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Terrorismo de estado y genocidio, por las Fuerzas Armadas del Perú

Enviado por jesús Toledo



  1. El Genocidio de Putis (Perú)
  2. Cayara, Cceschua y Erusco
  3. Las esterilizaciones forzadas
  4. La autoría de los genocidios en el Perú
  5. Referencias

Criaderos de chanchos que eran alimentados con carne humana proveniente de los subversivos sacrificados, hornos gigantescos para incinerar a los prisioneros asesinados, experimentos de tortura inhumana, es el recorrido de la accionar militar en la guerra contrainsurgente que puso en ejecución el Estado peruano para contener la lucha subversiva en el Perú. Esta es la forma como el Estado peruano aplicó durante dos décadas su estrategia contrainsurgente. Entre 1983 y 1990, funcionaron en Ayacucho centros de tortura y extermino de prisioneros que manejaron las Fuerzas Armadas y el Estado peruano. Pocos son los que salieron vivos del cuartel "Los Cabitos", la Casa Rosada", y de otros lugares de tortura instalados en Ayacucho. "Guerra sucia" la llamaron algunos como subterfugio para encubrir la naturaleza criminal de la accionar militar en la lucha contra la subversión. El 29 de diciembre de 1982 el gobierno de Fernando Belaunde, con la complacencia del Congreso de la República integrado por todos los partidos políticos, incluida la izquierda legal (Izquierda Unida), decretó el ingreso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la guerrilla maoísta que en ese tiempo estaba ubicada principalmente en la región de Ayacucho. Esta decisión, que algunos la calificaron de decisiva para el país y la "democracia", ensangrentó el Perú, cuyo saldo de dos décadas de militarización fue cerca de 70 mil muertos a causa de la aplicación de los planes y estrategias diseñadas por el Estado y sus fuerzas represivas en la guerra contrainsurgente. Con la complicidad de medios de comunicación, de periodistas, de parlamentarios, de partidos políticos, del poder judicial, e incuso de la Iglesia Católica del Perú, pueblos enteros y miles de ciudadanos peruanos fueron masacrados y eliminados por las fuerzas del orden.

El general del ejercito Clemente Noel Moral fue el primer Jefe Político Militar designado por el gobierno para que ponga en ejecución los planes antisubversivos. Noel al frente la de la Segunda División de Infantería, se instaló en el cuartel "Los Cabitos" en Ayacucho, desde donde dio órdenes de muerte y sacrificio de toda persona sospechosa de pertenecer a las filas de la subversión maoísta. En el cuartel "Los Cabitos, como parte de la estrategia contrainsurgente, se puso en funcionamiento un centro de torturas y crímenes de prisioneros. Se construyó un horno gigantesco donde se incineraban los restos mortales de los detenidos. Al costado y al mismo interior de los cuarteles militares se instalaron criaderos de chanchos, los que eran alimentados con los restos humanos de los presuntos subversivos asesinados. Recientes investigaciones de instituciones de derechos humanos del Perú han constatado que en este horno más de 300 personas fueron incineradas bajo el propósito de borrar cualquier rastro de su paso por los centros de tortura. La Fuerza Armada improvisó también cementerios clandestinos, donde se sepultaban las victimas de torturas y de aniquilamiento. Anexo al cuartel "Los Cabitos", funcionó desde 1983 hasta la mitad de la década del 90, la "Casa Rosada", también regida por la Fuerza Armada: era un centro de torturas y crímenes, donde de acuerdo al testimonio de un agente del ejército que participo en esas orgías de sangre (2), los militares aniquilaron a por lo menos mil subversivos.

Tanto en el cuartel "Los Cabitos", como en la "Casa Rosada", los métodos de tortura aplicados por los militares estaban dirigidos a hacer sufrir indescriptiblemente al prisionero. La "colgada", la "tina", la "electricidad", el "vuelo", la "dieta", y la "compasión", fueron de uso corriente en las torturas que inflingieron los militares contra sus victimas.

En el caso de "la colgada", la victima era amarrada de los brazos hacia atrás para ser suspendida en al aire. Una vez en el aire recibía golpes con objetos contundentes. La masacre duraba hasta que el prisionero perdía el conocimiento. Muchas veces los huesos de los brazos de la victima se quebraban por el esfuerzo de estar suspendida en el aire o por los golpes que recibía.

"La tina": esto significaba que el prisionero era amarrado de los brazos y se le sumergía en una especie de tina repleta de agua, que en el mayor de los casos era mezclada con suciedad o con detergente. Todo era calculado para que la victima al ser sumergida en "la tina" bebiera cantidad de agua hasta vomitar. Sólo era sacada a la superficie cuando sus pulmones estaban a punto de explotar. El plan de tortura era no matar al prisionero en un día y menos en una sólo sesión. Cuando más resistía era mejor para ablandarlo, y quizás soltaba alguna información que interesaba al verdugo.

"La electricidad", se aplicaba en seco o con el cuerpo mojado. La victima, mujer u hombre, era desnudada y se le amarraba sobre una "mesa de trabajo". Las descargas eléctricas se aplicaban de preferencia en los dientes, en los genitales y en el ano. En algunos casos los cables de electricidad eran introducidos en heridas abiertas que tenia el prisionero. Este método era sumamente doloroso, y muchas veces, cuentan los mismos verdugos, los prisioneros se desvanecían desde el primer shock eléctrico.

"El vuelo" era un método mas sofisticado y se necesitaba, aparte de los instrumentos manuales de tortura, un helicóptero. La victima en este caso, era torturada en uno de los centros militares, y después de ello era conducida a "dar una vuelta" en helicóptero. El prisionero era amarrado de los pies con cables de naylón muy resistentes y en pleno vuelo era arrojado al vació. Ahí en el espacio su vida dependía del cable con el cual estaba sujetado y de la resistencia de los huesos de sus pies. Si las amarras que sujetaba a la victima no estaban bien hechas, y los pies se deslizaban fuera del nudo de la cuerda, era el fin del prisionero. El "vuelo" podía durar el tiempo que les daba la gana a los torturadores. El helicóptero militar daba vueltas en redondo encima de altas colinas andinas y la sentencia de muerte podía darse cuando los militares cortaban los cables que sujetaban al prisionero.

Testimonio de Esteban Canchari Cacñahuaray, uno de los pocos prisioneros sobrevivientes del cuartel Los Cabitos: Ayacucho, 1983. "Al llegar al Cuartel Los Cabitos (...) permanecí cerca de un mes, en que fui sometido a diversos abusos: Me ataron las manos hacia atrás y me colgaban, me golpeaban severamente, me sumergían en una tina con agua, me aplicaron descargas eléctricas en el ano, entre otras clases de torturas. Me maltrataban de dos a tres veces por semana. El tiempo de las torturas era oscilante entre una hora a varias, hasta perder el conocimiento. (...) En dos oportunidades fui colgado de un helicóptero en vuelo, atado con una soga mientras con el pie era balanceado como un columpio durante aproximadamente tres minutos... pude percibir que frente a mi celda había otras personas detenidas, las cuales gritaban y se quejaban de dolor...". (Comisión de la Verdad y Reconciliación, agosto de 2003. Declaración testimonial de Esteban Canchari Cacñahuaray. Testimonio reservado).

"La dieta" era simple, pero tan mortal y dolorosa como los otros métodos de tortura. En este caso el prisionero era recluido en un pequeño espacio oscuro, y aislado completamente del mundo exterior. Durante días y semanas no recibía ningún tipo de alimento y solo tenía derecho a un poco de agua, que en algunos casos expresamente era contaminada con suciedad. Algunos prisioneros que sobrevivieron a este suplicio cuentan que, después de algunos días sin comer y sólo bebiendo agua podrida, perdían cualquier resistencia física y mismo la voluntad de vivir. La diarrea y el hambre era el preámbulo de la muerte final.

"La compasión" es un método de tortura psicológica: Se refiere a torturar a un familiar del prisionero acusado de subversivo. Podía ser la esposa, el hijo, la madre o padre de la víctima quienes eran detenidos y torturados brutalmente para "ablandar" al subversivo preso. El prisionero estaba obligado a mirar y escuchar los gritos y lamentos de tortura que infligían a su ser querido. Este método de tortura, "la compasión", fue aplicado por primera vez en Perú por los españoles en el siglo XVIII, cuando los colonialistas tuvieron que enfrentar uno de las rebeliones indígenas más grandes del continente americano. El 18 de mayo de 1781, Túpac Amaru, antes de que le corten la lengua, y que lo amarren a cuatro caballos para que lo descuarticen, fue obligado por los jueces españoles a presenciar el suplicio, la tortura y muerte atroz de sus hijos y de su valerosa esposa Micaela Bastidas. También tuvo que ser espectador de la muerte de sus principales jefes de su ejército de liberación.

Un caso más reciente data de julio de 1983 cuando un comando del ejército peruano ingresó violentamente en el domicilio de Edgar Noriega Ascue, ubicado en la ciudad de Huamanga. Casi desnudo lo sacaron de su casa y lo llevaron al cuartel "Los Cabitos". Los militares lo acusaron de ser "cabecilla de Sendero Luminoso". Bajo el cargo de senderista lo torturaron para que "entregue información". Olga Gutiérrez, su esposa también fue detenida, y a pesar que estaba embarazada, la torturaron para que Edgar Noriega, "reconociera su militancia en el Partido Comunista del Perú (PCP). Olga Gutiérrez, en su testimonio entregado a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), señala que fue llevada al cuartel Los Cabitos donde los militares del Ejército peruano la torturaron por varias horas y que "luego de aproximadamente cuatro horas soy sacada y conducida nuevamente al otro cuarto para que me interroguen. Allí ante mi negativa de aceptar los cargos que me formulaban soy golpeada increpándome: «ahora vas a escuchar una voz». En ese momento escucho los gritos de dolor de mi esposo Édgar Noriega Ascue, que era torturado [...] a él le empiezan a interrogar para que acepte la acusación de ser terrorista. Al negarse mi esposo en aceptar dichas acusaciones le dicen con groserías: «ahora vas a escuchar», y a mí me empiezan a torturar con golpes de puño en la espalda y en la cabeza y me rompieron ambos brazos". Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), informe agosto 2003).

Lo métodos de tortura aquí mencionados, no son suficientes para describir el destino que le esperaba a una persona sospechosa de pertenecer a la subversión que por desdicha caía en manos de militares o policías. Hubieron otras formas de tortura aplicadas tanto por la Fuerza Armada del Perú, como por las Fuerzas Policiales. Por ejemplo, el "suero de la verdad" (en su versión peruana), fue una invención de los militares. Este método estaba dirigido a hacer sufrir al extremo a los prisioneros antes de matarlos. Se trataba de un veneno intravenoso que afectaba el cerebro y las articulaciones. Una dosis bastaba para que el prisionero tuviera una muerte lenta, atroz y dolorosa. Jesús Sosa Saavedra, un ex miembro del ejercito peruano que participó en los centros de tortura en Ayacucho, cuenta el caso de una de las victimas. Se llamaba Javier, y era delgado pero sólido. Tenía 30 años y fue capturado en 1984 cuando se dirigía de Lima a Ayacucho. Lo acusaban de ser un enlace entre la dirección del Partido Comunista del Perú (PCP) y las fuerzas guerrilleras en la región ayacuchana. En los primeros días de cautiverio fue torturado, y lo colgaron de los brazos. Casi lo ahogan en una tina de aguas infectas de suciedad, y le pusieron cables eléctricos en las partes genitales. No habló nada, y eso hizo que su estadía en el cuartel "Los Cabitos" terminara rápido pero con grandes sufrimientos. El comandante Ejército Peruano Jorge Contreras decidió probar con este prisionero una inyección letal que según él podía acabar con la victima en cinco minutos. ¿Me van a matar, dijo el prisionero?. No, dijo el comandante Contreras, sólo te vamos a inyectar esto que es el suero de la verdad, porque queremos saber si nos has dicho la verdad, -mintió el militar- (Libro "Muerte en el Pentagonito", 2004. Autor Ricardo Uceda. La publicación narra, la actuación de las fuerzas armadas del Perú en la guerra contrainsurgente).

De acuerdo al relato de Sosa, el "suero de la verdad" fue inyectado en el brazo derecho de la victima. Las convulsiones comenzaron con violencia, y cayó por tierra. Emitía gemidos y se contorsionaba con dolor. Se arrastraba por el piso en medio de vómitos y alaridos. Había perdido cualquier control de si mismo, y en ese trance miraba con desesperación. Daba saltos y sus movimientos eran tan violentos que entre todos lo sacaron afuera porque la pieza en la que estaba quedaba chica para sus violentas contorsiones. Así estuvo por más de 10 minutos y no moría; por el contrario parecía que el sufrimiento cada vez era peor. Jesús Sosa, cuenta que "se acercó al agonizante. Le buscó el rostro y lo que vio fue una mirada llameante, tan intensa que lo persiguió durante años. Sus ojos sin parpadear, lo buscaban con desesperación. Sus orbitas estaban completamente abiertas mientras seguía sacudiéndose. Sosa, que nunca había sentido compasión con sus victimas, sacó su pistola y sin pensarlo, le disparó a la cabeza. "No hay por qué joderlo tanto", dijo Jesús Sosa (3).

Ese no fue el único caso de "inventos" para asesinar prisioneros. Según otro relato de Sosa, era 1984 y él se encontraba en esos momentos en la "Casa Rosada". Los militares habían capturado a un joven con la pinta de pertenecer a la subversión. Era de estatura baja pero fuerte. La tortura no le hizo ningún efecto y se cerró en un mutismo que exasperó a sus verdugos. A unos de los agentes se le ocurrió usar al prisionero para probar la resistencia de los chalecos antibalas regalados por el ejército argentino. Había dudas de la resistencia y calidad de los chalecos. La noche era despejada y clara. Trajeron al prisionero y le colocaron un chaleco antibalas color azul. Lo sacaron al exterior de la casa y con una cuerda lo sujetaron a un árbol. El militar que organizaba la "fiesta" contó 25 pasos alejándose desde donde estaba amarrado el joven "subversivo". Con el pie hizo una raya en el suelo y señalo que desde ahí dispararían las pistolas. Siguió contando sus pasos, y cuando llegó a 50 dijo que era la marca para las metralletas. "La fiesta ha comenzado", gritó, al mismo tiempo que desenfundaba con rapidez su arma. Eran 8 militares y querían probar balas de revolver Colt calibre 38 y pistolas Browning de 9 milímetros. Había también fusiles de guerra FAL y HK G3. Como recuerda Sosa, esta ejecución "fue un ejercicio corto. Cuando el primer tirador disparo una pistola desde los 25 pasos, el cuerpo impactado dio un brinco, y la cabeza cayó hacia un costado. Un agente fue hasta el cuerpo vencido del senderista. "Yo creo que este cojudo ya esta frito", dijo. Examinó el chaleco y "vio que la bala lo había perforado como si fuera un bizcocho". Jesús Sosa, que también participó en esta orgía de sangre, declaró que los tiradores de pistola siguieron disparando a pesar que el subversivo sacrificado no daba ninguna seña de vida. Los soldados con metralletas no quisieron perder la oportunidad de disparar a un cadáver, y desde los 50 pasos dispararon con placer. Estas armas de guerra de grueso calibre lanzaron ráfagas, hicieron que el cuerpo inerte sin vida bailara de un lado para otro al compás de las balas. La sangre corría por sus pies como serpenteando el suelo. "Estos chalecos argentinos son una mierda" dijo Jesús Sosa, en señal de haber terminado la prueba de los chalecos argentinos y ejecución del joven subversivo.

Con las prisioneras había otro trato, pero no mejor al que se daba a los prisioneros varones. Ellas antes de ejecutarlas eran violadas en grupo por los soldados. Si alguna prisionera ponía resistencia era violentamente tratada y asesinada inmediatamente. Era mediados de 1984, dice Sosa, y había un grupo de siete mujeres jóvenes prisioneras. Ellas iban a ser liquidadas en los próximos días. Todo había sido planificado con anticipación, incluso quiénes serian los ejecutores y el lugar donde serian enterradas. Un grupo de agentes pidió permiso al mayor Bertarelli, para "tomar" a las prisioneras, "que de todas maneras serian ejecutadas". Entre los argumentos que dieron al oficial, señalaron que por ellas nadie reclamaría y si lo hacían ya no serviría de nada por que estarían bajo tierra. Bertarelli aceptó, y todas las prisioneras fueron violadas hasta la medianoche. Al siguiente día muy de temprano fueron eliminadas con un tiro en la cabeza cada una. Las enterraron en dos fosas comunes, una de a tres y otra de cuatro.

Un testimonio de lo que se hacía en el cuartel "Los Cabitos" viene de una victima de esos horrores. Se llama Canchario, y al momento de su suplicio era profesor en Soccos, donde una patrulla de "Sinchis" (policías) asesinaron a 69 personas en agosto de 1983. Este testimonio, que hemos tomado del diario El Comercio (Lima 7 de Marzo de 2006) explica con exactitud los horrores que padecían los civiles detenidos que llegaban a este cuartel. "Ya no soy normal, no puedo dormir, tengo miedo". Él fue torturado salvajemente en 1983 en el cuartel Los Cabitos: "Yo era profesor en el distrito de Soccos. Llegaron a mi casa y me sacaron. Me rebuscaron, decían que yo era comunista cuando yo era de Acción Popular (4). Querían que firmara una declaración echándome la culpa de la muerte de unos policías. Me patearon las costillas, me destrozaron a golpes, me mandaron a lo que llamaban pollos a la brasa, con ganchos, me colgaron y amarraron los pies con sogas y me siguieron castigando hasta que me rompieron la nariz y el brazo izquierdo. Me metieron después a un cilindro y casi me ahogan". Como da cuenta la misma victima, mientras que estuvo en las instalaciones del cuartel Los Cabitos, "vi. cómo violaban a las mujeres y las metían en sacos y se las llevaban en helicópteros para arrojarlas en alguna quebrada". Canchario al final de cuentas, tuvo mejor suerte que cientos de prisioneros, y fue dejado libre. Un año y medio después, en 1985, su hijo Prisciliano Canchari, apenas de 18 años fue secuestrado por los militares y llevado al mismo cuartel donde él fue torturado. Su hijo nunca salió de ahí, y hasta la actualidad él sigue buscando sus restos mortales enterrados seguramente en algún cementerio clandestino de Ayacucho.

Notas: (2). Jesús Sosa Saavedra, sub oficial del ejercito y ex miembro del Servicio de Inteligencia Militar. Su carrera de miembro de Inteligencia se inició durante el gobierno de Fernando Belaunde (1980-1985). En 1983 hasta 1990 estuvo destacado en la "Casa Rosada" y participó en cientos secuestros, torturas y asesinatos. Con el gobierno de Alan García Pérez (1985-1990) siguió su carrera criminal en el seno del ejército y grupos paramilitares. En el periodo del régimen de Alberto Fujimori, Sosa fue integrante del grupo "Colina", y desde ahí participó en decenas crímenes clandestinos de estudiantes, trabajadores, profesores, campesinos y otros. Jesús Sosa fue entrevistado para el libro "Muerte en el Pentagonito", del periodista Ricardo Uceda publicado en 2004. (3). El testimonio de Jesús Sosa Saavedra ha sido tomado del libro "Muerte en el Pentagonito, 2004. Autor Ricardo Uceda. La publicación narra, la actuación de las fuerzas armadas del Perú en la guerra contrainsurgente. (4). Accion Popular (AP) es un partido de la gran burguesía peruana. Su fundador y líder fue Fernando Belaunde Terry que fue dos veces presidente del Perú. Su primer gobierno fue 1963-1968, y su segunda administración transcurrió en el periodo 1980-1985.

El Genocidio de Putis (Perú)

Ejecución extrajudicial de más de un centenar de campesinos de Putis: en Diciembre de 1,984, los efectivos militares del Ejército Peruano,acantonados en la Base Militar de Putis (Ayacucho), recibieron a los pobladores que llegaron a Putis y los reunieron en el local donde funcionaba el colegio, juntándolos con otros pobladores a quienes los soldados habían sacado de sus viviendas. Les aseguraron, con engaños, que a partir de ese momento les darían protección y colaborarían con ellos en diversas obras para mejorar la calidad de vida de la población. Con ese pretexto los militares ordenaron a los varones, apuntándolos con sus armas, que caven una gran poza; a algunos les dijeron que era para construir una piscigranja en la que criarían truchas, mientras a otros, les aseguraron que allí construirían casas. Mientras los varones cavaban la supuesta "piscigranja", los militares en una estancia se dedicaban a violar a las mujeres (y que más tarde serían asesinadas).

Cuando estuvo lista la supuesta piscina, los efectivos militares reunieron al centenar de pobladores alrededor de la poza, entre los que habían hombres, mujeres y niños, y sin mayor explicación les dispararon a matar. Nadie podía escapar, porque los efectivos militares los tenían cercados apuntándoles con fusiles de largo alcance. Los militares asesinaron así, a más de cien pobladores, la mayoría de ellos, niños, y luego los enterraron en la fosa que los habían hecho cavar. En dicha fosa común, se han hallado numerosos cadáveres de niños de uno y dos años, e inclusive, de fetos, todos ellos, asesinados por la patrulla del Ejército Peruano que efectuó este operativo. Los asesinaron porque tenían sospecha de que estaban vinculados a la subversión; además, para lucrar con el producto de la venta del numeroso ganado de propiedad de los campesinos que, luego de los hechos, comercializaron en Marccaraccay. Los militares cubrieron los cadáveres que se encontraban en la fosa con tierra y piedras. Otra parte de las víctimas habría sido sepultada al interior de un aula en la escuela.

A veintiocho años de lo ocurrido, tanto los ejecutores de este genocidio, como los autores mediatos, ninguno ha sido castigado, gozan de impunidad y gozan de la protección del estado peruano.

Cayara, Cceschua y Erusco

El General José Valdivia Dueñas, Jefe del Comando Político-Militar de Ayacucho, dispuso la operación "Persecución". En esta operación, doscientos efectivos del ejército Peruano, al mando del Mayor Miguel Nájar Acosta,irrumpieron, el 14 de Mayo de 1,988, en la localidad andina de Cayara buscando subvesivos. Violentaron puertas, robaron e incendiaron viviendas. Dichos efectivos asesinaron a cinco pobladores que se encontraban en el templo, donde se celebraban las festividades de la virgen de Fátima. En Cachuaypampa, ubicada en la quebrada de Cceschua, los militares, interceptando a los campesinos que se encontraban realizando sus faenas agrícolas,los reunieron por la fuerza. Luego, los efectivos militares, armados de hachas, segadoras y machetes, asesinaron a veinte campesinos varones. Esto, pese a las súplicas de sus víctimas y el llanto de sus niños que clamaban por la vida de sus padres.

Posteriormente, y dentro de la misma operación "Persecución",una patrulla del ejército asesinó a tres pobladores en la puna de Erusco. Todos estos crímenes los produjeron los militares contra civiles desarmados, arrancados del interior de sus viviendas o de sus chacras, incapaces de defenderse, y sin que mediara enfrentamiento alguno.

Los efectivos militares, luego de este operativo, desaparecieron evidencias:

1-Desenterraron los cadáveres de sus víctimas, y los trasladaron hacia las zonas altas de la comunidad, en su afán de borrar las huellas del delito.

2-Eliminaron a la totalidad de los testigos: del 29 de Junio de 1,988 al 18 de Setiembre de 1,989, asesinaron uno a uno a los testigos, sacándolos por la fuerza de sus domicilios o interceptándolos.

Participaron en estos crímenes, además de los ya mencionados, el Capitán E. P. Enrique Majluf Vivanco, el Teniente E. P. Alejandro Avendaño Dávila, el sargento Saúl Gamboa Reynaldo, entre otros. Ninguno ha sido procesado, y todos gozan de libertad.

Las esterilizaciones forzadas

"A mí me esterilizaron a la fuerza y hasta hoy sufro las consecuencias" FUENTE:http://www.larepublica.pe/26-04-2011/mi-me-esterilizaron-la-fuerza-y-hasta-hoy-sufro-las-consecuencias-0 Testimonio de Sabina Huilca, una de las víctimas de la planificación familiar efectuada por el presidente Alberto Fujimori. El Ministerio Público archivó el caso de las esterilizaciones forzadas durante el fujimorato.

"Luego de haber dado a luz a mi cuarta hija, me fui al centro de salud de Izcuchaca (provincia de Anta, Cusco), donde, luego de recibir la atención del médico, éste me dijo que ya no tuviera más hijos y que me hiciera el AQV (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria). Me negué y me respondió "Tonta, vas a tener más hijos y no podrás criarlos. De pronto una enfermera me coloca una inyección. Yo no sabía que era anestesia. Al despertar tenía los pies y las manos atados con vendas en la cama, como animal. Después me di cuenta de que me estaban cosiendo", relata Sabina Huilca Cóndor, una de las víctimas de la esterilización forzada ejecutada por el gobierno de Alberto Fujimori como parte de su estrategia para reducir la pobreza: ""¡Qué me han hecho!", grité. "Ya vamos a terminar", me contestó el médico que me cosía. Ya me habían malogrado (esterilizado) Yo me puse a llorar. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. ¿Por qué? Porque a mí me esterilizaron a la fuerza y hasta hoy día sufro las consecuencias. Es imposible que lo olvide".

Víctima del plan fujimorista.

Sabina Huilca, ahora con 41 años, había cumplido 21 cuando, sin su consentimiento, los médicos del Ministerio de Salud la esterilizaron de acuerdo con un plan aprobado y alentado por Fujimori. Desde hace más de dos décadas las víctimas de la política de planificación familiar del fujimorato han intentado infructuosamente que se castigue a los autores intelectuales y materiales. No obstante que en el 2003 el Estado peruano se comprometió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a investigar y sancionar a los responsables, el 26 de mayo del 2009 el fiscal Jaime Schwartz Azpur archivó definitivamente el caso.

Se estima que son 2,022 las mujeres a quienes el estado peruano afectó de por vida. El estado peruano se niega a inculpar y procesar a los responsables.

"En noviembre último hubo una reunión de trabajo en Washington de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de la cual difundió un comunicado condenando al Estado peruano por mantener la impunidad de los casos de esterilización forzada", explicó Rossy Salazar.

Entre los acusados se cuenta al ex ministro de Salud Alejandro Aguinaga Retuerto. Aguinaga es médico personal del ex presidente Fujimori.

"Yo quisiera olvidar pero no puedo. Es imposible. Me hicieron daño de por vida, a mi y muchas mujeres más", afirmó Sabina Huilca, de la comunidad campesina de Huayllaccocha, Cusco.

Cifras:

2,022 son las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas entre 1996 y 1998. 300 mil esterilizaciones se hicieron como parte del programa fujimorista.

Hace una década Estado del Perú aceptó su culpa

En 2003, el Estado del Perú y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos firmaron un acuerdo amistoso en relación con el caso de la campesina Mamérita Mestanza, muerta en 1998 luego de aplicársele la esterilización sin su autorización.

En esa ocasión, el Perú reconoció los abusos que se cometieron en la aplicación del programa de planificación familiar y prometió investigar y castigar a los responsables

El Estado peruano ha documentado la realización de 300 mil esterilizaciones. La Defensoría del Pueblo ha reportado más de dos mil casos de esterilizaciones forzadas, la mayor parte en el contexto del "estado de emergencia" para combatir al terrorismo.

La autoría de los genocidios en el Perú

Los genocidios perpetrados en el Perú en los años 80"s y 90"s no fueron accidentales o actos de unos cuantos elementos descarriados de las Fuerzas Armadas y Policiales peruanas, como propagandizan los gobiernos de turno desde Belaunde al gobierno actual de Ollanta Humala. Estos argumentos son refutados por los mismos autores y protagonistas. El acusado Presidente García Pérez y el principal ejecutor del genocidio del Frontón almirante Luis Giampietri sostienen que los asesinatos en masa de campesinos desarmados en la sierra peruana y de presos políticos en los penales fueron "combates" regulares. Con este argumento el intento de genocidio de García Pérez y su vice-presidente está establecido. García declaró en una reunión-desayuno en la víspera del genocidio del Frontón (Junio de 1,986): "Qué pasa si nos bajamos a todos? Nada pues". Hizo similar aseveración durante un Consejo de Ministros la noche anterior de la masacre. Por lo tanto, los genocidios en el Perú fueron implementados bajo la dirección explicita y tacita de las autoridades del Estado para "combatir" a los enemigos del viejo orden. Cuando Giampietri dice que derribó las paredes del Frontón para enterrar vivos a presuntos "terroristas" por orden del Viceministro Agustín Mantilla, establece la responsabilidad del gobierno aprista en representación del Estado.

Las pruebas del intento de las autoridades de exterminar físicamente en forma consistente a sospechosos de pertenecer o simpatizar con el Partido Comunista del Perú (PCP) no son circunstanciales sino conclusivas. Considerando que las cárceles y las comunidades campesinas eran centros de resistencia popular, la orden expresa del gobierno aprista era "ANIQUILAR toda resistencia" como testimonia Giampietri; y la forma más efectiva y superior del aniquilamiento en masa de enemigos políticos, es el genocidio. Pero no solo fue el Estado que pedía abiertamente el aniquilamiento de senderistas sospechosos (libres, presos e inocentes) por los escuadrones de la muerte del Estado, sino también la prensa "independiente" y "democrática" que coordinaba (y sigue coordinando) con el Estado en las labores de guerra sicológica contra el pueblo peruano. El periodista César Hildebrand, siempre pedía:"limpien el VRAE (allí viven cerca a medio millón de personas!)". Un llamado semejante al de la Alemania Nazi, como lo prueba la obra Mein Kampf de Hitler y la prensa de Goebbels, donde promovían la eliminación física de las personas.

El almirante Luis Giampietri ha seguido sirviendo a los gobiernos de García Pérez y Fujimori (el Apro-fujimontesinismo). Al primero como ejecutor principal del genocidio del Frontón (y posteriormente su vice-presidente) y al segundo como enlace de Montesinos para los sobornos de la trasnacional chilena "Luccheti". Fue candidato a regidor de la Municipalidad de Lima en la lista del fugitivo Hurtado Miller que recibió un millón de dólares del Servicio de Inteligencia Nacional.

Luis Giampietri y los altos mandos castrenses, piden impunidad sólo para los miembros de las Fuerzas Armadas encausados por crímenes. Ellos declaran: "hemos sido juzgados, sentenciados y sobreseídos de la causa." (La Republica, 26-12-2005). Pero lo que ignoran estos personajes es, que de acuerdo a la ley internacional los crímenes de guerra no pueden ser sobreseídos (no tienen estatutos de limitación).

La Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuyos miembros en su mayoría estuvieron involucrados como ONGs en la guerra contra subversiva desde los 80"s, casi todos financiadas por el imperialismo, hizo el papel de juez y parte. Minimizaron el rol genocida del Estado a solo unos "excesos" de algunos "militares descarriados". Por otro lado le imputo al grupo rebelde 35,000 muertos para preservar la "buena imagen" de las FFAA y policiales. Así trataron de voltear la mesa y presumir que el movimiento revolucionario era el agresor y el viejo Estado la víctima. Con este propósito, manipularon los datos, inflaron las cifras de victimas (ya documentadas con anterioridad), tergiversaron los argumentos del movimiento maoista y finalmente torcieron los testimonios de 17,000 personas que lograron entrevistar. Por ejemplo, cogieron unas líneas de un documento público del Partido Comunista del Perú que describe brevemente la acción guerrillera en Lucanamarca donde causaron decenas de bajas a las rondas paramilitares (las masas nucleadas y usadas como parapetos por el ejército).

Pero no reportaron que como represalia a esta acción subversiva, las Fuerzas Armadas aniquilaron esa comunidad campesina (la desaparecieron del mapa). La Comisión de la Verdad y Reconciliación, sin proponérselo, reconoce que la revolución peruana fue dirigida por un Partido Comunista, reconoce que esa revolución fue esencialmente una guerra campesina en el cual 3 de 4 victimas eran campesinos quechua-hablantes (Prefacio del Reporte de la CVR). Pero el mismo documento del PCP que la CVR cita una y otra vez, presenta una estadística clara de sus acciones guerrilleras comparada a la de las Fuerzas Armadas. El 99% de los crímenes son atribuidos al Estado.

El aniquilamiento selectivo efectuado por la guerrilla maoísta sólo llega al 1% del total (acciones guerrilleras y el sabotaje económico). Por otro lado, demuestra que la aniquilación y el arrasamiento de comunidades campesinas eran parte de la estrategia contra-subversiva del estado peruano. Junto a ello el cautiverio de poblaciones indefensas en nucleamientos militares (las llamadas liberaciones de bases senderistas), el maltrato sistemático, el asesinato en masa como forma de exterminación y el odio de clase para infundir temor y terror, fueron parte de la doctrina contrainsurgente. Pero para demostrar lo contrario y tapar los genocidios del Estado, la Comisión de la Verdad y Reconciliación no tenía otra alternativa que fabricar cifras abultadas de victimas imaginarias con el fin de achacárselas a los rebeldes. Para tal propósito contrataron al Dr. Bell, un experto en interpolaciones estadísticas seudo-científicas que trabajo para EEUU en Kosovo, Bosnia e Iraq. La Comisión de la Verdad y Reconciliación fabricó censos apócrifos para justificar el numero de víctimas imaginarias atribuidas al Partido comunista del Perú, que fue denunciado por varios investigadores sociales.

El genocidio en Perú, no fue desborde accidental de uno que otro militar desquiciado o con instintos criminales: fue toda una política de estado, diseñada en las más elevadas esferas políticas del estado peruano: la prueba está en lo siguiente: las matanzas se regían por el mismo patrón: torturar a los prisioneros, violar a las mujeres, y desaparecer el cuerpo del delito: para esto, los militares o desnudaban a los prisioneros antes de la matanza, para dificultar la identificación, o bien, quemaban los restos en algún horno crematorio implementado para el efecto, o los enterraban en fosas comunes cubiertas con cal, para que no emanaran mal olor, o bien, los sepultaban en tumbas clandestinas como N.N. Además, agréguese la negativa de los mandos militares a dar cuenta del paradero de sus víctimas. Otro rasgo: la eliminación física que los victimarios efectuaban de cuanto testigo pudiera quedar con vida, y por último, negar su autoría en estas matanzas. Este patrón común aplicado por las "fuerzas del orden" en las matanzas, es el que aplicaron los militares -y policías- en Uchuraccay, Putis, las fosas comunes de Pucayacu, Cayara, Pomatambo, Accomarca, Umaru, Bellavista,Lloqllapampa, Chumbivilcas, Aucayacu, el Pabellón Británico del Penal de Lurigancho en 1,985,los penales en 1,986,el operativo "Mudanza 1" del penal de Castro Castro en 1,992, La Cantuta, Barrios Altos...etc. etc. Los militares pues, obedecían a toda una estrategia de exterminio diseñada en los más altos mandos políticos del estado peruano.

Acusar de crímenes de guerra a movimientos revolucionarios, criminalizar las protestas populares, es vieja táctica del imperialismo para desacreditarlas ante la opinión publica mundial. Tal como lo hacen contra el Partido Comunista del Perú,lo hicieron en el Congo con el movimiento revolucionario de Kabila, con Hamas y la Intifada en el Medio Oriente, con los maoístas en Nepal, el ERI en Irlanda, etc. Hasta se atreven a comparar a los maoístas peruanos con Pol Pot de Camboya. Esta comparación grosera es negada inclusive por el senderólogo Scott Palmer de Harvard: Los crímenes atribuidos a Pol Pot presuntamente se cometieron cuando estaba en control del Estado (si lo hubo fue terrorismo de Estado), la ideología de Pol Pot era nacionalista (persiguió a sus ciudadanos de origen chino y musulmán) y el Khmer Rouge no era un Partido Comunista. Nadie puede negar que el Partido Comunista del Perú fue autor de aniquilamientos (especialmente como respuesta a los genocidios del Frontón en 1986 y Castro Castro en Mayo de 1,992), pero esos episodios fueron muy selectivos y representaron menos del 1% de sus acciones guerrilleras que sobrepasan el millón (documentadas y probadas: nada comparable con los genocidios persistentes y sistemáticos perpetrados por el Estado peruano durante más de dos décadas. Los episodios breves y selectivos de asesinatos políticos no pueden ser considerados genocidios (B. Harff, 2000).

El genocidio del Estado peruano es comparable al de Guatemala (1978), donde operaron escuadrones de la muerte de las fuerzas armadas; hubieron múltiples masacres contra militantes y simpatizantes comunistas, incluyendo un desplazamiento poblacional forzado. Otro ejemplo es el de Sri Lanka (1989); etc.

La campaña de la impunidad se convierte en tema central. El Congreso de García Pérez impulsó un proyecto de ley que otorgase una segunda amnistía a varios militares identificados como autores materiales de genocidios cometidos durante la guerra contra-subversiva. La primera amnistía a criminales de guerra (miembros de escuadrones de la muerte) lo otorgo el Congreso controlado por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) de Montesinos en los años noventa pero quedó anulada por la Corte Internacional. Además de buscar la amnistía, están buscando el apoyo del gran elector histórico en el Perú: las Fuerzas Armadas,que siguen siendo controladas por militares fascistas y genocidas que prestaron lealtad al gobierno de Alberto Fujimori y Montesinos.

En conclusión, los genocidios y asesinatos políticos en masa en el Perú los ejecutaron y los siguen ejecutando escuadrones de la muerte de las mismas Fuerzas Armadas, quienes responden a políticas de Estado. Todos los episodios de genocidio y asesinatos políticos en masa desde el Estado han sido perpetrados por las clases sociales en el poder con el propósito de aniquilar o destruir en su totalidad o en parte a grupos que les cuestionan y disputan el control del Estado peruano. Finalmente, como lo anticipó José Carlos Mariategui la revolución peruana fue y será fundamentalmente una guerra campesina.

Referencias

BIBLIOGRAFÍA

RICARDO UCEDA, Muerte en el Pentagonito: los cementerios secretos del Ejército

Peruano, Planeta, Bogotá, 2,004. ISBN:958-42-1071-8.

COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN (PERÚ), Ayacucho: informe final, 1,980-2,000, OX,FAM-DFID, Lima, 2,004.

COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN (PERÚ), Abusaruwanku = Violación de mujeres:

silencio e impunidad, Comisión de Derechos Humanos, Lima, 2,003.

CASO CAYARA-COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN.-LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES Y ENCUBRIMIENTO EN CAYARA (1,988)

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN

en Putis-ayacucho-Youtube

[1]

matanza de Putis-comisión de la Verdad y Reconciliación[2]

Cayara-Comisión de la Verdad y Reconciliación[3]

 

 

Autor:

Jesús Toledo

 


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