Análisis comparativo entre el sistema educativo de Argentina y Nicaragua (página 2)

NICARAGUA

ARGENTINA

1. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS
GENERALES DE LA EDUCACIÓN

La Constitución de la República de
Nicaragua (1995) establece que "La educación tiene
como objetivo la formación plena e integral del
nicaragüense; dotarlo de una conciencia
crítica, científica y humanista; desarrollar
su personalidad y el sentido de su dignidad; y capacitarlo
para asumir las tareas de interés común que
demanda el progreso de la nación; por consiguiente,
la educación es factor fundamental para la
transformación y el desarrollo del individuo y la
sociedad." (Artículo 116).

La educación es un proceso único,
democrático, creativo y participativo que vincula la
teoría con la práctica, el trabajo manual con
el intelectual y promueve la investigación
científica. Se fundamenta en los valores nacionales;
en el conocimiento de la historia y de la realidad del
país; de la cultura nacional y universal y en el
desarrollo constante de la ciencia y de la técnica.
(Artículo 117).

"El Estado promueve la participación de la
familia, de la comunidad y del pueblo en la
educación, y garantiza el apoyo de los medios de
comunicación social a la misma." (Artículo
118).

"La educación es función
indeclinable del Estado. Corresponde a éste
planificarla, dirigirla y organizarla. El sistema nacional
de educación funciona de manera integrada y de
acuerdo con planes nacionales. Su organización y
funcionamiento son determinados por la ley."
(Artículo119).

La educación, deseable por sí misma,
es un factor primordial, estratégico, prioritario y
condición indispensable para el desarrollo social y
económico del país. Asimismo, es un derecho
universal, un deber del Estado y de la sociedad, y un
instrumento esencial en la construcción de
sociedades autónomas, justas y democráticas.
La educación es el activo productivo más
importante que la mayoría de la gente puede adquirir
en su vida. Constituye junto con la inversión en
salud, nutrición y vivienda, la mayor
contribución a la calidad de vida.

Los objetivos de la educación son los de
equipar a la población con competencias, que
incluyen habilidades cognoscitivas y no-cognoscitivas,
conocimientos, y actitudes necesarias para tener una vida
productiva y plena, y completamente integradas en la
sociedad y comunidad.

En la Ley Federal de Educación (1993) se
encuentran contenidos los siguientes principios y criterios
que fijan los lineamientos de la política educativa
del Estado nacional:

El fortalecimiento de la identidad nacional
atendiendo a las idiosincracias locales, provinciales y
regionales.

El desarrollo social, cultural, científico
y tecnológico y el crecimiento económico del
país.

La concreción de una efectiva igualdad de
oportunidades y posibilidades para todos los habitantes y
el rechazo a todo tipo de discriminación; la
gratuidad y obligatoriedad de la educación (diez
años), así como la erradicación del
analfabetismo mediante la educación de los
jóvenes y adultos que no hubieran completado la
escolaridad obligatoria.

El establecimiento de las condiciones que
posibiliten el aprendizaje de conductas de convivencia
social pluralista y participativa, entre ellas el derecho
de las comunidades aborígenes a preservar sus pautas
culturales y al aprendizaje y enseñanza de su
lengua, dando lugar a la participación de sus
mayores en el proceso de enseñanza.

NICARAGUA

ARGENTINA

2. PRIORIDADES Y
PREOCUPACIONES ACTUALES EN MATERIA DE
EDUCACIÓN

Existen políticas y reformas educativas
distintas en los tres subsistemas del país (la
educación superior, la educación
técnico-profesional y los programas del Ministerio
de Educación – MINED), aunque cada uno de
ellos hace referencia a la política global del
Gobierno. Los dos subsistemas que están fuera del
Ministerio de Educación – MINED son
autónomos e independientes: la formación y
capacitación profesional (bajo el Instituto Nacional
Tecnológico – INATEC) está dirigida a
jóvenes mayores de 14 años y adultos; la
educación superior atiende a los estudiantes que
cumpliendo los requisitos de ingreso hayan aprobado el
quinto año del ciclo diversificado de
educación media (bachillerato).

Los nuevos lineamientos del Ministerio de
Educación, dados a conocer a fines de junio de 1990,
se constituyeron en la clave para delinear las
políticas y estrategias educativas de cara a
construir el nuevo modelo de educación. Se perfila
de esta forma la educación del decenio de los
años noventa, a través de los grandes
principios siguientes:

? Rescatar el verdadero sentido de la
formación de la persona;

? Educar para la democracia y la paz;

? Educar para el desarrollo;

? Educar para la familia. En este marco, se
planteó en primer término la tarea de la
transformación curricular, centrada en una profunda
revisión de los contenidos educativos, eliminando el
contenido político característico de la etapa
anterior, con el pretexto de una educación neutra.
En segundo lugar, sobresale la autonomía escolar
como una característica distintiva del nuevo
modelo.

En el año 1992, el Ministerio de
Educación estableció las estrategias de
desarrollo educativo referidas a: mejorar los
índices de calidad de la educación primaria;
superar la baja calidad en la formación docente y,
por ende, en los aprendizajes de los alumnos; impulsar la
transformación del currículo; superar la
debilidad en la capacidad administrativa; replantear la
educación de adultos y las tareas de
alfabetización. (Véase: Lucio Gil,
1997a).

El proyecto Sistema de Mejoramiento de la Calidad
de la Educación (SIMEN, iniciado en 1992 por la
UNESCO y financiado por los Países Bajos), ha
servido como estrategia incisiva para el mejoramiento de la
educación nacional. Sus tareas se han centrado
básicamente en apoyar: la transformación
curricular; la formación y capacitación de
los maestros; la micro-planificación participativa;
y la modernización tecnológica en la
gestión educativa.

La política curricular ha orientado todo el
proceso de transformación iniciado en 1992,
propugnando por un cambio profundo en los procesos de
enseñanza-aprendizaje y sobre todo en las
prácticas educativas, trascendiendo una
pedagogía tradicional, centrada en el maestro que
enseña y dirige, para llegar a una pedagogía
activa centrada en la participación del educando y
en su desarrollo.

La transformación curricular tiende al
mejoramiento cualitativo de la educación al
contribuir a: repensar la escuela en la óptica de
una gestión más eficaz; favorecer la
integración de la familia, la escuela y la
comunidad; promover la innovación en el
currículo favoreciendo nuevas formas de aprendizaje;
integrar experiencias de aprendizaje, contenidos y
técnicas, en congruencia con la política
curricular; enriquecer el currículo nacional con los
aportes propios de la cultura nacional, de la realidad de
los alumnos y del medio local; lograr aprendizajes de
conocimientos, actitudes, valores y destrezas pertinentes,
con significado y utilidad; utilizar un nuevo concepto,
criterios y técnicas para evaluar los aprendizajes;
y promover el aprovechamiento de los recursos del medio
para facilitar los aprendizajes.

Los principales ejes de formación
multidisciplinaria del currículo están
centrados en valores cívicos, culturales, morales y
espirituales, comunes hoy en todos los procesos de
modernización curricular en marcha en América
Latina: la educación para el medio ambiente, la
salud e higiene; la educación en población;
los derechos humanos; la educación para la paz y la
democracia; la educación para el trabajo; y el
enfoque de género.

Al formular su Plan Nacional de Desarrollo
Sostenible para el período 1996-2000, el Gobierno
propuso lo siguiente: En cuanto a la educación
general básica y media, se
pretendía:

? Incrementar la cobertura del sistema escolar,
otorgando prioridad a la implementación efectiva de
la educación primaria universal, con énfasis
en las áreas rurales y en la educación de la
niña;

? Mejorar la calidad de la educación y
elevar los índices de retención y
aprobación, priorizando los primeros cuatro grados
de primaria (con incrementos anuales de 2% en el
índice de retención y de 3% en el nivel de
aprobación), y aumentando la efectividad en la
transmisión de las habilidades básicas
(lectura, escritura y aritmética);

? Promover la formación de valores morales
sociales, democráticos, culturales y
cívicos;

? Elevar la calidad de vida del docente, con una
atención particular en los más
pobres.

Para el logro de estos objetivos, la estrategia de
desarrollo del sector tenía que centrarse en las
siguientes áreas de acción:

? Ampliar la participación de la sociedad
civil, mediante: i) la implementación plena de la
modalidad de autonomía escolar y de
administración delegada a nivel de consejos de
padres de familia; ii) la extensión de la
descentralización administrativa del nivel municipal
al departamental; iii) la promoción de asociaciones
de padres de familia, consejos directivos, consejos
consultivos y consejos educativos municipales; iv) la
modernización y flexibilización del marco
legal, con el fin de facilitar la autonomía escolar,
la municipalización y las iniciativas de la sociedad
civil en el campo de la educación; v) la
realización de campañas de
comunicación, dirigidas a toda la sociedad, para
realzar la importancia de la educación y movilizar
la participación de la sociedad civil en las tareas
educativas.

? Mejorar la captación y asignación
de recursos, a través de las acciones siguientes: i)
priorizar la provisión de educación primaria
universal y gratuita en la utilización de los
recursos del estado; ii) rehabilitar las instalaciones
escolares, y asegurar su buen uso y mantenimiento,
promoviendo la participación de las comunidades;
iii) corregir los desequilibrios existentes entre el campo
y las ciudades; iv) focalizar los esfuerzos de
alfabetización en las mujeres de 15 a 25
años, y los programas de preescolar en las zonas
rurales y en las urbanas marginales; v) recuperar una parte
de los costos en los centros estatales de educación
secundaria y universitaria, de acuerdo a la capacidad de
pago y mérito de los estudiantes; vi) contener los
costos y aumentar la eficiencia en el sector educativo
estatal.

? Mejorar los contenidos y métodos
educativos, por medio de: i) la reforma del
currículo de educación primaria; ii) el
suministro de textos escolares para todos los alumnos de
las escuelas públicas del país; iii) la
ampliación de los programas de
experimentación e innovación educativa; iv)
el impulso de una estrategia extraescolar a nivel de la
educación preescolar, apoyada en educadores
voluntarios; v) la continuación del proceso de
educación preventiva integral contra las drogas,
responsabilidad sexual y defensa del medio ambiente; vi) la
promoción de la formación vocacional y la
orientación ocupacional; vii) el desarrollo de un
sistema nacional para medir, en forma independiente de los
centros escolares, los conocimientos y habilidades
adquiridos por los estudiantes, y para evaluar la eficacia
de las distintas modalidades educativas.

? Capacitar y promover al personal docente, a
través de las acciones siguientes: i) mejorar los
sistemas de capacitación para los maestros de
primaria, a los niveles de escuelas normales,
capacitación remedial, y actualización
continua; ii) profesionalizar a los maestros de primaria
que actualmente ejercen sin título; iii) proveer
incentivos para que los mejores maestros enseñen en
los primeros y segundos grados; iv) revisar la Ley de
Carrera Docente, especialmente en lo que se refiere al nexo
del salario con el nivel de capacitación, la
promoción y las pensiones de retiro; y, v) continuar
otorgando incentivos económicos para los maestros de
secundaria a través del bono financiado por aportes
voluntarios de los padres de familia.

? Fortalecer la capacidad institucional para
mejorar la eficiencia y eficacia administrativa del
Ministerio de Educación.

En cuanto al sub-sistema de formación y
capacitación profesional, se
pretendía:

? Consolidar al Instituto Nacional
Tecnológico (INATEC), ente regulador y formulador de
políticas de capacitación, y como
administrador de los fondos de capacitación
aportados por las empresas y/o asignados por el
presupuesto;

? Estudiar la posibilidad de separar de INATEC las
actuales funciones relacionadas con la ejecución de
programas de capacitación, organizándolas en
instituciones autónomas a ser contratadas por
INATEC;

? Mejorar el marco normativo para facilitar el
libre desarrollo de diversas ofertas alternativas de
capacitación, y definir mecanismos más
competitivos para acceder a los fondos de
capacitación;

? Perfeccionar un sistema normalizado de
competencias laborales que permita describir las
capacidades de los individuos en forma
homogénea;

? Desarrollar un sistema nacional de
certificación de competencias laborales, en
colaboración entre el sector privado y el
Gobierno;

? Promover programas de becas y pasantías
en el exterior para capacitación en áreas
claves;

? Perfeccionar mecanismos de coordinación y
programación que faciliten la identificación
de las necesidades del sector empresarial y su
incorporación sistemática dentro de los
programas de capacitación ofrecidos. (De Castillo
Urbina, 1997b).

A partir del 2001 se ha iniciado el Proyecto de
Reforma Educativa, financiado por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). Entre los componentes se destacan el
Plan Nacional de Educación 2001-2015, la
modernización de sistemas de información y la
reforma de la educación secundaria.

El propósito del Plan Nacional de
Educación (PNE) es dotar al país de un marco
de referencia para guiar los cambios en el sistema
educativo, enfrentar los retos de la superación de
la pobreza y fortalecer la modernización del Estado,
a fin de contribuir al logro del desarrollo sostenible del
país con mayor equidad. Específicamente, el
PNE busca definir los principios de la educación
nicaragüense para los próximos quince
años, promoviendo un proceso participativo para la
articulación de los subsistemas educativos entre
sí (formales y no formales) y con el medio social y
económico. Dado el carácter de marco de
referencia que tiene el Plan, no incorpora proyectos y
programas como tales, los cuales por su naturaleza
dinámica y mutable deberán pensarse y
generarse en forma congruente con el mismo por los
diferentes actores del proceso educativo. El Plan ha sido
elaborado en forma participativa, involucrando
organizaciones de todo tipo, tomando como referencia la
Estrategia Nacional de Educación, las necesidades de
mayor capital social y humano para el desarrollo sostenible
y la superación de la pobreza, así como la
estrategia del Gobierno de privilegiar la educación
como un medio indispensable para la reducción de
dicha pobreza. El diagnóstico del sistema educativo
muestra deficiencias en la cobertura y falta de capacidad
física y financiera para atender a la
población en edad escolar obligatoria, así
como para absorber el incremento vegetativo de la
población.

Uno de los problemas más sentidos es la
falta de pertinencia del currículo, el cual no
responde a la realidad de las regiones, sobre todo las
rurales y las autónomas de la Costa
Atlántica. Los docentes no tienen un salario
adecuado ni tampoco un reconocimiento social de su labor,
lo cual no favorece una motivación para su
desempeño. El gasto e inversión en
educación básica y media sigue siendo muy
bajo. Es necesario continuar incrementando los recursos
nacionales e internacionales para impactar positivamente en
la cobertura y la calidad de la educación,
especialmente en los estratos socioeconómicos
más vulnerables. Los niveles de pobreza influyen
fuerte y negativamente en el acceso a los diferentes
niveles del sistema educativo actual. A mayor pobreza se
tienen menos oportunidades de acceder a los programas
educativos. De hecho, la permanencia de los estudiantes en
el sistema educativo actual es un embudo que está en
función de la pobreza. En conclusión, el
diagnóstico del sistema y el tipo de
educación actual no es alentador ya que re-produce
la estructura de pobreza, y tiende a mantener las
desigualdades económicas y sociales.

El PNE 2001-2015 se inspira en nueve principios
generales:

? La educación es un derecho humano
fundamental. El Estado tiene el deber indeclinable de
garantizar la igualdad de oportunidades de acceso y
promoción para todos, tal como lo establece la
Constitución.

? La educación es creadora y forjadora del
ser humano y de valores sociales, ambientales,
éticos, cívicos, humanísticos y
culturales, orientada al fortalecimiento de la identidad
nacional. Reafirma el respeto a las diversidades
religiosas, políticas, étnicas, culturales,
psicológicas y de género, y a los derechos de
los demás para la convivencia pacífica. En
ese sentido, contribuirá a crear y fortalecer la
identidad Centroamericana.

? La educación será un proceso
integrador, continuo y permanente, organizado en un sistema
nacional que articule los diferentes subsistemas, niveles y
formas del quehacer educativo.

? La educación se regirá de acuerdo
con un proceso de administración y gestión
articulado, descentralizado, participativo, eficiente,
transparente, como garantía de la función
social de la educación, sin menoscabo de la
autonomía universitaria.

? El centro educativo es el lugar de encuentro de
los sujetos del proceso de enseñanza aprendizaje y
el eje integrador de los procesos técnicos
pedagógicos de gestión y
participación.

? La educación es una inversión en
las personas, fundamental para el desarrollo humano,
económico, científico y tecnológico
del país, y debe establecerse una necesaria
relación entre la educación y el
trabajo.

? El estudiante es el artífice de sus
propios aprendizajes, en interacción permanente con
sus maestros y maestras, compañeros y
compañeras de estudio y con su entorno.

? El maestro es factor clave y uno de los
principales protagonistas del proceso educativo; tiene
derecho a condiciones de vida y trabajo, de acuerdo con la
dignidad de su elevada misión.

? Es deber y derecho de madres y padres de
familia, instituciones, organizaciones y demás
integrantes de la sociedad civil, participar activamente en
la planificación, gestión y evaluación
del proceso educativo, dentro de la realidad nacional,
pluricultural y multiétnica.

Sobre la base de los diagnósticos, la
Estrategia Nacional de Educación y los principios,
los lineamientos estratégicos del Plan para el
sistema educativo son los siguientes: elevar la calidad de
los aprendizajes; asegurar condiciones dignas y
actualización de los educadores; enfatizar la
innovación, ciencia y tecnología; promover
mayor relevancia y diversificación de la
educación; incrementar la cobertura, acceso y
equidad de la educación; y fortalecer la
modernización institucional y gestión
educativa.

En síntesis, el PNE busca crear un sistema
relevante para el desarrollo vigoroso y sostenible de la
sociedad, con mayor equidad, así como para
profundizar y hacer permanente los procesos
democráticos. Para esto es necesario que la
educación básica y técnica sean
integrales y tengan mayor cobertura. La educación
superior debe jugar un papel clave en impulsar la
generación, adaptación y adopción de
los conocimientos y tecnologías que coadyuven al
desarrollo y a la superación de la pobreza. Si bien
al Estado, en sus diferentes niveles, le corresponde una
responsabilidad de primer orden en relación con la
planificación, administración y
financiación del sistema educativo, el logro de los
propósitos, estrategias y metas de un Plan de esta
naturaleza, sólo será posible si éste
se convierte en un gran compromiso nacional por la
educación, que una vez adoptado habrá de
concretarse en compromisos territoriales, sectoriales e
intersectoriales así como en el diseño de
programas y proyectos financiados con fondos internos y
externos. (MINED, 2001).

En el 2004 el Ministerio de Educación
(MINED) definió tres políticas educativas
dirigidas a solucionar los problemas de educación
existentes, coadyuvar al proceso de democratización,
alcanzar mejores condiciones de desarrollo social y
económico, y mejorar la calidad de vida de la
población.

Transformación Educativa: Relevancia y
Calidad: La Transformación Estructural del
Sistema Educativo constituye un pilar fundamental de las
Políticas de Educación Básica y Media.
El objetivo que se persigue es elevar la calidad de la
educación en el país, orientando los
aprendizajes hacia la vida y el trabajo, y transformando el
sistema educativo de manera que éste adquiera una
estructura articulada, flexible y relevante para los
territorios, la nación y los estudiantes
mismos.

Ampliación/Diversificación de la
Oferta y Estímulo a la Demanda: Acceso y
Equidad: El objetivo de esta política es el de
ampliar la cobertura del sistema educativo dando especial
atención a los niños, jóvenes y
adultos más pobres, asegurando calidad y equidad en
la distribución de oportunidades para la
educación.

Transformación de la Gobernabilidad:
Transparencia y Eficiencia: El sector educativo
necesita transformar y modernizar sus estructuras
institucionales, sus procedimientos administrativos y
operativos así como sus sistemas de incentivos y
supervisión, para obtener mejores resultados en
términos de cobertura, calidad y relevancia de la
educación. El objetivo de esta política es
resolver el problema de gobernabilidad del Sistema
Educativo, desarrollar el proceso de
descentralización territorial de la
educación, y concluir el proceso de autonomía
escolar. La nueva estructura institucional del MINED debe
facilitar los procesos de cambio, promover los espacios
democráticos para la toma de decisiones, responder a
las necesidades locales y la autogestión. Es
necesario mejorar la forma en que la productividad del
sistema escolar está organizado, y crear una
orientación hacia resultados. Para esto, es
condición indispensable llevar a cabo un sustantivo
proceso de descentralización de las funciones y
recursos humanos, materiales y financieros.

La aprobación de la Política
Nacional de Descentralización y Desarrollo Local en
el 2003, los objetivos de la Estrategia Reforzada de
Crecimiento Económico y Reducción de Pobreza
(ERCERP), y del Plan Nacional de Educación
(2001-2015), así como el Plan Nacional de Desarrollo
del 2003, proveen a Nicaragua el marco de políticas
necesarias para impulsar la descentralización de la
gestión educativa.

Argentina es una República
democrática que durante varios períodos de su
historia reciente vivió diversas interrupciones
políticas al proceso democrático, con
consecuencias críticas para su economía y el
conjunto de la sociedad. Con el restablecimiento de la
democracia y el proceso de reforma del Estado se generan
condiciones propicias para el mejoramiento sustantivo del
sistema educativo. Sin una mejora educativa será
imposible que la nueva estructura del Estado y las reformas
económicas, logren por sí solas el objetivo
del desarrollo sostenido. Con ese fin la
transformación está orientada en torno a la
complementación de los siguientes objetivos: la
consolidación de la identidad nacional; el
afianzamiento de la democracia; la generación de
crecientes niveles de justicia social; el aumento sostenido
de la productividad, la eficiencia y la
competitividad.

Existe consenso acerca de que el papel de la
educación en la conformación actual de la
ciudadanía no se agota en la esfera política
del voto, de la representación y de la igualdad
formal ante la ley. La educación debe transmitir
valores que preparen a los ciudadanos para ser miembros
activos de una comunidad organizada y para una convivencia
basada en el respeto por la diversidad, el pluralismo y la
tolerancia. La generación de crecientes niveles de
justicia social implica otorgar a la educación un
papel activo en la disminución de las desigualdades
sociales. En esta línea, se hace hincapié en
una distribución democrática de saberes
socialmente válidos y de las credenciales que los
acreditan como parte fundamental de la contribución
de una sociedad verdaderamente integrada.

Toda política de crecimiento tiene un alto
contenido de capital humano. Desde esta perspectiva, la
educación y la producción y difusión
de conocimientos presentan un carácter central en el
proceso de desarrollo tecnológico y en el incremento
de la competitividad de los individuos y de la
nación.

Una de las líneas de acción es la
federalización educativa que, como proceso de
conducción política, apunta a profundizar la
cohesión del sistema educativo nacional. La
descentralización tiene como fin mejorar el gobierno
y la gestión de la educación y generar
procesos de formación acordes con las diversas
realidades. La descentralización constituye uno de
los ejes principales de la actual gestión educativa.
Dentro de ella se inscribe como una etapa la transferencia
gestora de los servicios educativos a los niveles
provinciales de gobierno.

Para instrumentar la transferencia de servicios,
el Congreso aprobó una ley específica que
faculta al Poder Ejecutivo a concertar con los gobiernos
provinciales el financiamiento y sostén de los
servicios transferidos en caso de que las jurisdicciones no
alcancen – por los mecanismos previstos en el
presupuesto – a solventar los gastos
correspondientes.

El fortalecimiento del Consejo Federal de Cultura
y Educación constituye el ámbito adecuado de
concertación y coordinación de programas y
proyectos de las distintas jurisdicciones, sin afectar las
facultades y responsabilidades propias de cada una de
ellas. Para evitar que el resultado del proceso de
descentralización sea la anarquización y la
mayor segmentación de la educación nacional,
se trabaja a través de la generación de
políticas que den cohesión al sistema, que
aseguren la unidad nacional, que garanticen la igualdad de
posibilidades a todos los habitantes y que permitan un
sistema ágil de validación de saberes y de
certificados de los alumnos cuando se trasladen de una
jurisdicción a otra.

En este marco, la reestructuración
comprende básicamente nuevas definiciones en torno a
diferentes aspectos: perfil institucional y funciones;
mecanismos de gobierno y de gestión; los procesos y
resultados; la composición y las
características de los recursos humanos; la
infraestructura y el equipamiento; y la
reorganización del Ministerio de Cultura y
Educación (actualmente, el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología).

La actividad del Ministerio queda legitimada por
la pertinencia de sus propuestas generadas con la
participación permanente y oportuna de los actores
sociales implicados. Esto supone una capacidad para
comunicar y defender informaciones, propuestas y
argumentaciones complejas ante actores diversos, en
particular:

? Con el conjunto de jurisdicciones que tienen a
su cargo la gestión educativa, en el ámbito
del Consejo Federal de Cultura y
Educación;

? Con los actores que conforman el proceso
educativo, con el objeto de recibir sus propios aportes,
visiones e intereses referidos a la elaboración,
aplicación y evaluación a las
políticas educativas: universidades, gremios, y
organizaciones de educación privada, entre
otros;

? Con los otros sectores de la comunidad, con el
objeto de lograr una participación activa en la
acción educativa formal y no formal.

En los inicios del nuevo siglo el sistema
educativo argentino enfrenta un conjunto complejo de
desafíos relacionados con la resolución de
problemas del pasado que aún subsisten y con el
imperativo de construir el futuro. Entre las deudas del
pasado figuran: el hacer efectivo los 10 años de
escolaridad, el nivel inicial de 5 años, el
incremento de la retención y la inclusión de
los que no ingresaron o abandonaron sin haber completado la
escolaridad obligatoria. En la actualidad, la
ampliación de la cobertura del nivel medio y su
terminalidad se agregan a las anteriores. La
incorporación de pautas de innovación en el
sistema, la atención a la calidad y la
integración de las nuevas tecnologías a la
vida escolar, aparecen también como desafíos
significativos.

Los profundos cambios económicos y sociales
de las últimas décadas profundizaron la
fragmentación social exigiéndole al sistema
escolar respuestas diferenciadas para las nuevas
situaciones sociales. Respuestas que garanticen la igualdad
de posibilidades para el acceso, la permanencia y el egreso
con calidad equivalente en los aprendizajes. Para lo cual
se requiere:

? Fortalecer las posibilidades de
escolarización temprana de los niños y
niñas de la Argentina. En un contexto de fuertes
desigualdades sociales el acceso temprano a la escuela es
central para favorecer la integración de los
niños pertenecientes a los sectores sociales
más carenciados.

? Garantizar un mínimo de 10 años de
escolaridad para todos los niños y niñas
argentinos. Las estadísticas educativas muestran el
incremento de la cobertura del sistema educativo en el
tramo obligatorio y en la edad correspondiente. Sin
embargo, esas mismas cifras señalan que aún
hay mucho por hacer si se pretende que los diez años
de escolaridad obligatoria se hagan realidad para el
conjunto de los niños ya que persisten profundas
diferencias regionales y con ello, fuertes dificultades
para el logro de este objetivo.

? Garantizar un ciclo lectivo de 180 días
como mínimo.

? Garantizar la igualdad de posibilidades de
acceso a similares niveles de calidad de competencias,
saberes y valores en cada uno de los niveles del sistema
educativo. Para ello es necesario desarrollar estrategias
que permitan compensar las desigualdades sociales y
regionales. Ésta es una condición necesaria
para lograr esa igualdad, pero además, resulta
indispensable poner la calidad de los aprendizajes en el
centro de las preocupaciones del sistema
escolar.

? Fortalecer la formación para la moderna
ciudadanía. El fuerte incremento de la
exclusión social, enfrenta al sistema escolar con el
desafío de fortalecer los valores
democráticos y formar para un pleno ejercicio de la
ciudadanía. Sólo recuperando una
noción de ciudadanía que suponga la
posibilidad de ejercer los derechos civiles, sociales,
políticos y humanos que el sistema jurídico
le reconoce a todos los ciudadanos es posible pensar en la
superación de la exclusión.

? Fortalecer la vinculación del sistema
educativo con el mundo del trabajo.

? Desarrollar políticas de
innovación pedagógica. Que permitan dar
respuesta a los problemas en los cambiantes contextos
educativos.

? Fortalecer la articulación e
integración al interior y entre los diferentes
niveles del sistema educativo y entre éstos y el
sistema científico.

? Jerarquizar el trabajo docente.

? Mejorar la infraestructura y el equipamiento de
los establecimientos educativos de todas las
jurisdicciones.

? Consolidar el funcionamiento de los organismos
productores de información y
conocimiento.

? Fortalecer la unidad del sistema educativo
nacional.

NICARAGUA

ARGENTINA

3. LEYES Y OTRAS NORMAS
FUNDAMENTALES RELATIVAS A LA
EDUCACIÓN

La Constitución establece que "El
acceso a la educación es libre e igual para todos
los nicaragüenses. La enseñanza primaria es
gratuita y obligatoria en los centros del Estado. La
enseñanza secundaria es gratuita en los centros del
Estado, sin perjuicio de las contribuciones voluntarias que
puedan hacer los padres de familia. Nadie podrá ser
excluido en ninguna forma de un centro estatal por razones
económicas. Los pueblos indígenas y las
comunidades étnicas de la Costa Atlántica
tienen derecho en su región a la educación
intercultural en su lengua materna, de acuerdo a la ley."
(Artículo 121).

El Consejo Nacional de Universidades (CNU) ha sido
creado de conformidad con la Ley n° 89 de
Autonomía de las Instituciones de la
Educación Superior, dictada el 4 de abril de
1990.

El Instituto Nacional Tecnológico (INATEC),
bajo cuya responsabilidad se encuentra el sub-sistema de
educación técnica y profesional y el
sub-sistema de capacitación dirigido a trabajadores
del sector productivo, ha sido creado por Decreto
presidencial n° 3-91 del 10 de enero de
1991.

La Ley n° 162 de uso oficial de las
lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica de
Nicaragua ha sido aprobada el 10 de julio de
1993.

La organización federal del país
tiene como consecuencia un complejo ordenamiento
jurídico. Las bases legales que rigen la
educación nacional están constituidas por: la
Constitución y las leyes nacionales; las
constituciones y las leyes provinciales; los decretos
dictados por el poder ejecutivo nacional y por los poderes
ejecutivos de los gobiernos provinciales; las resoluciones
ministeriales nacionales y de los gobiernos
provinciales.

Los instrumentos legislativos más recientes
y significativos son los siguientes:

La Ley n° 24.049 de 1991, mediante la
cual se establece la transferencia a las provincias de los
servicios educativos que aún dependían del
Gobierno Nacional. La instrumentación del proceso de
descentralización de los servicios educativos se
llevó a cabo entre 1992 y 1994 mediante la
suscripción de convenios de transferencia entre el
Estado nacional y cada una de las provincias y la Ciudad de
Buenos Aires.

La Ley n° 24.195, Ley Federal de
Educación. Sancionada en 1993, la Ley plantea
los lineamientos básicos para la
transformación de la educación de los niveles
primario y secundario. Establece nuevos objetivos, una
nueva estructura académica y la necesidad de nuevos
contenidos para todos los niveles, así como normas
para el gobierno descentralizado de la educación.
Asigna al Estado el papel de formular las políticas,
controlar la calidad educativa y compensar las diferencias,
mientras que los servicios educativos dependen directamente
de los gobiernos provinciales.

La Ley n° 24.521, relativa a la
Educación Superior, sancionada en 1995. Se
ocupa del nivel terciario tanto en lo que hace a la
universidad como a los estudios terciarios no
universitarios, entre los cuales se encuentra la
formación de docentes.

La Ley n° 26.075 sobre el
Financiamiento Educativo, sancionada en diciembre de
2005, señala que el incremento gradual de la
inversión en educación, ciencia y
tecnología debería alcanzar en 2010 el 6% del
Producto Interno Bruto.

NICARAGUA

ARGENTINA

4. ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

El Ministerio de Educación (MINED)
es un órgano estatal que depende del poder ejecutivo
y tiene como función la planificación,
organización, dirección, control y
evaluación de la educación para la
formación de los recursos necesarios para el
desarrollo del país. El MINED administra los
programas siguientes: educación especial,
preescolar, primaria, media, formación docente y
educación de adultos. Sus funciones y atribuciones
son:

? El estudio, la elaboración y la
implementación de las políticas
educativas;

? La supervisión del proceso
educativo;

? La reglamentación de la educación
pública y privada;

? La promoción de la formación
integral de los estudiantes.

Su estructura orgánica en la sede central
consta de tres niveles: a) el nivel de dirección,
que comprende la Dirección Superior, la
auditoría, los asesores, la Secretaría
General y la Dirección General de
Planificación; b) el nivel sustantivo, que incluye
la Dirección General de Educación y la
Dirección General de Supervisión Educativa;
c) el nivel de apoyo, constituido por la División
General de Administración (Recursos Humanos,
Servicios Generales y Finanzas) y la División de
Proyectos Nacionales.

En los Departamentos y Municipios del país,
los programas del MINED están bajo el control
técnico y administrativo de las Direcciones
Departamentales de Educación y de los
Delegados Municipales.

A partir de 1993, el Ministerio de
Educación dio inicio al Programa de
Descentralización de la Educación, que
comprende dos modalidades: la autonomía escolar y la
municipalización de la educación. En esencia,
se trata de transferir a los propios centros escolares con
instancia de apoyo administrativo al nivel departamental y
municipal, la capacidad de decidir los asuntos propios de
la gestión escolar; de afirmar la primacía de
los padres de familia como los principales responsables de
la educación de sus hijos; y de establecer el papel
del Estado como ente de apoyo y subsidiario en el
desarrollo de la educación en el país. La
autonomía escolar actualmente abarca 1.781 centros
(37%).

Para garantizar la participación de los
padres de familia y de los diversos organismos que de una
forma u otra están involucrados con la
educación, se han creado los Consejos Educativos
Departamentales, los Consejos Educativos Municipales y los
Consejos Directivos Escolares, expresión de la
participación de la comunidad en las tareas
educativas.

El Consejo Educativo Departamental o
Regional (CED o CER), estructura de carácter
consultivo, sirve como órgano de
representación, coordinación,
integración, consulta y facilitación entre el
nivel municipal y el central. La Asamblea de CED/CER,
presidida por el Ministro de Educación, brinda
asesoría al MECD en materia de educación. Los
Consejos Educativos Municipales (CEM) son
órganos representativos y con poder de
decisión de la sociedad civil en la
administración de recursos para la educación.
Los Consejos Directivos Escolares (CDE), son la
máxima autoridad académica y administrativa
local de cada centro educativo, teniendo entre sus
principales funciones: cumplir y hacer cumplir las
políticas educativas y las normas y procedimientos
emanados por el MINED; velar por el cumplimiento
obligatorio del currículo básico nacional;
promover y observar la transparencia y rectitud en el
funcionamiento del centro educativo; aprobar el Proyecto
Educativo de Centro presentado por el Director; aprobar la
incorporación de nuevas asignaturas electivas y
actividades coprogramáticas; determinar formas de
evaluación a alumnos y personal docente; etc.
(Véase también: Lucio Gil, 1997a).

La progresiva, aunque rápida
aplicación del modelo de descentralización,
se ha hecho acompañar de estrategias como:
aplicación del programa de autonomía escolar;
apoyo a la descentralización municipal;
organización de la red de asociaciones de padres de
familia; y la ejecución del programa de
capacitación para los padres de familia y
directores. Entre los resultados esperados destacan: el
mejoramiento de retención escolar; el desarrollo de
valores humanos; y la apertura de espacios a la
participación de la sociedad civil. Se requiere
formar estructuras organizativas en cada nivel y definir
las funciones y relaciones entre las instancias. Los nuevos
actores son los padres de familia, los gobiernos locales,
la empresa privada local, la iglesia, los funcionarios del
MINED, el gobierno nacional y la cooperación
internacional.

El Instituto Nacional Tecnológico
(INATEC) es una institución autónoma con
personalidad jurídica y patrimonio propio, creado
por Decreto presidencial N° 3-91 del 10 de enero de
1991 a fin de contribuir al desarrollo económico y
social del pueblo nicaragüense por medio de la
formación y capacitación de recursos humanos
calificados en todos los sectores económicos y en
los diferentes niveles ocupacionales. Son componentes de
INATEC el sub-sistema de educación técnica y
profesional, y el sub-sistema de capacitación
dirigido a trabajadores del sector productivo. Las
funciones y atribuciones de INATEC son las
siguientes:

? Orientar, dirigir y ejecutar las
políticas globales para la formación
profesional de jóvenes y adultos de ambos sexos en
todos los sectores y ramas de la actividad económica
del país, a fin de preparar los recursos humanos
técnicos que requiere el desarrollo
socio-económico para la democracia y la paz, con una
sólida formación humanística,
científica y tecnológica.

? Ejecutar programas de formación
profesional dirigidos a jóvenes y adultos de ambos
sexos mayores de 14 años, empleados o no, así
como a grupos especiales de la población, para
ejercer un empleo, adaptarse a uno nuevo y mejorar sus
calificaciones con miras a adquirir calificaciones de nivel
superior.

? Crear y ejecutar programas especiales de
atención a la mujer, desempleados y discapacitados,
así como programas de apoyo a cooperativas y
pequeñas empresas.

? Organizar, planificar, controlar y evaluar las
actividades de formación profesional bajo su
competencia, en los siguientes niveles: mano de obra
semi-calificada; mano de obra calificada; técnico
básico; técnico medio.

? Fortalecer y diversificar las oportunidades y
servicios de formación profesional de acuerdo a la
realidad local y las posibilidades de trabajo existente en
éstas, a fin de incrementar los índices de
calificación de la fuerza de trabajo, elevar los
niveles de empleo, distribución de ingresos y
bienestar social.

? Brindar asesoría técnica,
metodológica y organizativa dirigida a personal
directivo, técnico y administrativo de centros e
institutos de formación profesional.

El Consejo Nacional de Universidades (CNU)
es responsable de la planificación del sub-sistema
de educación superior. La Asociación
Nicaragüense de Instituciones de Educación
Superior se ocupa de los aspectos académicos y
administrativos, de la acreditación de los estudios
y del intercambio de información entre las
instituciones.

Finalmente, el Consejo Nacional de
Educación es la instancia máxima de
consulta en materia de educación en el país y
a nivel del MINED Central.

Acorde al Plan Común de Trabajo (PCT) del
MINED 2005-2008 se contempla que para el año 2006
aproximadamente el 60% de los municipios de Nicaragua
deberían estar funcionando bajo el esquema de
municipalización de la educación y el 100% en
el año 2008.

La República Argentina es un estado federal
dividido en 24 jurisdicciones. Cada una de ellas gobierna
(decide políticamente y administra) todos los
servicios sitos en su territorio, incluidos los servicios
escolares.

El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología (anteriormente, el Ministerio de
Cultura y Educación) de la Nación, en el
marco del Poder Ejecutivo nacional, constituye el
más alto nivel de conducción de la
educación y su responsabilidad es concurrente y
concertada con los Ministerios de Educación
Provinciales y la Secretaría de
Educación de la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires (MCBA). Las provincias y la MCBA tienen a su
cargo la administración y supervisión de la
mayor parte de los servicios educativos, exceptuado el
subsistema universitario y parte de los servicios de
evaluación superior no universitaria. La forma de
organización político institucional que
adopta el gobierno de la educación en cada provincia
depende de la legislación vigente en cada caso, de
las peculiaridades histórico-culturales y del
desarrollo y complejidad de su sistema educativo. En
algunas provincias existen ministerios de educación,
en otras secretarías de estado y en algunos casos
direcciones generales.

Le compete al Ministerio de Educación,
entre otros:

? Garantizar el cumplimiento de los principios,
objetivos y funciones del sistema nacional de
educación.

? Establecer, en acuerdo con el Consejo Federal de
Cultura y Educación, los objetivos y contenidos
básicos comunes de los currículos de los
distintos niveles, ciclos y regímenes especiales de
enseñanza que faciliten la movilidad horizontal y
vertical de los alumnos/as dejando abierto un espacio
curricular suficiente para la inclusión de
contenidos que respondan a los requerimientos provinciales,
municipales, comunitarios y escolares.

? Dictar normas generales sobre equivalencia de
títulos y de estudios, estableciendo la validez
automática de los planes concertados en el seno del
Consejo Federal de Cultura y Educación.

? Favorecer una adecuada descentralización
de los servicios educativos y brindar a este efecto el
apoyo que requieran las provincias y la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires (MCBA).

? Promover y organizar concertadamente en el
ámbito del Consejo Federal de Cultura y
Educación, una red de formación,
perfeccionamiento y actualización del personal
docente y no docente del sistema educativo
nacional.

? Administrar los servicios educativos propios y
los de apoyo y asistencia técnica al sistema, entre
ellos, los de planeamiento y control: evaluación de
calidad; estadística, investigación,
información y documentación; educación
a distancia, informática, tecnología,
educación satelital, radio y televisión
educativas en coordinación con las provincias y la
MCBA.

? Contribuir con asistencia técnica para la
formación y capacitación
técnico-profesional en los distintos niveles del
sistema educativo, en función de la
reconversión laboral en las empresas industriales,
agropecuarias y de servicios.

? Elaborar una memoria anual donde consten los
resultados de la evaluación del sistema educativo,
la que será enviada al Congreso de la
Nación.

El Consejo Federal de Cultura y
Educación es el ámbito de
coordinación y concertación del sistema
nacional de educación y está presidido por el
Ministro nacional del área e integrado por el
responsable de conducción educativa de cada
jurisdicción y un representante del Consejo
Interuniversitario. La misión del Consejo es
unificar criterios entre las jurisdicciones, cooperar en la
consolidación de la identidad nacional y en que a
todos los habitantes del país se les garantice el
derecho constitucional de enseñar y aprender en
forma igualitaria y equitativa. En particular, le
corresponde al Consejo concertar, dentro de los
lineamientos de la política educativa nacional, los
contenidos básicos comunes, los diseños
curriculares, las modalidades y las formas de
evaluación de los ciclos, niveles y regímenes
especiales que componen el sistema. Además, es
función del Consejo acordar los contenidos
básicos comunes de la formación profesional
docente y las acreditaciones necesarias para
desempeñarse como tal en cada ciclo, nivel y
régimen especial.

Según la Ley Federal de Educación,
el Consejo Federal de Cultura y Educación
tendrá a su vez el apoyo de dos consejos
consultivos: el Consejo Económico Social,
integrado por representantes de las Organizaciones
Gremiales Empresarias de la Producción de los
Servicios, la Confederación General del Trabajo y el
Consejo Interuniversitario Nacional; y el Consejo
Técnico Pedagógico, integrado por
especialistas designados por miembros del Consejo Federal y
dos especialistas designados por la organización
gremial de trabajadores de la educación de
representación nacional mayoritaria.

Las autoridades competentes de las provincias y de
la MCBA, tienen entre otras las siguientes atribuciones: a)
planificar, organizar y administrar el sistema educativo de
su jurisdicción; b) aprobar el currículo de
los diversos ciclos, niveles y regímenes especiales
en el marco de lo acordado en el Consejo Federal; c)
organizar y conducir los establecimientos educativos de
gestión estatal y autorizar y supervisar los
establecimientos de gestión privada en su
jurisdicción; y e) evaluar periódicamente el
sistema educativo en el ámbito de su competencia
controlando su adecuación a las necesidades de su
comunidad, a la política educativa nacional y a las
políticas y acciones concertadas en el seno del
Consejo Federal, promoviendo la calidad de la
enseñanza.

Los municipios constituyen las unidades locales de
administración, y en su gran mayoría no han
desarrollado servicios de educación. En algunas
localidades, los municipios han creado establecimientos de
educación preprimaria. La Municipalidad de Buenos
Aires, por su importancia y dimensión, funciona como
una jurisdicción más del sistema nacional de
educación y goza de las facultades que son
competencia de las administraciones provinciales.
Administra servicios de enseñanza preprimaria,
primaria y secundaria, así como regímenes
especiales.

Una figura muy extendida en la organización
escolar es la de las cooperadoras escolares. Se
trata de organizaciones donde se reúnen los padres
de los alumnos de un establecimiento a los efectos de
estrechar las relaciones entre ellos y la escuela. En la
ciudad centran su acción en la ayuda
económica a la escuela, canalizando los fondos que
pueden extraer de la comunidad (vía donaciones o
cuotas de los alumnos) o administran otras actividades que
reciben de las autoridades (como en el caso de
construcciones o refacciones, y en algunas provincias los
comedores escolares).

NICARAGUA

ARGENTINA

5. ESTRUCTURA Y
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA
EDUCATIVO

Educación Inicial

La educación inicial atiende a los
niños de 4 a 6 años en dos modalidades,
formal y no formal (preescolares comunitarios). Se cubren
tres niveles de atención, dándole prioridad
al tercer nivel (niñas y niños de 5 y/o 6
años de edad). La modalidad formal se imparte en
centros únicos de atención preescolar o aulas
anexas a escuelas primarias. La educación preescolar
no es obligatoria.

Educación primaria

La educación primaria brinda
atención básica a los niños de 6 (7) a
12 años y a los que se encuentran en
situación de extraedad hasta los 15 años.
Comprende seis grados escolares divididos en dos ciclos:
educación fundamental (primeros cuatro años)
y segundo ciclo (quinto y sexto grado). La educación
primaria es obligatoria y gratuita.

Educación secundaria

La educación secundaria o media brinda
atención educativa a jóvenes y adultos
preparándolos para continuar sus estudios en el
nivel superior o participar eficientemente en la vida del
trabajo. Comprende dos niveles: el ciclo básico
(tres años de duración) y el ciclo
diversificado (dos años, para el título de
bachiller en ciencias y letras). La educación
técnica secundaria ofrece un programa de tres
años de duración a los jóvenes de 15 a
18 años para el título de técnico
medio.

La educación superior comprende las
universidades (públicas y privadas), los centros de
educación técnica superior (institutos
politécnicos y tecnológicos) y los centros de
investigación y de capacitación. La
educación técnica superior ofrece programas
de 2-3 años de duración para el título
de técnico superior. El título de licenciado
requiere normalmente cuatro a cinco años de estudios
(seis años en el caso de medicina para el
título de doctor). Los programas de maestría
requieren dos años adicionales de estudios
después de la licenciatura.

El año escolar comprende 200 días
lectivos.

Educación preprimaria

La educación inicial es constituida por el
jardín de infantes para niños de 3 a 5
años de edad, en la que es obligatorio el
último año. El jardín maternal atiende
niños menores de 3 años.

Educación primaria

La educación general básica (EGB),
obligatoria, tiene nueve años de duración a
partir de los 6 años de edad. La EGB es entendida
como una unidad pedagógica integral organizada en
tres ciclos de tres años cada uno. La Ley Federal de
Educación ha transformado la antigua estructura de
siete grados de escuela primaria y cinco de escuela
secundaria en esta nueva organización.

Educación secundaria

La educación polimodal, después del
cumplimiento de la EGB, es impartida por instituciones
específicas y los estudios tienen tres años
de duración como mínimo. La educación
polimodal define dos tipos de formación: una
formación general de fundamento, que asegura la
adquisición de un núcleo de competencias
básicas; y una formación orientada, con
contenidos diferenciados definidos por las distintas
instituciones. En paralelo con el nivel polimodal, las
escuelas pueden ofrecer un trayecto
técnico-profesional que habilita para tareas
específicas y que puede llegar hasta un año
más de estudios para obtener el título de
técnico.

La educación superior no universitaria se
ofrece en los Institutos Superiores de Formación
Docente o equivalentes y en los Institutos de
Formación Técnica que otorgan títulos
profesionales y estarán articulados horizontal y
verticalmente con la universidad. La duración de los
estudios varía entre dos años y medio y
cuatro años. La educación superior de nivel
universitario (definida como educación
cuaternaria) está bajo la responsabilidad de
las universidades y de las instituciones académicas,
científicas y profesionales de reconocido nivel,
siendo requisito para quienes se inscriban el haber
terminado la etapa de grado o acreditar conocimiento y
experiencia suficientes para el cursado del
mismo.

Aunque mayoritariamente la nueva estructura del
sistema educativo ha sido implementada, en algunas
jurisdicciones se encuentra coexistiendo con la estructura
anterior. La heterogeneidad del panorama muestra
establecimientos cuya estructura corresponde en su
totalidad a la nueva ley, ya sea porque completaron la
transformación o porque son de reciente
creación, establecimientos en los que coexisten
ambos sistemas (es decir, los niveles tradicionales y los
nuevos ciclos), y establecimientos que no iniciaron su
transformación (ofertando, pues, los niveles
tradicionales).

La implementación del Tercer Ciclo dio
lugar a una gran diversidad de formas de aplicación,
ritmos y tipos institucionales en los que entraron en juego
la articulación de definiciones políticas,
las tradiciones institucionales de cada provincia y la
disponibilidad de recursos físicos, materiales y
técnicos.