Energía y desarrollo económico en América Latina

Considerando los aspectos en los que el sector energético puede contribuir al desarrollo de las economías de la región y la realidad de éstas, puede considerarse que existen una serie de elementos clave para el avance en materia de energía. El Banco Interamericano de Desarrollo destaca entre otros, cinco aspectos técnicos e institucionales necesarios en la reforma del sector energético en América Latina que exponemos a continuación:

1) la separación de las funciones del Estado y la secuencia de implementación de las reformas; 2) el logro de una competencia viable en los segmentos competitivos del mercado;

3) la regulación de los segmentos no competitivos;

4) la suficiencia de los precios, los subsidios y los incentivos
para las inversiones a largo plazo; 5) la estructura de los entes reguladores.
El artículo analiza el sector energético y el papel fundamental
que juega para poder entender el desarrollo económico de Latinoamérica.
Palabras clave: energía, recursos naturales, economía de la energía,
desarrollo económico, política del desarrollo, América
Latina.

La importancia de la energía

Un hilo conductor en la historia del progreso económico
lo constituye la energía: la denominada Revolución Industrial,
el salto tecnológico y productivo que se inicia a partir del siglo XVIII
en Gran Bretaña, y que, a lo largo del siglo XIX, se extendería
al resto de Europa y a América del Norte, se apoya en la invención
de la máquina de vapor y, consecuentemente, en la capacidad de transformar
el calor en tracción mecánica. De esta manera, el combustible
básico, el carbón, podía utilizarse de manera distinta
a como se venía haciendo hasta entonces, con lo que la capacidad productiva
de las primeras sociedades industriales se elevó considerablemente. Esa
gran transformación energética fue seguida, unos 100 años
más tarde, por el uso generalizado de la energía eléctrica,
que permitió transportar fácilmente la energía entre puntos
muy distintos, y que no sólo aumentó la versatilidad de las fuentes
energéticas, sino que dio un gran impulso a los niveles de vida de las
sociedades occidentales.

Hacia finales del siglo pasado comienza también a
utilizarse un nuevo combustible fósil, el petróleo, que modificaría
radicalmente la estructura productiva de buena parte de las economías
del mundo: el perfeccionamiento de los motores y, en general, de los medios
de transporte, la aparición del automóvil y el desarrollo de la
industria química están directamente relacionados con el uso del
petróleo y de sus derivados. En la primera mitad del siglo XX comienza
a desarrollarse la fusión nuclear, inicialmente por razones bélicas,
lo que, de nuevo, supondría un salto en la capacidad productiva y en
los niveles de bienestar de las sociedades occidentales, siendo estas lideradas
por EEUU. Energía y desarrollo mantienen, pues, una estrecha relación,
y prueba de ello es que, el rasgo dominante de todo el siglo XX -profundizándose
con toda probabilidad en el XXI- ha sido un intenso crecimiento de la demanda
de energía, especialmente acusada en las décadas posteriores a
la Segunda Guerra Mundial. La humanidad consume en la actualidad cincuenta veces
más energía que hace un siglo y este aumento de las necesidades
energéticas plantea hoy nuevos problemas y exige a su vez nuevas reflexiones.
Sin energía abundante, en términos económicos -es
decir, sin energía barata- la base productiva y el tejido social
de nuestro mundo sencillamente se desmoronarían; con energía abundante,
cualquier avance es posible porque, en suma, la producción y el consumo
son, en buena medida, funciones energéticas. El Consejo Mundial de la
Energía estima que, en los próximos veinte años, el consumo
energético mundial aumentará aproximadamente en un 50 por 100,
lo que significaría poder proporcionar energía comercial a 4000
millones de usuarios más (2000 millones que actualmente no disponen de
ella, más los otros 2000 esperados durante este periodo). Pero la energía
presenta, en la actualidad, seis problemas de considerable alcance que no pueden
ser ignorados en ningún análisis de la economía mundial.

El primero de los problemas, es la desigual distribución
de la producción y el consumo en el mundo: las grandes zonas de producción
de energía primaria son distintas a las grandes zonas de consumo. El
segundo problema, tiene que ver con la limitación de las fuentes de energía
que hoy se utilizan. Todavía, aproximadamente el 80 por 100 de la producción
mundial de energía primaria procede de combustibles fósiles (Carbón,
petróleo y gas natural), es decir de fuentes no renovables y con reservas
limitadas. El tercer problema, del cual la economía mundial tiene ya
amplia experiencia, es el papel dominante que desempeña el petróleo
en el abastecimiento de energía, un petróleo en el que se hace
máxima separación entre la producción y el consumo. El
cuarto problema, deriva de la relación entre energía y desarrollo.
El consumo energético percápita actual es muy dispar, porque
los niveles de desarrollo también lo son. Si parte del mundo en desarrollo
se acercase en los próximos años a los consumos energéticos
occidentales, el mundo se enfrentaría a una prolongada crisis energética,
y naturalmente América Latina tendría un comportamiento desigual,
pues habría países que se verían favorecidos, como México
y Venezuela, los dos más grandes productores de petróleo de la
región y otros no, pues la mayoría, por su dependencia al igual
que los países desarrollados se verían seriamente afectados. El
quinto gran problema, la producción y el consumo de energía plantean
graves problemas de conservación del medio ambiente, problemas que afectan
a otros recursos productivos del planeta y que pueden dar lugar a un cambio
climático generalizado de consecuencias irreparables. El sexto problema,
es la capacidad para aumentar la oferta de energía, que depende directamente
del capital que se asigne a tal objetivo, un capital restringido, en muchos
de los países latinoamericanos, debido a los regulaciones y los bajos
precios de la energía. En los países latinoamericanos, históricamente
la producción de

energía estaba en manos de empresas públicas, protegidas
por el Estado y, en muchas ocasiones, con mercados monopolizados. En esas condiciones,
la capacidad para responder a las variaciones de la demanda y mejorar la eficacia
productiva era reducida, con lo que la oferta de energía se resentía,
siendo esta una de las razones por las cuales la producción de energía
se privatiza en muchos de estos países. La generación de energía
exige, además, en bastantes casos, unos niveles técnicos que no
están al alcance de todos los países y que sus gobiernos no pueden
financiar. Un ejemplo lo constituye la caída de la producción
de petróleo en la antigua URSS, que se produce en buena parte, porque
los yacimientos fáciles se han ido agotando y porque la extracción,
en los yacimientos peor situados, exige unos medios técnicos que las
repúblicas que hoy forman la Confederación de Estados Independientes
no poseen, y que difícilmente pueden ser importados de Estados Unidos
y otros países occidentales por razones financieras.

Los cambios en el sector energético latinoamericano

A partir de los años sesenta el sector energético
de la región, pudo atender las crecientes necesidades de consumo local
ampliando la cobertura del servicio eléctrico en forma substancial a
la vez que consolidaba su posición como exportador neto de hidrocarburos.
Sin embargo, este desarrollo no estaba fundado en un modelo económico
financiero y ambiental sostenible. Así, el impacto de la crisis de los
años ochenta puso en evidencia el agotamiento

del modelo tradicional de abastecimiento, basado en monopolios estatales
y en subsidios indistintos al consumidor. El deterioro en las tarifas y los
precios de la energía, la ausencia de incentivos para la eficiencia y
el agotamiento de las fuentes tradicionales de financiamiento condujeron a una
crisis financiera en el sector eléctrico de casi todos los países
de la región. Factores como la tendencia a la autosuficiencia que limitaba
el comercio intrarregional, y la distorsión existente en los precios
de los productos energéticos contribuyeron a agravar aún más
la crisis al limitar las opciones y fomentar el desperdicio. Otra variable importante,
lo constituye el rápido proceso de urbanización experimentado
durante las últimas décadas que multiplicó la demanda de
transporte, que al contar este con significativos subsidios a los combustibles
y ante la ausencia de soluciones de transporte público, se fomentó
el uso del automóvil, teniendo como resultado, además de la congestión
urbana, el rápido deterioro de la calidad del medio ambiente. Las «reformas»
que los países emprendieron para salir de la crisis que presentaba el
sector, estuvieron enmarcadas dentro del contexto general iniciado con las reformas
macroeconómicas que buscaban la estabilización de precios a través
de la política fiscal. Estas reformas se nutrieron de la aceptación
casi universal del nuevo papel del Estado en la economía, de la eventualidad
de obtener cuantiosos recursos para el tesoro público provenientes de
la venta de activos, de una aceleración del progreso técnico en
la producción, transmisión, medición y uso de la energía,
acompañado de una nueva visión que permite considerar estos productos
como una mercancía en lugar de un bien estratégico. Como resultado,
el sector energético latinoamericano experimentó durante la última
década profundos cambios en su marco institucional, organizativo y regulador.
Estos cambios iniciaron la transición hacia un sector más competitivo,
con una alta participación privada, aunque con grandes diferencias en
el ritmo de implantación e inclusive, con importantes problemas por resolver
como la sostenibilidad ambiental y social de las reformas.

Importancia del sector energético en el desarrollo
económico latinoamericano

América Latina ha sido, en general, una muestra clara
de los avances en el sector energético y en la región pueden apreciarse
diferentes ejemplos de cómo la política energética y la
actuación del «sector público» y de los agentes privados puede
afectar al conjunto de la actividad económica. El análisis del
«sector energético» es fundamental para poder entender el desarrollo
económico latinoamericano y especialmente de economías como la
mexicana, que basan una parte significativa de su renta en la explotación
de sus recursos energéticos y cuyas finanzas públicas se apoyan
de forma prioritaria en los ingresos de dicha explotación y, de modo
creciente, en los impuestos asociados al consumo de energía. Siendo la
energía un elemento clave para el desarrollo económico del continente,
constituyendo una variable decisiva para la generación de crecimiento
y empleo, las importantes reservas de petróleo y gas tienen un significativo
papel en la generación de riqueza para las economías, que por
otro lado, requieren un suministro eficiente, incorporando los menores costes
posibles, todo ello para permitir el crecimiento de los diferentes sectores
productivos, posibilitando de esta manera mayores mejoras en las condiciones
de vida. Las necesidades particulares de recursos energéticos, han sido
habitualmente satisfechas con un grado desigual de cobertura, consiguiéndose
generalmente mediante elevados subsidios en las tarifas por su carácter
de servicio público y con un elevado sesgo hacia la cobertura de las
áreas urbanas, y mayores dificultades para satisfacer las zonas rurales.
Considerando los aspectos en los que el sector energético puede contribuir
al desarrollo de las economías de la región y la realidad de éstas,
puede considerarse que existen una serie de elementos clave para el avance en
materia de energía.

El Banco Interamericano de Desarrollo destaca entre otros, cinco aspectos técnicos e institucionales necesarios en la reforma del sector energético en América Latina que exponemos a continuación:

1) la separación de las funciones del Estado y la secuencia de implementación de las reformas; 2) el logro de una competencia viable en los segmentos competitivos del mercado;

3) la regulación de los segmentos no competitivos;

4) la suficiencia de los precios, los subsidios y los incentivos para las inversiones a largo plazo; 5) la estructura de los entes reguladores.

3.1. El Estado y las secuencias de las reformas El Estado juega, en la mayor parte de los países latinoamericanos, un papel clave como «propietario» de los recursos energéticos, de las infraestructuras y como prestador de servicios energéticos. Durante los últimos años, se han ido acometiendo reformas para limitar y definir claramente su papel, pero aún son numerosos los avances pendientes ya que su posición en las diferentes etapas del ciclo de producción y comercialización de la energía, puede generar conflictos de intereses, pues en muchas ocasiones es propietario de los recursos, los explota, los distribuye, los consume, los somete a fiscalidad, siendo todos estos papeles difíciles de compaginar sin que se tengan que aplicar prioridades de índole económica o política y que podrán estar sujetas en la media en que sean políticas, a cambios en las estrategias o planteamientos de los diferentes gobernantes. La separación de las funciones del Estado (en ocasiones con reducción de su papel en alguna de ellas en beneficio del sector privado o de otros entes de la Administración), siempre deben venir acompañadas de una regulación clara que elimine la posible discrecionalidad en la aplicación de la misma. Aunque este principio parece claro y compartido de forma general, su puesta en práctica en América Latina no siempre ha sido fácil. Los principios políticos que inspiran esta separación de funciones y la regulación que determina sus mecanismos de implantación, no siempre están claramente delimitados y muchas declaraciones políticas, no siempre encuentran la regulación correspondiente que las respalde. Esta redefinición de funciones del Estado en el sector energético, supone una reforma de una magnitud importante en países como México, al implicar importantes renuncias a beneficios exigentes por parte de algunos agentes económicos que intentan rentabilizar cualquier reforma mediante la obtención de compensaciones. Adicionalmente a estas posibles compensaciones, hay un coste adicional de las reformas que se asocia a la desintegración vertical de actividades que, generalmente, dentro del ámbito estatal, estaban integradas verticalmente. Esta situación dificultaba una valoración de las inversiones necesarias y de los costes fijos existentes, de modo que se diluía en el conjunto de la actividad energética del Estado si no en el conjunto del presupuesto, pero estas inversiones y sus costes fijos correspondientes resultan claves a la hora de determinar la secuencia de la separación de funciones. En un plano teórico, la secuencia para la reforma del sector energético se inicia en el establecimiento de un marco regulatorio claro y transparente, continuaría con la reestructuración de los activos públicos y la organización de los mercados y finalizaría con la privatización, especialmente del sector de distribución. Esta secuencia ideal, además de permitir la privatización, proporcionaría señales claras a los inversores, garantizaría la existencia de compradores solventes en los mercados mayoristas y evitaría las distorsiones que podrían producirse en un mercado que compitiesen empresas privadas con otras de propiedad pública que mantuviesen privilegios normativos.

3.2. Conseguir mayores niveles de competencia Alcanzar un
nivel mayor de competencia en aquellos segmentos o actividades donde sea factible,
no es exclusivamente función de la reducción del papel del Estado,
sino también de la capacidad de atraer nuevos competidores. Aunque en
algunos países de la región este segundo factor ha constituido
una restricción a la capacidad de reforzar la competencia, la dimensión
y potencial del mercado energético mexicano generan un enorme atractivo
a inversores privados nacionales y extranjeros a los que sólo hace falta
que se les presente un marco regulador claro, estable y atractivo. Adicionalmente,
el equilibrio en el poder de mercado entre los diferentes competidores, evitando
situaciones de dominio claras por parte de alguno de ellos, es un factor importante
para garantizar la competencia. La realidad en el caso mexicano, por la presencia
del sector público en diferentes subsectores o por el reducido número
de competidores, dista de una situación ideal de competencia que garantice
elevados niveles de eficiencia.

3.3. Regulación de segmentos no competitivos Existen
sectores o fases del ciclo de la energía donde se hace difícil
introducir competencia, sea por constituir un monopolio natural o sea por la
inexistencia de agentes que estén interesados. En estos casos, la regulación
para evitar el ejercicio de un excesivo poder de mercado y, sobre todo, para
generar incentivos a los agentes que participen en otras fases del ciclo de
la energía en cada uno de los subsectores. Estos incentivos se traducen
generalmente en una redistribución de renta de unos agentes a otros para
facilitar la entrada de competidores en aquellos sectores que los requieren.
La variable de regulación clave suele ser la fijación de tarifas
o costes para aquellos sectores no competitivos, de modo que los mismos no perjudiquen
a otros segmentos más competitivos, pensando siempre en un horizonte
de largo plazo, es decir, que no desincentive la inversión en aquellos
segmentos en que es necesaria para garantizar la calidad futura de servicio,
o el mantenimiento de niveles de costes o el cumplimiento de otros estándares
(ambientales).

3.4. Precios, subsidios e inversiones a largo plazo Numerosos
segmentos del ciclo de la energía en diferentes sectores (electricidad,
petróleo, gas) requieren de importantes inversiones a largo plazo, muchas
veces continuas, para garantizar el suministro, la calidad de servicio y la
adaptación a nuevos estándares. En un escenario en el que se pretende
que el sector privado juegue un papel cada vez mayor, es necesario garantizar
que se van a producir las inversiones necesarias, para lo cual no sólo
es necesario conseguir retornos de la misma adecuados, sino eliminar riesgos,
especialmente regulatorios, que afecten a estos retornos. Si partimos de un
escenario de levada participación pública en el sector de la energía,
como puede ser el mexicano, la garantía de estas inversiones pasa por
salvar las importantes restricciones presupuestarias que, en un marco de prioridades
políticas, lo cual puede generar cuellos de botella para el desarrollo
futuro del sector. Dado que una liberalización del sector energético
se puede traducir en una mayor variabilidad de precios, es necesaria la intervención
pública, bien para regular los precios, bien para financiar la inversión.

En cualquiera de los dos casos, se trata de la participación
mediante subsidios, sean para los consumidores (en la forma de precios máximos)
o sea para los inversores (mediante financiación de infraestructuras).
Aunque la teoría defendería que la liberalización debería
acompañarse de la variabilidad de los precios, el efecto de estas variaciones
en las expectativas de los agentes económicos suele recomendar que, a
falta de mercados donde se «negocien» dichas expectativas (mercados de derivados
sobre energía), se intenten acercar mediante esta aplicación de
subsidios, generalmente en forma de regulación de precios. La importancia
que tiene el papel del regulador en la fijación de precios y subsidios
es clave no sólo en economías en desarrollo, sino también
en las economías más avanzadas y la planificación energética
requiere que estos incentivos se adapten a las necesidades de la economía
no sólo a corto plazo, sino también a medio y largo plazo. El
ejemplo de California no le queda a México lejano para revisar sus necesidades
en diferentes subsectores, además del eléctrico. El análisis
de los subsidios no puede realizarse exclusivamente desde la perspectiva de
inversores vs consumidores, sino con un enfoque orientado a algunos segmentos
específicos de consumidores. Especialmente en lo que se refiere al acceso
a la electricidad, pero también en determinados combustibles, se hace
necesaria una participación del regulador que garantice un acceso generalizado
a la provisión de energía que favorece a determinados segmentos
de consumidores. Normalmente será necesario idear e implantar el esquema
de incentivos específico para que los agentes económicos (especialmente
cuando éstos son privados) tengan interés en proveer estos servicios.
Cuando esta capacidad de ofrecer los servicios corresponde al Sector Público,
el ideal sería que se pudiesen diferenciar claramente los costes reales
del servicio de los subsidios incorporados en su prestación.

3.5. Diseño de los entes reguladores Como se ha ido mencionando, el papel del Sector Público está pasando en América Latina el de ser el monopolista básico en todo el ciclo de la energía en la mayor parte de subsectores al de un árbitro que determina las reglas del juego y garantiza su cumplimiento, de modo que diferentes agentes económicos consigan competir y lograr sus objetivos en el mercado. Este importante cambio del rol del Estado en el sector energético implica una conclusión crítica para la política energética: las instituciones, regulación, normas de funcionamiento e, incluso, las personas que han tomado decisiones en un Sector Público que participa en la generación, transformación y distribución de energía probablemente no serán válidas en un entorno más competitivo y con mayor presencia del sector privado. Por ello, se genera un problema institucional en cuya resolución se encuentra inmerso México. La clave es cómo, conseguir instituciones que, a diferencia de las empresas públicas participantes en el sector energético y con autonomía respecto a éstas, sean capaces de determinar unas reglas del juego equilibradas y de garantizar el cumplimiento de las mismas. Para articular este cambio, son diversos los elementos en consideración. En primer lugar, el sesgo de los organismos e instituciones reguladoras. El ideal sería obtener un equilibrio entre intereses públicos e intereses privados, pero siempre existe el riesgo de que en un mercado en que ambos intereses pueden ser encontrados, los entes reguladores se inclinen por favorecer a alguno de ellos. La solución a este conflicto no es un elemento de índole específica para el sector energético y depende claramente del equilibrio de poderes entre lo público y lo privado, del grado de vertebración de la administración pública y de sus esquemas de funcionamiento. Adicionalmente, se hace necesario configurar una estructura compleja de organismos y funciones. En un modelo de integración vertical de la actividad energética de un país (en ocasiones ligada también a las comunicaciones), el reparto de responsabilidades muchas veces quedaba difuso. En un modelo con múltiples agentes, la seguridad jurídica requerida por éstos obliga a que se definan claramente todas estas funciones, responsabilidades y organismos, con los suficiente grados de autonomía y estabilidad como para garantizar que los intereses privados puedan participar en el mercado sin un elevado grado de incertidumbre. La configuración de todos estos organismos no sólo se encuentra con restricciones en cuanto a costes presupuestarios, sino con un cierto vacío inicial en cuanto a sus funciones y, especialmente, en cuanto a los profesionales suficientemente capacitados para asumirlas. Esto obliga a que todas las políticas, organismos y responsabilidades puedan definirse con una cierta flexibilidad, permitiendo la reforma o adaptación de los mismos cuando la realidad del sector lo requiera. Dada la evolución, tanto técnica como organizativa en el sector, se hace necesario que el marco regulatorio se adapte a las necesidades de cada país y se pueda reajustar de acuerdo con nuevas necesidades.

3.6. La extensión de energía accesible para
todos El hecho de que el 84 por 100 de la población de América
Latina y el Carbile cuentan con acceso al servicio eléctrica, no permite
apreciar que el 60 por 100 de la población rural, cerca de 75 millones
de personas, no tenían acceso al servicio en 1997. Un gran porcentaje
de la energía consumida en el campo sigue siendo «tradicional» (dominada
por el uso de biomasa en la cocción) y el cambio hacia las formas modernas
de energía no está ocurriendo lo suficientemente rápido,
a pesar de que la población rural sin servicio de electricidad ha venido
disminuyendo en términos absolutos durante los últimos veinte
años. Los países con menor cubrimiento en la región son
aquellos con niveles de desarrollo más bajos, siendo este el caso de
Nicaragua, Guatemala,

Honduras, Haití, Bolivia, El Salvador y Perú
donde la penetración de la electricidad en el campo es inferior al 20
por 100. Tradicionalmente los programas de electrificación rural han
sido planificados centralmente con limitados objetivos, han contado con voluminosos
subsidios y no han tenido suficiente apoyo y participación de la comunidad.
Al mismo tiempo, el monopolio estatal en a distribución de electricidad
ha llevado a que la mayoría de los países de la región,
buscando satisfacer objetivos muchas veces ajenas al sector, ejecuten una ineficiente
y costosa expansión de la red, pero limitando el acceso a otros agentes
y tecnologías que pudieran ofrecer estos servicios en forma más
económica. Esta «competencia escondida» que presenta la posible extensión
de la red con grandes subsidios constituye una fuerte barrera de entrada para
alternativas diferentes como serían las fuentes renovables en sistemas
descentralizados en áreas remotas. En la medida en que se privatice el
servicio de distribución, los empresarios privados no tendrán
incentivos para extender la red o para seguir suministrando el servicio a los
usuarios pobres, muchos de los cuales se encuentran conectados ilegalmente,
a no ser que se legalice el servicio y se cobre una tarifa que refleje el costo
o que se produzca una intervención eficiente por parte del Estado. En
este caso surgirían operadores para quienes el suministro de electricidad
representaría un buen negocio.

La integración de los mercados energéticos
regionales

La integración de los mercados energéticos
es una pieza clave para que la integración económica pueda capturar
los beneficios que se derivan del comercio internacional. Sin embargo, aquella
integración está relativamente atrasada por el retraso relativo
en el desarrollo de mercados nacionales de energía en el sentido más
amplio de la palabra; o sea, no sólo cubriendo el comercio de combustibles,
sino que ante la tendencia al intercambio en las fuentes energéticas,
cubra todas las formas de energía. Ante la liberalización del
mercado energético a nivel nacional, el próximo paso lógico
es el comercio internacional de energía, por lo menos a nivel regional.
El control estatal de la energía y la planificación centralizada
de antaño cede el espacio ante la necesidad de obtener las ganancias
en eficiencia económica que permita la economía de mercado. Por
consiguiente, la integración energética regional significa una
pieza clave para la eficiencia del sector, así como para la sostenibilidad
económica, financiera y ambiental.

Los países de América Latina y el Caribe cuentan
con recursos energéticos abundantes y variados que incluyen petróleo,
gas natural, carbón, biomasa y otro renovables, así como un gran
potencial hidroeléctrico, aunque no siempre están igualmente distribuidos.
Precisamente, esta desigual distribución resalta el gran potencial para
que se desarrollen importantes flujos de comercio intrarregional está
dominado por la exportación de petróleo crudo y derivados, pero
con perspectivas muy importantes para la integración de mercados energéticos
en redes como el gas natural y la electricidad, hasta el momento en proceso
de despegue. La integraciónde los mercados de gas y electricidad está
ocurriendo principalmente en América del Sur, donde las reformas de los
sectores de electricidad e hidrocarburos abrieron las puertas para el desarrollo
de proyectos de importantes gasoductos internacionales y de líneas de
interconexión eléctrica, la mayoría de iniciativa del sector
privado.

El proceso de integración en la parte norte de la región
también está en ciernes con la integración eléctrica
de Centroamérica y el gasoducto México-Centroamérica. La
comercialización del gas natural y la electricidad a nivel subregional
y regional no solamente redunda en una mejor utilización de los recursos,
sino que contribuiría también a consolidar la reforma del sector
en los países pequeños y a aumentar la disponibilidad de combustibles
más limpios en muchos de ellos. Hasta ahora gran parte de la llamada
integración de mercados se ha limitado a interconexiones físicas,
con algún comercio de combustibles vía gasoductos u oleoductos
o venta de energía eléctrica de un monopolio a otros. Sin embargo,
los grandes beneficios para la integración económica vendrán
con una integración de los mercados en el sentido de permitir el comercio
de energía y no solo de mercancías. Para ello, es necesario un
desarrollo armónico en los países en cuanto a la estructura del
sector energético, la propiedad de las diferentes partes del sector y
las regulaciones ambientales, entre otras. Pues si realmente se desea que exista
una integración regional, primero, deben existir mercados nacionales.
Este reto es el más difícil.5.1. La naturaleza de las inversiones
Las inversiones atractivas en productos que pueden ser comercializados en el
mercado internacional, como el petróleo y sus derivados, generalmente
son acometidas por multinacionales y no tienen mayor dificultad en encontrar
financiación.

Los productos que no pueden ser transados, como la electricidad
y, en muchos casos el gas natural, enfrentan mayores dificultades. A su vez,
las inversiones y servicios que busquen el uso eficiente de energía y/o
fuentes renovables en pequeña escala, son considerados como productos
exóticos de difícil financiación. La expansión de
monopolios naturales como redes de electricidad y gas no requiere en general
de grandes inversiones y puede financiarse a través de préstamos
corporativos. Los productores independientes de electricidad requieren financiación
de proyectos, mientras que algunas inversiones en uso eficiente de energía
y generación descentralizada requieren crédito al consumidor o
a la microempresa. Una característica clave de las inversiones en proyectos
de generación hidroeléctrica (intensivos en capital, de largo
periodo de construcción y de larga vida útil) es que requieren
créditos a muy largo plazo con amplios periodos de gracia, mientras que
las inversiones en uso eficiente de energía generalmente se pueden reembolsar
con los ahorros generados en un plazo relativamente corto. En algunos casos
hay solamente uno o varios grandes prestatarios, como en las actividades consideradas
monopolio natural. Por último, existen países y subsectores en
los que, por el momento y debido a diversas razones, buena parte de la inversión
deberá recaer sobre el Estado. 5.2. Los riesgos políticos y reguladores
La dependencia de los mercados energéticos y la rentabilidad de los proyectos
de las acciones gubernamentales se refleja en el grado de riesgo político
y regulador. Estos niveles de riesgo a su vez se reflejan en la poca disposición
a invertir o en la exigencia de altas retribuciones que los compensen. El riesgo
político tradicional puede ser cubierto a través de las agencias
públicas de cobertura que existen en muchos países…

Solidez financiera

La solidez financiera, depende de la medida que se logre solucionar
los problemas que han impedido la movilización de los recursos para la
financiación del sector en términos adecuados, aún en países
que avanzaron agresivamente en las reformas del sector buscando la participación
privada y la introducción de la competencia. De hecho, la disponibilidad
de recursos financieros depende también de la existencia de otras condiciones
que muchas veces requieren la realización de reformas complementarias
en otros sectores y la existencia de las condiciones económicas adecuadas,
en particular las políticas de precios. Por otra parte el sector energético
dista mucho de ser homogéneo. Las necesidades totales de inversión,
junto al tipo y magnitud de la financiación, varían dependiendo
del segmento del mercado, de su dinamismo y de las características especiales
de la inversión. Las dificultades para movilizar los recursos pueden
clasificarse entonces, según se originen en relación a las características
especiales del segmento del mercado, en la percepción del riesgo por
parte de los inversionistas, o en las debilidades de los mercados financieros
y de capitales locales. El incipiente desarrollo de los mercados financieros
y de capitales Los proyectos de energía tienen una vida útil muy
larga, superior a veinte o treinta años de media en la mayoría
de los casos, y los ingresos que generan están denominados, en muchos
casos, en moneda local. Por tanto demandan fondos a largo plazo y, preferiblemente,
en moneda local, siendo este binomio usual en países desarrollados, sin
embargo en países en vías de desarrollo es una combinación
prácticamente inexistente. En muchas ocasiones, la única financiación
disponible es a corto o mediano plazo y en moneda extranjera, sometiendo a la
empresa que lo acepta a altos riesgos y las facilidades para refinanciar un
préstamo a corto plazo son inciertas, la oferta de financiación
privada es limitada y fija los tipos de interés muy altos. Los fondos
de pensiones extranjeros que ofrecen recursos a largo plazo son reacios a prestar
en un negocio con altos riesgos políticos y los fondos de pensiones nacionales
muestran un desarrollo incipiente en la región y/o enfrentan regulaciones
que inhiben su participación en esta clase de proyectos.

Por último, la magnitud misma de las inversiones en
el sector de energía en la región dificulta obtener en el largo
plazo capitales y recursos financieros originados en el exterior. Sin embargo,
es importante destacar que en muchos países frecuentemente la restricción
no se encuentra en la disponibilidad de fondos, sino en la falta de la intermediación
apropiada que puede atender las necesidades del inversionista en energía.
Este problema es particularmente serio, en casos para pequeños productores,
pero no es tampoco ajeno a los grandes proyectos pues el crédito a largo
plazo es prácticamente inexistente. No existe una cultura de crédito
para la financiación de proyectos de energía en pequeña
escala en la región y muchísimo menos para los de gran tamaño.
Los analistas financieros no están acostumbrados a evaluar estos proyectos:
no existe tradición de medir el riesgo de cambio en los precios absolutos
y relativos de las distintas energías, ni de medir la demanda en entornos
competitivos. Técnicamente como consecuencia de ello, las instituciones
financieras son reacias a financiar este tipo de proyectos.Recursos naturales.
Para América Latina, el desafío no consiste tanto en mejorar la
«calidad» de la vida aunque sea a expensas del «nivel» de vida de sus sociedades,
sino en mejorar el nivel de vida de una manera ambientalmente sustentable. Con
relación al vínculo entre desarrollo y medio ambiente han surgido
cambios conceptuales y de percepción importantes. Uno de ellos se refiere
a la toma de conciencia de que los recursos de que dispone el planeta son limitados
y de que se encuentra en curso un proceso perverso de destrucción de
esos recursos en todo el mundo, inclusive en América Latina. En segundo
término, se ha tomado conciencia también de la importancia de
los problemas ecológicos comunes, tales como el deterioro del aire, la
capa de ozono o los océanos, que pueden afectar a toda la humanidad,
constituyéndose éste en un tema inescapable para cualquier país
del planeta. Por último, más allá de las políticas
de protección ambiental, hoy se percibe una estrecha relación
entre la eficiencia económica y la calidad de las condiciones ambientales
-del hábitat rural y urbano- en que viven las sociedades latinoamericanas.
Pocos problemas habrán de requerir mayor atención pública
en los próximos años que la administración ambiental de
las ciudades y megalópolis de la región. Como solución,
desde las distintas instituciones estatales y no estatales ocupadas de la política
de desarrollo, se defiende la idea del desarrollo sostenible.

Ahora bien, si no queremos que se reduzca a una mera declaración
de buenas intenciones, para materializar el desarrollo sostenible se requiere:
En primer lugar la lucha por eliminar la pobreza y el subdesarrollo aspectos
que en América Latina ocupan el primer lugar en la agenda de políticos
y gobernantes. No olvidemos que la pobreza es la peor forma de contaminación.
En segundo lugar, es necesario por parte de los países industrializados
un cambio hacia nuevas estructuras de producción, estilos de vida y patrones
de consumo sostenibles a largo plazo, ya que éstos tienen la capacidad
técnica y económica para una reconversión ecológica,
así como el facilitar a los países en desarrollo el acceso a tecnologías
compatibles con el entorno, preservadoras de energías y recursos.Por
su parte los países de la región deben ser muy conscientes de
que no deben de caer en los mismos errores de las sociedades industriales avanzadas,
por ello, es necesario, que se incorporen de una manera activa en el mercado
mundial sin dar la espalda a la protección global del medio ambiente.
Para ello se requiere nuevas formas de cooperación y solidaridad mundial
que aseguren la consolidación de un nuevo orden mundial. Respecto al
desarrollo de patrones de producción y uso de energía eficientes
y compatibles con el medio ambiente, las acciones requeridas para lograr patrones
de producción y consumo de energía ambientalmente sostenibles
se pueden agrupar de las siete siguientes maneras: (i) acciones en el campo
normativo como el fortalecimiento de la capacidad del Estado para diseñar
y ejecutar políticas y para reglamentar y aplicar la regulación
ambiental, el desarrollo de la capacidad de la sociedad

civil como colaboradora del Estado en la aplicaión de la normatividad ambiental, y el establecimiento de etiquetados y normas para uso eficiente de energía en aparatos y edificios; (ii) acciones en el campo de los incentivos para implantar mecanismos de mercado para promover la adopción de medidas ambientalmente favorables, eliminar subsidios al consumo de energía y establecer sistemas de precios y tarifas eficientes junto con la mejora de sistemas de medición, facturación y cobro relacionando al consumo con el costo real de la energía; (iii) programas que busquen eliminar discriminaciones y barreras que dificultan el uso de fuentes limpias y el uso eficiente de energía; (iv) programas y proyectos para racionalizar el uso de energía en el transporte urbano a través de soluciones integradas que combinen el uso del suelo, el transpote público y la utilización de tecnología para minimizar las emisiones atmosféricas; (v) fomento y financiación de la utilización de fuentes primarias más limpias y baratas que, como el gas natural, contribuyen simultáneamente a mejorar la situación ambiental y a la eficiencia económica; (vi) acciones que busquen desarrollar en forma ambiental y económicamente sostenible el potencial hidroeléctrica y de otros recursos renovables en gran escala de la región; y, (vii) acciones que permitan cooperar en la lucha contra el cambio climático (1).40BOLETIN ECONOMICO DE ICE N° 2750 DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2002CUADRO 1 DE ESTOCOLMO (1972) A RIO (1992) Y NUEVA YORK (1997) Hace 30 años, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente Humano en Estocolmo, el medio ambiente pasó a ser tema en la agenda internacional. Desde entonces se