Los procesos de Vladimiro Montesinos Torres

Introducción

Vladimiro MONTESISNO TORRES, de 58 años, un
expulsado capitán del ejército, estuvo
temporalmente encarcelado en la década de 1970 acusado de
traición a la patria, al entregar información
secreta del Ejercito Peruano a elementos externos.

Años después en la década de 1990
al 2000, desempeño uno de los principales papeles dentro
de la historia nacional peruana, cuando se convirtió en
asesor y mano derecha del entonces recién electo
Presidente Alberto FIJIMORI FUJIMORI. Su labor la realizó
desde la sombra, utilizando el poder del Estado, mediante un arma
hasta entonces no usada en esa magnitud en nuestro país:
La inteligencia.

Como Jefe encubierto de los Servicio de Inteligencia del
País, (SIN), logro hacerse de información que
posteriormente uso para controlar el aparato judicial, el
Ministerio Público, y todo ámbito de poder dentro
de la sociedad peruana, corrompiendo y sobornando a fin de
mantener el poder y perpetuarse junto con el entonces Jefe de
Estado.

Luego de aparecer en el famoso video Kuori
–Montesinos, que determinó su caída y la del
gobierno Fujimorista, fugó de las autoridades hacia
panamá en una de las acciones catalogadas como
espectaculares al puro estilo de las historias de
espionaje.

Tras desplomarse el gobierno de Fujimori, a fines del
2000, las autoridades descubrieron una extensa red de
corrupción tramada por Montesinos, en complicidad con el
ex mandatario, incluso el tráfico de los fusiles para las
FARC.

La red envolvió dependencias gubernamentales y
comprometió a ministros, legisladores, mandos militares y
funcionarios estatales de entonces, así como a
empresarios, y propietarios de televisoras y empresas
periodísticas.

Posteriormente luego de su captura en Venezuela en junio
del 2001, y su extradición al país, Montesinos
enfrenta mas de 73 juicios por diferentes actos ilícitos
desarrollados en la década del fujimorismo.

Actualmente, en una de esas raras paradojas de la vida,
permanece en la prisión que él construyó, en
el penal de máxima seguridad de una base naval, donde
también purgan condena los principales líderes de
grupos subversivos a los que enfrentó el gobierno de
Fujimori, del cual fue co-participe.

Pero aún ahora, tras la rejas y para el
común de los peruanos, Montesinos sigue siendo el
personaje que encabeza la corrupción en el Perú.
Hoy, su imagen autosuficiente, seria y dura da claro indicio del
poder que todavía ostenta. O, como lo aseguró el
siquiatra René Flores: "sus acciones están muy
planificadas, pues es un hombre que se mueve a gusto en el campo
de la política y el peligro".

Los procesos
penales de Vladimiro Montesinos Torres

Montesinos, según la procuraduría peruana,
enfrenta mas de 73 juicios, acusado por cargos como liderar un
escuadrón de la muerte, narcotráfico,
enriquecimiento ilícito, defraudación tributaria,
cohecho, tráfico de armas, tráfico de influencias,
homicidio calificado, violaciones de los derechos humanos y
corrupción de funcionarios, entre otros
delitos.

El ex asesor, es considerado un especialista en dilatar
los procesos que se le siguen, y ha conseguido en
múltiples oportunidades impedir el inicio de los juicios o
en su defecto dilatarlos mediante:

• Despedir a sus abogados defensores, y pedir que cada
  nuevo defensor tenga tiempo para enterarse de su
  proceso.

• Recusaciones a las autoridades de la Sala
  Anticorrupción. Pidió que los vocales
  superiores que integran la Sala Especial
  Anticorrupción, Inés Villa Bonilla, Roberto
  Barandiarán e Inés Tello, "se aparten" del
  proceso por una presunta falta de imparcialidad

• Problemas de salud por el "estrés" de su
  encarcelamiento desde junio de 2001 en la prisión de
  la Base Naval del Callao.

• Solicitudes en las que alega que las autoridades
  ponen en riesgo su vida "de manera innecesaria" al tener que
  trasladarlo desde su prisión en la Base Naval del
  Callao hasta el penal de San Pedro.

• Incluso dilato el inicio de los procesos forzando
  que se construyan ambientes adecuados para su juzgamiento,
  que a parte de tiempo origino la utilización de
  recursos del Estado

Desde el inicio de la primera audiencia del juicio oral,
se desarrollaron medidas de seguridad que comprometieron a unos
mil policías, que apoyaron el traslado de Montesinos desde
la Base Naval a bordo de un helicóptero. El plan de
resguardo contempló anillos de seguridad policial
alrededor del perímetro del penal, además de la
presencia en todo el presidio de policías de unidades
especiales y de agentes de inteligencia. Ello debido a
habérsele considerado como "víctima potencial de
atentados". Según especialistas, el gigantesco despliegue
de seguridad implica al Perú un gasto sumamente
cuantioso.

Los juicios y su trascendencia han provocado el
desplazamiento de periodistas y espectadores, tanto en la sala de
audiencias del penal como en una sala contigua, donde hay un
circuito cerrado para la transmisión del proceso mediante
los canales de televisión locales.

Condenas

Las condenas recibidas por Montesinos hasta le momento,
son cuatro: una de nueve años de cárcel por
usurpación de funciones, a ocho por peculado; en dos
procesos distintos a cinco, en cada uno, por tráfico de
influencias; y fue absuelto del cargo de posesión ilegal
de armas.

A. Primera Condena: Por Usurpación de
Funciones

En el Auditorio Ricardo Palma de la Base Naval del
Callao, el primero de julio del 2002, a pesar de los afanes
dilatorios del procesado, el Sexto Juzgado Especial
Anticorrupción a cargo del Dr. Saúl Peña
Farfán, dictó la primera sentencia contra el ex
asesor Vladimiro Montesinos Torres.

El citado juez dictó la primera sentencia contra
el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres y lo
condenó a 9 años 4 meses de Pena Privativa de la
Libertad, por el delito Contra la Administración
Pública – Usurpación de Funciones, al haber
ejercido irregularmente la jefatura del Servicio de Inteligencia
Nacional (SIN) en el período 1991 y setiembre del 2000,
sin haber sido oficialmente nombrado en tal puesto. Asimismo, le
impuso una reparación civil a favor del Estado, por 10
millones de nuevos soles.

En la parte resolutiva de la sentencia, que
constó de 22 considerandos, se declaró infundado
igualmente el pedido de la defensa de anular todo lo actuado,
infundadas las excepciones de naturaleza de acción y
prescripción, e infundada la cuestión previa
deducidas por el procesado.

Cabe señalar que Montesinos Torres fue designado
el 31 de diciembre de 1991, como Asesor II del Gabinete de
Asesores del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), en la
condición de Ad-Honorem, mediante Resolución
Jefatural N° 135-91-SIN-01. Posteriormente, con
Resolución Suprema 279-96-PCM del 02 de agosto de 1996, se
da por concluida su designación como asesor Ad Honorem y
se le designa Asesor II, Nivel F-5, del citado Gabinete, lo que
confirma que en ningún caso se le nombró Jefe del
Servicio de Inteligencia Nacional.

Este cargo no le permitía el manejo de los fondos
del Servicio de Inteligencia Nacional, función que
sólo le correspondía, como titular del pliego
presupuestal, al Jefe de la citada entidad de inteligencia, lo
que motivó la denuncia del Ministerio Público por
delito Contra la Fe Pública – Usurpación de
Funciones, conducta típica y antijurídica
sancionada por el artículo 361 del Código
Penal.

Si bien la pena a imponerse a un inculpado por este
delito, según el artículo antes citado es de cuatro
a siete años, ésta se encuentra agravada por lo
dispuesto en el artículo 46º del mismo Código
que faculta al Juzgador a incrementarlo en un tercio más,
es decir 9 años, 4 meses. En este caso específico,
el delito lo cometió un servidor público, con
conocimiento del Derecho y las leyes, y no un
particular

B. Segunda Condena: Delito de Peculado

En Mayo de 2003, la Justicia condena al ex asesor
Vladimiro Montesinos a 8 años por malversación de
fondos

Un tribunal peruano anticorrupción condenó
al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos a ocho años
de prisión al hallarle culpable del delito de peculado por
haber entregado dinero del Estado al ex alcalde del distrito
limeño de Miraflores, Luis Bedoya de Vivanco.

La Sala Penal Especial Anticorrupción
condenó a Bedoya a cinco años de prisión, y
a tres años al ex ministro de la Presidencia Tomás
Gonzáles, a quien se acusó de participar como
intermediario en la entrega de 25.000 dólares al ex
alcalde para destinarlos a la campaña electoral de los
comicios municipales de 1999. Los tres condenados comunicaron al
tribunal que preside la magistrada Inés Villa que
interpondrán recursos de nulidad contra la
sentencia

C. Tercera y Cuarta: Tráfico de
Influencias

Vladimiro Montesinos Torres, el ex asesor presidencial,
fue juzgado en el Penal San Juan de Lurigancho, procesado como
presunto autor del delito de tráfico de influencias al
haber intervenido en 1997 para conseguir un indulto para
Américo Pérez Ortega, hermano de su ex pareja
sentimental Jacqueline Beltrán. En este proceso estuvieron
frente a frente Montesinos, su expareja sentimental Jacqueline
Beltrán Ortega, y Antonio Vera Juárez, tío
de ésta, acusado también de tráfico de
influencias.

Como era de esperar, fueron diversas las estrategias
seguidas por Estela Valdivia, la abogada de Montesinos, para
dilatar el proceso. Sin embargo, la Sala Anticorrupción,
que preside la magistrada Inés Villa Bonilla,
rechazó estas tácticas. Ante esta situación,
Vladimiro Montesinos hizo uso de su derecho a guardar
silencio.

El tribunal anticorrupción condenó a
Vladimiro Montesinos, a cinco años y cuatro meses de
cárcel por haber sido encontrado culpable de delitos
contra la administración pública, corrupción
de funcionarios y tráfico de influencias, mientras que a
su ex amante Jacqueline Beltrán, se le impuso una
sentencia de cuatro años por instigadora de esos mismos
delitos. Ambos anunciaron que se reservan el derecho de apelar la
sentencia.

Antonio Vera, tío de Beltrán,
también incluido en el proceso, fue condenado a tres
años de cárcel, pero la pena no se hará
efectiva con la condición de que se presente todos los
meses en el juzgado y no abandone el país.

Según los jueces, Montesinos accedió a un
pedido de su ex amante y de su tío, y presionó a
jueces para lograr la libertad de un hermano de Beltrán
preso por narcotráfico y ayudó a Vera en la
solución de problemas judiciales.

¿LIBERTAD ANTICIPADA?

De acuerdo a la legislación peruana las penas no
son acumulables, por lo cual el recluso cumplirá solo la
mayor pena aún si hubiese cometido diferentes delitos. Por
ello, considerando la magnitud de la pena y el ordenamiento
procesal penal existente, se pueden pensar que Montesinos,
incluso si fuera condenado a una severa pena, podría salir
libre tras cumplir un tercio de su sentencia, en
aplicación de una ley vigente sobre beneficios
penitenciarios. En ese caso Montesinos podría estar en
libertad en el 2007 ó el 2008.

Principales
casos

El ex hombre fuerte de Perú afronta más de
70 juicios por múltiples delitos que van desde
enriquecimiento ilícito, corrupción de
funcionarios, lavado de dinero, narcotráfico,
tráfico de armas, hasta asesinato, tortura,
desaparición forzada de personas, formación de
grupos paramilitares, entre los cargos más graves, pero
entre ellos destacan los siguientes:

• 1. CASO DEL MILLÓN DE FIRMAS
  FALSIFICADAS PARA INSCRIPCIÓN DE VAMOS VECINO Y
  PERÚ 2000

En plena campaña electoral presidencial del
año 2000 se efectuó la denuncia de los hermanos
Rodríguez Iglesias, quienes denunciaron que el Frente
Independiente "Perú 2000", agrupación
política del entonces presidente-candidato Alberto
Fujimori había sido inscrito en el Jurado Nacional de
Elecciones con más de un millón de firmas
falsificadas en una "fábrica" montada en el distrito de
Bellavista, la misma que estaba dirigida por reconocidos
dirigentes del fujimorismo.

El mismo día que se hizo pública la
denuncia la entonces mandamás del Ministerio
Público, Blanca Colán Maguiño, nombró
una Fiscal Ad Hoc cuya primera acción fue incautar, o
mejor dicho, ayudar a ocultar los padrones electorales que eran
la evidencia del delito, los mismos que se encontraban en la sede
central de la ONPE que dirigía José Portillo. El
Plan era que la Fiscal Mirtha Trabucco impidiera que los hechos
sean realmente esclarecidos y que ninguno de los personajes del
gobierno sea comprometido penalmente.

Bajo este plan, los únicos denunciados fueron los
testigos Carlos Rodríguez Iglesias, Marita
Rodríguez Iglesias, María Iglesias Rengifo y Erika
Martínez Liñán. Junto a ellos solo Luis
Navarrete Santillán (regidor en Lima por Vamos Vecino) fue
denunciado, porque seguramente ya era imposible impedirlo. Luego,
la policía "estuvo investigando los hechos" por casi tres
meses, pero sin realizar ninguna pericia sobre los padrones que
los testigos habían reconocido. Al final de mayo de ese
año el Poder Judicial solo abrió proceso a los
testigos y Santillán.

En el proceso judicial los testigos no solo se
ratificaron en su denuncia, sino que revelaron los lugares, las
fechas, el tipo de organización que se había
montado para desarrollar el proceso de falsificación
masiva de firmas y otras características de este
ilícito, hecho que constituía información
sobresaliente, eficaz y oportuna para la persecución penal
de los responsables. Estos testimonios fueron decisivos y
fundamentales no solo para conocer el hecho sino también
las circunstancias de su perpetración y a los autores de
esta.

Pero el escenario en el que se desarrollaba el proceso
judicial era el de un Ministerio Público manipulado, de
una Policía Nacional intervenida, de un Poder Judicial
sometido y digitado a los intereses del régimen
autoritario. Bajo tales condiciones era evidente que el
régimen no permitiría que este asunto avance
más de lo que ya había avanzado. Es así que
a inicios de octubre del 2000 la Sala Penal de Delitos
Tributarios declaró fundada la excepción de
naturaleza de acción deducida por Luis Navarrete. La Sala,
coincidiendo con los "argumentos" esgrimidos por Navarrete,
declaró que los hechos materia de esta
investigación judicial no constituían delito y
ordenó el archivamiento definitivo del proceso.

Ya durante el gobierno de transición la
Fiscalía Superior Anticorrupción determinó
el reinicio de las investigaciones producto de las cuales el 14
de junio del 2001 el Fiscal Jorge Cortez Pineda formuló
denuncia contra Vladimiro Montesinos, José Portillo,
Ricardo Chiroque, Luis Navarrete, Migdoneo Bellota, José
Cabaza, Rubén Calderón, José Chuán y
otros por el delito de asociación para delinquir y a otras
personas, entre las que se encontraban los testigos, por la
comisión del delito de falsificación de
documentos.

Finalmente, el 20 de julio el Tercer Juzgado
Anticorrupción abrió instrucción a dichas
personas por la comisión de los delitos denunciados,
ordenando la detención de 37 procesados y dictando mandato
de comparecencia contra otros 23 procesados entre los que se
encuentran los testigos. Justamente en cumplimiento de este
mandato fue detenido el ex Jefe de la ONPE, José Portillo
y otras personas vinculadas estrechamente al ex congresista Oscar
Medelius.

• 2. PROCESO POR TRAFICO DE ARMAS A LAS
  FARC

Montesinos está acusado de ser la cabeza del
tráfico de 10,000 fusiles AK-47 provenientes de Jordania,
lanzados en paracaídas a miembros de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999, un año antes
de que Estados Unidos inicie el "Plan Colombia" para luchar
contra el narcotráfico.

Montesinos teme este proceso pues podría costarle
hasta 20 años de prisión y por eso intenta
dilatarlo, usando recursos legales para aplazar la audiencia,
reclamando que no se le permite comunicarse directa y
personalmente con su abogada para elaborar su defensa.

En el proceso, junto a Montesinos fueron puestos en el
banquillo de los acusados los hermanos José Luis y Frank
Aybar Cancho, el paracaidista Santos Cenepo Shapiama y el
vendedor de armas internacional Charles Acelor, así como
20 cómplices en el envío de los 10 mil fusiles AKM
destinados al Frente 16 de la FARC.

Una arista que a surgido en este proceso, es la posible
ingerencia de la CIA, por ello el Procurador Ronald Gamarra,
solicito los testimonios de Robert Gorelick, (ex jefe de la CIA
en Perú), Tomás B. Sánchez, segundo
secretario de la Embajada de Estados Unidos en Lima, y John
Stewart, funcionario de la Oficina Federal de
Investigación (FBI), a fin de que se establezca si
tuvieron conocimiento de las ilícitas actividades de
Montesinos en el trafico de armas a Colombia en 1999.

En agosto de 2000, el ahora prófugo Fujimori y
Montesinos informaron, en conferencia de prensa, el
descubrimiento de un contrabando de armas con destino final a las
FARC. El conocimiento de tal hecho, fue atribuido a un exclusivo
trabajo del entonces Servicio de Inteligencia Nacional
(SIN).

Montesinos afirmó que se había descubierto
un contrabando de 10 mil fusiles AK-47 desde Jordania hacia el
Perú, con destino final en la guerrilla colombiana. Sin
embargo, meses después, el vendedor de armas jordano
Sarkis Soghandian señaló que hizo el negocio
directamente con el ex asesor peruano. Otros implicados en el
caso sostienen que la operación se realizó por
orden de Montesinos.

Las investigaciones de las fiscalías del
Perú y Colombia llegaron a la conclusión de que los
aviones cargados con armas tenían por destino Colombia,
donde las cajas con los fusiles fueron lanzadas con
paracaídas sobre una zona controlada por las
FARC.

En un principio se pensó que la CIA, a
través de su funcionario en Lima Robert Gorelick, fue la
que había descubierto el contrabando de armas y
avisó a Montesinos. Sin embargo, se reveló que fue
el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia el que ya
lo había descubierto en junio de 2000.

• 3. CASO GRUPO COLINA.- CANTUTA.- BARRIOS
  ALTOS.-

Este proceso en el cual se halla comprometido el ex
asesor Vladimiro Montesinos, también implica al ex
-presidente de la república Alberto Fujimori
(prófugo en Japón).El Quinto Juzgado Penal Especial
es el encargado del proceso por Homicidio calificado, lesiones
graves y desaparición forzada por las matanzas de Barrios
Altos y La Cantuta, En estos casos se demuestra la
desaparición forzada y posterior homicidio de nueve
estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, y el
homicidio calificado de quince personas en la zona de Barrios
Altos, en el Cercado de Lima, entre ellos Felipe León
León, Natividad Condorcahuana Chicaña, Tomás
Livias Ortega y otros. Estos hechos son delitos internacionales
susceptibles de penalización universal.

Caso Barrios Altos:

El 3 de noviembre de 1991, aproximadamente a las 22:30
horas, seis individuos fuertemente armados irrumpieron en el
inmueble ubicado en el Jirón Huanta Nº 840, en
Barrios Altos, distrito del Cercado de Lima donde se celebraba
una pollada.

Los atacantes llegaron al lugar en dos vehículos,
que portaban luces y sirenas policiales, que fueron apagadas al
llegar al lugar de los hechos. De los vehículos,
descendieron los atacantes que cubrieron sus rostros con
pasamontañas e ingresaron a la referida vivienda,
obligando a sus víctimas a arrojarse al suelo. Una vez
dominada la situación, procedieron a disparar a sus
víctimas de manera indiscriminada por espacio aproximado
de dos minutos, matando a 15 personas, entre ellas un niño
de 8 años, e hiriendo gravemente a otras cuatro, quedando
una de estas últimas, el señor Tomás Livias
Ortega, con incapacidad permanente.

Caso La Cantuta:

El 18 de Julio de 1992, por la madrugada, militares
encapuchados con pasamontañas, irrumpieron en la
Universidad Enrique Guzmán y Valle, conocida como "La
Cantuta", procediendo a seleccionar, a culatazos y
puntapiés, a las personas que iban a secuestrar: 9
estudiantes y un profesor.

De manera violenta, introdujeron a sus víctimas
en dos de los cinco vehículos que componían el
convoy y se los llevaron con rumbo a Lima. Estas personas fueron
asesinadas y sus restos fueron enterrados inicialmente en un
lugar de Huachipa (afueras de Lima) y luego en Cieneguilla, a
pocos kilómetros de ese lugar.

En estos casos se demuestra que, como parte de una
estrategia en la lucha contra la subversión, el entonces
presiente Ing. Alberto Fujimori estableció una
política encubierta de violación sistemática
de derechos humanos. Con tal fin, se constituyó un comando
de aniquilamiento integrado por 35 efectivos militares, quienes
se autodenominaron grupo Colina, bajo el mando directo del ex
asesor del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro
Montesinos, órgano que dependía directamente de la
Presidencia de la República.

Entre las pruebas testimoniales existentes en este caso
para demostrar que el ex presidente Fujimori conoció de
antemano las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta
(1992), figuran las declaraciones de los ex comandantes generales
del Ejército, Nicolás de Bari Hermoza Ríos,
José Mariano Cacho y Rodolfo Robles Espinoza.
Además de los testimonios de dos ex agentes de
inteligencia que coinciden en señalar que el ex presidente
autorizaba las operaciones desarrolladas por el grupo especial de
inteligencia, Colina.

• 4. CASO CAJA DE PENSIONES MILITAR
  POLICIAL.

En la apertura de instrucción que formuló
la jueza anticorrupción Jimena Cayo Rivera-Schreiber, se
dio a conocer que desde 1991, es decir, al poco tiempo de acceder
al poder de la mano del entonces presidente Alberto Fujimori, el
ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos Torres y su
testaferro Víctor Alberto Venero Garrido comenzaron a
realizar operaciones ilegales en la Caja de Pensiones Militar
Policial con la contribución de la cúpula
castrense. Estas prácticas ilegales continuaron hasta el
2000, y solo culminaron cuando cayó el pasado
régimen.

"En el año 1991, Montesinos se reunió con
Víctor Alberto Venero, quien le informó del manejo
de la Caja Militar, y es en 1992 que el ex asesor inició
su intromisión en el manejo de los fondos de dicha
institución a fin de controlar toda colocación de
dinero en la misma con la participación directa de altos
mandos militares", indica el informe judicial, "Para tales fines
delegó ilícitamente el manejo a Venero y a sus
socios Juan Valencia Rosas y Luis Duthurburu Cubas".

"Las acciones delictivas realizadas en desmedro de la
Caja Militar se realizaron hasta el año 2000, lapso en el
que se efectuaron muchas inversiones con los fondos de la
institución, las que no incrementaron el patrimonio del
organismo sino que sirvieron para el lucro y beneficio de
Montesinos y sus socios".

Sin embargo, no sólo intervinieron el ex asesor y
sus socios, aparte de los militares, sino también civiles
que ejercieron puestos en la Gerencia General, Gerencia de
Inversiones Financieras, y representantes de las empresas
beneficiarias de los créditos ilegales.

La modalidad más frecuente fue el otorgamiento de
créditos a personas que previamente pagaban sobornos a
Montesinos por intermedio de sus testaferros, quienes
ofrecían los fondos de la Caja Militar a empresarios a
cambio de "comisiones".

Pero también se realizaron millonarias
adquisiciones sobrevaluadas, como la cadena de hoteles "Las
Américas" y "Tampu Diplomat", que acabaron por desfalcar a
la Caja Militar, cuya misión es la de proveer beneficios a
miembros de las Fuerzas armadas y de la Policía
Nacional.

La titular del segundo juzgado anticorrupción,
Jimena Cayo Rivera-Shreiber, investiga a veinticinco ex
directivos y funcionarios de la Caja Militar "por la presunta
comisión de delito contra la administración
pública, en la modalidad de colusión desleal, en
agravio del Estado y de la propia institución.

Entre los investigados se encuentra el jefe de Estado
Mayor de la FAP, teniente general Jorge Kisic Wagner, quien
integraba el Consejo Directivo de "La Caja" en el año
1994, cuando esta entidad decidió hacerse del total de las
acciones de la empresa Inmobiliaria Las
Américas.

Este juicio alcanza a Montesinos en calidad de
instigador de los delitos contra la Caja Militar y el Estado
peruano, y a Venero, Duthurburu, Valencia y al administrador del
Hotel Las Américas, David Griffith Conway-Jones, entre
otros empresarios y ex directivos de la Financiera Regional del
Sur (FINSUR), como cómplices primarios. Griffith
también es acusado por la supuesta comisión de
delito contra la fe pública, en la modalidad de
falsificación de documentos.

El 27 de setiembre de ese año, la Caja Militar
prestó 4 millones 500 mil dólares a la Inmobiliaria
Las Américas S.A. La primera garantía fue el mismo
edificio para cuya construcción la inmobiliaria
pedía el préstamo. Tal inmueble, ubicado entre las
avenidas Larco y Benavides (Miraflores), fue tasado por un valor
de 10 millones 709 mil 600 dólares. David Griffith
participó en este contrato.

Las acciones comenzaron el 21 de febrero de 1992, apenas
dos días después de instalarse el nuevo Consejo
Directivo, presidido por el contralmirante José
Duffó Boza e integrado por los oficiales generales Luis
Pérez Documet, Juan Rivero Lazo, Luis Arroyo Jaime, Danfer
Suárez Carranza, Hugo Gallegos Barriga, Rodolfo
Calderón Cornejo y Luis Bianchi Muñoz; todos
comprendidos en la denuncia.

En aquella fecha, según señala el
documento judicial, se otorgó un nuevo préstamo a
la Inmobiliaria Las Américas por 1 millón 635 mil
dólares, pese a estar pendiente la deuda anterior. Tres
meses después, Duffó Boza expuso ante el directorio
la nueva solicitud de crédito de la empresa inmobiliaria,
por otros 2 millones y medio de dólares. El broker de esta
operación fue la empresa Atlanta Sociedad Anónima,
vinculada a Venero Garrido, Duthurburu Cubas y Valencia
Rosas.

Pero según los documentos que presentó
entonces la inmobiliaria, el valor de la propiedad había
subido hasta 17 millones de dólares. Por su parte, la Caja
Militar contaba con la tasación de la empresa PROVIVIENDA,
que otorgó al inmueble de 13 millones de dólares.
No obstante las diferencias de los montos, la Caja Militar
aprobó el irregular crédito en beneficio de la
Inmobiliaria Las Américas y de la mafia que intermediaba
en el negocio.

Más tarde, ante la imposibilidad de pagar el
préstamo, la Inmobiliaria Las Américas le
vendió el 50 por ciento de sus acciones a la Caja Militar
por 9 millones 650 mil dólares. Sólo en esta
operación, según la jueza, la institución
perdió más de un millón de
dólares.

Otro hecho que llama la atención de la jueza Cayo
es que habiendo transcurrido sólo un año desde que
el Hotel Las Américas fue tasado en 14 millones de
dólares, la empresa PROVIVIENDA dijera para la fecha de la
venta de las acciones que su valor sobrepasaba los 18 millones de
dólares. Por si fuera poco, la Caja Militar pagó
una compensación de 1 millón 800 mil
dólares.

Pero después los propietarios de la Inmobiliarias
Las Américas ofrecieron el otro 50 por ciento de sus
acciones por 14 millones y medio de dólares, lo que fue
aceptado por la Caja Militar, que sólo terminó
abonando 13 millones 800 mil dólares, en función de
sus propias tasaciones que, de acuerdo con los indicios obtenidos
por la jueza anticorrupción, no se habrían
realizado.

Por estos hechos están implicados los oficiales
generales Danfer Suárez Carranza, Marco Rodríguez
Huerta, Segundo Arnao Laos, Enrique Falcón Maldonado,
Carlos Salcedo Williams, Arturo Marquina González,
Néstor Tafur López y Jorge Kisic Wagner

Según la declaración de Víctor
Alberto Venero, él y Montesinos se reunieron para
conversar sobre la situación del Hotel Las
Américas, ofreciéndole el ex asesor una
comisión de 250 mil dólares por haber participado
como broker en la operación, y que este dinero le fue
entregado por Duthurburu.

Sin embargo, varios de los interrogados por la
Fiscalía Anticorrupción, como los gerentes
generales de la Caja Militar, y los tasadores, señalaron
que fue Venero quien los designó en puestos clave dentro
de la institución para consumar operaciones
dolosas.

Cuando el legislador David Waisman Rjavinsthi
presidió la comisión investigadora del Caso
Montesinos incluyó a la Caja de Pensiones Militar
Policial, y en su informe final determinó que los
directores tenían distintos grados de responsabilidad. En
la lista aparecía el teniente general FAP Jorge Kisic
Wagner.

La investigación de Waisman cayó en manos
de la fiscal superior Ana Cecilia Magallanes Cortez, quien en una
primera denuncia no comprendió a Kisic pero sí en
la ampliatoria. Waisman, en su calidad de ministro de Defensa,
recibió información sobre la situación del
oficial que aspiraba al ascenso. Y lo consiguió, lo que le
permitió ocupar el puesto de jefe de Estado Mayor, con lo
que se colocaba en la línea para eventualmente ser
designado Comandante General.

En esta situación Waisman explico que una
denuncia fiscal no implicaba que Kisic fuera culpable. Y que fue
ascendido porque una investigación fiscal no significa
responsabilidad.

El esposo de la fiscal Magallanes es un abogado
asimilado que labora en la FAP, y según Waisman,
ascendió porque le correspondía. Si Kisic hubiese
intervenido en la promoción del oficial, como indican
algunas versiones, entonces Magallanes en compensación no
lo habría denunciado. Es más, la jueza Jimena Cayo
abrió instrucción contra Kisic en función de
las investigaciones de la fiscal Magallanes. Es más, la
fiscal lo denunció antes de que ascendiera.

• 5. CASO DE LOS 5 MILLONES DE
  INDEMNIZACIÓN PARA MONTESINOS ANTES DE SU FUGA
  PANAMÁ

Otro proceso abiertos contra el Ing. Alberto Fujimori,
en el cual se halla implicado Vladimiro Montesinos es por:
Peculado, Falsedad Ideológica y Asociación
Ilícita para Delinquir y peculado, en relación a un
pago ilícito por 15 millones de dólares efectuado a
al ex asesor Vladimiro Montesinos.

El 25 de agosto del año 2000, el Presidente del
Comando Conjunto de las FFAA, General José Villanueva
Ruesta solicitó al Ministerio de Defensa una
ampliación presupuestaría de US$ 20 173,278 para
contrarrestar la posible incursión y acciones subversivas
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la
frontera colombiana. En base a ello el Ministro de Defensa,
General Carlos Bergamino Cruz, hizo lo propio solicitando la
partida presupuestal correspondiente al Ministro de
Economía por ese monto.

En concordancia con las solicitudes, el 19 de septiembre
del 2000 se dictó el Decreto de Urgencia Nº 081-2000,
firmado por el ex Presidente Alberto Fujimori, y refrendado por
Federico Salas (Presidente del Consejo de Ministro), Carlos
Boloña Behr (Ministro de Economía) y Carlos
Bergamino Cruz (Ministro de Defensa). Dicho dispositivo legal
autorizaba al Ministerio de Defensa a utilizar recursos
financieros hasta por la suma de US$ 20, 173,278.

El 22 de setiembre del 2000, el Ministro de Defensa
Carlos Bergamino Cruz en ejecución del Decreto de Urgencia
mencionado anteriormente solicita la entrega en efectivo de US$
15"000,000, suma que fue entregada al General Luis Muente
Schwartz, Jefe de la Oficina General de Administración del
Ministerio de Defensa, quien a su vez entregó dicho dinero
a Vladimiro Montesinos.

Este dinero fue entregado a Vladimiro Montesinos Torres
como una supuesta compensación por sus servicios prestados
a la Nación. Esta suma fue entregada luego de que el ex
Presidente Alberto Fujimori negociara su alejamiento del
país.

A ello debe agregarse que el Comando Conjunto de las
FFAA en ningún momento planificaron operaciones en la
frontera con Colombia.

El 2 de noviembre del 2000 el destituido ex Presidente
Alberto Fujimori se comunicó telefónicamente con el
ex ministro Bergamino Cruz para reunirse en el Palacio de
Gobierno en donde éste le entregó tres maletas
conteniendo el equivalente a US$ 15"000,000.00 para que sea
devuelto al Tesoro Público. Cabe señalar que el
dinero devuelto no fue el mismo que se retiró del Banco y
que se entrego a Vladimiro Montesinos, habiendo sido obtenida la
otra partida, dejando un forado en el Ministerio de
Defensa.

• 6. Caso Vladivideos y Medios Televisivos.-
  SCHULTZ.- DELGADO PARKER.- WINTER.- WOLFENSON.

En Dic- 2003, en el proceso seguido contra Montesinos,
el Fiscal Pablo Sánchez Velarde acusó a
dueños de empresas de Televisión involucrados en
casos de corrupción entre ellos Schultz, Delgado Parker,
Winter, etc.

La máxima condena de ocho años de
prisión fue solicitada para los empresarios de
televisión José Enrique y José Francisco
Crousillat. Para Julio Vera Abad, se solicitó, seis
años, habiendo sido acusado de haber vendido a Vladimiro
Montesinos Torres la línea editorial de América
Televisión (canal 4) y Andina de Televisión (canal
9) y apoyar la reelección de Alberto Fujimori.

Para los hermanos Samuel y Mendel Winter Zuzunaga,
propietarios de Frecuencia Latina (canal 2), en vista de que
éstos proporcionaron información sobre sus
relaciones con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, el
fiscal pidió seis años de carcelería, que es
lo que les corresponde por haber colaborado con la justicia.
Además, el fiscal pidió declarar tercero civil
responsable de los hechos a América TV y Andina de
Televisión.

Actualmente los procesados hermanos Winter se hallan con
detención domiciliaria, gracias a diferentes recursos
presentados en el juzgado anticorrupción y al hecho de que
han transcurrido 15 meses sin haberse dictado sentencia en el
proceso, por lo cual el juzgado especial tuvo que acceder a tal
situación.

Por otro lado Schultz ex Administrador de Panamericana
Televisión, continua en la Argentina dilatando su proceso
de extradición y evadiendo la justicia peruana. A su vez,
Genaro Delgado Parker, ex propietario del mismo canal, fue
exonerado de responsabilidad al no comprobarse que hubiese
recibido o pactado con Montesinos Torres, el control de la
línea periodística del referido canal.

• 7. CASOS DIARIOS CHICHA.

En el caso de los diarios Chicha, el procesado Vladimiro
Montesinos declaro que estos actos los ejecuto por orden del ex
presidente Alberto Fujimori.

Montesinos declaró también que
financió diversos diarios desde 1997 hasta el 2000 con
pagos de entre 500 a seis mil dólares por cada titular de
portada a favor del régimen y en contra de la
oposición. El dinero para estos pagos, según
Montesinos, salió del presupuesto del Servicio de
Inteligencia Nacional y de los fondos que se desviaban del
Ejército, la Marina y los ministerios de Defensa e
Interior.

Estas son las principales conclusiones de la
investigación que sobre el financiamiento de la llamada
"prensa chicha" realizaron la jueza especial Magalli
Báscones y el fiscal anticorrupción César
Sotomayor. La indagación alcanza a 29 personas, entre
jefes militares, publicistas y dueños de diarios, quienes
deberán comparecer a juicio público ante la Sala
Penal Superior Especial Anticorrupción.

• 8. Caso FOVIPOL

En este proceso referido al desfalco al Fondo de
Vivienda Policial (Fovipol), se halla denunciadas 20 personas,
entre ellos se incluye aparte de Montesinos, a Víctor
Alberto Venero Garrido, Luis Duthurburu Cubas, Enrique y Oscar
Benavides Morales, comprendidos en este caso como
cómplices primarios.

Otras personas implicadas en este caso son el ex
miembros del Comité Técnico de Fovipol, general PNP
Oscar Pajares Merino, el abogado Juan Zegarra Prado, el ingeniero
civil José Ponce Crespo y el arquitecto Jorge Palacios de
la Cruz, quienes permanecen en el penal para reos primarios San
Jorge por orden del juez Jorge Barreto. Al igual que la abogada
Ofelia Isaac Aicardi –también comprendida en la
denuncia– quien se halla recluida en el penal de mujeres
Santa Mónica, en el distrito de Chorrillos.

Todos ellos están acusados por los delitos de
colusión desleal y contra la administración
pública en la modalidad de concusión en agravio del
Estado.

Ellos, según las investigaciones judiciales,
participaron en la determinación de licitaciones para la
construcción de viviendas destinadas al personal policial
y en las que resultaron favorecidas ilegalmente con ventajosos
contratos las empresas de Alberto Venero Garrido, Luis Duthuburu
Cubas, Claus Corpancho, Enrique y Oscar Benavides Morales,
testaferros y socios de Vladimiro Montesinos, quien es acusado de
utilizar su influencia y poder sobre los jefes de policía
que integraban el directorio de FOVIPOL para lograr este
beneficio.

Es notorio destacar que en el presente proceso por actos
de corrupción en el FOVIPOL, el 19 de Noviembre del 2003,
el juez especial Saúl Peña Farfán
Saúl Peña Farfán, ordenó la
excarcelación Vladimiro Montesinos Torres, justificando su
decisión en el hecho que Montesinos había cumplido
más de 18 meses detenido por este caso, desde agosto del
2001, sin que se haya podido definir su situación
jurídica. El caso FOVIPOL es investigado por el juez
especial Jorge Barreto, quien firmó una de las anteriores
resoluciones de excarcelación; pero Peña intervino
porque su colega está de vacaciones. Pese a ello el ex
asesor no salió en libertad porque tiene otras 49
órdenes de captura y una sentencia de 9 años de
prisión.

• 9. CASO VENTA DE ARMAS Y PERTRECHOS
  SOBREVALUADOS A LAS FF.AA. Y PNP.- COMPRA MIG-29.- SUKOY,
  ETC.

En este proceso se halla implicado Vladimiro Montesinos
Torres junto con Enrique Benavides Morales, y se ventila en el
4to. Juzgado penal que despacha la jueza Sara del Pilar Mayta
Dorregaray, en el que se le acusa de vender armas sobrevaluadas y
distribuirse las comisiones. El grueso de las coimas iba a parar
a manos del ex asesor de inteligencia quien aquí
también corrompió a funcionarios civiles que
trabajaron para el Ejército

En tanto, el quinto juzgado penal que despacha la jueza
Cecilia Polack Baluarte, tiene reservado contra ambos personajes,
el proceso por asociación ilícita y
corrupción de funcionarios en agravio del estado peruano,
debido a que Benavides Morales participó como
intermediario en la compra de 18 aviones MIG 29 y 18 aviones
Sukoi 25, por parte de la Fuerza Aérea del Perú, y
también sobrevaloró la adquisición de los
mismos, a fin de pagar una comisión ilegal a favor de
Montesinos Torres.

Enrique Benavides Morales, fue apresado y encarcelado en
la ciudad de Muenster, Alemania, justo cuando alistaba maletas
para huir ya que sospechaba que los sabuesos de la INTERPOL le
estaban tendiendo un cerco para atraparlo, luego que
INTERPOL-Perú cumpliera con remitir a Alemania los
exhortos del Poder Judicial peruano.

Marco Legal a
considerarse en estos Procesos

En la Constitución Política
del Perú en el Capítulo Cuarto, Título
Primero, se establecen disposiciones referidas a la
función pública, entre ellas la contenida en el
artículo 41 sobre el caso de enriquecimiento
ilícito de dichos funcionarios.

Por su parte, el Código Penal en su Título
XVIII "Delitos contra la Administración Pública",
Capítulo II "Delitos cometidos por funcionarios
públicos", se establece la Sección Cuarta para
regular los delitos referidos a corrupción de
funcionarios: