia y los medios de
coacción, una definición que fue fundamental en el
estudio de la ciencia política moderna en Occidente.
Su teoría fue ampliamente conocida a
posteriori como la Tesis de Weber).

Una sociedad diferente, ¿qué tan diferente
y desde que perspectiva? ¿En que podría consistir
esa diferencia? ¿Cuál sería el costo de
poder implementar un nuevo modelo, que sea funcional y eficaz
para las mayorías? La perspicacia surge y se origina en
esta proposición, cuando sea podido observar la historia
desde diferentes perspectivas; ¿Cómo es que los
tataranietos de los dueños del poder en el umbral del
siglo XXI, pueden realizar esos cambios? Pero, entiéndase,
de esos cambios, que las mayorías han sufrido a
través de toda la historia.

Entonces para concordar con Boaventura De Souza Santos,
haríamos una interpretación
sub-paradigmática, del desarrollo del período
actual, del capitalismo; hacemos una división de este
concepto, para que los lectores puedan entenderlo de mejor forma,
en la perspectiva crítica sobre el antagonismo
crónico; de toda la historia, la reproducción
rutinaria y el expansionismo, que es lo único que la
humanidad ha sostenido en materia de organización social
en la vida.

En esta tesitura se ha tratado de no repetir
concepciones y razonamientos hartamente repetidos, porque los
modelos socioeconómicos impuestos durante la vida humana,
no han variado en algunos sentidos: invasiones,
explotación expansionismo y sangre; significado, guerra en
diversas estructuras de la humanidad, donde siempre salen
perdiendo los que menos posibilidades tienen para la
subsistencia.

En el momento en que los gobiernos de las sociedades
latinas, supongan un conjunto de instituciones organizadas y
acepten pactos sociales que garanticen, además de la
producción, y la puesta física de los diversos
productos en el mercado internacional, pero también el
modelo de regulación que proponen el grupo disminuido que
tiene el poder económico del mundo, estarían
regresando, al génesis del siglo XVI, y poniéndose
en manos de nuevo del poder de toda la historia.

Souza Santos señala la idea de que desde los
años sesenta los países centrales han vivido una
crisis tanto del régimen de acumulación como del
modo de regulación; arriba se apuntaba la idea de que por
falta de explotación directa y por las independencia de
las diversas naciones latinas, pues el flujo de ingreso de
riquezas, se frenó rotundamente y eso aqueja a esas
sociedades, que por mucho tiempo vivieron de esas utilidades de
producción de los pueblos de América.

Es por eso que la proposición de cambios de
modelos, no solo va orientada la expansión
psicológica, tecnológica, científica, de
producción y de consolidación de mercados globales,
sino también en el sentido de poder manejar
ideológicamente sistemas dentro de las cortes de justicia
de América Latina, cómo ya se ha logrado en los
países de Europa Occidental.

Dice Boaventura De Souza Santos: "El papel regulador del
Estado-nación tiende a ser más decisivo en crisis
´de la` que en crisis ´en la`, pero la manera en que
actúa el Estado depende en gran medida del ambiente
internacional, de la inserción de la economía
nacional en la división internacional del trabajo y de las
capacidades y recursos institucionales específico del
Estado para unir, bajo condiciones críticas hostiles,
estrategias de acumulación con estrategias y estrategias
de creación de confianza." ? (DE SOUZA Santos
Boaventura,"Sociología Jurídica Crítica,
opcit. cap. 6, pp, 304).

Definitivamente ha habido yerros relevantes, como los
que se han producido en Estados Unidos en los últimos
tiempos, no es solo falta de regulación en los niveles
globales, muchos conflictos radica en la falta de sistemas
organizacionales, eso se ha dicho hasta la saciedad en los
ámbitos de la ciencia de la administración; falta
de capacidad para dirigir la organización en países
de América Latina es más importante la
energía de la juventud que la experticia de los
adultos.

Esto hace interpretar el paradigma de Occidente, como
erróneo, y entender las crisis del régimen de
acumulación económica de toda la historia, pero
también la crisis en las regulaciones, que siempre
tendieron a controlar las actividades diversas económicas
de las naciones latinas, eso es lo que Souza Santos critica como
"una crisis más profunda." Porque se entiende que seles
fue de las manos dicho control y la regulación de esas
actividades, que el mismo tiempo les ha cobrado, por la
independencia de los pueblos nuevos, o pueblos colonizados en el
siglo XVI.

El mismo autor también señala que "las
soluciones a la crisis sub-paradigmática," serían
el producto de los mecanismos de ajuste estructural del sistema
y, hace la advertencia de que el sistema se está
debilitando irreversiblemente, esas soluciones, asegura Souza
Santos, serán crecientemente ¿provisionales e
insatisfactorias? El autor estima y así lo expresa, que la
visión sub-paradigmática, no tiene
preocupación por los cambios a largo plazo o desecha sus
bases cognitivas, por considerar que no son
científicas.

Es normal que haya ese sentimiento y esa experiencia,
los gobernantes de estas sociedades, son nietos, descendientes de
esos poderes de otros tiempos, consideran, que si algo han
aprendido, es que el capitalismo, siempre soluciona con
éxito sus crisis y siempre dentro de un marco de tiempo
relativamente corto. Debería ser así, pero cuando
hay acuciosidad de las causas de los fenómenos de crisis,
como la que padecido Estados Unidos, en estos primeros
años del siglo XXI; el panorama ha variado y por
más súper nación, que sea, se ha vuelto
vulnerable en muchos rubros que son clave para el desarrollo del
futuro.

Los gastos en guerras y en publicidades subliminales
para convencer y justificar acciones bélicas,
además de yerros en la administración de los
recursos económicos, han golpeado la estructura sustancial
del capital; la crisis ha durado más de un mediano plazo,
administrativo y las soluciones aún no se ven, entonces
aquí el pasado del capitalismo, está fallando, el
impacto social lamentablemente, se sacude, las financieras,
resienten en su estructura de capital, porque los errores han
sido drásticos.

Souza Santos dice: "La audiencia transformativa es
probablemente más apocalíptica en la
evaluación de los temores, riesgos y colapsos que se
observan en nuestro tiempo, pero también tendería a
ser más ambiciosa en relación con la gama de
posibilidades y opciones históricas que se están
abriendo. De acuerdo con lo temas y las circunstancias, el
proceso de globalización puede entonces verse algo
altamente destructivo de identidades y de equilibrio
irremplazables, o como la inauguración de una nueva era de
igualdad solidaria a nivel global, o aún
cósmico.

Agrega Souza que "Por el contrario, para la audiencia
adaptativa, las transformaciones globales, actuales en la
economía, la política y la cultura deben rechazarse
o alentarse según las circunstancias. Sin embargo, a pesar
de su indudable relevancia, las circunstancias no están
forjando ni una distopía del tipo de, "En mundo
feliz" de Aldous Huxley, ni una utopía. Expresan
simplemente la turbulencia transitoria y el caos parcial que
acompañan usualmente a cualquier cambio en sistemas que
han caído en la ruina." (DE SOUZA Santos Boaventura,
"Sociología Jurídica Crítica", opci. Cap. 6,
pp, 303).

(Una distopía, llamada
también anti-utopía, es
una utopía perversa donde la realidad transcurre
en términos opuestos a los de una sociedad ideal. El
término fue acuñado como antónimo de
«utopía» y se usa principalmente para hacer
referencia a una sociedad ficticia, frecuentemente emplazada
en el futuro cercano, donde las consecuencias de la
manipulación y el adoctrinamiento masivo
—generalmente a cargo de un Estado autoritario o
totalitario— llevan al control absoluto, condicionamiento o
exterminio de sus miembros bajo una fachada de benevolencia. El
término fue acuñado a finales del siglo
XIX por John Stuart Mill, quien también empleaba
el sinónimo creado
por Bentham «cacotopía», al mismo
tiempo. Ambas palabras se basaron en el término
«utopía» acuñada por Tomás
Moro como «ou-topía» o «lugar que
no existe», normalmente descrito en términos de una
sociedad perfecta o ideal. De ahí, entonces, se deriva
«distopía» como una «utopía
negativa» donde la realidad transcurre en
términos antitéticos a los de una
sociedad ideal. Comúnmente, la diferencia entre
«utopía» y «distopía»
depende del punto de vista del autor de la obra o, en algunos
casos, de la percepción del propio lector, que juzgue el
contexto descrito como deseable o indeseable. Diccionario
Inglés de Oxford). (Cita del autor de la
tesis).

A manera de conclusión sobre esta fase del
trabajo se puede determinar que:

• La globalización es uno de los procesos
  humanos que más ha influido en la vida del hombre,
  pero también es uno de los que más
  discusión ha tenido, en los últimos
  tiempos.

• Los procesos de globalización afectan a todo
  la población y en todos los ámbitos
  (económico, político, social, jurídico,
  cultural, educativo, etc.).

• La globalización ha traído como
  consecuencia la apertura económica, la
  internacionalización de las leyes, la
  intervención internacional en la política y el
  origen de la llamada sociedad planetaria.

• La globalización ha traído consigo un
  sin número de inconvenientes, pero también ha
  aportado cosa buenas tales como la ampliación del
  conocimiento y la integración comercial entre los
  países.

Nos encontramos entonces en la parte dispositiva de la
hipótesis y la realidad estudiada e investigada en los
diversos foros y en fuentes sustanciales reales, de las
sociedades del mundo, específicamente de América
Latina y de Costa Rica, como objetivo particular del trabajo.
Entonces para recordar, citaremos parte por parte cada uno de los
puntos que debieron ser demostrados en esta
investigación:

5-. Que estas agencias que financian las reformas
de estructuras han sido el blanco de críticas de
académicos y activistas tanto en los países en
desarrollo como en los países desarrollados. Que se ha
podido demostrar, a pesar del discurso técnico de
neutralidad del que se valen las teorías y los programas
que proponen reformas al derecho para facilitar la
expansión de la globalización que pueden ser
altamente conflictivo, e incluso pueden ser un obstáculo
serio para el uso progresista del derecho.

Esto se ha podido demostrar con todas las
críticas expresadas arriba y con las diversas denuncias
que hemos recogido, en este documento. No obstante, quedan
algunas premisas para dar a conocer y para comprobar lo dicho en
el punto cinco de la hipótesis general:

Causas, objetivos y naturaleza de la reforma del
Estado.

6-. Los gobiernos de la región han emprendido el
camino de la reforma del Estado. Lo hacen en función de
sus particulares necesidades y circunstancias. Pero coinciden en
adoptar la estrategia de que es necesario reformar el Estado y
fortalecer sus instituciones para mejorar el bienestar de toda la
población.

Fueron llevados a este camino por varias causas. La
primera fue la crisis fiscal de los años ochenta,
vinculada con la crisis de la deuda, que exigió a los
gobiernos una reevaluación de las instituciones del Estado
en función del presupuesto fiscal y de un manejo
más sofisticado de la macroeconomía.

La segunda fue la necesidad de que las economías
sean más competitivas para que las empresas de la
región puedan tener éxito en un mercado
internacional caracterizado por la libertad de comercio y el
libre movimiento de capitales que resultan de la
globalización de la economía.

La tercera fue el incremento de la pobreza, la
desigualdad y la violencia social en la región, que el
Estado tiene la responsabilidad de aliviar y reducir.

La cuarta causa responde a las nuevas inquietudes acerca
del medio ambiente. Estas incluyen la necesidad de preservar la
biodiversidad, que constituye un activo excepcional de la
región cuyo valor económico aumenta cada vez
más, y superar el círculo vicioso que se crea entre
la degradación del medio ambiente y la pobreza.

La quinta causa responde a la necesidad de incorporar
los nuevos conocimientos económicos y utilizar las
enseñanzas recogidas de la experiencia económica
internacional de estos últimos años.

Por último, pero no menos importante, la
consolidación y la profundización de la democracia
por medio de los procesos de descentralización impulsan la
reforma del Estado y afectan a todos sus objetivos.

De hecho, tal como es presentado en el discurso
dominante, el Estado de derecho consiste en un conjunto de normas
e instituciones que garantizan la inviolabilidad de los contratos
y de la propiedad privada. En este sentido, dicha versión
del Estado de derecho y las reformas judiciales implementadas
para reforzarlo hacen parte de lo que se ha llamado de forma
adecuada "democracia de baja intensidad", esto es, un conjunto de
estándares formales que facilitan la acumulación de
capital y que no proveen oportunidades para una amplia
participación política y para la protección
efectiva de los derechos de los marginados. Así comprobado
por sendas investigaciones de Crítica Sociológica
Jurídica, por teóricos, como Souza Santos y otros
que se citarán en el trabajo conforme
avance…

Tal fenomenología impuesta por dichas agencias
internacionales, por intereses de USA, afectan directamente la
soberanía estructural del derecho nacional, o el mismo
Estado de Derecho Social.

El Estado y el crecimiento económico.

La experiencia de las economías regionales y los
estudios internacionales recientes demuestran la importancia que
revisten para el crecimiento la estabilidad
macroeconómica, la apertura comercial y financiera, la
inversión en capital humano e infraestructura, y un marco
reglamentario apropiado que facilite el desarrollo del sector
privado y del sistema financiero. En todos estos campos el Estado
desempeña un papel central.

Pero esa misma experiencia demuestra que en todos estos
aspectos existen hechos y conceptos nuevos que exigen modificar
la manera tradicional en que el Estado ha intervenido en las
economías latinoamericanas. Para consolidar la estabilidad
macroeconómica no basta con adoptar políticas
sanas, sino que éstas deben ser percibidas como estables y
"creíbles" por parte de los inversionistas nacionales e
internacionales.

La apertura comercial unilateral y las negociaciones
multilaterales en el seno de la Organización Mundial de
Comercio (OMC), se complementan con los nuevos esquemas de
integración económica, en lo que se ha dado en
llamar "regionalismo abierto". Para superar el atraso en la
cobertura y la calidad de la infraestructura y en el capital
humano, y al mismo tiempo, mantener los equilibrios fiscales, se
requiere la participación activa del sector privado bajo
la dirección del Estado, que debe ahora diseñar y
regular nuevos mercados y cuasi-mercados, de modo tal que se
asegure una inversión suficiente, la eficiencia y se
garanticen los derechos de los usuarios.

El sector privado necesita la ayuda del Estado para reducir el
costo de las transacciones, para fortalecer los derechos de
propiedad y la vigencia de los contratos y para agilizar la
solución de las disputas comerciales. La rápida
integración y el vertiginoso desarrollo tecnológico
del sector financiero imponen nuevas demandas al Estado en
materia de regulación y supervisión.

Estos nuevos hechos y conceptos -credibilidad de la
política macroeconómica, regionalismo abierto,
cuasi-mercados para los bienes públicos, reducción
de los gastos de transacción, integración y
desarrollo tecnológico del sector financiero,
descentralización- determinan en buena medida las
características de la reforma del Estado. A
continuación se analizan cada uno de estos puntos.

7-. Se demostrará que por lo tanto, el
potencial emancipatorio del Estado de derecho
–representado, por ejemplo, por disposiciones
constitucionales que garanticen derechos y mecanismos de
protección que permitan a la ciudadanía combatir
los abusos del Estado y las desigualdades
económicas, y por un poder judicial activista en la
protección de dichos derechos– tiende a ser
marginalizado y eventualmente excluido de las teorías
y programas de reforma del derecho.

La estabilidad
macroeconómica

La estabilidad macroeconómica, en especial el
equilibrio fiscal, importa más que nunca en
economías abiertas y afectadas por la volatilidad de los
flujos de capital. También sabemos que la estabilidad
macroeconómica atrae la inversión a largo plazo y
favorece el crecimiento.

La región ha experimentado avances significativos en
materia de estabilización. Pero la crisis del peso
mexicano a fines de 1994 y el impacto que esa crisis tuvo en
otros países de la región han hecho ver que
aún falta mucho para consolidar la estabilidad. Y que en
ocasiones no basta con adoptar una política
macroeconómica sana: para que se consolide la estabilidad
macroeconómica los inversionistas tienen que creer en
la estabilidad y la fortaleza de la política
económica y de las instituciones financieras de los
países.

La credibilidad importa y el Estado y sus instituciones tienen
el papel insustituible de crearla y mantenerla. Así lo
piensan en el ceno del Banco Mundial y así lo dan a
conocer abiertamente en diferentes documentos que publican en
diversos foros y medios de comunicación.

Algunos hechos particulares que caracterizan a América
Latina y el Caribe. La volatilidad macroeconómica en la
región ha sido más alta que en los países de
Asia Oriental, y aun cuando los gobiernos encaran reformas
económicas y mantienen una sana política
macroeconómica, no siempre pueden afianzar, en el corto
plazo, la credibilidad de sus instituciones financieras. Esto es
significativamente verdad, pero los recursos de la región,
son deficitarios e ineficientes.

Y ellos en la integración del Banco mundial consideran
que por eso el Estado debe mejorar la capacidad técnica y
la credibilidad de las instituciones que formulan y aplican su
política macroeconómica creando nuevas
instituciones o cambiando la naturaleza de las instituciones
existentes cuando sea necesario, por ejemplo, estableciendo un
alto grado de independencia del banco central.

La credibilidad también exige modernizar la
gestión financiera del Estado, alejándola de las
prácticas clientelistas y de corto plazo que han
caracterizado el manejo del Estado en nuestra región. La
integración de la gestión financiera, la
modernización del manejo de la deuda pública y de
las instituciones que administran el presupuesto y el sistema
impositivo, son reformas del Estado necesarias para garantizar la
estabilidad y la credibilidad de la política fiscal. En
varios países de la región este proceso de reforma
está bastante adelantado.

Consideran en el Banco Mundial, y así lo exponen
en un documento denominado Itinerario del Banco Mundial,
que:

"La experiencia europea nos enseña que cuando el Estado
monopoliza la producción y la distribución de
bienes públicos, es necesario elevar la carga tributaria
de un país a niveles cercanos al 40% o el 50% del producto
interno bruto para poder suministrar esos servicios en forma
eficaz. Los gobiernos de la región no tienen por lo
general la capacidad administrativa ni la fuerza política
para recaudar por medio de sus sistemas impositivos recursos de
esta magnitud, y el resultado es que el suministro de bienes
públicos es deficiente.

Una solución es que el Estado establezca instituciones
autónomas que reglamenten y supervisen la provisión
de bienes públicos producidos por el sector privado; de
esta manera se puede incrementar la inversión, mejorar la
eficiencia y la calidad, y preservar el equilibrio fiscal. Esta
solución ha requerido crear mercados, o cuasi-mercados,
antes inexistentes, a través de nuevos marcos legislativos
y reguladores. También ha exigido la reglamentación
de los monopolios naturales, cuando éstos son inevitables,
como por ejemplo en el suministro de agua y en el acceso a los
caminos de peaje.

Como parte de esta estrategia, el Estado debe reformar la
instituciones existentes para trasladar parte de sus
funciones a los gobiernos sub-nacionales, provincias,
municipalidades y otras subdivisiones, (véase el
capítulo 2), privatizar las empresas del Estado y
corporeizar las que no pueden o no desea privatizar.

En lo que hace a las instituciones del sector social, es
indispensable introducir incentivos que favorezcan la calidad y
la eficiencia.

En la actualidad, en América Latina y el Caribe el
proceso de reforma del Estado está relativamente avanzado
en materia de creación de marcos reguladores,
infraestructura y en el campo de la reforma de la seguridad
social, pero aun queda mucho por hacerse en financiación,
asignación de riesgos entre el sector público y el
sector privado, en el manejo de los riesgos y las
garantías estatales, el presupuesto de las contingencias
fiscales, etc. En el campo de la salud, algunos países han
iniciado procesos de reforma en esta dirección.
Paradójicamente, la educación es el campo
más importante y en el que menos ha avanzado el proceso de
reforma en la región."

Agregan los técnicos del Banco Mundial que en
materia de Creación de un medio propicio para el
desarrollo del sector privado:

Los altos costos de transacción relacionados con la
protección de los derechos de propiedad, el respeto de los
contratos y los sistemas de resolución de disputas
comerciales constituyen una barrera para el desarrollo y el
mejoramiento del sector privado en América Latina y el
Caribe, y es función del Estado reducir esos
costos. En algunos países el reconocimiento del
derecho de propiedad no se ha desarrollado uniformemente, y es
difícil lograr que los contratos se cumplan, mientras que
los sistemas para resolver las disputas son costosos, demorados y
poco confiables.

Para mejorar esta situación se requiere reformar la
justicia para hacerla más autónoma y eficiente,
tomando en cuenta los criterios modernos de desarrollo
económico. Además, buena parte de la
población posee bienes raíces sin títulos
jurídicamente definidos y que, por lo tanto, no pueden
vincularse de manera efectiva al proceso productivo ni servir de
garantía para acceder al crédito. Muchos negocios
se mantienen, por estas razones, en la informalidad. Por
último, corresponde al Estado el establecimiento de normas
que promuevan la competencia y su decidida aplicación.

Para crear un medio propicio para el desarrollo del sector
privado debe descartarse una falacia muy arraigada en la
región: que el Estado y los mercados son
antagónicos por naturaleza. Esta falacia ha originado dos
actitudes opuestas y equivocadas con respecto a la
relación del Estado con el mercado. Por un lado
está la actitud tradicional que frente a una falla del
mercado busca una solución estatista al problema,
postulando al Estado como el agente económico perfecto que
lo resuelve todo. Por el otro está la actitud neoliberal
que frente a una falla del Estado postula que el problema se debe
dejar en la mano invisible que dirige un mercado
espontáneo y perfecto. Ninguna de estas actitudes promueve
un entorno favorable al desarrollo del sector privado y ambas
postulan un estéril y falso antagonismo entre Estado y
mercado.

En última instancia, los mercados son criaturas del
Estado, y el papel de éste es promover y proteger la
competencia en los mercados para que crezcan y se desarrollen
adecuadamente. En otras palabras, los mercados competitivos son
un bien público más, y el Estado es responsable de
suministrar este bien a la población."

En un mensaje subliminal y directo a la vez, los
técnicos del Banco Mundial influyen, para que se realicen
reformas sustanciales institucionales, que permitirían la
idea de modificar los sistemas judiciales y reformarlos a favor
de la proyección de uniformar al mundo en materia de
obligaciones jurídicas, en pro del mercado mundial:

"El Estado como gestor de instituciones y espacios
económicos en el mundo. Una función del Estado que
suele olvidarse cuando se analizan sus funciones como
determinante del crecimiento económico en su papel como
gestor y participante en instituciones y espacios de la
economía internacional. En esta función el papel
del Estado es insustituible.

Únicamente los Estados pudieron crear las
instituciones de Bretton Woods, el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Únicamente los Estados pudieron crear y mantener el
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el
Convenio de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la
Comunidad Europea, la Asociación de Cooperación
Económica del Pacífico, el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLC), Mercosur, Caricom y
el Pacto Andino. Y únicamente los Estados pueden integrar
los mercados de capitales a través de medidas que fomenten
el desarrollo de empresas y la competitividad y desarrollen la
credibilidad. Estas instituciones y espacios económicos y
financieros son hitos en el proceso de globalización de la
economía, y el papel que desempeña el Estado en su
creación y mantenimiento también puede ser
eficiente o ineficiente, eficaz o ineficaz. Consideramos que la
reforma del Estado en América Latina tiene que abarcar la
capacitación de los Estados para ejercitar este papel lo
mejor posible." (PERRY Guillermo Rubio, Jefe del Banco
Mundial, para América Latina y el Caribe. Este
itinerario de las actividades, estudios e investigaciones que
realiza el Banco Mundial sobre la importancia y el papel del
Estado en la economía moderna fueron preparados con
trabajos realizados por funcionarios del Banco. Se utilizaron
notas y seminarios del economista jefe del Banco para
América Latina y el Caribe, Guillermo Perry, para prestar
los motivos, los objetivos y la naturaleza de la reforma del
Estado en la región. El ensayo de Malcolm Rowat El nuevo
papel del Estado en América Latina y el Caribe
aportó valiosos datos. El capítulo sobre gobiernos
"subnacionales" se basa en el sumario ejecutivo y las
conclusiones del trabajo de George E. Peterson Decentralization
in Latin America: Learning through Experience. Los
capítulos sobre la modernización de la
administración pública y la reforma judicial
están basados en los trabajos de Geoffrey Shepherd y
Sofía Valencia, Modernizing the Public Administration in
Latin America: Common Problems, No Easy Solutions, el trabajo de
María Dakolias, Judicial Reform in Latin America and the
Caribbean, y el trabajo de Waleed Haider Malik, El Desarrollo
Económico y la Reforma Judicial, Vr documento en la
Internet). Guillermo Perry
Rubio (n. Samacá, Boyacá, Colombia; 1945)
es un economista y político colombiano. Fue ministro de
hacienda en el gobierno del presidente Ernesto Samper y
ha sido elegido por elección popular para integrar
el Senado de Colombia como miembro del
Partido Liberal. Perry realizó sus estudios en la
Universidad de los Andes de y luego viajó a Estados Unidos
donde realizó estudios doctorales en economía en el
Massachussets Institute of Technology. Se ha desempeñado
como director de Fedesarrollo y del CEDE de la Universidad de los
Andes, director de crédito público, profesor
universitario, y ministro de Minas durante el gobierno de
Virgilio Barco. En 1991 hizo parte de la Asamblea Nacional
Constituyente y fue senador por el Partido Liberal Colombiano.
Después de haber sido Ministro de Hacienda, Guillermo
Perry ingresa al Banco Mundial donde se desempeña como
economista en jefe de la región de América Latina y
el Caribe de esta institución. Perry será profesor
visitante en la escuela de gobierno (JKF) de la Universidad de
Harvard entre el segundo semestre de 2009 y el primer semestre de
2010). (Cita del autor de la tesis).

América Latina se esfuerza por lograr mejores
instituciones que se caractericen por una mayor eficiencia y
autonomía y mejora en el suministro de servicio. A su vez,
ello requiere un esfuerzo importante de reforma del Estado
concentrado en áreas tales como gestión del sector
público, transparencia y responsabilidad,
elaboración de un marco legal para el desarrollo, y velar
por el cumplimiento del imperio de la ley. Así lo estiman
los técnicos economistas del Banco Mundial, quiénes
según estiman, esas reformas se han venido dando
efectivamente en la mayoría de las naciones de la
región.

Entendiendo estas premisas podemos ubicarnos en la parte
número ocho de la hipótesis general, que en
relación con los cambios del campo jurídico en
forma transnacional, tienden a la imposición de reformas
en materia jurídica, como la comercial por ejemplo. El
ordenamiento jurídico de un país establece los
principios básicos esenciales para que la economía
funcione bien. La capacidad de hacer cumplir dichas leyes, a su
vez, es crítica para el desarrollo económico y
social sostenible.

Ello requiere un Poder Judicial que preste servicios de
primera calidad de una forma puntual, equitativa, efectiva y
transparente. La cantidad y la complejidad de las querellas
relacionadas con las empresas aumentan, en la medida en que lo
hace la actividad del mercado. La capacidad del sistema judicial
y jurídico de manejar el volumen de disputas cada vez
más complicadas afecta el nivel de la inversión
empresarial privada; la eficiencia de los mecanismos de mercado;
la percepción del riesgo inherente a las actividades
mercantiles; el grado de competencia, y la equidad y la
transparencia de las transacciones mercantiles.

Cuando es necesaria, la reforma judicial beneficia a
todo el mundo. Beneficia al sector privado al hacer las
transacciones mercantiles más predecibles para bajarles el
costo; al sector público, al establecer mejores
reglamentaciones y responsabilidad, y al público en
general, al aumentar el acceso a los programas y servicios de
asistencia jurídica, así como en crear confianza en
la sociedad civil.

Sorprendentemente, se ha realizado muy poca
investigación acerca de la cuantificación de los
costos económicos de un sistema judicial y jurídico
que funciona mal. La evidencia fundamentalmente es
anecdótica o en la forma de monografías
aisladas.

8-. Establecer un manifiesto consensual, de los
teóricos latinos y costarricenses, tomando en cuenta a los
líderes de los Poderes del Estado, contra este
telón de fondo, poner en tela de juicio dichas reformas se
vuelve una tarea necesaria. En el contexto latinoamericano dicha
tarea es urgente, dada la proliferación de reformas de los
ordenamientos jurídicos encaminadas a transformar
instituciones de todo tipo –v.gr., las fiscalías,
los consejos superiores de la judicatura, los juzgados y las
facultades de derecho–. Como explicaré más
adelante, estas reformas han sido implementadas en las dos
últimas décadas por los gobiernos de la
región con el auspicio y asesoría de instituciones
tales como el Banco Mundial, USAID, la AID, FMI y el
BID.

Las experiencias de otros países con la reforma
judicial presentan varias lecciones para los responsables de
formular las decisiones políticas en los países que
están en vías de desarrollo y en transición.
Estas experiencias son de importancia especial para los
responsables en tomar decisiones en América Latina,
quienes necesitan responder urgentemente a los cambios en el
medio externo.

Tales como el nuevo Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT) y el Convenio de la
Organización Mundial de Comercio (WTO), las implicaciones
del TLC y la integración de los mercados de capital a
través de medidas que fomentan el desarrollo empresarial y
la competitividad (por ejemplo, la República de Venezuela
está a la vanguardia de la modernización del Poder
Judicial en América Latina con el apoyo del Banco
Mundial).

La familiarización con las mejores
prácticas internacionales es de gran utilidad para los
responsables de tomar decisiones en los países de Europa
central y oriental y en otros Estados independientes de la
antigua Unión Soviética que enfrentan la pregunta
fundamental de cómo construir una infraestructura
jurídica que garantice el cumplimiento de las leyes y
establezca los cimientos legales para una gestión
económica sólida en el marco de un sistema
orientado hacia el mercado.

La reforma judicial también es un proceso a largo
plazo y requiere la participación del sector judicial
íntegro. Aún más, el papel del juez, o
del personal administrativo judicial
es crítico para el éxito de la reforma, y
las medidas de incentivos, tales como mejores salarios y la clara
definición en la carrera judicial u otras actividades que
fortalezcan la independencia.

Son fundamentales para los países que desean
mejorar el sistema judicial. La experiencia internacional sugiere
que no sólo es importante crear el consenso entre los
niveles más altos de las diferentes ramas del gobierno y
la sociedad civil, sino que es esencial que los jueces mantengan
liderazgo y trabajen conjuntamente con profesionales
multidisciplinarios y otros actores del sector para poner en
práctica dichas reformas.

Las reformas judiciales exitosas han hecho que el Poder
Judicial sea más independiente; que los procedimientos
jurídicos y las leyes sean actualizados y simplificados;
que la administración de los tribunales haya mejorado; que
brinden mecanismos alternativos para la resolución de
diferendos; que hayan mejorado la educación y la
capacitación jurídica; ampliado el acceso a la
justicia; mejorado la infraestructura física y la calidad
de la profesión jurídica.

Estos elementos están interrelacionados y deben
tener una secuencia temporal. El éxito de esas reformas
generalmente se mide siguiendo indicadores tales como la
reducción en los atrasos y las demoras, el aumento de la
efectividad en el acceso a los tribunales, y una mayor
confianza del usuario. Por ejemplo, para beneficio de la
comunidad empresarial nacional e internacional, el Informe sobre
la Competitividad Mundial pública una comparación
internacional de la confianza del usuario en el sistema
jurídico comercial. Sin embargo, es importante notar que
las comparaciones en todo el país tienen una utilidad
limitada, dado que las metodologías de
clasificación varían con las características
institucionales nacionales.

Para hacer todavía más difícil las
comparaciones, se añaden las diferencias en las
características jurídicas (los procedimientos, la
clasificación y la complejidad de los casos, y la
jurisdicción de los tribunales) entre los países. A
pesar de estos obstáculos, los países desarrollados
(incluyendo algunos Estados de Europa oriental, por ejemplo
Polonia y Eslovenia) utilizan varios indicadores de calidad y de
eficiencia que surgen como resultado del trabajo de los sistemas
de justicia.

Cuando se habla de globalización de la
regulación jurídica, andamos entendiendo a esas
situaciones que son creadas, para que el sistema judicial de un
país, cambie por influencia o presiones internacionales,
las afirmaciones de Guillermo Perry Rubio en el documento
denominado "Itinerario del Banco Mundial, expresan esa
influencia, no solo del Banco Mundial, sino de otras entidades
financieras internacionales, que tienen intereses para esas
reformas.

Las presiones se ejercen de manera similar o con
propósitos similares en diferentes partes del sistema
interestatal; así lo señala Boaventura De Souza
Santos, cuando dice: "El impacto del contexto internacional en la
regulación jurídica del Estado-nación, en
lugar d ser un fenómeno nuevo, es inherente al sistema
interestatal y sus orígenes pueden ser rastreados hasta el
Tratado de Westfalia (1648). Tampoco es nuevo que el contexto
internacional tienda a ejercer una influencia particularmente
fuerte en los campos de la regulación jurídica y de
la economía y la vida comercial, como lo confirman los
muchos proyectos de unificación del derecho, las
reformulaciones de las leyes y la propuesta de modelos
jurídicos realizados por comparatistas del derecho y
llevados a cabo por organizaciones internacionales y gobiernos
nacionales.

Como lo indican los mismos nombres de los proyectos el
efecto de arrastre internacional se ha dado de manera tradicional
en dirección a la uniformización y la
estandarización, ilustrada ejemplarmente por los proyectos
pioneros de Ernest Rabel, al comienzo de los años treinta,
y por el establecimiento del Instituto Internacional para la
unificación del Derecho Privado (Unidroit), con el objeto
de unificar el derecho sobre la formación de contratos
internacionales, lo que llevó, por ejemplo, al Derecho
uniforme sobre la Formación de Contratos Internacionales
de Compraventas (1949) (Van der Velden, 1984:
233)."

Agrega De Souza Santos que "El actual proceso de
globalización de la regulación jurídica
estatal parece ser un fenómeno cualitativamente nuevo. En
primer lugar, es un fenómeno bastante general y de largo
alcance, que cubre un rango amplio de intervención estatal
y requiere cambios drásticos en el patrón de
intervención. A presión proveniente del centro es
relativamente monolítica, tal como emerge del consenso de
Washington, de acuerdo con el cual el modelo de desarrollo
orientado hacia el mercado es el único factible para el
logro de un nuevo régimen global de acumulación y,
por tanto, el ajuste estructural que requiere debe llevarse a
cabo en todo el mundo. Combinadas con esta presión del
centro, existen otras que en algún sentido, la refuerzan,
tales como el fin de la Guerra Fría, las innovaciones
espectaculares en las tecnologías de información y
comunicación, los nuevos sistemas de producción
flexible, el surgimiento de bloques regionales y una mezcla
ideológica recién diseñada del liberalismo
económico y democracia liberal. El alcance de estas
presiones es todavía mayor si se compara con procesos
interiores de globalización, porque el actual tiene lugar
tras décadas de regulación estatales activa dentro
de la economía en los países centrales,
periféricos y semi-periféricos. La creación
de los requisitos normativos e institucionales de
operación del modelo centrado en el mercado implica, por
tanto, una destrucción normativa e institucional tal que
es posible que afecte no sólo a las estrategias de
acumulación del Estado, sino también a su
hegemonía y a sus estrategias de creación de
confianza." (DE SOUZA Santos Boaventura, opcit. Cap. 6, pp.
330).

De Souza Santos asegura que "el segundo factor de la
novedad de la globalización jurídica actual es el
hecho de que las asimetrías del poder transnacional, entre
el Norte y el Sur, son hoy más brutales que nunca. En
realidad la soberanía de los países más
débiles está ahora directamente amenazada no tanto
por los Estados más poderosos, como solía suceder,
sino más bien por las agencias financieras internacionales
y otros actores transnacionales privados, como las ETN. La
presión es, por ende, respaldada por una coalición
transnacional relativamente cohesionada, alimentada por recursos
poderosos y de repercusión mundial." (DE SOUZA Santos
Boaventura, opcit. Cap. 6, pp. 331).

De uniformidad deseada por estas transnacionales,
saltamos a las asimetrías contra la soberanía de
estos pueblos de América; no habla de cosa nueva
Boaventura, no obstante, en la actualidad se entiende que hay
mejor capacidad para cuidar las hegemonías y
soberanías de cada grupo social y evitar la
invasión, la expansión, que va más
allá de la territorialidad de los estados y bloquear la
enajenación, que pueden producirse por medio de la
producción de mensajes subliminales, que llegarían
a los cerebros débiles de los gobernantes y los
políticos de turno, a través de los medios de
comunicación y la Intra-Net.

El mundo entero está librando una guerra campal
generalizada, por el dominio de la raza humana, esta guerra
presenta la particularidad de que en ella las batallas no se
ganan tanto enrolando a ejércitos humanos directamente en
los campos de batalla, la guerra se libra a nivel de
convencimiento a los más débiles para que
acéptenlas prerrogativas de los poderosos del capitalismo
mundial.

Buscan la forma de dividir las naciones de la
región, para así tener mejor resultado en la
aplicación de reformas que ellos necesitan para alimentar
su propio poder de ambición por la riqueza material,
cuanto más crece el capital y la producción que les
compete en materia económica, más se extiende la
división de los pueblos, mientras más se extiende
el divisionismo regional, más fácil se hace para
los poderosos del mundo doblegar las soberanía de las
naciones.

En la fase de producción, no actúan
solamente sobre la naturaleza, sino que también
interactúan los unos sobre los otros. No obstante, nunca
han logrado entender que no pueden desarrollar una actividad
organizacional sin la interacción humana, sin asociarse de
un cierto modo, para actuar en común, con modelos
sistémicos, que permite armonía, para que la
superestructura de las empresas funcione adecuadamente y lograr
un intercambio de diversas actividades, económicas,
sociales, culturales, de educación más que de otras
cosas, porque las experiencias no son iguales en ninguna latitud
del mundo.

Esos vínculos que de toda forma deben contraer
los seres humanos para la existencia global, son relaciones, que
deberían tener equidad, armonía, fórmulas
organizacionales efectivas, sin imposiciones de ninguna
índole, sino manejar un Ordenamiento Jurídico, en
el cual todo ser humano con capacidad de producción pueda
participar en el determinado mercado del mundo, con los mismos
derechos.

Las relaciones sociales que contraen los productores
entre sí, las condiciones en que intercambian sus
actividades y toman parte e el proceso conjunto de la
producción variarán, sobre la base de las
características de los medios de producción. Las
armas, n pueden ser nunca más el elemento sustancial para
obligar a los débiles a contraer responsabilidades, del
tipo de los señores feudales. Las relaciones humanas de
producción, tienen que cambiar, por tanto se transforman,
al cambiar y desarrollar los medios materiales de
producción, las fuerzas productivas, esto permitirá
un determinado desarrollo histórico humano para bien del
planeta.

Los medios de vida, los instrumentos de trabajo, las
materias primas que componen el capital, han sido producidos y
acumulados bajo condiciones sociales dadas, en determinadas
relaciones sociales y realmente es esa característica
social determinado el que convierte en capital los productos
destinados a la nueva producción. De tal forma que el
capital no se compone únicamente de medios de vida,
instrumentos de trabajo y materia prima, no se compone solamente
de productos materiales, se compone igualmente de valores de
cambio, es esa evolución, que permite la democracia, la
participación de todos los que pueden estar en el campo de
la producción en general, científica,
sociológica, cultural y educativa.

Debe entenderse en esta perspectiva de la
búsqueda de un mercado global, que hay que respetar
ciertos principios de magnitud social, en el cual debe tomarse en
cuenta el género humano, que es uno solo en el mundo
entero. Hay que recordar que por sí, en su estructura el
capital, es susceptible d cambiar constantemente, sin que por eso
sufra en sí de menores alteraciones. La proporción
concreta en que pueden cambiarse constituye su valor de cambio o,
si se expresa en dinero, su precio.

Esa denominación económica, es lo que
viene a establecer la balanza comercial, cuando se intercambian
los productos, este cambio, o trueque, significa que la sociedad
como organismo vivo y estructurado, pueda evolucionar para
beneficio de las mayorías y no solo para los que ostentan
el poder. Significa que por el hecho de que, en cuanto a fuerza
social independiente, es decir, en cuanto a fuerza en poder de
una parte de la sociedad global, no importa, porque
también puede ser internamente dentro de cada Estado, se
conserva y aumenta por medio del intercambio, esa
interrelación, con la fuerza de trabajo inmediata, que no
puede faltar, esa fuerza viva, que muchos creen que no tiene
valor. La existencia de una clase que no posee nada más
que su capital de trabajo es una premisa necesaria para que
exista el capital integral.

Para entenderlo en forma real y tangible, significa que
sólo el dominio del trabajo acumulado, pretérito,
materializado sobre el trabajo inmediato, vivo, presente y real,
convierte esa labor acumulada en capital acumulado, para bien del
globo entero; ningún mercado del mundo se
abastecerá sin la fuerza real y tangible de ese trabajo,
de los que tiene capacidad para realizarlo materialmente y
pretéritamente…

Representémonos esta agitación febril
proyectada al mismo tiempo sobre todo el mercado mundial, y
habrá una idea de cómo el incremento, la
acumulación y concentración del capital trae
consigo una división de sociedades, una aplicación
de maquinaria nueva y un perfeccionamiento de la antigua en una
carrera atropellada e ininterrumpida, en escala cada vez
más gigantesca.

De esta forma la presión y la influencia de los
capitalistas, por medio de cada instrumento organizacional,
estudiado y calculado, como son las transnacionales y las
agencias financieras internacionales, con sendos intereses, para
proponer los cambios en todos los niveles paradigmáticos
de los estados nación de América latina.

Señala Boaventura De Souza: "Aunque la
globalización del derecho estatal no está
restringida al campo económico, es ahí donde logra
su mayor relevancia. Las políticas de ajuste estructural
afectan especialmente a una enorme gama de intervenciones del
Estado en los ámbitos económico, comercial y
social, provocando turbulencias en numerosos campos
jurídicos y en escenarios institucionales. Son rasgos
intencionales y no intencionales del consenso de Washington, que
requieren a menudo cambios jurídicos masivos: la
liberación del comercio; la privatización de las
industrias y de los servicios; la liberación
agrícola, el desmantelamiento de agencias reguladoras y
mecanismos de licencias; la desregulación del mercado
laboral y la "flexibilización" de la relación
salarial, la reducción y comercialización de los
servicios sociales (tales como los mecanismos para compartir
costes, los criterios más estrictos para e otorgamiento de
provisiones sociales, la exclusión social de los grupos
más vulnerables, la competencia comercial entre
instituciones estatales como los hospitales públicos); la
menor preocupación por los asuntos ambientales; la
reforma educativa dirigida a la formación
profesional y laboral más que a la construcción de
ciudadanía; las políticas familiares que agravan
más la condición de las mujeres y los niños.
Debido a que todos estos cambios tienen lugar al final de largos
períodos de intervención estatal en la vida social
y económica (a pesar de las diferencias considerables
existentes a lo largo del sistema mundo), la reducción del
Estado no puede conseguirse sino a través de una profunda
intervención estatal. El estado debe intervenir para no
intervenir. Por eso la desregulación implica
re-regulación." (DE SOUZA Santos Boaventura, opcit.
Cap. 6, pp. 331).

Quiere decir que el intervencionismo del Estado,
únicamente será operante y efectivo en la medida en
que ofrezca en la regulación, garantía y seguridad
para las empresas transnacionales, que realizan actividades de
producción y comercio dentro y fuera de las naciones; de
tal forma, que ningún estado podrá competir con la
organización privada, quién será
privilegiada en todos sus alcances, sin discusión; los
monopolios de los estados, desaparecerían, por medio de
convenciones comerciales, en las cuales se impondrán las
políticas de las transnacionales, para proteger, su
acción productiva y comercial global.

Los estados de brazos cruzados, únicamente
avalarán las acciones comerciales y de producción,
de las empresas privadas, pero en Estados Unidos, las diversas
oficinas: Secretarios para los diversos rubros definen toda la
actividad estructural y súper-estructural de la
producción y el comercio; de tal forma, que de ese
país, no sale, ni ingresa ningún producto, que no
esté planificado en los esquemas que el Gobierno dedica
para esos menesteres.

Muchos comerciantes que han intentado ingresar a esos
mercados de cincuenta y dos estados, se han frustrado y han
denunciado, que para poder tener una cuota, hay que negociar un
tipo de mafia, que maneja los mercados en cada producto; este es
otro sistema en donde los reglamentos son impuestos por los que
tienen el poder de esos mercados tan poderosos; obstante, los
países de la región, podrían negociar y
planificar la producción de ciertos bienes, que no se
producen en Estados Unidos y que son necesarios para las mesas, u
hogares de los ciudadanos.

Boaventura Souza expresa el hecho de que "el ejemplo
más importante de la globalización ha ocurrido en
el campo de las telecomunicaciones. Éste es un terreno en
el que, hasta mediados de la década de los setenta, el
campo jurídico estaba dominado totalmente por e principio
del Estado. La mayoría de los países adoptaron la
idea del monopolio natural sobre las telecomunicaciones, que
operaban como una extensión de la perspectiva entidad
gubernamental. El monopolio de los servicios y del equipamiento,
según se creía, era la vía más
eficiente y equitativa parra prestar el servicio público,
tanto en el nivel doméstico como en el internacional. Se
creía también que serviría mejor a la
seguridad nacional a través de tales monopolios
controlados. Además los políticos vieron en los
monopolios y en el correspondiente control sobre las burocracias
nacionales una fuente virtual infinita de retribuciones
políticas."

Agrega De Souza que ese modo de regulación que
duro más de cien años comenzó a cambiar en
la década de los setenta, hay que recordar que las
telecomunicaciones fueron bastante bien administradas por el
Gobierno de Estados Unidos y otros países con poder
satelital en el espacio. En este momento, de acuerdo con De Souza
Santos, "todavía no existe un modo de regulación
unificada que haya reemplazado al anterior y el campo de las
telecomunicaciones está atravesando un período de
turbulencia. La tendencia general consiste en el fortalecimiento
del principio del mercado, frente al principio del
Estado."

Según el jurista todo esto lleva presiones muy
fuertes de parte de los países centrales y las
transnacionales sobre los países periféricos y
semi-periféricos, para que adopten o se adapten a las
trasformaciones jurídicas que ocurren en el
centro.

Globalización y mercado por todos
lados:

El "Libro Azul".

En 1992, la Organización de Estados Americanos
celebra una reunión a nivel de América, que se
denomina Políticas de Telecomunicaciones para las
Américas, Con la rectoría de Comisión
Interamericana de Telecomunicaciones, Organización de los
Estados Americanos. Unión Internacional de
Telecomunicaciones. Comisión Interamericana de
Telecomunicaciones Organización de los Estados
Americanos.

En esta convención se produce el Libro Azul:
"Políticas de Telecomunicaciones para las
Américas." Que en su preámbulo establece las
orientaciones, de lo que serán las regulaciones delas
Telecomunicaciones en América:

"El Libro Azul es una herramienta de referencia para
proporcionar a los países de la región de las
Américas descripciones e información objetivas
sobre políticas de telecomunicaciones y asuntos relativos
a la regulación, incluidas las dificultades y
oportunidades que presenta el desarrollo de nuevas
tecnologías de telecomunicaciones. Las descripciones
de las circunstancias en materia de políticas y de
regulación que se dan en ciertos países de la
región, según se describen en esta versión
del Libro Azul, no reflejan la
situación preponderante en todos los países de
las Américas."

 En la Conferencia Regional de Desarrollo de las
Telecomunicaciones de la Región América
(AM-CMDT-92) de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT),celebrada en Acapulco en 1992, se
encuentran los primeros antecedentes del "Libro Azul:
Políticas de Telecomunicaciones para las Américas".
En esa ocasión se hizo hincapié sobre la necesidad
de asistir y asesorar a los países miembros de la
región en el proceso de cambio que ya había
comenzado. La Conferencia adoptó recomendaciones
orientadas a impulsar el sector de las telecomunicaciones en toda
la región. Seguidamente se organizaron varias reuniones de
la Comisión Interamericana de Comunicaciones (CITEL) de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) destinadas a
poner en práctica dichas recomendaciones.

El resultado de los esfuerzos de la UIT
y de la CITEL para colaborar con sus Estados miembros a adaptarse
a la evolución del entorno de las telecomunicaciones fue
la primera edición del "Libro Azul". El proyecto
inicial, elaborado en 1993, suscitó sugerencias y
comentarios por parte de expertos de diversa procedencia,
siendo objeto de varias revisiones hasta su publicación en
marzo de1996 después de que el Comité Directivo
Permanente (COM/CITEL) de 1995 resolviera que los Estados
miembros de la CITEL deberían fomentar y apoyar la
utilización del Libro Azul.

La década de los noventa estuvo marcada
por una visión sobre el mundo global, de impulso a
la privatización y desregulación de los
servicios de telecomunicaciones, lo que implicó un
crecimiento de la infraestructura y de los servicios, y el Libro
Azul contuvo las primeras recomendaciones en esta materia.
El 2000 fue el momento para considerar las transformaciones del
sector en función de la evolución
tecnológica, la convergencia, el crecimiento de la
Internet y el nuevo escenario por el estímulo de la
competencia y sus nuevos actores.

Hoy se puede seguir afirmando, como
en la edición de 2000, que el Libro Azul, sirvió de
guía útil en el proceso de reforma del sector,
incluyendo la privatización y la
liberalización del mercado de
telecomunicaciones en las Américas y que fue y
debería continuar siendo el producto del
consenso y de una visión compartida a nivel
regional.1.1.5 Asimismo continúa vigente el criterio
de considerar al Libro Azul un "instrumento dinámico, un
punto de partida para estudios ulteriores, que se
revisaría y actualizaría periódicamente
con objeto de que siga siendo una referencia valiosa para los
países de la región americana."

Globalización, aspectos y
consecuencias en la región.

El desarrollo de la industria y del
transporte que comenzó durante la
segunda mitad del siglo XX ha marcado el comienzo de un proceso
de globalización de la economía. Este proceso se ha
intensificado en la década de los noventa por el
desarrollo de las telecomunicaciones y su infraestructura, y en
tiempos recientes, por el auge de la Internet y el surgimiento de
nuevas tecnologías y servicios. En ese marco las
telecomunicaciones se han constituido en un sector
estratégico para el desarrollo político, social,
económico, financiero y cultural de cada
nación.

Algunas Administraciones entienden que así
como las telecomunicaciones tuvieron y tienen un rol central en
el proceso de globalización, los Gobiernos y los actores
involucrados deberían procurar consensuar medidas destinadas a contribuir al acceso
universal de los servicios de telecomunicaciones y al
fortalecimiento de la
capacitación de los recursos humanos para la producción,
y el necesario crecimiento económico con inclusión
social.

En este marco, cada
país podría procurar, en función
de sus políticas de Gobierno, las modificaciones adecuadas
en la regulación de los servicios de telecomunicaciones.
En la experiencia de algunos países, esta revisión
no debería implicar retrocesos a sistemas regulatorios que
han demostrado sus deficiencias. Por el contrario, los Gobiernos
podrían promover acciones que faciliten la
articulación entre la prestación de los
servicios y las industrias complementarias a través de
modelos de gestión que optimicen la relación entre
el bienestar general y la libertad
de comercio.

Estados Unidos no ratifica esta
convención.

Extrañamente Estados Unidos, como parte
integrante de la Organización de Estados Americanos, no se
adhiere a estas convenciones, como no se ha adherido a otras de
interés común con los demás países de
América. "Estados Unidos no se adhiere a este
capítulo porque no representa un consenso de las
Américas; véase el Preámbulo. Además,
Estados Unidos no se adhiere porque objeta a la
intervención del Estado nación en la gestión
de las industrias y mercados de telecomunicaciones, especialmente
en lo tocante a: la imposición de regulaciones
excesivamente restrictivas; y la obligatoriedad de las
inversiones privadas en la fabricación local." (Ver
preámbulo del Libro Azul, Políticas de
Telecomunicaciones para las Américas). (Cita del autor de
la tesis).

Capítulo VII.

Hipótesis.

Legislación y reglamentación a
nivel nacional

Necesidad de una legislación
nacional para el sector de telecomunicaciones
e información.

"Existe una legislación que rige los
servicios de telecomunicaciones y
la propiedad de su infraestructura, y se ha
creado un sistema regulador o
administrativo para hacer cumplir esta legislación. En el
caso que se introdujeran cambios
importantes en la estructura del sector de las
telecomunicaciones, tal como ha
ocurrido en muchos países de la región, los
mismos deben estar formalizados en el marco
legal. 

También convendría examinar y
revisar la legislación
conexa, por ejemplo con referencia a inversiones,
capital extranjero y competencia, entre otros."

Se produce sin duda alguna, una directriz,
para establecer, cómo deben funcionar las diversas
regulaciones jurídicas, que se deben implementar en los
sistemas judiciales de esta materia de telecomunicaciones, en pro
del mercado global. Todo gira alrededor del mercado global, y en
la posibilidad de quitarles participación a los gobiernos
de cada país; eso significa el nuevo concepto de
desregulación, que es la participación del Estado,
con el propósito de consolidar las proyecciones de las
transnacionales y evitar el monopolio de ciertos gobiernos en el
mercadeo y comercialización de las
telecomunicaciones.

El objetivo global de una nueva
legislación sobre telecomunicaciones debe
ser orientada a fomentar el desarrollo del
sector y cuidar el interés público. Esto puede
producirse como resultado directo, que es lo que ocurrirá
si los servicios de telecomunicaciones se ponen al alcance
general de los usuarios, o como resultado indirecto, cuando el
sector contribuye al crecimiento social o económico
general
del país. Cada país decidirá sobre sus propias
metas específicas y los mecanismos que
empleará para alcanzarlas.

En la mayoría de los
países de la
región, la operación de las
telecomunicaciones, que durante años había estado
en manos de monopolios nacionales, generalmente de titularidad y
control estatal, en los últimos tiempos, se ha
caracterizado por importantes cambios y
reformas, incluyendo la privatización parcial
o total de la provisión de servicios básicos
y la liberalización del mercado. La
revisión de los modelos tradicionales se ha hecho bajo la
presión de sectores económicos y sociales que
necesitaban
servicios más modernos, eficaces y
asequibles, de mejor calidad y a
menor  precio.

Generalmente, en las naciones de
América, el Poder Legislativo (Congreso,
Parlamento, Asamblea, etc.) tiene la potestad de
legislar en materia de telecomunicaciones. La Constitución
y las leyes pueden
contener disposiciones sobre las telecomunicaciones.
Esta legislación puede encontrarse bajo la tutela de un
órgano dependiente del
Poder Ejecutivo (como el Ministerio de
Comunicaciones) o de un órgano
independiente o autónomo habilitado para promulgar
normas o reglamentos de aplicación general.

El sector de las
telecomunicaciones está sujeto a constantes
cambios. Esta característica implica que la
legislación sobre telecomunicaciones
debería redactarse de manera que refleje principios
y criterios amplios para la acción futura, sin profundizar
en
disposiciones pormenorizadas sobre los servicios y
tecnologías actuales. Una flexibilidad apropiada
impedirá que la legislación
quede pronto superada por la evolución
del sector
y permitirá la adaptación de los principios
generales a las nuevas circunstancias.
Por ejemplo, si en
cada ocasión fuera necesario
modificar formalmente la ley, la oferta de
nuevos servicios y tecnologías sufriría
retrasos indebidos en detrimento de los
usuarios y de los proveedores.

"Principios a considerar en la
legislación de telecomunicaciones.

Resulta necesario elaborar la normativa
de telecomunicaciones a través de marcos regulatorios
claros, efectivos y transparentes" La legislación nacional
debería ser elaborada a la luz de la experiencia de
los últimos años y de los correctos
diagnósticos de carácter mundial, regional y
nacional que comprendan las condiciones sociales,
económicas, industriales y tecnológicas de cada
país. De acuerdo a sus experiencias,
algunos países entienden que resultaría conveniente
que la legislación y reglamentación de
telecomunicaciones, por su naturaleza sectorial, se articule
con las políticas generales y constituyan
instrumentos idóneos para la aplicación de
modelos productivos, de crecimiento, de generación de
empleo y de promoción de la industria y la
tecnología nacional.

Además, y a efectos que el sector de las
telecomunicaciones contribuya al crecimiento social y
económico general del país, los objetivos de
la legislación
nacional podrían contemplar, entre otros los
siguientes principios generales:

a) Garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de servicio público en la operación de
redes y en la prestación deservicios; 

b) Proteger a los usuarios;

c) Garantizar el acceso universal de la
comunidad

d) Promover el desarrollo de la
infraestructura, facilitando las
inversiones productivas;

e) Facilitar la producción de
equipamiento en el país y una red de proveedores
locales;

f) Promover la investigación y el
desarrollo tecnológico;

g) Preservar la competencia sostenible,
leal y efectiva en los mercados;

h) Procurar que las actividades de producción
y servicios generen empleo;

i) Promover la utilización de las
telecomunicaciones para facilitar la integración de las
regiones y el crecimiento del mercado regional.
j) Promover el acceso de todos los
habitantes a la Sociedad de
la Información.

La legislación debe resguardar,
respetar y garantizar los derechos de los usuarios. En la
prestación del servicio se incide en el interés y
bienestar de la ciudadanía en su conjunto, siendo cada
integrante de la comunidad mucho más que un usuario o
consumidor. En muchos casos requieren de medidas
específicas que faciliten el acceso universal a
los servicios." (Ver preámbulo del Libro Azul,
Políticas de Telecomunicaciones para las Américas,
OEA/Ser.LXVII.6.515 agosto 2005Original:
español).

Se consolida la denuncia de De Souza Santos, al advertir
todas estas imposiciones, que se pueden encontrar en el Libro
Azul de la Organización de Estados Americanos, en donde se
dictan las orientaciones para reformar, o consolidar la
legislación de cada país de América; incluso
e dictan los principios, que deberán estar sobre leyes
elementales, sin que se redacten oficialmente en forma
definitiva, por si varían los intereses comerciales del
mercado mundial.

Expresa De Souza: "No debe sorprender que esta
transformación, haya comenzado en los Estados Unidos y se
haya venido expandiéndose a través del globo.
Habiendo ganado la batalla en casa, las ETN e telecomunicaciones
norteamericanas se convirtieron en las exponentes más
prominentes de la reforma de la regulación de muchos
países, usando el poder negociador de los Estados Unidos
para hacer posible la reforma global." (DE SOUZA Santos
Boaventura, opcit. Cap. 6, pp. 333).

Es irónico la posición de este
país, con tanto poder, de establecer regulaciones y
reformas sustanciales en la estructura judicial de cada
nación del Hemisferio, y quedarse por fuera, Estados
Unidos, no ha ratificado la mayoría de los convenios, de
las diversas entidades internacionales para modificaciones de
leyes y ordenamientos jurídicos internacionales. Dice
Souza que se trata de una "gran explosión" (big bang),
seguido por Estados Unidos, el Reino Unido y Japón, que"
conjuntamente constituyen el sesenta por ciento del mercado
mundial de las telecomunicaciones. Consiste en la
liberación general y unilateral de las telecomunicaciones
que incluye la de los servicios básicos y avanzados, los
equipos y las instalaciones." (DE SOUZA Santos Boaventura,
opcit. Cap. 6, pp. 333).

El otro sistema es el llamado de la pequeña
explosión (Little bang), seguido por los países
centrales, principalmente los europeos. Consiste en la
liberación parcial a través de mecanismos tales
como la separación entre los servicios postales y los
servicios de telefonía, tiene este sistema reducir los
subsidios cruzados. De Souza Santos considera que "Basta tener en
cuenta que, a pesar de sus diferencias, los caminos tienen mucho
en común y que sus rasgos comunes se están
difundiendo al lo largo del sistema mundo." (DE SOUZA Santos
Boaventura, opcit. Cap. 6, pp. 333).

La demostración de la hipótesis, va ligada
con el punto ocho del trabajo, con el cual se pone en tela de
juicio las reformas que se proponen a los diferentes sistemas
judiciales de América Latina, se vuelve una tarea
necesaria. En el contexto latinoamericano dicha tarea es urgente,
dada la proliferación de reformas de los ordenamientos
jurídicos encaminadas a transformar instituciones de todo
tipo –v.gr., las fiscalías, los consejos superiores
de la judicatura, los juzgados y las facultades de
derecho–. Como se indicó arriba estas reformas han
sido implementadas en las dos últimas décadas por
los gobiernos de la región con el auspicio y
asesoría de instituciones tales como el Banco Mundial,
USAID, la AID y el BID, OEA y otros organismos
internacionales.

El énfasis no se sitúa entre sistemas
jurídicos estatales diferentes, lo que sería el
campo tradicional, del Derecho Internacional Público. La
afectación, la encontramos en a) las formas
jurídicas, (regulaciones, instituciones, culturas, y
estructuras), que tienen características transnacionales
en todo su origen y esquema básico generalizado. Lo
relevante es que aunque tengan su génesis en la localidad
o nacionalidad de un Estado específico, su producto surge
en una característica de sistema globalizado, mediante
mecanismos diferentes a las normales relaciones interestatales.
b) Los campos jurídicos nacionales, igual que los
ordenamientos jurídicos estatales e infra-estatales, o
locales, persiguen una determinada estrategia jurídica, en
la medida en que son transformados por los intereses sociales
transnacionales.

La hipótesis es que los campos
jurídicos nacionales de las sociedades de América
Latina, se encuentran cada vez más filtrados, y lo mismo
pasa en Costa Rica, e influenciados, por estructuras
jurídicas de organizaciones extrañas a los esquemas
nacionales, como son las transnacionales, que se desarrollan a
través de complejas relaciones con el orden
jurídico estatal y además local.

Sobre la base del desarrollo y la intensificación
espectacular de la interacción de organizaciones
transnacionales en las últimas tres décadas, se
puede concebir una globalización del campo
jurídico; como un fenómeno radicalmente nuevo, sin
ninguna raíz en el pasado. No obstante, hay que
determinar, que el bloque estructural de imposición
global, tiene su base en los mismos intereses del poder
ideológico y político en el mundo.

Se podría hablar más bien de una
evolución cualitativamente nueva, tómese en cuenta
que el sistema mundo moderno, en el cual se producen
interacciones sociales, ha existido desde el siglo XVI y que las
raíces de la transformación, proviene de ese siglo
y de los mismos intereses.

La cultura, el fenómeno social, económico,
ideológico, político y económico tiene un
mismo paradigma y un mismo génesis de desarrollo humano,
enclavado en la visión de algunos científicos de la
Administración y de la política, como lo fueron
Adam Smith, Montesquieu, Rouseau, Voltaire, Carl Marx, Fredrick
Engels, Max Weber, por mencionar a algunos.

Se habla de un proceso que en este momento, cuando
apenas inicia una centuria, parece tener un gran resultado
determinante con la existencia de una cultura jurídica
transnacional, que antecede al sistema Mundo Moderno, como
muestra extraordinariamente la recepción del Derecho
Romano en el siglo XII y posteriores.

Aún a finales del siglo XIX, en una época
en la que la teoría política liberal había
impuesto la equivalencia entre nación, Estado y Derecho,
la idea de un derecho globalizado florecía como una
subcultura jurídica, que en la actualidad es parte de una
todo integrado, esquematizado y estructurado, para nacer como un
sistema nuevo de regulación global.

Significa que en los primeros once años del siglo
XXI, se busca la homogenización continua, e irreversible
de las condiciones de vida social en todo el Mundo, como producto
del capitalismo y del progreso asociado con el desarrollo
científico y tecnológico. Las comunicaciones
globales, la reingeniería de los sistemas educativos, y el
mensaje de mercadotecnia, taladrando las mentes nuevas y los
sistemas judiciales, han logrado un gran avance en este
afán de unificar ordenamientos judiciales del
Mundo.

No es nada más que el Droit commun de
l`humanitè, (Edouard Lambert), 1990. (Edouard
Lambert pública El gobierno de los jueces (1921), obra en
la que lleva a cabo un análisis crítico de la
justicia constitucional en los Estados Unidos. Haciéndose
eco de las principales aportaciones de la literatura
jurídica estadounidense del momento, Lambert pone de
manifiesto los inconvenientes que conlleva la atribución a
un órgano judicial de la facultad de revisar la obra del
legislador. En particular, subraya sus efectos retardatarios para
una necesaria evolución del Derecho norteamericano que
supiera dar respuesta a las demandas crecientes de
protección expresadas por los sectores sociales
desfavorecidos, y su propensión a amparar los intereses de
los grandes conglomerados industriales y financieros). (Cita
del autor de la tesis).