Costa Rica. Precaristas, colonos, políticos y terratenientes

Introducción

Los historiadores utilizan la noción
"período colonial" cuando estudian la ocupación del
territorio de América Latina por el imperio español
y Portugal hace 521 años. En otros contextos,
"colonización" destaca la continuidad de la
expropiación de las tierras de los cacicazgos
indígenas para impulsar la acumulación capitalista,
acompañada de la fundación de poblados mestizos y
de la extensión de las instituciones públicas del
Estado liberal, entre 1821 y 1890. Esta modalidad de
apropiación de tierras la promovieron familias
descendientes de conquistadores, vinculadas por la propiedad
latifundista o el comercio local y para la exportación.
Recurrieron a la explotación de esclavos afroamericanos, a
diversas formas de servidumbre de los pueblos indígenas
sobrevivientes y al trabajo asalariado.

Otras familias de labradores, peones jornaleros, obreros
agrícolas y artesanos arruinados, también se
involucraron en los trajines de apropiarse de tierras
baldías o de partes de los latifundios sin cultivar. En
particular después de la Guerra contra los Filibusteros de
1856-1857, pues se acentuó el servicio militar obligatorio
y los cafetaleros consolidaron sus haciendas en el Valle Central.
El éxodo campesino tomó forma entre 1880 y 1960.
Originó otra clase de "movimiento colonizador", denominada
"precarismo" a partir de la Ley de Parásitos de 1942 que
legalizó las propiedades ocupadas de hecho. La
colonización precarista contrariaba y reforzaba a la vez
el fundamento económico y jurídico de la propiedad
privada y crecía en forma desordenada; aunque al mismo
tiempo agregaba valor mercantil al latifundio.

Los "precaristas" tomaban tierras por razones de
necesidad familiar o por interés mercantil y social. Eran
inmigrantes asalariados expulsados de las haciendas o familias
del campo, expropiadas por los usureros. No tenían dinero
para inscribir sus parcelas, carecían de medios para
cultivarlas más allá de la subsistencia y los
gobiernos desatendían sus necesidades de educación,
salud y progreso material en los poblados que fundaban. Aislados
y discriminados por la ley, la competencia y "la modernidad"
capitalista, vivían hostigados por terratenientes del
país y extranjeros que adquirían baldíos y
los inscribían con áreas colindantes adicionales
llamadas demasías, con el propósito de ampliar sus
empresas de exportación.

En consecuencia se desataron querellas y enfrentamientos
a veces armados por la posesión y defensa de la finca
familiar. Ante el desorden en la apropiación, la
imposibilidad de cultivar el latifundio y la intensidad de los
conflictos, en 1961 el gobierno de Mario Echandi Jiménez
aprobó la Ley del Instituto de Tierras y
Colonización (ITCO). La instancia tomó forma cuando
contó con financiamiento del programa internacional de
reformas que promovió el gobierno de John F. Kennedy,
llamado "Alianza para el Progreso". Hacia 1962 el ITCO
comenzó a legalizar las "invasiones a la propiedad
privada" de los precaristas; pero también las
apropiaciones por parte de comerciantes de terrenos y de
políticos de clase media que carecían de riquezas y
prestigios. Entre 1970 y 1980 impulsó otros programas, con
el objetivo de crear asentamientos campesinos
organizándolos en cooperativas.

Este artículo examina ese fenómeno de la
historia de Costa Rica entre 1950 y 1980 para satisfacer algunos
objetivos:

• 1) Dar a conocer la continuidad de las luchas
  por la tierra como contradicción social estructural de
  la historia del capitalismo agrario costarricense.

• 2) Rescatar a los actores y sujetos populares
  que impulsaron la ampliación del mercado interno con
  algún grado de intervención de los partidos
  políticos reformadores y de las autoridades del Estado
  intervencionista que se configuró entre 1940 y
  1980.

• 3) Relacionar los proyectos de
  transformación de la estructura de tenencia de la
  tierra con la estrategia del imperialismo norteamericano en
  función con sus intereses geopolíticos en
  Centroamérica y la renovación del Estado
  burgués después de 1948.

Restauración del Estado y
expansión capitalista

En los siglos XVIII y XIX unas pocas familias de Costa
Rica se adueñaron de las tierras boscosas, los
depósitos mineros de los Montes del Aguacate y la
Cordillera de Tilarán; de gran parte de baldíos
nacionales y los llanos aledaños a la meseta central.
Procedieron mediante declaraciones de denuncios y luego los
legalizaron como propiedad propia Forzaron la expulsión de
los indígenas a zonas montañosas y las migraciones
de labriegos y campesinos pobres de la meseta
cafetalera.

Los gobiernos promovieron la inmigración de
capitalistas europeos y norteamericanos enriquecidos por el
comercio mundial derivado de la revolución industrial, y
de trabajadores extranjeros desalojados por las guerras, la
explosión demográfica, el comercio de esclavos y la
explotación salarial. Entre 1848 y 1915, en los nuevos
territorios colonizados se instituyeron la mayoría de los
81 cantones de las provincias del Estado. Y los terratenientes,
cafetaleros, comerciantes, usureros e inversionistas extranjeros
adquirieron categoría como clase social y política,
denominada "la burguesía agroexportadora".

"En 1966 Moretzson de Andrade examinó los nombres
de las 3.387 personas que compraron tierras entre 1700 y 1849.
Encontró que 62 personas adquirieron cinco o más
latifundios y vendieron menos del 50%. A esos individuos los
designó con el nombre de "acaparadores". Agrega: Los 113
pobladores, no más de 40 familias registradas en 1569,
formaron el núcleo de la aristocracia
costarricense…Se casaron entre ellas y crearon
líneas compactas de descendientes…Este grupo
manejaba las riendas del poder en la colonia." (Seligson M.
1980:55-75) y lo transmitió a sus herederos en el
período republicano. En 1975 el investigador Samuel Stone
encontró en las genealogías coloniales que 29 de
los 44 Jefes de Estado que dirigieron la nación
después de 1821 descendían en línea directo
del conquistador Juan Vásquez de Coronado. (Stone S.
1975:51)

En los quince años posteriores a la Guerra Civil
del 48 la economía costarricense conservó la
fisonomía de la sociedad tradicional agroexportadora. Las
formas mercantiles y capitalistas de producción cubrieron
mayor extensión geográfica, penetraron otras
regiones hasta entonces marginales y surgieron otros cultivos
agrícolas para comercio mundial.

La frontera del café se expandió. Hacia el
Atlántico, en Turrialba; al noreste en San Carlos y al
noroeste de Nicoya; al sureste, en Coto Brus y al sur de la
capital en la zona de los Santos, Dota y Pérez
Zeledón. En el Valle Central se tecnificó la
siembra, transporte, acopio y procesamiento industrial del fruto
y cobró auge el cultivo de productos para comercio interno
como tabaco, azúcar, granos, hortalizas y
leche.

En el Pacífico Norte se amplió la
ganadería extensiva, la explotación forestal, la
producción de maíz, sorgo, arroz y algodón.
En el Pacífico Sur surgió un pujante ciclo bananero
entre cultivos de frijol, maíz y arroz, palma oleaginosa y
ganadería. En la región atlántica se
reabrieron las fincas bananeras abandonadas en 1933 y el cacao
tuvo otro ciclo de aumento de la demanda externa y buenos
precios..

En distintos puntos de la geografía hubo
apropiación de tierras en áreas vacías
mediante la inmigración colonizadora y la iniciativa de
productores directos empobrecidos, o estimulada por los
gobiernos. Se amplió la frontera de producción. El
número de fincas privadas aumentó del 35% de
manzanas cultivadas en 1950, al 53% en 1963; aumentó el
área dedicada a las siembras comerciales, hubo más
circulación monetaria, mejores vías de transporte e
índices de vida urbana. Todavía en esos años
60, entre un 81 y 78% de las fincas en producción eran
dirigidas por sus propios propietarios. (Stone
1975:35).

Pronto se agotaron las tierras baldías. La
ganadería y la explotación forestal arrasaron con
bosques, montañas y cuencas fluviales. Las zonas de mayor
expulsión de familias dedicadas a cultivos de subsistencia
fueron las provincias cafetaleras y ganaderas. En las
plantaciones bananeras, la tecnificación y
diversificación de exportaciones amplió el
excedente de fuerza de trabajo. El campesino devino modesto
agricultor, asalariado de cultivos estacionales, arrendatario,
jornalero, proletario. Junto al obrero bananero engrosó la
cifra de precaristas. (Abarca C.1992: 25-30).

La ampliación de la propiedad territorial no
condujo al reparto equitativo de la tierra. En 1963 el 93.5% de
las fincas inferiores a 5 Has y menores de 50 cubrían una
extensión de 37.6%, mientras el 6.5% mayores de 100 y de
500 has absorbían el 62.4% del área cultivada. Diez
años después esos porcentajes subieron al 92.7% con
un área del 33% y el 7.3% de las fincas entre 100 y 500
has que ocupaban el 66% de las tierras en cultivo. (Mora A.
1992:24)

Un historiador norteamericano afirma: "En el censo de
1973, el 36.9% de los terratenientes poseían el 1% de la
superficie en fincas y el 57.6% eran dueños de menos del
4% de la tierra. En Guanacaste había 80 hacendados
dueños de 463.754 has…Costa Rica ocupaba el sexto lugar
entre 54 naciones estudiadas en 1972 por Taylor Hudson, con mayor
desigualdad en la tenencia de la tierra. Solo el 22% de la
población agrícola activa poseía tierras. La
situación se volvió alarmante por el agotamiento de
la frontera agrícola. El coeficiente GINI varió de
0.9 en 1950, 0.88 en 1963" (Seligson 1978: 55-57) y 0.82 en
1973.

La transformación de la propiedad familiar no fue
un proceso de proletarización unidireccional. Entre 1950 y
1963 el acceso a la tierra facilitó las ocupaciones en
precario, la colonización espontánea y la
reproducción del predio campesino fuera del valle central.
Pero hacia 1963 decae la inmigración. Diez años
después se cerró la frontera agrícola. Entre
1963-1973 se redujo la cantidad de fincas por la
desaparición de la propiedad menor de una hectárea:
el 80% de los fundos familiares que había en
1963.

En segundo lugar, entre 1950 y 1973 aumentaron las
fincas que usaban fuerza mecánica; sobre todo, las mayores
de 200 has. Las crisis del 73-75 y 79-83 detuvieron la
tecnificación del agro. El urbanismo afectó los
usos del suelo. "La cantidad de tierras agrícolas
convertidas al uso urbano alcanzó 96 Has por año
entre 1945-1957, aumentó a 170 has hasta 1965 y se
incrementó a 696 has entre 1965 y 1980.

En tercer lugar, desde 1950 nuevos productores se
volvieron empresarios agrícolas que abastecían la
demanda nacional y aumentó el número de
técnicos agropecuarios. A partir de 1972, con la
formación de CODESA, el Estado adquirió grandes
extensiones para algodón, azúcar, sorgo, frutas y
regadío. Pero hacia 1980 la diversificación del
agro se trasladó al sector de mayor crecimiento
capitalista. Se redujo la cifra de trabajadores ocupados en
agricultura desde un 54.7% en 1950 al 30.1% de la PEA en 1984.
Disminuyó el peso relativo del campesinado en la sociedad
y aumentó la cifra de asalariados. (Rodríguez, S.
1993:30-51).

En perspectiva regional y de desarrollo desigual del
capitalismo, el mismo autor distingue diversas configuraciones:
a) Zonas de retorno a la producción campesina; b) zonas de
reducción del campesinado y de proletarización)
áreas de preservación del propietario
agrícola; d) lugares de aumento del campesinado; e) zonas
de desaparición de estos productores. En esa
reestructuración se combinaron diversas modalidades de
control sobre la presión campesina, acceso a la tierra,
organización de los sujetos productores desplazados y
renovación empresarial en las nuevas áreas
adquiridas. En consecuencia las acciones de los precaristas, ni
la estrategia política agropecuaria evolucionaron con los
mismos ritmos y objetivos, ni hubo uniformidad en el trato
institucional del problema social y de la colonización.
(Rodríguez S. 1993:55-152)

Al acoso del
latifundio

En 1949 La Junta de Gobierno recibió informe de
la Oficina de Colonización del Ministerio de Agricultura.
Desde 1909 el Estado fue adquiriendo hasta 199 fincas que
medían 190.000 hectáreas para resolver conflictos
de posesión de 4.000 ocupantes ilegales.Cerca de
47.800 se traspasaron al Estado por la "Ley de Parásitos"
de 1942; pero muchos campesinos no legalizaron su
situación. "Hay 260 fincas que miden 188.200 has y esperan
la acción del Estado.
http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/memoria_49-III-agrario.pd.
Al año siguiente el Presidente Figueres estimó en
15.000 el número de familias viviendo como
"parásitos", con amenazas de enfrentamientos con los
terratenientes. (Mora, A. 1992:17).

La estadística y la percepción
gubernamental estaban lejos de los "sitios de las abras" y de los
negocios entre políticos y latifundistas. "Luego de tomar
el poder en 1930, Anastacio Somoza comenzó a contrabandear
ganado a Costa Rica burlando la ley de protección a la
ganadería de 1932. Lo enviaba a Víctor Wolf, aliado
del gobierno de Calderón Guardia, y lo engordaban en
Chomes…Con ese comercio, Somoza adquirió tierras al
sur de la frontera. En 1940 le ofrecieron en venta la Hacienda
Tempisque, negocio que no concretó. Pero sus hijos Luis y
Anastasio Somoza Debayle sí compraron grandes haciendas
con fines especulativos. Otros, como el dirigente opositor,
Indalecio Pastora, era dueño con su familia de la Hacienda
Verdún a ambos lados de la frontera. Carlos Pasos,
tesorero de las fuerzas antisomocistas tenía en 1957 la
hacienda Paso Hondo en Cañas y en 1958 la Hacienda Santa
Rosa, en la Cruz.

Algunos latifundistas de Guanacaste eran amigos y
aliados y amigos de los Somoza; así como el Expresidente
Teodoro Picado, quien en 1944 coordinó operaciones
militares con Somoza en contra de fuerzas que acosaban a la
dictadura. Otros funcionarios de ese gobierno participaban del
contrabando de ganado. Picado, por medio de los nexos de su
segunda esposa, Etelvina Ramírez Montiel, quien era de La
Cruz y tenía conexiones con hacendados de Nicaragua. Otros
eran socios de su hijo Teodoro Picado Lara; incluso el hijo del
General Somoza, Anastasio Somoza Debayle, compañeros de
graduación en West Point en 1946. El Ministro de Trabajo
de Picado, Miguel Brenes Gutiérrez, había adquirido
con sus hermanos una extensa porción de la Hacienda El
Viejo". (Edelman M. 1990: 268-269)

Según el historiador Rodolfo Fernández,
entre 1931 y 1939 hubo en Guanacaste 82 casos de precarismo en
los que participaron 329 familias, sobre todo en los cantones de
Santa Cruz y Nicoya. El hostigamiento de los terratenientes
consistió en quemar ranchos y cosechas. Los precaristas
respondieron con asaltos a las casas de los hacendados. Fueron
reprimidos por la policía estatal y los guardias de los
latifundistas. Sucesos similares sin luchas violentas, ocurrieron
en las haciendas La Chocolata, Cañas Dulces, El Real, El
Viejo, Abangares, El Pulguero, La Estrella, La Fortuna, Quebrada
Grande, la Palma, Miravalles, El Sitio de Sapoá, Abangares
y en tierras denunciadas por empresas mineras, en Tilarán.
Todas, antes de 1950. Hacia 1940 el Partido Comunista
había creado en Guanacaste los Comités Regionales
de la Unión Nacional Campesina de Lucha por Tierras y
Crédito.

A mediados de 1950 David Steward Bonilla visitó
la Hacienda Miravalles, propiedad de su padre, la cual
había sido tomada por precaristas. El exadministrador,
Víctor Oviedo, empleado de la hacienda durante 29
años, narra que los precaristas asediaban esas tierras
desde 1947 y se asentaron entre 1955-56. En 1950, 15 familias
provenientes de San Ramón de Alajuela entraron a esa finca
e iniciaron la tala del bosque. Ocho años atrás, el
Expresidente Teodoro Picado había ofrecido
comprarla.

La segunda ocupación de la hacienda se produjo
entre 1954 y 1957. Luego de abrir repastos, pulperías,
cantinas, aserraderos, arroceras y canchas de fútbol los
precaristas fundaron el pueblito La Fortuna. El gobierno se vio
forzado a instalar una oficina de telégrafos y una Agencia
de Policía. Entre 1962-1965 el ITCO concluyó los
trámites para conceder derechos a los nuevos propietarios
y cuatro años después, La Corte fijó precio
de venta a los ocupantes por la suma de ¢150 la manzana.
(Edelman, M. 1998: 303-305)

En la misma década otros campesinos tomaron 6.125
has de la Hacienda San Juanillo, en la Península de
Nicoya; propiedad de la viuda del español Federico
Sobrado. Era común que los terratenientes obsequiaran el
lote y las maderas para construir la escuela como medio de
retener a los pobladores y usar la fuerza de trabajo. En San
Juanillo había en 1956 más de 250 alumnos
matriculados en ocho escuelas situadas dentro de la hacienda.
(Edelman, M. 1998:368).

Ante la perspectiva de los subsidios a las inversiones
extranjeras, previstos en el Mercado Común
Centroamericano, la firma Coral Gables de Florida se ubicó
en Guanacaste. En 1968 adquirió la Hacienda El Hacha en
sociedad con Antonio Capela Segreda y Gonzalo Facio Segreda,
futuro Ministro de Relaciones Exteriores. En 1970 un contratista
de Ohio de apellido Gesling compró la Hacienda Loli.
Asimismo, John D. Cage, "un ciudadano de Tejas testaferro de
Lyndon B. Johnson", compró la Hacienda Culebra y la
Hacienda Santa María en las faldas del volcán
Rincón de la Vieja. (Edelman M. 1998:262-263)

Teodoro Picado Lara, abogado, formó en 1962 la
Compañía Agropecuaria La Esperanza con un grupo de
inversionistas incluyendo a su madre, su esposa estadounidense y
sus primos René y Álvaro Picado Esquivel. Tres
meses después, el general Somoza Debayle figura como
presidente de la compañía, igual que en la Sociedad
El Murciélago Ltda. En 1963 la Sociedad La Esperanza
adquirió el 50% de las acciones de EL Murciélago y
Somoza retuvo el otro 50%.

Ese mismo año, Picado se asoció con
Alfonso Salazar Céspedes para explotar la Hacienda El
Viejo. En 1962 figuraban como dueños Anastasio Somoza y
Alfonso Salazar. En 1964 Luis Somoza compró la Hacienda
Santa Rosa y junto con su padre controlaba 31.000 has en
Guanacaste y unas 30.000 has de las haciendas de la familia
Pastora, cerca de los Chiles.

En varias ocasiones, efectivos de la guardia militar de
Nicaragua entraron al Murciélago y a Santa Rosa para
expulsar precaristas. Explotaban maderas y ganadería
usando peones indocumentados. En el Murciélago se
entrenaron guardias somocistas y mercenarios cubanos
contrarrevolucionarios, desde 1970. El General era visitado por
capitalistas de la ultraderecha costarricense, como Hubert
Federspiel. Los conflictos agrarios en Santa Rosa entre 1966 y
1970 llevaron a José Figueres a expropiar la hacienda y
crear el Parque Nacional en 1970, en una extensión de
10.000 has. En 1978 y 79 el Presidente Carazo Odio
expropió la hacienda El Murciélago. (Edelman, M.
1998: 272-279).

"Un análisis de las ocupaciones e invasiones de
tierras entre 1963 y 1981 indica que en la mayoría de los
intentos los latifundios estaban intactos. En esos años,
sólo en Guanacaste hubo 13 ocupaciones que cubrieron el
92.8% del total de 43.080 has reportadas como ocupadas por
precaristas y 856 de 1.101 familias participó en esos
movimientos". (Edelman M. 1998:306) Los otros casos fueron de
individuos que no eran campesinos necesitados de tierras.
Afectaron propiedades de dueños ausentes y casi todas las
haciendas eran bosque remotos y tierras subutilizadas.

En esa provincia hubo 20 conflictos entre 1950 y 1959 y
el partido Vanguardia Popular tenía presencia en Nicoya,
Las Juntas, Bolsón y Ortega. En Nicoya hubo 406 conflictos
entre 1931 y 1977, y 47 en Las Juntas de Abangares. (De la Cruz,
V. 1986:368). En Bagaces se produjo otra ocupación en una
hacienda de 109.947 Has. A causa del abandono de fincas bananeras
en el Atlántico, la United Fruit Co. despidió en
1932 a 6.380 trabajadores de los 10.680 que empleaba en 1926.
Gran número de ellos invadió las tierras infectadas
e inundadas. (Villarreal M. 1979:91)

Entre 1900 y 1950 indígenas y colonos del
Pacífico Sur sufrieron la expropiación o quedaron
orillados al pie de los montes y veredas de los ríos de la
Cordillera de Talamanca. En 1938 los diputados ordenaron un censo
agrario en las márgenes del Río Térraba para
decidir un conflicto que desde 1927 habían sido provocado
por la UFCO contra 340 colonos en una extensión de
10.3902.8 Has.

Entre 1945 y 1960 despegó la presión sobre
el latifundio bananero, obra de campesinos inmigrantes del Valle
Central, Guanacaste, Nicaragua y Honduras. En esa fase surge el
movimiento social agrario en el litoral. La Junta de Gobierno
firmó el Contrato de 1949 por el cual la United
devolvería tierras, a cambio de concesiones para extender
el área bananera y cultivar palma. El Estado obtuvo 5.000
has en Sarapiquì y el Valle de la Estella y 9.505 m2 en
Corredores. Después de 1960 la Compañía
fragmentó partes del latifundio.

La United Fruit Co. abandonó las plantaciones
bananeras en el Pacífico Central a partir de 1956 e
inició la siembra de palma africana. La práctica de
uso de la tierra, las condiciones de precios del banano y las
contrataciones con el Estado de 1942, 1949 y 1954 produjeron el
desuso de grandes extensiones. Desde 1945 hubo ocupaciones en
precario en las fincas de Parrita hasta Quepos y Golfito; en
Palmar, entre 1955 y 1958; en Golfito en 1957 y 1958. Ocurrieron
en las fincas Jalaca, El Bosque, Anita Grande, Anita Chiquitra,
Corredores, Guanacaste y Limón. Eran organizadas por
obreros bananeros cesantes, agrupados en Ligas
Campesinas.

En el espolón de Coto Brus también hubo
tensiones agrarias. Ahí se ubicaron campesinos
inmigrantes, obreros bananeros cesantes y gentes del Valle
Central. Desde fines de 1940 ocuparon buena parte de tierras
baldías en El Pavo, Linda Vista, el campo de aterrizaje,
Copal, Las Mellizas, Río Negro y San Vito. Pero en 1952 el
gobierno firmó un convenio con la Sociedad Italiana de
Colonización Agrícola (SICA). Los colonos ocuparon
parte de las tierras adjudicadas en Sabalito y Agua Buena porque
los italianos no las cultivaban y fundaron la Unión
Campesina de San Vito y Sabalito. (Abarca, 1992:
42-45)

La Ley de Poseedores en Precario de 1942 había
sido revocada en 1951. Durante diez años se hizo una pausa
en la atención al problema agrario. En la década
50-60 se fomentó el latifundio como medida proteccionista
a la crianza de ganado, con subsidios recomendados por los
préstamos que otorgaban el BID y el BM. En los años
siguientes se privilegió la inversión en
transporte, energía eléctrica, telecomunicaciones e
infraestructura educativa. (Edelman, M. 1998: 225)

El reformismo
agrario burgués

Las causas de las ocupaciones de tierra y de la
colonización "espontánea" se entrelazan y
manifiestan con especificidades y en relación con
coyunturas históricas. Figuran entre aquellas: el aumento
demográfico y la urbanización, la
fragmentación y estrechez de las fincas familiares, el
acaparamiento del territorio disponible para la agricultura
según las tecnologías del momento, las demandas del
mercado interno y de la reproducción de capitales, los
ciclos de exportación, la concentración y
centralización de la empresa agropecuaria, la
"industrialización" y la conciencia del derecho a la
libertad económica y equidad entre las clases
medias.

Francisco Barahona Riera, socialdemócrata,
especialista en derecho agrario, resta crédito al poder
reformador del Estado. Analiza los intereses de clase activos en
las estrategias de distribución de la tierra y estima que
el fenómeno es deudor de la lucha agraria con diversos
protagonismos de campesinos pobres, obreros y trabajadores
bananeros, comunidades de colonos, organizaciones cívicas
y las gestiones municipales.

Considera que el derecho agrario y La Ley No. 2825 del
14 de octubre de 1961 que creó el IITCO reconocen que la
posesión precarista de la tierra es inherente al derecho a
la propiedad privada. Sostiene que no configura delito; sino que
las instancias del Estado no las legalizan en el tiempo oportuno.
La brecha entre usufructo y derecho de propiedad pone entonces al
Estado en obligación de mediar. Recurrió a la
compra y venta legal como alternativa a la expropiación
por interés social y con ello los gobiernos entraron al
mercado de tierras habilitado con antelación, incluso por
el movimiento precarista. Las acciones del ITCO, por lo tanto, no
son sinónimo de reforma agraria. Constituyen un mecanismo
extraeconómico de acumulación que favoreció
la apropiación de los medios de capital que
requería insertar el territorio periférico del
país al dominio de la burguesía. (Barahona, F.
1980:105).

El acierto de esa hipótesis radica en que permite
analizar y apreciar las luchas de campesinos y obreros
agrícolas como una conducta social sustantiva. El
productor directo y el proletariado devienen sujetos y actores de
las prácticas políticas que reivindican el derecho
a la tierra y a la organización del proceso productivo en
modalidades individuales, cooperativas y/o comunitarias; en
consenso o no con los gobiernos, los partidos políticos y
las estrategias de poder de la clase dominante.

Por ejemplo. En 1961 un grupo de campesinos pobres de
San Ramón de Alajuela ocuparon parte de una finca
particular estimulados por el diputado del PLN, José Luis
Valenciano. Las elecciones se realizarían en febrero de
1962 y el diputado ofreció que en caso de ganar su partido
se les daría las tierras que habían seleccionado,
presuntamente sin dueño como todavía
ocurría. Pero Francisco J. Orlich tenía propiedades
aledañas a la tierra ocupada. El PLN y el propio
Presidente Orlich se retractaron de la promesa porque no
habían tomado en cuenta que el latifundio
pertenecía a una familia de apellido Pinto.

Los campesinos entraron a la finca varias veces. Fueron
encarcelados; pero se plantaron ante el mismo Presidente Orlich.
Entonces intervino el diputado ramonense Deseado Barboza Ruiz,
electo por el Partido Republicano. Apoyó y asesoró
a los precaristas hasta conseguir la tierra. Así se
creó la Colonia Trinidad: el primer asentamiento
reconocido oficialmente por el Estado a través del ITCO.
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan050060.pdf

En consecuencia, la creación del ITCO y las
manipulaciones de los partidos a partir de 1962, se sumaron a los
móviles estructurales que explican las ocupaciones en
precario.

En la década 60-69 sólo en Guanacaste se
registraron 372 conflictos agrarios: 174 en Nicoya, 84 en Santa
Cruz y 34 en Carrillo. (De la Cruz, 1986: 371). "En La
Cruz…más de la mitad de las familias rurales eran
precaristas y un octavo de sus fincas estaba en disputa
después de 1960…Era uno de los cantones donde
todavía había grandes áreas de tierras del
Estado sin denunciar o que las haciendas mantenían como
demasías…Los campesinos se veían
atraídos por las sabanas de tacotales pues eran favoritas
para la agricultura de roza". Con alguna concordancia, se
activó un tipo de resistencia asociada con el abigeato, el
robo hormiga y otras formas de violencia. "Más o menos el
7% de la tierra cultivable de la Provincia pudo haber sido
disputada por el 9% de las familias que eran precaristas."
(Edelman M. 1998: 311 y 321).

Entre 1962 y 1969 el ITCO puso en marcha el plan de
colonización para asentar a familias en terrenos
vírgenes. Se favorecieron 1.222 que se ubicaron en 11
colonias con un total de 25.412 has. Pero en 1963 había en
el país 14.447 familias en tierras precaristas. Hasta 1966
el ITCO utilizó 35.412 has y se otorgaron 224
títulos de posesión. Ese año se
sustituyó el plan de colonias por un programa de ocupantes
en precario. (Seligson M.1978:55-64; Salazar, N. 1978:
71)

Una opinión divergente sobre el discutible
éxito de esta etapa, afirma lo siguiente. "En sus primeros
años el ITCO no logró incorporar a los campesinos a
un tipo específico de colonización. Hasta 1968 se
activaron medidas para legalizar la posesión precarista
fuera del Valle Central. Pero muchos colonos abandonaron la
parcela, vendieron, desistieron de cultivar y trabajaron como
peones. Funcionarios del ITCO hicieron varias de esas compras.
Además, se toleró las demasías por medio de
la ampliación de linderos hasta áreas ocupadas por
precaristas. Eso ocurrió en terrenos de reservas
indígenas, haciendas improductivas y al amparo de
sociedades anónimas y de sucesiones familiares. (Barahona,
F. 1980:222-223).

La segunda fase de intervención estatal se
esbozó en 1969 y tuvo alguna uniformidad hasta 1974. "En
1969 hubo urgencia de atender inundaciones en Guanacaste. La
acción permitió ensayar un estilo de reforma
conocido como "el modelo Río Cañas". Quince
años atrás en la zona se desbordaron dos
ríos…Los campesinos perdieron todo. Intervinieron
las agencias de socorro y trasladaron a los damnificados a Santa
Cruz. Ahí se formó un Comité de Emergencia y
construyeron 40 casas en el lugar donde estuvo Cañas
Viejo.

Para trabajar, alquilaron una parcela a un rico
hacendado y durante dos años cultivaron cerca de 400 Has.
Al solicitar la renovación del contrato por tres
años más, el propietario rehusó. Se
formó un Comité de Campesinos y recurrieron al
ITCO. Sin éxito, plantearon el problema a la Asamblea
Legislativa y se aprobó la ley para comprar la tierra. El
dueño no quiso negociar y fue expropiado con
indemnización. El 12 de marzo de 1969 se fundó la
Cooperativa de Río Cañas con 44 socios". El caso
sirvió de ejemplo para organizar otros asentamientos en
forma de cooperativas. (Seligson, M. 1980:164-165).

Al mismo tiempo se daban otros procesos. La
Confederación General de Trabajadores daba
orientación a las reivindicaciones campesinas desde 1953,
renovando la experiencia de los años 40 y a tono con la
expansión de las relaciones capitalistas en el agro. En
1967 se fundó el Consejo Nacional Campesino integrado por
uniones de productores agrícolas particulares de
Guanacaste y de Parrita, Quepos y Villa Neilly. Estaban
compuestas por comités de 7 directivos y tenían
entre 10 y 50 asociados. (Barahona, 1980: 221)

El 29 y 30 de marzo de 1969 se celebró en San
José la Asamblea Nacional de Obreros Agrícolas y
Campesinos para crear la Federación Unitaria Nacional de
Trabajadores Agrícolas y Campesinos (FUNTAC). Asistieron
representantes de la Unión de Pequeños Campesinos y
Productores Agrícolas de Limón, La Unión de
Trabajadores Agrícolas del Pacífico (UTAPA), la
Unión de Trabajadores Agrícolas de Guanacaste, la
Unión de Pequeños Productores Agrícolas y de
Plantaciones de Quepos, la Unión de Pequeños
Productores Agrícolas de Pérez Zeledón y La
Unión de Trabajadores Agrícolas de Golfito. Gonzalo
Sierra Cantillo fue electo Secretario General. (Libertad
12-4-1969 y 17-5-1969: 6).

El ITCO conocía en 1970 los casos de 1.136
parcelas ocupadas en 5.040 has de particulares y en fincas del
Estado había 1.695 parceleros con más de 15.257
Has. (De la Cruz, 1986:371). "Al final de 1970, según
registros del ITCO, apenas se actuó sobre una sexta parte
de los conflictos suscitados y la mayoría se
resolvió por la vía represiva". (Barahona, F.
1980:127). Un año antes había sido creada la
Guardia de Asistencia Rural en sustitución del Resguardo
Fiscal. Tuvo la misión de vigilar, detectar y expulsar a
los ocupantes ilegales de tierras. La policía
intimidó, quemó ranchos y cosechas, confiscó
herramientas y encarceló, previos juicios penales.
Reprimían en la fase de usufructo, antes de un año
de posesión, para excluir a los precaristas de la ley que
los protegía después de ese plazo.

El ataque a los precaristas no vino sólo de los
gendarmes del Estado. Empresarios y terratenientes financiaron
una campaña anticomunista para amedrentar. Unos campesinos
se negaron a actuar a la sombra del Partido Vanguardia Popular.
Preferían a dirigentes del PLN o de la Federación
Sindical Agraria Nacional (FESIAN) creada en 1972 por la CCTD y
adscrita a la AFL-CIO y a la ORIT. Otros transaron con
comerciantes de tierras y arreglaron con el ITCO, una vez que
aquellos propiciaban las ocupaciones en precario. De ese modo se
protegió a los hacendados y se evitó a reforma
agraria.

De ahí que tomara forma otro tipo de
mediación. Políticos y funcionarios del ITCO
echaron suertes para cooptar la organización campesina. La
táctica funcionó en las fincas en producción
y fue otro empuje a la intervención mediadora y/o
represiva del Estado. (Barahona F. 1980:105 y 121-123). Se
impulsó el Plan de Asentamientos Campesinos, el cual se
desarrolló también en un entorno de luchas
agrarias. Ambos procesos se acentuaron debido a la crisis de
energéticos de 1971 y la depresión económica
de 1973-1975.

En 1972, 40 familias ocuparon Finca Guanacaste, en la
zona bananera sur. Fueron detenidos y encarcelados 17 campesinos.
Al año siguiente, otros 500 productores entraron al Valle
de Coto, entre la frontera con Panamá y Bahía
Pavón. La siguiente oleada de tomas surgió en
fincas Tamarindo y la No. 44 de Coto, en Puerto González
Víquez. La frutera recurrió a la venta de las
tierras a la Osa Productos Forestales, transacción que
generó un intenso y prolongado conflicto. Hubo campesinos
que estuvieron presos, sin juicios, hasta tres meses, sin
juicios. Tuvieron éxito y se formaron los asentamientos La
Flor, Fortuna, Sábalo, Palma, Comte, El Silencio y La Vaca
y La Vaquita. El ITCO concedió propiedades favoreciendo en
algunos casos a miembros de familias ligadas al gobierno y al
PLN. (Abarca: 2005:95)

Otros grupos de campesinos retomaron la presión
sobre el latifundio guanacasteco. En 1970 en la Hacienda
Montezuma ubicada en Cañas, propiedad de Álvaro
Jenkins. El mismo año, en la Hacienda El Murciélago
Luis Morice Lara asesinó al activista campesino Gil
Tablada. En 1971-72 fue tomada la Finca Santa Cecilia, propiedad
del nicaragüense Urcuyo Barrios. Esas y otras ocupaciones de
los años 74 y 75 obligaron a sectores del gobierno a
prestar mayor interés en la resolución de los
conflictos agrarios.

"Antes de 1975, el ITCO estableció sólo 9
proyectos de colonias en Guanacaste" reconociendo títulos
posesorios en zonas de prolongada ocupación. Cuando se
esbozaron los proyectos de riego de Moracia y de la represa del
Arenal, el conflicto social tomó otro matiz. La
Federación de Cámaras de Ganaderos de Guanacaste se
enfrentó directamente al gobierno. Crearon el
Comité Nacional de Política Agraria, en el cual se
planearon presiones como no llevar ganado al mercado, bloquear la
carretera interamericana, organizar grupos armados y financiar
una campaña anticomunista. "Fue una de las primeras
ocasiones en que Daniel Oduber compartió los intereses de
la élite ganadera, como dueño de Hacienda La Flor,
cerca del aeropuerto de Liberia". (Edelman M. 1989:
380-391).

Se inició entonces otro tipo de proyectos
agrarios articulados a un modo de acumulación capitalista
estatal, en el gobierno de Oduber. Se crearon 12 regiones de
desarrollo y el ITCO adquirió grandes extensiones para
diseñar proyectos de alta rentabilidad como la
producción de azúcar, algodón, arroz y
procesamiento de subproductos del café. Hubo, pues, un
viraje en la transferencia de excedentes hacia las empresas
agrícolas y agroindustriales. Se suspendió el plan
de empresas comunitarias y la Dirección de Federaciones
Agrícolas, DEFEAGRO, impulsó el cooperativismo con
varios objetivos: garantizar fuerza de trabajo a las empresas de
CODESA, neutralizar las luchas de la FENAC, formar agricultores
capitalistas y desactivar el conflicto por la tierra en el nivel
nacional. Asimismo, adquirió forma el fomento a la
producción bananera en favor de empresarios nacionales
agrupados en ASBANA.

En ese marco se indemnizaron 18.000 Has. de la Hacienda
El Cortés de David Stewart en Guanacaste, la Hacienda
Coyolar en Orotina, la Vaca y la Vaquita en el Pacífico
Sur, y otras fincas en Sarapiquí y San Carlos. El
número de hectáreas tomadas por precaristas
bajó de 30.170 en 1974, a 14.336, 2.865 y 17.907 en los
tres años sucesivos (Menjívar, R. 1985:
458-461).

Pero la lucha por la tierra resurgió en otras
zonas. Del total de ocupaciones reportadas al ITCO, 65 ocurrieron
en 1973 y 198 en 1975. En San José se presentaron en
Pérez Zeledón, de 1973 a 1975; en Puntarenas entre
1972 y 1977. (Villarreal, B. 1979: 107-108). En Colorado de
Abangares, en 1975 fue invadida la hacienda Rancho Boyero
propiedad de un árabe de apellido Abdelnour. A principios
de 1976 se gestaron otras ocupaciones en el Atlántico
norte. El ITCO expropió 2.000 Has., compró 8.327,
detectó focos de conflicto y abrió proyectos
agrícolas mediante compra de 5.973 Has en San Carlos,
lugar donde distribuyó 2.079 has a 178 familias.
Impulsó pequeñas empresas lecheras, de
porcicultura, viticultura, reforestación y
producción de aceite vegetal. (Salazar, N.
1978:65-70).

Hacia 1978 el ITCO agotó "el stock" de tierras
destinadas a asentamientos. Apenas disponía de 14.000 has;
mientras la extensión de tierra invadida aumentó a
26.320 has en 1977. Por primera vez el precarismo apareció
en Cartago y se acentuó en Limón, Alajuela y
Puntarenas. Según el ITCO, el 5 de julio de 1978
había 10.140 familias que presionaban sobre unas 165.251
has. "San Carlos resurgió como zona de intensidad y
efervescencia conflictiva; igual que Coto Sur y la
Península de Osa". (Menjívar R. 1985:461-462) Ello,
en coincidencia con el deterioro de la economía a
raíz de la depresión económica que
explotó en 1979.

En esa perspectiva, la élite política de
la burguesía supo maniobrar, no sólo subordinando a
un sector del campesinado a la reproducción capitalista
por medio del ITCO y negociando indemnizaciones con los
hacendados. También, en cuanto al papel que venía
desempeñando en las luchas sociales el Partido Vanguardia
Popular y otras organizaciones de izquierda que adquieren
fisonomía política entre 1972 y 1980.

El PVP tuvo un crecimiento respetable entre 1948 y 1966.
En el PLN, en 1968 se produjo una pugna ideológica que se
manifestó en El Documento de Patio de Agua y producto de
ella muchos militantes jóvenes abandonaron sus filas. Unos
fundaron el Partido Socialista el 11 de abril de 1972; otros
organizaron el MRA-MRP en 1970, al calor de las jornadas
estudiantiles del 24 de abril contra el monopolio de ALCOA.
Agrupados en torno al exvanguardista Rodolfo Cerdas Cruz
surgió ese mismo año El Frente Popular
Costarricense o "izquierda con sello". Y hubo quienes
reivindicaron las premisas originales de la socialdemocracia o
emigraron hacia la democracia cristiana o el PVP. En 1970 el PVP
participó por primera vez en las elecciones desde la
Guerra Civil, con el nombre de Partido Acción Socialista
(PASO). Entre 1970 y 1978 tomó forma el Partido
Renovación Democrática liderado por Rodrigo Carazo
Odio, electo Presidente en 1978.

En 1973 los militantes del PVP influían en 78
comités campesinos a los cuales estaban afiliados
má de 5.000 miembros cotizantes aglutinados por la FUNTAC.
Su principal actividad surgía en la organización y
dirección del acto inicial de la ocupación de
tierras y luego se formaban asociaciones, sindicatos, uniones
campesinas o de productores agrícolas. (Seligson
M.1980:131). El Partido Socialista organizó a los obreros
de la caña, en Turrialba. El MRP promovió las
luchas de pequeños productores de caña en
Coopevictoria (Grecia) en 1975 y en 1979 en Cañas, en el
ingenio Taboga, mediante el sindicato SITRACAÑA.
También en la dirección de las tomas de tierra en
precario por medio de UPAGRA, en Puntarenas, San Carlos,
Guanacaste y la zona Atlántica. Por su parte, el PLN a
través de la CCTD fundó en 1972 la FESIAN adscrita
a la CCTD. Pero la mayor fuerza y capacidad de
organización política popular descansaba en el
PVP.

Por ello adquieren relevancia los entendimientos entre
el liderazgo del PLN y el Secretario General del PVP, Manuel Mora
Valverde; aún bajo el supuesto de que ejecutaba acuerdos
del Comité Político. En 1974 Isaías Marchena
Moraga, dirigente de muchas batallas obreras y campesinas, se
refirió en términos vagos a la existencia de un
pacto entre José Figueres y Manuel Mora en torno a las
negociaciones para solucionar el conflicto en La Vaca y La
Vaquita. (Libertad. 20-6-1974:3). El convenio tenía
implícito el objetivo del PVP, de recuperar la legalidad
electoral, lo cual decretó Figueres antes de concluir su
gobierno en 1974.