Legalización de las Drogas en Puerto Rico y las Estadísticas de la Criminalidad

Introducción

Puerto Rico es un país de los más altos
que tienen alta incidencia de muertes a causa de robo,
crímenes de odios, por violencia domestica, por venganzas
pero también de las muertes que ocurren es por el uso y
trasiego de drogas y por dominar los puntos que hay en toda la
isla. Se debe probar si legalizando las drogas aquí en
Puerto Rico baja la alta incidencia de crimines o muertes a causa
del uso y el trasiego de drogas. Se debe enmendar una ley que
apruebe legalizar la droga porque así se vendería
legalmente y no inlegal.

Las drogas son sustancias con las que ha convivido el
hombre desde la antigüedad. Por lo tanto, las drogas y el
hombre son elementos que caminan juntos a lo largo de la
historia. Cada cultura tiene una mayor tolerancia respecto a las
drogas propias, aceptamos más fácilmente aquellas
que hemos utilizado durante siglos (medicamentos, café,
alcohol, entre otras); de ese modo, mientras que las drogas que
generan mayor preocupación no les damos un giro radical
con la legalización de estas.

La legalización de las drogas sería
favorable para la sociedad ya que estarían siendo
controladas. Además la legalización de las drogas
nos traería ciertas ventajas como la eliminación
del narcotráfico y reducción del crimen, un fuerte
ingreso en la economía, seguridad y calidad de
vida.

Exposición

Desde que comenzó el año se han registrado
sobre 300 asesinatos en Puerto Rico. La mayoría de estos
relacionados al tráfico ilegal de drogas.   En Iraq
han muerto 4,446 soldados de las fuerzas armadas
norteamericanas, un promedio de 47 por mes. Comparando ambas
cifras, promediamos 100 muertes al mes.  ¿Qué
medidas ha tomado el gobierno para combatir la criminalidad?
  Activaron la Guardia Nacional para patrullar las
calles junto a la policía, sin éxito.  
Apostaron cámaras de seguridad en la mayoría de los
residenciales públicos, todo sigue igual.  
Capturaron a dos de los mayores narcotraficantes de Puerto
Rico, República Dominicana y el Caribe junto a toda
su ganga y los crímenes continúan.  Estas
disposiciones no han logrado disminuir la criminalidad.
  Debemos considerar la legalización parcial como una
alternativa para combatir el crimen. ¿Qué
beneficios se obtendrían de esta
medida? El negocio de las drogas es
producto de la oferta y demanda. Existen puntos de drogas por que
tienen consumidores. Eliminar la ilegalidad del uso,
permitiría a empresas tabacaleras como RJ Reynolds, Philip
Morris y otras a manufacturar, distribuir y vender el
producto. Esto producirá una regulación en los
precios y un control de calidad en la confección.
 Los usuarios no tendrán que robar, matar o
prostituirse para poder comprar drogas. Las luchas
por el control de los puntos de drogas, sería un
asunto del pasado.  Si un distribuidor entra en
polémica con otro, podrá utilizar el sistema
judicial para solucionar sus diferencias. No habría guerra
por el control del negocio entre pandillas
rivales.   No más drive by shooting, no más
muertes de inocentes. Mientras mantenemos una actitud
hipócrita y puritana, los bichotes siguen eliminando a sus
competidores de la manera más brutal. El país
recibiría ingresos adicionales producto de los impuestos
que generen en ventas. El dinero podría ser utilizado para
ayudar la adicción no sancionar.

Ante la férrea oposición que enfrenta la
legalización de cualquier sustancia controlada en Puerto
Rico por el Gobierno federal, un grupo de expertos en leyes y
asuntos relacionados con drogadicción entrevistados por
PRIMERA HORA favorecieron el expendio de la marihuana para uso
personal, tal y como se permite en países como Portugal,
Bélgica y Holanda. Conocedores del derecho federal
consideran que Puerto Rico podría legalizar la droga para
uso personal o para fines médicos, pero eso no
privaría al Gobierno federal de ejercer su autoridad sobre
el tráfico de la sustancia, ni siquiera lo
limitaría. "Esto es un asunto, más que todo, de
voluntad política y nada impide que se realicen programas
pilotos en Puerto Rico", sostuvo el abogado criminalista, Edgar
Vega Pabón1, quien postula en el Tribunal Federal. El
proceso para legalizar la sustancia en Puerto Rico, según
opinó el abogado, tendría que incluir enmiendas a
las leyes de sustancias controladas, así como una serie de
reformas para garantizar su suministro correcto. En 11 estados de
Estados Unidos se ha legalizado el uso de la marihuana para uso
personal, pero el Gobierno federal reclama continuamente sus
poderes jurisdiccionales sobre la sustancia controlada,
realizando arrestos e incautaciones periódicas, incluso de
personas que cosechan la yerba para fines
médicos. Puerto Rico, de encaminarse a la
legalización de la marihuana, podría enfrentar los
mismos obstáculos legales que los estados que han apostado
por la medicación o la legalización del
"mafú" para uso personal. La Isla podría, por
ejemplo, adoptar un modelo parecido al de Holanda, donde la
marihuana se puede adquirir en cafés regulados por el
Estado. El debate coincide con la implantación de
diferentes programas de rehabilitación en el sistema
correccional para tratar a los adictos a heroína y que
cuentan con el aval del Gobierno Federal. "La separación
del mercado es la política que se debe estudiar. La
política de Holanda conlleva la descriminalización
del uso de marihuana. Allá no hay penas carcelarias para
su consumo en cantidades pequeñas", sostuvo el presidente
de la Comisión para el Estudio de la Criminalidad y de las
Adicciones, Salvador Santiago2 .El Tribunal Supremo de Estados
Unidos, en una decisión que representó un duro
golpe para los defensores del cannabis para fines médicos,
dictaminó que las leyes estatales aprobadas por los
estados no representan una defensa ante las acciones policiales
de las agencias federales. Del mismo modo, la Agencia
Federal Antidrogas (DEA) asegura que las leyes que permiten el
consumo de marihuana para fines médicos han servido de
"escudo" para traficantes de la sustancia. "Las agencias
estatales no pueden hacer una distinción entre los
cultivos de marihuana que se utilizan para fines médicos y
otros cultivos que forman parte del tráfico ilegal de la
sustancia. Los fiscales, asimismo, en muchas ocasiones descartan
procesar a los traficantes por la misma ambigüedad de las
leyes", indica la agencia a través de un comunicado
oficial. En Puerto Rico, la legalización de la sustancia
también es objetada por reconocidas figuras, como el
superintendente de la Policía, Pedro Toledo3. "Me opongo a
cualquier legalización. En ocasiones se empieza con la
marihuana y se termina con otras drogas. Esto traería unas
consecuencias desastrosas para Puerto Rico", dijo Toledo. El jefe
máximo de la Policía alegó que la
legalización de la droga ha provocado un aumento en su
consumo en aquellos lugares en que se ha implantado, pero datos
estadísticos apuntan a lo contrario. Según datos
del Consejo de Ex Funcionarios al Servicio del Pueblo, la
prevalencia del consumo de la marihuana es más alta en
Holanda que en Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos cuenta
con una de las tasas más altas de encarcelamientos a nivel
mundial por delitos relacionados con el trasiego de sustancias
controladas. Puerto Rico se encuentra entre las naciones de mayor
consumo de drogas per cápita en el mundo. El crimen ha
llegado a proporciones epidémicas y requiere de soluciones
drásticas. Una de las soluciones que se propone es la
legalización parcial de las drogas. Pero los que tienen
los medios, no buscan información sobre el
tema.

Estrategias para
combatir la criminalidad

El problema de la rampante criminalidad que azota
nuestra sociedad es uno complejo, que tiene distintos componentes
y que requiere de un esfuerzo coordinado multisectorial para
enfrentar de forma efectiva la actividad delictiva.  Algunos
datos significativos:

• El 5 % de la población en Puerto Rico es
  adicta y dependiente de una droga ilegal. (Esto es un 35 %
  más alto que el promedio mundial).

• 8 de cada 10 convictos estaban desempleados al
  momento de cometer el delito.

• 1 de cada 2 estudiantes en el sistema de
  educación pública no pasa del 9 grado. 
  Curiosamente el 52 % de los convicto no terminaron el 9
  grado.

• El costo de un convicto es de $40 mil al
  año.

• El costo de un niño en el sistema de
  educación pública es de $7 mil por
  año.

 A continuación se algunas recomendaciones
de lo que debe incluir este esfuerzo integrado:

 Proveer presupuesto adecuado a la
Policía 

Para poner en ejecución una efectiva estrategia
anticrimen requiere que la Policía cuente con los recursos
necesarios, no estrangulando el presupuesto de la agencia como o
ha hecho la presente administración del PNP que le ha
recortado sustancialmente el presupuesto operacional de la
Policía de unos $929 millones que tenía para el
año fiscal 2008-09 a $729 millones para el 2009-10, $742
millones para el 2010-2011 y a $766 millones para el
2011-12.  En tan sólo tres años le han
reducido unos $487 millones a la Policía en
comparación con el presupuesto del 2008-09.

Medicación del usuario de
drogas

 Existe una estrecha vinculación entre el
narcotráfico y la actividad criminal, planteándose
que un 75 % de los delitos está relacionado con el
trasiego de drogas.

• La medicación no es la legalización de
  las drogas.  La medicación es la
  implementación de mecanismos alternos, que incluye
  expandir los programas para la atención de los adictos
  (como el de metadona) para que estén disponibles a un
  mayor número de personas, así como el
  tratamiento de aquellos adictos que puedan ser rescatados de
  su adicción.

• El propósito es proveerle al adicto una
  alternativa para su adicción y así reducir el
  lucrativo negocio del narcotraficante.

• Debemos adoptar un enfoque salubrista para atender
  este asunto de la drogadicción como parte de nuestra
  estrategia de combatir la criminalidad.

Un esfuerzo coordinado inteligenciar para atender el
asunto 

La deserción escolar, la ausencia de empleo, la
adicción a drogas, la  formación moral y los
valores de nuestra población son todos componentes del
problema de la criminalidad y deben formar parte del esfuerzo
gubernamental integrado para atenderlo.

·         Educación:
Implementar iniciativas dirigidas a reducir la deserción
escolar e incrementar la tasa de jóvenes que terminan su
grado 12.

·         Creación
de Empleos: La estabilidad económica y las esperanzas de
un mejor porvenir para nuestros descendientes promueven un marco
social de menos tensión, más armonía y mayor
productividad que sirve como freno a la delincuencia.  Sin
embargo, vemos que el gobierno PNP ha reclamado como un logro
condenar a sobre 30 mil servidores públicos a la
desesperanza del desempleo y sus políticas
económicas erradas han provocado la pérdida del
sobre 100 mil empleos en el sector privado.

• Proponemos proveer alternativas innovadoras y
  verdaderos incentivos al sector agroindustrial, manufacturero
  y de servicios para la creación de nuevos
  empleos.  Un ejemplo es la propuesta para reactivar la
  industria azucarera que aprovecha las fortalezas de nuestro
  conocimiento del cultivo de la caña, la eficaz
  utilización de miles de cuerdas de terrenos
  agrícolas en desuso, las nuevas alternativas
  tecnológicas para este cultivo, los múltiples
  usos de la caña (rones, etanol como combustible,
  alimento de ganado, etc.) mediante una coparticipación
  del sector público y privado. 

• Concienciar sobre los valores: Dirigir recursos
  para programas y esfuerzos gubernamentales de orientar a la
  ciudadanía sobre la necesidad de convivir sin
  violencia, de la educación como vehículo de
  superación e inculcar valores a sus hijos, en vez de
  derrochar sobre $100 millones en campañas
  publicitarias innecesarias para resaltar la maltrecha imagen
  del gobierno PNP y en anuncios innecesarios como "Vía
  Verde" y "Mi Salud".

"La ciudadanía tiene que sentirse más segura y
confiar en las estadísticas que ofrece la Policía
de Puerto Rico, las cuales en su último informe revelan
una merma en más del 50% de los crímenes".
Así lo sostuvo a Primera Hora el superintendente de la
Policía, Emilio Díaz Colón4, al asegurar que
las cifras ofrecidas reflejan la realidad que se vive en el
país, independientemente de la alta incidencia en
asesinatos. En lo que va de año, la cifra de homicidios
alcanza los 853 casos, 143 más que los registrados para la
misma fecha durante el 2010. "Es que la gente no se puede dejar
llevar por los asesinatos… las personas piensan sólo en
eso y la mayoría son por la guerra por el control de los
puntos de drogas. Las estadísticas y los números
son los que tenemos y son los que podemos dar porque ésa
es la realidad que se vive en las 13 regiones", expresó
calmado el Superintendente5, mientras se preparaba para ir a la
iglesia, como acostumbra los domingos. Resulta que los
últimos datos del Centro de Análisis de Incidencia
Criminal y Monitoreo del Crimen indican que cuatro de los siete
renglones medidos entre los delitos graves (el 57%) están
por debajo de lo que se reflejó a la misma fecha en el
2010. Los datos monitorean la delincuencia desde el 1 de enero
hasta el 22 de septiembre. Según el informe enviado
durante el fin de semana, los delitos que han disminuido son:
violación, robo, escalamiento y hurto de autos.

La prohibición de las drogas ha tenido
consecuencias desastrosas muy similares a la que sufrió el
alcohol en los años veinte en Estados Unidos. Sin embargo,
en vez de reconocer el fracaso de dicha política, la
mayoría de los gobiernos alrededor del mundo se han
empeñado en gastar más recursos y atentar
más contra las libertades de sus ciudadanos en un esfuerzo
inútil por detener el comercio ilegal de
narcóticos.

Legalizar las
drogas eliminaría o mitigaría significativamente
las terribles consecuencias que enfrentamos bajo el actual
enfoque prohibicionista

1, La legalización pondría fin a la parte
exageradamente lucrativa del negocio del narcotráfico, al
traer a la superficie el mercado negro existente. Y con la
desaparición de la clandestinidad del narcotráfico
disminuye dramáticamente la problemática social
ligada a dicha actividad. La actual prohibición de las
drogas no detiene al mercado, simplemente lo ha sumergido bajo el
manto de la ilegalidad, y cuando un negocio es un crimen, los
criminales tomarán parte de éste. Según las
Naciones Unidas, el tráfico de drogas genera $400.000
millones anuales, lo cual representa un 8% del comercio mundial,
comparable con la industria de textiles. Dicho botín
representa una tentación irresistible para los criminales
del mundo.

2. La legalización reduciría
dramáticamente el precio de las drogas, al acabar con los
altísimos costos de producción e
intermediación que implica la prohibición. Esto
significa que mucha gente que posee adicción a estas
sustancias no tendrá que robar o prostituirse con el fin
de costear el actual precio inflado de dichas
substancias.

3. Legalizar las drogas haría que la
fabricación de dichas sustancias se encuentre dentro del
alcance de las regulaciones propias de un mercado legal. Bajo la
prohibición, no existen controles de calidad ni venta de
dosis estandarizadas. Esto ha conducido a niveles de mortalidad
altos a causa de sobredosis o envenenamiento por el consumo de
drogas. De hecho, según un estudio del Cato Institute
realizado por James Ostrowski, el 80% de las muertes relacionadas
con drogas se deben a la falta de acceso a dosis
estandarizadas.

4. El narcotráfico ha extendido sus
tentáculos en la vida política de los
países. Importantes figuras políticas a lo largo de
Latinoamérica han sido ligadas con personalidades y
dineros relacionados con el tráfico de drogas. Tal vez
aquí yace la razón por la cual la guerra contra las
drogas se intensifica año con año. Los grandes
narcotraficantes son los que más se benefician con la
actual prohibición, y los operativos anti-drogas que se
practican en Latinoamérica sirven para eliminarles la
competencia que enfrentan por parte de los pequeños y
medianos distribuidores. La legalización acabaría
con esta nefasta alianza del narcotráfico y el poder
político.

5. Legalizar las drogas acabaría con un foco
importante de corrupción, la cual aumenta en todos los
niveles del gobierno debido a que una substancial cantidad de
policías, oficiales de aduana, jueces y toda clase de
autoridades han sido comprados, sobornados o extorsionados por
narcotraficantes, creando un gran ambiente de desconfianza por
parte de la población hacia el sector público en
general.

6. Los gobiernos dejarían de malgastar miles de
millones de dólares en el combate de las drogas, recursos
que serían destinados a combatir a los verdaderos
criminales: los que le violan los derechos a los demás
(asesinos, estafadores, violadores, ladrones, grupos
terroristas). Además, con la legalización se
descongestionaría las cárceles, las cuales hoy en
día se ven inundadas por gente cuyo único crimen
fue el consumo de substancias que están prohibidas por la
ley. Todos estos esfuerzos por combatir el tráfico de
drogas han sido inútiles. Por ejemplo, las mismas
autoridades reconocen que a pesar de todo el dinero gastado, los
esfuerzos actuales solo interceptan el 13% de los embarques de
heroína y un máximo del 28% de los de
cocaína. De acuerdo con las Naciones Unidas, las ganancias
de las drogas ilegales están tan infladas que tres cuartos
de todos los embarques deberían ser interceptados con el
fin de reducir de manera significativa lo lucrativo del
negocio.

7. Con la legalización se acaba el pretexto del
Estado de socavar nuestras libertades con el fin de llevar a cabo
esta guerra contra las drogas. Intervenciones telefónicas,
allanamientos, registro de expedientes, censura y control de
armas son actos que atentan contra nuestra libertad y
autonomía como individuos. Si hoy en día las drogas
son accesibles incluso en las áreas de máxima
seguridad de las prisiones, ni siquiera convirtiendo a nuestros
países en cárceles vamos a lograr mantener a las
drogas fuera del alcance de aquellos que quieran consumirlas.
Legalizando estas substancias evitaremos que los gobiernos
conviertan a nuestros países en prisiones de
facto.

8. Legalizar las drogas desactivará la bomba de
tiempo en la que se ha convertido Latinoamérica,
especialmente países como Ecuador, Bolivia y Colombia. En
este último, las guerrillas financiadas por el
narcotráfico manejan miles de millones de dólares
en equipos militares de primera línea, y amenazan con
extender su lucha a países como Panamá, Brasil y
Venezuela. Hace un par de años se descubrió la
fabricación de un submarino en Colombia para el transporte
de armamentos y drogas, lo que demuestra el poderío de
estos grupos guerrilleros. Todo esto ha llevado a una
intervención creciente por parte de Estados Unidos,
quienes desde hace un par de años han venido fortaleciendo
su presencia militar en la región de una manera nunca
vista desde el fin de la Guerra Fría.

9. En una sociedad en donde las drogas son legales, el
número de víctimas inocentes producto del consumo y
la venta de estupefacientes se vería reducido
substancialmente. La actual política afecta directamente
tanto a los consumidores de narcóticos como a terceros. Es
así como gran cantidad de personas que nunca han consumido
estas sustancias o que no están relacionadas con la
actividad se ven perjudicadas o incluso pierden la vida debido a
las "externalidades" de la guerra contra las drogas: violencia
urbana, abusos policiales, confiscación de propiedades,
allanamientos equivocados, entre muchos otros.

10. La legalización conducirá a que la
sociedad aprenda a convivir con las drogas, tal y como lo ha
hecho con otras sustancias como el alcohol y el tabaco. El
proceso de aprendizaje social es sumamente valioso para poder
disminuir e internalizar los efectos negativos que se derivan del
consumo y abuso de ciertas sustancias. Sin embargo,
políticas como las de la prohibición, al convertir
a los consumidores en criminales, desincentivan la
aparición de comportamientos y actitudes sociales
necesarios para poder lidiar con los problemas de la
adicción y el consumo tempranero de dichas
sustancias.

Luego de muchos años de malas experiencias con la
política actual, y tras un análisis detallado de
las consecuencias no deseadas de prohibir el consumo y la venta
de substancias que la gente quiere, es necesario que lleguemos a
la conclusión de que las drogas deben ser legalizadas si
no queremos seguir el camino autodestructivo al que nos
está conduciendo la prohibición moderna.

Los gobiernos dejarían de malgastar miles de millones
de dólares en el combate de las drogas, recursos que
serían destinados a combatir a los verdaderos criminales:
los que le violan los derechos a los demás (asesinos,
estafadores, violadores, ladrones, grupos terroristas).
Además, con la legalización se
descongestionaría las cárceles, las cuales hoy en
día se ven inundadas por gente cuyo único crimen
fue el consumo de substancias que están prohibidas por la
ley. Todos estos esfuerzos por combatir el tráfico de
drogas han sido inútiles. Por ejemplo, las mismas
autoridades reconocen que a pesar de todo el dinero gastado, los
esfuerzos actuales solo interceptan el 13% de los embarques de
heroína y un máximo del 28% de los de
cocaína. De acuerdo con las Naciones Unidas, las ganancias
de las drogas ilegales están tan infladas que tres cuartos
de todos los embarques deberían ser interceptados con el
fin de reducir de manera significativa lo lucrativo del
negocio.

11 razones por la cual no se debe legalizar las
drogas

1. Todo negocio lícito importante origina un mercado
negro tan importante o más (petróleo, armas, obras
de arte, metales preciosos, tabaco…)

2. La legalización no supondría la
desaparición de los actuales capos productores:
éstos pueden organizarse en oligopolio como oferentes
legales. Sus medios económicos se lo permiten y presionan
a favor de la legalización, bajarían los precios,
pero éstos se compensarían con un mayor volumen de
venta-consumo.

3. La legalización es una medida que no puede
llevarse a cabo en un solo país.4. La posibilidad de
acuerdo internacional en este sentido es remota. La
posición en contra de la comunidad internacional
está recogida en la convención del año 1988,
suscrita por todas las naciones del mundo.

5. Es preciso definir qué se quiere legalizar:
¿La heroína, la cocaína, el hachís,
las anfetaminas? ¿Todas o sólo alguna de ellas?

6. También hay que responder a: ¿Para
quién se legaliza? ¿Para los mayores de edad?
¿Para los que ya son drogadictos? ¿Para los que
conscientemente desean empezar a serlo?7. Si se legaliza
sólo para mayores de edad, ¿cómo se impide
que haya un mercado ilegal para los menores? Si sólo se
legaliza para drogodependientes, ¿cómo se
identifican y censan? ¿Cómo se impide el
tráfico ilegal desde los identificados y controlados hacia
los que no quieren darse a conocer (razones familiares,
laborales…) o lo son esporádicamente? ¿Qué
pasa si quieren más dosis de las recetadas?8. Si se
venden libremente productos muy tóxicos como las drogas,
¿cómo puede mantenerse el control drástico
sobre los medicamentos precisamente para evitar los efectos
secundarios indeseados? La acción administrativa del
Estado en ese terreno quedaría deslegitimada.

9. En el caso de accidentes, ¿qué
responsabilidad legal asumen el Estado y los profesionales que
participan en la distribución? ¿Cómo puede
evitarse una sobredosis? ¿Cómo se evita que se
compartan jeringuillas? ¿Se le ha explicado al
contribuyente que deberá sufragar la distribución
de unas drogas legales a través de una red
pública?

10. El abaratamiento de la droga no equivale a erradicar
la delincuencia. Ejemplo: en Nueva York, hoy mismo, donde los
precios han disminuido drásticamente, la delincuencia ha
seguido aumentando.

11. La legalización parcial y controlada ya existe
en España: en todas las comunidades autónomas hay
programas de administración de metadona para
heroinómanos censados. Su resultado es modesto y no ha
erradicado el problema.

Aquí les presento un caso que fue reciente ocurrido en
Ceiba:

La líder de la pandilla que operaba en el
residencial Jardines de Ceiba en ese municipio, era una mujer
identificada como Karen Santiago Vélez, reveló esta
mañana la jefa de Fiscalía federal en la Isla, Rosa
Emilia Rodíguez Vélez. Junto a Santiago
Vélez, también conocida como "La Gorda" o "La
Bichota", participaban de las operaciones de narcotráfico
sus hermanos Juan Carlos y Eric Santiago Vélez junto con
su madre, Carmen Vélez García, conocida
también por el alias de "La Vieja" o "La Mother".Esta
última figuraba como dueña del punto que
vendía Percocet y Xanax.

"Esta violenta ganga operaba aproximadamente desde el
2008. Según el pliego acusatorio contra 39 miembros de la
organización, pesan cargos de conspiración para
poseer con intención de distribuir heroína,
cocaína, crack, marihuana, Percocet y Xanax",
indicó Rodríguez Vélez6. En la conferencia
de prensa, las autoridades federales destacaron que en la
acusación enfrentan cargos diez mujeres, dos de ellas
-madre e hija- las líderes de la organización
quienes se desempeñaban en funciones de gerente o
dueña de punto.

Las demás mujeres acusadas son seis vendedoras y
una corredora (runner), quien es la que lleva y trae la droga
desde donde se guarda hasta donde se vende. El pliego acusatorio
también incluye cargos por poseer armas de fuego durante
la comisión de un delito de narcotráfico. "Los
miembros de la organización llevaban a cabo las
transacciones de droga en presencia de menores de edad y
utilizaban jóvenes menores de 18 años para vender
drogas en los puntos", añadió la fiscal federal.
Mientras, el director interino del FBI, Carlos Cases,
señaló que la organización operaba igual que
un colmado de familia.

"Es lamentable que organizaciones como esta utilicen a
menores de edad para sus negocios" declaró Cases7. De ser
encontrados culpables, los acusados enfrentan una pena
mínima de diez años y un máximo de cadena
perpetua. La magistrada federal Camille Vélez Rivé
celebrará la vista de comparecencia inicial contra 33 de
los 39 acusados que fueron arrestados esta mañana durante
el operativo. Rodríguez Vélez adelantó que
solicitarían que fuesen ingresados a prisión
directamente tras ser acusados por delitos violentos.

Criminalidad en
Puerto Rico

En Puerto Rico se suele hacer referencia al
término crimen como sinónimo de delito, es decir,
aquel acto u omisión que desde el punto de vista
jurídico implica una violación a una ley penal. Se
entiende por criminalidad al conjunto de conductas delictivas
cometidas en un tiempo y espacio determinados. No obstante, desde
el punto de vista criminológico, partir exclusivamente de
la definición legal de crimen (delito) plantea varias
dificultades. Una de ellas es que tanto el concepto de crimen
como el de criminalidad excluyen otros actos que conllevan
violaciones a los derechos humanos y que muchas veces
no son tipificados por ley como delitos.

Las estadísticas del
crimen Para conocer acerca de la incidencia criminal, por lo
general, en Puerto Rico se parte del análisis de los datos
estadísticos sobre los denominados delitos Tipo I. Estos
datos son recopilados por la Policía de Puerto
Rico basados en el sistema de clasificación de las
categorías delictivas incluidas en los informes uniformes
de crímenes del Negociado Federal de
Investigación (FBI ,por sus siglas en
inglés). En este sistema se clasifican los delitos en dos
rubros principales: Delitos Tipo I (ciertos delitos informados) y
Delitos Tipo II (arrestos por las demás delitos). Los
delitos Tipo I incluyen asesinato y homicidio, robo,
violación, agresión agravada, escalamiento,
apropiación ilegal y hurto de auto. Los delitos Tipo I no
informan sobre toda la criminalidad, ya que están
limitados a los siete delitos seleccionados en los años
treinta como los de mayor probabilidad de ser informados. 
En el 2000 se comenzó a implantar un nuevo sistema para
informar la incidencia delictiva en el país:
el Sistema Nacional de Información Basado en
Incidentes (NIBRS, por sus siglas en inglés)
correspondiente a la jurisdicción de Puerto Rico. La
Policía de Puerto Rico cuenta con la Oficina de
Estadísticas de la Criminalidad, cuya función
principal es administrar, recopilar, analizar, revisar, registrar
y controlar los datos estadísticos basados en los informes
de incidentes sometidos. Este sistema incluye 41
categorías, 31 de ellas en Delitos Clase A y 10 en Delitos
Clase B, de las cuales algunas no se usaban como indicadores de
criminalidad en décadas pasadas. Un estudio publicado
por la Oficina de Asuntos de la Juventud en 2002
señala que "estos cambios han producido disloques
informativos difíciles de entender, los cuales no
concuerdan con la percepción pública sobre el
crimen"8. 

Reclama que se revelen las
estadísticas de asesinatos

El senador Cirilo Tirado Rivera
reiteró hoy su reclamo para que el Instituto de Ciencias
Forenses que haga públicas las estadísticas de los
asesinatos en el País para que se puedan conocer los
números reales.

"Es importante comparar el número de
asesinatos registrados en Forenses, con el número que
reporta a diario la Policía. Le solicito nuevamente a
Forenses que haga público esta estadística. El
país tiene derecho a conocer la realidad que vive el
pueblo"9, precisó el senador del Partido Popular
Democrático (PPD).

Tirado Rivera indicó que el diario
The New York Times reseñó algunos de los serios
problemas que han afectado el eficaz desempeño de la
Policía, incluyendo ascensos a aquellos agentes que
participan en los esquemas de manipulación de las
estadísticas del crimen para proyectar una alegada
reducción de los Delitos Tipo I.

"Llevo más de un año
denunciando esta situación y recordándole al
país que fue bajo la administración de
Rosselló que se excluía 1 de cada 5, o sea el 20
por ciento de los asesinatos de los registros estadísticos
del crimen, por eso estoy solicitando las estadísticas de
Forenses"10, sentenció.

El senador aseguró que la excusa que
proveyó el gobernador Luis Fortuño a la periodista
del diario neoyorquino fue que heredó los problemas de la
Policía cuando llegó en 2009 y que estaba
trabajando para corregir las deficiencias, pero que
tomaría años remediar el asunto. "Como siempre el
Primer Ejecutivo rehúye su responsabilidad y pretende
achacarle a las pasadas administraciones el resultado de sus
incompetencias e incapacidad"11, acotó.

Alegó que "Fortuño muy
hábilmente se olvida mencionar que investigaciones
periodísticas detectaron en el 2010 y en el 2011 que en la
actualidad se están manipulando las estadísticas
del crimen para poder argumentar que hay reducción de
Delitos Tipo I"12.

¿Dónde están las
verdaderas estadísticas del crimen?

El Senador del PPD, Cirilo Tirado Rivera, nuevamente le
reclamó al Instituto de Ciencias Forenses que haga
públicas las estadísticas de los asesinatos en el
País. Tirado Rivera, hace más de dos semanas le
solicitó al Instituto los números reales de las
personas asesinadas en Puerto Rico, pero no ha recibido
respuesta.

 "Es importante comparar el número de
asesinatos registrados en Forense, con el número que
reporta a diario la Policía. Le solicito nuevamente a
Forenses que haga público esta estadística. El
País tiene derecho a conocer la realidad que vive el
pueblo", precisó Tirado Rivera13. Tirado Rivera
indicó que un artículo publicado en el New York
Times reseñó algunos de los serios problemas que
han afectado el eficaz desempeño de la Policía,
incluyendo ascensos a aquellos agentes que participan en los
esquemas de manipulación de las estadísticas del
crimen para proyectar una alegada reducción de los Delitos
Tipo I "Llevo más de un año denunciando esta
situación y recordándole al país que fue
bajo la administración de Rosselló que se
excluía 1 de cada 5, o sea el 20 por ciento de los
asesinatos de los registros estadísticos del crimen, por
eso estoy solicitando las estadísticas de Forenses"14,
sentenció el Legislador popular.

 El Senador aseguró que la excusa que
proveyó el gobernador Fortuño a la periodista del
"New York Times" fue que él heredó los problemas de
la Policía cuando llegó en el 2009 y que estaba
trabajando para corregir las deficiencias, pero que
tomaría años remediar el asunto. "Como siempre el
Primer Ejecutivo rehúye su responsabilidad y pretende
achacarle a las pasadas administraciones el resultado de sus
incompetencias e incapacidad"15, acotó.

 "Vemos que Fortuño muy hábilmente se
olvida mencionar que investigaciones periodísticas
detectaron en el 2010 y en el 2011 que en la actualidad se
están manipulando las estadísticas del crimen para
poder argumentar que hay reducción de Delitos Tipo
I.  También se olvida mencionar que a 33 meses de su
administración, los asesinatos y demás delitos han
sufrido un alarmante incremento, que no existe un plan
anticrimen, que ha tenido dos Superintendentes de la
Policía que no han podido dirigir con efectividad esa
agencia y que bajo su administración se le ha reducido
sobre $488 millones al presupuesto de la Policía.  Es
por la incapacidad del gobierno del PNP que ya nadie se siente
seguro en la calle, en los centros comerciales sin en su propio
hogar.  Es hora ya de que Fortuño asuma la
responsabilidad de sus acciones desacertadas y de su incapacidad
para gobernar"16, precisó el senador Tirado
Rivera.

Conclusión

Yo he llegado a la conclusión
haciendo este trabajo que el uso de drogas no es un
fenómeno nuevo; el conocimiento y el uso de las
drogas, son probablemente, tan antiguo como el hombre mismo.
El hombre primitivo en busca de alimentos  en praderas
y bosques descubrió ciertas plantas que
parecían poseer misteriosos poderes, capaces de alterar su
percepción o su estado de ánimo.
Una droga puede definirse, en general, como toda
sustancia que al ser introducida al cuerpo produce
un cambio temporal o permanente en las
funciones fisiológicas, en los sentimientos o en
la conducta. La droga se ha convertido en el amo, antes que
en el servidor. Es decir, que el consumo de drogas
ya no está bajo el control del
usuario.

En todo el mundo las personas están preocupadas
por los peligros que representan el uso de alcohol y
otras drogas sobre todo en los jóvenes.
Las encuestas de opinión
pública han señalado repetidamente la
intolerancia general al uso de alcohol por parte de los
jóvenes y al uso de drogas ilegales por parte de cualquier
persona. El uso del alcohol y de drogas ilegales han destruido
familias y han bañado de sangre nuestras calles y
vecindarios. Estos problemas también han
invadido los lugares de trabajo y centros
comerciales.

Citas

1 Edgar Vega Pabón; Abogado Criminalista

2 Salvador Santiago; Presidente de la comisión para el
Estudio de la Criminalidad y las Adiciones

3 Pedro Toledo; Ex Superintendente de la Policía de
Puerto Rico

4 Emilio Díaz Colón; Superintendente de la
Policía de Puerto Rico

5 Emilio Díaz Colón; Superintendente de la
Policía de Puerto Rico

6 Rodríguez Veléz

7 Carlos Cases; Director Interino del FBI

8 Oficina de Asuntos de la Juventud

9 Cirilo Tirado Rivera; Senador del PPD

10 Cirilo Tirado Rivera; Senador del PPD

11 Cirilo Tirado Rivera; Senador del PPD

12 Cirilo Tirado Rivera; Senador del PPD

13 Cirilo Tirado Rivera; Senador del PPD

14 Cirilo Tirado Rivera; Senador del PPD

15 Cirilo Tirado Rivera; Senador del PPD

16 Cirilo Tirado Rivera; Senador del PPD

Autor:

Vilmarie Soto
Rodríguez

Criminología 205

Prof. José Gierbolini

10/10/2011