Crisis y Transformación del Sistema Político Venezolano. Actualizado 2013

Introducción

En el presente informe se hace especial
hincapié en el análisis de la evolución
histórica de la forma del Estado y las teorías
sobre el mismo, así como en la descripción de las
características fundamentales del Estado Moderno, en base
al cual pervive la actual división política
mundial. Se tratará también de precisar su
significado y distinguirlo del de otros términos que,
aunque a veces son apropiados para referirse a la misma realidad
a la que aludimos al hablar de Estado, no son completamente
asimilables a aquél, como Nación, País o
Patria. Resulta difícil esbozar una definición del
Estado que tenga en cuenta sus múltiples dimensiones y sea
unánimemente aceptada.

El concepto Weberiano, está basado
sobre todo en la primera de estas dimensiones, la
económica. La situación de clase es una determinada
posición en un mercado, que define objetivamente las
posibilidades de acceder a determinados bienes y oportunidades
que circulan en éste; el aspecto más
característico de una posición de clase, en
términos de Weber, es precisamente la clase de
oportunidades vitales que se abren a los miembros de la misma a
partir de la posesión o no de determinados tipos de
bienes, y a la manera en que explotan estos en un
mercado.

La Forma de Estado Venezolano se
ampliará y explicará la figura del Estado
Democrático y Social de Derecho y de Justicia consagrado
en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, y también se debe dar cuenta de la
evolución jurídico-constitucional del Estado
Moderno.

La Crisis y Transformación del
Sistema Político Venezolano está compuesto en
varias crisis que tuvo el país como Crisis del Modelo
Sociopolítico, Sistema Político Venezolano, Modelo
Rentista, Modelo Socioeconómico y de las expectativas
sociales, Modelo de Representación y de Legitimidad y
Mecanismos de Generación de Consenso y de
Canalización del Conflicto.

La Evolución Histórica trata
de la época precolombina hasta los presidentes que tuvo el
país desde 1829 hasta la actualidad.

Definición de
Estado Moderno

El Estado es la forma de organización
política más extendida entre las comunidades
humanas, y su complejidad como hecho ligado a la dimensión
social del hombre le hace susceptible de ser analizado desde
múltiples perspectivas, que incidirán en uno u otro
de sus aspectos relevantes. Así, su estudio no constituye
un patrimonio exclusivo de la ciencia política, rama del
saber que se ocupa de los fenómenos de poder, sino que
compete igualmente a otras ciencias sociales, como la Historia,
que lo estudia en su dimensión de fenómeno
histórico de carácter universal; la
Sociología, cuyo enfoque radica en determinar sus
relaciones con la sociedad civil; la Filosofía, centrada
en la especulación acerca del concepto teórico y
ético del Estado, o el Derecho, al cual interesa en su
vertiente jurídica e institucional..

Concepto Weberiano

De acuerdo con Weber, la sociedad se estratifica como un
continuo a lo largo de tres dimensiones paralelas: la
económica, la política y la social. Hasta cierto
punto, su modelo es afín a la imagen vulgar de la
estratificación, aunque define de manera rigurosa las
variables que emplea. De acuerdo con el concepto de Weber, las
clases objetivas no necesariamente se corresponden con las
identificaciones subjetivas efectuadas por los individuos, sino
que se definen por las oportunidades que se les ofrece en los
mercados su dotación de capital. "Las dimensiones son: "el
"estatus económico", que equivale a la riqueza, es decir,
a los ingresos y el capital del que se dispone; la mayor
diferencia entre las clases se concentra no en el nivel de
ingresos aunque las disparidades en éste pueden ser de
hasta un 1000% entre el quintil superior y el inferior en las
sociedades industriales modernas, sino sobre todo en el volumen y
la estructura del capital del que se dispone. La clase media
normalmente no dispone de suficiente capital como para dedicarse
simplemente a recibir el interés que produce, sino que
debe implicarse activamente como empresaria en la gestión
de éste, como comerciante o industrial en pequeña
escala por ejemplo. Weber distingue además los poseedores
de capital económico de los poseedores de habilidades
especiales por las que pueden obtener un precio relativamente
elevado y un cierto grado de control sobre el mercado en el que
ejercen, el "estatus político", que equivale al poder;
aunque es más difícil definir el poder en
términos formales o cuantificables que la riqueza,
equivale en términos generales a la capacidad que se posee
de determinar, directa o indirectamente, la acción de
otros. En el modelo de Weber, el poder se concentra sobre todo en
el ámbito de la política, a través de la
legislación y del monopolio legítimo de la
violencia que concentra el Estado. Al estar el control del Estado
en manos de una élite, la distribución desigual del
poder se concentra en éstos; el "prestigio", la capacidad
de influir sobre la acción ajena a través de la
impresión carismática que uno produce. El prestigio
puede codificarse en medios institucionales, como los
términos o títulos honoríficos que se
conceden legalmente, o simplemente ejercerse en la
interacción social. La similitud objetiva entre individuos
tiende a definir trayectorias y conjuntos de experiencias afines
entre éstos, aunque los valores que los individuos
adscriban subjetivamente a estaos sean diferentes. A la vez, la
posesión de determinados tipos de bienes define la
posibilidad de actuar en determinados mercados, y recibir en
ellos determinados beneficios, que a su vez constriñen los
conjuntos futuros de posibilidades vitales.

La Forma de Estado
Venezolano

El Estado Moderno es una forma de organización
política surgida históricamente en Europa,
contrapuesta a la atomización y pluricentrismo del orden
feudal, propugnando la concentración del poder
político en un centro único y soberano. Esta forma
política en lo económico afianzó la
economía capitalista y un sistema de
estratificación social poroso que refleja el ascenso de la
burguesía como clase social opuesta a la rigidez de los
estamentos feudales y privilegios
aristocráticos.

A su vez, El Estado Moderno evolucionó en el
tiempo en varias direcciones: Una de ellas, el Estado Liberal,
ésta forma consolidó el ascenso político de
la burguesía y del capitalismo industrial en lo
económico, al tiempo que significo la reacción
frente a los absolutismos monárquicos. En el campo de las
ideas el racionalismo, el utilitarismo y el iusnaturalismo
fundamentaron doctrinariamente al Estado Liberal e impulsaron los
procesos de la Revolución Francesa, La Independencia
Norteamericana y la Revolución Industrial
Inglesa.

El Estado Liberal de Derecho entra en crisis como
resultado de los agudos conflictos y tensiones que tuvieron lugar
en el periodo que transcurrió entre 1914 y 1939;
caracterizado por la revolución bolchevique de 1917, la
crisis de la ideología liberal, la feroz competencia
imperialista entre las potencias, el surgimiento de fuertes
sentimientos nacionalistas tanto en Europa como en otras
regiones, el ascenso de los movimientos socialistas y comunistas
y el surgimiento del nazismo y el fascismo. Los intentos por
sortear la crisis, lejos de apuntalar los fundamentos liberales
del Estado de Derecho lo socavaron aún
más.

Como resultado, el intervencionismo estatal se
constituyo en una nota definitoria de la acción del Estado
para la conducción de la economía y la
generación de condiciones de bienestar.

Así El Estado Social que toma cuerpo, es la
superación del Estado Liberal mas no su negación,
sino su adaptación a las exigencias de la sociedad
post-industrial y las nuevas condiciones del sistema
neo-capitalista. El Estado Social de Derecho aparece claramente
configurado en la Constitución de la República
Federal Alemana de 1949, extendiéndose rápidamente
como modelo en la ingeniería constitucional de otros
Estados. El Estado Social de Derecho adquiere diferentes notas
constitutivas, resultado de los nuevos campos de acción
pública que debe acometer. En algunas de ellas perfecciona
al Liberal y en otras, reafirma su carácter de Estado
Social.

Es un Estado orientado a la
distribución de la riqueza social, para lo cual, el Estado
a la vez que asume el rasgo de empresario, regula el crecimiento
económico y orienta el proceso conforme unos objetivos
nacionales trazados en la formulación de los planes
nacionales. Pero además, extiende la democracia como
ejercicio no solo de derechos políticos, la democracia
formal; sino que propicia condiciones para la
socialización de la esfera estatal, lo que se expresa en
democracia económica y social; orientando sus
políticas al aumento del consumo y el bienestar social, el
pleno empleo, el crecimiento constante y la promoción de
la economía de mercado. Como Estado de Derecho acoge la
división de poderes, pero introduce una variante respecto
del modelo clásico liberal, ya que la separación
funcional de poderes es sustituida por funciones compartidas. En
el Estado Social, se fortalece y gana autonomía la
Administración Pública Central como poder, y los
partidos y organizaciones sociales como instancias de
representación de intereses de la sociedad. Como rasgos
políticos de ésta forma de Estado su estrecha
ligazón a la democracia representativa como régimen
político y la idea de justicia que viene a contener al
menos dos dimensiones, por una parte el control judicial de los
actos administrativos, la constitucionalidad de las leyes y el
carácter de la guarda Constitución por los jueces.
Por la otra, la progresiva realización de la igualdad con
base en el principio de funcionamiento de la democracia asociado
a los regímenes de derechos, que postula la
participación proporcional en función de
diferencias relevantes, la reparadora de diferencias relevantes y
dar a cada uno según sus necesidades.

En el contexto venezolano, si bien la
Constitución Nacional de 1961 no definió de forma
expresa el carácter de Estado Social, no obstante
definió un extenso marco de normas y principios de
carácter social y económico que así lo
definen. Pero, es la Constitución vigente de 1999 la que
recoge por primera vez y de manera expresa en su articulado la
definición de Estado Social de Derecho (Art. 2), y va
más allá al equiparar los rasgos
democrático, Social y de Derecho y Justicia.

En síntesis, podríamos establecer las
siguientes definiciones de cada uno de los enunciados que definen
la forma de Estado consagrado en la Constitución de
1999:

El Estado Democrático: Es el marco de un
sistema político que respeta principios fundamentales,
como son: la separación de los poderes públicos, la
elección de representantes y gobernantes y cualquier otra
expresión que determine la voluntad popular. Consideran la
existencia de mecanismos validos que reconocen y garantizan la
expresión de la voluntad popular.

El Estado Social: Es un enunciado que permite
establecer la vinculación de las acciones gubernamentales
con los derechos sociales reconocidos formalmente en la
Constitución y en los Tratados Internacionales.

El Estado de Derecho: Es una forma
política de Estado, cuyo poder y actividad están
limitados por el Derecho. La expresión Derecho establece
un orden jurídico racional basado en un régimen de
derechos fundamentales (libertades individuales, propiedad
privada, seguridad jurídica, entre otros.), la
división de poderes y la autoridad de la ley como
principios jurídicos que lo configuran. Completando con la
reserva legal, la irretroactividad de la ley, la independencia de
los jueces en la aplicación de justicia, la
jerarquía de las normas dentro del orden jurídico,
la legalidad de los actos administrativos y la justicia
constitucional; estableciendo la sujeción de todas las
actuaciones de los organismos públicos al marco
constitucional y legal de un país, y la regulación
de sus relaciones con la sociedad.

El Estado de Justicia: Es el reconocimiento de
los derechos económicos, sociales y culturales; y la
existencia de un aparato de administración de justicia que
responda a las necesidades de control jurisdiccional de las
actuaciones de los poderes públicos y de los ciudadanos y
a la efectiva defensa y protección de los derechos humanos
mediante la actuación legitima de jueces y magistrados de
la República.

Estado Federal Descentralizado: Corresponde con
una forma de concebir el Estado, en la cual se reconocen
distintas autoridades con autonomía política,
administrativa y territorial, que se organiza tomando en cuenta
la distribución de competencias y servicios, según
distintos niveles de gobierno (Nacional, Sedal y
Municipal).

Además, la nueva Constitución de 1999,
agrega otros Poderes a saber:

El Poder Constituyente: Poder extraordinario que
representa la voluntad soberana porque promueve modificaciones
radicales de la estructura del Estado, siendo sus límites
los principios democráticos y los derechos inalienables de
la persona humana. Es soberano, porque no está sometido a
otro poder ni subordinado a otra fuerza o autoridad y es
originario o primario, porque deriva directamente de la voluntad
del pueblo quien la manifiesta mediante un hecho revolucionario o
por un mecanismo previsto en la constitución o en las
leyes.

El Poder Público: Poder conferido al
Estado para la realización de sus fines y se
transformó a una estructura de cinco poderes: El
Ejecutivo, El legislativo, El Judicial, El Electoral y el Poder
Ciudadano.

• El Poder Legislativo dicta la Ley.

• El Poder Ejecutivo la ejecuta y vela por su
  cumplimiento.

• El Poder Judicial la interpreta y le da
  aplicación en los conflictos surgidos entre
  individuos, o entre individuos y el Estado.

• El Poder Electoral organiza, administra, dirige y
  vigila todos los actos relativos a la elección de los
  cargos de representación popular, así como de
  los referendos, y

• El Poder Ciudadano previene, investiga y sanciona
  los hechos contra los derechos humanos, la ética
  pública y la moral administrativa, así como
  vela por la buena gestión y legalidad en el uso del
  patrimonio público.

Crisis y
Transformación del Sistema Político
Venezolano

Por más de tres décadas, la democracia
venezolana funcionó con éxito, sobresaliendo, junto
Con Colombia y Costa Rica, en un contexto latinoamericano signado
por la recurrencia de gobiernos dictatoriales. No obstante, a
partir de 1989 el país se sumergió en una severa
crisis, que sembró dudas acerca del llamado
"excepcionalismo" venezolano. En la actualidad han resurgido
viejas inquietudes acerca de las condiciones y posibilidades de
funcionamiento del orden democrático en el país.
Los analistas se preguntan ¿cuáles son los
determinantes de la crisis del sistema político
venezolano?, ¿qué lecciones se pueden extraer de
los logros y de las deficiencias de los 35 años de
régimen democrático en el país?,
¿qué perspectivas de corto y mediano plazo se le
plantean al sistema político venezolano?,
¿qué condiciones son necesarias para garantizar la
estabilidad y legitimidad de la democracia en
Venezuela?

Los Segundos Gobiernos de Carlos
Andrés Pérez y de Rafael Caldera El quinquenio
1989-1993 fue uno de los más dramáticos de nuestra
historia democrática. Entre los eventos críticos o
especiales ocurridos durante ese lapso destacan, en orden
cronológico, el anuncio y puesta en marcha de un severo
programa de ajuste económico en 1989. El estallido social
del 27-28 febrero de 1989. La realización, por primera en
el país, de elecciones directas para seleccionar
gobernadores y alcaldes en 1989 y 1992 y el cambio en las reglas
electorales. Los dos intentos de golpe de Estado de Febrero y de
Noviembre de 1992. El fracasado empeño de promover una
reforma general de la Constitución en 1992. La
decisión de la Corte Suprema de Justicia del 20 de mayo de
1993 de suspender de sus funciones del Presidente Pérez
para dar curso a un juicio por peculado y malversación de
fondos públicos. La presidencia provisional de
Ramón José Velázquez. La ruptura de la
dinámica bipartidista y los altos índices de
abstención de las elecciones nacionales de diciembre de
1993.

Por su parte, el gobierno del Presidente Caldera, electo
en diciembre de 1993, también confrontó serias
dificultades, fundamentalmente en la esfera económica.
Antes de la toma de posesión del nuevo Presidente,
estalló una crisis financiera sin precedentes en el
país, caracterizada por sucesivas olas de quiebras e
intervenciones bancarias a lo largo de 1994 y 1995. En junio de
1994 el gobierno tomó la decisión de cerrar el
mercado cambiario y de establecer un régimen de control de
precios y de cambios diferenciales. En la misma fecha se
suspendieron las garantías constitucionales, lo cual
ocasionó un agudo enfrentamiento con el Congreso, cuando
el mismo intentó restituirlas. Las dificultades
económicas llevaron al gobierno a considerar la puesta en
marcha de un nuevo programa de ajuste económico y a
entablar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, a
pesar de que la campaña electoral de Caldera se
basó, en buena medida, en la crítica al gobierno de
Pérez por haber seguido las recomendaciones de ese
organismo. La gravedad de los eventos vividos durante el segundo
gobierno de Pérez y las dificultades del segundo gobierno
de Caldera llevan a reflexionar acerca del peso específico
de las decisiones adoptadas por el liderazgo de estos lapsos en
la ocurrencia de la crisis del sistema político
venezolano. Igualmente sugieren que esa crisis se estaba gestando
con anterioridad, con la modificación de las condiciones
básicas de sustentación del orden
democrático establecido en 1958.

La Crisis del Modelo
Sociopolítico:

Desde inicios de los años 80, el país
comenzó a experimentar la crisis del modelo rentista; el
deterioro de las expectativas de bienestar colectivo; y la
pérdida de legitimidad y confianza en las principales
organizaciones partidistas y de otro tipo que hicieron posible el
orden democrático. La interacción estos procesos
subyacentes con las decisiones y acciones adoptadas durante los
gobiernos de 1989 en adelante, concurrieron para generar
desajustes severos en la antes estable democracia
venezolana.

El análisis que sigue constituye un esfuerzo por
caracterizar y comprender las transformaciones recientes del
sistema político venezolano, y en particular responder a
la pregunta por qué el mismo entró en crisis. Este
trabajo se divide en tres secciones: en la primera se presentan
algunos rasgos generales del sistema político venezolano
tal como funcionó desde 1958 hasta 1989 aproximadamente.
En la segunda, la sección más extensa, se examina
su crisis. Y en la tercera, a modo de balance, se exponen algunos
retos de corto y mediano plazo que se le plantean a la democracia
venezolana.

Crisis del Sistema Político
Venezolano

Las últimas consideraciones llevan a prestar
atención a las transformaciones ocurridas en el modelo
sociopolítico, en particular al llamado sistema populista
de conciliación de élites. De acuerdo con Rey,
cuando ocurre una modificación adversa en cualquiera de
las variables básicas del modelo (renta petrolera,
expectativas societarias y representatividad de las
organizaciones) se produce una amenaza a la estabilidad del
sistema que puede ser razonablemente compensada. No obstante,
cuando surgen modificaciones negativas simultáneas en los
tres factores, el sistema sociopolítico se encuentra en
una situación límite, en una crisis. La
hipótesis central de este capítulo es que se ha
alcanzado esa situación.

Crisis del Modelo Rentista:

El modelo de desarrollo venezolano implantado desde
mediados de los años 40 ha sido caracterizado como de
capitalismo rentista. Este modelo, como es bien conocido, ha
dependido directamente de la dinámica de la industria
petrolera, la cual se instaló en el país desde los
años 20 de este siglo. Hasta la nacionalización de
la industria en 1976, la misma fue manejada por empresas
multinacionales, las cuales contribuían al Estado a
través del pago de los impuestos que fijados por concepto
de explotación de los hidrocarburos. Las cambiantes
relaciones entre el Estado y las empresas multinacionales se
verificaron a través de las diversas modificaciones en la
legislación petrolera e impositiva. La explotación
petrolera se vincula con la economía y la sociedad como
actividad productiva y como fuente rentística. Como
actividad productiva incorpora trabajo, tecnologías,
equipos y maquinarias, genera empleo y demanda bienes y servicios
producidos en el país. Por el otro lado, la
explotación petrolera ha sido una fuente de renta
internacional exigida por el Estado venezolano, en tanto
propietario de los recursos petroleros explotados en el
territorio nacional.

Desde la instalación de la industria petrolera en
el país, se verificó un proceso de pérdida
de importancia relativa de la dimensión productiva del
negocio petrolero, y el progresivo predominio de la
dimensión rentística. Sin embargo, a lo largo de
los años 80 tuvo lugar el colapso de la renta como fuente
exclusiva de sostén del crecimiento económico. Ello
resultó de la combinación de varios Procesos. De un
lado, la inestabilidad y tendencia al decrecimiento de los
precios en el mercado petrolero, y de los patrones de oferta y
demanda internacional de hidrocarburos. Por otro lado, del
incremento y complejización de los compromisos
económicos y sociales del Estado venezolano. Finalmente,
el crecimiento de la población y de sus consecuentes
necesidades, también tornaron insuficiente el aporte
petrolero. Esta limitación se hace evidente en el hecho de
que en 1981 los ingresos petroleros per cápita alcanzaban
a $ 1.631, mientras que 1993 descendieron a $ 529.

Las consecuencias de la operación del modelo
rentista en la dinámica económica,
sociopolítica, cultural, institucional del país han
sido profundas, contradictorias y variadas.9 El Estado se
amoldó y se formó según esta dinámica
(Blanco, 1993: 63-81). El modelo rentista lo eximió de
enfrentar la disyuntiva de extraer recursos de un sector de la
sociedad para transferirlos a otro. El origen externo del ingreso
fiscal y su abundancia permitieron atender de manera
relativamente satisfactoria, aunque desigual, las demandas y
expectativas de diversos sectores sin generar los conflictos
distributivos característicos de otras realidades, y sin
incluir significativamente consideraciones de eficiencia y
productividad en la asignación de recursos.

El Estado utilizó varios mecanismos para
transmitir esta renta al conjunto de la sociedad y para incidir
en el modelado de la misma. En primer lugar, la
distribución del ingreso fiscal a través del gasto
público. Este gasto público se tradujo tanto en
sueldos y salarios (gasto corriente), como en inversión
productiva y en infraestructura (inversión
pública), y en una multiplicidad de préstamos,
subsidios, exoneraciones con los cuales se procuró
transferir directa e indirectamente recursos fiscales a diversos
sectores de la población. En segundo lugar, la
sobrevaluación del tipo de cambio y la libertad cambiaria,
que permitieron subsidiar la compra de moneda extranjera y la
adquisición de insumos, bienes y servicios en el exterior,
especialmente para apoyar la industrialización por
sustitución de importaciones. Finalmente el bajo nivel de
tributación interna, en particular el bajo nivel de
contribución al impuesto sobre la renta de personas
naturales y jurídicas, a excepción de la industria
petrolera. El uso de estos mecanismos se basó en la
aplicación de tres reglas relativamente sencillas para la
toma de decisiones y manejo de la política
macroeconómica: el gobierno gastaba lo que ingresaba; el
tipo de cambio se mantenía fijo y único respecto
del dólar; las tasas de interés también se
mantenían fijas.

En este modelo el Estado adquirió una
discrecionalidad, centralidad y visibilidad extremas. En ello
confluyeron el manejo relativamente autónomo de ingentes
recursos de origen externo, el predominio de la ideología
del Estado de bienestar, y la debilidad económica del
sector empresarial. Se desarrolló un Estado hiperactivo,
cuya vocación intervencionista se plasmó
después de 1958 en el veloz crecimiento de la
administración descentralizada, compuesta por
aproximadamente 400 entes de variada forma jurídica. El
Estado asumió las funciones convencionales de un Estado
liberal, como orden interno, justicia y soberanía
nacional; las de el Estado de bienestar, como inversión en
infraestructura vial, agua, energía eléctrica,
educación, salud y previsión social; hasta la
intervención directa en actividades poco convencionales,
como producción de azúcar y productos
lácteos, las industrias del aluminio, hierro y
petróleo, o la gerencia de hoteles, líneas
aéreas, compañías de seguros y bancos. Tanto
el gobierno central como la administración descentralizada
se convirtieron en importante fuentes de ineficiencia y de
corrupción. La administración descentralizada se
amoldó a la tarea de satisfacer diversos intereses
socioeconómicos e incluir sectores específicos en
la formulación de la política pública,
creándose, como ya se mencionó, un sistema
semicorporativo de toma de decisiones. Este sistema introdujo
rigideces en el proceso de toma de decisiones, puesto que los
gobiernos, con independencia de su afiliación partidista,
siguieron la rutina establecida de crear dispositivos de consulta
multilateral para formular políticas públicas.
Estos entes consultivos estaban compuestos por actores cuyo peso
y representatividad sociopolíticas fue decreciendo
progresivamente, como es el caso de los representantes de la
Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y de
Fedecámaras; al tiempo que la representación y
mediación de los demás intereses societales se
ejerció casi exclusivamente por parte de los funcionarios
del gobierno central.

Al recortarse el ingreso petrolero tanto en
términos absolutos como relativos, se produjo una
reducción concomitante de la capacidad del Estado para
atender diversas demandas sociales y para expandirse hacia nuevos
ámbitos. La hipertrofia estatal generó
ineficiencias múltiples que se reforzaban entre sí.
Igualmente el Estado se vio obligado a cumplir con una variada
gama de compromisos, que se convirtieron en costosos lastres
políticos, sociales y económicos para el
desempeño de la función pública. La enorme
visibilidad del Estado venezolano hizo que el mismo fuera
directamente responsabilizado por las penurias económicas
de los sectores afectados por la disminución de los
recursos fiscales, lo que acentuó el descrédito de
los gestores públicos tradicionales. Durante
variasDécadas, aun antes de instaurarse la democracia en
el país, el dinamismo impuesto por la renta petrolera y su
transmisión al conjunto de la sociedad produjeron niveles
altos y constantes de desarrollo socioeconómico. El modelo
se basó en la distribución y, en menor medida,
creación de riqueza, que sirvió para asegurar al
conjunto de la población niveles aceptables de bienestar.
El crecimiento económico fue el supuesto que sostuvo el
estilo consensual de resolución de los conflictos
sociopolíticos. Sin embargo, la insuficiencia de la renta
petrolera y la limitación de la acción estatal para
atender las demandas de los diversos sectores sociales
modificaron los supuestos del modelo sociopolítico y, en
consecuencia, las reglas que lo rigen y las relaciones entre los
actores.

Se pasó de una situación en la que los
recursos fiscales se distribuían sin mediar las
consideraciones de prioridades, costos y oportunidades, a la
necesidad de competir por recursos cada vez más escasos.
La sociedad venezolana se encuentra en transición desde
una situación asimilable a un juego suma-variable
positivo, en el que los actores podían repartirse los
beneficios de un ingreso en continuo aumento, a una
situación semejante a la de un juego suma-cero o
suma-constante-negativo, donde las ganancias de unos representan
las pérdidas de otros, o donde habrá que repartirse
las pérdidas. Ello significa que, a diferencia del pasado,
se hace cada vez más difícil asegurar la
armonía social y política a través del
ingreso petrolero y de la función mediadora del
Estado.

A raíz de la crisis del modelo rentista, se
pusieron en marcha procesos de reestructuración del sector
público, como la privatización de empresas
públicas, la reforma fiscal y tributaria, la
liberación de las tasas de interés, la
unificación del mercado cambiario y la
desregulación de la política comercial. El Gran
Viraje, programa de transformación estructural propuesto
por el gobierno del Presidente Pérez, intentó la
redefinición de las prioridades, mecanismos y reglas de la
acción estatal. Los nuevos lineamientos también
afectaron a la industria petrolera, a través de la
política de apertura, mediante la cual se procedió
a incorporar capitales privados, locales y extranjeros, en
diversas fases del negocio petrolero.

El contexto de escasez de recursos genera tensiones y
frustraciones, que no son fácilmente canalizables a
través de mecanismos, instituciones y reglas originalmente
diseñados para tiempos de abundancia. La
negociación para poner en marcha estas modificaciones ha
sido lenta y conflictiva y ha estado caracterizada por las
marchas y contramarchas. El modelo rentista, tanto en su
dimensión estrictamente económica, como en sus
consecuencias más difusas en los ámbitos cultural,
institucional e ideológico permea a la sociedad venezolana
y al proceso de formulación de políticas
públicas.

Crisis del Modelo Socioeconómico y de las
Expectativas Sociales.

La experiencia democrática se inició en
Venezuela en una situación de precariedad institucional y
de carencia de prácticas y hábitos pluralistas. De
este modo, el liderazgo político, además de
resaltar los valores intrínsecos de la democracia, tales
como la libertad de expresión o el derecho a elegir las
autoridades públicas, se apoyó en el desarrollo de
mecanismos utilitarios de integración al régimen
político como fórmula para generar apoyos al
mismo.

Se estableció una correspondencia estrecha entre
la democracia política y el desarrollo
socioeconómico. Se argumentaba que la
democratización de los canales de acceso al gobierno y al
Estado, mediante elecciones regulares e imparciales, debía
promover la democratización de la política
económica y social, y el disfrute general de la riqueza
social.

Los abundantes recursos fiscales hacían viable
tal relación. La apuesta, tácita o
explícitamente formulada, era que en la medida en que el
régimen democrático fuese capaz de demostrar su
superioridad al generar mayor riqueza social y garantizar mayores
niveles de bienestar a la población, el mismo sería
preferido frente a las opciones autoritarias, y se podría
asegurar la confianza de la población en dicho orden. A su
vez, en el mediano y largo plazo, ese vínculo inicialmente
basado en consideraciones de carácter utilitario,
debería transformarse en un vínculo valorativo, una
vez que quedaran demostradas las ventajas del orden
democrático.

Estos criterios se tradujeron en la formulación
de políticas públicas, en particular de la
política social. Se le asignó un papel fundamental
al Estado en el diseño y puesta en práctica de la
misma. Más que la eficiencia en el uso de los recursos, se
enfatizó su capacidad para generar adhesiones; y la
política social se adscribió estrechamente a las
funciones de incorporación de la población al
modelo sociopolítico, y a la legitimación de la
democracia y de sus actores y procesos claves. La
mediación entre la población y el Estado en el
campo de la política social se ejerció a
través de los partidos políticos y de las
organizaciones gremiales y sindicales, asociadas con la
formulación o prestación de los servicios
sociales.

El Estado creó una extensa y
compleja red asistencial a la cual accedió la
población, si bien el disfrute de los servicios ofrecidos
ocurrió de manera desigual dependiendo de su cobertura y
calidad. Como resultado más visible de este estilo de
formulación y puesta en práctica de la
política social, a los años 60 y 70 se elevaron los
índices de alfabetización, escolarización,
salubridad, natalidad, consumo calórico, crecimiento
sociobiológico, etc. Aun cuando las brechas entre los
sectores más favorecidos y los de menos recursos se
mantuvieron, a lo largo de esas décadas, la
población de menores recursos logró elevar sus
niveles de vida. Esa mejoría en la distribución de
la riqueza se evidencia en el índice relativo a la
participación de los sueldos y salarios en el ingreso
nacional o en los coeficientes de concentración del
ingreso. Dada la distribución desigual del ingreso, las
transferencias de recursos y las políticas asistenciales
componían una parte más significativa del ingreso
de los sectores de menores recursos que el de los de mayores
recursos. La elevación del nivel socioeconómico
individual, familiar y grupal de importantes sectores de la
población, no sólo generó modificaciones de
status en sentido positivo, sino grandes expectativas acerca de
la potencialidad del modelo socioeconómico para seguir
alimentando esa marcha ascendente e ininterrumpida en el disfrute
del bienestar colectivo. La ecuación optimista entre
desarrollo económico y régimen democrático
logró implantarse y producir beneficios.

No obstante, la combinación entre recursos
fiscales menguados, ajustes en el mercado laboral, ineficiencias
acumuladas en el uso de los recursos disponibles y la progresiva
pérdida de autonomía de la política social
en favor de los intereses partidistas y gremiales, derivaron en
los años 80 y lo que va de los años 90 en
estancamientos y/o decrecimientos en los principales indicadores
de bienestar individual y colectivo.

Tuvo lugar el decaimiento de los indicadores
sociobiológicos fundamentales de la población.
Igualmente se produjo la quiebra de servicios públicos
fundamentales como los sistemas de salud, educación,
justicia, vivienda, agua, drenaje y basura. A pesar del enorme
volumen de recursos invertidos, la política social
desarrollada a partir de 1958 mostró deficiencias
intrínsecas, las cuales se evidenciaron y potenciaron en
una situación de escasez fiscal.

El indicador sintético más contundente de
este decaimiento es el crecimiento de la población en
situación de pobreza. La proporción de hogares
ubicados por debajo de la línea de pobreza se
incrementó de 17,73 por ciento en 1981 a 34,64 por ciento
en 1991. Dentro de este grupo, la proporción de hogares en
situación de pobreza extrema pasó de 3,67 por
ciento en 1981 a 11,18 por ciento en 1991, mientras los hogares
en situación de pobreza crítica pasaron de 14,06
por ciento en 1981 a 23,46 por ciento en 1991. Según datos
más recientes, en 1994 del total de la población
del país, el 48,9 por ciento se ubica en una
situación de pobreza y el 21,63 por ciento en
situación de pobreza extrema (Ministerio de la Familia,
1994).

Los mecanismos de mercado, la intervención del
Estado y los esquemas político-organizativos
convencionales mostraron su fragilidad y limitaciones para
transmitir eficazmente recursos a la sociedad, y para asegurar
niveles adecuados de bienestar a la población. Ello
obligó a proponer modificaciones a la política
social, que vinieron asociadas con el programa de ajustes del
gobierno del Presidente Pérez y con la necesidad de
mitigar los impactos negativos inmediatos que el mismo
acarreó a la población de menores
recursos.

Si bien las señales de declive
socioeconómico eran evidentes a mediados de la
década de los años 80, especialmente después
del llamado "viernes negro" de febrero de 1983, cuando
ocurrió la devaluación drástica del
bolívar y el cierre del mercado cambiario, los gobiernos
del esos años no emprendieron programas serios y
sistemáticos de ajuste económico. No obstante, la
población siguió confiando masivamente en el
régimen democrático y en sus principales gestores,
AD y Copei, quienes siguieron recibiendo amplios márgenes
de respaldo electoral.

Sin embargo, al calor del deterioro
acumulado de las condiciones de vida de la población, se
estaba gestando una peligrosa desafección respecto de la
democracia. El estallido del 27 de febrero de 1989 fue
interpretado por muchos como una dramática señal
del descontento de la población y de la peligrosidad del
mismo para la estabilidad de la democracia; igualmente las
simpatías despertadas por los golpistas del 4 de febrero
de 1992. La quiebra del modelo socioeconómico y la
frustración de las expectativas de mejoramiento
socioeconómico individual y colectivo erosionaron la
adhesión de la población al régimen
democrático y a sus principales actores e instituciones,
revelando la vulnerabilidad del vínculo establecido entre
las condiciones socioeconómicas y la integración
sociopolítica.

Las relaciones entre la esfera económica y la
política no son lineales ni inmediatas; pero existen.
Así como la población tardó en reaccionar en
contra del status quo sociopolítico, a pesar del
decaimiento socioeconómico, es difícil que recupere
su confianza en el mismo, aun en el caso de que presentaren
señales de mejoramiento socioeconómico. El
decaimiento económico de más de una década
ha producido un profundo descrédito en el liderazgo
societal, difícil de superar en el corto plazo; con ello
la adhesión a los gobiernos democráticos y al
régimen como un todo se ha desgastado.

Crisis del Modelo de Representación y de
Legitimidad.

Como ya fue dicho, una de las variables
cruciales para el funcionamiento de la democracia en Venezuela,
bajo la fórmula del sistema populista de
conciliación de élites, fue la existencia de un
número relativamente pequeño de organizaciones
confiables, caracterizadas por su habilidad para agregar,
canalizar y representar los intereses de diversos sectores de la
población. Junto con esas organizaciones, el país
contó con un liderazgo hábil, representativo y
capaz de generar acuerdos entre sí. La canalización
de la participación política a través de
estas organizaciones (partidos, gremios, asociaciones de
intereses) y de sus líderes, generó una democracia
"hiperorganizada y elitista". No obstante, en la actualidad los
partidos más poderosos, Acción Democrática y
Copei, así como las principales asociaciones de
representación de intereses específicos, como
Fedecámaras para el sector empresarial y la
Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) para el
sector sindical, han perdido gran parte de su capacidad para
agregar, canalizar y manejar las demandas de los sectores a los
que supuestamente representan. Ello coloca a una amplia
porción de la población al margen de las
organizaciones existentes.

Por otro lado, en la medida en que los
intereses y expectativas sociales se han complejizado y
diferenciado, los diversos grupos requieren de una mayor gama de
agrupaciones para representarlos. Ello incrementa el
número y diferencias de los actores involucrados,
fracciona el liderazgo nacional y sectorial, y genera patrones de
negociación más complejos, costosos e
impredecibles.