Potencial reforma judicial y uso progresista del derecho en Costa Rica (página 13)

El uruguayo Eduardo Galeano bautiza la
introducción de su libro con el más que
representativo "Ciento veinte millones de niños en el
centro de la tormenta" un hecho en la que grandes empresas
adquieran el dominio de la economía en el ámbito
internacional; traerá como consecuencia que las empresas
netamente nacionales no puedan competir y que eso, a su vez,
provoque un declive en cuanto a los gastos en desarrollo social o
cualquier apoyo "altruista" a la gente.

Ese vendaje eterno de una actualidad ciega, de miles de
cosas que nunca se ven; que son ininteligibles, algo así
como ver un Wall Mart desprendiendo la magnificencia de sus
instalaciones, presumiendo los autos último modelo de los
concesionarios y, en el otro lado de la calle, ver un
"tianguis" de un estilo enajenante, donde la gente se
empuja, magulla, grita, ofrece, compra y demás
etcéteras.
(Tianguis (del náhuatl tianquiztli 'mercado')
es el mercado tradicional que ha existido en Mesoamérica
desde época prehispánica, y que ha ido
evolucionando en forma y contexto social a lo largo de los
siglos. En otros países ha recibido diversos nombres, por
ejemplo en España (muy en particular en Andalucía
por la influencia del zoco) se le conoce
como mercadillo; y en Estados Unidos adopta el nombre
de pulga o flea market y se encuentran estos
establecimientos principalmente en Texas, Nuevo México y
California. Son comunes también en otros
estados.

La herencia de los tianguis es una mezcla de las
tradiciones mercantiles de los pueblos prehispánicos
de Mesoamérica, incluyendo el azteca y de
los bazares del Medio Oriente llegados
a América vía España. Este
establecimiento difiere en mucho del comercio ambulante, es de
gran tradición, se realiza en un día
específico y la oferta de productos es mayor y se
adquieren principalmente artículos de suma necesidad).
(Citas del autor de la tesis).

En el análisis se desprende el hecho de que
aquello que se intercambie económicamente en el tianguis
quedará en nuestras tierras; pero a pasar de que en el tal
Wall Mart se den "ofertas increíbles" que se supone
amparan al comprador bien sabemos que gran parte del capital que
se intercambia en esa tienda obedece a intereses extranjeros;
sólo se sangra al pueblo para alimentar a los sanguijuelas
del poder del mercado.

El Doctor Galeano explica que es: "América
Latina, la región de las venas abiertas. Desde el
descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha
transformado constantemente en utilidad del poder europeo y,
más tarde, en capital norteamericano, y como tal se ha
acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder.
Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en
minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo,
los recursos naturales y los recursos humanos.

El modelo de producción y el esquema de clases de
cada lugar han sido continuamente determinados, desde fuera, por
su inscripción al dispositivo universal del capitalismo. A
cada cual se le ha asignado una función, siempre en
beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de
turno, y se ha hecho infinito el vínculo de las
subordinaciones sucesivas, que tiene mucho más de dos
articulaciones de relación vertical, y que por cierto
también comprende, dentro de América Latina, el
absolutismo de los países pequeños por sus vecinos
mayores."

La expectativa tangible de una gran cantidad de
infantes, los cuales deben resignarse a mirar su pobreza o tienen
que salir a las calles a ganar los alimentos del día, si
es que se puede. Si estudian o no, poco importará lo
más relevante será cubrir una necesidad primordial:
es satisfacer al estómago y cuando no salga ni para eso,
pues tendrán el refugio pasajero del pegamento, el
resistol, para olerlo y hasta consumirlo, o, si alcanza el
dinero, marihuana, o piedra.

Esta cotidianeidad es una realidad que no escapa a
nuestra permanencia en esta estancia de la tierra de un
subcontinente, y con la cual los grandes consorcios comerciales
lucran, pues sólo pretenden ayudar al problema con la
donación de diez centavos por cada producto que vendan, en
unos casos, o con la construcción de albergues, en otros
casos. Por oro lado se ha originado en la realidad latina, el
consorcio de los mercaderes de estupefacientes, que se lucran
convirtiendo en escoria indigna de la humanidad a los
niños de América.

El problema fundamental, persiste, sólo dan
migajas al que les ha creado todo el pan;una necesidad de los
capitalistas, que sí les preocupa y que tiene que ver con
las clases populares es la de buscar la forma en la que ya no se
reproduzcan, pues si bien es cierto que muchos de ellos
participan activamente en el proceso de producción de su
dinero a bajos costos, también los hay que su vida gire en
torno a "las malas costumbres."

Significa que, quienes se dediquen al crimen por falta
de dinero y como una forma fácil para conseguirlo;
tendrán como gratificación la condena y la pena de
un tribunal, dirigido desde otras latitudes. Claro, todo su mundo
sería perfecto si no existieran esas generaciones de
miserables, derruidos por el tiempo y la realidad de una sociedad
vencida a partir del ingreso de los invasores; que crearon un
modelo o cultura de muerte y destrucción.

Eduardo Galeano explicaba en su escrito
(recuérdese que fue escrito en 1971) que los:"Estados
Unidos no sufren, fronteras adentro, el problema de la
explosión de la natalidad, pero se preocupan como nadie
por difundir e imponer, en los cuatro puntos cardinales, la
planificación familiar. No sólo el gobierno;
también Rockefeller y la Fundación Ford padecen
pesadillas con millones de niños que avanzan, como
langostas, desde los horizontes del Tercer Mundo. Platón y
Aristóteles se habían ocupado del tema antes que
Malthus y McNamara; sin embargo, en nuestros tiempos, toda esta
ofensiva universal cumple una función bien definida: se
propone justificar la muy desigual distribución de la
renta entre los países y entre las clases sociales,
convencer a los pobres de que la pobreza es el resultado
de los hijos que no se evitan y poner un dique al avance
de la furia de las masas en movimiento y rebelión. Los
dispositivos intrauterinos compiten con las bombas y la
metralla, en el sudeste asiático, en el esfuerzo por
detener el crecimiento de la población de Vietnam. En
América Latina resulta más higiénico y
eficaz matar a los guerrilleros en los úteros que en las
sierras o en las calles."

Se observará que se incluido el escudo de la
USAID; es porque el autor de esta tesis, siendo niño,
conoció el programa de la Alianza para el Progreso,
programa puesto en marcha por el Presidente Kennedy, quien era
conocedor de que en los alimentos que se regalaba a los
ciudadanos de América Latina, estaban revueltos con
químicos, esterilizantes; y el escudo de esa Alianza, que
surge, como la ayuda del pueblo de Estados Unidos, a la pobreza
de los grupos sociales de las naciones de América
Latina.

Se entiende, entonces, que toda subversión que
trastoca la tranquilidad del sistema que implantó el
hambre y la crisis, resulta que debe ser resuelta mediante la
violencia y la represión, de ahí que esos
años (1960-1980) se hayan caracterizado por las
desapariciones, encarcelamientos y asesinatos de jóvenes,
trabajadores, intelectuales y hasta de amas de casa que se
identificaban con los movimientos anti capitalistas, lo que hoy
se conoce como crímenes de lesa humanidad.

El problema es serio cuando uno se pone a pensar que no
por mucho tiempo la gente, la sociedad, seguirá viendo a
la expectativa cómo terminan con un país intereses
ajenos a él en cuanto al compromiso social,
ecológico e histórico. Eduardo Galeano habla algo
al respecto, no obstante, hacer aquí un comentario
condenatorio sería como pelear contra una realidad, pues
los documentos obedecen a un tiempo, por lo que no todo lo que
contienen tendrá que ser trascendente al correr del
tiempo.

Eduardo Galeano en forma irónica expresa con
convicción: "¿Tenemos todo prohibido, salvo
cruzarnos de brazos?" La miseria no está escrita en
las estrellas; el subdesarrollo no es el fruto de un oscuro
destino, que ha conformado del Creador; en la introducción
del libro del libro de Eduardo Galeano, encontramos la siguiente
disertación: "La división internacional del trabajo
consiste en que unos países se especializan en ganar y
otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos
América Latina, fue precoz: se especializó en
perder desde los remotos tiempos en que los europeos del
Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le
hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y
América Latina perfeccionó sus funciones. Este ya
no es el reino de las maravillas donde la realidad derrotaba a la
fábula y la imaginación era humillada por los
trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las
montañas de plata. Pero la región sigue trabajando
de sirvienta. Continúa existiendo al servicio de las
necesidades ajenas, como fuente y reserva del petróleo y
el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las
materias primas y los alimentos con destino a los países
ricos que ganan consumiéndolos, mucho más de lo que
América Latina gana produciéndolos. Son mucho
más altos los impuestos que cobran los compradores que los
precios que reciben los vendedores; y al fin y al cabo, como
declaró en julio de 1968 Covey T. Oliver, coordinador de
la Alianza para el Progreso, «hablar de precios justos en
la actualidad es un concepto medieval. Estamos en plena
época de la libre comercialización … »
(Eduardo Galeano (1940- ), escritor uruguayo, nacido en
Montevideo, que desde muy joven se inició en el periodismo
en el semanario socialista El Sol, publicando dibujos y
caricaturas políticas que firmaba con el seudónimo
de Gius; fue además director del diario Época. En
1973, se exilió en la Argentina —cuando el
presidente Bordaberry cedió parte del poder
político a las Fuerzas Armadas— y allí
fundó y dirigió la revista Crisis; en 1976,
debió continuar su exilio en España y
regresó a su país en 1985, cuando Julio
María Sanguinetti asumió la presidencia del
país en elecciones democráticas). A los 14
años vendió su primera caricatura
política al semanario "El Sol" del Partido
Socialista. Comenzó su carrera de periodista a inicios
de 1960 como editor de "Marcha", un semanario influyente que tuvo
como colaboradores a Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti,
Manuel Maldonado, Denis y Roberto Fernández Retamar.
Editó durante dos años el diario "Época".
Durante sus estudios, con una beca en París, supo
que Juan Domingo Perón había dicho que
"si ese muchacho anda por acá, me gustaría verlo".
Galeano aprovechó un viaje para llamar al teléfono
que le habían dado, aún cuando no terminaba de
creer que fuese cierto. Lo era, y fue recibido muy bien. Tuvo una
larga charla con el ex presidente argentino en el exilio, donde
le preguntó por qué no emitía señales
más seguidas. "Perón me contestó: El
prestigio de Dios está en que se hace ver muy poco". En
el Golpe de Estado del 27 de junio de 1973, Galeano fue
encarcelado y obligado a dejar Uruguay. Su libro Las venas
abiertas de América
Latina fue censurado por las dictaduras militares
de Uruguay, Argentina y Chile. Se fue a vivir a Argentina donde
fundó el magazín cultural "Crisis".

Sobre la base de este análisis del Doctor
Galeano, ¿Cómo no poder entender el interés
de los poderosos, para lograr uniformizar los sistemas
judiciales, en pro de un mercado consolidado, y protegido, por la
mayoría de los sistemas judiciales del mundo? obviamente,
es una lucha en contra de un poder de toda la historia humana, en
la cual, siempre habrá ganadores y
perdedores…

De Souza Santos asegura que "la inversión de la
USAID en programas jurídicos se remonta a los años
sesenta, lo que se conoció como la primera ola de
´derecho y desarrollo, ´ el actual resurgimiento de
actividades en esta área se inició a mediados de la
década de los ochenta, con el Programa de
Administración de Justicia en Latino América, que
dio inicio a la segunda ola, donde el énfasis
recayó sobre la reforma judicial. Una de las evaluaciones
de esos programas estima que América Latina era el campo
de prueba para los programas jurídicos que, desde los
años noventa, se han extendido a Asia, África,
Europa Oriental y a los países recientemente
independizados (USAID, 1994: VII).

La USAID, distingue cuatro generaciones de programas en
el ámbito jurídico desde comienzos de la
década delos sesenta. La primera generación se
centró en la educación jurídica y la reforma
delas leyes; la segunda en necesidades básicas de apoyo
jurídico; la tercera en la reforma de los juzgados y
tribunales. La cuarta generación, la actual, es la
más ambiciosa y la más política para esta
agencia de cooperación, puesto que cubre todas las
preocupaciones de los programas de las tres generaciones
anteriores y amplía su espectro, al incluir todos esos
programas simultáneamente en el diseño e
implementación de programas para la democracia en cada
país (USAID), 1994: 4). En esta última
generación, a diferencia de los períodos
anteriores, la ayuda es concebida como política y no
meramente técnica. Su objetivo es promover la democracia,
incluso frente a la resistencia del país huésped.
En este caso, la resistencia debe superarse a través de
coaliciones locales y de una estrategia de construcción de
opinión pública favorable (constituency-bulding
strategy), para forjar un compromiso de las élites con la
reforma jurídica (USAID 1994: VII). Según la jerga
de la agencia, tal estrategia ´facilitará la demanda
del país huésped. ` En una evaluación de
seis programas sobre consolidación del Estado de derecho,
cuatro de ellos en América Latina, la institución
admite que esta estrategia sólo tuvo éxito en uno
de ellos Colombia.

La estrategia de construcción de opiniones es
considerada como la más importante de todas las que se
utilizan, justamente por ser la más política. En
efecto, los enfoques adoptados en períodos anteriores
fueron criticados por estar estrechamente definidos como
asistencia técnica, prestada por ´planificadores
acostumbrados a pensar en términos burocráticos,
más que políticos. ` (USAID, 1994: 19). No
obstante, la agencia reconoce que el enfoque técnico se
ajustaba a las condiciones políticas de la Guerra
Fría, al responder a la siguiente
motivación:

[…] la preocupación de que movilizar
grupos de presión ciudadana a favor de la reforma pudiera
encender sentimientos nacionalistas debido a la
participación de los Estados Unidos en un área
políticamente sensible […] y, en algunos casos,
existía el temor (especialmente durante la época
dela Guerra Fría) de que apoyar las exigencias de reforma
de origen popular pudiera superar la capacidad de las
frágiles instituciones democráticas y abrir el
camino para el predominio de movimientos políticos
antidemocráticos de izquierda o de derecha (USAID,
1994.18).

Esta preocupación por los peligros provenientes
de la derecho a resulta completamente cínica dado que la
USAID cooperó con todas las Juntas Miliares. En cualquier
caso la conclusión es que las estrategias de la agencia,
en el período posterior a la Guerra Fría, deben ser
abiertamente políticas, con lo cual se quiere decir que
las reformas jurídicas deben ser comprendidas como parte
de un proyecto político para la consolidación de la
democracia.

Los programas de ROL (iníciales de rule of law:
Estado de derecho o primacía de la ley, según los
casos) son de amplia cobertura e incluyen las siguientes
estrategias: las coaliciones y la construcción de bases
políticas que ya hemos mencionado; la reforma
jurídica estructural; la creación del acceso y el
fortalecimiento del sistema jurídico. Un examen más
detenido del desarrollo de estas estrategias muestra que su
alcance y su énfasis varían de país a
país. En Latinoamérica, los países en que la
USAID invirtió más fondos de `asistencia
jurídica´ fueron Colombia, El Salvador, Guatemala,
Honduras, y Panamá, según el informe de agosto de
1999 de la General Accounting Office. Desde los inicios de la
década delos noventa, los Estados Unidos, a través
de la USAID y el Departamento de Justicia, concedieron a estos
países más de 160 millones de dólares en
programas de asistencia jurídica. En todos estos
países con excepción de Colombia, hubo
transición de un régimen militar a uno
democrático y todos ellos pasaron por períodos de
intensos conflictos políticos armados, si vienen Colombia
esos conflictos no sólo no cesaron, sino que se
incrementaron en los últimos años. No sorprende que
la gran mayoría de los fondos de asistencia
jurídica se hayan concentrado en la justicia criminal
(investigación, acusación, policía y
fiscalía).

Los Programas de asistencia en América Latina y
el Caribe estuvieron prioritariamente centrados en la
cuestión de la justicia criminal (57% de los fondos),
incluyendo la asistencia a la policía, a los fiscales, a
los operaciones de investigación y otras actividades
propias de la lucha antidrogas y antiterrorista. Los programas
restantes e dirigieron a la infraestructura judicial (21,3% de
los fondos), a la reforma del Gobierno y de las fuerzas armadas
(13,6% de los fondos) y en menor grado, a la promoción de
la democracia y de los derechos humanos (6,3% de los
fondos).

Aunque hoy en día el USAID proclama el
carácter político de sus programas de reformas
jurídicas y judicial, el Banco Mundial prefiere poner
énfasis en la necesidad de propiciar un ambiente judicial
y jurídico conducente al comercio, la financiación
y la inversión, justificando esta posición en los
estatutos del Banco, que definen la promoción del
desarrollo económico como el mandato principal de esta
institución, y que no incluye la reforma política;
este mandato es en realidad, muy amplio:

Incluye todo desde la redacción de los
códigos de comerciales o las leyes sobre quiebra de
sociedades comerciales hasta la creación de organismos
administrativos reguladores o capacitación de funcionarios
del Ministerio de Justicia para que sepan redactar leyes que
promuevan la inversión privada.

El creciente interés del Banco Mundial en la
reforma judicial se justifica porque ´la experiencia ha
mostrado que tal reforma no puede ignorarse en el proceso de
desarrollo o de ajuste económico. ` Que ese interés
por el papel por la justicia es sólo apolítico o
despolitizado en apariencia puede observarse claramente en la
filosofía implícita de uno de los campos de
intervención que en períodos anteriores era
considerado más político, el campo del acceso ala
justicia. En un seminario organizado por el Banco Brian Garth
defendió la tesis de que la constitucionalización
de los derechos humanos ha hecho posible una posición
más neutral sobre el acceso a la justicia y, por ende, una
ayuda jurídica ´despolitizada`: En lugar de ver la
ayuda jurídica como el filo de un movimiento
político, puede verse ahora como un ´derecho
fundamental del ciudadano en el Estado de Derecho. `

La intervención del Banco en este campo se
extiende a cualquier lugar del mundo y puede ser muy amplia en su
cobertura. En América Latina el Banco Mundial ha
suministrado, entre otras ayudas, donaciones o empréstitos
para la reforma jurídica y judicial, 78,9 millones de
dólares distribuidos entre Venezuela, Bolivia, Ecuador y
Perú.

El peso político de la USAID aumenta con el
nombramiento de Jaime Giraldo Ángel ´Principal
vocero delas propuestas de reforma judicial impulsadas por la
USAID desde la FES` (Arenas, 1998: 16), como ministro de
Justicia. En los términos del General Accounting Office de
192, ´los representantes de la FES se convirtieron en
expertos en reforma judicial y, en reconocimiento de su
compromiso con el cambio, el Presidente Gaviria nombró a
alguno de ellos en su Gobierno. De esta manera se establece un
puente que hace posible la transición hacia un programa de
reformas a gran escala. `

Desde entonces, los programas de reforma financiados por
el USAID crecieron. E concentraron en dos áreas
principales: la creación de jurisdicciones especiales de
orden público y el apoyo al Gobierno en la
elaboración de una propuesta de reforma constitucional. En
relación con la primera área, entre otras
iniciativas, la FES envió a Italia un grupo de estudios
para que analizara las medidas tomadas para reprimir el crimen
organizado.

La intervención de los Estados Unidos ha dominado
de tal manera la reforma del sistema judicial colombiano que
podría ser más correcto hablar en este caso de la
norteamericanización que de globalización. Sin
embargo, tiene sentido seguir hablando de globalización
porque las concepciones estadounidenses en esta área han
dominado las intervenciones de otros países (algunos
países de la Unión Europea y la misma Unión
Europea) y de las instituciones multilaterales (como por ejemplo,
el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos pues, en presencia
de una globalización de alta intensidad o incluso de una
globalización, incluso de una globalización de
altísima intensidad, como muestra la descripción
que acabo de hacer en el caso colombiano. Esta fortísima
presión sobre el sistema judicial colombiano está
legitimada por una concepción hegemónica, cuyo
protagonista es también Estados Unidos, sobre la
prohibición incondicional y represiva de la
producción, tráfico y consumo de ciertas drogas.
Por tratarse de de una concepción norteamericana que
progresivamente se globaliza, se puede designar como un localismo
globalizado, en términos de la tipología de la
globalización.

Esta concepción ha dominado enteramente en los
últimos años la política criminal de los
Estados Unidos en América Latina y de manera particular en
Colombia. Eta globalización hegemónica ha impedido
que Colombia, ante el fracaso del prohibición, experimente
otras alternativas y promuévala cooperación
internacional necesaria para hacerlas viables. Entre tales
alternativas podría pensarse en las que los propios
Estados Unidos han adoptado en el caso de otras sustancias
susceptibles de producir dependencia. Así, en el caso del
tabaco, que, al contrario que la cocaína y la
heroína, se produce en los Estados Unidos, ese país
ha privilegiado estrategias que operan por la vía del
control del consumo. En teoría, no hay ninguna
razón para que esta estrategia no pueda ser igualmente
adoptada en el caso de otras drogas. No obstante a toda esa
estrategia y esfuerzos de Estados Unidos, el sistema judicial
colombiano sigue siendo débil e ineficiente en la lucha
contra el crimen organizado. Los problemas señalados son
las detenciones arbitrarias, la congestión judicial, la
intimidación, el soborno y la corrupción de jueces
y funcionarios de justicia, y la impunidad. Según
cálculos dela USAID, serán necesarios entre tres o
cinco años para hacer eficaz el nuevo Código de
Procedimientos Penales en toda Colombia, pero que debido a la
ausencia de una clara división de funciones entre los
organismos estatales encargados de desarrollar esta
transformación, la nueva legislación podría
también terminar siendo ineficaz.

El Estado de derecho y el sistema judicial se concibe
entonces como principio de ordenamiento social como instrumento
de una concepción despolitizada de la
transformación social. En términos del argumento
que estoy desarrollando en este libro sobre el derecho moderno,
esto significa reducir al mínimo el potencial
emancipatorio del Estado de derecho y transformar este
último en una técnica más de
regulación social.

Sin embargo, la despolitización de la
transformación social puede ser una tarea muy
problemática. Conjuntamente con ella, se da el
dramático crecimiento de la pobreza y dela desigualdad
social en todo el mundo, así como la erosión
gradual de las frágiles redes de seguridad que
anteriormente proporcionaba el Estado de bienestar así
fuesen incompletas o embrionarias. Manejar ese problema con una
combinación entre el Estado de derecho propio de la
democracia liberal ye l activismo judicial parece a todas luces
insuficiente. En contraste con la experiencia europea a todas
luces insuficiente. En contra con la experiencia europea, donde
la democracia siempre ha florecido a costa del liberalismo
económico, actualmente la democracia se presenta como la
contraparte política del liberalismo económico
tanto en los países periféricos como en los
semi-periféricos. No sorprende entonces la perplejidad de
la USAID cuando sostiene, en relación con la
construcción de la democracia, que uno delos principales
problemas a los que están dirigidos sus programas son
´las percepciones cerradas de la democracia y del
capitalismo de libre mercado. ` (USAID, 1996).

Cuando comparamos estas tendencias en los países
semi-periféricos con las tendencias análogas en los
países periféricos el primer contraste en que, en
estos últimos, el impulso interno hacia la
transformación de la justicia y la dinámica del
Estado de derecho y el activismo judicial son muy débiles.
En estos países las reformas son casi exclusivamente
productos de la presión ejercida por la
globalización de alta intensidad.

Más aún, a pesar de las diferencias
regionales, posiciones de poder y vínculos que
veían de país a país todo el desarrollo
económico que la globalización de la
economía ha hecho posible en estos países se ha
llevado a cabo, de hecho, a costa de tremendas desigualdades
sociales y de la exclusión social efectiva de la mayor
parte de la población." (DE SOUZA Santos Boaventura,
opcit. Cap. 7, pp.454-489).

Respecto a la perspectiva para la democracia en los
diversos estados, que se derivan de la confianza global, De Souza
Santos hace dos advertencias: "En primer lugar, en un mundo cada
vez más dominado por localismos globalizados y globalismos
localizados, la perspectivas para la democracia
dependerán, en gran medida, de la posibilidad de
democratizar las interacciones globales y las relaciones
sociales. La democracia ha sido concebida siempre como una forma
política nacional, compatible tanto con la economía
nacional como la cultura nacional. Por consiguiente, la
teoría democrática, en su formulación de
David Held, asume ´una relación simétrica y
congruente entre quienes adopten las decisiones políticas
y las personas afectadas por esas decisiones` (1993: 25). Por
ende, la responsabilidad política, la transparencia, la
protección y la participación han sido siempre
primordialmente problemas nacionales. La globalización
económica y cultural ha destruido esa simetría y
congruencia, y mientras no se restauren ambas a nivel global, la
democracia nacional será una especie de
peligro.

La segunda advertencia es que no pueden identificarse
cuáles son las perspectivas para la democracia sin
especificar qué es lo que queremos decir cuando hablamos
de ella. Hay diferentes modelos de democracia. Incluso la
democracia liberal se presta a diferentes definiciones.
Distinguiré entre dos tipos de democracia, que
denominaré la democracia representativa y la democracia
participativa. Ambas suscriben en abstracto, los rasgos
básicos de la democracia señalados al comienzo de
este capítulo, pero mientras que la democracia
representativa los jerarquiza técnicamente según su
capacidad de generar gobernabilidad en so sociedad abierta basada
en los mercados libres transnacionales, la democracia
participativa los jerarquiza políticamente, según
su capacidad e conferir un mayor poder de gobierno a los
ciudadanos y de conseguir la justicia social, buscando con ello
un equilibrio dinámico entre libertad y la
igualdad.

Ambas formas de democracia conciben a las sociedades
nacionales como sociedades abiertas. Sin embargo, para la
democracia representativa esa apertura se basa e los mercados
libres y en la globalización económica neoliberal,
mientras que para la democracia participativa el destino de la
sociedad abierta está ligado a los resultados finales, los
riesgos y las oportunidades que surgen del conflicto entre la
globalización hegemónica y la globalización
contra-hegemónica. Mientras que la democracia
representativa acepta el capitalismo mundial como el criterio
último y más elevado de la vida social moderna y,
en consecuencia, acepta que se le debe dar preferencia al
capitalismo cuando quiera que éste pudiera verse amenazado
por las ´disfunciones` democráticas, la democracia
participativa, por el contrario, se concibe en sí misma
como el criterio último y más elevado de la vida
social moderna frente al capitalismo y, en consecuencia, se ve a
sí misma como preponderante ante el capitalismo cuando
quiera que esté amenazada por este último." (DE
SOUZA Santos Boaventura, opcit. Cap. 7,
pp.4490-492).

El profesor de la Universidad de Cohimbra considera que
ninguna de las dos interpretaciones de democracia, "nunca
está presente en sus formas ideales en los procesos
políticos concretos. Las versiones recortadas, las
combinaciones laxas de elementos heterogéneos, la forma
híbrida de la democracia representativa y de la democracia
participativa, son todas ellas manifestaciones reales de nuestra
organización político-sociales." (DE SOUZA
Santos Boaventura, opcit. Cap. 7, pp.493).

Visión particular de la
democracia:

Cuando el filósofo sabe dónde están
sus pies y su cabeza y dónde deambulan sus
fantasías, no puede apartarse de una realidad tangible.
Cuántas veces siendo críos, estudiantes de aulas
universitarias, escuchamos decir que la democracia es el poder
del pueblo y montón de pamplinas que se les ocurría
a los que discernían al respecto; surge una pregunta en
este apartado tan relevante para el desarrollo de los grupos
sociales del mundo, en un momento, en que las comunicaciones
están al centro de un monitor en el instante en que
ocurren las cosas en vivo, igual que la televisión y la
radio lo lograron en otros tiempos.

Preguntarnos si en el mundo actual ¿existe un
concepto perfecto de lo que es la democracia, no importa
cuántas clasificaciones quieran hacer los filósofos
y los científicos sociales al respecto? Particularmente
considero que existe una sola posibilidad de idealizar este
concepto y vale la pena atrasar el resto del trabajo, para
ubicarnos en una idea codificada lingüísticamente de
lo que deberíamos entender como democracia.

Muchas veces pregunto a los estudiantes
¿qué entienden por democracia? y empiezan a surgir
conceptos individuales, sin una idea concreta, ni integral para
establecer el concepto en una forma congruente, dentro de esa
pragmática, semiológica; la pregunta se hace a
noveles estudiantes y en varias circunstancias se ha hecho a
profesionales de la educación y el concepto no se
concreta.
(La pragmática o pragma-lingüística es
una rama de la lingüística, también
estudiado por la filosofía del lenguaje  y
la psicolingüística o psicología del
lenguaje, que se interesa por el modo en que
el contexto influye en la interpretación
del significado. En este caso, la idea fluye por la
necesidad de una signición y una necesidad de un
contenido, para ser utilizado en un código
lingüístico, que se entienda por las mayorías,
encontrar esa signición y su significado
semiológico, permitirá elaborar una
conceptualización que se acepte en forma
intersubjetivamente, en la gramática política
actual. El contexto debe entenderse como situación,
ya que puede incluir cualquier aspecto
extralingüístico: situación comunicativa,
conocimiento compartido por los hablantes, relaciones
interpersonales, etc. La pragmática toma en
consideración los factores extralingüísticos
que condicionan el uso del lenguaje, esto es, todos aquellos
factores a los que no se hace referencia en un estudio puramente
formal. SILVA Acevedo Augusto, "Notas Semiológicas para la
Tesis," San José, 29 febrero 2012).

Entonces, surgen ideas, "democracia es el derecho a
votar" […] "es la libertad" […] "libertad de
expresión." "el derecho a elegir…" "el derecho a
comunicarse." Etc. Se encuentran un gran número de
definiciones, que de aplicarse en varias sociedades, no
tendrían validez para cada cual. No podemos quedarnos
mucho en esta idea, porque también merece un
análisis como para una tesis, conjuguemos las siguientes
ideas:

El término democracia tiene su
origen en el antiguo griego y se forma a partir de los
vocablos demos ("pueblo")
y kratós ("poder", "gobierno").
El concepto comenzó a utilizarse en el siglo V
A.C., en Atenas Grecia.

"En la actualidad, se entiende que la democracia es una
forma de organización de un grupo de
personas, donde la titularidad del poder reside en
la totalidad de sus miembros. Por lo tanto, la toma
de decisiones responde a la voluntad
general."

"En la práctica, la democracia es
una forma de gobierno y de organización
de un Estado. Por medio de mecanismos de
participación directa o indirecta,
el pueblo elige a sus representantes. Se
dice que la democracia es una forma de convivencia social donde
todos los habitantes son libres e iguales ante la ley, y
las relaciones sociales se establecen
según mecanismos contractuales."

Para la definición necesaria, que se ubique en el
siglo XXI, todo lo que se dice queda incompleto, no se puede
decir que es una forma de organización,
definitivamente tiene que ser un solo modelo, conceptual, no
puede haber democracia para cada organización social
conceptualizada en una cultura política determinada, si
definimos y asignamos una connotación
lingüística, tal modelo pragmático debe
responder a un paradigma semiológico definido para el
mundo entero.

Con el respeto del Maestro Souza Santos no es posible
que haya un paradigma para los neoliberales y otro para el
capitalismo y otro para las sociedades que se creen
democráticas, como la sociedad de Fidel Castro o la de
Hugo Chávez, que cada cual por su lado denomina democracia
ejemplar y paradigmática. De tal forma que es necesario
una sola perspectiva de la idea singular de
democracia.

Esta idea se fundamenta esencialmente en la
conceptualización de participación social;
el comparecer ante un grupo social, organizado, en lo que los
juristas determinan como Estado y no como organización,
sino en un modelo político sistémico, con todo lo
que ya conocen los juristas, en esa determinación y
conminación de lo que es un Estado Social de Derecho
moderno en el siglo XXI.

Esa posibilidad de participación que tenga
cada cual para coadyuvar al desarrollo de su grupo social, desde
la más humilde aportación, para que se integre
armónicamente esa estructura y superestructura del Estado
Social de Derecho, se debe entender como democracia y
deberá servirle a todos, no es idealismo, sino funciona de
esa forma, el concepto se degenerará, porque el aporte de
los que se aventajan o se disminuyen en la
participación, no permitirá la
conformación del modelo.

Esto quiere decir, que la democracia no surge como un
modelo social para favorecer la idea de necesidad de consolidar
un mercado y darle fuerza política, o económica
para que se mantenga como un modelo ideológico de los
diversos estados. La democracia deberá complementarse e
integrarse como un modelo, para que se entienda que hace falta la
consolidación de todos los rubros necesarios, para darle
fuerza a la idea de protección, que tenga cualquier
estructura social, sin que haya abusos de ninguna índole
para ninguno de los participantes.

No nos aparta esta idea de la necesidad, de que
sí hace falta un esquema de protección para cada
cosa, para cada rubro que permita la interrelación humana,
en todas las latitudes geográficas; y desde cualquier
perspectiva ideada por la mente humana, y para eso se debe de
instaurar un grupo de organizaciones, de ordenamientos
jurídicos y de rubros socioeconómicos y
políticos; sistémicos, que hagan posible que esa
participación, como elemento esencial de la
democracia se pueda poner en práctica, con el respeto de
todos y con el interés de que todos puedan tener el
beneficio apropiado de acuerdo a su aporte o participación
práctica que la misma democracia le permitirá.
(SILVA Acevedo Augusto, "Aporte Particular sobre una
Conceptualización de Democracia," San José, 29
febrero 2012).

El Doctor De Souza Santos estima que "Diferentes grupos
políticos luchan por controlar la naturaleza y
orientación política del activismo judicial. El
intento delos grupos dominantes de mantener el activismo judicial
dentro de los límites de la democracia representativa
–restringida a la promoción de la gobernabilidad y
la efectividad de las transnacionales económicas—se
enfrentará a la resistencia de los grupos políticos
subordinados interesados en ampliar el activismo judicial para
que se ocupe de la justicia social y de conceder a una mayor
participación activa a la ciudadanía dentro de la
sociedad. La fuerza relativa de los grupos en conflicto
determinará el perfil político de las actividades
delos tribunales en la sociedad.

El alcance, el marco temporal y el contexto de las
luchas políticas condicionan también la naturaleza
de las intervenciones judiciales." (DE SOUZA Santos
Boaventura, opcit. Cap. 7, pp.495-502).

Concluye el capítulo siete de su libro el Doctor
De Souza Santos, manifestando que "La atención primordial
que se ha prestado durante la última década al
Estado de Derecho y al sistema judicial en todo el mundo es uno
de los fenómenos políticos transnacionales
más importantes de nuestra época. Esta tendencia en
ocasiones producto de una dinámica interna, en otras de
una presión globalizadora de alta intensidad, y a veces, y
con mayor frecuencia, producto de una combinación de
ambas, y que se conoce como judicialización de la
política o expansión del poder judicial,
está estrechamente vinculada con la construcción de
una nueva forma de Estado, que puede ser caracterizado como
pos-benefactor (en los países centrales) o
pos-desarrollistas (en los países
semi-periféricos), pero que en cualquier caso es un Estado
eficiente y débil adecuado para complementar la eficaz
regulación de la vida social y económica efectuada
por los mercados y el sector privado. Este nuevo modelo de
desarrollo que, al parecer, goza de un consenso global
–aunque cuán fuerte o bien informado sea tal
consenso es una incógnita—parte de la premisa de
quela transformación social ha dejado de ser un asunto
político.2

Termina diciendo en esta conclusión Boaventura
Souza Santos, que "Dentro de este proyecto el Estado de derecho y
el sistema judicial tienen tata importancia como en la democracia
representativa. Son, sin embargo, menos fundamentales porque debe
concebirse como parte de un conjunto mucho más amplio de
instituciones participativas y movimientos sociales, organizados
de manera pluralista y conectados en torno a un principio
sencillo, pero crucial: primero la democracia, después el
capitalismo." (DE SOUZA Santos Boaventura, opcit. Cap. 7,
pp.503-505).

Capítulo X.

Centro
América como subregión y la
globalización

Concluimos también con esas etapas claves para la
demostración de la hipótesis de este trabajo, y con
la información, de cómo las agencias y entidades
mencionadas; se encuentran involucradas en las innovaciones
propuestas para variar la forma y estructura de los sistemas
judiciales de Europa y América Latina, lo que nos
permitirá ingresar en los siguientes temas de lo que
ocurre en los Poderes judiciales y en los sistema
económicos y políticos de Centro América y
específicamente de Costa Rica y las reformas propuestas
para estos pequeños países del Istmo.

El Sistema de Integración Centroamericana –
SICA

Esta subregión latinoamericana se caracteriza por
no pertenecer a la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI), al no ser un acuerdo de alcance
parcial suscrito en el marco jurídico de la ALADI, por
cuanto sus Estados miembros (Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua) no han suscrito esta convención para
adherirse a la ALADI.

Recientemente, el pasado 2 de febrero del 2012, el
Secretario General de ALADI, Chacho Álvarez dio a conocer
la noticia, de que Panamá, se integró a la
Asociación y en su momento manifestó que "ALADI
tiene dos objetivos: el primero, construir un gran
mercado latinoamericano aspirando a la libre circulación
de las personas, bienes y servicios. Y el otro, ser un
organismo-puente a favor de acelerar el proceso hacia la
consolidación de la CELAC (Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del Caribe) punto de arribo de las tantas
veces postergada unidad latinoamericana.

Por su parte, el Vicecanciller panameño,
Francisco Álvarez de Soto, destacó la
vocación de Panamá para adherirse activamente en la
región y consolidar el gran crecimiento que está
teniendo la economía panameña. La extraordinaria
condición bi-oceánica de Panamá le da un
importante valor estratégico a este país y en ese
sentido su aporte a la ALADI y a la región es
fundamental.

Como subregión Centro América muestra
perceptibles complicaciones de eficacia en sus normas, cuenta con
una institucionalidad importante conformada por la Reunión
de Presidentes de esas Repúblicas, el Consejo de
Ministros, el Comité Ejecutivo, la Secretaría
General, el Parlamento Centroamericano (el cual ya es elegido
directamente por el pueblo) y la Corte Centroamericana de
Justicia. (Parlamento
Centroamericano (también conocido
como Parlacen) es
una institución política consagrada
a la integración de los países
de Centroamérica. Tiene su central en la Ciudad
de Guatemala.

Los orígenes del Parlacen se remontan
al Grupo Contadora, un proyecto de los años ochenta
que pretendía contribuir a resolver las guerras
civiles de El
Salvador, Guatemala y Nicaragua. Aunque el grupo
Contadora fue disuelto en 1986, la idea de una mayor
integración centroamericana permaneció, dando lugar
al Acuerdo de Esquípalas II, que entre otros
aspectos, decidió la creación del Parlamento
Centroamericano. El Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano y otras Instancias Políticas fue
suscrito en 1987, efectuándose su primera
sesión solemne el 28 de
octubre de 1991 en Ciudad
Guatemala.

El Parlacen como órgano político de la
región, forma parte del Sistema de la
Integración Centroamericana SICA constituido por el
Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de
la Organización de Estados
Centroamericanos (Odeca), suscrito el 13 de diciembre de
1991, el cual tiene como objetivo fundamental realizar la
integración representatividad política e
ideológica, en un sistema democrático pluralista
que garantice elecciones libres y participativas, en condiciones
de igualdad de los partidos políticos.

Es sabido que Costa Rica no ha ratificado su presencia
en el Parlamento Centro Americano, no obstante, el Estado tienen
miembros presenciales en la institución. Costa Rica se
niega a integrar el Parlacen y la Corte Centroamericana de
Justicia, aunque participó en los años 80 en las
negociaciones que condujeron a su creación, dentro de los
acuerdos para poner fin a las guerras civiles y estimular la
integración.

"Para Costa Rica, sería inaceptable verse
obligada a ser parte del Parlacen, irrespetando el acuerdo
pactado en Viena hace tres años, donde precisamente se
marcó el punto de partida del interés en negociar
el Acuerdo de Asociación, dejando claras las reglas
básicas para ese momento cuando se dio el campanazo de
salida", Así se pronunciaba el canciller costarricense
Bruno Stagno, en su momento.

Stagno admitía que la Unión Europea, (UE)
prefiere que Costa Rica se sume al Parlacen, pero insistió
en que San José tiene descartado dar tal paso."Creo que
tenemos una posición jurídicamente muy
sólida, política no hay duda de nuestra
posición. Vamos a tener que acordar un mecanismo para
resolver las diferencias en jurisdicción", dentro de las
negociaciones del acuerdo con la UE, insistió.

El ingreso al Parlacen fue descartado por el Congreso de
la República y la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica,
por considerar que eso implicaría entregar parte de la
soberanía. Además, los líderes
políticos costarricenses consideran que ese Parlamento no
presta utilidad, pese a los altos salarios de sus miembros.
(SILVA Acevedo Augusto, "Archivos periodísticos
personales", noticias de febrero 2009).

Retiro temporal de
Panamá…

Panamá anunció su retiro del PARLACEN pero
12 diputados electos en 2009 seguirán hasta
2014.  El Presidente del PARLACEN del período
2010-2011 fue el diputado por Panamá Dorindo Cortez y 12
diputados electos en 2009 se mantendrán como diputados
electos de Panamá hasta 2014. La Corte Centroamericana de
Justicia afirma en una resolución sobre el Tratado
Constitutivo del PARLACEN, que no existe mecanismo para renunciar
al PARLACEN, por lo que Panamá no puede salirse de ese
ente parlamentario regional.

Costa Rica tampoco ha ratificado la integración
de la Corte Centroamericana de Justicia, pese a que esta entidad
nació en Cartago, como Corte de Justicia Centroamericana,
o corte de Cartago, entre 1908 y 1918. La Corte
Centroamericana de Justicia (CCJ) es el órgano
judicial principal y permanente del "Sistema de la
Integración Centroamericana". Inició sus
funciones el 12 de octubre de1994 en el Reparto
Bolonia No. 1804 de la ciudad de Managua, ciudad que ya es
su sede permanente.

La Corte Centroamericana de Justicia, es el
órgano judicial del Sistema de Integración
Centroamericana. La jurisdicción y competencia
regional de la corte son de carácter obligatorio para
los Estados. La Normativa Jurídica de La Corte
Centroamericana de Justicia, forma parte del derecho
comunitario Centroamericano.

Fue creado en la interpretación y
ejecución del Protocolo de Tegucigalpa a la
Carta de la Organización de los Estados
Centroamericanos (ODECA) y sus instrumentos complementarios
o actos derivados del mismo. El Protocolo de Tegucigalpa crea La
Corte Centroamericana de Justicia en el artículo 12, y
además remite a su Estatuto para regular la
integración, funcionamiento y atribuciones de ese
Órgano Judicial Supranacional.

En el Convenio de Estatuto de la Corte se amplían
sus facultades y competencia y se la convierte además en
Tribunal Internacional, en Tribunal de Arbitraje, Tribunal de
Consulta y (con algunas restricciones) en Tribunal
Constitucional. El artículo 1 del referido Convenio de
Estatuto establece que ésta queda constituida y
funcionará conforme a las disposiciones de dicho Estatuto,
Ordenanza, Reglamentos y Resoluciones que emita ella
misma.

Costa Rica y Guatemala no son parte
del convenio constitutivo de la Corte Centroamericana de
Justicia. Hasta el momento los conflictos entre la Corte regional
y las altas cortes nacionales han sido uno de los
obstáculos principales a la ejecución de sus
decisiones a nivel nacional. Hay que aclarar que Guatemala en el
año 2008 finalizó el proceso de integración
a la Corte Centroamericana de Justicia, quedando pendiente
solamente Panamá, República Dominicana y Costa
Rica.

Entre los varios tratados vigentes podemos citar el
Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos ODECA (1991), los Estatutos de la Corte
Centroamericana de Justicia (1992), el Tercer Protocolo al
Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras
instancias políticas (1994).

El Tratado de la Integración Social
Centroamericana (1995). En 1997 se suscribió por los
presidentes de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua una
Declaración manifestando la intención
política de constituir la Unión Centroamericana,
conocida como la Declaración de Managua, la cual plasma
una gran tendencia de la integración en
Centroamérica que es la tendencia federalista presente en
multiplicidad de normas en las que se observa la intención
de llegar a constituir un Estado Federal entre los países
centroamericanos.

Dicho proyecto cuenta con el antecedente
histórico de la fallida federación centroamericana.
Panamá ha sido un tanto lejana a esta tendencia, lo que se
reafirma con la no suscripción de la Declaración de
Managua. República Dominicana ha iniciado un proceso de
aproximación al SICA. Pero también siempre ha sido
refractario a participar de estas integraciones de entidades de
nivel de la región en Centro América y por ejemplo
nunca ha apoyado la idea de que participar y ratificar el
Parlamento Centroamericano, por ejemplo.

A nivel centroamericano encontramos que en el Sistema de
Integración Centroamericano se ha creado la Corte
Centroamericana de Justicia la cual se define como supranacional
y tiene, entre otras muchas funciones, la atribución de
"resolver toda consulta prejudicial requerida por todo Juez o
Tribunal Judicial que estuviere conociendo de un caso pendiente
de fallo encaminada a obtener la aplicación o
interpretación uniforme de las normas que conforman el
ordenamiento jurídico del "Sistema de la
Integración Centroamericana"…" (Ver el art. 22
Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia)

No obstante, en un sucinto análisis de las normas
permanece la impresión de que el único
órgano que eventualmente podría producir normas
"comunitarias" es la Reunión de Presidentes pues las
decisiones del Consejo de Ministros sólo son obligatorias
para los Estados si no son contrarias a sus respectivas leyes
(norma ésta que hace desaparecer las
características supranacionales del derecho comunitario y
en consecuencia este mismo). (Ver art. 22 Protocolo de
Tegucigalpa, norma ésta que ayuda a su vez a interpretar
otra atribución de la Corte Centroamericana de Justicia
cual es la de elaborar estudios comparados de las diversas
legislaciones centroamericanas y presentar proyectos de leyes
uniformes "para realizar la integración jurídica de
Centroamérica").

Debe entenderse entonces, que en Centroamérica no
hay un derecho comunitario sino más bien una suerte de
acoplamiento legislativo para buscar una gradual y parcial
homogenización legislativa (piénsese que la
unificación en una sola ley requeriría que todos y
cada uno de los Congresos Nacionales aprobaran en una forma
exactamente igual todo el proyecto).

Muchos juristas y políticos de la región
sugieren que la mejor vía para que Centroamérica
inicie su convergencia hacia la Comunidad Latinoamericana de
Naciones CLAN se daría con el ingreso de todos los
países centroamericanos a la ALADI, participando
así del patrimonio histórico de la
integración latinoamericana y siendo miembros
también de la CLAN, al transformarse la ALADI y unirse con
el Parlamento Latinoamericano, del cual sí son miembros en
la actualidad los Estados centroamericanos; la subregión
del SICA, al igual que el MERCOSUR y la Comunidad Andina,
habrían de converger en la ALADI en un único nivel
regional que sería el de la CLAN y su institucionalidad
sería también subsumida en los órganos de la
Comunidad Latinoamericana."

La dimensión regional puede considerarse como una
situación intermedia entre lo nacional y lo global, cuando
se habla de modelos de composición regional, y entre lo
particular y lo nacional cuando se trata de regiones
sub-nacionales. Dentro de la nueva economía
política cosmopolita, la comercialización
planetaria de los movimientos adquiere relevancia como resultado
de transcursos complejos y cíclicos.

Mientras que la informatización de la
economía y la rapidez de las comunicaciones disminuyen las
ventajas geográficas de algunas regiones, otras adquieren
renovado vigor debido a una actuación política
concertada de su gobierno y sector privado, que negocian acuerdos
institucionales favorables.

Se produce así un transición de rango, en
la política, en el que las regiones, constituidas mediante
acuerdos de integración, y las sub-nacionales, conectadas
entre sí por este mismo fenómeno, llevan a cabo
acciones políticas a nivel internacional o transnacional
para beneficiar su economía y, en última instancia,
el bienestar de sus respectivas poblaciones.

No se trata de un juego matemático en el que las
regiones ganan y los estados naciones pierden, sino de un proceso
en el cual los gobiernos –representación del Estado
nación— usan las instituciones de
integración para lograr fines económicos y de
bienestar generales, mientras que el sector privado incide a
nivel de las regiones sub-nacionales para obtener medidas
específicas y presentes que faciliten la
cooperación entre ellas.

Tal reciprocidad entre regiones puede ser bilateral o
multilateral, transfronteriza o transnacional sin
aproximación territorial. Dentro de ese proceso vuelven a
discutirse las llamadas economías de abundancia, que
permiten disminuir el costo de las transacciones al aumentar el
número de usuarios o al racionalizar las actividades
económicas.

En el contexto de la Unión Europea, experiencias
de este tipo están bien documentadas. De esta manera, la
integración territorial ofrece a comarcas
periféricas dentro de sus respectivas naciones, usualmente
adyacentes a las fronteras, la posibilidad de ubicarse en una
posición central dentro del nuevo espacio
integrado.

El inconveniente radica, sin embargo, en que si no
existe conciencia de las posibilidades positivas que abre la
integración para esas regiones ni hay voluntad
política para desarrollarlas, la interdependencia
económica con los vecinos puede generar un comportamiento
más competitivo que cooperativo, con lo cual todos
pierden.

Son muchos los elementos precisos y necesarios par
aponer en práctica estas integraciones regionales, en las
cuales todos los estados puedan sentirse satisfechos por la
participación en un mercado benéfico para las
mayorías, pero no puede haber satisfacción de
ninguna índole, cuando se producen imposiciones demarcadas
y limitadas en rubros como lo es la normatividad, que deben
ponerse en práctica de parte de los que integran una
fusión que de por sí refiere a un negocio
jurídico, donde hay obligaciones para cumplir.

Desde esta perspectiva se siente que los conflictos, no
son solo organizacionales y de paradigmas, sino de advenimientos
y consenso en la materia jurídica y judicial que debe
ponerse en juego para que no haya distorsiones en el momento de
la realidad de los negocios regionales, o de tratados
comerciales, en donde el interés primordial de cada
nación es encontrar el mercado apropiado para sus
productos de exportación.

En un mundo en el cual los contactos internacionales son
determinados por agentes económicos y los intercambios
pueden ser infinitos, las regiones introducen el orden al
seleccionar metas, informaciones y socios para la
cooperación. Siempre ha sido así, desde el inicio
de las relaciones mínimas humanas, los usos y las
costumbres, conformaron un tipo de reglamentaciones, que en la
práctica hacia funcionar a las diversas comunidades que se
relacionaban en forma comercial.

Este orden debe contar con el consenso
generalizado y apropiado de las regiones que convergen para
regionalizar el comercio, la globalización se entiende
desde la perspectiva democrática, y de
participación en los mercados internacionales, no
obstante, no significa que pueda haber imposiciones y
limitaciones, y mucho menos expansión de parte de los que
prodigan un poder económico más
sustancial.

En la actual etapa de la economía global, la
economía regional ha alcanzado una nueva y doble
relevancia. Por una parte se asocia con la formación de
bloques de países según distintos esquemas de
integración, pero también por otra parte exige
tomar en consideración las capacidades económicas
de distintas áreas nacionales de sus países
miembros dentro de esas estructuras.

El caso que demuestra con mayor claridad este doble
fenómeno asentado sobre una base tanto económica
como geográfica, como ejemplo puede ser el Tratado de
Libre Comercio del Norte (TLCAN), en México. Puede
señalarse al respecto que la conformación de
bloques de libre comercio como el del TLCAN no abarca a los
países en su conjunto, sino que los segmenta en
regiones.

Así, la zona fronteriza de México con
Estados Unidos muestra un alto nivel de integración
económica a lo largo de los corredores Tijuana-San Diego y
Ciudad Juárez-El Paso. Se conforman así regiones
transfronterizas que concentran recursos financieros,
productivos, humanos. Cuando se transita por estas regiones, se
siente un ámbito extraordinario, cuando se está del
lado estadounidense, parece que se encuentra uno en la
civilización de la tecnología, las edificaciones
son diferentes e incluso el cuido de todo es mejor.
(El Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN, conocido también
como TLC o como NAFTA, siglas en
inglés deNorth American Free Trade Agreement,
o ALÉNA, del francés Accord de
libre-échange nord-américain ) es un
Bloque comercial de ámbito regional, lo
conforman Estados
Unidos, Canadá y México que fue
creado por el presidente en el aquel entonces
de México, Carlos Salinas de Gortari que
entró en vigor el 1 de enero de 1994 y
establece una zona de libre comercio. A diferencia de
tratados o convenios similares (como el de la Unión
Europea), no determina organismos centrales de
coordinación política o social. Existe sólo
una secretaría para administrar, y tres secciones: la
sección canadiense, ubicada en Ottawa; la
sección mexicana, ubicada en la Ciudad de
México, y la sección estadounidense, ubicada
en Washington, DC).

Cuando cruzas la línea fronteriza hacia el norte,
varía en metros, la idea de civilización, sin
embargo, lo relevante en estas regiones, es quién tiene la
capacidad económica de adquirir, lo que deba comprarse y
en los precios establecidos en ambas culturas; el mercado, no
tiene una clasificación, sino por el contenido
económico de cada ciudadano a la hora de transar un
negocio.

Ni siquiera el aspecto jurídico, ni judicial,
tienen relevancia en estas relaciones humanas, en donde priva el
interés por un producto y por otra parte el interés
de recibir el importe del valor que tiene dicho producto, desde
cualquier región, que provenga.es un toma y daca, o
simplemente una compra y venta, en el cual no interviene ninguna
otra organización, sino el vendedor y el comprador; cada
cual se responsabilizará por las obligaciones
jurídicas, que surgen, como efecto de esta
interrelación que no es más que comercial en todos
los aspectos.

Todo eso en materia jurídica y judicial, adquiere
un valor diverso, porque habrá que legislar en materia
internacional sobre todos esos bordes, de igual forma que ocurre,
por ejemplo en América del Sur, donde abundan las
fronteras y los comercios, donde fluyen por todos lados productos
de todos los países, que conforman esa comunidad
internacionalizada y regulada únicamente por controles
migratorios, que no son eficientes ni eficaces.

La idea de una Centroamérica unida se puede
encontrar ya a comienzos del siglo XIX. Después de la
independencia de México de España, cinco naciones
centroamericanas, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua formaron la Federación
Centroamericana en 1824. A pesar de que la Federación se
desintegró en 1838, la aspiración de unidad en el
istmo persistió dando lugar a una serie de proyectos
parciales de asociación regional.

Uno de estos proyectos fue la Organización
de Estados Centroamericanos (ODECA) establecida en 1951 como
un foro político para promover la cooperación e
integración entre sus miembros. A comienzos de los
años 50, la CEPAL participó en el
proyecto de integración aportando un argumento
económico, profundamente influenciado por el paradigma de
la industrialización por sustitución de
importaciones.

Los esfuerzos iníciales de integración
fueron lentos a través de una serie de acuerdos
bilaterales debido a la ausencia de una estructura formal para
lograr las metas trazadas. El Tratado Multilateral de
Libre Comercio e Integración Centroamericana, 
firmado en 1958, brindó una perspectiva común
centroamericana y ordenó el establecimiento de un
área de libre comercio en un plazo de diez
años.

Dos años después, en
diciembre de 1960, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
firmaron el Tratado General de Integración
Económica Centroamericano por el cual se crea el marco básico para
la integración económica y se establece el Mercado
Común Centroamericano –MCCA. El Tratado General
previó el establecimiento de un mercado común y una
unión aduanera en el plazo de cinco años. Costa
Rica se adhirió al tratado en 1962.Durante las dos
primeras décadas de existencia del MCCA, el comercio
intra-regional y la IED contribuyeron a la
industrialización de la región. Sin embargo, a
fines de los años sesenta, problemas políticos
provocaron que Honduras saliera del MCCA. Además, las
muestras de agotamiento del modelo ISI y la devaluación
unilateral de la moneda como respuesta a la crisis petrolera
provocaron el restablecimiento de restricciones comerciales entre
los miembros. En los años ochenta, guerras civiles y
problemas con la deuda externa causaron grandes dificultades en
materia de pagos en los países y, como consecuencia, el
comercio interregional se contrajo más del 50% entre 1980
y 1986.

Luis Guillermo Solís Rivera dice en
su libro: "CENTROAMÉRICA 2020: LA INTEGRACIÓN
REGIONAL Y LOS DESAFÍOS DE SUS RELACIONES EXTERNAS", que
"La integración no es una opción -es
imprescindible- para el futuro de Centroamérica. No es
concebible que Centroamérica pueda ser exitosa en el nuevo
siglo si carece de unidad.

Esta unidad debe calificarse y en todo caso
obtenerse como ya se dijo, de una manera "gradual y progresiva"
que no implique, como temen algunos, una integración
"política" repentina que termine por lesionar los
intereses de los países del área. Sin embargo,
independientemente de cuánto y cómo se matice, el
hecho incontrovertible permanece: ubicada entre un agresivo y
exitoso mercado integrado de Norteamérica, y un MERCOSUR
en expansión, Centroamérica debe integrarse como
bloque regional si quiere aprovechar con ventaja las
oportunidades de la globalización de los mercados y
sobrevivir en un mundo de creciente competencia
geopolítica. En ese contexto, la propuesta de Björne
Hettne al abogar por un "nuevo regionalismo" tiene mucho sentido
si se aplica a Centroamérica. Al repensar la
integración en la perspectiva de las primeras
décadas del siglo XXI es necesario aceptar la premisa de
que dicha integración futura tendrá perfiles muy
diferentes a los que dominaron la de los últimos cuarenta
años. En efecto, si bien en un sentido económico la
integración regional centroamericana desde 1962
podría calificarse como exitosa o en todo caso, más
exitosa que deficitaria, durante todo el período anterior
a 1991 la experiencia regional estuvo muy limitada por un factor
preponderante: la ausencia de gobiernos democráticos en la
mayoría de los países miembros del Mercado
Común Centroamericano."

Más adelante en su libro Solis Rivera asegura
que: "Las instituciones de la integración se quedaron
rezagadas con respecto a las condiciones cambiantes de la
región y del mundo en los años noventa. Pese a la
reformas introducidas en el Protocolo de Tegucigalpa en 1991, el
marco conceptual en que dichas reformas se basaron fue
prácticamente el mismo utilizado en los años del
Tratado de San Salvador, el cual sometía a la
Secretaría General y sus órganos especializados a
una clara subordinación a los Estados miembros, al tiempo
que no las dotaba de los recursos suficientes para
desempeñar su labor.

Sin embargo, lo más negativo de este proceso fue
que, debido a la inercia burocrática con que
funcionó el sistema de integración entre 1969 y
1991, se produjo un gran desorden en el crecimiento de las
instituciones. Ello tuvo como resultado innumerables
ineficiencias y

Duplicaciones de funciones que volvieron al sistema no
sólo muy caro desde el punto de vista de sus costos de
operación, sino también muy incapaz para enfrentar
los nuevos desafíos de una región que despertaba a
la democracia y al desarrollo sostenible por primera vez en su
historia. Sumisa ante los Estados nacionales, desfinanciada,
institucionalmente anquilosada y sin disponer de un personal
verdaderamente especializado en las funciones de
integración (con la posible excepción de la
Secretaría de Integración Económica –
SIECA -, la cual siempre se mantuvo en la punta del proceso), la
Secretaría General del SICA y los órganos del
Sistema pronto se vieron superados por la realidad. De
allí que pese a la reforma, el SICA no mejorara y se
volviera imperativo adaptarlo a los nuevos tiempos y al nuevo
marco conceptual de la agenda regional: la ALIDES. En las
primeras décadas del siglo XXI el SICA en su conjunto
continuará enfrentando este problema de manera
dramática. No sólo se interrumpió la reforma
anunciada en la XV Cumbre de Presidentes de Guácimo en
1994 completada en Panamá en 1997. Tampoco pareciera
posible la realización de otra reforma integral en el
futuro próximo.

El problema es que sin reforma institucional y
burocrática, el Sistema siempre será incapaz de
generar más integración por medio de una
práctica regional más dinámica. En este
sentido, no pareciera haber una correspondencia entre el discurso
oficial y la realidad institucional. Por el contrario, lo que se
presenta es una disfunción grave entre la retórica
y los instrumentos institucionales imprescindibles para hacerla
realidad."

Se produce un grave conflicto entre las administraciones
de gobiernos de los diferente estados centroamericanos yeso ha
sido el problema para lograr una integración con mejor
armonía, al respecto dice Luis Guillermo Solis Rivera:
"Para que esta oportunidad se produzca, sin embargo, es
indispensable que los propios gobiernos tomen la iniciativa de
incorporar cada vez de manera más frecuente y
significativa, a las organizaciones de la sociedad civil en los
procesos de toma de decisiones.

De lo contrario, lo que se produce es el establecimiento
de canales separados y mutuamente excluyentes para dirigir la
cooperación al desarrollo, los cuales terminan por
perjudicar tanto al donante (debido a que el impacto de los
recursos se diluye) como a los beneficiarios (cuyos objetivos
sólo se alcanzan de manera parcial debido a que los montos
que se otorgan son insuficientes).

A futuro, esto podría evitarse por medio de
negociaciones tripartitas en las que participen los donantes, los
gobiernos centroamericanos y las organizaciones de la sociedad
civil regional, en el entendimiento de que tanto los gobiernos
como la sociedad civil convergerían en un programa
mínimo de cooperación al desarrollo. Dichas
negociaciones, cuando involucren programas regionales,
deberían ser convocadas por la Secretaría General
del SICA y dirigidas por la instancia que dentro de ésta
se cree con el fin de coordinar los esfuerzos conjuntos de los
países del Istmo."

Solis Rivera, Politólogo e Historiador, considera
que si hubiese esfuerzos armónicos e integrales la
unificación dela región tendría mucho
éxito y respaldo a nivel global: "Uno de los elementos
claves para que ello sea posible es la refundación del
Estado, cuya modernización es imperiosa.

Modernización sin debilidad debería ser la
consigna en Centroamérica, pues ninguna propuesta de
integración o desarrollo puede ser exitosa sin un Estado
fuerte, regulador y estratégico, que tenga posibilidad de
corregir e incluso neutralizar los excesos del mercado. Semejante
visión, sin embargo, no está en boga. Muy por el
contrario, los esfuerzos nacionales en todo el Istmo se han
estado encaminando desde hace ya más de una década
al debilitamiento del Estado incluso en aquellos países en
dónde éste tradicionalmente había tenido un
mayor – y más exitoso – protagonismo: Costa Rica y
Panamá.

El debate todavía inconcluso en torno al papel
del Estado en las democracias posmodernas, sin embargo, no
debería ser, en sí mismo, un obstáculo para
llevar adelante la necesaria reforma del SICA y, como
consecuencia, el fortalecimiento de la integración. De
hecho, se

Debería evitar la trampa de caer en una
posposición de las responsabilidades regionales alegando
la necesidad, previa de completar la todavía inconclusa
"reforma estructural" iniciada desde la década de los
años ochenta. De hecho, la lógica en este asunto
debería ser la inversa, valga decir, así como el
Estado se reforma y descentraliza a lo interno, así
también la configuración regional de ese Estado
reformado debería ser ampliada y se fortalecida. Resulta
difícil no concluir que, en materia de relaciones
externas, Centroamérica tendrá un menú
relativamente corto de opciones en las próximas dos
décadas. Es decir, carecerá del ámbito de
maniobra del que dispuso en la década de los años
ochenta, pero adicionalmente deberá enfrentar de manera
creciente la competencia de otras regiones del mundo
también urgidas de contar con los recursos de la
Cooperación Internacional. En cuanto a lo primero, resulta
obvio que dicho margen de maniobra se ha estrechado como fruto de
dos fenómenos confluyentes: el fin de la Guerra
Fría y la normalización política regional
por una parte, y la falta de propuestas, credibilidad y
visión de futuro de los países del área, por
la otra

El problema mayor al que se enfrenta
Centroamérica desde el punto de vista de sus relaciones
externas en tanto región pareciera ser, entonces,
más político que económico. Valga decir, en
estos momentos el dinamismo económico de la región
– si bien no está garantizado al menos posee una
lógica propia que pareciera estar más determinada
por las condiciones objetivas del mercado mundial y sus
derivaciones, que por la voluntad (o falta de ella) de las
élites políticas del Istmo
centroamericano.

En otras palabras, pocos son los sectores que en
Centroamérica podrían, en la actualidad y en el
futuro predecible, adversar con credibilidad y éxito las
tendencias globales, cuyo impacto en los sectores
estratégicos de las economías es, a estas alturas,
casi total. Ello independientemente del signo ideológico
de quienes gobiernen o aspiren a gobernar, incluidos los
movimientos de la izquierda más tradicional.

En todo caso, está claro que el factor externo,
al igual que lo ha sido en el pasado, continuará siendo
una variable de importancia estratégica para
Centroamérica en cualquiera de los escenarios de futuro
imaginables. Esa significación obligará a los
países del área a adoptar esquemas de
vinculación que sólo pueden ser de dos tipos: de
subordinación – como los que prevalecieron desde los
años de dominación cultural de la época
precolombina hasta la Era Reagan – o de asociación como
los que auguran los nuevos tiempos de globalidad y democracia.
Esa asociación, que deberá estar signada por la
construcción de agendas e instituciones capaces de darle
continuidad a las relaciones de Centroamérica con el resto
del mundo, deberá tener como referente interno un sistema
regional de integración cada vez más perfecto y
eficiente." (SOLÍS Rivera Luis Guillermo
"Centroamérica 2020: La integración regional y los
desafíos de sus relaciones externas"; Hamburg: Institut
für Iberoamerika-Kunde 2000 (CA 2020: Documento de trabajo #
3) ISBN 3-926446-72-2). Luis Guillermo Solís
Rivera; Profesor de Historia y Ciencias Políticas de
la Universidad de Costa Rica. Actualmente es Vicedecano de la
Facultad de Ciencias Sociales de esa Universidad y Gerente
Técnico del Proyecto Cooperación Transfronteriza en
Centroamérica de FUNPADEM. Fue Jefe de Gabinete de la
Administración Arias (1986-1990), Embajador para Asuntos
Centroamericanos y Director General de Política Exterior
de la Administración Figueres (1994-1998). En los
últimos tiempos se le ha visto haciendo proselitismo en el
Partido Acción Ciudadana, y se especula, que aspira a una
precandidatura dentro de esa organización, para aspirar a
la Casa Presidencial en las próximas elecciones de Costa
Rica).

Con estas aportaciones e informaciones de los
antecedente de América Latina y de la región del
Centro de América, queda clara, la posición de las
diversas entidades; algunas en punga, otras en resoluciones de
integración, proyecciones diversas en diferentes materias
y rubros, económicos, jurídicos y judiciales,
culturales, educativas, científicas; otras con intereses
demarcados, con deseos de imponer sus hegemonías, modelos
y metodologías, porque todo eso lo hemos considerado en
este documento, que nos lleva a observar toda una gama de
proposiciones en muchos niveles políticos y
económicos.

Se ha enfocado un panorama general del protagonismo de
cada cual en la mayor parte del mundo, en materia comercial,
cultural, jurídica y judicial, que es el tema relevante
del trabajo. Las reformas en los aparatos judiciales del mundo,
para consolidar un mercado demarcado, con raíces
embrionarias inmensamente poderosas, "de alta intensidad", como
dice el Profesor de la Universidad de Coímbra, en Portugal
Boaventura Suza Santos.

No obstante, para que no se sienta que estamos
elaborando una conclusión estructural en esta
investigación, porque aún hace falta retomar la
idea estructural de lo que ocurre en Costa Rica, dentro del ceno
del Poder Judicial y las reformas que se le han planteado para
variar un grupo de modelos, en los procedimientos y procesos que
se efectúan cotidianamente dentro de la
institución.

Capítulo XI.

Reformas
Judiciales en Costa Rica

En medio de una circunstancia, necesitada de
transiciones, específicamente en el Ordenamiento
Jurídico y en la judicialización del Poder
Judicial, Costa Rica desde 1990, inició un proceso de
modernización, mostrando hasta la fecha una serie de
innovaciones, que se consideran necesarias para el modernismo del
mismo Poder Judicial; A pesar de ello, su eficiencia, se ha visto
restringida, debido a problemas claros de planificación,
organizacional, sistémica y gestión gerencial en el
Poder Judicial, amén de dificultades relacionadas con la
situación presupuestaria del Estado y el engorroso
procedimiento legislativo para la aprobación de proyectos
de reforma legal, tanto relativos a códigos procesales,
como a la propia estructura del Poder Judicial.

Entre los logros obtenidos se puede citar, tan
sólo a manera de ejemplo, la Sala Constitucional (Ley de
Reforma Constitucional 7128 del 18 de agosto de 1989), la Ley
Orgánica del Poder Judicial, (Ley 7333 del 5 de mayo de
1993), la Ley de Carrera Judicial (Ley 7338 del 5 de mayo de
1993), la Ley de Justicia Penal Juvenil (Ley 7576 del 8 de marzo
de 1996), la Ley contra la Violencia Doméstica (Ley 7586
del 10 de abril de 1996), así como la suscripción
de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) para la modernización del Poder Judicial. En 2002 se
formalizó un nuevo contrato con el BID para continuar tal
proceso y, de esta forma, mejorar su eficiencia y sus capacidades
gerenciales, así como fortalecer al Ministerio
Público, la Defensa Pública y la prevención
del delito.

La Corte nombró en propiedad a 154 jueces que se
encontraban en condición de interinos (cerca del 25 por
ciento del total de jueces) y además avanzó en la
apertura al escrutinio público, poniendo a funcionar la
Contraloría de Servicios y creando una página web
para ofrecer información al público como, por
ejemplo, la jurisprudencia de las Salas y Tribunales Superiores y
toda la legislación vigente.

Se ha criticado en el interior del Poder Judicial, que
los problemas de administración contribuyen al retraso de
la modernización del mismo. Al respecto, en un ensayo
sobre el tema se señala que "la reforma judicial se ha
caracterizado por ser de corto plazo, dirigida a resolver
problemas circunstanciales, sin un enfoque sistémico ni de
planificación de sus actividades organizacionales; supra
mencionábamos los intentos de reformas en materia
administrativa, que no han surtido el efecto, ni la eficacia
buscada por las autoridades de la institución.

Los intentos de reforma se han venido haciendo a muy
lentamente, con una visión aislada, dependiendo de
iniciativas personales de los Magistrados o de los Presidentes de
la Corte de turno. Si se trabajaba en la reforma penal,
posiblemente no se hablaba de los problemas de la
jurisdicción civil y viceversa. O bien, si se trabaja en
áreas de perfeccionamiento de los códigos penales,
no se ven con la misma intensidad las reformas administrativas,
ni la inversión tecnológica.

El Lic. Elías Muñoz Jiménez, Jefe
de la Sección Control y Evaluación del Poder
Judicial, en una información para el Sistema,
manifestó, muy enfáticamente, que las reformas y
los procesos de modernización en el Poder Judicial,
respecto a la modernización de la justicia son exitosa,
desde la perspectiva de una administración organizacional
sistémica, esto es lo que expresa en un informe
generalizado de las obras puestas en prácticas dentro del
Poder Judicial: