El control de armas y la seguridad ciudadana en el marco del ordenamiento jurídico venezolano
RESUMEN
La seguridad ciudadana es un derecho de todo ciudadano,
que implica protección de su integridad física y de
sus bienes, lo cual es obligación del Estado Venezolano de
garantizarla a través de los órganos de seguridad
ciudadana, de acuerdo al artículo 55 de la
Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (CRBV,1999). Sin embargo, en la realidad se observa la
elevada ocurrencia de crímenes violentos, lo que ha
generado temor en la población, trayendo como consecuencia
un alto porcentaje de armas en manos de civiles quienes la
adquieren bajo la premisa de protección personal, pero
cuyos usos en la práctica mucha veces más que
defensa son ataque, por lo que la investigación tuvo como
objetivo general Explicar la incidencia del control de armas en
la seguridad ciudadana en el marco del ordenamiento
jurídico venezolano, para ello se asumieron como
teorías de entrada: El Ius Positivismo, la teoría
ecología del crimen, la teoría anómica, la
teoría de las ventanas rotas y la de
ciudadanización de la seguridad pública, y como
Aspectos Conceptuales: la Seguridad Social, el Control de Armas y
las Bases Legales. La metodología empleada fue socio-
jurídica, con base a un estudio de campo, de nivel
explicativo, se tomó como muestra 12 funcionarios de
diferentes organismos de seguridad, aplicándose una
encuesta, a través de un cuestionario de 13 ítemes
de preguntas dicotómicas, y una abierta, arrojando como
resultados la Variable Seguridad Ciudadana (25%) siendo la mayor
debilidad la Dimensión Social (22,5%) y la Variable
Control de Armas (16,25%) siendo la mayor debilidad la
Dimensión Jurídica (12,5%), concluyéndose
que existe una alta incidencia del control de armas en la
seguridad ciudadana, recomendándose una reforma de la Ley
asumiendo en su totalidad el proyecto de Ley marco del
parlatino.
Descriptores: Control de Armas, Seguridad
Ciudadana, Ordenamiento Jurídico
Venezolano.
INTRODUCCIÓN
Frente a la crisis económica, a las
políticas de ajuste implantadas, a los procesos de
modernización estatal y a la apertura económica, se
observa el aumento de la violencia, con lo cual no solamente se
ha generalizado la inseguridad social y económica, sino
que también se ha incrementado la inseguridad ciudadana y
ambiental.
En este contexto, América Latina se ha convertido
en uno de los continentes más inseguros del mundo, de
acuerdo con las elevadas tasas de homicidios, marcando las
relaciones entre los ciudadanos: violencia, desamparo,
agresividad, autodefensa, entre otros, restringiendo su
condición de ciudadanía y disminuyendo la cualidad
de espacio público de la ciudad.
Al respecto, un estudio del Instituto de Investigaciones
de Convivencia y Seguridad Ciudadana (INCOCEC, 2010) revela que
en los últimos doce meses la inseguridad personal se ha
incrementado en 83%. Más de 77% de la población ha
cambiado su estilo de vida y ha limitado sus actividades de
recreación. Más de 90% de la población
venezolana considera que el problema más importante que
tiene el país es la inseguridad.
Este mismo estudio revela que más de un tercio de
la población ha sido víctima de algún
delito. De los 1500 hogares encuestados, 20 han sufrido
homicidios de familiares. Aproximadamente, 6% de los venezolanos
admite que posee un arma de fuego en su hogar. Del 94% restante,
36% manifiesta que estaría dispuesto a adquirir
una.
La percepción de inseguridad se relaciona
directamente con el miedo. Este sentimiento de inquietud causado
por un peligro real o imaginario, incide en las
actitudes y conductas de la población y a largo plazo
puede tener efectos en sus valores y normas. En este orden de
ideas, el repunte de crímenes violentos por armas de
fuego, y el creciente armamentismo sin control de la
población: delincuentes por una parte, y ciudadanos
temerosos que buscan protegerse por la otra, ha sido en
opinión del investigador uno de los factores que de manera
preponderante ha incrementado esta sensación de
inseguridad en la población, en detrimento de la seguridad
ciudadana.
De ahí que el estudio se propuso explicar la
incidencia del control de armas en la seguridad ciudadana en el
marco del ordenamiento jurídico venezolano. Desde el punto
de vista teórico el estudio asumió como
teorías de entrada: El Ius Positivismo, la teoría
ecología del crimen, la teoría Anómica, la
teoría de las ventanas rotas y la de
ciudadanización de la seguridad pública.
En cuanto a lo metodológico fue un estudio
socio-jurídico con base a un trabajo de campo, de nivel
explicativo, tomando como muestra doce funcionarios de los
diferentes organismos de seguridad ciudadana.
El Trabajo de investigación que se presenta se
estructuró en cuatro capítulos: El primero,
contexto empírico contiene la caracterización del
objeto de investigación, los objetivos del estudio y la
justificación. El segundo, el contexto teórico
referido a los antecedentes, las teorías de entrada, los
aspectos conceptuales, y las bases legales. El tercero, el
contexto metodológico plantea el tipo de
investigación, la población y la muestra, las
técnicas e instrumentos de recolección de
información y el procedimiento. El cuarto, el contexto
crítico, donde se presentan los resultados, conclusiones y
recomendaciones. Por último, se presentan la lista de
referencias segmentadas por áreas
temáticas.
CAPITULO I
CONTEXTO
EMPIRICO
Caracterización del Objeto de
Investigación
El artículo 55 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (1999) consagra el
Derecho a la Seguridad Ciudadana de todos los venezolanos
entendida en sentido amplio como la protección de los
derechos, libertades y garantías constitucionales. Al
respecto, Núñez (2006) afirma que "la
introducción de este nuevo concepto …debía
representar un aliciente para la sociedad venezolana y una
guía para las políticas públicas a
desarrollar por la nueva República …atacando un
fenómeno presente en las sociedades modernas, la
inseguridad" (p.6).
Por su parte Rey (1998) citado por Núñez
(ob cit) expone que si bien la seguridad ciudadana es una
responsabilidad concurrente de los distintos ámbitos
político territoriales del poder público, tal como
lo prevé el texto constitucional, la política
nacional de seguridad ciudadana representa un buen revelador de
las prioridades y valores del Estado en el tratamiento
específico de la materia y en general, de los objetivos
del sistema político como parte del sistema social
global.
En este orden de ideas los países
centroamericanos (incluyendo Belice y Panamá)
desarrollaron un Proyecto Centroamericano de Control de Armas
Pequeñas (CASAC 2005-2008) con la finalidad de: (a)
armonizar las legislaciones nacionales con los acuerdos
internacionales; (b) fortalecer las capacidades de los gobiernos
y Organizaciones No Gubernamentales; (c) apoyar la
implementación y evaluación de programas de
recolección de armas en los países; y (d) promover
una cultura de paz.
Sin embargo, la realidad es que cada año, las
armas convencionales matan un gran número de personas, y
muchas otras son heridas, perdiéndolo todo como resultado
de la violencia armada. En tal sentido, Godnick (2006) afirma que
"Un promedio de hasta 1000 personas mueren cada día como
resultado directo de la violencia armada, y el 85% de las muertes
denunciadas por Amnistía Internacional durante la
última década se han cometido mediante el uso de
armas pequeñas y ligeras" (p.15).
Al respecto, Álvarez (2006) señala que
países como Colombia (55,86%), El Salvador (50,36%),
Venezuela(46,92%), Guatemala (35,8%) y Brasil (23,84%), han
registrado algunas de las tasas mayores de homicidios en el
mundo, los cuales entre 70 y 80% involucran armas de fuego.
Asimismo, el Nuevo Herald.com (20/10/10) informa que "Venezuela
registró 19,133 asesinatos en el 2009, de los
que un 79.48% (15,191) fueron cometidos con armas de
fuego,…de allí que la inseguridad es el tema que
más preocupa a los venezolanos" (p.4).
Esta situación requiere de un coto inmediato pues
a corto plazo, ha elevado el índice de fallecimientos,
generando temor y desasosiego en la sociedad en detrimento de su
calidad de vida, que se evidencia, en el éxodo a lugares
que se suponen más tranquilos, pero en los que el empleo y
el estudio son escasos. Las personas han modificado la estructura
original de sus viviendas y vehículos implementando un sin
fin de dispositivos de vigilancia y seguridad. Asimismo cada vez
más, las personas se arman para protección
personal, creando un círculo vicioso en cuanto a las
armas, y generando más violencia, lo cual a mediano y
largo plazo, pudiera traer consecuencias
devastadoras para la sociedad, y por ende para la
economía, hundiendo al país en un mayor
subdesarrollo.
En este orden de ideas, El Aissami (2011) Ministro del
Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia dijo que
"las armas de fuego deben estar en manos del Estado venezolano
para garantizar la paz y el resguardo de la soberanía
nacional, y que las personas que tengan autorización para
el porte de arma de fuego deberán cumplir ciertos
requisitos" (p.1).
Tal situación evidentemente se genera en la
proliferación de las armas pequeñas que en
América Latina se caracteriza, por lo general, por su
asociación con la violencia, así como al crimen
común y organizado, el narcotráfico y el
fenómeno de las pandillas juveniles.
En este orden de ideas, Godnick (2004) señala que
países como Asia, Corea del Sur, Filipinas y
Turquía, entre otros, están cada vez más
exportando armas pequeñas a los países
latinoamericanos, las cuales se producen por transacciones entre
empresas privadas y no entre estados.
Situación que resulta bastante alarmante, por
cuanto en un mundo globalizado como el que se vive, el comercio
de armas ha cambiado, y se ha expandido con poco o ningún
control IANSA (2006) afirma que:
Las empresas fabricantes de armas, operan desde un
creciente número de países, obteniendo los
componentes para esas armas en muchas partes del mundo, donde los
controles sobre el destino final de éstos son poco
estrictos, por lo que muy fácilmente, las armas van a
parar a manos de quien no debería tenerlas
(p.6).
Por su parte, Lusverti, (2010) coordinador de
Amnistía Internacional en Venezuela,
consideró que "hay un total descontrol de armas en el
país, donde se calculan unos 12 millones de
armas ilegales". De acuerdo con Mendoza (2010) presidente de la
comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional
"casi uno de cada dos venezolanos estaría en
posesión de un arma". (p.1). Asimismo el autor citado
advierte la inexistencia de datos oficiales sobre el parque de
armas y el mercado armamentístico ilegal en
Venezuela.
En este orden de ideas, el Centro Regional de las
Naciones Unidas para la Paz, Desarme y Desarrollo en
América Latina y el Caribe han unido esfuerzos para
mejorar la capacidad de los estados para controlar las armas
pequeñas a través de cursos de capacitación
a policías, funcionarios de servicios de inteligencia y
aduanas, asesores parlamentarios y Organizaciones No
Gubernamentales sobre temas relacionados. Al respecto, Godnick
(2006) afirma que: el impacto de estos cursos no ha
sido tangible hasta el momento…No obstante, que ha
dinamizado la atención regional al problema de las armas
pequeñas y, en el tema específico de la
destrucción de armas, ha apoyado procesos concretos en
Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú y
Uruguay" (p.10).
Igualmente, la Organización de Estados Americanos
(OEA) ha promulgado una serie de acuerdos subregionales,
desarrollando un tratado legalmente vinculante contra el
tráfico ilegal de armas de fuego, con la adopción
de la Convención Interamericana contra la
Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de
Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados (1997),
así como un sistema de directrices para la
implementación de un tratado de este carácter con
la adopción del Reglamento Modelo para el control del
tráfico internacional de armas de fuego, sus partes y
componentes y municiones (1998).
Cabe destacar, sin embargo, que ninguno de estos
instrumentos internacionales, ni nacionales ha logrado su
objetivo, en parte quizás debido a que la mayoría
de ellas son simplemente acuerdos políticos; no son
tratados legalmente vinculantes, siendo la mayor parte de
ámbito regional y por ende sólo aplicable a un
número limitado de Estados, abiertos a la
interpretación de los gobiernos; desprovistos de fuerza
legal, por lo que no proporcionan un medio seguro para pedir
cuentas a los gobiernos en relación con su
aplicación.
Por su parte, en el plano nacional, Venezuela en cuanto
el tema específico de las armas de fuego,
importación, exportación, porte y todo lo relativo
a la temática únicamente cuenta con la Ley de Armas
y Explosivos (1939) y su reglamento, resultando estos textos
legales desactualizados y poco pertinentes a la realidad
venezolana, además de ser bastante inespecíficos.
Así como la Ley para el Desarme (2002), la cual de acuerdo
a su artículo 1 tiene por objeto el desarme de personas
que porten armas de fuego de manera ilegal a los fines de
salvaguardar la paz así como la seguridad
ciudadana.
Cabe destacar que en la actualidad está en
discusión en la Asamblea Nacional un proyecto de reforma
de esta última, en la que se establece un tiempo de gracia
para la entrega voluntaria de las armas ilegales a la Fuerzas
Armadas Nacionales Bolivarianas y tipifica penas de 10 a 12
años de prisión para quienes no lo hicieran. Sin
embargo, no existe un proyecto de reforma de la Ley de Armas y
Explosivos (1939).
De allí que resulta propicio lo afirmado por
Ferrajoli (2000) en cuanto a que pareciera existir un divorcio
entre la producción legislativa y la función
garantista que tiene el Estado a través de los
instrumentos jurídicos en cuanto a la
minimización de la violencia. Frente a esta
situación de falta de pertinencia de los instrumentos
jurídicos que regulan la materia del control de armas, y
que en consecuencia las hace ineficaces por cuanto no se cumplen,
lo cual va en detrimento de la seguridad ciudadana que de acuerdo
a la norma máxima todo ciudadano venezolano debe gozar,
cabe preguntarse
¿Cuál es la incidencia del control de
armas en la Seguridad Ciudadana en el marco del ordenamiento
jurídico venezolano?
Objetivos de la
Investigación
Objetivo General
Explicar la incidencia del control de armas en la
seguridad ciudadana en el marco del ordenamiento jurídico
venezolano
Objetivos Específicos
1. Analizar los fundamentos teóricos y legales de
la seguridad ciudadana en Venezuela.
2. Diagnosticar la situación actual
de la seguridad ciudadana en Venezuela
3. Caracterizar el control de armas en
Venezuela
4. Determinar la incidencia del control de armas en la
seguridad ciudadana en el marco del ordenamiento jurídico
venezolano
Justificación de la
Investigación
El estudio se justificó desde diversas
dimensiones. En primer lugar, desde el punto de vista
jurídico, el estudio propicia un mayor conocimiento y
comprensión de la leyes relacionadas con la seguridad
ciudadana, a la vez que contribuye a concienciar la necesidad de
reforma de algunas de ellas, y promulgación
de otras en temáticas inherentes, aportando elementos para
la reflexión sobre las implicaciones de este vacío
legal y falta de pertinencia de estas normativas.
En segundo lugar, desde el punto de vista social, porque
la seguridad ciudadana es un tema de interés general, pero
que por tratarse de una problemática compleja es bastante
controvertido en cuanto a las causas que atentan contra la misma
y la forma de contrarrestarlas, por lo que se requiere continuar
investigaciones sobre la temática desde las diferentes
disciplinas.
En tal sentido constituye un aporte de importancia
fundamental en el área penal y criminalística, por
cuanto pretende explicar la incidencia del control de armas en la
seguridad ciudadana en el marco del ordenamiento jurídico
venezolano. Pudiendo el estudio ser de interés para todas
las personas en general y para los abogados, y organismos de
seguridad ciudadana en particular.
El trabajo tiene visos de originalidad en cuanto a que
siendo una temática compleja y multifactorial, el enfoque
escogido para abordar la problemática es la
percepción personal del investigador, quien se
sintió inquietado a conocer la relación entre el
control de armas y la seguridad ciudadana. Por lo que el estudio
será igualmente útil al investigador en cuanto a
los aportes teóricos–legales, que le
permitirán enriquecer sus conocimientos. De igual forma
contribuye con aportes cognitivos a la línea de
investigación Estado, Sociedad, y Desarrollo, en la cual
se ubica la temática.
CAPITULO II
CONTEXTO
TEORICO
Según el Manual para la elaboración,
presentación y evaluación del Trabajo Final de
Investigación de los Programas de Postgrado (UBA, 2009)
establece que este contexto permite sustentar debidamente la
caracterización del objeto de investigación
mediante la exposición y análisis de varias
teorías o enfoques teóricos que se consideren
válido para dar respuesta a los objetivos. La
presentación de las teorías debe manejarse
conjuntamente con las ideas, conceptos y experiencias sobre el
tema. La concatenación lógica de los aspectos
teóricos y conceptuales permitirá explicar e
interpretar la temática tratada. Este contexto debe
contener: los antecedentes, las teorías de entrada, los
aspectos conceptuales y la fundamentación
legal.
Antecedentes de
la Investigación
El Manual para la elaboración,
presentación y evaluación del Trabajo Final de
Investigación de los Programas de Postgrado (UBA, 2009),
explica que se refieren a otras investigaciones, tesis o trabajos
de ascenso en los cuales se analicen los mismos u otros aspectos
relacionados con la temática.
Blanco (2009) realizó un trabajo de
investigación titulado Inseguridad Ciudadana en el
municipio Maracaibo del Estado Zulia, el cual tuvo como
propósito determinar la sensación de inseguridad de
la población caso de estudio, durante los años
(2007-2008). La metodología empleada fue de campo, de tipo
descriptiva, aplicando una encuesta, cuyos resultados permitieron
concluir que de la población del municipio caso de estudio
en relación tiene una percepción de alta
inseguridad como consecuencia de la no
satisfacción de sus demandas y expectativas por parte de
las instituciones de control social, aunado a la desconfianza en
estas instituciones, trayendo como consecuencia la toma de
justicia por mano propia.
El estudio guarda relación con el realizado en
relación a la sensación de seguridad o no que tiene
a la ciudadanía, en el primer caso estudiado desde la
perspectiva de la eficiencia de los cuerpos policiales y en el
que se propone en cuanto a la incidencia del control de
armas.
Por su parte, Artunduaga (2008) realizó un
trabajo de investigación titulado educar para gestionar
conflictos en la sociedad fragmentada, el cual tuvo como
propósito construir una propuesta de educación para
la paz a través de la articulación del
ámbito social y educativo, con la finalidad de brindar
estrategias para la resolución pacífica de los
conflictos entre los jóvenes estudiantes, a través
de un clima de camaradería que favorezca una cultura de
paz. La metodología empleada fue cuantitativa-cualitativa.
Concluyendo el estudio que quienes en mayor medida cometen
delitos violentos con empleo de armas de fuego, son los
jóvenes de estratos sociales bajos, que padecen
desestructuración familiar, resentimiento social, deseo de
venganza, desconociendo a su vez el real impacto que produce la
violencia.
Este estudio guarda estrecha relación con el
realizado en cuanto a que el primero constituye una propuesta de
resolución pacífica de conflictos en jóvenes
a través de la promoción de una cultura de paz, en
virtud que los hallazgos dieron cuenta que este es el sector
más proclive a delinquir y las causas que lo generan, en
tanto que el que se aspira realizar busca explicar la incidencia
del control de armas en la seguridad ciudadana, por lo que el
nexo entre ambos proviene de las estadísticas de violencia
y uso ilegal del arma de fuego.
Asimismo Escorcha (2008) realizó una Tesis
Doctoral titulada Órganos de seguridad ciudadana. Escuela
y consejos comunales: una necesidad de integración
compartida. La misma tuvo como propósito fundamentar la
necesidad de integración compartida entre los
Órganos de Seguridad Ciudadana, la Escuela y los Consejos
Comunales para el abordaje de la delincuencia y sus repercusiones
en el entorno escolar y comunitario. Se sustentó en las
teorías relacionadas con la Seguridad Ciudadana,
Integración Escuela-Comunidad y Consejos Comunales.
Empleando una metodología documental-
bibliográfica. Concluyendo que en Venezuela, las
soluciones que se proponen desde el punto de vista de la
inseguridad ciudadana, son más control y más
represión, ejecutados por cuerpos policiales con graves
problemas de ineficiencia, violencia y corrupción.
Recomendando la participación, el compromiso y la
construcción colectiva de los actores tanto del sector
educativo como del comunitario para lograr los propósitos
sociales, sustentados en el sentido de pertenencia de los
involucrados, actuando con conciencia, con la finalidad de lograr
una nueva sociedad participativa, generadora de intereses
colectivos y centrada en la educación como único y
verdadero camino para concretar estos cambios en todas sus
dimensiones.
El cual guarda relación con el trabajo realizado
en cuanto al abordaje de la temática de seguridad
ciudadana, la ya realizada desde el punto de vista de la
integración y participación activa de los actores
sociales involucrados y la que se propone desde la incidencia del
control de armas en la seguridad ciudadana.
García (2000) realizó un trabajo final de
investigación para optar al título de Magister en
Dirección y Gestión Pública Local de la
Universidad Carlos III de Madrid titulado Articulación de
actores públicos y privados para la
eficientización de la seguridad ciudadana en el
municipio de Hurlingham- Argentina. Empleó una
metodología de campo, aplicando una encuesta al azar a un
grupo de voluntarios de los residentes del municipio caso de
estudio, arrojando como resultado la sensación de
inminente probable victimización que sufre la
población del municipio caso de estudio influye de manera
notable en la calidad de vida, el trabajo y las relaciones
sociales en general. Permitiendo concluir que la
problemática de la seguridad es multicausal y plurisocial,
y que no existe una solución única, sino diversas
soluciones para cada uno de los aspectos del problema, muchas de
las cuales exceden la competencia y gobernabilidad de los
gobiernos locales, proponiéndose diseño de
políticas de seguridad cuenta donde converjan la
participación e involucramiento real de todos los actores
sociales a fin de aumentar el nivel de efectividad.
Resulta evidente la relación del estudio con el
realizado en cuanto a que este permite confirma las
estadísticas citadas en el capítulo I en
relación a la situación actual de seguridad
ciudadana en otros países, en este caso Argentina,
enfocándose la realizada en el diseño de
políticas de seguridad locales con la participación
de todos los sectores sociales, y la que se propone en el
diseño de políticas nacionales reglamentarias en
relación al control de armas, ambas con miras a garantizar
la seguridad ciudadana.
Teorías de
Entrada
De acuerdo con Villegas y colaboradores (2006) citados
en el Manual para la elaboración, presentación y
evaluación del Trabajo Final de Investigación de
los Programas de Postgrado (UBA, 2009), "las teorías
ayudan al investigador a ver de una manera amplia y en
perspectiva al objeto de investigación" (p.37). De
ahí que en este estudio se asumieron como
tales: El Ius Positivismo, la teoría ecología
del crimen, la teoría Anómica, la teoría de
las ventanas rotas y la de ciudadanización de la seguridad
pública.
Teoría del
Ius Positivismo
La naturaleza del derecho es la de una ciencia que nace
como una disciplina normativa. La verdad jurídica
está concebida como el logro del perfeccionamiento del
ordenamiento jurídico de un pueblo, el cual debe
evolucionar a la par de los cambios sociales, se trata de regular
la conducta humana en su vida de relación.
En tal sentido, Martínez de Pisón (1997)
afirma que la idea fundamental del positivismo es negar cualquier
fundamentación extrajurídica, natural o moral del
Derecho. En consecuencia, los derechos humanos para que sean
efectivos han de estar escrito en los textos legales nacionales e
internacionales. Indudablemente pues, la filosofía
positivista ha tenido el efecto de poner de manifiesto la
importancia que tiene el reconocimiento de las necesidades
humanas en el Derecho, para que su satisfacción pueda
defenderse con eficacia.
Esta teoría del Ius Positivismo se relaciona con
el estudio íntimamente, en cuanto a que este constituye la
facultad del Estado de regular la conducta del hombre en sociedad
a través de la promulgación de normas
jurídicas, conocidas como leyes, las cuales determinan
claramente las conductas que deben omitirse por ser consideradas,
delitos, y delimitan claramente los derechos, y las acciones a
ejercer ante su violación o incumplimiento por parte de
terceros.
Es así que la temática de la seguridad
ciudadana y el control de armas deben estar explícitamente
reguladas en la norma escrita, lo cual permitirá
establecer claros límites de acción,
así como la sanción en caso de incumplimiento de la
norma, lo cual se verá revertido en una cultura de paz, a
través del control social que ejerce la norma
escrita.
Teoría
Ecológica del Crimen
Fue propuesta por Shaw y Mckay (1940), la misma intenta
responder a la pregunta respecto de las razones que llevan a la
concentración desigual del crimen y de la violencia en el
espacio urbano. Desde esa perspectiva se desprende la necesidad
de modificar aquellas características de la vida
asociativa que provocan altos índices de delincuencia.
Entre éstas se da importancia a temas tales como la
distribución espacial de las viviendas económicas,
la estructura familiar y la prevalencia de la pasividad
social
Afirma que la desorganización social juega un
papel negativo respecto de las tasas delictuales. Entendida esta
como: (a) incapacidad de la comunidad para hacer efectivos los
valores de sus residentes y para mantener un control efectivo
sobre sus conductas, (b) incapacidad de la comunidad para
supervisar y orientar la conducta de niños y
jóvenes, (c) debilidad de las redes de conocimiento mutuo
y amistad entre los residentes, sumado a factores estructurales
tales como la concentración de desventajas
socioeconómicas y el acceso diferenciado a recursos
institucionales.
En tal sentido, se hace necesario la reflexión en
cuanto a las características sociales del venezolano, y
particularmente de las comunidades consideradas de mayor
peligrosidad, a los fines de entender que permite que el crimen
violento haciendo uso de armas de fuego, se instalen en esos
territorios, a los fines de elaborar políticas
públicas en materia de seguridad ciudadana que logren los
efectos esperados, por lo que se asumió esta
teoría como una perspectiva criminológica adecuada
para el estudio de la incidencia del control de armas en la
seguridad ciudadana.
Teoría
Anómica
Fue formulada por Merton (1938) quien afirmó que
la conducta desviada es la respuesta a la tensión entre la
estructura cultural y la social, señalando que la cultural
define los objetivos para ser feliz y conseguir éxito en
la vida, además de los medios que se usan para
conseguirlos y la estructura socio-financiera muestra las
oportunidades individuales–grupos de acceso a esos medios
para conseguir el estatus de triunfo social. En tal sentido, este
enfoque está constituido por dos elementos: (a) la
disociación cultural dentro un sistema social y (b) la
estratificación social como jerarquía posicional de
los miembros de la sociedad. Quedando su teoría
representada en el cuadro 1 a
continuación
Cuadro 1. Teoría
Anómica
Fuente: Merton, R (1938)
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